A nivel parlamentario han surgido una serie de propuestas que, con algunos matices, persiguen un objetivo común: regular de manera más estricta el comportamiento de los bancos y casas comerciales a la hora de otorgar créditos, pero más importante aún, evitar que los consumidores caigan en situaciones de sobreendeudamiento.

Una de estas iniciativas es el proyecto del senador Pedro Muñoz (PS) que establece un procedimiento para regular la situación de insolvencia grave de los deudores, aduciendo que “en nuestro país existen factores como el bajo nivel remuneracional, la insuficiencia de la protección social para costear enfermedades catastróficas y el alto costo de bienes (…) tales como la salud, la educación y la vivienda, que han motivado un creciente sobreendeudamiento (…) A ello se suman fenómenos más recientes como las bajas de las tasas de interés de los últimos años, que han generado un mayor atractivo en el endeudamiento; la reducción en el desempleo, variable que tradicionalmente muestra una relación inversa con el crédito y una tendencia cultural al consumo como factor de reconocimiento social”.

En concreto, el parlamentario plantea una “fase preventiva” en la que el deudor convoca a su acreedor para hacerle una propuesta de pago, “sincerando” de esta forma las deudas y estableciendo nuevos plazos de cancelación del crédito.

De no ser aceptada la propuesta por la institución financiera, se pasa a una “fase judicial”, donde un magistrado es quien dirime el conflicto y fija las condiciones para saldar la deuda, pudiendo incluso rebajar intereses.

A ojos del gobierno esta propuesta resulta poco viable, ya que según ha esgrimido el Ministerio de Economía, induce a la conducta irresponsable de los consumidores, sin embargo, el senador Muñoz defiende su iniciativa, señalando que ya se aplica en otros países con el objeto de evitar el sobreendeudamiento de los ciudadanos y también obligando a una conducta responsable de las instituciones crediticias.

Otra propuesta surgió desde un grupo de diputados PPD, quienes presentaron un proyecto que modifica la Ley General de Bancos, en lo relativo a los contratos de cuenta corriente y al otorgamiento de tarjetas de crédito, de manera de obligar a las instituciones que otorgan financiamiento crediticio a exigir la percepción de renta de sus clientes, antes de entregar el beneficio.

El texto estipula, eso sí, que en caso de registrarse falta de ingresos, el solicitante del crédito puede recurrir a “garantías personales o reales otorgadas por terceros (expresamente)”.

Además, establece una excepción con los créditos solicitados para “operaciones de fomento productivo y no de consumo”, de manera de afectar el emprendimiento.

En la oposición también se considera escasa la regulación en este ámbito y acusan una tendencia a entregar créditos, sin mayores análisis de riesgo por parte de las personas que se van a endeudar.

El diputado Gonzalo Arenas (UDI), por ejemplo, ha fijado la mirada en las tarjetas que se entregan en el mercado del retail, donde considera que la regulación es “mínima” y con niveles de sobreendeudamiento muy superiores a los registrados en el sector bancario, y que se concentran específicamente en los grupos de menores recursos.

Ante tal escenario, el parlamentario presentó –entre otros- un proyecto de ley que restringe lo que él llama “prácticas agresivas y engañosas” asociadas a las tarjetas de crédito no bancarias y que en su opinión limitan la libertad de decisión del consumidor, forzando la aceptación de determinadas tarjetas de crédito o formas de compra, especialmente a plazo: descuentos especiales, sólo si se compra con la tarjeta de crédito del local respectivo; ofertas y liquidaciones exclusivas si se compra a plazo con la tarjeta de crédito; acumulación de puntos por compras a crédito y por avances en efectivo; duplicar o triplicar el cupo si se compra a mayores plazos, etc.

El diputado Alvaro Escobar (Ind.) también se anota en esta discusión con un proyecto de ley que establece la prohibición a los bancos e instituciones financieras de otorgar cuentas corrientes y líneas de crédito, a personas que no acrediten ingresos.

De esta manera, se prohíbe celebrar contratos sin verificar la real capacidad de pago de los clientes o sin asegurarse que éstos cuenten con garantías reales o personales suficientes. Todo esto a riesgo de una sanción equivalente a la anulación del contrato.

El mismo Escobar también suscribió otro proyecto que impide aumentar la línea de crédito o el cupo de las tarjetas de crédito, sin el consentimiento de los clientes.

Esta práctica común entre las entidades que otorgan créditos busca “premiar” el buen comportamiento de los clientes, que no presentan protestos ni morosidades, por lo que reciben estos aumentos especialmente en épocas del año donde hay una fuerte necesidad de gasto, como son los meses de marzo, septiembre y diciembre, lo que a juicio del parlamentario puede constituir “una trampa mortal” para muchos usuarios con tendencia al sobreendeudamiento.