Era bastante extraño que un país de larga tradición democrática como Chile no hubiese incorporado hasta ahora la figura del defensor de las personas en su institucionalidad. Por ello, el comienzo de la tramitación del proyecto de ley se considera un avance sustancial.

Aunque algunos encuentran precedentes incluso en las culturas clásicas, la figura del Ombudsman, en términos similares a los que conocemos hoy, nació en los países escandinavos a inicios del 1800.

Surge en Suecia, que da origen al nombre en 1809, y se difunde desde allí a otros países del área, como Finlandia y Dinamarca. En el siglo pasado llega al resto de Europa. En Gran Bretaña asume la forma del Parlamentary Commissioner for Administration; en Francia, se le conoce como el Médiateur; y en Portugal, el Proveedor de Justicia.

En un hecho clave para Iberoamérica, el año 1978 viene prevista en la Constitución democrática de España, tras la dictadura de Franco, la figura de la Defensoría del Pueblo. En un primer momento los Ombudsman nórdicos estaban concebidos para vigilar el buen desempeño de la administración y más bien velar por la legalidad de sus actos. El gran cambio que introduce España es abrir al Defensor el campo de los DD.HH., concebidos como derechos fundamentales y universales de las personas, sea donde sea que éstos se violen.

Esos cambios de relevancia pasan a nuestro hemisferio a partir de mediados de los ‘80, justo cuando la región salía de un período de regímenes autoritarios y la democracia daba pasos para consolidarse nuevamente.

Es en Centroamérica, en Guatemala, donde se producen las primeras experiencias que recogen estas nuevas tendencias europeas y que comienzan a extender la figura del Ombusdman por toda la región.

Hoy esta figura existe prácticamente en todos los países latinoamericanos, con excepción de Chile y Uruguay, y este último país avanza a pasos firmes a su pronta instalación.

Ya está implementado, asimismo, en los ordenamientos de Argentina, Brasil (en el ámbito estatal y municipal), Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay Puerto Rico, Venezuela y Perú.

En América Latina, en general, la figura del Ombudsman adquiere facultades mayores a las que en su origen se advierten en Europa, especialmente en términos de la capacidad para interponer recursos de carácter jurisdiccional y asumir la defensa colectiva de algunos derechos que puedan eventualmente haber sido pasados a llevar.

Se trata de instituciones muy vinculadas, por ejemplo, a la demanda por mayor protección de grupos vulnerables y discriminados en las diversas sociedades latinoamericanas, destaca un completo informe del Instituto Libertad.

En nuestro país, la creación del Ombudsman fue una petición expresa que hizo la Comisión de Verdad y Reconciliación en 1991, aunque los promotores nacionales de la iniciativa vienen luchando por la misma ya desde 1985.

Juan Domingo Milos, presidente del Capítulo Chileno del Ombudsman y segundo vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), celebra el inicio de la tramitación de la iniciativa en el país y recalca que ahora lo que se requiere es que el Ejecutivo disponga las urgencias legislativas necesarias para su pronta tramitación.

Milos indica que esta instancia de coordinación latinoamericana, la FIO, reúne a los Defensores Ciudadanos de la región, y es un lugar donde se comparten experiencias y se dictan algunas directrices, siempre sujetas a las realidades de cada país.