por rherranz
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Última modificación
31/07/2008 15:59
Promoviendo la fiscalización ciudadana
Diputados oficialistas ingresaron en enero de 2008 un proyecto que, además de incrementar las multas para los entes contaminantes, reconoce “la carencia de medios con que cuentan los distintos órganos del Estado” para perseguir las infracciones a la ley medioambiental vigente, por lo que propone “otorgar a la ciudadanía en general y a las organizaciones ambientales en particular, la posibilidad y la responsabilidad de deducir las acciones pertinentes en caso de daño ambiental”, argumentando entre otros puntos, que se trataría de un mecanismo para hacer partícipe a la ciudadanía de la protección del medio ambiente, “con el objeto de que ésta se constituya en el mayor fiscalizador del cumplimiento de las normas ambientales”.
No se trata del único proyecto en esta línea. Desde junio de 2007 se encuentra en trámite legislativo –en manos de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente- una segunda iniciativa de origen oficialista que permitiría a las organizaciones ciudadanas y a las personas naturales directamente afectadas por un proyecto de alto impacto, participar de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) planteando “reparos, observaciones y eventualmente exigiendo modificaciones o mitigaciones a fin de preservar los ecosistemas y la calidad de vida de la comunidad”. Cabe recordar que la ley actual establece obligación de participación ciudadana en lo que respecta a Estudios de Impacto Ambiental (EIA), pero no así para el caso de las DIA.
Similares planteamientos presenta un proyecto ingresado en enero del mismo año, firmado por la diputada del PPD Carolina Tohá, que busca promover la participación ciudadana a partir de la ratificación del artículo 4º de la LBGMA que señala como un deber del Estado Chileno el “facilitar la participación ciudadana y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente”.
