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La Ley de Drogas es la Ley N° 20.000

  02 de febrero 2005


El 2 de febrero de 2005 el presidente Ricardo Lagos promulgó la nueva Ley de Drogas, que se convirtió así en la Ley de la República número 20.000. Este nuevo cuerpo legal entrará en vigencia cuando sea publicado en el Diario Oficial.

Las novedades que trae este texto son varias. En primer lugar define y sanciona el microtráfico de estupefacientes con una pena adecuada, de 541 días a cinco años de prisión, pues en la legislación anterior la pena de cinco a quince años de cárcel por comerciar cantidades pequeñas de droga se consideraba excesiva, lo que derivaba en una simple multa. También especifica sanciones para menores de edad, como asistencia obligatoria a programas de rehabilitación.

También aumenta la severidad en la presunción de los delitos. Por ejemplo, mientras antes quien poseyera recursos materiales para fabricar drogas podía presumirse autor de delito, en el nuevo texto se le considerará de plano imputable. Hay un aumento en las penas por asociación ilícita para traficar y los condenados previamente por delitos de drogas no podrán acceder a beneficios como libertad vigilada y reclusión nocturna-

Las policías tienen más atribuciones para investigar el tráfico, como infiltrar agentes, interceptar comunicaciones privadas. Se perfeccionan normas sobre protección de testigos, encargo de diligencias periciales y acción de informantes. Se elevan también las exigencias de calidad de los informes de peritos. Sin embargo, el Ministerio Público no podrá investigar antecedentes bancarios de sospechosos sin conocimiento de éstos, pues el Tribunal Constitucional declaró que el levantamiento del secreto bancario (especificado en el artículo 27 de la norma) va contra la Constitución al violar el derecho a la privacidad.

Incluso se crea un fondo especial destinado a la financiación de programas de prevención y rehabilitación, que se creará con los dineros obtenidos de enajenaciones y decomisos efectuados en investigaciones policiales.

Otro aspecto importante es que establece que el ser consumidor dependiente de drogas es un factor que inhabilita para desempeñar altos cargos en la Administración Pública, como ministro de Estado, subsecretario, jefe de servicios, intendente, gobernador, consejero regional, alcalde, concejal, ministro del Tribunal Constitucional, ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, Fiscal Nacional, entre otros. Dichas autoridades estarán sujetas a controles aleatorios y, de resultar positivos, deberán someterse a programas de tratamiento y rehabilitación.


Vea la historia de la tramitación de esta ley



 

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