El abandono de los glaciares

De los cerca de 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua que hay en el planeta, sólo el 2,5% es dulce. Tres cuartas partes de esa agua dulce está congelada, con lo que el recurso disponible se reduce ostensiblemente.

Este panorama ha llevado a afirmar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que, de todas las tragedias que amenazan a la humanidad, la falta de agua potable es tal vez la más grave y podría motivar conflictos bélicos en el futuro. De ahí que los cascos polares y los glaciares hoy aparecen como el principal seguro de las comunidades humanas y los ecosistemas para subsistir.

Los glaciares son fuentes de agua congelada que, gracias a su proceso de acumulación y derretimiento, abastecen a los ecosistemas, a la población y las actividades productivas de gran parte del país. Se trata de depósitos estratégicos, pues aportan a las cuencas hídricas en verano y son la única vía de recarga de ríos y napas subterráneas en dicha estación y en períodos de sequía.

Dado lo anterior, Chile es un país privilegiado. La altura de la Cordillera de Los Andes la hace poseedora de gran cantidad de glaciares, hasta el punto que el 70% de la población se abastece de agua proveniente de las montañas.

Así y todo, el interés en ellos es reciente y podría afirmarse que el proyecto Pascua Lama resultó fundamental en ese sentido. Cedomir Marangunic, doctor en glaciología y geología de la Ohio State University, sostiene que sólo cuando los efectos del calentamiento global se empezaron a hacer elocuentes en el retroceso de la Antártica, el tema empezó a concitar mayor interés. Marangunic participó en la comisión de Medio Ambiente del Senado que está analizando el proyecto de ley sobre protección de glaciares, presentado por legisladores de distintas tendencias –encabezados por el senador Antonio Horvath-, que en enero de 2007 fue aprobado en general.

A su juicio, el trabajo de la Comisión es pionero en el intento de establecer alguna legislación para los glaciares, porque prácticamente el único país donde existe protección específica es Italia. En otros, como Argentina, Perú, Nueva Zelanda, Francia o México, se han resguardado de manera indirecta gracias a interpretaciones de algunos códigos que se podrían aplicar a estas masas de agua. Estados Unidos tiene una regulación específica a través de las leyes de parques nacionales, y Aragón, en España, declaró por ley monumentos naturales a los glaciares Pirenaicos.

“Aquí pasa un poco lo mismo, pero el problema es que existen muchos glaciares en nuestra cordillera en terrenos privados, en medio de grandes propiedades y ahí empieza el conflicto: de quién son, pues la legislación no los menciona. La Dirección General de Aguas piensa que tiene atribuciones, pero realmente no es así, porque nuestro Código de Aguas no los contempla; son deficiencias de nuestra legislación”, señaló el glaciólogo Cedomir Marangunic.

Según el Programa Chile Sustentable hasta este año se han catastrado 1.987 glaciares desde el Norte Grande hasta la zona austral de Chile, los que cubren una superficie de 15.488 kilómetros cuadrados. No obstante, estiman que aún faltan por censar otros 4.700 kilómetros cuadrados.

Así y todo, el principal cuerpo legal en torno al agua en Chile -el Código de Aguas- no considera a los glaciares como parte de su área de regulación, pues se limita a normar a las aguas líquidas. A juicio de Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, "este vacío legal ha permitido su intervención indiscriminada e incluso su destrucción".

Por lo mismo, en diciembre de 2006 el Programa Chile Sustentable -en representación de un grupo de ecologistas- presentó al Ejecutivo un proyecto de ley que busca mantener un inventario de los glaciares existentes en el territorio nacional, diseñar un programa para su monitoreo y prevenir los impactos de origen antropogénico sobre ellos, priorizando  programas de investigación y avances en políticas de conservación.  

A juicio de Larraín, esta iniciativa y la existente en el Senado "no han sido patrocinadas, debido a la presión de la Sociedad Nacional de Minería y el Consejo Minero que quieren mantener el absurdo derecho de seguir interviniendo glaciares, al costo de destruir reservas de agua dulce que además de los agricultores, la hidroelectricidad, la industria y las ciudades, ellos mismos necesitan". Vale mencionar que en la Cámara de Diputados existe una moción que fue presentada en 2005 por el ex diputado Leopoldo Sánchez y se encuentra archivada.

En virtud de lo anterior, y tras conocerse el informe “Perspectivas Globales del Hielo y la Nieve” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los organismos vinculados al tema reiteraron en junio de 2007 su solicitud al Gobierno de apoyar la tramitación del proyecto. Ello, en cuanto el documento advierte que "los glaciares que se están derritiendo podrían afectar a cerca del 40% de la población mundial, que depende de los deshielos para irrigar cosechas y para obtener agua potable".

El informe también indica que la disminución de los hielos "podría desestabilizar ecosistemas en todo el planeta, con consecuencias potencialmente devastadoras para cientos de millones de personas", lo que coincide con el Informe Stern, encargado por Tony Blair, y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas.

La información no deja de ser preocupante cuando los estudios condensados en el libro "Glaciares Chilenos. Reservas Estratégicas de Agua Dulce para la sociedad, la economía y los ecosistemas", de Chile Sustentable, el Instituto Geográfico Militar y la Sociedad Nacional de Agricultura, demuestra que en Chile el 87% de los glaciares está en retroceso.

El glaciólogo del Centro de Estudios Científicos de Valdivia (CECS) Andrés Rivera, reconoce que el retroceso de estas masas de hielo es alarmante, pero advierte que no se puede pretender establecer una normativa legal demasiado proteccionista.

A su juicio, la propuesta existente en el Senado adolece de falencias de ese tipo. “Está bien que se los quiera proteger, pero en Chile ya existe legislación que los atañe; primero, porque la gran parte de ellos están en Áreas Silvestres y Protegidas, que tienen reglamentos y normativas legales; y lo mismo pasa cuando están en zonas fronterizas. La intervención de privados sobre ellos, por otra parte, está amparada por la Ley de Bases del Medio Ambiente”.

Rivera sostiene que lo que hace falta es más investigación, más profesionales y científicos que tengan una formación adecuada para hacer propuestas en esta materia. “Obviamente también se requiere normar algunas actividades productivas que puedan relacionarse con glaciares, pero eso en ningún caso debe transformarse en acciones que no favorezcan la exploración, el conocimiento y la cercanía de la población respecto de lo que son estos recursos naturales estratégicos”, señala.

“Hay que modelar mucho, tratar de predecir qué va a pasar a futuro y esas cosas son urgentes”, señala el glaciólogo cuando explica que el CECS está investigando en distintas partes de Chile, incluida la Antártica, para ver lo que está ocurriendo. Ver porqué en algunos casos los hielos retroceden y cuáles podrían ser los impactos de estos procesos en el nivel del mar y en los caudales de algunas cuencas del país.

Hasta ahora el único reglamento que ha regulado actividades en altas cumbres donde existen glaciares es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que lo ha hecho proyecto por proyecto, estableciendo medidas de mitigación que, a juicio del Programa Chile Sustentable, han sido incapaces de protegerlos.

Al respecto, el jefe del Departamento de Protección de Recursos Naturales de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Miguel Stutzin, señala que, de acuerdo al catastro CONAF-CONAMA de bosque nativo, la superficie de nieves y glaciares del país alcanza 4 millones 646 mil hectáreas, lo que corresponde al 6% del territorio nacional. Stutzin indica que la mitad de esa superficie, es decir, sobre 3 millones de hectáreas, se encuentran protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), constituyendo el 21% de este sistema de protección. 

Y agrega que aunque no existe normativa específica para la protección de glaciares, “estos recursos están incluidos en la  normativa que protege a todas las masas de agua dulce, como el Código de Aguas, y la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, donde se obliga a los proyectos que impacten áreas de alto valor natural a someterse a una evaluación ambiental, previo a su aprobación”.

De todos modos reconoce que estos cuerpos normativos pueden ser mejorados, “de manera de tener instrumentos que específicamente se refieran a la protección, conservación y uso sustentable de lo glaciares en el país, con el fin de mantener sus condiciones a través del tiempo y para que brinden sus servicios ambientales a  toda la sociedad, valoración que se encuentra manifiesta en el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet”. 

Asegura que CONAMA está desarrollando un proceso de coordinación intersectorial para avanzar en la materia, que permitirá presentar al Consejo Directivo de esta institución diferentes alternativas de gestión, “fundamentalmente enmarcadas en la elaboración de una Política Nacional para la conservación y uso sustentable de glaciares”, agrega.

Esta política nacional contemplaría modificaciones a la Ley de Bases del Medio Ambiente y la actualización de los catastros incorporando lineamientos estratégicos en diferentes instrumentos de gestión, como son la Estrategia  Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Estrategia  Nacional de Cuencas, la Estrategia Nacional de Humedales y la Política Nacional de Áreas Protegidas, y de Protección de Especies Amenazadas.