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Reformas al financiamiento de estudios universitarios
18 de mayo 2005
El financiamiento de los estudios superiores es un tema que siempre ha estado en la discusión pública, principalmente por dos aspectos: cómo hacer para que quienes solicitaron un crédito universitario efectivamente lo paguen, y cómo hacer extensible este beneficio a alumnos de universidades privadas y otros establecimientos de educación superior que no son parte del Consejo de Rectores, que agrupa a las universidades estatales y más tradicionales.
Estos temas fueron abordados por dos leyes que hicieron cambios en la manera en que se recaudan los dineros por préstamos a estudiantes y que dieron oportunidad de financiamiento a estudiantes que antes tenían que buscar otros medios para pagar sus carreras. En este artículo conoceremos ambas medidas.
El pago de créditos morosos
El apoyo estatal a los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores ha tenido preocupado por bastante tiempo al Gobierno, pues se da el problema endémico de que son muchos más los que piden crédito que los que terminan pagándolo. Esto afecta de manera crítica tanto a los planteles como a su alumnado, pues el sistema del Fondo Solidario depende de los pagos de los estudiantes egresados para financiar los préstamos de los que actualmente cursan las carreras.
Según cifras del Ministerio de Educación, en 2005 había 680.000 millones de pesos colocados en créditos estudiantiles en las universidades del Consejo de Rectores, que en conjunto tienen 231.547 alumnos, pero existe una cartera de deudores de 270.000 millones de pesos. El mejoramiento de la recaudación de los dineros prestados era una tarea que las autoridades consideraban como primordial.
Por eso el Gobierno patrocinó la Ley N° 19.989, que permite al Servicio de Impuestos Internos (SII) retener la devolución anual de impuesto a la renta a los morosos del crédito universitario. Esta ley entró en vigencia el 31 de diciembre de 2004, por lo que ya para la devolución de impuestos que el SII hizo en mayo de 2005 hubo 11.953 morosos que no obtuvieron su dinero, que en conjunto totalizaba más de 2.700 millones de pesos.
El financiamiento a los estudiantes de las privadas
El otro tema pendiente, el financiamiento de los estudios superiores a estudiantes de establecimientos privados, cobró gran relevancia durante la discusión parlamentaria y posterior publicación de la Ley N° 20.027, que se publicó el 11 de junio de 2005. Dicho texto establece un nuevo sistema de créditos para alumnos de universidades privadas, centros de formación técnica, institutos profesionales y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Estos alumnos estaban fuera de los créditos estatales y debían costearse los estudios por sus propios medios, solicitar créditos privados o recurrir a alternativas como el crédito CORFO.
El texto obedecía al deseo del Ejecutivo de "velar por que la falta de ingresos no sea un impedimento para acceder a la educación superior". Objetivo importante si se toma en cuenta que, según cifras que maneja la Comisión de Educación del Senado, en la década de 1990 había 95.000 alumnos en toda la educación superior chilena, en la primera mitad de esta década eran 600.000 y se proyecta que llegarán a 1.200.000 en 2010. Y muchos de ellos requieren, en mayor o menor medida, de ayuda en el pago de sus estudios.
Dicha ley crea una comisión especial que evaluará los instrumentos de financiamiento, establece que los créditos serán otorgados por la banca privada con el Estado como aval, y que la comisión determinará las carreras que tendrán prioridad en la obtención de fondos para crédito dependiendo de sus condiciones de saturación y de los sueldos de los egresados. Un punto a destacar es que la comisión dará especial preferencia a los estudiantes que tengan con anterioridad un plan de ahorro. Es decir, de haber dos alumnos solicitantes con iguales condiciones académicas y socioeconómicas, se privilegiará a quien tenga con anterioridad ahorros destinados a pagar sus estudios. En relación con esto, el proyecto faculta a los bancos a abrir cuentas de ahorro especiales.
Esto no significa que los estudiantes de las universidades estatales estén sometidos a este régimen, pues el tradicional sistema del Fondo Solidario se mantiene sin cambios. El punto es que con esta ley existen dos sistemas paralelos de crédito para ambos tipos de alumno.
La tramitación de esta ley en el Congreso fue muy discutida, especialmente por los mismos estudiantes universitarios, que querían que esta norma aprovechara de mejorar el sistema de Fondo Solidario y que además se oponían a la intervención de la banca en estos procedimientos.
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