En la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas se encuentra en suma urgencia el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, y modifica diversos cuerpos legales.

El proyecto de ley define el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y radica en él la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y el diseño, coordinación y ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad pública, como en la legitimación activa que se le atribuye como coadyuvante en la persecución penal de determinados ilícitos considerados de especial gravedad y connotación social.

La iniciativa regula la organización interna de la nueva secretaría de Estado, la que contará, además del ministro, con dos subsecretarías; una de Seguridad Pública y otra de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Crea además un Consejo de Seguridad Pública que coordinará los ministerios, servicios y organismos públicos relacionados, asesorará al Ministro de Seguridad Pública en la elaboración de la política nacional de seguridad pública, y velará por su correcta, oportuna y eficaz aplicación al interior de los diferentes organismos de la Administración del Estado.

“La creación del Ministerio de Seguridad Pública requiere, como natural complemento, la institucionalización de una agencia gubernamental especializada en materia de prevención del consumo y del tráfico de drogas”, el proyecto de ley propone la conversión del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, de un programa presupuestario inserto dentro del Ministerio del Interior, en un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Seguridad Pública, y se establecen sus competencias generales.

En tanto en la Comisión de Salud de la Cámara existe el proyecto propuesto por los senadores Guido Guirardi, Carlos Kuschel, Carlos Ominami, Mariano Ruiz-Esquide y la senadora Evelyn Matthei, y que se encuentra en simple urgencia en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, trata acerca de la composición nutricional de los alimentos y su publicidad.

La moción señala que los que expendan o comercialicen alimentos de consumo humano deberán fomentar un consumo racional y saludable, informar veraz e íntegramente sobre la composición de sus productos y de los perjuicios que causen a los consumidores.

Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán declarar y rotular el contenido de nutrientes indicadores de calidad de dieta definidos en el envase. Además de no adicionar a los alimentos ingredientes o aditivos innecesarios de acuerdo a la naturaleza propia del alimento.

Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos sus niveles, hábitos de alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas, azúcares y/o sodio.

Los alimentos o comida preparada en los colegios que presenten altos contenidos de nutrientes y sean excesivos no podrán expenderse, ni comercializarse dentro de ellos, ni a menos de 100 metros de distancia.

Además este tipo de comidas “no podrán ser ofrecidos o publicitados a menores de edad, ni incluir a dichos menores en su oferta publicitaria ni a adultos que representen alto grado de admiración, popularidad o conocimiento entre el público infantil. Su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario nocturno”, explica el proyecto.

Las personas que produzcan, expendan o comercialicen algún alimento que genere daño a la salud de las personas por el sólo hecho de su consumo, será sancionado con la pena de multa de 50 a 5000 UTM.