Quizás el próximo año comiencen los grandes cambios en el panorama de las escuelas chilenas, cuando, supuestamente, se logre la aprobación del proyecto de Ley General de Educación (LGE) que va a rescribir las reglas de cómo se educa en Chile.
Este proyecto tuvo una génesis inusual y acalorada. Las grandes manifestaciones estudiantiles de 2006, realizadas en su mayor parte por escolares que exigían cambiar la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) para mejorar la calidad de la educación pública, instaron al Gobierno a crear el Consejo Asesor Presidencial sobre Calidad de la Educación, que hizo una serie de propuestas de reforma. Tras varios intercambios, sesiones y discusiones, el 11 de abril de 2007 entró a tramitación el proyecto de ley, que trae varios cambios con respecto a la LOCE.
Pero al conocerse el texto, hubo varias voces que se opusieron al proyecto tal como estaba formulado. RN y la UDI crearon su propio proyecto de ley orgánica constitucional de enseñanza, el que esperaban poder consensuar con el Gobierno para que saliera una norma que satisficiera a todos los sectores. Pero en el Congreso finalmente se impuso el texto gubernamental.
Aun así, de todas formas se abrió un espacio para lograr acuerdos: el proyecto de LGE fue declarado con urgencia simple para que haya tiempo de debatir mejoras, y esto se está concretando en un comité político-legislativo especial presidido por la Ministra de Educación que agrupa a miembros del oficialismo y la oposición para que se generen modificaciones que puedan ser canalizadas en la discusión parlamentaria.
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