Modernización del Estado: más que luchar contra la corrupción

Modernizaciones en las últimas décadas

Si bien muchos proyectos de ley pueden considerarse dentro del concepto (concurso público para parientes de autoridades, probidad, aumento de responsabilidad para directores de empresas públicas, entre muchos otros), en la últimas décadas hay procesos que se pueden identificar como parte de un intento de transformar al Estado de manera más o menos global.

Durante el régimen militar los cambios básicamente apuntaron a regulaciones que permitieron una liberalización del funcionamiento del mercado, mientras la descentralización apuntó a una municipalización poco participativa y dependiente de un poder central fuerte.

Con la llegada de la democracia  en 1990, el gobierno de Patricio Aylwin creó una serie de instituciones; Segpres, Senama, Conado, Fosis, Fonadis, AGCI y Conama. Sin embargo, la realidad demostró que la formulación de políticas públicas, la creación de organismos y asignación de recursos no eran garantía de una adecuada gestión ni implementación de los programas. Prueba de ello es que parte importante de los cambios que piden diferentes sectores tienen relación con la evaluación de impacto de aquellos.

Al mismo tiempo que se democratizaron los gobiernos municipales, se aumentaron los salarios del sector público y se formalizó existencia de asociaciones de funcionarios.  También fue importante la modernización de Servicio de Impuestos Internos, Fonasa, Tesorería General de la República y el Registro Civil, donde destaca la gestión de “intraemprendedores públicos”. Estos lideraron el proceso y asumieron riesgos en el camino, como fue el caso de Javier Etcheverry en el SII, quien que implementó exitosamente el concepto de "e-government" en la repartición, y Álvaro Erazo, que guió los cambios en el Fondo Nacional de Salud.

Últimos 15 años

Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle: Por primera vez se trabajó en una agenda modernizadora transversal, que apuntaba a calidad de servicio, transparencia, probidad, gerencia pública y uso de tecnologías de la información. Así nació Chile Compra y el proyecto de gobierno electrónico.

Bajo su mandato se impulsó la Reforma Educacional, que ya había empezado bajo el gobierno de Patricio Aylwin como Programa de Mejoramiento de la Educación. Se aumentó la jornada escolar, elevando las remuneraciones de los profesores y aumentando las horas de escolaridad.

También se preocupó de mejorar la infraestructura del país, a través de un sistema de concesiones, abriendo al sector privado la posibilidad de construir puertos, carreteras, aeropuertos, etc.- Empezó la reforma al sistema judicial  y fortaleció las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC.

Gobierno de Ricardo Lagos: Avanzó y finiquitó muchas obras empezadas por su antecesor, como la Reforma Procesal Penal. También creó una nueva Constitución,  aunque haya voces que hablan de que sólo es un saludable mejoramiento de la anterior. Ésta recoge muchos elementos de la de 1980, colocándola más a la par de sus símiles democráticas del mundo. Puso fin a la existencia de senadores designados y vitalicios, terminó con la inamovilidad de los comandantes de las FFAA y definió al Ministerio Público como organismo autónomo.  

El Fiscal Nacional, máxima autoridad del Ministerio Público, es elegido también por el primer mandatario de entre una quina propuesta por la Corte Suprema, y ratificado por al menos dos tercios de la cámara alta.

Una importante iniciativa fue la Agenda de Modernización del Estado, que fue apoyada tanto por los partidos oficialistas como por la oposición.

 La Agenda de Modernización del Estado

La crisis del caso MOP-Gate, durante el gobierno de Ricardo Lagos, generó el espacio para este acuerdo gobierno-oposición. Su principal logro fue la creación del Servicio de Alta Dirección Pública (SADP), organismo autónomo compuesto por cinco consejeros, que está encargado de seleccionar altos directivos del sector público de las empresas de administración civil del Estado. El SADP se rige por la Ley Nº 19.882.

Agenda de probidad

En 2006 la Presidenta de la República Michelle Bachelet instaló la llamada “Agenda de probidad, transparencia y modernización”. En ella se amplió el alcance del número de empresas incluidas en el Servicio de Alta Dirección Pública y se adelantó la implementación completa del mismo para el 2007 (el plazo original era el 2010). A la fecha de esta nota son 101 las empresas que funcionan bajo el SDAP.

También se trabajó en la creación de un órgano autónomo que garantice el acceso a la información y el principio de “transparencia activa” de las instituciones del Estado, además de una serie de medidas que apoyen la transparencia en la gestión de recursos y la creación de una Agencia Nacional de Políticas Públicas, que evaluará el impacto de las mismas y su eficiencia.

“El Estado que Chile necesita” 

El ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma propuso un acuerdo en el que gobierno y oposición trabajaran para reformar el Estado y combatir la corrupción. En el índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional 2007, Chile está en el lugar número 22 del mundo. Destacó la necesidad de una mirada  transversal, más allá de cada ministerio, a fin de generar políticas públicas transversales. Lo mismo para que éstas sean fruto de acuerdos estratégicos de largo plazo que no dependan de cada gobierno.

Avances en el SDAP, cambios en la Contraloría (pasando de un control formal y previo a uno más profundo, aleatorio y posterior), dotar al Estado de la capacidad de ofrecer remuneraciones competitivas para atraer a los mejores profesionales, orientar los estímulos a los resultados, y la posibilidad de flexibilizar la gestión de los organismos estatales están entre las medidas propuestas.

Claramente el anuncio fue bien recibido por todos los sectores, aunque la oposición reclamó que habría que avanzar aún más en el sentido propuesto por el ministro.

Entre las iniciativas más inmediatas está la creación de una gerencia de subvenciones en el Ministerio de Educación, la modernización de los gobiernos corporativos de las empresas públicas -proyecto que ya fue enviado al Parlamento- y la ampliación de los trámites que se puedan hacer por internet.

Para una segunda etapa, el jefe de gabinete anunció la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas.

Otras propuestas de modernización

Instituto Libertad, Fundación Jaime Guzmán y el Instituto Libertad y Desarrollo

Los tres "think tanks" se unieron para recoger la invitación del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, entregando al Ejecutivo un documento con sus propuestas de modernización del Estado.

Estos centros de pensamiento no sólo valoran el gesto, considerando que es imprescindible que esta labor requiera la participación de la mayor cantidad de actores para alcanzar el éxito, sino que recogen la similitud de las concepciones del ministro con las que plantean en su propuesta: Una revolución de la gestión con estímulos para el logro de resultados concretos, flexibilización y mejora de las herramientas de evaluación y fiscalización.

No obstante, precisan que estando de acuerdo en la dirección propuesta por el ejecutivo, los cambios propuestos debieran ser más profundos y de mayor alcance.

Para este grupo, la estructura del Estado es fundamental para potenciar el crecimiento y la generación de empleos. En su propuesta, acusan que buena parte del decaimiento de la competitividad del país se deben al anquilosamiento del aparato estatal.

Esta situación contrasta con las empresas privadas, “que han debido han debido introducir profundas reformas en su estructura organizativa… para adaptarse a un contexto dinámico que exige permanentes cambios, y ello ha sido la clave de su éxito”.

La segunda razón esbozada para apoyar este proceso de renovación es la necesidad de una institucionalidad que aminore los riesgos de corrupción. “El cuoteo político y la falta de transparencia  son el peor enemigo para la modernización del Estado”.

Proponen otorgar mayores grados de libertad para la gestión de los altos directivos públicos, pero contrapesados con un sistema de rendición de cuentas efectivos y transparentes. También hacen mención de la necesidad de una descentralización efectiva como una forma de reducir al burocracia, de entregar respuestas más rápidas frente a las necesidades que surjan en un ambiente cambiante y heterogéneo y que ofrezca un mayor espacio de participación a los ciudadanos.

Alertan sobre la necesidad de realizar un esfuerzo transversal para vencer tanto la inercia como los intereses corporativos que se verán afectados con los cambios.

Sin embargo, recalcan que hay materias que ya han sido enviadas a tramitación y bastaría que el poder ejecutivo les diera la prioridad necesaria, no sólo por lo que significa cada una de ellas en sí, sino por la señal política que implicaría el gesto.

Dentro de los proyectos de ley que podrían tramitarse más rápidamente de recibir el apoyo adecuado destacan los relacionados con la agenda de probidad, acuerdos sobre seguridad, ciudadana y educación, los proyectos sobre tribunales tributarios y aduaneros, modernización de la normativa relativa al personal municipal, y gobiernos corporativos. 

Más aún, destacan iniciativas que no requieren leyes, como un calendario de concursos para los puestos de primer nivel jerárquico en la Alta Dirección Pública, transparentar los antecedentes sobre transferencias fiscales, que cada servicio presente en su sitio web evaluaciones sobre programas de su responsabilidad, entre otros.

Estos dos últimos puntos los destacan dentro de sus propuestas en unos anexos denominados “Agenda legislativa pendiente, decisiones administrativas pendientes y promesas legislativas pendientes”.

Ejemplifican que a pesar de que el Acuerdo de Modernización del Estado de 2003, el ejecutivo se comprometió a reorganizar las políticas públicas contra la pobreza, en lo sustantivo el Mideplan sigue funcionando como antes.

Consideran de “primera relevancia” avanzar en el rediseño de la Contraloría General de la República y la creación de la Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas.

Rafael Blanco, abogado, profesor de la U. Alberto Hurtado y participante del Consejo de Alta dirección Pública 

Según el experto, hay cuatro temáticas en las que se puede avanzar: Transparencia, participación, evaluación de calidad de las políticas públicas y la selección de altos directivos públicos. En transparencia, existe un Consejo para la Transparencia que debería empezar a trabajar a fines del 2008.  Existen procedimientos, pero ahora se requiere que estos instrumentos se apliquen eficientemente por parte de la administración pública, la que tiene un bajo nivel de corrupción pero posee poca cultura de transparencia.

Y es que el entregar acceso a información al ciudadano común, a los medios de comunicación, a los centros de pensamiento político, al mundo académico, tiende a estimular “comportamientos probos, a inhibir de decisiones arbitrarias” y se termina mejorando la capacidad de toma de decisiones.

El Estado y los funcionarios públicos tienen que capacitarse en las nuevas normas, y estima que este tema va a estar en la agenda durante los próximos cuatro o cinco años.

Participación, “donde nuestras políticas públicas son un poco débiles”.  Más bien son definidas en entornos políticos por un lado y tecnocráticos por el otro, pero en ese proceso de intercambio entre ambos no existe mucha interacción con el ciudadano. Ejemplifica que en Europa las grandes decisiones de energía, justicia, medio ambiente, se han hecho en  base al diálogo con el mundo civil (organizaciones sociales, mundo académico, centros de pensamiento). En Chile aún no existe una institución preparada para ese tipo de participaciones.

Destaca que Chile es un país donde los sistemas para controlar la corrupción funcionan: Somos el N° 22 en el mundo en materia de transparencia y Nº 1 en Latinoamérica, tenemos una contraloría autónoma que en su opinión ha demostrado que cumple bien su tarea y existe un Ministerio Público autónomo.

Es decir, los sistemas funcionan para controlar la corrupción. Chile claramente es un país donde la corrupción es ocasional. Pero tan importante como eso, es que la gestión pública sea eficiente, porque el mero control formal inhibe la innovación y la creatividad. Para eso apoya la creación de una agencia de calidad de las políticas públicas.

La selección de altos directivos: la administración del Estado chileno se consolidó mucho más temprano que otros países, pero lo que fue una ventaja y que generó un sistema de funcionarios públicos profesionales donde la administración del Estado no se desmantelaba con cada cambio de gobierno ha generado, por otro lado, una cierta impermeabilidad contra lógicas de modernización e innovación.

Un porcentaje muy importante no se modifica de gobierno a gobierno, pero un segmento que se ha ido empequeñeciendo depende de la confianza política de que goce. Apoya la idea de fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública, que funciona desde el 2003.

Actualmente  más del 60% de los cargos del primer nivel directivo son elegidos por este sistema, aunque queda más por hacer en el segundo nivel. Hay muchos organismos donde lo que se requiere es que esté a cargo alguien profesionalmente apto, quien debiera ser seleccionado en forma transparente por empresas de selección de personal, "head hunter".

Necesitamos sistemas de ingreso y selección “competitivos y transparentes”. Para motivar a los mejores profesionales para la administración pública y parte de eso incluye la necesidad de mostrar que la selección se hace de manera competitiva y meritocrática.

Transparencia para estimular comportamientos probos, inhibir la arbitrariedad y empoderar al ciudadano. Propone mayor participación en la toma de decisión de políticas públicas a través de instrumentos como libros verdes, por ejemplo, que son usados profusamente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en Europa Continental.

Un sistema que mejore y controle la calidad de las políticas públicas de la manera más autónoma posible, fijándonos no tan sólo en los controles formales de legalidad sino también en la calidad de lo que se ofrece al ciudadano.

Finalmente recalca la importancia de tener la capacidad de los mejores como una buena manera de representar el interés de lo público.

 Javier Etcheverry, presidente de Etcheberry Consultores, ex director del SII

Para el ex ministro, ha habido anuncios pero se ha avanzado muy poco. Habría que apoyar al ministro Pérez Yoma y al resto del gobierno para que se hagan los cambios. Por ejemplo, en las remuneraciones de los jefes de servicio,  para que sean competitivas con lo que se paga en el mercado. Ejemplifica que hoy con el Sistema de Alta Dirección Pública los sueldo no son tan buenos, y basta que la autoridad superior lo decida para despidir a la persona.  “Debería hacerlo con razones fundadas, con una posibilidad de que lo revisara alguien”.

Propone la existencia de una unidad relativamente grande, con poder dentro del gobierno, que pueda fijar un plan estratégico de modernización del Estado y metas en los servicios públicos, que evalúe a los jefes de servicio y que pueda coordinar la gran transformación del Estado. Dentro de sus tareas podría preparar los proyectos de ley que va a ser necesario implementar.

Actualmente el ministerio de Hacienda genera unos indicadores de gestión que en su opinión no sirven. Todo el mundo los logra y el Estado no se moderniza. Parecen más bien “una forma de subirle el sueldo a la gente”. Tomar en serio la modernización significa que alguien del más alto nivel (un ministro u otra unidad especializada) se haga cargo del proyecto y gestione un acuerdo político para solucionar los roces con partidos, operadores, la Anef, etc.  Y a la larga será un beneficio político para quienes lleven a cabo este cambio.

Rosanna Costa, directora del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, integrante del SDAP

Para la economista e integrante del Consejo de Alta Dirección Pública, este es un tema institucional, donde uno debiera dividir la definición de políticas (en ministerios y subsecretaría con muy buenos asesores) y la implementación con servicios y superintendencias, etc. Así obtendríamos confianzas técnicas, políticas y la posibilidad de trabajar en un sistema que traspase los gobiernos en el tiempo, independientemente de los cambios de administración y fiscalización.

Dice que a raíz de la inflexibilidad propia de la administración pública ha visto prosperar sistemáticamente funciones que no corresponden en las subsecretarías, desde programas que implementan políticas como Chile Barrio, de empleo, pago de subvenciones, entre otros, hasta instituciones que fiscalizan como el Sesma, todo mezclado con ministerios, con el mismo sistema de designación y el mismo sistema de confianzas.

Así cada vez son menos los servicios, o estos quedan rígidos, y el Estado empieza a crecer inorgánicamente por donde no debiera. Habría que reordenar esa institucionalidad y fortalecer el sistema de concursos por mérito en el área de los servicios.

El otro eje importante es que todo Estado moderno debe tener sistemas de auditoría y transparencia, áreas en que debe trabajar nuestro país.  Para la académica, tenemos una contraloría muy basada en la legalidad, pero somos más “débiles en auditoría y evaluación”. Hay un sistema  centrado en la dirección de presupuesto, muy orientado a lo que es la eficacia y la decisión de gasto.

El instrumental que poseemos se está dando a través de ministerios más políticos pero muy supeditado al control de la Dipres. Y tenemos una “auditoría inorgánica” y una evaluación de inversiones en Mideplan que se ha ido debilitando en el tiempo. Tenemos deficiencias estructurales y de fondo.

Hay un aspecto que se relaciona con la flexibilización de una estructura de un aparato el Estado, funcionario, de remuneraciones, más flexible. Si nosotros hemos estructurado un sistema de Estado Permanente con servicios públicos que implementan políticas, debemos potenciar más la alta dirección pública, y nombrar gerentes públicos, “bien amarrados a resultados”, medidos por resultados diseñados no en función de variables micro, sino en función de variables estratégicas del funcionamiento del servicio.

Recalca la importancia de dar los recursos para que quienes estén a cargo puedan gerenciar y aplicar la visión de administración estratégica. Para ello necesitan flexibilidad para la administración del recurso humano y financiero, en forma paulatina, retroalimentando con resultados de gestión.

Leonidas Montes, escuela de gobierno de la UAI

El académico destaca lo positivo del enfoque del ministro Edmundo Pérez Yoma, especialmente el enfoque de resultados.  Uno de los grandes problemas es la rigidez e inamovilidad dentro del sistema público. Y en su opinión esto sería consecuencia del estatuto administrativo. Ejemplificó que en una encuesta para de “gerentes públicos”, sólo el 53% respondió que el foco de su trabajo era hacia los resultados, pero un 97% dijo se concentraba en llevar a su equipo hacia delante. Para él uno de los grandes desafíos en el sector público es “embarcar” a la gente en los proyectos.

Este profesor universitario, doctorado en economía en la Universidad de Cambridge, recalca la importancia de tener clara la diferencia entre el Estado y el gobierno para hacer más eficiente los procesos.

Critica el proyecto de ley que se ha hecho, pues lo que se planeta debería llevarse mucho más allá. En el acuerdo Lagos-Longueira, ya hubo un intento de profesionalizar y mejorar la gestión de las empresas públicas. En su opinión las empresas públicas han seguido siendo administradas con “criterio político”.

Habría que preocuparse de los gobiernos corporativos de las empresas públicas y no dejar un consejo donde cinco de siete nuevos consejeros serán  elegidos por el presidente de turno y dos “independientes” que son sugeridos por el primer mandatario y ratificados por el Senado.

Recuerda que cuando recién se anunció el proyecto de Ley, la idea era incluir empresas como Banco Estado, Enap y Enami bajo la tutela del Sistema de Empresas Públicas, pero "que tras un par de reuniones se las sacó del esquema”.

Pide mirar el tema con altura de miras, especialmente en el caso de Codelco, diciendo que su situación es insostenible en el tiempo, y que en quince años más podríamos tener un caso similar al de Enacar. “Está operando hoy día con una serie de chalecos de fuerza que le impiden desarrollarse de manera eficiente”. No desmerece su eficiencia, pero si acusa restricciones que le impedirían competir con una empresa pública de excelencia.

Mario Waissbluth, doctor en ingeniería de la universidad de Wisconsin, miembro del Consejo de Alta Dirección Pública y director de varias empresas del ámbito privado

El directivo opina que hay que pensar en dos elementos macro políticos: Por un lado no conoce ningún país del mundo, especialmente de tamaño pequeño, cuyos grandes avances se hayan logrado sin un pacto político de largo alcance. Son reformas que requieren 5, 10 y hasta 15 años que requieren un compromiso de Estado, más que de gobierno. Pide tener cuidado en no centrarse tanto el tema de la corrupción y la transparencia (donde Chile presenta problemas menores con respecto a otros países).

La razón de hacer los cambios va más allá de esto: Es el imperativo de hacer al país más eficiente, competitivo, para mejorar la educación y la protección social. Un énfasis demasiado marcado en la corrupción podría desviarnos de los objetivos principales.  Menciona que en los estados ineficientes, la corrupción penetra más fácil, pero el problema central es mejorar la gestión del Estado.

Dice que la experiencia en el mundo ha demostrado que ninguna institución se ha modernizado exitosamente sin haber tenido buenos directivos.  Tenemos un sistema de Alta Dirección Pública que está restringido a un sistema muy pequeño del Estado. Por ejemplo, “no tiene sentido que un Seremi de Educación, que es un cargo político, esté repartiendo US$ 500 millones, que es un cargo técnico".

Si no logramos darle cierta estabilidad a cargos técnicos en regiones y en municipios, no tiene sentido que hablemos de descentralización. Esto no significa tecnocratizar el Estado, postulando que éste tienen que tener directivos “con capacidad técnica y política, pero si no ponemos estándares mínimos en los cargos directivos, todo el resto del edificio se cae”.

El segundo ámbito importante es la rendición de cuentas. La fórmula administrativa actual (de cumplimientos normativos, de probidad, que es lo que hace la Contraloría) requiere una reforma.

El otro ámbito a modificar, propuesto a raíz de la crisis de Chile deportes, es la creación de un ente vigilante de la calidad de las políticas públicas en el sentido sustantivo. Por ejemplo, ver si tiene o no tiene sentido cierto programa público y medir su impacto. Lo esencial en este caso, es que sea un ente autónomo del sistema público.

El tercer tema que menciona, es la redefinición del rol del Ministerio de Hacienda y su dirección de presupuesto. Este organismo “prácticamente se convirtió en la oficina del primer ministro de este país, donde hasta la última partida presupuestal… es decidida por un analista de tercer nivel de la dirección de presupuesto”.

Yo creo que hay que repensar este rol. Aunque no niega los enormes logros de mantención de los equilibrios macroeconómicos y de la sanidad fiscal cree que “manejar la caja chica es otra (cosa)” y que en ese sentido la Dipres le hace un daño al aparato de gobierno.

Parte de su pensamiento, compartido con Jorge Marshall (director del "thin tank" Expansiva) fue sintetizado en una propuesta denominada "Reforma del Estado en Chile, una oportunidad".

(Fuente: Fundación Expansiva). 

Independientes en red

Este "think tank" se abocó a recoger inquietudes directamente de los ciudadanos, canalizadas a través de su sitio web, las que se analizaron y desglosaron en un documento.  Las propuestas se concentraron principalmente en los siguientes objetivos :

•    Racionalización de trámites: Pasar de un control en el procedimiento a un control en el resultado y generar una ventanilla única paralela.

•    Derecho a reclamo: Creación del sitio web “Servicio de Atención al Ciudadano” en cuanto usuario de los servicios del sector público
•    Crear un Servicio País 2.0, que incentive a profesionales con experiencia en el sector privado (especialmente en áreas de gestión) a incorporarse por un período limitado al sector público.
•    Capacitación del capital humano que actualmente se desempeña en el sector público.
•    Avanzar hacia la tercerización de servicios. Ej: Aceptación de Certificación Privada.
•    Modernización Informática del Estado, a través  la creación de una gran Notaría Virtual con Bóveda Electrónica de documentos.

Voces parlamentarias

El senador Hernán Larraín (UDI) dijo que las medidas no son suficientes, y llamó a un debate público sobre el tema.  Las mejoras propuestas “no son suficientes, aparecen como algo muy positivo, pero no tienen los contenidos suficientes para lograr una revolución del aparato estatal".

Para él, la modernización del Estado chileno, al que acusa de “burocrático, anticuado y centralista”  impide que el país progrese, debiera fortalecer la meritocracia para la selección de personal. También apunta a la necesidad de que los recursos se gasten objetivamente, de manera transparente.

Descentralización, fortaleciendo a municipalidades y órganos regionales, recursos incluidos, también es otra de las necesidades que ve como imprescindibles. “Una transformación del Estado supone crear un Sistema Nacional de Cuentas, para tener lo que los americanos llaman accountability (responsabilidad pública del ejercicio de los cargos)”. Por último, destaca la necesidad de la participación ciudadana en las tomas de decisiones.

Eduardo Saffirio y Gonzalo Duarte, presidente y vicepresidente de la bancada de la Democracia Cristiana, entregaron un documento con iniciativas complementarias, comprometiendo sus votos para aprobar los proyectos de modernización en trámite. En el encuentro acotaron que “la eficiencia en la gestión pública es un compromiso ético y que el Estado cumple un rol fundamental en mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables”. (Fuente: www.emol.cl)

El diputado Jaime Mulet (independiente) dice que Edmundo Pérez Yoma no es la persona adecuada para llevara delante una reforma de este tipo debido a los roces que ha tenido con algunos sectores. “Creo que podría haber otras personas o si la propia Presidenta se coloca detrás de una agenda, sería más viable”. (Fuente: www.partidospoliticos.cl).

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) dice que "la Alianza siente que estamos ante una coalición que va a llevar 20 años en el Gobierno y que se quiere mantener en el poder a cualquier precio, sin importar los medios, y mientras subsista esa duda y no se despeje va a ser más complicado avanzar en esta agenda", comentó.

"Ahora si lo hace, se compromete a corregir los intervencionismos que hemos visto o si hay una voluntad real de buscar una alternancia, sería más fácil", explicó.

Por su parte, el senador Carlos Ominami (PS) se reunió con Edmundo Pérez Yoma para manifestarle su apoyo. (Fuente: www.cooperativa.cl).

El diputado Alberto Cardemil (Independiente) se comprometió a respaldar la propuesta en la Comisión Legislación y Justicia de la Cámara. “Estas son cuestiones de Estado que tienen que estar al margen de la coyuntura política” expresó el parlamentario que fuera uno de los fundadores de Renovación Nacional. (Fuente: www.publimetro.cl).

Comité para la modernización del Estado

El comité de modernización está encargado del diseño de iniciativas para mejorar la gestión pública.

Está integrado por Edmundo Pérez Yoma, por el ministro de Hacienda, Andrés Velasco; de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo; el director de Presupuesto, Alberto Arenas, y el ministro de Justicia, Carlos Maldonado (su cartera fue la primera en implementar un plan piloto de modernización).

Sus focos son:

• Institucionalidad
• Transparencia y probidad
• Recursos humanos
• Reformas sectoriales
• Finanzas públicas
• Descentralización
• Gobierno Electrónico
• Participación