En Chile existen unas 690 mil empresas y casi un 79% de ellas (más de 543 mil) corresponden a microempresas, un 20% a pequeña y mediana empresa -unas 140 mil unidades productivas-; y sólo un 1% corresponde a grandes empresas y conglomerados industriales, que llegan sólo a 7 mil en el país, según cifras de Impuestos Internos de 2006.
En términos de empleo, sin embargo, un 40% de los puestos laborales se agrupa en el segmento de las microempresas, un 50% en la pequeña y mediana y sólo un 10% en la gran empresa. Esto significa que casi un 90% del empleo lo genera la micro, pequeña y mediana empresa.
En una de las asimetrías relevantes, al analizar lo que ha sido el devenir de este sector, pese a su enorme peso en términos de empleo y cantidad de unidades productivas, este mismo segmento representa en el país sólo un 28% de las ventas totales, mientras que las grandes empresas captan el 72% restante. Incluso el peso del sector pyme se ha ido reduciendo como porcentaje del PIB en los últimos años, pasando de un 30% a principios de los 90, a menos de un 20% en los últimos años, algo considerado preocupante.
Estos últimos antecedentes constituyen un elemento clave de la discusión sobre porqué el sector de las Empresas de Menor Tamaño (EMT)como se le denomina genéricamente hoy, es un segmento frecuentemente golpeado por los vaivenes de la economía, porqué los empleos que genera no son de la mejor calidad y sus unidades productivas entran y salen rápidamente de la matriz empresarial chilena.
En un mercado como el nacional, objeto en los últimos años de un fuerte proceso de concentración económica, explicado en lo central por el impacto de la globalización en los mercados internos, la situación de las EMT ha sido crecientemente compleja. Estimaciones privadas indican que el sector pierde anualmente, unos US $4.000 millones, que van, en definitiva, de un modo directo o indirecto a nutrir las rentas de las grandes empresas, como producto de este fenómeno.
Por ello, el futuro de este sector ha estado en la palestra pública en los últimos años. La situación derivó en la generación del Programa Chile Emprende, que en lo sustancial busca apoyar al rubro en aspectos claves de su evolución, como el acceso al financiamiento, alivios en materia de endeudamiento y rediseño de su carga regulatoria. Este programa, uno de los mayores esfuerzos en su tipo en los últimos años coloca a Chile en un lugar de liderazgo en América Latina.
Dentro del citado esfuerzo entidades al amparo del ministerio de Economía, como Corfo, Sercotec o el Fosis, son determinantes en su acción, contando cada uno ellos con una serie de programas y recursos específicos de apoyo al sector.
Sin embargo, los desafíos pendientes, según los especialistas, son múltiples y diversos. Y los problemas acumulados muy revelantes. Existen dudas respecto de si los mecanismos institucionales existentes permiten una efectiva labor de apoyo al rubro, si los recursos destinados efectivamente están llegando con la velocidad que se requiere y si, en definitiva, el esfuerzo desplegado arrojará sus frutos. No obstante, el desafío cuenta con un activo esencial: todos los sectores económicos y políticos, en una transversalidad pocas veces vista en temas de esta envergadura, están interesados en su éxito.
El denominado Programa Chile Emprende es una de las iniciativas más importantes y ambiciosas que se haya conocido en el país de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.
El programa incluye una serie de cambios legales y medidas específicas para el sector, incluida una adecuación regulatoria a la realidad de las Pymes, aumento de créditos y reprogramación de deudas.
Para laadecuación de la carga regulatoria de las Empresas de Menor Tamaño, según su capacidad de cumplimiento, se están revisando las diversas normativas (sanitarias, ambientales, laborales) que deben enfrentar. Para ello se está elaborando un Estatuto Mipyme que será enviado al Congreso durante el segundo semestre de 2007. Los avances en la elaboración del Estatuto, fueron recientemente expuestos en la Enape 2007.
Otra medida legislativa en este ámbito es el proyecto de ley sobre tribunales tributarios y aduaneros, recientemente despachado por la comisión de Hacienda del Senado. Y está en elaboración un tercer proyecto, referido a la reforma al sistema de notarios y conservadores, que permitirá agilizar trámites, agregar transparencia y reducir costos.
En lo que se refiere al relevante tema del financiamiento, la Corfo aumentará en US $100 millones el fondo de financiamiento de inversiones para solventar créditos de largo plazo. Esta medida fue recientemente implementada y permitirá a las Pymes acceder a créditos por US $450 millones en total. Asimismo, Corfo aumentará hasta US $100 millones el Fondo de Garantía para Inversiones (Fogain), mientras que se aumentará el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, Fogape, en US $10 millones, con la posibilidad de un incremento de US $30 millones adicionales.
Otra medida fundamental en este plano es que BancoEstado pondrá a disposición del sector una línea de crédito de mediano y largo plazo por US $300 millones, de los cuales ya se han canalizado unos US $70 millones.
También se contempla un aumento de los fondos destinados a financiar los costos de transacción de microcréditos, colocando un total de $15.000 millones a través de instrumentos de intermediación financiera de Indap y Sercotec, lo que permitirá operaciones de crédito por US $400 millones para microempresarios hasta el 2010.
En lo que se refiere al perfeccionamiento de los mercados se propone el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en sus funciones de protección de la competencia abierta y sana. Existe un proyecto de ley en tramitación que aumentará su dotación y robustecerá sus atribuciones. Asimismo, se perfeccionará del sistema de compras públicas Chilecompra, para permitirle a las Pymes adquirir más productos y servicios.
Por último, se apunta a la rehabilitación de empresarios con problemas de endeudamiento, con un plan de reprogramación de deudas tributarias con el SII y la Tesorería. Asimismo, BancoEstado abrirá una línea de financiamiento para la reprogramación de las deudas previsionales, las que constituyen un pesado lastre para el sector.
El saliente presidente de Conapyme, Andrés Ovalle -ya que ahora asume el mismo cargo Rafael Cumsille, presidente de la Confedech-, si bien mantiene una cordial relación con las autoridades, especialmente las sectoriales, representadas por Economía, es crítico de la magnitud y velocidad con que se han implementado en Chile los planes de apoyo al rubro. No los desconoce, pero estima que muchas de estas ayudas se entrampan en la discusión interna del Ejecutivo o posteriormente en el Congreso, aunque valora la gran transversalidad que el respaldo al sector tiene entre los parlamentarios de todas las bancadas.
Cuando habla de la realidad actual, Ovalle dice que “el trato que reciben empresarios pequeños de parte de los servicios tributarios, ambientales y laborales, es asfixiante”. Y agrega que el sector requiere adecuaciones regulatorias en todos estos campos para desarrollarse.
Ovalle tiene, por otro lado, un especial alegato relativo a la alta concentración que tienen diversos mercados en Chile y que –según dice- redundan en cada vez menos oportunidades para las Pymes. La sola concentración del sector bancario, donde existen tres entidades que controlan una parte muy sustantiva del mercado, ya afecta en términos importantes la adecuada competencia que debiera existir en materia de financiamiento para el sector. Y otro tanto ocurre, con el sector del retail, del cual son proveedores fundamentalmente Empresas de Menor Tamaño.
Por ello son fervientes partidarios del fortalecimiento de la institucionalidad antimonopolios (FNE y TDLC), tema sobre el cual se tramita actualmente un proyecto de ley en el Congreso. Y adhieren, además, a la idea de una activa participación de las Pymes en lo que se refiere al aprovisionamiento de productos y servicios al Estado, a través de Chilecompra.
En relación al Programa Chile Emprende, Ovalle estima que uno de los aspectos más polémicos será el nuevo Estatuto para las Pymes, porque estima que allí confluyen elementos tan complejos como las regulaciones sanitarias, ambientales o laborales que entorpecen la labor del sector. A la vez que considera que las medidas referidas al apoyo financiero al sector, si bien lentamente, están funcionando.
Para el presidente de Confederación Nacional Unida de la Pequeña y Mediana Industria de Chile, Iván Vuskovic, uno de los elementos fundamentales que a su entidad le interesa asegurar es la participación del sector en las instancias público-privado que, se busca, hagan un seguimiento permanente de las políticas referidas al área.
Afirma que si ello no es implementado, gran parte de las medidas de apoyo se verían afectadas porque sólo contarán con la mirada asistencialista del Estado, cuyas políticas no necesariamente son las que requiere el sector. Para él hay que enfocarse en lo principal y no desplegar una batería de medidas que sea imposible sacar adelante en plazos razonables.
Países tan disímiles como Italia, Alemania, Canadá y Japón entregan algunas de las experiencias claves que las naciones latinoamericanas han estado, ya desde hace años, observando a la hora de evaluar políticas de apoyo y desarrollo para sus Pymes.
Instrumentos como las compras que realiza el Estado como factor de dinamización del sector, que hoy se busca desarrollar en Chile, hace muchos años se aplican en EE.UU. o Japón, según consigna un estudio que contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo.
Otro tanto puede decirse de las experiencias de financiamiento para el sector. O de las formas que adopta la institucionalidad, con mayor o menor descentralización de las decisiones sobre los recursos destinados al área y quién define los mismos (municipios o consejos público-privados, de acuerdo al modelo elegido).
“Al margen del contexto en que la empresa mediana o pequeña se encuentre, es cada vez más probable que su éxito dependa de su capacidad de participar eficientemente en el comercio internacional, ya sea como exportador directo o indirecto, o como competidor de las importaciones”, sostiene, por su parte, un análisis de la Universidad de Toronto.
Cuando se mira el panorama internacional se puede concluir que Chile está bastante atrasado en este campo, en relación a los países desarrollados, en particular en lo que se refiere al tema institucional y regulatorio. Aunque, no obstante, como afirma Enrique Román, de la Fundación Chile 21, nuestro país es de los que está hoy destinando la mayor cantidad de recursosal sector- en relación a la cantidad de empresas de este tipo- en América Latina.
Coincide con este diagnóstico, María de la Luz Domper, analista de Libertad y Desarrollo, quien es particularmente crítica de la alta carga regulatoria del sector, como lo destacó en una presentación en Enape 2007.
Para la determinación de elementos como el nuevo Estatuto Mipyme, Chile está mirando las experiencias internacionales, dice Ximena Clark, responsable del tema en Economía. “Toda vez que una regulación genera costos de cumplimiento para las empresas de menor tamaño, en muchos países se estima que esta propuesta debiera ir acompañada con un informe técnico que especifique cuál es el objetivo de la regulación y las alternativas consideradas. Esto lo ocupan también México o Australia”.
Advierte, no obstante, que “acá no se trata de revisar y copiar. Por ejemplo, el caso de Italia es muy especial porque este país está compuesto de pequeñas unidades productivas que no sólo generan una participación alta del empleo, sino que del producto; pero eso se relaciona mucho con la demografía y la existencia de pequeños pueblos”.
En el tema de los procesos rápidos de quiebra, Perú tiene un proyecto para facilitarlas; Costa Rica y Colombia cuentan con normas que consideran la carga regulatoria particular de las Pymes y Brasil posee un sistema rápido de apertura de empresas, similar al de México.
En Argentina, en tanto, al igual que en toda la región, como lo advierte el análisis de la U. de Toronto, se está dando un cambio bastante radical en las políticas de apoyo al sector, porque las Pymes se han transformado en actores relevantes del esfuerzo por una mayor inclusión social y por un mayor empleo.
