La baja valoración ciudadana que muestran sucesivas encuestas de los últimos años hacia las instituciones democráticas representativas como el Congreso, era un tema de primera importancia cuando Jovino Novoa (UDI) y Rodrigo Álvarez (UDI) asumieron la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados, en marzo de 2009.
En el transcurso del año el tema se profundizó a consecuencia de algunos episodios aparecidos en la prensa, como las asignaciones parlamentarias y la inasistencia de algunos parlamentarios en sesiones de Sala, entre otros.
Todas estas razones, sumadas a la evolución natural que deben experimentar las formas de organización de las instituciones, motivaron a los presidentes de las Corporaciones a implementar una decisión de fondo: modificar la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
La crucial reforma fue finalmente despachada por el Congreso, tras una aprobación unánime en el Senado el 25 de noviembre, y estableció trascendentales modificaciones para el futuro funcionamiento de la Cámara y del Senado tanto desde el punto de vista administrativo, como desde el punto de vista de los procedimientos legislativos.
“Es una de las leyes más importantes aprobadas este año. Habrá un antes y un después de la nueva LOC del Congreso”, dice Rodrigo Álvarez, para quien resultaba evidente desde su tribuna de Presidente de la Cámara Baja que los estándares de exigencia de la ciudadanía hacia la política -y en especial hacia el Congreso- cambiaron en el transcurso del 2009. “Nos exigen más transparencia y un mejor uso de los recursos públicos”, afirma.
Ya despachada desde el Congreso, lo que sigue para esta ley es su aprobación por parte del Tribunal Constitucional, trámite que ambas mesas esperan sea rápido: dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la ley, deben estar dictadas las normar internas que permitan instalar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría, los dos aspectos más relevantes de esta modificación.
Todo esto, a menos que el Ejecutivo decida introducir vetos a la ley, tal como han informado algunos medios de comunicación, en cuanto a que podrían modificarse los puntos relativos a aumentar los plazos de las urgencias legislativas y que se exija responder en máximo treinta días la inadmisibilidad de mociones o indicaciones emanadas del Parlamento.
Transparencia de los recursos: Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y Comité de Auditoría
A juicio de los Presidentes de ambas Cámaras, éstas son las dos más importantes novedades de la nueva ley.
Hasta ahora, era el propio Congreso el que establecía cuánto dinero se le asignaba a cada parlamentario. En adelante, esta tarea la desempeñará el nuevo Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, un organismo externo e independiente del Congreso, compuesto por miembros que no pertenecen a éste, y que determinará todo lo relativo a la asignación parlamentaria: los montos, el destino, los criterios de uso y hasta su reajuste.
“Así como la ciudadanía acepta que sea el Congreso quien fije cuántos son los dineros y cómo pueden usarlos las distintas instituciones públicas, lo correcto es que sea una institución distinta e independiente de los parlamentarios la que determine cuáles son sus asignaciones”, explicó Rodrigo Álvarez.
Como complemento a este Consejo, existirá un Comité de Auditoría Parlamentaria, que controlará el correcto uso de los recursos dispuestos, a través de auditorías anuales a los gastos del Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Incluso, este comité tendrá la facultad de citar a determinados parlamentarios en caso de requerir que éstos rectifiquen informaciones sobre sus gastos.
Declaración de patrimonio y asistencia a sala: nuevos deberes y obligaciones para los parlamentarios
La nueva ley establece el deber de asistir a las Sesiones de la Cámara y el Senado; y a las comisiones de las que son miembros los diputados y senadores.
“Es una cosa que era obvia pero que no estaba en la ley, que es la obligación de asistencia. ¿Cómo se va a hacer efectiva y que sanciones se podrían aplicar? eso se establecerá a través de los reglamentos internos de cada Cámara, pero queda establecido como un principio”, asegura el senador Novoa.
Hubo, en todo caso, una duda planteada respecto a qué sucede en los periodos de campaña política, considerando los casos de parlamentarios que postulan a la Presidencia de la República y que, por lo tanto, deben ausentarse de sus labores en el Parlamento, o en que diputados deciden postularse como senadores. “Esta situación no se daba desde el año 93 –recuerda Álvarez- año en el que los estándares exigidos eran otros a los de hoy. Vamos a tener que buscar una nueva normativa, que sea común a cualquier autoridad elegida por la ciudadanía. Por ejemplo, la Cámara debió contestar la solicitud de un diputado, candidato a la Presidencia de la República, quien nos indicaba que no iba a desempeñar su tarea por tres meses porque estaba concentrado –y todos lo entendemos- en su campaña”.
Cualquiera sea la decisión puntual sobre este problema -como con cualquier otra relativa al respeto a la probidad, transparencia y acceso a la información pública- quedará en manos de la Comisión de Ética y Transparencia de las respectivas cámaras, y que gracias a la nueva ley quedan consagradas definitivamente. “Esto es muy importante, su existencia queda establecida por ley y no por una decisión interna del Congreso”, dice Álvarez. “Cada Cámara tiene un código de conducta, a través del cual actúa la respectiva Comisión de Ética, y donde se establecen una serie de deberes. Por eso hemos fortalecido las atribuciones de estas comisiones, para que determinen con mayor especificidad cada uno de estos derechos y deberes. Por ejemplo, hay parlamentarios que en un momento dado no se sentían obligados a presentarse a estas comisiones, y desde ahora será una instrucción legal”, recalca.
Otro aspecto importante serán las nuevas obligaciones en relación a las declaraciones de intereses y patrimonio de los parlamentarios. Respecto a los intereses, la información publicada sobre éstos deberá actualizarse cada vez que haya un cambio, mientras en lo relativo a su patrimonio, deberá actualizarse entre los 60 y 30 días que anteceden a una elección parlamentaria.
“No existía una obligación de actualizar, y eso nos pareció una falla de la ley. Con esta modificación, cada vez que hay un cambio significativo en la declaración se debe actualizar, no sólo cada cuatro años” explicó Jovino Novoa.
También se exigirá una declaración final una vez concluido el período parlamentario correspondiente, “de manera que quede claro cuál era el patrimonio del parlamentario cuando entró, y cuál es su patrimonio cuando se va del Congreso o se presenta a la reelección”, dijo el actual presidente del Senado.
La otra gran modificación de la LOC del Congreso se refiere a la tramitación de los proyectos de ley. Con el acuerdo de la mayoría de los miembros presentes en alguna de las Cámaras, se podrá solicitar al Ejecutivo que, en un plazo de 30 días, se pronuncie positiva o negativamente respecto de mociones parlamentarias declaradas inadmisibles, por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
“Hoy pasa que la Sala acuerda pedir el patrocinio al Ejecutivo y nunca hay una respuesta”, dice el Presidente del Senado, Jovino Novoa, sobre este mecanismo, que demora el trámite legislativo particularmente de mociones e indicaciones. “Esto se aplicará en todos aquellos casos en que hay que declarar inadmisible una moción o una indicación porque le falta el patrocinio del Ejecutivo. ¿Qué decimos entonces? pedimos el patrocinio al Ejecutivo para poder discutirla, y que en máximo 30 días nos diga sí o no”.
Rodrigo Álvarez aclara sin embargo que “este nuevo mecanismo sólo podrá aplicarse cuando haya un acuerdo de mayoría de los miembros presentes en la sala; no es que cualquier proyecto ingresado va a tener este trámite”.
“Con esto no le estamos quitando poder al Ejecutivo, sólo se están fortaleciendo las que son propias del Parlamento” complementa Novoa. “Tenemos un régimen presidencial muy fuerte -que se adecua a la naturaleza cultural de Chile- pero frente a un Ejecutivo fuerte, se debe tener un Poder Legislativo también fuerte, dentro de sus atribuciones”, concluye.
