El 30 de junio de 2008 vencía el plazo para la evaluación social de los deudores habitacionales a través de la Ficha de Protección Social (FPS), habiendo sido encuestadas durante un año 2.528.295 familias, equivalentes al 50% de la población de Chile. Cifras positivas, considerando que el instrumento que lo precedió, la Ficha de Caracterización Socioeconómica (CAS), apenas alcanzó a cubrir el 25% en todo su proceso de aplicación.
Si bien la FPS permite elaborar puntajes especiales para beneficios y programas específicos relativos a salud, educación y trabajo, entre otros, el proceso de encuestas para determinar las carencias habitacionales para la postulación a programas de vivienda cumplía su plazo.
Este y otros temas se abordaron durante una jornada temática realizada el mismo 30 de junio en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago. Convocada por la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, la iniciativa generó un espacio de reflexión entre el Gobierno, representado por MIDEPLAN y el MINVU, y cerca de 200 asistentes sociales y encargados de oficinas de vivienda de diversos municipios del país, quienes pudieron plantear sus dudas y las dificultades que han debido sortear en la aplicación del nuevo modelo en lo que respecta a vivienda.
Algunas de estas dificultades habían sido informadas al Senado durante abril de 2008, tras dos sesiones especiales donde estuvieron invitados las municipalidades y el Subsecretario de MIDEPLAN Eduardo Abedrapo, para dar cuenta de los primeros resultados.
Durante la jornada temática, los parlamentarios integrantes de la Comisión de Vivienda, representados por su presidenteJaime Naranjo (PS), Jaime Orpis (UDI) y Hosain Sabag (DC), además de solicitar formalmente a MIDEPLAN la ampliación del plazo en 30 ó 60días para el caso de los deudores habitacionales, se refirieron a algunos de los reparos recogidos en esas sesiones.
Si bien el principal diagnóstico es que los municipios no dan abasto con la gran demanda surgida, surgen otros cuestionamientos:
No recoge el endeudamiento de las personas ni tampoco premia el esfuerzo de quienes mejoran su nivel socioeconómico y educacional; por el contrario, se les aumenta el puntaje y pierden así beneficio social; Sólo considera a los discapacitados y no a los aquejados por enfermedades, aunque éstas sean crónicas o severas, aunque en rigor, las enfermedades se consideran respecto a la dificultad que plantean en términos de la generación de empleo, porque se supone que el sistema de salud brinda las coberturas en este sentido.
También se mencionan entre los problemas recurrentes, las significativas variaciones que experimentan los puntajes familiares mes a mes, generando incertidumbre, y las dificultades operativas de las plataformas informáticas que sustentan este nuevo mecanismo.
El principal aspecto que diferencia a los dos instrumentos tiene que ver con su objeto de medición: mientras la CAS medía las carencias, permitiendo reconocer a aquellas familias que no contaban con las condiciones mínimas de subsistencia y que por tanto requerían del apoyo estatal, la Ficha de Protección Social mide el riesgo de una familia de experimentar una situación de vulnerabilidad de distinta índole.
Mientras el espíritu de la CAS era demasiado estático, pues la medición era vigente por dos años lo que "congelaba" la situación de una familia, la FPS es capaz de dar cuenta de manera permanente de las modificaciones que surgen en el tiempo, considerando edad, tamaño, composición y situación familiar, nivel de escolaridad, situación de salud e ingresos, teniendo en cuenta además riesgos como la pérdida de empleo o su precarización, enfermedad grave o muerte de un miembro de la familia, discapacidad, abuso de alcohol y/o drogas, entre otros.
De acuerdo a MIDEPLAN, la información que se obtiene a partir de la FPS permite elaborar puntajes especiales para beneficios y programas específicos, como ocurre con las carencias habitacionales, que permite postular a programas del Ministerio de Vivienda.
Respecto al ámbito educacional, la CAS sólo consideraba la educación del jefe o jefa de familia. Hoy la FPS agrupa todo el capital humano existente en un grupo familiar bajo el concepto de Capacidad Generadora de Ingresos.
Otra diferencia entre ambos instrumentos es respecto a la distinción de necesidades diferenciadas. Mientras la CAS no hacía dicha distinción, la FPS considera las diversas necesidades de quienes integran determinado grupo familiar, de acuerdo a su edad y condición de vida, utilizando para el cálculo del puntaje una escala de equivalencia y de necesidades especiales
En su rol de Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, Jaime Naranjo (PS) estimó necesario escuchar a los encuestadores municipales y la contraparte del gobierno para analizar la experiencia de aplicación de la nueva ficha. Luego de la jornada temática del 30 de junio, aseguró que “la FPS todavía no está bien asimilada en la lógica de los municipios. Hay algunos que aún no entienden cosas que tienen que ver con el puntaje, por ejemplo el hecho de que éste sea variable en el transcurso del tiempo”.
En esta línea, los senadores solicitaron la extensión del plazo de aplicación de la ficha. “Parece que la transición entre una ficha y otra ha sido y será más larga de lo que esperaba MIDEPLAN. Eso requiere comprensión por parte de este organismo”. También proyecta que quizás se tendrá que dotar de más recursos, “no sólo para encuestar, sino que para conseguir más personal capacitado”.
Naranjo destaca lo positivo al señalar que “No se puede desconocer que se pasó de 2 millones de encuestados a 8 millones, o sea, la mitad de la población chilena está registrada en la FPS”. También resalta la que, a su juicio, es una cualidad esencial del instrumento: “es una fotografía que va evolucionando, cosa que no ocurría con la CAS II, que era estática por tres años”.
Finalmente, puntualiza dos aspectos que debieran corregirse: considerar las enfermedades crónicas y severas del mismo modo que se hace con las discapacidades, e introducir un enfoque regionalista que diferencie las distintas realidades. “Son problemas que están presentes, y al menos en esta primera lectura, no están siendo reflejados”.
Jaime Orpis: “Me preocupa el cómo se hace la fila”
Para el Senador UDI por la Región de Tarapacá, la principal conclusión de la jornada temática, que por cierto estimó muy necesaria, tiene relación con el déficit presupuestario del modelo: “Como es una ficha muy dinámica, para poder ser efectiva respecto a las distintas variables que se pueden ir chequeando y solicitando por parte de los mismos interesados, pienso que será necesario considerar un presupuesto adicional, para tener los encuestadores que se requieran al interior de las municipalidades para cumplir ese propósito”.
Orpis se refirió también a los cuestionamientos que se hicieron a la lógica de la ficha: “Aporta datos sobre la vulnerabilidad, pero muchas veces no refleja el problema de la pobreza dura. Tanto es así que no lo reflejó en los programas de vivienda, donde tuvieron que poner los parámetros de carencia, sino era imposible. Yo podría asegurar que, de no existir el proyecto de ley que aumentó la cobertura y el universo de personas beneficiarias, habríamos tenido serios problemas”.
En lo que respecta al aporte que puede hacer la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado que integra, cree necesario “cerrar el ciclo”. “Convocamos una primera jornada, donde invitamos a asistentes sociales de la Región del Bío Bío, quienes nos dieron la voz de alerta con respecto a algunas cosas. De ahí surgió la necesidad de convocar este seminario”, apunta. “Personalmente, voy a seguir monitoreando el tema, porque lo que debe perseguir una ficha social es que, ante subsidios monetarios que aporta el Estado, quede claro: ¿Cómo se hace la fila? ¿Quiénes entran primero y quiénes entran después? Para mí, siempre debieran entrar primero las personas más modestas”.
