El 7 de noviembre de 2011 el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció un nuevo proyecto de ley que establece la aplicación de un “IPC de Salud”. Este índice fijará indicadores de referencia para regular de manera más transparente las alzas anuales de los planes de salud de los afiliados y comprende, además, un Plan Garantizado de Salud (PGS) único y obligatorio para los usuarios del sistema privado, y sin discriminación por riesgo, edad o preexistencias.
De acuerdo a los detalles que se han conocido de la iniciativa, la propuesta del Ejecutivo considera una serie de cambios en beneficio de los usuarios, tales como concederles tres meses para decidir si acepta los cambios en el plan de salud que le informe su Isapre o cambiarse a otra institución de salud previsional.
El proyecto también prohibirá que las Isapres nieguen el ingreso a afiliados que provengan de otra institución del sistema y crea, además, la figura de los Beneficios Complementarios de Salud y permite su venta para aumentar coberturas o cubrir prestaciones que no estén en el PGS.
Con este anuncio, el gobierno dio cuenta de paso de la decisión de no introducir nuevas regulaciones a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) a través de la llamada “Ley Corta”. La Ley Corta era la propuesta en torno al tema de las Isapres que ya había empezado a tramitarse en la Cámara de Diputados desde el 16 de marzo de 2011.
“Vamos a mandar una nueva ley, una ley única, que sea una condensación de la Ley Corta y la Ley Larga, y que toma aquellos aspectos en que los expertos de todos los partidos políticos coincidieron, como la generación de este Plan Garantizado de Salud (...) esta ley contiene el IPC de la Salud y esperamos que, con el compromiso que hemos tomado con los parlamentarios, la idea de tener este IPC vigente para el mes de marzo sea verdad”, declaró el ministro Mañalich.
Según el secretario de Estado, el proyecto de ley que reforma el sistema privado de salud será ingresado a trámite, a más tardar, en diciembre de 2011.
Hacer una reforma a la ley de Isapres es una preocupación que surgió luego de que el Tribunal Constitucional cuestionara en un fallo del 27 de julio de 2010 la tabla de factores de riesgo con que las aseguradoras privadas definen los costos de sus planes de salud, manifestando la necesidad de que esta materia se regule por una ley especial y no mediante un reglamento de la Superintendencia de Salud.
El Ejecutivo convocó a una mesa de expertos, que incluyó a parlamentarios y representantes de partidos políticos, la que entregó el 6 de octubre de 2010 una propuesta de reforma al sistema de Isapres, de la que surgió la llamada “Ley Corta” que ingresó a trámite en el Congreso el 16 de marzo de 2011.
Pero hacer cambios al sistema de salud privado también se convirtió en un planteamiento transversal de senadores del oficialismo y oposición, quienes a propósito de las elevadas utilidades registradas por las Isapres este año solicitaron concretar una reforma.
Con el anuncio de la nueva “Ley Larga”, la expectativa del Poder Ejecutivo es que, una vez ingresado el proyecto, sea aprobado por el Congreso Nacional antes del 15 de marzo de 2012, de manera que alcance a regular la próxima alza en los precios de los planes de salud de las Isapres que las aseguradoras suelen informar a los usuarios a fines de marzo de cada año.
Sin embargo, la Asociación de Isapres pone en duda los plazos estimados por el Ejecutivo para la tramitación y aprobación de la iniciativa, y señalan que difícilmente el IPC de la Salud podrá estar en marcha en 2012. El presidente de la entidad, Hernán Doren, llamó a la cautela, pues dijo que actualmente no existe certeza jurídica sobre la iniciativa.
Antecedentes sobre Ley Corta y Ley Larga
Antes del anuncio de este nuevo proyecto del Ejecutivo, el Gobierno había insistido en la aprobación de los proyectos mencionados, cuyos contenidos pueden ser resumidos de la siguiente manera:
Ley Corta
El objetivo de la llamada Ley Corta era introducir criterios de razonabilidad y solidaridad en las tablas de factores y en la determinación del precio base de los contratos de salud, a través del cual se establece un nuevo sistema de tablas de factores vigente.
Los principales ejes de esta propuesta de modificación que estaban tramitando los parlamentarios son:
- Establecer una nueva tabla de factores de carácter único para todos los planes de salud
- Crear indicadores referenciales en materia de adecuación de precios base, el llamado “IPC de Salud”
- Crea un Panel de Expertos como órgano asesor, que establecerá cada dos años una banda referencial de variación de precios base
- Establece normas transitorias a objeto de facilitar para los afiliados, el traspaso de un sistema a otro
Ley Larga
Hubo también una llamada “Ley Larga” de Isapres, que finalmente no llegó a plasmarse en un proyecto de ley. Sus aspectos principales pueden encontrarse en la propuesta de reforma al sistema de Isapres entregada al Presidente Sebastián Piñera el 6 de octubre de 2011 por la Comisión de Expertos que el Ejecutivo creó para elaborar esta propuesta.
Uno de los puntos más importantes de la Ley Larga de Isapres es la propuesta de crear un Plan Garantizado de Salud (PGS) obligatorio que sea igual para todos los beneficiarios del sistema de salud privado. Lo que significa que debe ser ofrecido por cada Isapre a un único precio, independiente del sexo, edad y condición de salud de las personas que quieran contratarlo.
De este modo, no existirían afiliados cautivos: a las personas afiliadas que cambian de Isapre no se les podría imponer limitaciones a las coberturas o períodos de carencia como ocurre hoy.
En su momento, el presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, llamó a ser "muy cuidadosos" en la reforma al sistema propuesta por la comisión de expertos convocada por el gobierno. En especial en lo referido a la idea de fijar una "tarifa plana" o costo único en salud por beneficiario (calculado inicialmente en $ 17 mil pesos), lo que a su juicio podría traer problemas a las familias con más integrantes.
"Hemos dicho que hay que ser muy cuidadosos porque el tema de la tarifa plana, en general, puede provocar problemas a las familias numerosas. Un plan de $ 17 mil, que puede aparecer muy razonable para una sola persona, cuando son cinco los miembros de una familia, ya les está costando $ 85 mil", señaló.
Proyectos en trámite
Se espera que el Gobierno se aboque a consensuar posiciones entre los parlamentarios oficialistas y de la oposición para poder aprobar en forma rápida un proyecto de ley que recoja las múltiples iniciativas que pretenden regular el sector y, de este modo, tener aprobada una nueva legislación antes de marzo de 2012.
Al respecto, una de las mociones que actualmente se tramita en el Congreso Nacional es el proyecto, cuyos autores son los senadores Guido Girardi (PPD), Francisco Chahuán (RN), Juan Pablo Letelier (PS), Fulvio Rossi (PS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC).
Este proyecto modifica el sistema privado de salud, estableciendo como puntos fundamentales para regular el mercado de las aseguradoras de salud privada: el aumento de coberturas y bonificaciones; el término a las discriminaciones por sexo, edad o condición, así como también a las exclusiones y preexistencias; una reforma del proceso de otorgamiento de licencias médicas; fijación de contratos de salud indefinidos y de por vida, abiertos, dirigidos y de amplias prestaciones; restricción legal a los planes cerrados, y transparencia en el acceso a la información de Salud, entre otros.
Otras iniciativas parlamentarias apuntan específicamente a prohibir que las Isapres puedan subir unilateralmente el costo de sus planes de salud. Tal es el caso de la moción presentada por los diputados PS Juan Luis Castro, Osvaldo Andrade, Alfonso de Urresti, Marcelo Díaz, Fidel Espinoza, Luis Lemus y Denise Pascal, y los PPD Tucapel Jiménez, Adriana Muñoz y Marco Antonio Núñez.
Este proyecto considera “necesario regular la materia de una manera totalmente diferente a la regulación actual que autoriza alzas unilaterales de los planes de salud en abierta contravención a los principios clásicos en la materia. Si alguna intervención ha de existir, este debe ser a favor de los usuarios y no de las empresas que regulan este seguro de salud, lo cual excede un principio de equidad”.
Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezados por José Manuel Edwards, también presentó un proyecto de ley que impide a las Isapres modificar los planes de salud sin el consentimiento expreso de los afiliados.
En la misma línea, diputados opositores liderados por los PPD, Enrique Accorsi y Marco Antonio Núñez, plantearon modificar la Ley de Isapres para eliminar la facultad unilateral de alza de precios en los contratos de salud y derogar disposiciones discriminatorias.
“Observamos que la ley establece una facultad injustificable a favor de las instituciones de salud previsional, al otorgarles la prerrogativa de poder modificar, sin el concurso de voluntad de la contraparte, el precio del programa convenido”, argumentan los parlamentarios en los fundamentos de la iniciativa legal.
La discriminación que ejercen las Isapres en la fijación de sus precios también ha sido materia de interés en el Congreso. El senador Carlos Bianchi (Ind.) es autor, junto a senadores DC, de un proyecto de ley actualmente en trámite, que elimina la diferenciación entre hombres y mujeres en el establecimiento de la estructura de factores que determinan los precios de los planes de salud, proponiendo que exista una tabla única tanto para el sexo femenino como masculino.
Los senadores Guido Girardi (PPD) y Mariano Ruiz-Esquide (DC) ingresaron a trámite una propuesta que elimina las preexistencias en los planes de salud de las aseguradoras privadas, acusando que la actual Ley de Isapres consagra la restricción y exclusión de coberturas de salud en caso de enfermedades preexistentes conocidas por el afiliado y diagnosticadas médicamente con anterioridad a la suscripción del contrato.
Los cobros que realizan las Isapres a las mujeres por concepto de fertilidad también fue considerado una discriminación por los diputados Juan Luis Castro (PS) y Víctor Torres (DC) quienes presentaron un proyecto de ley junto a sus colegas Pedro Araya (PRI), Fuad Chahín (DC), Carolina Goic (DC), Miodrag Marinovic (Ind.), Fernando Meza (PRSD), Marcela Sabat (RN) y René Saffirio (DC), para terminar con esta práctica.
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