La tensión ha regresado a la Araucanía tras la muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío a manos de las fuerzas policiales el 12 de agosto pasado, y los reiterados ataques a predios y fundos de la zona en conflicto.
Un ambiente enrarecido que ha llegado incluso al Congreso, donde la interpelación al Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma sobre la situación en la Araucanía, terminó en un impasse entre el ministro y parlamentarios de distintas bancadas.
A esto se agrega el delicado contexto en que reaparece el conflicto indígena, marcado por la entrada en vigencia de este 15 de septiembre de 2009 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, y la elaboración del Código de Conductas Responsables para inversiones en Áreas de Desarrollo Indígena, una iniciativa del Ejecutivo que ha provocado rechazo en algunos sectores empresariales por considerar que atenta contra la inversión y el desarrollo económico de dichas zonas.
Si bien la década de los noventa marca el recrudecimiento de la violencia en la Araucanía con las primeras tomas de fundos y ataques incendiarios, a partir del 2000 la tensión ha ido en aumento tras la muerte de tres jóvenes comuneros mapuches: Alex Lemún Saavedra en 2002, Matías Catrileo Quezada en 2008 y finalmente Mendoza Collío en 2009.
¿Qué antecedentes históricos explican este conflicto progresivo? Analizamos algunas obras e investigaciones incluidas en el catálogo BCN que entregan luces y reflexiones respecto a las raíces de la problemática mapuche desde distintas miradas intelectuales, culturales y sociológicas.
José Bengoa y el origen de los “odios primordiales”
En su obra Historia de un conflicto: El Estado y los mapuches en el siglo XX (Editorial Planeta, 1999), el filósofo y académico José Bengoa -autor de varias obras relativas al mundo mapuche- plantea que el origen del conflicto actual entre la comunidad mapuche y el Estado de Chile se encuentra en la política de colonización y reparto de tierras que el Estado aplicó a fines del siglo 19 tras la ocupación militar de la zona.
De acuerdo al autor, los mapuches -derivados a las reservaciones- se empobrecieron y fueron víctimas de la nostalgia y el desarraigo: “Allí se constituye, a mí modo de ver, la cultura mapuche moderna. Combinación de nostalgia, resentimientos y afirmación de su propio futuro e identidad. Se originan sin duda los odios primordiales”, escribe.
Bengoa establece otro punto de inflexión en la historia reciente durante el gobierno militar y la llegada de la democracia a fines de los 80`s. Allí, a su juicio, las leyes de división de las comunidades provocarían el surgimiento de nuevas organizaciones “y se incuba, por primera vez quizás con tanta claridad y fuerza, una ideología que afirma la identidad mapuche separada de la chilena”.
Para el autor, el acuerdo de Nueva Imperial establecido en 1989, fue el inicio de un nuevo período que permitió la conformación de posteriores leyes como la Nueva Ley Indígena de 1993, pero que para 1999 -año de publicación de la obra- ya estaba llegando a su fin. “Sospechamos que estamos en vías de iniciar otro momento de las relaciones entre el Estado y la sociedad mapuche” sentencia.
El historiador Sergio Villalobos, oriundo de la zona de conflicto, ha abordado el tema mapuche en varias de sus obras, como Relaciones Fronterizas en la Araucanía (1982) y Vida fronteriza en la Araucanía: el mito de la guerra de Arauco (1995).
Más recientemente, su particular mirada histórica del conflicto mapuche encendió más de una polémica: en dos comentadas columnas de opinión publicadas por El Mercurio en mayo y diciembre de 2000, Villalobos quita el piso a las contemporáneas pretensiones reparatorias de los mapuches (o “araucanos” como él prefiere llamarlos), considerando que de acuerdo a la historia éstos “renunciaron a sus derechos ancestrales, aceptaron la dominación y adaptándose a ella, han mirado hacia el futuro”, entre otras reflexiones.
A continuación algunos extractos de estas columnas firmadas por Villalobos:
“El mestizaje predominó al norte y al sur del Bío-Bío, al punto de que las fuentes históricas del siglo XVII señalan que sólo por excepción, en rincones muy apartados, quedaban indios puros. Desde entonces y hasta el día de hoy, los llamados araucanos -eufemísticamente, mapuches- no son más que mestizos, aunque sean notorios los antiguos rasgos”.
“Los propios araucanos formaron parte del aparato de dominación. Al hacerlo, recibían recompensas, beneficios y algunos honores; pero lo que más les atraía era disfrutar de las ventajas de la civilización material”.
“Es cierto que perdieron gran parte de sus tierras, empleadas fundamentalmente para la caza y la recolección, es decir, mal aprovechadas a ojos modernos; pero también es cierto que pudieron incorporarse a la producción de agrícola y ganadera de mercado, intercambiando productos”.
(Extractos de “Araucanía: Errores Ancestrales”, de Sergio Villalobos. El Mercurio de Santiago, 14 de mayo de 2000)
“No tengo la menor duda de que los mestizos araucanos procuraron mantener rasgos de su cultura y que hoy pretenden darle nuevo impulso. Pero a la vez no puede desconocerse que los españoles y luego los chilenos, pese a la violencia, los abusos y el despojo de sus tierras, proporcionaron y siguen proporcionándoles caminos, puentes, escuelas, misiones, reservas de tierras, vigilancia, administración de justicia y derechos políticos, todo dentro del sentido igualitario que caracteriza a la vida nacional”.
“…La cultura dominante debe ayudar e inducir aquel desarrollo que, naturalmente, debe basarse en la voluntad y el entusiasmo de los favorecidos. Pero de contado, ni Estado ni leyes propias, autonomía ni bandera diferente. Tampoco compensaciones pecuniarias por fallos adversos de la justicia”.
(Extractos de “Caminos ancestrales” por Sergio Villalobos. El Mercurio de Santiago, 3 de septiembre de 2000)
Una tesis que profundiza en el rol del Estado Chileno en este conflicto, aunque de manera bastante más crítica, es la del investigador Eduardo Mella Seguel, quien en su obra Los Mapuche ante la Justicia: La criminalización de la protesta indígena en Chile (2007, LOM Ediciones), plantea como aspecto clave la sistemática criminalización de los mapuches: “Esta criminalización por medio de la judicialización de las actividades de demanda mapuche es una fórmula utilizada por el Estado y privados para hacer primar sus intereses por sobre los intereses ancestrales de los pueblos indígenas”, dice.
Si bien el autor reconoce que en un contexto democrático el uso de la violencia no es legítima, y que dichos actos deben ser sancionados bajo el prisma del derecho penal común, cuestiona el hecho de que se recurra a la Ley Antiterrorista para sancionar la violencia mapuche, especialmente cuando “no existe convicción respecto a la autoría que cabe a los inculpados mapuche en los hechos que se le imputan”.
Mella va más lejos aún cuando asegura que el mismo marco legal le entrega al Estado “facultades exorbitantes” para aumentar en varios grados las condenas e incluso suspender garantías procesales que aseguren un debido procesamiento para los inculpados.
Para Mella, el Estado “ha reducido el conflicto a un plano meramente judicial, cuya consecuencia más inmediata ha sido la estigmatización del mapuche, a quien se le ha sindicado como agresor, violento y terrorista (…) Esta situación se ha ido intensificado con la implementación de la Reforma Procesal Penal en la Región de la Araucanía a partir de diciembre de 2000”.
“Creo que esto será un movimiento de larga duración”, anticipaba el historiador mapuche Pablo Marimán en abril de 2008, al ser entrevistado para la Revista Mensaje en días en que, al igual que hoy, recrudecía el conflicto en la Araucanía.
Su mirada del conflicto tiene el valor de la voz en primera persona, clarificando algunos preceptos que son fundamentales desde la perspectiva indigenista. Entre ellos, el concepto de nación mapuche: “El pueblo mapuche ES una nación. Existe una tradición política que asocia este concepto a uno o dos de sus componentes: Estado (como comunidad política) y territorio (como país), dejando de lado los aspectos socio-linguísticos, demográficos, culturales, organizacionales, etc.”, afirma Marimán, quien coincide con autores anteriores en el sentido de que el origen de la aspiración de autonomía surgió de la mala experiencia de la relación colonial entre el Estado y el pueblo mapuche.
Marimán estima que el trabajo legislativo realizado desde 1990 a la fecha no ha sido operativo en esta línea porque parte de un diagnóstico errado: “Se nos hace ver como pobres y no como un pueblo empobrecido. Las responsabilidades se las achacan a gobiernos pasados y no al resultado de la conquista de nuestros territorios maquinada por el Estado”.
En el fondo, el valor de la tierra es intransable. “Decir que el territorio es fundamental, es porque allí se tiene y se cuenta con las posibilidades de reproducir autónomamente los elementos constitutivos de nuestro ser mapuche. Ser mapuche “gente del territorio o del país”, no es tan sólo una cuestión ideológica o política, sino un hecho cultural insoslayable y distintivo” concluye.
La unidad nacional y las redes internacionales pro mapuche
Hurgando en el catálogo de la BCN nos encontramos con un ensayo titulado “Situación de la etnia mapuche en Chile y su efecto en la unidad nacional”, de autoría del Capitán de Corbeta Jorge Ugalde Jacques e incluido en la Revista de Marina del año 2002, donde el autor plantea sus puntos de vista sobre el conflicto mapuche a partir de la necesidad de resguardar la unidad nacional como base fundamental de la seguridad nacional.
Según el análisis de Ugalde, entre los factores que podrían poner en riesgo esta unidad nacional están justamente las pretensiones de autonomía mapuche, considerando la presencia de otras minorías étnicas en el país: “La participación de indígenas de países limítrofes en la pretendida expresión de una pseudo nación mapuche, puede generar la actuación de otras: como por ejemplo,la solicitud de una región aymará autónoma que incluya parte de Bolivia, Argentina, y Chile”, advierte.
La inversión extranjera es otra preocupación de Ugalde, quien apunta que si ésta ha aumentado en las últimas décadas es justamente por las garantías que da nuestra base económica y el derecho de la propiedad fuertemente protegido. “La toma de las tierras sobre las que reclaman derechos históricos, afectan el derecho de propiedad privada amenazando directamente al sector forestal, quien posee derechos de propiedad legalmente constituidos sobre esos terrenos”.
Para el autor, un ingrediente que agrava este escenario es lo que el denomina la “acción sistemática y consistente de agencias internacionales y grupos ideológicos que proveen los recursos suficientes como para alentar el conflicto”, un aspecto que aborda profunda y detenidamente en su ensayo, entregando un completo mapa internacional de redes de apoyo de la causa indígena en Chile.
“Debido al exilio voluntario al que partió una cantidad de mapuches no despreciable durante el gobierno militar -escribe- es que hoy este movimiento cuenta con incondicionales de su raza, los que han logrado articular organizaciones que facilitan el ejercicio de una presión internacional frente al gobierno de Chile para lograr que el Estado asuma su responsabilidad con esta etnia”. Más aún, Ugalde acusa que si bien entre estas organizaciones existen algunas con fines filantrópicos o ambientalistas, hay otras cuyos intereses son meramente económicos: “esto último se advierte por el momento en que han ocurrido estos levantamientos”.
Finalmente, la aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales es considerada también por el autor como un factor de riesgo a la unidad nacional.
Sociedad y Estado chileno frente a la problemática
Si bien no exculpa al Estado de lo que considera un comportamiento “errático” frente a los pueblo originarios, el investigador Juan Carlos Skewes, del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, plantea una interesante tesis que señala las culpas de la propia sociedad chilena, que a su juicio se niega a aceptar su condición indígena: “Para los sectores conservadores, por ejemplo, los mapuche son (y quieren ser) chilenos, para la izquierda son campesinos a convocar dentro de un proyecto de liberación nacional. Los sectores de centro, a su vez, ven en los mapuche a un sector empobrecido de la sociedad que demanda asistencia. Lo interesante radica en que la crisis de identidad la vive la sociedad chilena y la sufre el pueblo mapuche”, plantea.
Las reflexiones de Skewes están incluidas en el texto Derechos Humanos y pueblos indígenas: tendencias internacionales y realidad local, editado por el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Se trata de una selección de ponencias presentadas durante un seminario realizado en 2003 y donde se reunieron expertos internacionales, académicos chilenos y representantes indígenas, para profundizar en el derecho comparado a nivel regional y un diagnóstico de la realidad local en términos de derechos indígenas.
El editor del libro, el reconocido abogado José Aylwin Oyarzún, dedica algunas páginas a evaluar las políticas públicas del Estado Chileno en relación a la problemática mapuche, destacando el esfuerzo realizado: “La acción desarrollada por CONADI y otros entes públicos para el mundo mapuche desde 1993 hasta la fecha, ha permitido incrementar en términos reales en alrededor de 50 mil hectáreas la cabida de las tierras que les fueran reconocidas por el Estado, y regularizar la tenencia de alrededor de 125 mil hectáreas ocupadas en forma ancestral hoy pertenecientes al fisco o provenientes de títulos comunitarios o sucesoriales (sic)”, argumenta.
Sin embargo, Aylwin también plantea contradicciones en la política estatal en términos de cobertura: “Es claramente insuficiente en relación con las necesidades de tierra de los mapuche. Aún cuando no existe una estimación exacta, la demanda mapuche de los últimos años permite su estimación actual entre 150 mil y 200 mil hectáreas, gran parte de las cuales corresponderían a la Araucanía”.
