El senador Hernán Larraín, uno de los principales impulsores de la iniciativa, espera que ésta genere hábitos que aún no se pueden dimensionar. En general, los funcionarios públicos hacen un excelente trabajo, comenta, pero apunta a que siempre se puede hacer mejor. Esta normativa ayudará a mejorar la eficiencia, dice, porque “cada cosa que hagamos va a ser susceptible del conocimiento público”, además de mejorar la participación democrática.

Habrá un cambio cultural tremendo, y los desafíos apuntan precisamente en este sentido. “Hay un cambio en la forma de hacer nuestro trabajo, que probablemente no se va a dar de un día para otro”. Este incluye tanto al estamento público como a las personas, las que deberán aprender a hacer uso de este derecho.

Otro reto será ver qué tan capaz será el Estado en responder a la demanda. Son cerca de 600 a 700 organismos los que se verán afectados y, seguramente, no todas podrán responder de la misma manera, a pesar de que el gobierno se ha preocupado de entregar capacitación a través de seminarios y capacitaciones; “tuvimos un muy buen socio en el ministro José Antonio Viera Gallo”, explica el senador Larraín.

Se presume que las municipalidades son los organismos que más dispersión mostrarán en la forma de aplicar esta ley, por la gran diversidad de capacidad de gestión, tamaño y tecnología de los mismos, independientemente de que gran parte de la información debe estar.

La pregunta es si está ordenada y digitalizada y si está en condiciones de ser puesta en una página web. Es importante recalcar que las personas sienten a sus municipios como las instituciones más cercanas cuando necesitan resolver problemas.

Otro de los impulsores de esta iniciativa es el senador Jaime Gazmuri, quien comenta que con esta ley “los actos de la administración son todos públicos” y ese es un cambio esencial. Normalmente la información era tratada como algo perteneciente al Estado y no al ciudadano. “Para qué la quiere” era una respuesta común del sistema público ante alguna petición, como diciendo “esa información es mía y yo la entrego según lo razonable de la petición”, dice el parlamentario.

Agrega que en la ley tuvieron cuidado de que el principio de transparencia activa quedara detallado (artículo 7º). Pero en el resto “es difícil que avance más porque no puede colocarse en todos los casos”, recalcando será el Consejo el que creará la jurisprudencia y los hábitos necesarios para su correcta implementación.

Afirmando que la ciudadanía no aguantará “más de lo mismo” sin que se genere una “tremenda tensión en la sociedad”, el Contralor General, Ramiro Mendoza, también llama al uso responsable de esta ley por parte de las personas porque su abuso puede generar un desgaste en la credibilidad que deben tener los legisladores.

Hay consenso en que el principal escollo para que la Ley de Transparencia sea efectivamente aplicada es cambiar la cultura de secretismo imperante en las organizaciones estatales. Y es que la resistencia al cambio es muy común en cualquier organización, sea pública o privada.

Frente a esta compleja realidad, el Consejo de Transparencia tendrá una tarea relevante en buscar la transición y la gradualidad en la aplicación, con criterios de “buena voluntad” y sentando la jurisprudencia necesaria. La norma general será el acceso a la información, y la excepción será la reserva.

Este es el punto de partida más que el término de un proceso ciudadano extenso, pues en la mayor parte de los países estos cambios toman años. El gran desafío recién empieza ahora.