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20 de abril: la nueva era de la Ley de Transparencia


17 de abril 2009

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Por Rodrigo Mazzo Iturriaga

Según el presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, esta ley implicará un cambio profundo que va a generar incomodidad; porque aunque haya consenso de su importancia, su interpretación no siempre será la misma.

Cuidemos lo que hemos generado”, dice Juan Pablo Olmedo, apelando a la responsabilidad en el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. Para ello las OIRS, Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias con que cuenta todo servicio público, tendrán un rol muy importante para guiar a las personas en sus peticiones.

En cuanto a las dudas que genere al amplio criterio que se dejó para negar la entrega de información, será el Consejo de Transparencia el que tendrá la obligación de ponderar la situación cuando corresponda. Como sea, no existe temor de que un número moderado de respuestas negativas signifiquen una pérdida de credibilidad del sistema.

El presidente del Consejo de Transparencia recalcó que los derechos que garantiza la Ley 20285  de acceso a la información pública, también llamada de transparecia, se refieren básicamente a poder obtener documentos: “es una ley documental”.

La experiencia comparada nos muestra que cuando el ciudadano tiene una respuesta negativa fundada, se conforma”. Pero aún así, tendrán que esperar el caso a caso. Tampoco está en su ánimo sancionar a funcionarios públicos, salvo cuando se niegue la información de manera injustificada. “Creemos que hay una diferencia entre no poder cumplir y no querer”, dice Olmedo.

Cambio cultural y desafíos


El senador Hernán Larraín, uno de los principales impulsores de la iniciativa, espera que ésta genere hábitos que aún no se pueden dimensionar. En general, los funcionarios públicos hacen un excelente trabajo, comenta, pero apunta a que siempre se puede hacer mejor. Esta normativa ayudará a mejorar la eficiencia, dice, porque “cada cosa que hagamos va a ser susceptible del conocimiento público”, además de mejorar la participación democrática.

Habrá un cambio cultural tremendo, y los desafíos apuntan precisamente en este sentido. “Hay un cambio en la forma de hacer nuestro trabajo, que probablemente no se va a dar de un día para otro”. Este incluye tanto al estamento público como a las personas, las que deberán aprender a hacer uso de este derecho.

Otro reto será ver qué tan capaz será el Estado en responder a la demanda. Son cerca de 600 a 700 organismos los que se verán afectados y, seguramente, no todas podrán responder de la misma manera, a pesar de que el gobierno se ha preocupado de entregar capacitación a través de seminarios y capacitaciones; “tuvimos un muy buen socio en el ministro José Antonio Viera Gallo”, explica el senador Larraín.

Se presume que las municipalidades son los organismos que más dispersión mostrarán en la forma de aplicar esta ley, por la gran diversidad de capacidad de gestión, tamaño y tecnología de los mismos, independientemente de que gran parte de la información debe estar.

Integrantes del Consejo de Transparencia

Juan Pablo Olmedo, Master en derecho Internacional de los DDHH de la Universidad de Essex (Inglaterra) y ex presidente de la Fundación Pro Acceso

Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía. Master of Arts de la Universidad de Notre Dame (USA).

Roberto Guerrero, vicedecano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y  Master en Jurisprudencia Comparada de la Universidad de Nueva York

Raúl Urrutia, ex diputado y profesor de derecho constitucional. Fue integrante de Integrante de las Comisiones de Gobierno Interior y Regionalización, Derechos Humanos y Nacionalidad, Familia y Constitución.

La pregunta es si está ordenada y digitalizada y si está en condiciones de ser puesta en una página web. Es importante recalcar que las personas sienten a sus municipios como las instituciones más cercanas cuando necesitan resolver problemas.

Otro de los impulsores de esta iniciativa es el senador Jaime Gazmuri, quien comenta que con esta ley “los actos de la administración son todos públicos” y ese es un cambio esencial. Normalmente la información era tratada como algo perteneciente al Estado y no al ciudadano. “Para qué la quiere” era una respuesta común del sistema público ante alguna petición, como diciendo “esa información es mía y yo la entrego según lo razonable de la petición”, dice el parlamentario.

Agrega que en la ley tuvieron cuidado de que el principio de transparencia activa quedara detallado (artículo 7º). Pero en el resto “es difícil que avance más porque no puede colocarse en todos los casos”, recalcando será el Consejo el que creará la jurisprudencia y los hábitos necesarios para su correcta implementación.

Afirmando que la ciudadanía no aguantará “más de lo mismo” sin que se genere una “tremenda tensión en la sociedad”, el Contralor General, Ramiro Mendoza, también llama al uso responsable de esta ley por parte de las personas porque su abuso puede generar un desgaste en la credibilidad que deben tener los legisladores.

Hay consenso en que el principal escollo para que la Ley de Transparencia sea efectivamente aplicada es cambiar la cultura de secretismo imperante en las organizaciones estatales. Y es que la resistencia al cambio es muy común en cualquier organización, sea pública o privada.

Frente a esta compleja realidad, el Consejo de Transparencia tendrá una tarea relevante en buscar la transición y la gradualidad en la aplicación, con criterios de “buena voluntad” y sentando la jurisprudencia necesaria. La norma general será el acceso a la información, y la excepción será la reserva.

Este es el punto de partida más que el término de un proceso ciudadano extenso, pues en la mayor parte de los países estos cambios toman años. El gran desafío recién empieza ahora.


¿Qué dice la Ley de Transparencia?


Salvo excepciones que determina la misma Ley, el ciudadano podrá conocer los actos de la administración estatal, acceder a los documentos relacionados con los mismos, a presupuestos, gastos y salvo excepciones, a cualquier información que haya sido elaborada usando dinero público o que esté en poder de órganos de la Administración del Estado.

Este acceso puede ser exigible también a las empresas en las que el Estado sea dueño de más de la mitad de la propiedad y la información deberá ser entregada en los términos más amplios posibles.

Si parte de los datos solicitados no se puede dar a conocer  (es decir, que cae en las excepciones que la ley resguarda), sí se podrá entregar la parte que no está restringida. Así, se evita que se esconda una información completa cuando el secreto sólo corresponde a un fragmento.

La aplicación


El éxito de esta ley no va por el lado del número de denuncias que se generen, sino en la información que se entregue a la ciudadanía y los privados respecto a temas de impacto social y que estarán a  disposición de la gente, comenta Moisés Sánchez, director ejecutivo de la fundación Pro Acceso.

Así, en países Inglaterra, Estados Unidos o México, los grandes temas que fundamentan la legitimidad del sistema son los que interesan a la gente común y corriente: salud, educación, alumbrado público, ordenamiento territorial (“que no me construyan un edificio al lado de mi casa), y para ello tanto los medios de comunicación como las personas, las ONG y el mundo privado empiecen a hacer peticiones de información.

En la medida en que estas peticiones apunten al fortalecimiento de los derechos de cada uno de los sectores esto va a contribuir”. Es importante que más que una herramienta para denuncias, sea para fomentar la participación pública y el control social.

Los cambios profundos no terminan con una ley, sino que parten con ella, a través de procesos de capacitación y sensibilización de los servicios públicos.
 

Dudas con la Ley de Transparencia


El Instituto Libertad y Desarrollo presentó un estudio donde plantea que gran parte de la responsabilidad del éxito o fracaso de la aplicación de esta Ley recaerá en la interpretación que dé el Consejo de Transparencia de las causales de denegación.

Y es que tanto la ley como el reglamento de la misma dejan un amplio margen de interpretación a las causales para negar una información. Por ejemplo, una causa para no entregar la información es que conseguirla implique afectar el normal funcionamiento del organismo.

En primera instancia es el organismo público el que podrá definir que una información sea negada. Si la persona cree que se le han negado los datos injustificadamente podrá apelar al Consejo de Transparencia.

“En los primeros años, el Consejo se enfrentará a diversos desafíos. El primero será interpretar adecuadamente, y ojalá en la forma más restrictiva posible, las causales de reserva”, dicen en el instituto.


Cómo pedir la información


Los resultados de las encuestas o sondeos de  opinión encargados por órganos de Administración
del Estado serán reservados mientras dura el período presidencial durante el que se llevaron a cabo.

En caso de desacuerdo con el Consejo de Transparencia, las personas podrán ir ante la Corte de Apelaciones.

La información se pide por escrito o por medios electrónicos (mail o formulario web, según sea el caso) y se exige, aparte de claridad en la petición y el organismo al que se la pide, el nombre, dirección y firma de quien lo solicita. Es válido que se use el OIRS (oficinas de información, reclamos y sugerencias) de la repartición correspondiente.

Si la persona hizo el pedido a la organización equivocada (por ejemplo, pidió datos de Salud al Ministerio de Educación), el organismo hará lo posible por redirigirlo a la entidad correcta. Por supuesto, esta decisión se dará a conocer a la persona involucrada.

Plazos


Los organismos estatales tienen 20 días hábiles  para responder sus consultas, ya sea con la información pedida o negando su acceso. Si circunstancialmente se necesitara más tiempo para reunir los datos, el plazo puede prorrogarse por 10 días hábiles más, lo que también deberá informársele a tiempo.

Cuando la información no se entregue, el organismo debe informarle la razón por un medio escrito o electrónico (por ejemplo por mail).

Los datos solicitados se le deben entregar en la forma que usted requiera (mail, papel, etc.) siempre que no importe un costo excesivo. En ese caso se le entregará la respuesta de acuerdo a los medios disponibles.

Cómo reclamar

Si el organismo público no responde en el plazo legal o niega la entrega de la información, la  persona podrá reclamar ante el Consejo de Transparencia.

Tiene quince días para hacerlo, contando desde la respuesta negativa o desde que venció el plazo legal sin haber recibido respuesta.

Si el Consejo de Transparencia lo estima conveniente pude fijar un plazo para que el organismo entregue la información solicitada, y lo notificará con una carta certificada a la persona y a la institución, además de señalar posibles medidas disciplinarias si fuera el caso.

Si el Consejo tampoco accede a la petición de información y la persona cree que tiene derecho a ella, puede realizar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.


La BCN Transparente


La Biblioteca del Congreso no es ajena a esta nueva Ley y para ello hemos lanzado un nuevo sitio: BCN Transparente.

Como en otros congresos y parlamentos del mundo, en la BCN y el Congreso en general se aplicará el concepto de transparencia activa. Esto quiere decir que aunque la Biblioteca debe apegarse a la Ley bajo su propio reglamento y no quedarán bajo la tutela del Consejo de Transparencia, al igual que la Contraloría, el Banco Central, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, el Congreso Nacional, las empresas públicas creadas por ley y las empresas o sociedades en que el Estado tenga más del 50% de las acciones o mayoría en el directorio.




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