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Instituto Libertad, Fundación Jaime Guzmán y el Instituto Libertad y Desarrollo

Los tres "think tanks" se unieron para recoger la invitación del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, entregando al Ejecutivo un documento con sus propuestas de modernización del Estado.

Estos centros de pensamiento no sólo valoran el gesto, considerando que es imprescindible que esta labor requiera la participación de la mayor cantidad de actores para alcanzar el éxito, sino que recogen la similitud de las concepciones del ministro con las que plantean en su propuesta: Una revolución de la gestión con estímulos para el logro de resultados concretos, flexibilización y mejora de las herramientas de evaluación y fiscalización.

No obstante, precisan que estando de acuerdo en la dirección propuesta por el ejecutivo, los cambios propuestos debieran ser más profundos y de mayor alcance.

Para este grupo, la estructura del Estado es fundamental para potenciar el crecimiento y la generación de empleos. En su propuesta, acusan que buena parte del decaimiento de la competitividad del país se deben al anquilosamiento del aparato estatal.

Esta situación contrasta con las empresas privadas, “que han debido han debido introducir profundas reformas en su estructura organizativa… para adaptarse a un contexto dinámico que exige permanentes cambios, y ello ha sido la clave de su éxito”.

La segunda razón esbozada para apoyar este proceso de renovación es la necesidad de una institucionalidad que aminore los riesgos de corrupción. “El cuoteo político y la falta de transparencia  son el peor enemigo para la modernización del Estado”.

Proponen otorgar mayores grados de libertad para la gestión de los altos directivos públicos, pero contrapesados con un sistema de rendición de cuentas efectivos y transparentes. También hacen mención de la necesidad de una descentralización efectiva como una forma de reducir al burocracia, de entregar respuestas más rápidas frente a las necesidades que surjan en un ambiente cambiante y heterogéneo y que ofrezca un mayor espacio de participación a los ciudadanos.

Alertan sobre la necesidad de realizar un esfuerzo transversal para vencer tanto la inercia como los intereses corporativos que se verán afectados con los cambios.

Sin embargo, recalcan que hay materias que ya han sido enviadas a tramitación y bastaría que el poder ejecutivo les diera la prioridad necesaria, no sólo por lo que significa cada una de ellas en sí, sino por la señal política que implicaría el gesto.

Dentro de los proyectos de ley que podrían tramitarse más rápidamente de recibir el apoyo adecuado destacan los relacionados con la agenda de probidad, acuerdos sobre seguridad, ciudadana y educación, los proyectos sobre tribunales tributarios y aduaneros, modernización de la normativa relativa al personal municipal, y gobiernos corporativos. 

Más aún, destacan iniciativas que no requieren leyes, como un calendario de concursos para los puestos de primer nivel jerárquico en la Alta Dirección Pública, transparentar los antecedentes sobre transferencias fiscales, que cada servicio presente en su sitio web evaluaciones sobre programas de su responsabilidad, entre otros.

Estos dos últimos puntos los destacan dentro de sus propuestas en unos anexos denominados “Agenda legislativa pendiente, decisiones administrativas pendientes y promesas legislativas pendientes”.

Ejemplifican que a pesar de que el Acuerdo de Modernización del Estado de 2003, el ejecutivo se comprometió a reorganizar las políticas públicas contra la pobreza, en lo sustantivo el Mideplan sigue funcionando como antes.

Consideran de “primera relevancia” avanzar en el rediseño de la Contraloría General de la República y la creación de la Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas.

Rafael Blanco, abogado, profesor de la U. Alberto Hurtado y participante del Consejo de Alta dirección Pública 

Según el experto, hay cuatro temáticas en las que se puede avanzar: Transparencia, participación, evaluación de calidad de las políticas públicas y la selección de altos directivos públicos. En transparencia, existe un Consejo para la Transparencia que debería empezar a trabajar a fines del 2008.  Existen procedimientos, pero ahora se requiere que estos instrumentos se apliquen eficientemente por parte de la administración pública, la que tiene un bajo nivel de corrupción pero posee poca cultura de transparencia.

Y es que el entregar acceso a información al ciudadano común, a los medios de comunicación, a los centros de pensamiento político, al mundo académico, tiende a estimular “comportamientos probos, a inhibir de decisiones arbitrarias” y se termina mejorando la capacidad de toma de decisiones.

El Estado y los funcionarios públicos tienen que capacitarse en las nuevas normas, y estima que este tema va a estar en la agenda durante los próximos cuatro o cinco años.

Participación, “donde nuestras políticas públicas son un poco débiles”.  Más bien son definidas en entornos políticos por un lado y tecnocráticos por el otro, pero en ese proceso de intercambio entre ambos no existe mucha interacción con el ciudadano. Ejemplifica que en Europa las grandes decisiones de energía, justicia, medio ambiente, se han hecho en  base al diálogo con el mundo civil (organizaciones sociales, mundo académico, centros de pensamiento). En Chile aún no existe una institución preparada para ese tipo de participaciones.

Destaca que Chile es un país donde los sistemas para controlar la corrupción funcionan: Somos el N° 22 en el mundo en materia de transparencia y Nº 1 en Latinoamérica, tenemos una contraloría autónoma que en su opinión ha demostrado que cumple bien su tarea y existe un Ministerio Público autónomo.

Es decir, los sistemas funcionan para controlar la corrupción. Chile claramente es un país donde la corrupción es ocasional. Pero tan importante como eso, es que la gestión pública sea eficiente, porque el mero control formal inhibe la innovación y la creatividad. Para eso apoya la creación de una agencia de calidad de las políticas públicas.

La selección de altos directivos: la administración del Estado chileno se consolidó mucho más temprano que otros países, pero lo que fue una ventaja y que generó un sistema de funcionarios públicos profesionales donde la administración del Estado no se desmantelaba con cada cambio de gobierno ha generado, por otro lado, una cierta impermeabilidad contra lógicas de modernización e innovación.

Un porcentaje muy importante no se modifica de gobierno a gobierno, pero un segmento que se ha ido empequeñeciendo depende de la confianza política de que goce. Apoya la idea de fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública, que funciona desde el 2003.

Actualmente  más del 60% de los cargos del primer nivel directivo son elegidos por este sistema, aunque queda más por hacer en el segundo nivel. Hay muchos organismos donde lo que se requiere es que esté a cargo alguien profesionalmente apto, quien debiera ser seleccionado en forma transparente por empresas de selección de personal, "head hunter".

Necesitamos sistemas de ingreso y selección “competitivos y transparentes”. Para motivar a los mejores profesionales para la administración pública y parte de eso incluye la necesidad de mostrar que la selección se hace de manera competitiva y meritocrática.

Transparencia para estimular comportamientos probos, inhibir la arbitrariedad y empoderar al ciudadano. Propone mayor participación en la toma de decisión de políticas públicas a través de instrumentos como libros verdes, por ejemplo, que son usados profusamente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en Europa Continental.

Un sistema que mejore y controle la calidad de las políticas públicas de la manera más autónoma posible, fijándonos no tan sólo en los controles formales de legalidad sino también en la calidad de lo que se ofrece al ciudadano.

Finalmente recalca la importancia de tener la capacidad de los mejores como una buena manera de representar el interés de lo público.

 Javier Etcheverry, presidente de Etcheberry Consultores, ex director del SII

Para el ex ministro, ha habido anuncios pero se ha avanzado muy poco. Habría que apoyar al ministro Pérez Yoma y al resto del gobierno para que se hagan los cambios. Por ejemplo, en las remuneraciones de los jefes de servicio,  para que sean competitivas con lo que se paga en el mercado. Ejemplifica que hoy con el Sistema de Alta Dirección Pública los sueldo no son tan buenos, y basta que la autoridad superior lo decida para despidir a la persona.  “Debería hacerlo con razones fundadas, con una posibilidad de que lo revisara alguien”.

Propone la existencia de una unidad relativamente grande, con poder dentro del gobierno, que pueda fijar un plan estratégico de modernización del Estado y metas en los servicios públicos, que evalúe a los jefes de servicio y que pueda coordinar la gran transformación del Estado. Dentro de sus tareas podría preparar los proyectos de ley que va a ser necesario implementar.

Actualmente el ministerio de Hacienda genera unos indicadores de gestión que en su opinión no sirven. Todo el mundo los logra y el Estado no se moderniza. Parecen más bien “una forma de subirle el sueldo a la gente”. Tomar en serio la modernización significa que alguien del más alto nivel (un ministro u otra unidad especializada) se haga cargo del proyecto y gestione un acuerdo político para solucionar los roces con partidos, operadores, la Anef, etc.  Y a la larga será un beneficio político para quienes lleven a cabo este cambio.

Rosanna Costa, directora del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, integrante del SDAP

Para la economista e integrante del Consejo de Alta Dirección Pública, este es un tema institucional, donde uno debiera dividir la definición de políticas (en ministerios y subsecretaría con muy buenos asesores) y la implementación con servicios y superintendencias, etc. Así obtendríamos confianzas técnicas, políticas y la posibilidad de trabajar en un sistema que traspase los gobiernos en el tiempo, independientemente de los cambios de administración y fiscalización.

Dice que a raíz de la inflexibilidad propia de la administración pública ha visto prosperar sistemáticamente funciones que no corresponden en las subsecretarías, desde programas que implementan políticas como Chile Barrio, de empleo, pago de subvenciones, entre otros, hasta instituciones que fiscalizan como el Sesma, todo mezclado con ministerios, con el mismo sistema de designación y el mismo sistema de confianzas.

Así cada vez son menos los servicios, o estos quedan rígidos, y el Estado empieza a crecer inorgánicamente por donde no debiera. Habría que reordenar esa institucionalidad y fortalecer el sistema de concursos por mérito en el área de los servicios.

El otro eje importante es que todo Estado moderno debe tener sistemas de auditoría y transparencia, áreas en que debe trabajar nuestro país.  Para la académica, tenemos una contraloría muy basada en la legalidad, pero somos más “débiles en auditoría y evaluación”. Hay un sistema  centrado en la dirección de presupuesto, muy orientado a lo que es la eficacia y la decisión de gasto.

El instrumental que poseemos se está dando a través de ministerios más políticos pero muy supeditado al control de la Dipres. Y tenemos una “auditoría inorgánica” y una evaluación de inversiones en Mideplan que se ha ido debilitando en el tiempo. Tenemos deficiencias estructurales y de fondo.

Hay un aspecto que se relaciona con la flexibilización de una estructura de un aparato el Estado, funcionario, de remuneraciones, más flexible. Si nosotros hemos estructurado un sistema de Estado Permanente con servicios públicos que implementan políticas, debemos potenciar más la alta dirección pública, y nombrar gerentes públicos, “bien amarrados a resultados”, medidos por resultados diseñados no en función de variables micro, sino en función de variables estratégicas del funcionamiento del servicio.

Recalca la importancia de dar los recursos para que quienes estén a cargo puedan gerenciar y aplicar la visión de administración estratégica. Para ello necesitan flexibilidad para la administración del recurso humano y financiero, en forma paulatina, retroalimentando con resultados de gestión.

Leonidas Montes, escuela de gobierno de la UAI

El académico destaca lo positivo del enfoque del ministro Edmundo Pérez Yoma, especialmente el enfoque de resultados.  Uno de los grandes problemas es la rigidez e inamovilidad dentro del sistema público. Y en su opinión esto sería consecuencia del estatuto administrativo. Ejemplificó que en una encuesta para de “gerentes públicos”, sólo el 53% respondió que el foco de su trabajo era hacia los resultados, pero un 97% dijo se concentraba en llevar a su equipo hacia delante. Para él uno de los grandes desafíos en el sector público es “embarcar” a la gente en los proyectos.

Este profesor universitario, doctorado en economía en la Universidad de Cambridge, recalca la importancia de tener clara la diferencia entre el Estado y el gobierno para hacer más eficiente los procesos.

Critica el proyecto de ley que se ha hecho, pues lo que se planeta debería llevarse mucho más allá. En el acuerdo Lagos-Longueira, ya hubo un intento de profesionalizar y mejorar la gestión de las empresas públicas. En su opinión las empresas públicas han seguido siendo administradas con “criterio político”.

Habría que preocuparse de los gobiernos corporativos de las empresas públicas y no dejar un consejo donde cinco de siete nuevos consejeros serán  elegidos por el presidente de turno y dos “independientes” que son sugeridos por el primer mandatario y ratificados por el Senado.

Recuerda que cuando recién se anunció el proyecto de Ley, la idea era incluir empresas como Banco Estado, Enap y Enami bajo la tutela del Sistema de Empresas Públicas, pero "que tras un par de reuniones se las sacó del esquema”.

Pide mirar el tema con altura de miras, especialmente en el caso de Codelco, diciendo que su situación es insostenible en el tiempo, y que en quince años más podríamos tener un caso similar al de Enacar. “Está operando hoy día con una serie de chalecos de fuerza que le impiden desarrollarse de manera eficiente”. No desmerece su eficiencia, pero si acusa restricciones que le impedirían competir con una empresa pública de excelencia.

Mario Waissbluth, doctor en ingeniería de la universidad de Wisconsin, miembro del Consejo de Alta Dirección Pública y director de varias empresas del ámbito privado

El directivo opina que hay que pensar en dos elementos macro políticos: Por un lado no conoce ningún país del mundo, especialmente de tamaño pequeño, cuyos grandes avances se hayan logrado sin un pacto político de largo alcance. Son reformas que requieren 5, 10 y hasta 15 años que requieren un compromiso de Estado, más que de gobierno. Pide tener cuidado en no centrarse tanto el tema de la corrupción y la transparencia (donde Chile presenta problemas menores con respecto a otros países).

La razón de hacer los cambios va más allá de esto: Es el imperativo de hacer al país más eficiente, competitivo, para mejorar la educación y la protección social. Un énfasis demasiado marcado en la corrupción podría desviarnos de los objetivos principales.  Menciona que en los estados ineficientes, la corrupción penetra más fácil, pero el problema central es mejorar la gestión del Estado.

Dice que la experiencia en el mundo ha demostrado que ninguna institución se ha modernizado exitosamente sin haber tenido buenos directivos.  Tenemos un sistema de Alta Dirección Pública que está restringido a un sistema muy pequeño del Estado. Por ejemplo, “no tiene sentido que un Seremi de Educación, que es un cargo político, esté repartiendo US$ 500 millones, que es un cargo técnico".

Si no logramos darle cierta estabilidad a cargos técnicos en regiones y en municipios, no tiene sentido que hablemos de descentralización. Esto no significa tecnocratizar el Estado, postulando que éste tienen que tener directivos “con capacidad técnica y política, pero si no ponemos estándares mínimos en los cargos directivos, todo el resto del edificio se cae”.

El segundo ámbito importante es la rendición de cuentas. La fórmula administrativa actual (de cumplimientos normativos, de probidad, que es lo que hace la Contraloría) requiere una reforma.

El otro ámbito a modificar, propuesto a raíz de la crisis de Chile deportes, es la creación de un ente vigilante de la calidad de las políticas públicas en el sentido sustantivo. Por ejemplo, ver si tiene o no tiene sentido cierto programa público y medir su impacto. Lo esencial en este caso, es que sea un ente autónomo del sistema público.

El tercer tema que menciona, es la redefinición del rol del Ministerio de Hacienda y su dirección de presupuesto. Este organismo “prácticamente se convirtió en la oficina del primer ministro de este país, donde hasta la última partida presupuestal… es decidida por un analista de tercer nivel de la dirección de presupuesto”.

Yo creo que hay que repensar este rol. Aunque no niega los enormes logros de mantención de los equilibrios macroeconómicos y de la sanidad fiscal cree que “manejar la caja chica es otra (cosa)” y que en ese sentido la Dipres le hace un daño al aparato de gobierno.

Parte de su pensamiento, compartido con Jorge Marshall (director del "thin tank" Expansiva) fue sintetizado en una propuesta denominada "Reforma del Estado en Chile, una oportunidad".

(Fuente: Fundación Expansiva). 

Independientes en red

Este "think tank" se abocó a recoger inquietudes directamente de los ciudadanos, canalizadas a través de su sitio web, las que se analizaron y desglosaron en un documento.  Las propuestas se concentraron principalmente en los siguientes objetivos :

•    Racionalización de trámites: Pasar de un control en el procedimiento a un control en el resultado y generar una ventanilla única paralela.

•    Derecho a reclamo: Creación del sitio web “Servicio de Atención al Ciudadano” en cuanto usuario de los servicios del sector público
•    Crear un Servicio País 2.0, que incentive a profesionales con experiencia en el sector privado (especialmente en áreas de gestión) a incorporarse por un período limitado al sector público.
•    Capacitación del capital humano que actualmente se desempeña en el sector público.
•    Avanzar hacia la tercerización de servicios. Ej: Aceptación de Certificación Privada.
•    Modernización Informática del Estado, a través  la creación de una gran Notaría Virtual con Bóveda Electrónica de documentos.