Introducción.

Un informe preparado por la Organización Internacional del Trabajo para la Primera Reunión Iberoamericana sobre Trabajo Infantil, celebrada en Colombia en mayo de 1997, estima en no menos de 15 millones el número de niños que trabajan en América Latina ; aproximadamente la mitad de ellos pertenece al grupo de edad de 6 a 14 años. Esto significa que 1 de cada 5 niños latinoamericanos es un niño trabajador.

Más allá de su número y proporción, la mayor parte de estos niños trabajan en condiciones manifiestamente peligrosas para su seguridad, salud y estabilidad emocional, sometidos a vejaciones físicas y morales y a agotadoras jornadas de trabajo muy superiores a los límites establecidos por las distintas legislaciones.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, los convenios de la OIT en la materia, en particular el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 (núm. 138) establecen los objetivos y un amplio marco político de las medidas que han de tomarse para eliminar el trabajo infantil. La finalidad de la Convención de la ONU es proteger al niño contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación y desarrollo físico, mental, espiritual y social. En el Convenio N°138 se estipula la edad mínima de admisión al empleo permitiéndose cierta flexibilidad para tomar en consideración las dificultades que experimentan los países en desarrollo.

A pesar que estos convenios han tenido gran influencia en la legislación de los distintos países y la mayor parte de ellos prohibe o restringe estrictamente el trabajo infantil, este sigue existiendo a escala masiva.

Ahora bien, en cuanto a los tipos de trabajos, la mayoría de los niños lo hacen en explotaciones agrícolas, en el hogar y en talleres del sector informal, ámbitos que por lo general escapan de la esfera de protección de la legislación laboral y de la inspección del trabajo. Además, hay un buen número ocupados en el servicio doméstico y en las calles, en calidad de vendedores ambulantes por cuenta propia.

El número de horas que los niños tienen que trabajar por día es un indicador importante de la gravedad del problema, cuantas más horas trabajan menos tiempo tienen para aprender y jugar. Se trata de niños que generalmente han dejado de ir a la escuela o no han ido nunca. Aquellos que tratan de combinar trabajo y estudios corren con una seria desventaja pues a partir de un determinado límite, el trabajo tiene efectos perjudiciales en la capacidad de aprender.

Sin embargo, se debe señalar que el término trabajo infantil no está referido a los jóvenes que trabajan algunas horas por semana para sufragar sus gastos o ayudar a su familia. Siempre y cuando ese trabajo no interfiera con la educación, la salud y el desarrollo del niño, no es perjudicial.

Los convenios internacionales entienden por "trabajo infantil" aquel que priva a los niños de su infancia y su dignidad, impiden que accedan a la educación y se califiquen y se lleva a cabo en condiciones deplorables y perjudiciales para su salud y su desarrollo.

Se ha señalado que para combatir realmente el trabajo infantil, es importante comprender las causas que lo sustentan y no caer en simplificaciones. Se trata de una cuestión compleja, directamente ligada al entorno social y económico imperante. Pobreza, distribución del ingreso, fertilidad, educación, desnutrición y condición de la mujer, así como la estructura de la economía y el marco político macroeconómico están estrechamente ligados con el trabajo infantil.

La Organización Internacional del Trabajo, identifica en las estrategias para la erradicación del trabajo infantil cuatro elementos fundamentales: educación, legislación y aplicación de la misma, rescate y rehabilitación y movilización social.

Una educación asequible de buena calidad, sobre todo a nivel primario, que responda a las necesidades de los niños y la familia, sin dudas es un arma eficiente. Sin embargo, hay un creciente consenso entre los gobiernos y la sociedad civil en cuanto a que si se pretende que las familias antepongan la educación al trabajo de sus hijos, se harán necesarias medidas e incentivos especiales. Esto es, disponer de escuelas y mejorar la calidad de la enseñanza no será suficiente para superar los problemas que experimentan estas familias. Harán falta incentivos económicos que les ayuden a compensar los ingresos perdidos, cuando los niños dejen de trabajar para ir a la escuela. Estos incentivos van desde estipendios en efectivo hasta prestaciones gratuitas, por ejemplo, comedores escolares, atención de salud, material didáctico, libros de texto, acceso al microcrédito, ropa o exención del pago de las tarifas de inscripción. Otra alternativa considerada es el aprendizaje de un oficio y otros programas dentro del sistema escolar que combinen la enseñanza o la formación profesional con un empleo remunerado.

El segundo elemento fundamental lo constituye la sanción y armonización de la legislación que estipula la edad mínima de admisión al empleo y la enseñanza obligatoria, que prohibe el trabajo infantil en ocupaciones y actividades peligrosas o en situaciones perjudiciales para la educación, salud y desarrollo del niño, y reglamenta cuando es legalmente permitido. En cuanto a la aplicación de esta legislación, es necesario dar prioridad y consolidar los mecanismos de inspección del trabajo con el apoyo de las autoridades políticas y judiciales del país.

El tercer elemento es el rescate de los niños del trabajo, sobre todo de aquel particularmente peligroso y degradante, acompañado de múltiples medidas de apoyo que logren la rehabilitación del menor.

Por último, establecer una amplia alianza social que vaya desde las altas esferas de poder e influencia hasta las comunidades y familias más desposeídas, es un requisito imprescindible para eliminar el trabajo infantil.

En Europa, la Carta Social Europea, de octubre de 1961, ratificada y por lo tanto incorporada a la legislación de los países de ese continente establece en su artículo 7 un Derecho de los niños y adolescentes a protección:

"Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección de los niños y adolescentes, las Partes Contratantes se comprometen:

1. A fijar en quince años la edad mínima de admisión al trabajo, sin perjuicio de las excepciones para los niños empleados en determinados trabajos ligeros que no pongan en peligro su salud, moralidad o educación.

2. A fijar una edad más elevada para la admisión al trabajo en ciertas ocupaciones consideradas peligrosas o insalubres.

3. A prohibir que los niños en edad escolar obligatoria sean empleados en trabajos que les priven del pleno beneficio de su educación.

4. A limitar la jornada laboral de los trabajadores menores de dieciséis años para adecuarla a la exigencias de su desarrollo y, en particular, a las necesidades de su formación profesional.

5. Reconocer los derechos de los menores y los aprendices a un salario equitativo o, en su caso, otra retribución adecuada.

6. A disponer que las horas que los menores dediquen a su formación profesional durante la jornada normal de trabajo con el consentimiento del empleador se considere que forman parte de dicha jornada.

7. A fijar una duración mínima de tres semanas para las vacaciones pagadas de los trabajadores menores de dieciocho años.

8. A prohibir el trabajo nocturno a los trabajadores menores de dieciocho años, excepto en ciertos empleos determinados por las Leyes o Reglamentos nacionales.

9. A disponer que los trabajadores menores de dieciocho años ocupados en ciertos empleos determinados por las Leyes o Reglamentos nacionales sean sometidos a un control médico regular.

10. Proporcionar una protección especial contra los peligros físicos y morales a los que estén expuestos los niños y los adolescentes, especialmente contra aquellos que, directa o indirectamente, deriven de su trabajo".

En este trabajo se analiza la legislación de Alemania, Italia, España, Perú, Portugal y Venezuela.

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