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Nueva regularización de seguros moderniza la legislación


28 de marzo 2013

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El Congreso Nacional aprobó una nueva regularización de los contratos de seguros. Se dio así un importante paso en la modernización de una legislación que no había tenido una revisión completa desde que se promulgó el Código de Comercio en 1865.

Ya en el mensaje enviado por el Ejecutivo en 2007, se señalaba que una ley de este tipo era necesaria para hacerse cargo de la “notable evolución a escala nacional y mundial” que había tenido el mercado de lo seguros.

Con el retorno a la democracia en 1990, la Superintendencia de Valores y Seguros formó una comisión de especialistas para preparar un anteproyecto de ley. Luego hubo un proyecto que no avanzó y fue retirado y así se llegó a 2007, año en el que se presentó el texto que derivó finalmente en la iniciativa aprobada este año.

El proyecto aprobado por el Congreso se hace cargo de definir los términos fundamentales del mercado de los seguros y de establecer claramente los tipos de seguro y las condiciones que deben cumplir los contratos.

De acuerdo con el proyecto aprobado, los contratos de seguros son aquellos en los que se transfieren al asegurador uno o más riesgos a cambio del pago de una prima. Queda así el asegurador obligado a indemnizar el daño que sufriere el asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones pactadas.

Los riesgos pueden referirse a bienes determinados, al derecho de exigir ciertas prestaciones, al patrimonio y a la vida, salud e integridad física o intelectual de un individuo.

La nueva normativa se hace cargo de distinguir claramente entre los seguros de daños y los seguros de personas. Entre los primeros están, por ejemplo, los seguros de incendio, robo y hurto y entre los segundos, los seguros de vida.

Se establece, además, que el asegurador deberá indemnizar el siniestro en dinero, a menos que se haya estipulado que pueda hacerlo mediante la reposición o reparación de la cosa asegurada.

El proyecto aprobado señala que el asegurado estará obligado a declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el asegurador para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos; informar a requerimiento del asegurador, sobre la existencia de otros seguros sobre el mismo objeto; pagar la prima en la forma y época pactadas; emplear el cuidado y celo para prevenir el siniestro; no agravar el riesgo e informar al asegurador de las circunstancias que agraven el riesgo; en caso de siniestro, tomar todas las medidas necesarias para salvar la cosa asegurada o para conservar sus restos; notificar al asegurador, tan pronto sea posible una vez tomado conocimiento, de la ocurrencia de cualquier hecho que pueda constituir o constituya un siniestro, y acreditar la ocurrencia del siniestro denunciado, y declarar fielmente y sin reticencia, sus circunstancias y consecuencias.

El asegurador debe indemnizar el siniestro cubierto por la póliza y si el seguro es contratado en forma directa, sin intermediación de un corredor de seguros, debe prestar asesoría al asegurado, ofrecerle las coberturas más convenientes a sus necesidades e intereses, ilustrarlo sobre las condiciones del contrato y asistirlo durante toda la vigencia, modificación y renovación del contrato y al momento del siniestro.

Los conflictos entre los contratantes serán resueltos por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por ambas partes y, en defecto, por la justicia ordinaria. En las disputas entre el asegurado y el asegurador que surjan con motivo de un siniestro cuyo monto sea inferior a 10.000 unidades de fomento, el asegurado podrá optar por ejercer su acción ante la justicia ordinaria.

Hay resguardos en la ley para que el asegurador no indemnice los siniestros que se originen por dolo o culpa grave del asegurado, es decir cuando el asegurado provoque el daño intencionalmente o por negligencia.

Asimismo, los que maliciosamente obtengan el pago total o parcialmente indebido de un seguro, sea simulando la existencia de un siniestro, provocándolo intencionalmente, presentándolo ante el asegurador como ocurrido por causas o en circunstancias distintas a las verdaderas, ocultando la cosa asegurada o aumentando fraudulentamente las pérdidas efectivamente sufridas, sufrirán penas de presidio menor (entre 61 días y 5 años de presidio) dependiendo del monto de lo defraudado.

En el proyecto aprobado, se definen los siguientes conceptos:

  • Asegurado: aquel a quien afecta el riesgo que se transfiere al asegurador.
  • Asegurador: el que toma de su cuenta el riesgo.
  • Beneficiario: el que, aún sin ser asegurado, tiene derecho a la indemnización en caso de siniestro.
  • Contratante o tomador: el que celebra el contrato de seguro con el asegurador y sobre quien recaen, en general, las obligaciones y cargas del contrato, por ejemplo, el pago de la prima.
  • Deducible: un acuerdo entre asegurador y asegurado, que establece que el asegurado se hará cargo de cierto monto pactado de la pérdida.
  • Póliza: el documento justificativo del seguro.
  • Prima: la retribución o precio del seguro.
  • Siniestro: la ocurrencia del riesgo o evento dañoso contemplado en el contrato.
  • Riesgo: la eventualidad de un suceso que ocasione al asegurado o beneficiario una pérdida o una necesidad susceptible de estimarse en dinero.





 
 

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