¿Cómo será la nueva educación chilena?

Si bien el proyecto de Ley General de Educación (LGE) rediseña todo el marco de funcionamiento de la educación chilena, estableciendo principios, objetivos y conceptos, y especifica cuál es el rol del Estado en la materia, hay puntos específicos que son los que han llamado la atención y que tendrán mayor incidencia en el día a día de alumnos, profesores y padres.

Estructura de educación: Establece un máximo de ocho años de educación básica y cuatro de educación media, además incorpora en la ley las modalidades para educación de adultos y especial. Hay que notar que el texto habla de “un máximo” de ocho años de educación básica, así que puede ocurrir que resulten siendo menos.

Selección de alumnos: Para garantizar el acceso igualitario a educación de calidad, se prohíbe hacer selección de alumnos hasta octavo básico en todos los establecimientos que reciben aportes estatales (escuelas, liceos y particulares subvencionados). Si hay más postulantes que cupos disponibles, el establecimiento deberá priorizar a los que vivan más cerca, a quienes tengan hermanos ya estudiando o padres trabajando allí. En última instancia se hará un sorteo. Cualquier otra forma de “filtro” (exámenes de admisión, entrevistas con los padres, etc.) queda prohibida.

Expulsiones: Se prohíbe expulsar alumnos por rendimiento o repitencia, así como también la expulsión en medio del año académico por no pago de mensualidad.

Fin del lucro: Ningún establecimiento particular subvencionado podrá tener fines de lucro en su tarea educativa. Es más, las entidades sostenedoras deberán transformarse en corporaciones o fundaciones que no persigan ganancias monetarias y tendrán cuatro años para hacerlo. La idea detrás de esto es que el dinero que gane la entidad sea reinvertido en el mismo establecimiento (para, por ejemplo, compra de materiales) para lograr así un aumento en la calidad de la enseñanza y un buen gasto de los recursos. Además, el texto afirma que la educación es un derecho con el que no se debe lucrar y menos si es con dinero del Estado. Esto afecta a más de 3.220 colegios de todo Chile. 

Comité Asesor Escolar: Crea una nueva entidad, de carácter asesor, formada por profesores, estudiantes, apoderados, sostenedores y directivos. Su función sería emitir opiniones sobre acuerdos del Consejo Nacional de Educación.

Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar: La respuesta de la Alianza a la pregunta de cómo fiscalizar la calidad de la enseñanza. Su función sería diseñar sistemas de diagnóstico de la calidad y aplicarlos, bajo obligación, a todos los establecimientos con financiamiento estatal.

Como todo proyecto importante, de inmediato surgieron críticas. La mayoría apuntó a la selección de alumnos y al fin del lucro para sostenedores de colegios subvencionados. Aquí hay algunos de los comentarios emitidos en la prensa nacional:

Harald Beyer, investigador del Centro de Estudios Públicos: “Pone el acento en puntos que no están correlacionados con la calidad de la educación. Diluye la preocupación por el esfuerzo académico y es muy ambiguo para definir estándares de desempeño de los establecimientos”. 

Profesores del Liceo Lastarria: “Todos los colegios de alto rendimiento tienen esa característica (la selección), que será mermada por esta medida. En vez de crear más Lastarria o más Instituto Nacional, estamos tendiendo a la creación de más liceos mediocres”. 

Sobre el fin del lucro, Mariana Aylwin, ex Ministra de Educación: “Deteriora la confianza de los sostenedores privados de contar con el apoyo del Gobierno. El signo es equívoco en un país con firme tradición de educación privada”. También opinó Cristián Larroulet, del instituto Libertad y Desarrollo: “Con reformas como ésta se elimina la posibilidad de que emprendedores en el área educacional puedan retribuirse por el riesgo de emprender en educación”. 

Quien responde a los comentarios y da mayores luces es Pedro Montt, director de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación (Mineduc), también integrante del comité especial que ya lleva dos sesiones. Sobre el tema del lucro, afirma que no es algo que se deba mirar aisladamente y que es parte de las metas de elevar la calidad de la educación: “Eso es parte de toda una serie de requisitos que estamos poniendo a los equipos de administración de los colegios subvencionados, como nivel de conocimientos, preparación e idoneidad para manejar un establecimiento (..) La idea es que quien esté a cargo del colegio sea una entidad, corporación o fundación que se dedique exclusivamente a la educación”. 

¿Y la selección? “La intención del proyecto es que el niño no se vea perjudicado por su proveniencia, que el entorno familiar en que fue criado no se convierta en un inconveniente ni en un obstáculo para poder aspirar a una educación de mayor calidad. No es la idea que la educación, aptitudes o cultura que adquiere en la casa evite que un niño pueda educarse mejor”. Además, afirma que en el comité hay bastante acuerdo sobre cómo medir la calidad de esos establecimientos: “La Superintendencia de Educación cumpliría las tareas de la comisión que propone la oposición, pero de todas maneras debe haber un control del Estado. Si vamos a usar terceros, igual se necesitarán oficiales estatales”.