El SEIA de nuestro país es un instrumento preventivo que permite a la autoridad competente tomar decisiones respecto a un proyecto y a sus probables impactos ambientales, de modo que se puedan adoptar las medidas que permitan prevenir, mitigar o (de ser posible) eliminar estos impactos. 

La actividad a desarrollar deberá someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) si es susceptible de: generar un daño ambiental, representar riesgos para la salud de las personas; alterar significativamente los sistemas de vida o costumbre; localización próxima a población, recursos y áreas protegidas; impactar el paisaje y la actividad turística; alterar monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico o que afecte el patrimonio culturar. En caso contrario sólo vasta la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), proceso que no requiere de antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental.

Lo aplica la CONAMA y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMA) bajo el estándar del desarrollo sustentable, calificando cada proyecto por medio del sistema de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Pero la fiscalización ha dado claras señales de vulnerabilidad, y uno de los parlamentarios convencidos de esto es el Senador PS Alejandro Navarro, quien con tres proyectos de ley ingresados de manera individual, es el más activo promotor de iniciativas tendientes a perfeccionar la ley medioambiental chilena.

Uno de estos proyectos establece el delito de falsificación de los DIA y los EIA, tomando en consideración casos emblemáticos como el del Tranque El Mauro en Los Vilos -donde se habrían borrado datos de informes arqueológicos que pondrían en riesgo la aprobación del proyecto- y el Estudio de Impacto Ambiental falso presentado para la construcción del vertedero Santa Alicia en Coronel. El proyecto de ley propone una pena de presidio menor en su grado mínimo, más la pena de suspensión del ejercicio de la profesión de quien cometa el delito, por el doble de tiempo que dure la condena. 

También se ha detectado otra falencia del sistema: la ampliación de los proyectos de inversión después de haber sido revisados y aprobados, tomando nuevamente como ejemplo el caso de Minera Los Pelambres y su proyecto El Mauro, donde se intentó “aumentar la capacidad de operación mediante la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental, y no a través de un estudio, que sería lo deseable dado el nivel de intervención sobre el medio ambiente que tiene un proyecto minero de tal envergadura”. Este segundo proyecto de ley buscará cerciorarse de que toda modificación de un proyecto ya aprobado “será evaluada en conjunto con éste, a efectos de establecer su impacto integral”, obligando además a que esta evaluación se realice siempre mediante un EIA.

El tercer proyecto en curso, ingresado por Navarro en marzo de 2007, consiste en agregar una nueva causal para elaborar un EIA, para casos de “producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habitual de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas y reactivas”. El caso que activó esta iniciativa fue el grave accidente ambiental en Constitución, VII Región de Chile, ocasionado por el descarrilamiento de un tren de Celulosa Arauco que transportaba ácido sulfúrico, hecho ocurrido en enero del 2007.

Finalmente, el mismo Navarro, junto a los senadores Baldo Prokurica (RN), Guido Girardi (PPD) y Antonio Horvath (RN), presentaron a comienzos de abril del 2008 un proyecto que promoverá el uso de energías renovables y la construcción de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, perfeccionando de manera específica el Código de Aguas para hacerlo más dinámico en relación a la obtención de los derechos de aguas, que a juicio de los patrocinantes, hoy es largo y engorroso.