Actualmente en el Congreso Nacional existen diferentes proyectos que pretenden modificar la Ley de Responsabilidad  Penal Juvenil o regular aspectos relacionados a la responsabilidad de los adolescentes frente a hechos delictivos y complementar ciertos aspectos que no han sido abordados en la legislación nacional.

Uno de ellos impone la sanción de libertad asistida especial, en lugar de la internación en régimen semi cerrado.

El proyecto plantea dar al juez la posibilidad de optar por una sanción distinta de la de internación en régimen semicerrado, con programa de reinserción social conforme a la apreciación que tenga de las necesidades de reinserción del adolescente y las condiciones existentes para el cumplimiento de la misma, pudiendo aplicar la libertad asistida especial si fuere procedente.

El texto legal agrega un artículo 5° transitorio a la Ley N° 20.084, permitiendo que durante el primer año de vigencia de esta ley, en todos los casos en que resulte procedente la aplicación de la sanción de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, el juez pueda aplicar en su reemplazo y por el mismo tiempo de duración, la sanción de libertad asistida especial.

Los autores del proyecto los diputados Guillermo Ceroni, Pedro Araya, Jorge Burgos, Antonio Leal, Carlos Montes, Eduardo Saffirio, y Laura Soto explican en él, que para la aplicación de la medida de internación en régimen semicerrado, es necesario contar con la capacidad material para lograr una óptima reinserción.

Otro de proyecto pretende que los directores de los centros de detención en régimen semicerrado entreguen informes cada dos meses a los jueces y que exista un plazo máximo de 10 meses para realizar investigaciones judiciales que involucren a adolescentes.
Estos informes se deben referir acerca del cumplimiento de las medidas para la educación del menor y de las actividades de formación, socioeducativas y de participación, así como de la evolución que presenta el adolescente respecto de su aplicación.

Asimismo el director de un centro en régimen cerrado con inserción social, deberá rendir este informe bimensual al tribunal, respecto del cumplimiento de los objetivos establecidos en cuanto a reinserción escolar, participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación laboral y personal, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas.

Establece un plazo máximo de 6 meses para que el fiscal cierre la investigación,  salvo que el juez le haya fijado un plazo inferior, sin embargo el fiscal podrá requerir dos veces, mediante solicitud fundada, que se amplíe como máximo dos meses en cada oportunidad. En ningún caso la investigación podrá durar más de diez meses.
Por último, si el imputado por una infracción a la ley penal cumple los 18 años de edad durante la tramitación del procedimiento, seguirá sujeto a las normas del sistema de responsabilidad penal juvenil en cuanto al cumplimiento de sanciones.

Esta es una moción de los diputados UDI, Marisol Turres, María Angélica Cristi, Marcela Cubillos, Claudia Nogueira, Rodrigo Álvarez, Gonzalo Arenas, Enrique Estay, José Antonio Kast, Gonzalo Uriarte y Felipe Ward, la cual debe ser analizada ahora por el Senado, en segundo trámite constitucional.

Esta moción plantea la obligación de los defensores y fiscales de buscar un mecanismo que permita la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley que tengan dependencia de sustancias ilícitas y de alcohol.

La iniciativa que fue derivada a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señala que “en todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos”.
Por ello, tanto los jueces como los fiscales y defensores “deberán propender a la rehabilitación de adolescentes con problemas de dependencia de sustancias ilícitas y de alcohol”.

De ahí que cada vez que, producto de un ilícito salga a relucir el consumo habitual de dichas sustancias, “deberá buscarse un mecanismo que permita la rehabilitación del adolescente, ya sea, con un tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o el alcohol, o con alguno otro, que fortalezca la rehabilitación y la reinserción social del menor”.

Asimismo, cada vez que el juez, a través de la evidencia presentada por la Fiscalía o la Defensoría tome conocimiento de que un adolescente infractor es consumidor habitual de drogas o alcohol, “deberá propender a un tratamiento de rehabilitación del menor, para lograr así su reinserción social”.

El proyecto busca dar mayor seguridad a los jóvenes arrestados, sometidos a medidas cautelares y privativas de libertad, así como a los funcionarios encargados de hacerlas cumplir.

El texto modifica la Ley N° 20.084 para admitir la presencia de gendarmes al interior de centros cerrados de detención de jóvenes "por razones de seguridad y para colaborar en la mantención del orden y acatamiento del régimen interno determinado por el Servicio Nacional de Menores".

En el proyecto se señala que "las modalidades específicas, número, condiciones y tiempo de permanencia de la guardia interna en cada centro o sección del mismo, deberá concordarse entre el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería de Chile".

Además contempla que los jóvenes que lo requieran podrán recibir atención terapéutica del Estado para tratamientos de rehabilitación por adicción a drogas o alcohol, en caso de acordarse una suspensión condicional del procedimiento, salvo que estén procesados por delitos de homicidio, violación u otros de similar gravedad. Y faculta al juez para ordenar al imputado someterse a dichos tratamientos, durante el procedimiento y como medida cautelar especial.

El proyecto establece la prohibición respecto de particulares de tener o portar armas de fuego en lugares destinados a la habitación, y a su vez, ordena la requisición de todas aquellas armas de fuego, estén o no inscritas legalmente, y que se encuentran en poder de particulares en lugares destinados a habitación.

Este proyecto de ley se relaciona con los adolescentes en el sentido de que aumenta la responsabilidad civil de los padres por los delitos cometidos por sus hijos en actos de violencia masiva, no importando si el hecho sucedió fuera de su presencia.
La responsabilidad recaerá en los padres, si en la investigación se vislumbra que ellos no han tenido una vigilancia activa sobre sus hijos.