La actual directora nacional del Servicio Civil y presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública, Rossana Pérez, destaca la madurez que ha ido alcanzado el sistema en una serie de aspectos y que hoy le da la posibilidad de ampliarse a un mayor número de cargos y a una diversidad de reparticiones gubernamentales.

Pérez destaca que, tal como se ha hecho en otros países, el sistema chileno se aplicó intensivamente en esta primera etapa en un área específica, en el sector salud, donde casi todos los cargos de primer y segundo nivel fueron concursados en el periodo 2004-2007. Ahora corresponde, dice, una mayor variedad de ministerios, basada en la experiencia ganada al respecto.

El nuevo integrante del Consejo, Rafael Blanco, coincide con la necesidad de valorar lo logrado en términos de instalación del sistema, pero hace hincapié en que una segunda etapa de trabajo tiene que ver con un intento de medición de los efectos prácticos que han tenido en los diferentes servicios las designaciones ya efectuadas.

Y así como hay temas que se deben perfeccionar también hay otros que se deben mantener, dice Waissbluth; por ejemplo, la importante proporción de mujeres que alcanzan cargos de primer y segundo nivel, a la vez que aporta otro elemento a la hora del balance: la necesidad de enfrentar con una visión de largo plazo el tema remuneracional, el cual frena la capacidad de atraer a los mejores profesionales del mundo privado.

Otro asunto que ha comenzado a sonar en los círculos especializados es el que tiene que ver con hasta dónde los altos cargos de la administración deben tener un perfil netamente técnico y profesional y hasta donde deben ceñirse a los lineamientos más políticos y estratégicos del Ejecutivo. Para el director de Flacso, Claudio Fuentes, esta es una discusión que efectivamente se ha planteado pero es poco relevante si se considera que “todos los días en cargos que parecen técnicos se están tomando decisiones políticas e igualmente cargos que son políticos, toman decisiones técnicas también a diario”.

Waissbluth y Blanco son claros al remarcar que los altos cargos públicos deben ser ocupados por personas altamente calificadas en lo técnico, pero también concientes de lo que son las directrices políticas y estratégicas de las instancias superiores del Estado, y complementar adecuadamente ambos elementos.

Para María Luisa Brahm, la reelecta consejera y directora ejecutiva del Instituto Libertad, lo relevante es que el Legislativo ha tenido una labor central en todo lo que ha sido la creación y partida del sistema, el nombramiento de sus representantes e incluso los cargos que se definen como susceptibles de concursabilidad.

Blanco al igual que Brahm, en cualquier caso, coloca el acento en la transversalidad y apoyo que el sistema concita en la clase política con representación parlamentaria, lo que se ha manifestado en su puesta en marcha e incluso en el reciente nombramiento de ambos como nuevos integrantes del Consejo.