Una de las funciones del Servicio Nacional de Menores (Sename) es proteger los derechos de niños y de las sanciones que puedan recibir algunos jóvenes que han delinquido. 

A raíz de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, este servicio debe recibir a los adolescentes enviados por los tribunales de justicia para esperan sanción o cumplir las sentencias ya dictadas.

Otra tarea es trabajar para la rehabilitación en ámbito socieducativos y para esto se hacen necesarios los centros para implementar los programas.

Actualmente especialistas están asesorando al Sename en el proceso de diseño de nuevos centros cerrados, con una inversión de más de $ 9 mil millones durante este.

De cómo ha enfrentado este servicio la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los aspectos de a perfeccionar y de la factibilidad de rehabilitación de los jóvenes, habla el director del Sename, el abogado Eugenio San Martín Truffy.

¿Existe a nivel de gobierno o institución satisfacción respecto de los objetivos que motivaron Ley 20.084 y lo que actualmente se está aplicando? 

Los objetivos principales de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es que los jóvenes se hagan responsables de los hechos que cometieron y que sean reinsertados socialmente. Los programas que se están aplicando tanto en el medio libre como en el medio cerrado obviamente apuntan hacia esos objetivos. Aún es un poco prematuro saber si el objetivo de la reinserción social se está cumpliendo, ya que se necesitan algunos años más de aplicación para estudiar seriamente ese tema.   

En cuanto al comportamiento general del sistema, se ha cumplido una de las aspiraciones de la ley, como es el uso de las medidas de medio libre. Cerca del 68% de las sanciones a cargo del Sename, se realizan en estos programas.

En los centros cerrados y semicerrados en cambio, la demanda ha sido menor a la esperada y hay menos jóvenes condenados que los que se proyectaban. Sin embargo, el uso de la internación provisoria ha sido mucho mayor y en la actualidad, el 72% de los jóvenes que están en nuestros centros cerrados, están bajo esta medida. Esto representa una dificultad especial para Sename, porque la transitoriedad de esta medida hace que sea muy compleja la intervención con quienes están bajo este régimen.

¿Qué aspectos se pueden perfeccionar?

Hay varios aspectos que pueden perfeccionarse y en eso estamos trabajando fuertemente. Por ejemplo, se ha avanzado en condiciones de infraestructura, en la oferta educacional y laboral, y también en seguridad y mejores condiciones para nuestros trabajadores. Pero nos hacemos cargo y asumimos que falta por avanzar, en calidad y cobertura, porque la ley exige altos estándares de gestión e intervención. Como en todo sistema nuevo de gran complejidad, como es para Chile la justicia penal juvenil, se debe estar en un proceso permanente y continuo de mejoramiento.

¿Se requiere más especialización de los actores, como jueces, fiscales y defensores?

Bueno, los diversos actores del sistema de justicia juvenil han realizado importantes esfuerzos por capacitarse respecto a la ley y su aplicación. Sería deseable una especialización mayor, pero hay que recordar que se trata de un sistema penal nuevo, y estamos seguros que año a año se irá perfeccionando en todos sus ámbitos.    

Creemos que también es importante apostar por una mejor coordinación de todo el circuito judicial que tiene que ver con la aplicación de la ley, para ir resolviendo dificultades o nudos que se van produciendo.

¿Qué nos puede decir de los cuestionamientos que han recibido respecto de las condiciones de infraestructura y gestión de los centros del Sename?

El gobierno ha asumido y ha relevado la importancia de entregar una intervención de calidad a los jóvenes infractores de ley. La Presidenta de la República anunció en su discurso de mayo último la creación de 10 nuevos centros alto estándar en los próximos años y con eso mejorará sustancialmente el nivel de la infraestructura para la aplicación de la ley.

Respecto a nuestra capacidad de gestión, estamos en permanente reflexión y revisión. Sin duda falta avanzar y debemos mejorar nuestra capacidad de gestión interna, y estamos trabajando en ello.

Estamos trabajando un proyecto con la agencia alemana GTZ, el que incluye un diagnóstico y el diseño de nuevos instrumentos, con el objetivo de fortalecer y mejorar la gestión técnica y administrativa en el área de responsabilidad penal adolescente. Esta iniciativa incluye algunos de los 17 centros privativos de libertad con que contamos y también programas de instituciones acreditadas que ejecutan sanciones en el medio libre. Además, y esto me parece de gran importancia, considera la participación de los funcionarios

¿Existe realmente la posibilidad de rehabilitación de los jóvenes o se necesita inyectar más dinero, mejoramiento de programas u otro tipo de esfuerzo?

La reinserción es posible. Obviamente, siempre habrá casos más complejos en los cuales es probable que no logremos la reinserción, porque el modelo delictual ya está muy internalizado, porque no existe apoyo familiar para que el joven deje el camino de la delincuencia, etc. pero en muchos otros se puede lograr que los adolescentes vean otros caminos para su futuro.

El Sename y su red de organismos colaboradores acreditados otorgan atención a 10 mil adolescentes infractores de ley, tanto en sus programas de medio libre como de régimen cerrado. De ellos, algo más de 1.300 están en centros privados de libertad. Se trata de jóvenes que en su gran mayoría provienen de las familias socialmente más excluidas del país, con padres que no ejercieron de la mejor manera sus roles protectores, que aproximadamente en un 70% presenta consumo abusivo de drogas y en un porcentaje similar está fuera del sistema escolar.

Ese perfil muestra lo complejo que puede ser reinsertarlos socialmente, pero estamos trabajando para seguir avanzando en la calidad y cobertura de nuestros programas. Por ejemplo, por primera vez podemos ofrecer a los adolescentes infractores de ley programas de rehabilitación en drogas en todos nuestros centros, los que están a cargo del Conace.

Hay programas de reescolarización en todos los establecimientos, que permiten a los jóvenes dar luego exámenes libres. En algunos centros contamos con escuelas y junto al Ministerio de Educación, estamos trabajando en diseñar un currículo y una metodología adecuada para este grupo de jóvenes, porque necesitamos que la oferta educacional para ellos sea de la mayor calidad posible.

Existen talleres pre laborales en todos los centros cerrados, pero además, y esto es de gran relevancia, estamos impartiendo cursos de formación para el trabajo a cargo de Inacap en cinco de los centros más poblados del país. Se trata de una capacitación que no requiere tener cursada la enseñanza media, ya que la mayor parte de los adolescentes infractores de ley desertaron tempranamente del sistema escolar. Los jóvenes recibirán una acreditación de Formación por Competencias que los habilita para trabajar. Creemos que ese es el camino: seguir mejorando e invertir los recursos que son necesarios.

¿Qué se está haciendo o qué planes están en mente para contribuir a la reinserción social de los adolescentes que delinquen? ¿En cuántos centros del Sename existe un apoyo educativo?

Hemos cumplido el compromiso establecido antes del inicio de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente y podemos asegurar que existe oferta socioeducativa en todos nuestros centros.

Los 17 centros cerrados cuentan con educación básica y media. Esa era una de las grandes necesidades antes del comienzo de la ley. Hay en todos los centros talleres pre laborales como mueblería, panadería, gasfitería, estructuras metálicas, corte y confección, etc. y de ocupación del tiempo libre, con cursos de pintura, mosaico y cerámica, por ejemplo.

Además, en seis centros, tenemos cursos de capacitación impartidos por Inacap. Estos cursos son: gastronomía, asistente eléctrico, armado y reparación de computadores, mueblería, que permitirán que los jóvenes salgan con una certificación que los habilita para trabajar tras haber cumplido sus sanciones en Sename.

¿Le atribuye usted alguna responsabilidad a los medios de comunicación o a las autoridades por estigmatizar muchas veces a los jóvenes, escondiéndose por ejemplo la falta de oportunidades laborales y/o educacionales?

Bueno, es innegable la importancia del rol de los medios de comunicación en el desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas como las que implementa el Sename. Ciertamente, cuidando siempre que ese rol de informar, legítimo e indispensable en un sistema democrático, se dé en un marco de respeto por los derechos de los adolescentes que infringen la ley, evitando discriminarlos y estigmatizarlos.

Hay que reconocer que muchas veces los no sólo dan cobertura a los delitos cometidos por adolescentes, sino que también intentan buscar las razones que se ocultan tras este problema, pero claramente la excesiva exposición a los delitos cometidos por menores de edad influye en la percepción que tiene la opinión pública acerca de los jóvenes en general y de los infractores de ley en particular.

El ministro del Interior ante los últimos hechos delictivos señalaba que los muchachos/as se amparan en las leyes que los protegen ¿Es tan así, la ley los protege realmente?

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece un rango de imputabilidad a partir de los 14 años, y el sistema de responsabilidad creado debe, lo mismo que el sistema penal de adultos, asegurar los derechos fundamentales de todos los involucrados en un delito, incluido los imputados.

Los menores de 14 años que estén involucrados en actos delictuales no son responsables penalmente y, de acuerdo con la ley, quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales de familia para la determinación de las medidas de protección que correspondan. Sin duda este fenómeno de niños menores de 14 años que participan en la comisión de delitos nos obliga a desarrollar programas de intervención focalizados en ellos. Además, es fundamental fortalecer los programas y acciones de prevención que existen en la actualidad, los cuales constituyen un elemento esencial de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que coordina el Ministerio del Interior. 

Los expertos en su momento señalaron que no estaban las condiciones para comenzar a operar y sin embargo el gobierno emprendió la marcha diciendo que ya vendrían las mejoras, ¿Qué mejoras se han  implementado?

Bueno, creo que los avances ya los he descrito a lo largo de esta entrevista, pero me gustaría insistir respecto al anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet sobre la construcción de 10 nuevos centros de alto estándar para infractores de ley, porque esto significará una transformación total del Sename en esta área.

Estos centros han sido diseñados especialmente para las necesidades de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con estándares internacionales y con una intervención altamente especializada, mejorando los niveles de infraestructura, intervención y gestión.

Estos centros tendrán una capacidad promedio de 72 jóvenes (actualmente son 120 a 150 jóvenes), lo que permitirá una atención más personalizada, mayor seguridad y mejores condiciones para los funcionarios.

En el interior de estos establecimientos habrá programas especializados en reinserción, enseñanza básica y media, capacitación laboral y talleres productivos. Además, existirán condiciones que permitirán minimizar el impacto negativo del encierro en los jóvenes como mayores espacios abiertos, lugares especialmente acondicionados para las visitas de las familias y otros.

¿Usted cree que efectivamente el aumento de las penas y la rebaja de la edad de imputabilidad sea una solución, o es una forma de calmar a la ciudadanía ante sus demandas de seguridad?

Evidentemente que rebajar la edad de responsabilidad penal a los 14 años, por si sola no es una medida que frene la comisión de delitos por parte de los jóvenes, ya que hay muchos otros factores que influyen. Uno de ellos es de la exclusión social que aún existe en Chile; también podemos mencionar la deserción escolar y la droga. La droga es un factor que hace que muchos adolescentes delincan, aunque en otras circunstancias, es decir, sin la presencia de la adicción, quizás nunca hubieran llegado a cometer un delito.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente no se hizo para calmar a la ciudadanía, ya que era un imperativo que Chile tuviese una justicia juvenil especial, diferente a la de los adultos, como lo demanda la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en 1990. Porque es bueno recordar que el espíritu de la ley no es el castigo por el castigo, sino la reinserción de los jóvenes, a través de programas tanto que los orientan para que se hagan responsables de los delitos que han cometido y del daño que han provocado a otros.