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Las leyes que protegen a nuestros pueblos originarios


29 de junio 2011

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Desde 1998, cada 24 de junio se conmemora en Chile el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, según fue decretado por el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como un reconocimiento al valor de las comunidades autóctonas de nuestro país. La fecha elegida como día oficial es, además, el día en que muchas culturas indígenas de América del Sur celebran el Año Nuevo con el solsticio de invierno.

 

Este 2011, la celebración fue la oportunidad para que una delegación de dirigentes y autoridades mapuches entregara las conclusiones de la mesa de diálogo que convocó el Ejecutivo para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos originarios y fortalecer su protección y respeto a nivel nacional. El documento formal fue recibido por el Presidente Sebastián Piñera.

 

Entre las demandas que contiene el documento entregado al Jefe de Estado, figura la reforma para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que se tramita actualmente en el Congreso.

 

Se trata de una propuesta del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet que se suma a la firma por parte de Chile del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según este convenio, los países adherentes deben asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos de los pueblos indígenas a través de medidas que aseguren igualdad de derechos y oportunidades y eliminen las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre las etnias y el resto de la comunidad nacional.

 

“Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”, señala el Artículo 13 del Convenio, agregando que “la utilización del término ‘tierras’ (…) deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Sobre este punto, se especifica que se debe reconocer el derecho de propiedad y de posesión de los pueblos interesados “sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.

 

De la misma forma se debe proceder, según el Convenio, con los derechos sobre los recursos naturales existentes en sus tierras, los que deberán protegerse especialmente y sobre los cuales las etnias tendrán derecho de utilizar, administrar y conservar.

 

La Ley Indígena

 

Sin embargo, la legislación chilena distingue y protege a los pueblos originarios desde el 5 de octubre de 1993, cuando fue publicada en el Diario Oficial la Ley 19.253 que estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y que creó además la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

 

Conocida simplemente como la “Ley Indígena”, esta normativa reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de quienes habitaron nuestro territorio desde antes de la llegada de los conquistadores europeos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias y que para ellos la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura.

 

Las principales etnias indígenas de Chile son:

 

-         Mapuche

 

-         Aymara

 

-         Rapa Nui o Pascuense

 

-         Atacameños

 

-         Quechuas

 

-         Collas

 

-         Diaguitas

 

-         Kawashkar o Alacalufe

 

-         Yámana o Yagán

 

 

 

“Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”, señala el Artículo 1º de la Ley Indígena.

 

Legalmente, a quién se le considera indígena? A todas las personas de nacionalidad chilena que cumplan con los siguientes requisitos:

 

-         Ser hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de su filiación, inclusive la adoptiva

 

-         Ser descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena

 

-         Tener un apellido no indígena, pero acreditando su procedencia indígena por tres generaciones

 

-         Mantener rasgos culturales de alguna etnia indígena: práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena

 

 

 

La protección de las culturas e idiomas indígenas contempla su uso y conservación, junto al español, en las áreas de alta densidad indígena, y el establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad programática que posibilite su conocimiento adecuado. Y en la educación superior, la ley estipula la promoción y el establecimiento de cátedras de historia, cultura e idiomas indígenas.

 

También se establece que las radioemisoras y canales de televisión de las regiones de alta presencia indígena deberán difundir programas en idiomas originarios, aunque el Estado también deberá apoyar la creación de radioemisoras y medios de comunicación indígenas.

 

Pero la ley no sólo protege a quienes forman parte de las comunidades indígenas, sino que también castiga a quienes los discriminen en forma manifiesta e intencionada, aplicando multas que pueden llegar a cinco ingresos mínimos mensuales.

 

Un compendio con las leyes más importantes en favor de los pueblos indígenas se puede ver aquí.

 

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

 

Para llevar adelante las políticas públicas de protección y fomento de las culturas originarias, la Ley 19.253 creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), dependiente del Ministerio de Planificación y con su sede principal en la ciudad de Temuco, Región de la Araucanía.

 

Este organismo es el que tiene la responsabilidad de “promover, coordinar y ejecutar (…) la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional”.

 

La CONADI debe administrar también el Fondo de Desarrollo Indígena, destinado a financiar programas especiales dirigidos al desarrollo de nuestras etnias, tales como planes de crédito, sistemas de capitalización y otorgamiento de subsidios comunitarios e individuales.

 

La defensa jurídica de los indígenas en conflictos sobre tierras y aguas también forma parte de las responsabilidades de la Corporación, así como velar por la protección de las tierras indígenas y posibilitar a las comunidades el acceso y ampliación de éstas. Pero también la CONADI puede recibir como donación de otros organismos públicos o de personas privadas, bienes raíces o derechos de agua para asignarlos a comunidades o personas indígenas.

 

Proyectos de ley en tramitación

 

En materia legislativa, la mayoría de los proyectos de ley presentados en los últimos años en favor de las etnias originarias, tienen que ver con propuestas para resaltar la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, declarando feriado el 24 de junio de cada año.

 

Este es el caso de la moción presentada por un grupo transversal de diputados en julio de 2010 o la iniciativa que ingresó a trámite el senador Camilo Escalona (PS) en junio del mismo año.

 

Una moción del senador Jaime Quintana (PPD) propone incluso reemplazar el feriado del 12 de octubre (Día de la Raza o de la Hispanidad) por el día festivo del 24 de junio, iniciativa que también impulsaron en su momento los ex senadores socialistas Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo a través de un proyecto de ley conjunto.

 

Y desde el Poder Ejecutivo, durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet se enviaron tres mensajes que proponen, respectivamente, una reforma para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, un proyecto de creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y la Agencia de Desarrollo Indígena, y una propuesta para crear la Subsecretaría de Asuntos Indígenas.






 
 

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