Cifras que horrorizan: entre enero de 2001 y junio de 2007, más de 300 mujeres fueron asesinadas en Chile por hombres con quienes tenían o habían tenido una relación de intimidad y confianza. Sólo el año pasado, 51 mujeres ─casi una por semana─ perecieron en hechos vinculados a contextos de violencia intrafamiliar/ femicidios; denominación esta última que define a la expresión más extrema de violencia contra la mujer. Y este año las víctimas fatales ya suman 40, según el recuento actualizado del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), aunque la ministra Laura Albornoz asegura que esas cifras “provisorias” se quedan cortas ante la realidad.
Por lo pronto, un estudio de la cartera a su cargo demostró, ya en 1994, que siete de cada diez chilenas han sufrido violencia física o sicológica de parte de sus parejas en algún momento de su vida. Por ello no es casual que a partir de un reciente intento de asesinato que conmovió al país, el de María Alvarado, embarazada de ocho meses que fue quemada viva por su pareja en Punta Arenas, a fines de julio pasado, la ministra anunciara que el Ejecutivo decidió ponerle urgencia a varios proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, vinculados a esta problemática.
Y a ello se refiere en esta entrevista:
Cuarenta mujeres asesinadas en Chile en lo que va del año por sus cónyuges, convivientes o ex pololos, y sólo cuando una mujer es quemada dentro de su auto, el tema vuelve a las portadas de los diarios. ¿A qué se debe esto?
Se debe a que cuando se mezcla el maltrato con la maternidad produce un mayor impacto; sin embargo, no sólo cuando esto sucede aparece en los medios de comunicación. Efectivamente, hay un remezón en la opinión pública respecto a asuntos que antes no se debatían, que solamente se conversaban al interior de los hogares y que muchas veces incluso se negaban en pos de la unidad familiar.
Hoy día, y particularmente el gobierno de la Presidenta Bachelet, ha logrado instalarlo como tema de debate público. No solamente el femicidio, al que se refieren los medios, sino también otra suerte de discriminaciones que estaban presentes en nuestra legislación, en las prácticas culturales, en las conductas políticas, y que afectan a un gran porcentaje de la población, como son las mujeres.
Números que no dan cuenta de la magnitud del problema
Entrevista a la ministra del Sernam, Laura Albornoz
Chile cuenta desde 1994 con una ley contra la violencia intrafamiliar que fue reforzada en 2005. Sin embargo, ésta no ha descendido. Las estadísticas dicen que incluso va en aumento. Y los jueces, aunque tienen la posibilidad de aplicar mayores castigos, no los aplican. ¿Qué es lo que falla en este ámbito?
La verdad es que afirmar que Chile tiene una ley desde el 94 es un error. Lo que tiene desde esa fecha es una ley de violencia intrafamiliar que sancionaba esta conducta como una falta y a lo más la castigaba con una pequeña multa. Entonces, decir que existe una ley es una mentira, porque no hubo consenso ni acuerdo para meterse en aquellas áreas que eran de carácter privado. Chile tiene una ley de violencia que sanciona el maltrato habitual desde el año 2005; es decir, apenas hace dos años. Y para esa ley, su tramitación costó.
No hemos ido, por lo tanto, a pasos tan agigantados como para poder hacer siquiera un diagnóstico y menos aún un cuestionamiento. Y las cifras ni siquiera son elocuentes, porque apenas existe como registro de víctimas fatales un balance que lleva el Sernam, porque en este país, hasta que llegó la Presidenta Bachelet, tampoco esto se contabilizaba. Al margen, por cierto, de las estadísticas de Carabineros de las denuncias de maltrato (ver cuadro).
Incluso los datos que manejamos hoy son conjeturales pues se basan en información recogida en nuestros centros de acogida. No existe un sistema público, aunque estamos trabajando en ello, que registre la violencia intrafamiliar.
De hecho, lo que dice la página web del Sernam de las 40 mujeres asesinadas este año es un número provisorio:Investigaciones de Chile dice que es aún mucho mayor, pues habría seis o siete homicidios que la investigación posterior demostró eran femicidios encubiertos.
Tabla N°1. Denuncias por Violencia Intrafamiliar
Año
N° de denuncias
2001
60.769
2002
68.031
2003
78.948
2004
87.697
2005
93.404
2006
95.829
Ene-mar 2007
26.378
Fuente: División de Seguridad Pública. Ministerio del Interior, 2007.
Entrevista a la ministra del Sernam, Laura Albornoz
Hay tres proyectos de ley en este momento sobre el tema a los que el Ejecutivo les ha dado urgencia simple. Uno de ellos es el que tipifica el femicidio como una figura penal específica. Pero ha sido cuestionado pues se dice que el Código Penal ya contempla el delito de homicidio y con eso alcanzaría.
Si quiere mi opinión como abogada, yo le encuentro la razón a algunos cuestionamientos. El gobierno nunca ha hablado ni se ha casado con ningún proyecto. Lo que hizo fue manifestar su voluntad política, dándole urgencia a tres mociones parlamentarias. La de la diputada Tohá, la diputada Muñoz y otros (ver); una segunda de la diputada Muñoz, junto a los diputados Burgos y Bustos (ver); y una tercera del senador Escalona (ver). Además, hay otra moción a la que no hemos tenido todavía oportunidad de ponerle urgencia, del senador Bianchi (ver). Lo que evidenció el gobierno es que este tema no puede seguir teniendo la regulación legal que le dimos en octubre de 2005. Fue su voluntad política en orden a modificar la ley de violencia intrafamiliar. La Presidenta nunca ha hablado de tipificar el femicidio ni yo tampoco.
Vale decir que el nombre que se le dé al proyecto poco importa.
A mí el nombre poco me interesa, pues creo que desde el punto de vista jurídico la tendencia internacional es más bien a ordenar las especialidades del homicidio. Me interesa el objetivo a conseguir más que los nombres. Quiero una ley que comprenda todas las situaciones que se producen en la realidad. La mitad de las muertas este año fueron asesinadas por sus pololos; por lo tanto, no calzan dentro de la figura de parricidio. Pero fueron asesinatos cometidos en virtud de una relación de afectividad, lo que supone un abuso mayor.
Lo concreto es que hoy los agresores alegan la irreprochable conducta anterior y utilizan la atenuante de arrebato o excitación por haber actuado bajo el impulso de los celos y muchas veces son condenados por homicidio simple. El asesinato de una mujer con quien vivió una relación de afectividad es condenado con cinco años y un día.
Además, en virtud de la ley que, insisto, recién fue aprobada en octubre de 2005, las medidas de protección para la mujer no operan de manera inmediata y tienen que presentar la denuncia ante los tribunales de familia para que ellos luego la deriven al Ministerio Público y proceder a la investigación del caso. Entonces, la verdad es que esta ley, que está vigente sólo desde 2005, es bastante deficiente y es necesaria reformarla con el nombre que sea.
Si se llama femicidio como en Costa Rica o violencia de género, como en España, o simplemente maltrato habitual, como en Chile, a mí y al gobierno la verdad es que no es un tema en el cual se nos vaya la vida, sin perjuicio de que vamos a aceptar lo que el Poder Legislativo decida. A nosotros lo que nos importa es que se apliquen drásticas sanciones y se brinden medidas de protección a las víctimas, que es lo que está faltando en nuestra actual legislación.
Entrevista a la ministra del Sernam, Laura Albornoz
¿La introducción de nuevas legislaciones ayuda a combatir problemas de honda raíz sociocultural, como la violencia de género, o son sólo un elemento más a considerar? Se lo pregunto porque en España, donde hay una ley sobre el particular en vigencia desde junio de 2005, según el Defensor del Pueblo en 2006 hubo más mujeres asesinadas que en 2005: 69 contra 61.
Sí, pero la vicepresidenta española nos ha dicho que todas sus políticas de prevención han permitido disminuir el golpe cotidiano que reciben muchas mujeres que, aunque no mueren, sí reciben maltratos. Recuerde las cifras que le di: en Chile hay 40 mujeres muertas de las que llevamos registro este año hasta la fecha. Pero siete de cada diez mujeres ─según un estudio de prevalencia del Sernam, que tenía muy pocos recursos para hacerlo, en el 94─, dijeron haber sido víctimas alguna vez en su vida de violencia por parte de sus parejas.
Entonces, la verdad es que nosotros creemos que las leyes siempre sirven para poder reconducir el actuar de los tribunales y de los jueces y funcionarios públicos en general. Las leyes por sí solas no mejoran el problema si no vienen acompañadas de presupuesto para poder implementar las políticas. Eso como dato cierto. El Sernam ha ido adquiriendo una serie de responsabilidades que no siempre han venido acompañadas de mayores recursos. Y es por eso que la Presidenta dobló nuestro presupuesto el año pasado para poder instalar las casas de acogida.
Pero, sin duda, las leyes, el lenguaje, construyen cultura. Cuando usted habla de que en Chile existen todavía 22 ministros de Estado, y la mitad o un gran porcentaje de ellas son ministras, resulta paradojal que eso suceda. También lo es que uno reciba el título de abogado y no de abogada. Hace diez años las mujeres casadas tenían la obligación de seguir al marido donde él se desplazara y el deber de obedecerlo. Y eso, cuando lo pensamos hoy resulta ilógico aunque estaba vigente hace poco tiempo atrás.
Pero en Chile todavía hay leyes que dicen que quien administra los bienes de la sociedad conyugal, por el solo hecho de ser hombre, es el marido, no importando su experticia comercial ni su capacidad para los negocios, sino solamente por tener el sexo masculino. Lo que resulta una aberración para el principio de igualdad contemplado en la Constitución. Por cierto que las leyes no son una solución absoluta, pero éstas, junto con las políticas públicas y una gestión dinámica en la relación con la sociedad civil, van a propender a concretar cambios culturales importantes.
El gran problema, se dice, en Chile, es la falta de seguimiento de los casos de violencia de género. La mujer denuncia en la comisaría y generalmente todo termina ahí. Falta capacitación de personal. Incluso a veces el carabinero, imbuido de una cultura machista, le aconseja: “Señora, cuando su marido venga curado, mejor no le hable. ¿Cómo se resuelve este tema?
Yo le quiero recordar que hace 15 años atrás, cuando el Sernam fue creado, y las mujeres acudían a las comisarías y les decían a los carabineros que habían sido golpeadas, ellos les aconsejaban: “Bueno, señora, váyase para la casa y arregle este problema entre las sábanas…” Y hoy las cosas han cambiado porque la violencia intrafamiliar tiene una condena social muy fuerte.
Ahora tenemos 16 casas de acogida que son refugios temporales para mujeres víctimas de violencia, donde ellas y sus hijos reciben una atención de tres meses. Con asistencia de todos los ministerios, porque lo que se intenta crear aquí es un sistema de protección social que le entregue herramientas para poder romper con el círculo de la violencia. El ministerio de Vivienda le da una atención preferencial para vivienda; el de Trabajo una capacitación para empleo, etc. Y, además, 31 centros de atención ambulatorios donde se les da asistencia jurídica, social, sicológica a las mujeres víctimas de maltrato habitual pero que no están en situación de riesgo vital como las que van a las casas de acogida.
Asimismo, existe un teléfono de emergencia, el 149, que la Presidenta extendió a todas las regiones del país en forma gratuita. Y hacemos un promedio de capacitación de 500 carabineros por año en cada una de las regiones del país, junto con talleres para los fiscales del Ministerio Público y a los periodistas, con el fin de explicarles que estos no son crímenes pasionales sino que su origen son las desigualdades existentes entre hombre y mujer.
Esta institución que, según su Ley Orgánica, sólo debe coordinar políticas públicas pasó de hacer prevención en los años 90 a estar atendiendo mujeres, a contar del 2000. Y ahora, desde el año 2006, cuando llega la Presidenta Bachelet, a darle protección integral a la mujer. La verdad es que esto pasa porque cada uno de los actores de la sociedad se haga cargo de su cuota de responsabilidad en este tema. Tiene que dejar de ser un asunto que sólo se aborde a través del Sernam o del gobierno, y pasar a ser una responsabilidad de todos.
