De los diputados que en 1997 presentaron el proyecto de ley que derivó en la promulgación –cuatro años después- de la actual Ley del Sida, la única que permanece en ejercicio es la diputada María Antonieta Saá (PPD), quien recuerda por qué el principio de la confidencialidad marcó la elaboración de una iniciativa legal que hoy ha sido puesta en el banquillo, tras la polémica desatada en Iquique.

“Cuando discutimos la ley, el tema de la confidencialidad fue super importante porque sabíamos que se trataba de una enfermedad que ha estigmatizado a las personas que la padecen, sobre todo en esa época (1997)”, señaló.

“Al principio causó mucho rechazo este proyecto y nos tomó muchos años aprobarla porque había muchos prejuicios sobre el tema, incluso entre los parlamentarios”, acotó la diputada  Saá.

“Con todo lo que escuchamos y vimos durante la tramitación de la ley, llegamos a la conclusión y era una convicción entre quienes presentamos la ley, que la confidencialidad era fundamental porque con los prejuicios existentes se podía destruir a una persona”, explicó.

Hoy día, la parlamentaria reconoce que los tiempos son distintos, que la sociedad está más abierta frente al problema del Sida, aunque de todas formas advierte: “Yo siento que todavía existe un prejuicio grande y por eso en su momento fuimos muy cuidadosos en que las personas encargadas de entregar la noticia a una persona infectada, tenían que ser gente especializada que pudiesen contener al afectado sicológicamente”.

Su colega Roberto Sepúlveda (RN), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, coincide en que no es necesario hacer modificaciones a la ley, sobre todo porque a su juicio, está absolutamente claro cuáles son las prioridades a la hora de enfrentar la propagación del Sida.

“Lo que siempre debe primar es el interés de la salud de la población, por sobre cualquier derecho personal. Cuando se trata de materias sanitarias, el interés de la salud pública está por sobre los intereses personales”, declaró.

“Lo que hay que hacer es aplicar el reglamento, aplicar las leyes que en nuestro país estipulan que frente a una situación de emergencia sanitaria, las autoridades tienen todo el respaldo legal para operar.

En la misma línea, el parlamentario aludió al dictamen de la Contraloría General de la República que relativizó el principio de confidencialidad como argumento para no informar que una persona está infectada con el VIH, manifestando que la autoridad sanitaria debe resguardar especialmente la salud de la población “y cuando hay un riesgo inminente la confidencialidad se podrá mantener, pero eso no obsta a que se tomen las medidas en pos del interés público”.

“Aquí hubo una mala interpretación de la ley. No se trata de publicar que fulano tiene Sida, sino de que la autoridad sanitaria le pida a Carabineros o a Investigaciones que cite o busque a tal persona, como se hacía antiguamente cuando a uno lo mordía un perro con posible riesgo de rabia y a uno lo iba a buscar la policía a la casa. Y eso no significaba que uno fuera un delincuente”, concluyó.