Lo decían los propios parlamentarios miembros de las comisiones de educación de ambas corporaciones en marzo de 2008 (ver video): La prioridad del año legislativo en dicha área sería, sin duda, la Ley General de Educación, que reemplazaría a la antigua Loce como el marco general de deberes, principios, derechos y fines en material educacional.

En noviembre de 2007 la Concertación y la Alianza firmaban un histórico acuerdo para dar un salto cualitativo en educación, coronada con la imagen de todos los representantes políticos tomados de las manos junto a la entonces Ministra de Educación Yasna Provoste, quien se convertiría en el centro de la polémica en marzo de 2008 cuando estalla el caso de las subvenciones, donde se detectaron diversas irregularidades en la entrega de recursos a escuelas de la Región Metropolitana por parte del Ministerio de Educación.

El suceso desencadenó el debilitamiento de las buenas intenciones políticas en torno a la reforma educacional, que pasaría a segundo plano luego de que un grupo de diputados de oposición decidiera hacer uso de su facultad de acusar constitucionalmente a Provoste .

En el que se convertiría en uno de los hechos más mediáticos del año 2008 en el Congreso Nacional, el 16 de abril el Senado de la República, en una sesión que duraría más de siete horas, se destituye de su cargo a la ministra Yasna Provoste, quien además no podrá ejercer cargos públicos por cinco años. Los votos decisivos que sellan el destino de Provoste los aporta la bancada de senadores independientes integrada por Carlos Cantero, Fernando Flores, Carlos Bianchi y Adolfo Zaldívar, quienes votaron a favor de la destitución al igual que los senadores de la Alianza.

Pasado el vendaval, el Parlamento retorna a la discusión de la LGE, con más de alguna herida tras el caso Provoste. La Alianza se mostraba dispuesta a aprobar el proyecto tal y como se había diseñado en noviembre de 2007, pero desde la Concertación surgían voces que planteaban la debilidad del proyecto respecto a su compromiso con la educación pública, aspecto que se convertiría en la piedra en el zapato para destrabar el acuerdo. El proyecto logra sortear su primer trámite legislativo en la Cámara Baja el 19 de junio, pero con una polémica indicación referida justamente a la educación pública.

Ya en el Senado, la Comisión de Educación presidida por el entonces PS Alejandro Navarro inicia en julio una ronda de audiencias públicas con representantes de todos los ámbitos de la educación, que fue retrasando la votación programada inicialmente para agosto tras recibir a más de 80 organizaciones.

En noviembre, y tras su decisión de renunciar al Partido Socialista, Alejandro Navarro pierde la presidencia de la Comisión y es reemplazado por su ex compañero de partido Ricardo Núñez, al mismo tiempo que la instancia aprueba la idea de legislar sobre la LGE aunque el propio Núñez advierte que no está exenta de la inclusión de indicaciones.

El 9 de diciembre, la Sala del Senado aprueba, en general, el proyecto de Ley General de Educación quedando de esta manera derogada la LOCE, vigente desde 1990. A partir de enero de 2009, la Comisión de Educación comienza el estudio en particular del proyecto.