Chile ya tiene bastante camino avanzado en su búsqueda de ser parte de la OCDE, una comunidad de países formada por 30 estados considerados los más ricos y desarrollados del planeta, que trabajan entre sí para coordinar sus políticas económicas y sociales, compartiendo e identificando buenas prácticas.
En su empeño de ser parte de esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile ya ha sentido el impacto de sus exigencias, como es el caso de la política de innovación, que se inspiró en las directrices de este organismo.
De tener éxito en su búsqueda de pertenencia, Chile estará dando una nueva prueba de blancura en varios indicadores de democracia, gobernabilidad y estabilidad económica, entre otras, además de someterse a exigencias en diferentes ámbitos (tributarias, económicas, medio ambientales, de información pública, entre otros). Y es que los países de la OCDE trabajan en conjunto y aúnan sus políticas, especialmente cuando el éxito de estas depende de que sean aplicados por todos sus miembros.
Los objetivos la OCDE son:
Apoyar el crecimiento económico sostenible
Elevar los estándares de vida
Mantener la estabilidad financiera
Colaborar con el desarrollo económico de otros países
Contribuir al crecimiento del comercio mundial.
El Club de los Países Ricos
Fundada en junio de 1961, los miembros del llamado “club de los países ricos” trabajan en conjunto sobre temas de energía, inversiones, medio ambiente, fuentes de energía, educación, políticas fiscales, salud, tecnología, innovación, responsabilidad social corporativa, medidas anticorrupción, alimentos, entre otros. Es para poder hacer la comparación entre sus miembros que al organismo le es indispensable generar parámetros comunes en la generación de los datos que miden las políticas públicas de los países.
Los integrantes de la OCDE comparten experiencias y se coordinan para implementar políticas en áreas que requieren de esfuerzos mancomunados, el tiempo que igualan las reglas del juego para los países miembros, los que en conjunto producen alrededor del 80% del PIB mundial.
Ser miembro de la OCDE obliga a los países que suban sus estándares en el ámbito institucional, legislativo, presupuestario, incluso en materias estadísticas. Por ejemplo, estas últimas serán certificadas en su calidad y transparencia. Lo mismo pasará con los informes regulares que publicará la OCDE, que serán públicos y estarán disponibles para que la ciudadanía pueda usarlas y discutirlas, en una línea similar a los objetivos de la Ley de Transparencia.
Un ejemplo de esto, han sido las propuestas de la OCDE de contar con las herramientas de delación compensada en casos económicos y el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Estos “son temas que convienen al país”, explica Karen Poniachik, independientemente de que algunos Chile ya los tenía avanzados, como es el caso de la Ley de Defensa del Consumidor. También menciona que Chile modeló su política de innovación basado en la propuesta que hizo la OCDE el 2005, al igual que la política de medio ambiente.
La OCDE tiene su sede en París, donde trabajan cerca de 2.700 personas, y sus idiomas oficiales son el francés y el inglés.
La senadora Evelyn Mathei también le da una gran importancia a la entrada en la OCDE. “A todos nos interesa esto, pues no da una ventaja enorme en el concierto mundial” afirmó, indicando que los proyectos de Ley relacionados con las peticiones de la OCDE están entre los prioritarios.
Para el diputado Julio Dittborn, “es como la primera división del fútbol profesional. Un grupo de países de ingreso per cápita alto, ricos, serios, estables, y obviamente para cualquier equipo de fútbol jugar ahí es un honor”.
Destaca que al pertenecer a la OCDE Chile da una señal de estabilidad en las políticas macroeconómicas y de regulación. Y eso es muy importante para la inversión “porque la gente invierte en países donde hay estabilidad, reglas del juego (claras)”.
¿Cuánto le falta a Chile para lograr ser miembro pleno de la OCDE?
En mayo de 2007 Chile fue invitado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), donde nuestro país ha participado como observador por cerca de diez años, siendo participante activo en cerca de 20 comités del organismo. En la misma ocasión fueron invitados Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia.
Karen Poniachik, ex ministra de Minería y Energía, es quien representa al país en su postulación a esta entidad que tiene sede en París y cuyos idiomas oficiales son el francés y el inglés.
La personera dice que “estamos en la recta final para ingresar”, para lo que están rindiendo exámenes ante distintos comités de la OCDE con bastante éxito según ella misma comenta.
Quedan algunos ítemes que aprobar, sin embargo, “dos o tres que son claves para obtener éxito”, como dice Ponichik. Uno de ellos son las medidas anticohecho, respecto de las que la OCDE hizo peticiones que implican cambios en la Ley, los que deberían aprobarse prontamente en el parlamento chileno. Básicamente se trata de “hacer responsables a las empresas que cometan estos delitos y no a los individuos”.
Respecto al tema, en 1997 los miembros de la OCDE adoptaron la "Convención para combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales", cuyo objetivo es combatir el cohecho en transacciones internacionales.
Chile, al igual que otros cuatro países (Argentina, Brasil, Bulgaria y la República Eslovaca) también ratificó el documento en su momento, pero posteriores evaluaciones por parte del organismo sólo permitieron verificar un cumplimiento parcial del acuerdo. Esta situación es la que se pretende subsanar con el mencionado proyecto de ley.
Otro de los puntos pendientes, que es condición “sine qua non” para el ingreso de Chile, es la aprobación de proyectos de Ley referidos al intercambio de información bancaria para evitar la doble tributación. Se trata de una convención que Chile suscribió a comienzos de este milenio.
El tercer punto, ya como recomendación más que como medida obligatoria, son modificaciones referidas a los gobiernos corporativos, como es el caso de Codelco, donde pidió que los ministros dejen de estar presentes en sus directorios.
La OCDE establece obligaciones en algunas áreas, guías de buenas prácticas, recomendaciones y sugerencias. Sólo las convenciones son obligatorias, como es el caso de la convención para combatir el cohecho y el modelo para evitar la doble tributación.
Y es que la OCDE estima que el gobierno tiene que dar señales que hagan confiar e la independencia de los directorios de las empresas estatales, sacando a los ministros de Estado de los mismos. En el Congreso hay dos temas que apuntan al tema: uno sobre el gobierno corporativo de Codelco (boletín Nº 4901-088) y otro que hace lo mismo con las empresas del SEP, Sistema de empresas públicas (boletín Nº5840-
059).
La importancia de Codelco no es sólo su peso económico, sino que supondrá un ejemplo para el resto de las empresas públicas.”Es bueno para el país y es bueno para Codelco” dice Poniachik.
La ex ministra cuenta que son decenas de comités los que evalúan distintos aspectos de los países que quieren pertenecer a la OCDE, y que Chile ya cumple con muchos de sus requerimientos desde antes de que se pensara en su postulación.
Es el caso de las obligaciones que establece en el ámbito de los derechos del consumidor o del ámbito ambiental, donde la legislación chilena ya cumple con los requisitos de la OCDE. Otras áreas donde Chile se encontraba bien posicionado debido a sus tratados de comercio son las de apertura económica e inversiones.
Al respecto, sin embargo, Guillermo Hormazábal, analista internacional y politólogo de la U. de Chile, comentó para un reporte del Portal Parlamentario de la BCN que el país necesitará un gran esfuerzo de modernización estructural y de Recursos Humanos para poder alcanzar las condiciones de calidad exigidas. Y es que “las prácticas, los procedimientos, los protocolos, los datos que emane como país tienen que poseer un estándar de rigurosidad, actualización y transparencia comparables a aquellos emanados desde la OCDE, y este esfuerzo tiene que involucrar a todo el aparato estatal y también al sector productivo”.
“En materia de flexibilidad laborar hay temas complejos porque no hay consensos políticos, lo mismo en educación.. a veces algunos temas son más fáciles.. eso es lo interesante de la OCDE, se puede discutir y evaluar las mejores alternativas para cada país… Cada país es libre… tú no puedes imponer que la flexiseguridad en materia laboral es lo mejor, porque no existe el consenso”, dice Karen Poniachik.
Y es que la OCDE cuestionó la baja productividad de nuestra fuerza laboral, la rigidez del sistema de contratación y despidos, y la desigual distribución del ingreso.
En Chile, la brecha salarial implica que, por ejemplo, el 10% de la población chilena recibe 29 veces más ingresos que los más pobres, mientras que la media en los países de la OCDE es de sólo 9 veces.
También critica las dificultades para encontrar empleo por parte de jóvenes y las mujeres, que si bien están en mejor situación que en el resto de América Latina, tampoco alcanzan los estándares del organismo internacional.
En términos de empleo, la OCDE recomienda para Chile:
Fortalecer la presencia de interlocutores sociales en la fijación de salarios y condiciones de trabajo, lo que en la práctica se traduce en fortalecer los sindicatos.
Aplicar la nueva ley de subcontratación
Ampliar el seguro de desempleo y disminuir los costos de despidos.
Invertir más en servicios de empleo y formación para el trabajo.
Promover el empleo de los jóvenes y fomentando sistemas de aprendizaje. Por ejemplo, haciendo que bajo los 25 años se les pueda pagar menos que el sueldo mínimo.
Es así que el organismo comenta que el Estado de Chile sólo gasta un 0,1% de su PIB en guarderías y educación preescolar, mientras que en la OCDE se dispone de un promedio de 0,25% del PIB para estos gastos, facilitando así el trabajo femenino.
Otra recomendación de la OCDE es fortalecer el papel de “interlocutores sociales” en la fijación de salarios, promoviendo la negociación colectiva y un mejor diálogo social. También llama a hacer cumplir la legislación sobre subcontratación, ampliar el seguro de empleo pero disminuir la indemnización del mismo.
En la misma línea solicita promover el empleo de los jóvenes haciendo que fuera menos caro el emplearlos, y promoviendo sistemas de aprendizajes orientados a la producción, por ejemplo, haciendo que el salario mínimo no fuera exigible para menos de 25 años.
Al respecto, Arturo Martínez, presidente de la CUT, comentó para BCN acerca de su oposición de este salario mínimo referenciado, porque los estándares de sueldo mínimo son diferentes en los países desarrollados, porque en Chile con esa suma no se puede vivir dignamente ni menos formar familiar, y terminaría creando trabajadores de primera y segunda categoría.
Un paper de trabajo del Banco Central dice que si bien es una práctica habitual en algunos países, y que efectivamente permite que los jóvenes accedan con mayor facilidad al mercado laboral, un sueldo mínimo diferenciado por edad los invita a focalizarse en esta área y hace el estudio menos atractivo, afectando el nivel educacional del país. Además tiende a mantenerlos más en el mercado informal, retardando su ingreso a la formalidad laboral.
En esta línea, el senador José García Ruminot, presidente de la comisión de Economía, comenta que “el tema de disminuir la indemnización por años de servicio no es fácil”, explicando que no hay acuerdo con las organizaciones sindicales y que "hay que considerar que se trata de un problema técnico pero con repercusiones político- sociales que no son fáciles de materializar y menos aún, en un año de campaña".
Las últimas evaluaciones de parte del organismo reconocen el importante avance del país en las últimas décadas en su lucha contra la pobreza, pero acusan la necesidad de seguir avanzando en el tema y le pide al país trabajar para reducir la inequidad en la distribución de la riqueza.
La OCDE divide su trabajo en las siguientes áreas:
Medio ambiente: donde busca mejorar el hábitat haciendo uso no sólo de tecnologías sino aplicando mecanismos de mercado para generar los incentivos requeridos.
Economía y comercio: analizando y publica datos comparativos, produciendo previsiones y desarrollando política para promover el crecimiento, la estabilidad y el libre comercio.
Cohesión social: busca garantizar acceso a la educación, acceso a sistemas de salud, lucha contra el desempleo y reducción de la brecha digital entre ricos y pobres.
Desde 1997 Chile tiene representación en la embajada que posee el organismo internacional en París. La pertenencia de Chile a la OCDE implicará cumplir una serie de recomendaciones por parte del organismo, cuya implementación será evaluada por el organismo en dos etapas: la primera como leyes y reglamentos, y la segunda en su aplicación práctica.
Gobernabilidad: promueve el buen desempeño en políticas públicas, fomenta mejores prácticas empresariales, la transparencia de los sistemas impositivos, la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
El proceso de implementación de medidas parte con la compilación de los datos, para posteriormente pasar a su análisis y discusión. Luego se toman las decisiones, monitoreándose luego la implementación en los diferentes países miembros.
Es así que cada año cerca de 40.000 representantes de los países miembros y asociados participan en los cerca de 200 comités de trabajo. Los análisis de la OCDE se sustentan en el trabajo de cerca de doscientos comités conformados por expertos en economía, leyes, ciencia y otros profesionales.
En los últimos años, la OCDE ha empezado a ofrecer su expertise a más de 100 países de economías emergentes, al tiempo que ha expandido su foco de atención a las organizaciones no gubernamentales..
Algunos de sus logros
Convenio de Lucha Contra la Corrupción
Principio de Contaminador-Paga
Principios de Gobernabilidad Empresarial
Directrices Generales para Empresas Multinacionales
Grupo de Trabajo sobre Spam
Programas de cooperación con China, Rusia y Brasil
Iniciativa de Gobernabilidad e Inversión para el Desarrollo
Económico del Medio Oriente y África del Norte (MENA)
