Asesorías Parlamentarias

El documento analiza la experiencia extranjera sobre beneficios a los bomberos voluntarios. Se da cuenta de diversas políticas tendientes al fortalecimiento de dichas instituciones en Argentina, Colombia, Francia y Perú. Los tres primeros países contemplan distintos permisos o apoyos a trabajadores que se desempeñan como bomberos voluntarios. En Argentina, la actividad bomberil voluntaria se considera como una carga pública, eximiéndola de todo perjuicio económico, laboral o conceptual que se derive de sus inasistencias o llegadas tarde en cumplimiento de su misión justificada formalmente. Asimismo, tienen derecho a un permiso para salir de sus trabajos cuando sean convocados a emergencias, indemnizaciones en caso de enfermedad, accidentes o muerte y a prestaciones en dinero por incapacidad laboral. Colombia, también cuenta con un con permiso para ausentarse del lugar de trabajo y con un seguro social y de vida, y en Francia existe una diversidad de beneficios como, por ejemplo, exención al impuesto a la renta, asignación por años de servicios y están cubiertos con los beneficios del seguro social. En relación con los beneficios a la institución bomberil, solo las legislaciones de Argentina y Colombia los contemplan.

La adopción abierta es un tipo de adopción que propicia el contacto entre la familia biológica, el niño o niña adoptada y su familia adoptiva. Este contacto puede tener diversos grados, desde intercambios de fotos ocasionales a través del correo, por ejemplo, hasta la celebración conjunta de eventos familiares. Si bien se trata de una figura que se utiliza en diversos países, no opera en todos ellos de la misma manera.

De acuerdo al artículo 2 de la Directiva (UE) 2557 del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2022, se entiende por infraestructura crítica a todo elemento, instalación, equipo, red o sistema, o parte de ellos, que sea necesario para la prestación de un servicio esencial, vale decir, aquel considerado crucial para el mantenimiento de las funciones sociales vitales, las actividades económicas, la salud pública, la seguridad o el medio ambiente. A su vez, el artículo 1 de este texto obliga a los Estados miembros a identificar las entidades críticas y respaldarlas, fijando deberes para que robustezcan su resiliencia y capacidad para cumplir con la prestación de servicios que la ley les encomienda. En el ejemplo colombiano, el Plan Nacional de Protección de Infraestructura Critica Cibernética define un marco de gobierno, roles y responsabilidades, además de un conjunto de niveles de alertas, actuaciones, notificaciones y respuestas frente a eventos de ciberseguridad asociados a sectores críticos. El presente informe busca definir el concepto de infraestructura crítica y sus mecanismos de resguardo, a la luz de la experiencia internacional. El documento recoge la evidencia presente en la Unión Europea, así como en la legislación interna de países como Colombia, Corea del Sur, España, Estonia, Nueva Zelandia, Reino Unido y Singapur.