Países tan disímiles como Italia, Alemania, Canadá y Japón entregan algunas de las experiencias claves que las naciones latinoamericanas han estado, ya desde hace años, observando a la hora de evaluar políticas de apoyo y desarrollo para sus Pymes.

Instrumentos como las compras que realiza el Estado como factor de dinamización del sector, que hoy se busca desarrollar en Chile, hace muchos años se aplican en EE.UU. o Japón, según consigna un estudio que contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo.

Otro tanto puede decirse de las experiencias de financiamiento para el sector. O de las formas que adopta la institucionalidad, con mayor o menor descentralización de las decisiones sobre los recursos destinados al área y quién define los mismos (municipios o consejos público-privados, de acuerdo al modelo elegido).

“Al margen del contexto en que la empresa mediana o pequeña se encuentre, es cada vez más probable que su éxito dependa de su capacidad de participar eficientemente en el comercio internacional, ya sea como exportador directo o indirecto, o como competidor de las importaciones”, sostiene, por su parte, un análisis de la Universidad de Toronto.

Cuando se mira el panorama internacional se puede concluir que Chile está bastante atrasado en este campo, en relación a los países desarrollados, en particular en lo que se refiere al tema institucional y regulatorio. Aunque, no obstante, como afirma Enrique Román, de la Fundación Chile 21, nuestro país es de los que está hoy destinando la mayor cantidad de recursos al sector- en relación a la cantidad de empresas de este tipo- en América Latina.

Coincide con este diagnóstico, María de la Luz Domper, analista de Libertad y Desarrollo, quien es particularmente crítica de la alta carga regulatoria del sector, como lo destacó en una presentación en Enape 2007.

Para la determinación de elementos como el nuevo Estatuto Mipyme, Chile está mirando las experiencias internacionales, dice Ximena Clark, responsable del tema en Economía. “Toda vez que una regulación genera costos de cumplimiento para las empresas de menor tamaño, en muchos países se estima que esta propuesta debiera ir acompañada con un informe técnico que especifique cuál es el objetivo de la regulación y las alternativas consideradas. Esto lo ocupan también México o Australia”.

Advierte, no obstante, que “acá no se trata de revisar y copiar. Por ejemplo, el caso de Italia es muy especial porque este país está compuesto de pequeñas unidades productivas que no sólo generan una participación alta del empleo, sino que del producto; pero eso se relaciona mucho con la demografía y la existencia de pequeños pueblos”.

En el tema  de los procesos rápidos de quiebra, Perú tiene un proyecto para facilitarlas; Costa Rica y Colombia cuentan con normas que consideran la carga regulatoria particular de las Pymes y Brasil posee un sistema rápido de apertura de empresas, similar al de México.

En Argentina, en tanto, al igual que en toda la región, como lo advierte el análisis de la U. de Toronto, se está dando un cambio bastante radical en las políticas de apoyo al sector, porque las Pymes se han transformado en actores relevantes del esfuerzo por una mayor inclusión social y por un mayor empleo.