En el evento participó una extensa lista de expertos, académicos y representantes de Congresos extranjeros, quienes se congregaron para discutir en mesas temáticas, las profundas implicancias de la transparencia en la crisis global de legitimidad y representación, en un período de cambios acelerados, de nuevas tecnologías y de ciudadanías activas y demandantes.
El Primer Plenario de este Seminario, presentado por el Presidente del Senado, Guido Girardi
, y moderado por el senadorHernán Larraín
, presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, tuvo como objetivo dar cuenta del estado actual de la transparencia en la actividad política y en las instituciones y explorar los desafíos que suponen estas nuevas exigencias en los Congresos y partidos políticos.
Expusieron en la primera instancia de trabajo José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA); Heraldo Muñoz, Director Regional del PNUD para América Latina y el Caribe; María Otero, Subsecretaria de Estado para la Democracia y Asuntos Globales, Directora de Open Government Partnership de Estados Unidos de América; Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano (Segib), y Ramiro Mendoza, Contralor General de la República.
El presidente del Senado puso al año 2011 como un espejo del mundo que viene, con importantes cambios de paradigmas y una agenda impuesta por la ciudadanía, un paso desde la lógica cartesiana, con ideologías rígidas, planificación territorial y gestión verticalista, a un mundo donde las bases -armadas de tecnologías- disputan la creación de la agenda a los líderes y autoridades electos por democracia representativa.
El senador Guido Girardi planteó que una adecuación a este nuevo paradigma, pasa por cambios sustanciales que garanticen e incorporen nuevas formas de participación, como el cambio del sistema electoral binominal, una Asamblea Constituyente y reformas que garanticen el máximo de transparencia. (Ver discurso completo del Presidente del Senado)
Introduciendo a los expositores, el senador Hernán Larraín recordó los cambios desde hace 15 años, con una democracia marcada por el secretismo y los manejos y acuerdos cupulares. Hoy, basado en la revolución tecnológica y amplia accesibilidad a información, la administración del Gobierno, sobretodo en el poder Ejecutivo, lo que inevitablemente deberá permear con mayor densidad en los otros poderes del Estado.
En su exposición, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, destacó el avance temático de la transparencia, que pasó de la lucha contra la corrupción dentro de los aparatos estatales, a ampliarse sustantivamente en fronteras como la ampliación de los actores no estatales, que pasaron de las ONG a las organizaciones basadas en Internet.
Institucionalmente, Insulza destacó los avances en transparencia dados por la Convención Interamericana contra la Corrupción, los nuevos marcos impuestos por la OCDE a las Empresas Multinacionales y las regulaciones del Foro de Davos a los Gobiernos Corporativos.
Para la autoridad de la OEA, la percepción negativa existente en América Latina respecto de la probidad quedó atrasada, dado que hoy en día 13 países han adaptado sus legislaciones a las demandas internacionales de transparencia, conflictos de intereses e información pública.
En tanto, el Director regional del PNUD, Heraldo Muñoz, destacó la figura de los “indignados” y las revueltas sociales como un factor que imprimió urgencia en la mejora de la democracia, con acceso real a la información y una alta demanda en ciudadanía política y ciudadanía social.
Citó encuestas como Latinobarómetro, que muestran un apoyo a la democracia como sistema de gobierno, pero con una pesada crítica a la calidad de ésta, en cuanto a las modalidades tradicionales de representación, además de culparlas de los altos niveles de desigualdad en América Latina.
Como autoridad en el PNUD, Heraldo Muñoz trazó como desafío que la gestión en pos de la transparencia descienda desde los controles a los gobiernos nacionales, a los gobiernos locales, con un fuerte énfasis en el uso de tecnologías colaborativas y participación y vigilancia ciudadana.
La ponente invitada desde Estados Unidos, María Otero, puso el foco en cómo la movilización y vigilancia popular han llevado al Gobierno Norteamericano a su mayor avance en transparencia con Open Government Partnership (OGP) instancia creada por el Gobierno de Barack Obama.
María Otero puso énfasis en cómo las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información, participación pública, y la colaboración. “Como Gobierno norteamericano, pondremos intención de aprovechar las tecnologías para hacer pública la información, de manera que las personas estén cabalmente al tanto de lo que sus gobiernos hacen y puedan influir en sus decisiones, y hacer partícipe a cada vez más países de esta misión”.
Finalizó su intervención felicitando los casos de Kenia y Latvia, países que, bajo asesoría de la OGP, crearon mecanismos de transparencia de información estatal en línea y de iniciativa popular de ley, respectivamente.
Enrique Iglesias, Secretario de la Segib, fijó su atención en el cambio de época, de un mundo previsible a uno que no lo es, con su eje de desarrollo puesto en Oriente, con las ciencias del conocimiento como motor de la economía del futuro, una lucha para salir de la pobreza que se transforma en una lucha de una clase media emergente que exige y demanda espacios reales de representación, pero con vicios permanentes como la profunda desigualdad en América Latina.
Iglesias planteó el dilema de la ubicación de la política actual, dado que cada vez más ésta se genera fuera de los palacios de Gobierno.
Planteó como piso básico de las reformas inevitables, un esfuerzo por imprimir mayor calidad a la política, mejorando los órganos de gestión y ajustándolos a los nuevos paradigmas de representatividad real, en vez de meros actos eleccionarios, y consensos para aumentar la credibilidad en los Gobiernos, con una vuelta a la moralidad inherente a los asuntos de la economía y la política.
Finalmente, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, destacó lo que denomina una transformación silenciosa de la institucionalidad chilena respecto de la transparencia, con 23 leyes aprobadas que tienen relación con ésta.
Existe un cambio real en la administración pública, desde un país en el que alguna vez fue normalidad, resolver, apurar, facilitar procesos con un llamado telefónico a un amigo, pariente o conocido, y que hoy resulta imposible imaginar manifestó el Contralor.
Para Mendoza, los ejes fundamentales de la transformación, pasan por la transparencia, el control, la probidad y la participación ciudadana, lo que exige una modernización, dado que la articulación de estos ejes es casi imposible de conseguir con la actual arquitectura estatal, donde existen instituciones con regímenes disímiles que hacen difícil la puesta en escena. También planteó la necesidad de homologar la normativa entre las distintas instituciones, porque lo que hoy ha sucedido es que la búsqueda de transparencia se está implementando con normativas que tienen diferentes criterios y exigencias.Finalizando, Ramiro Mendoza señaló los aspectos básicos para avanzar en los ejes de participación y transparencia: que las leyes que se dicten, se cumplan, que los ciudadanos estén formados en educación cívica y que se saquen las trampas de las normas llamadas a mejorar lo anterior, ya que a su juicio, muchas se hacen para cumplir nominalmente con compromisos de transparencia, pero con alta dificultad para encontrar la información relevante. Asimismo, que la transparencia sea exigible para toda entidad que produzca bienes públicos (universidades privadas, ONG, etc.) y una efectiva y pública rendición de cuentas.
Política de datos abiertos, transparentando desde las TIC
En la cuarta mesa de trabajo del Seminario Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional, se expusieron presentaciones en torno a la “Política de datos abiertos: tecnología de la información al servicio de la transparencia legislativa”, donde los panelistas, moderados por el Diputado Felipe Harboe (PPD), entregaron información sobre los estándares para la entrega de información pública, sus formatos, tecnologías asociadas, y su aplicación en el entorno legislativo.
En este marco, Soledad Ferreiro, Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, realizó la presentación “La promesa de los datos abiertos enlazables (Open Linked Data)”, en la que describió la irrupción de la Transparencia como concepto en el discurso público que es parte de un proceso irreversible que busca la legitimidad y credibilidad perdida por las instituciones políticas. También planteó cómo las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pueden contribuir a este desarrollo.
Según la Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, hay ciertos requisitos para que la oferta de Transparencia que hacen las instituciones sea exitosa. Ya no basta con hacer públicos los datos a través de la web. Además, los encargados insitucionales de transparencia deben comprometerse a que los datos publicados tengan una declaración explícita de libertad de derechos de autor; que la publicación use estándares abiertos y masivos que permitan la reutilización; y que los usuarios tengan una buena experiencia de uso marcada por la facilidad de acceso y utilización de esos datos del uso de la información.
En el panel sobre “Política de datos abiertos: tecnología de la información al servicio de la transparencia legislativa” expuso también Hernán Charovsky, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, fundación argentina pro derechos cívicos. Charovsky explicó cómo la facilitación de información sobre el Gobierno y la gestión pública conlleva cambios, que luego se institucionalizan y generan avance en nuevos niveles de transparencia, pese a la resistencia del poder. Como ocurrió en una investigación de Poder Ciudadano sobre financiamiento de la Publicidad Oficial, donde el Gobierno puso duras trabas para entregar datos que pudiesen ser cruzados.
Otro exponente fue el director de Sunlight Foundation. Dicha entidad es una incubadora de sitios que promueven la apertura de fuentes de datos e información del Estado, en pos de un gobierno más responsable ante los ciudadanos. El director, John Wonderlich, utiliza la organización de datos desagregados que se pueden encontrar en Internetpara catalizaruna mayor aperturay transparencia del gobierno, como gasto electoral, registro e identificación de lobistas, además de vincular donaciones con conflictos de intereses a nivel federal o estatal.
Finalizó la ronda de exposiciones Eduardo Bohorquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien compartió sus experiencias en torno al soborno en México para acceder a los servicios públicos, lo que se refleja en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que consulta a la gente sobre los costos directos y ya no sólo sobre sus percepciones. En este sentido, señaló que en la medición de 2010, los ciudadanos pagaron más de 32 mil millones de pesos mexicanos (2,3 mil millones de dólares) en actos de corrupción.
Para Bohorquez, la corrupción es inherente a todas las culturas, aunque algunas han permitido que ésta se vea como algo cotidiano o como algo relativamente normal. De acuerdo con los estudios realizados por Transparencia Mexicana, la sociedad mexicana distingue perfectamente los actos legales de los ilegales, los íntegros de los corruptos, pero decide participar de la corrupción porque cree que esa es la forma de avanzar y ganar en este sistema.
En este sentido, expuso como la exposición de información social disponible en formatos homologados, fáciles de acceder, podrá exponer a la luz los daños de la corrupción y propender al cambio social.
Mesa Democracia Interna en los Partidos Políticos: Perspectivas Chilenas
La cuarta mesa de trabajo del “Seminario Internacional de Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional y en el Sistema de Partidos Políticos”, realizada este viernes 13 de enero del 2012, congregó a presidentes y altos dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Participaron Carlos Larraín, senador y presidente de Renovación Nacional; José Antonio Gómez, senador y presidente del Partido Radical Social Demócrata; Ignacio Walker, senador y presidente del Partido Demócrata Cristiano; Carolina Tohá, presidenta del Partido por la Democracia; y Víctor Pérez, senador de la UDI y secretario general de su partido.
La mesa fue moderada por la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, quien abrió el debate haciéndose cargo del extendido diagnóstico que manifiesta la opinión pública sobre los partidos políticos en cuanto a falta de transparencia, mala imagen y asociación con prácticas opacas. Hizo un particular hincapié en que además, una parte de la crisis de representatividad de los partidos políticos en Chile está dada por la muy baja participación de las mujeres en cargos de elección popular, pese a su presencia igualitaria en el padrón electoral.
A juicio de la senadora Allende, entre los problemas de contexto más importantes de la actual situación y mala evaluación de los partidos políticos figuran la falta de financiamiento público, lo que da origen a malas prácticas, y el sistema electoral binominal.
Casi todas las ponencias que hubo en la mesa “Democracia Interna en los Partidos Políticos” hicieron referencia en algún momento responder a la exposición del académico Juan Pablo Luna, del Instituto de Ciencias Políticas de la UC, quien en un panel anterior habló de los partidos políticos chilenos como “cadáveres” y del análisis de su problemática como “autopsia”.
El senador radical José Antonio Gómez planteó que los partidos políticos efectivamente están teniendo grandes problemas que atribuyó a que están obligados a estructurarse en torno a una institucionalidad –Constitución de 1980 y Ley de Partidos Políticos- que pese a sus reformas, es una institucionalidad de raíz no democrática.
Gómez sostuvo que el modo en que puede resurgir la apreciación pública hacia los partidos es que estos sean capaces de hacer 3 cambios de fondo. El primero de ellos, democratizar y abrir las puertas de los partidos de modo que cualquier ciudadano pueda ver lo que en ellos sucede y vea que la actividad de los partidos está asociada con la resolución de problemas públicos y a una actividad noble que trasciende los contubernios internos entre cuatro paredes, que también los hay, dijo.
Señaló como segundo gran aspecto a reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. La actual fórmula, en que los partidos deben ver cómo conseguir su financiamiento es lo que genera buena parte de las prácticas ocultas.
El tercer aspecto que debe ser reformado, dijo el senador Gómez, es el envejecimiento de los partidos políticos y sus líderes. Señaló que hoy no hay límite al número de periodos que un representante popular puede ejercer, y las estructuras de partidos no permiten ni incentivan los liderazgos jóvenes.
Al cerrar su ponencia el senador Gómez llamó la atención en que, pese a la gran cantidad de chilenos que se declara independiente y no simpatizante de ningún partido político, mayoritariamente los votantes eligen representantes de partidos políticos y no a los candidatos que se presentan como “independientes”.
Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, el senador Carlos Larraín, comenzó su ponencia admitiendo la baja en la valoración pública de los partidos que durante el 2011 cayó 8 puntos en las encuestas.
A su juicio, una parte del fenómeno de baja está relacionado con las manifestaciones ciudadanas masivas del 2011 y en que algunos partidos políticos “apostaron por la calle en vez de apostar por la institucionalidad partidaria para canalizar esas demandas”. Eso es acelerar la muerte de los partidos, dijo, aludiendo a la investigación de Juan Pablo Luna, a la que calificó, ironizando, como intimidante.
Para contrastar el diagnóstico terminal del académico Luna, el senador Larraín citó como ejemplo que su partido, Renovación Nacional, moviliza 18 mil votantes en elecciones internas directas, tiene 70 sedes activas y un padrón de militantes bastante exacto y actualizado.
Ahondando en el tema de la mala valoración, dijo que si ya los partidos están devaluados, los presidentes y sus directivas son, peor aun, considerados como parte de las camarillas más despreciables. No obstante eso, agregó, los gobiernos en Chile necesitan a los partidos políticos. Son los partidos políticos los que se movilizan para ganar las elecciones presidenciales, pese a que después de ganado el gobierno, las colectividades pasan a ser “superfluas, dañinas e incómodas” para el Ejecutivo.
Pero la verdad, sostuvo, es que en el sistema chileno, sin los partidos políticos es imposible priorizar los problemas públicos. Larraín llamó la atención sobre la carencia doctrinal en el debate público actual y lo dañino que esto es.
El senador manifestó además su convicción en que la reforma al sistema electoral no es lo sustancial en la solución a la crisis de los partidos. Consideró más determinante que eso corregir el presidencialismo excesivo del sistema chileno así como balancear el desequilibrio de poder y facultades entre el Ejecutivo y el Congreso. Propuso como fórmula -que a la larga puede robustecer el sistema y el rol de los partidos políticos- un sistema que contemple un Primer Ministro y un semi-presidencialismo que permita armar gobiernos de coalición.
El presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, por su parte, señaló que efectivamente, hoy los partidos políticos son el eslabón más opaco del sistema político. Consideró necesario que el Estado suscriba un nuevo trato con los partidos en aras de la transparencia. Como sus pares, consideró que no hay razones para hablar de cadáveres ni autopsias en materia de partidos, pero que es urgente una reforma y puesta al día.
Sostuvo que los partidos políticos son la columna vertebral del sistema político chileno. Para contrastar puso como Perú, donde en las últimas elecciones hubo 5 candidatos presidenciales y ninguno de ellos era de un partido político.
Lo mismo que los otros participantes de la mesa, consideró crucial la carencia de un mecanismo de financiamiento de los partidos. El senador Walker señaló que la democracia Cristiana realizara en enero unas primarias abiertas y vinculantes para elegir candidatos a cargos de representación popular y que todo ello se hará “a puro pulso” con financiamiento recaudado los propios militantes, en lugares físicos que estos se procuraron. “No hay financiamiento público de los partidos, y sin embargo, la opinión pública exige todo a los partidos, exige que estos sean depositarios de todas las virtudes públicas”, dijo.
Añadió que dentro del problema de la crisis de representatividad el verdadero dilema de América Latina es entre institucionalidad política versus personalismos y caudillismos. El senador Walker cerró su ponencia sintetizando en los cambios al sistema de partidos. El primero de ellos, cambiar el sistema electoral a uno proporcional y de listas abiertas, lo que permitirá reclutar a los mejores candidatos y democratizar el sistema de designación de los mismos. Segundo, consideró necesario institucionalizar por ley un sistema de primarias abiertas y vinculantes para los partidos. Agregó que es necesario además desincentivar por ley los caudillismos o tránsfugas, por ejemplo, castigando dicha conducta política con la pérdida del escaño o cargo de representación popular.
Otras reformas necesarias que mencionó, fueron la necesidad de discriminación positiva para las minorías y para las mujeres; el financiamiento público de los partidos políticos y de sus actividades comunes con la condición que el Estado exija a cambio que los partidos hagan labores de educación cívica, tengan estándares de derecho similares al resto de la institucionalidad en sus estatutos, y tengan normas de transparencia y sanciones contra los casos de corrupción interna.
El senador de la UDI Víctor Pérez, comenzó su exposición agradeciendo al ex senador socialista Jaime Gazmuri y al senador UDI Hernán Larraín por haber sido los impulsores y autores de la actual Ley de Transparencia, normativa que a juicio del secretario general de la UDI, fue el comienzo de un concepto y de un cambio cultural y político que llegó para quedarse.
Víctor Pérez señaló que los nuevos sistemas de transparencia exigen por ejemplo, que los ciudadanos puedan escrutar a los partidos y a sus dirigentes, y consideró como una herramienta necesaria el sistema de rendición de cuentas públicas de los partidos. Como los otros integrantes del panel, consideró que habiendo una crisis de representatividad, y asumiendo que la ciudadanía hace una mala evaluación de los partidos en las encuestas, al mismo tiempo los considera esenciales para la democracia.
El senador estimó que los partidos chilenos deben adaptarse a las nuevas realidades y que es sólo voluntad de los mismos hacerlo, ya que las normativas actuales no ponen impedimentos ni a las reformas de estatutos ni a otros cambios para darse mayor democracia y transparencia interna.
Victor Pérez sostuvo que hay 2 aspectos en los que el Estado debe exigirle transparencia a los partidos: la forma de elección de los dirigentes que debería ser a través de primarias, cuestión que será abordada, señaló, en la nueva Ley de Partidos Políticos que se enviará a tramitación a mitad del 2012. El senador opinó que la necesidad de tener una buena Ley de Primarias exige no apurar la tramitación ni condicionarla a la actual coyuntura electoral municipal. Y un segundo aspecto, que es aplicación de normativa precisa respecto del financiamiento, que debe ser público, pero ligado a altas exigencias de transparencia.
La presidenta del PPD y ex diputada, Carolina Tohá, por su parte, puso al sistema electoral binominal como el primero de los aspectos a reformar en búsqueda de mejores prácticas de transparencia política. Sostuvo que “el sesgo antimayoría y antiparticipación” que introduce el sistema binominal, así como el derecho a veto que concede a las minorías, ha permeado otras áreas de la institucionalidad chilena y no sólo a los partidos.
Carolina Tohá se hizo cargo de que la desafección ciudadana, según indican estudios comparativos regionales, es mayor en Chile que en otros países de la región que tienen o han tenido problemas políticos más graves que los chilenos. Dijo que este fenómeno tiene como explicación el desfase que tienen los partidos chilenos incluso respecto de los estándares con que funciona la democracia en otras instituciones del país.
De acuerdo a la opinión de Tohá, son 3 los grandes temas que afectan a los partidos. El más importante es la falta de financiamiento público, realidad que ha dado como resultado que hoy el financiamiento sea privado, opaco, escaso e inequitativo. Un partido cuenta con financiamiento privado en la medida que sea representante de esos intereses privados, dijo. Llamó la atención que la posibilidad de que la empresas financien campañas usando franquicias es un fenómeno que ninguna democracia madura admite hoy.
Un financiamiento público, propuso, debería además orientar las campañas al debate, la formación y los contenidos, limitando los recursos destinados a la mera publicidad y marketing.
Un segundo gran tema abordado por Carolina Tohá, es la necesidad de aumentar los niveles de democracia interna en los partidos, imponiéndoles por ley los mismos estándares que para todo el sistema electoral nacional: padrones actualizados, abierto; mismas normas de transparencia para los dirigentes en torno a patrimonio y declaración de intereses, etc.
Y como tercer aspecto, mencionó la necesidad de control externo en el cumplimiento de las leyes y normas que rigen a los partidos. Carolina Tohá propuso reformular el rol del actual Servicio Electoral para que pase de ser una institución encargada del padrón electoral a una institución fuertemente fiscalizadora de los partidos políticos.
Carolina Tohá cerró su exposición señalando que no cree que haya una situación terminal para los partidos, aunque si hay un mal estado de ánimo respecto de ellos, lo que requiere de medidas para devolverle confiabilidad.
La sexta mesa de trabajo del Seminario Internacional de Probidad y Transparencia, tuvo como objetivo revisar el contenido y los alcances de los sistemas de regulación del lobby en el derecho comparado y contrastarlo con el proyecto de ley impulsado en Chile. El encuentro fue moderado por el diputado Jorge Burgos.
El primer expositor, Thomas Susman, es Director del Departamento de Asuntos Gubernamentales, American Bar Association, Estados Unidos, quien comenzó su ponencia contextualizando las cifras de la industria del lobby en Estados Unidos: el año 2010, se gastaron 2,5 mil millones de dólares.
Susman explicó que si bien este mercado genera interacciones que podrían levantar suspicacias, posee una serie de regulaciones específicas, que acotan el rango de acción y lo transparenta. Reconoció que en este aspecto, EE.UU. no esta tan regulado como Canadá, pero va en camino a ese desarrollo.
En cuanto a condiciones generales del trabajo, explicó que los lobistas se deben presentar como tales ante las autoridades, y de esta forma la prensa siempre puede hacer seguimiento de los lobistas que visitan a cada parlamentario y contrastarlo con sus votaciones. Susman dijo que en los EE.UU. existe una asociación de lobistas por cada situación de interés que se genere, ya que este interés se traduce en una industria millonaria.
Pese a esta descripción de la actividad en los EE.UU., el experto expresó que las leyes de lobby no son perfectas: por ejemplo, no están normados en su totalidad situaciones como el empleo como lobista de un ex funcionario público.
La visión y experiencia de Canadá en material de Lobby fue expuesta por Karen Shepherd, quien se desempeña en la Office of the Commissioner of Lobbying.
Sheperd recordó que el año 1989, apareció la primera Ley de registro de lobistas, formalizándose una actividad que daba sus primeros pasos se daba en la década de los 60.
La comisionada expresó lo que a su juicio eran las cuatro características fundamentales del lobby en Canadá: ser una actividad abierta y libre para el acceso del Gobierno, una actividad legítima, con funcionarios públicos están en el rango de acción de los lobistas y un registro de lobistas que debe estar siempre abierto a la investigación del Gobierno. En este sentido, el Gobierno cuenta con 1.500 funcionarios para esta labor fiscalizadora.
En cuanto al avance institucional y legislativo sobre Lobby, la expositora destaca que en Canadá se regula que sólo después de cinco años una persona que haga sido lobista, puede generar una materia relacionada con su antiguo trabajo, evitando así la fuga de información privilegiada.
Una mirada desde la visión de los usuarios del lobby la dio Henry Kronfle Kozhaya, Presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, de Ecuador.
Para Kronfle, el principal escollo de una definición y regulación del lobby en América Latina es que es una actividad que se basa en confianza, un escollo cultural, dada la confusión semántica entre el Lobby y el tráfico de influencias.
Carlos Correa, quien junto con su hermano Enrique controla Imaginacción, se congratula de haber sido la primera empresa que se declaró lobista, y para ello, hicieron una declaración de principios de actividades e intereses. Nos interesa que se regula el lobby en Chile porque tiene mala prensa, y por ello debe normarse para transparentar la actividad, y de esa forma eliminar el lobby encubierto, declaró Carlos Correa.
“En Chile hay cinco empresas que se declaran lobistas, el resto, se ampara en el mundo de las Relaciones Públicas. Existen diferencias entre las empresas declaradamente lobistas y las que hacen trabajo de Lobbistas, pero no lo declaran, como las Asociaciones Gremiales, por ejemplo, la Sofofa, cuya misión incluye ‘proponer políticas públicas’, lo que es lobby”, declaró Correa.
Pese al avance profesional y corporativo del Lobby, en Chile, las dos iniciativas legales para normar el lobby no han llegado a constituirse en un cuerpo legal.
Dando una perspectiva europea del asunto de la regulación del Lobby, expuso János Bertók, Director Ejecutivo de la División de Reformas del Sector Público, OCDE, quien inició su ponencia expresando que el Lobby es una actividad tan lucrativa y de tan baja reputación inicial, que luchas conceptualmente por instalarse en las legislaciones nacionales.
Bertók destacó el que bajo los principios de la OCDE, 34 países se pusieran de acuerdo para establecer los elementos básicos que debiera contener una regulación sobre el Lobby.
El consultor OCDE dijo que siendo el lobby una profesión que debe adecuar sus códigos de conducta adecuados para no despertar suspicacias.
Asimismo, destacó la importancia de una definición cabal y precisa del lobby, sus alcances y ámbitos de acción, dado que una escasez de definiciones adecuadas, permitiría niveles de interpretación que ampararían la ilegalidad. En este sentido, definió el lobby como una interacción entre el ámbito público, el privado, y la sociedad civil, destinada a influir a quienes toman decisiones.
Concluyó señalando que desde la perspectiva de los mismos lobistas, un estudio de la OCDE señala que el 61% de los profesionales dedicados a esta labor creen que la transparencia de la actividad debiera tener mandato legal.
Declaración de Santiago sobre transparencia e integridad en los parlamentos y partidos políticos
El Seminario Internacional sobre Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional y el Sistema de Partidos Políticos cerró sus jornadas de trabajo con una declaración oficial, cuyo texto señala:
Los asistentes al Seminario Internacional sobre Transparencia y probidad en el Congreso Nacional y el Sistema de Partidos Políticos, reunidos en Santiago durante los días 12 y 13 de enero de 2012, acuerdan, por la unanimidad de los firmantes, la siguiente Declaración:
CONSCIENTES que la disminución de la confianza pública en las instituciones parlamentarias y en el sistema de partidos políticos plantea, por un lado, un desafío de mejoramiento de los estándares de transparencia, probidad y apertura a la ciudadanía que rigen en nuestros Estados y, por el otro, de implementación de mecanismos para fortalecer la eficiencia y hacer efectiva la responsabilidad de quienes ostentan la representación popular;
CONSIDERANDO que el Poder Legislativo y los legisladores constituyen un pilar fundamental para el ejercicio democrático en sus funciones legislativa, fiscalizadora y de representación, todo lo cual redunda en la defensa de la institucionalidad democrática, y la promoción de la credibilidad pública en las instancias y sistemas democráticos;
DESTACANDO el papel central que desempeñan la transparencia, la accesibilidad y la integridad parlamentaria, tanto en el combate contra la corrupción, como en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de nuestros Estados;
ACEPTANDO nuestros compromisos tendientes a fortalecer la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que la función parlamentaria sea más eficaz y responsable;
ATENDIENDO a que el desarrollo de la función legislativa, con probidad, transparencia y participación ciudadana, es fundamental para que nuestros Estados puedan contar con un marco jurídico adecuado para prevenir, detectar y sancionar eficazmente las prácticas corruptas;
RESALTANDO que las funciones fiscalizadoras a cargo de los Congresos y Asambleas Nacionales y Legislativas implican el deber, para sus integrantes, de observar un comportamiento ético ejemplar, que sirva de referencia para aquellos a quienes se ha confiado el cumplimiento de funciones públicas en cada uno de nuestros Estados;
CONSIDERANDO que los ciudadanos de nuestros Estados merecen que quienes, en su calidad de miembros de los Poderes Legislativos, ostentan la representación de la voluntad popular, lo hagan dignamente; estén dispuestos a rendir cuentas de su mandato ante la sociedad y dispongan de mecanismos que permitan una adecuada participación de los representados en las diversas instancias del ejercicio de la labor parlamentaria;
TENIENDO PRESENTE que la rendición de cuentas es un requisito fundamental para la gobernabilidad democrática de los países y constituye un principio de la vida pública, mediante el cual los servidores públicos elegidos por la voluntad del Pueblo –en el Gobierno o en el Parlamento-, están obligados a informar, justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones, constituyendo la presencia de mecanismos de rendición de cuentas sólidos y efectivos un medio fundamental para generar confianza social, siendo este uno de los más importantes desafíos de los parlamentos modernos;
RECALCANDO la importancia que tiene la ratificación o adhesión a convenciones internacionales y a los principios asumidos por la Comunidad Internacional y Regional para fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y el empoderamiento de la sociedad civil en los procesos decisorios, especialmente recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Declaración de la Sociedad de Gobierno Abierto, Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y otros instrumentos relativos a la buena gobernabilidad, y
RECONOCIENDO la necesidad de redoblar los esfuerzos que, en el ámbito internacional, han venido desarrollando las organizaciones mundiales y regionales de parlamentarios con el propósito de promover una acción parlamentaria, política y legislativa verdaderamente representativa, transparente, abierta y responsable, que contribuya a la lucha contra toda forma de corrupción, como un importante medio para defender la estabilidad institucional y los valores éticos de la sociedad democrática.
DECLARAN SU ADHESIÓN Y COMPROMISO CON LOS VALORES CONCERNIENTES A LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA TANTO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA COMO DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y, EN TAL CONTEXTO:
1. Consideran prioritario reforzar los mecanismos que aseguren que las instituciones democráticas sean transparentes y ajustadas a los más altos principios éticos del quehacer público y a los derechos y libertades fundamentales garantizadas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en todas las Constituciones de los Estados Americanos.
2. Instan a los Congresos y Asambleas Nacionales y Legislativas de la Región a continuar apoyando el combate contra la corrupción en nuestro hemisferio, mediante la adopción de las medidas legislativas necesarias para que se puedan desarrollar los compromisos internacionales asumidos por nuestros Estados en este campo, a través de tratados como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Declaración sobre Gobierno Abierto, y otros instrumentos relativos a la transparencia y al acceso a la información pública.
3. Exhortan a los Congresos y Asambleas Nacionales y Legislativas a adoptar o fortalecer normas de ética parlamentaria, con el propósito de lograr que sus integrantes obren teniendo siempre presente que su investidura entraña el deber de observar un comportamiento ejemplar, probo y transparente, orientado a la satisfacción del bien común y con preeminencia del interés general sobre el particular, considerando para esto medidas tales como las siguientes:
a) Establecimiento de reglas claras para normar conductas especialmente relacionadas con conflictos de interés; transparencia patrimonial; tráfico de influencias; manejo de recursos asignados; financiamiento electoral; rendición de gestión; y el acceso de la ciudadanía a la información pública.
b) Elaboración de normas de conducta inspiradas en valores como el altruismo, integridad, objetividad, responsabilidad, apertura y honestidad.
c) Creación decomités de regulación ética con mecanismos, capacidad y autoridad para asesorar, investigar y sancionar.
d) Identificación de sistemas comunes de valores éticos entre los legisladores, que permitan delimitar, posteriormente, el conjunto de conductas aceptables y no aceptables en la gestión legislativa, todo ello conforme a normas legales nacionales e internacionales.
e) Creación de normas que permitan la participación activa de la ciudadanía y el ejercicio del “control ciudadano” como parte del sistema de rendición de cuentas en el control de la legalidad y el uso eficiente de los recursos públicos en el Parlamento.
4. Alientan a los Congresos y Asambleas Nacionales y Legislativas de los Estados Americanos a intercambiar conocimientos y experiencias en las materias que tienen incidencia en el combate contra la corrupción y, especialmente, cuando corresponda, buenas prácticas para el cabal cumplimiento de las funciones fiscalizadoras que tengan a cargo.
5. Instan a los Congresos y Asambleas Nacionales y Legislativas a implementar un marco legal de rendición de cuentas, que incluya, entre otros aspectos, normativa sobre evaluación de la gestión, de acceso a la información pública, de control interno, de lucha contra la corrupción, de prevención de los conflictos de interés, el tráfico de influencias, las presiones indebidas, el financiamiento de la política y un marco sancionatorio preciso.
6. Recomiendan, asimismo, efectuar un acercamiento con la ciudadanía a través de iniciativas de apertura, tanto de los Congresos y Asambleas, como de los Partidos Políticos hacia ella, con el propósito de dar a conocer el importante rol que desempeñan, así comola lucha que realizan en contra de la corrupción y los mecanismos que implementan para prevenirla, todo ello propiciando el diálogo con la ciudadanía, la formulación participativa de normas, la creación de una agenda del uso de nuevas tecnologías y de datos abiertos, y de participación a través del control ciudadano.
7. Recomiendan a las organizaciones y redes regionales de parlamentarios de nuestro hemisferio impulsar las acciones necesarias para el logro de los propósitos de la presente Declaración, a través de la instauración de una Red Parlamentaria Regional pro transparencia y probidad y un Plan de Acción plurianual que permita dar seguimiento a su desarrollo a través de los medios que estimen apropiados, tales como:
a) Solicitar al Proyecto de Sociedad de Gobierno Abierto (OGP) que incluya una línea de trabajo relativa a los Congresos o Asambleas Nacionales o Legislativas y al sistema de partidos políticos;
b)Reconocer y adherir a las iniciativas que los organismos y redes mundiales y regionales de parlamentarios están liderando para mejorar los estándares éticos y la transparencia de sus miembros;
c)Buscar instancias de encuentro periódico entre las distintas entidades encargadas del cumplimiento y control de la conducta parlamentaria y el acceso a la información dentro de los Congresos o Asambleas Nacionales o Legislativas;
d) Reconocer e impulsar los liderazgos Regionales, Nacionales y locales encargados de promover los principios enunciados en la presente Declaración.
Se invita a los demás organismos internacionales y regionales encargados de promover el desarrollo a continuar apoyando las acciones conducentes a la realización de los objetivos de la presente Declaración.
