Asesorías Parlamentarias

Recursos asignados al Ministerio del Trabajo y Previsión Social de acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y su variación respecto a la Ley de Presupuestos 2026 ajustada (es decir la que incluye la Ley inicial más diferencia de reajuste más leyes especiales y ajuste presupuestario). Del mismo modo, se realiza una breve descripción de la ejecución al mes de agosto para esta Cartera (último mes para el que DIPRES entrega información). El Proyecto de Ley de Presupuestos para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social propone un presupuesto de $17.425.304 millones, registra un crecimiento para el año 2021 de 1,1% respecto al Presupuesto ajustado del año 2026. Por su parte, la ejecución presupuestaria acumulada a agosto de 2026 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha sido de $11.049.228 millones, lo que representa el 65,1% del total del presupuesto vigente disponible, a este mismo mes de referencia.

La disposición establece que los funcionarios de la Contraloría General de la República son de exclusiva confianza del Contralor General, quien tiene facultades para su nombramiento, promoción y remoción, con independencia de otras autoridades. El presente documento estudia el origen y evolución de la disposición contenida actualmente en el artículo 3°, inciso segundo de la Ley N° 10.336. Asimismo, examina facultades similares establecidas para otras instituciones públicas por medio de la misma norma que dio origen a la referida facultad del Contralor.

El presente informe examina el marco normativo aplicable a las viviendas prefabricadas y a los componentes destinados a su construcción en Chile, con especial atención a las responsabilidades de quienes participan en su fabricación, comercialización y montaje. El análisis se basa en una revisión documental de la legislación urbanística y de construcción, las normas civiles y de protección de los consumidores, y la normativa técnica pertinente. Se complementa con estudios nacionales sobre la oferta y los procesos de producción y montaje, así como con antecedentes publicados por el Servicio Nacional del Consumidor. Estos antecedentes permiten examinar problemas específicos, pero no constituyen un diagnóstico representativo del conjunto del mercado nacional. Asimismo, se revisan experiencias de España, Ontario —Canadá—, Nueva Zelanda y Estados Unidos, seleccionadas por sus disposiciones sobre proveedores de componentes, certificación de la fabricación, control del montaje y resolución de controversias. La comparación identifica mecanismos relativos a estas materias, considerando las diferencias entre sus ámbitos de aplicación y categorías de vivienda.