Actualmente existe un proyecto de ley que busca derogar este polémico artículo Nº 373 del Código Penal, que trata de la ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres y fue presentado producto de una iniciativa del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Federación Chilena de la Diversidad Sexual (Fedisech), y que contó con el patrocinio de nueve parlamentarios concertacionistas.

Sin embargo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue rechazado por 6 votos en contra, 3 a favor y 1 abstención el proyecto de ley que busca derogar el artículo 373 del Código Penal que sanciona a aquellas personas que de "cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres", se espera nuevamente que esta iniciativa esté en tabla para ser discutida y exista mayor debate.

En cuanto al desgloce de la votación a favor los diputados María Antonieta Saa (PPD), Guillermo Ceroni (PPD) y Eduardo Díaz (PRI); en contra Marisol Turres (UDI), Gonzalo Arenas (UDI), Alberto Cardemil (Ind.), Edmundo Eluchans (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y Nicolás Monckeberg (RN), se abstuvo Pedro Araya. (IND).

Los parlamentarios en su argumentación señalan que el artículo Nº 373 del Código Penal - en su aplicación - es una herramienta arbitraria, por cuanto todo delito de carácter sexual, y que afecte a un tercero, ya está considerado en el resto de la legislación y deja a decisión de las policías una amplia interpretación que se presta para atropellos y detenciones que, en la casi totalidad de los casos, no terminan en procesos o condena de los afectados.

Según la diputada María Antonieta Saa ésta es una medida retrógrada y discriminatoria, ya que esta norma ha sido histórica y predominantemente aplicada a hechos vinculados a la vida sexual, e incluso afectiva y amorosa, de la persona o colectivos.

En una declaración oficial que hace la parlamentaria en el PPD, explica que “la aplicación de este artículo es una herramienta arbitraria, por cuanto todo delito de carácter sexual, y que afecte a un tercero, ya está considerado en el resto de la legislación, y deja a decisión de las policías una amplia interpretación que se presta para atropellos y detenciones que, en la casi totalidad de los casos, no terminan en procesos o condena de los afectados”.

Al ser consultada la diputada Marisol Turres dijo que, “legislativamente uno va dando señales y sencillamente hay conductas públicas que son un atentado a la formación de los niños y jóvenes por constituir un escándalo. No hay que dar señales de permisividad en momentos en que uno prende la TV y ve contenidos que son valóricamente horribles y que muchos jóvenes se sienten con la libertad de imitar en cualquier lugar”.

La parlamentaria formuló sus dudas respecto a que los tribunales realicen una interpretación mañosa del artículo N°373 por parte de un funcionario policial. En caso de ser así dijo que existen las instancias judiciales para defender cualquier derecho que haya sido vulnerado.

En el informe de la comisión  el diputado Alberto Cardemil dijo que el Código Penal como en el Civil, existían disposiciones que se referían a la moral y a las buenas costumbres y que podían situarse en el límite mismo de lo ético y de lo jurídico y que, sin perjuicio de la evolución jurisprudencial, se habían establecido para que los jueces las aplicaran.

Finalmente creía positiva la existencia de estas normas porque, no obstante los cambios propios de las distintas épocas, había principios éticos válidos para todos los tiempos, como era el caso del Decálogo cuyas disposiciones decían relación con la naturaleza humana, puntualizó Cardemil.