Salvo excepciones que determina la misma Ley, el ciudadano podrá conocer los actos de la administración estatal, acceder a los documentos relacionados con los mismos, a presupuestos, gastos y salvo excepciones, a cualquier información que haya sido elaborada usando dinero público o que esté en poder de órganos de la Administración del Estado.

Este acceso puede ser exigible también a las empresas en las que el Estado sea dueño de más de la mitad de la propiedad y la información deberá ser entregada en los términos más amplios posibles.

Si parte de los datos solicitados no se puede dar a conocer  (es decir, que cae en las excepciones que la ley resguarda), sí se podrá entregar la parte que no está restringida. Así, se evita que se esconda una información completa cuando el secreto sólo corresponde a un fragmento.

La aplicación

El éxito de esta ley no va por el lado del número de denuncias que se generen, sino en la información que se entregue a la ciudadanía y los privados respecto a temas de impacto social y que estarán a  disposición de la gente, comenta Moisés Sánchez, director ejecutivo de la fundación Pro Acceso.

Así, en países Inglaterra, Estados Unidos o México, los grandes temas que fundamentan la legitimidad del sistema son los que interesan a la gente común y corriente: salud, educación, alumbrado público, ordenamiento territorial (“que no me construyan un edificio al lado de mi casa), y para ello tanto los medios de comunicación como las personas, las ONG y el mundo privado empiecen a hacer peticiones de información.

En la medida en que estas peticiones apunten al fortalecimiento de los derechos de cada uno de los sectores esto va a contribuir”. Es importante que más que una herramienta para denuncias, sea para fomentar la participación pública y el control social.

Los cambios profundos no terminan con una ley, sino que parten con ella, a través de procesos de capacitación y sensibilización de los servicios públicos.
 

Dudas con la Ley de Transparencia

El Instituto Libertad y Desarrollo presentó un estudio donde plantea que gran parte de la responsabilidad del éxito o fracaso de la aplicación de esta Ley recaerá en la interpretación que dé el Consejo de Transparencia de las causales de denegación.

Y es que tanto la ley como el reglamento de la misma dejan un amplio margen de interpretación a las causales para negar una información. Por ejemplo, una causa para no entregar la información es que conseguirla implique afectar el normal funcionamiento del organismo.

En primera instancia es el organismo público el que podrá definir que una información sea negada. Si la persona cree que se le han negado los datos injustificadamente podrá apelar al Consejo de Transparencia.

“En los primeros años, el Consejo se enfrentará a diversos desafíos. El primero será interpretar adecuadamente, y ojalá en la forma más restrictiva posible, las causales de reserva”, dicen en el instituto.