Acceso a la conectividad digital: ¿Un derecho constitucional?
por rherranz
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Última modificación
31/07/2008 16:07
Acceso a la conectividad digital: ¿Un derecho constitucional?
Establecer la conectividad a las redes digitales como un derecho constitucional es la idea promovida por un grupo de parlamentarios oficialistas, encabezados por el PPD Jorge Insunza y el Independiente Esteban Valenzuela, quien comenta que “hemos estado trabajando para lograr que Chile entienda que así como se entregan servicios de salud y agua potable, el acceso a Internet sea también considerado un servicio básico. Para esto lo primero es reconocerlo como derecho, y luego garantizar la accesibilidad a éste en la Constitución, porque en base a eso podemos pedir que el estado se fije metas más concretas en lo que respecta al subsidio a la demanda".
La iniciativa de reforma constitucional ingresó a la Cámara de Diputados en octubre de 2006 y aún sigue en su primer trámite, situación que lamenta Valenzuela, unos de los principales promotores de legislación para Internet en el parlamento: “No ha habido ánimo para legislar, falta que los colegas de la Comisión de Constitución y Legislación entiendan que éste no es un acto populista, que primero tiene que estar el marco constitucional para poder ir después con leyes específicas, y que Chile puede, que tiene los recursos fiscales para ponerse metas más ambiciosas en torno, por ejemplo, al Bicentenario”.
A pesar de los contratiempos, el diputado Valenzuela ya está trabajando en nuevas propuestas relativas a la conectividad. “Estamos generando un gran proceso de promoción digital, con una ley que promueva, autorice acciones, ponga exigencias, se coloque metas más ambiciosas e incentive al sector privado y público”.
Algunos planteamientos preliminares de la propuesta incluyen autorizar a los gobiernos regionales y municipios a invertir o financiar proyectos de acceso digital y a licitar incentivos concursables a empresas, ONGs o cooperativas que creen sistemas gratuitos o baratos de acceso a internet, y que para el año 2010, tanto los organismos públicos como las empresas de servicios hayan implementado vía Internet al menos el 70% de sus trámites y sistemas de pago.
