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De qué se habla




Los derechos y deberes de los pacientes de la salud pública y privada

 

La Ley Nº 20.584 regula el trato a las personas que reciben atención en centros de salud y también las normas que deben respetar como tales, pero además posibilita que los pacientes puedan aceptar o rechazar un tratamiento médico.

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01 de octubre 2012

La Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes está inspirada en los principios de dignidad y autonomía de las personas. Despachada el 20 de diciembre de 2011 por el Congreso Nacional, entró en vigencia este 1 de octubre de 2012 consagrando derechos establecidos en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales suscritos por Chile.

La nueva Ley Nº 20.584 regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, fortaleciendo reglamentos y normativas ya existentes como la prohibición de exigir cheque en garantía ante la solicitud de una atención de salud, y unificando criterios en casos de enfermedades terminales.

El texto original fue ingresado a trámite parlamentario como mensaje del Ejecutivo en agosto del 2006 para resguardar a los pacientes de la salud pública y privada en sus derechos para decidir informadamente, respetar a las personas en situación de salud terminal y a quienes presenten alguna discapacidad psíquica o intelectual.

También se protege la confidencialidad de la información de salud de cada persona, se reconoce el derecho a la participación ciudadana en la definición de políticas de salud y se establece un marco legal para la tutela ética en los servicios asistenciales.

 

Derechos del paciente

 

Derecho a ser atendido: la ley reconoce a toda persona –incluidas aquellas con discapacidad física o mental, o que se encuentren privadas de libertad- el derecho a recibir una atención de salud oportuna y sin discriminación arbitraria, ya sea por las instituciones o personas de carácter público o privado, y de acuerdo a los principios de igualdad establecidos en nuestra Constitución y las leyes.

Derecho a un buen trato personal: el Artículo 5° de la nueva legislación señala que los pacientes tienen derecho a recibir “un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia”, para lo cual los prestadores de salud deben, entre otros puntos, velar porque se utilice un lenguaje adecuado e inteligible durante la atención; cuidar que las personas que adolezcan de alguna discapacidad, no tengan dominio del idioma castellano o sólo lo tengan en forma parcial, puedan recibir la información necesaria y comprensible, por intermedio de un funcionario del establecimiento o con apoyo de un tercero que sea designado por la persona atendida.

Las personas atendidas deben ser tratadas y llamadas por su nombre, y se respetará y protegerá su vida privada y su honra, especialmente asegurando estos derechos en relación con la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones, cualquiera que sea su fin o uso. En el caso de fotografías o grabaciones mientras se está siendo atendido, si es con fines periodísticos o publicitarios se requerirá autorización escrita del paciente o de su representante legal.

Los prestadores de salud deben facilitar al paciente la compañía de familiares y amigos cercanos durante su hospitalización, y si la persona lo solicita, proporcionarle consejería y asistencia religiosa o espiritual.

Derechos culturales: en aquellos territorios con alta concentración de población indígena, las instituciones de salud pública deben asegurar el derecho de las personas pertenecientes a pueblos originarios a recibir una atención de salud con “pertinencia cultural”, es decir, a través de un modelo de salud intercultural validado ante las comunidades indígenas, que considere el reconocimiento, protección y fortalecimiento de los conocimientos y las prácticas de los sistemas de sanación de estos pueblos.

Derecho a la información en salud: “Toda persona tiene derecho a que el prestador institucional le proporcione información suficiente, oportuna, veraz y comprensible, sea en forma visual, verbal o por escrito”, señala el Artículo 8° de la ley. Esta información comprende:

  • Las atenciones de salud o tipos de acciones de salud que el prestador respectivo ofrece o tiene disponibles y los mecanismos a través de los cuales se puede acceder a dichas prestaciones, así como el valor de las mismas.
  • Las condiciones previsionales de salud requeridas para su atención, los antecedentes o documentos solicitados en cada caso y los trámites necesarios para obtener la atención de salud.
  • Las condiciones y obligaciones contempladas en sus reglamentos internos que las personas deberán cumplir mientras se encuentren al interior de los establecimientos asistenciales.
  • Las instancias y formas de efectuar comentarios, agradecimientos, reclamos y sugerencias.

 

Asimismo, los prestadores deben mantener en un lugar público y visible, una carta de derechos y deberes de las personas en relación con la atención de salud.

Si una persona ve vulnerados sus derechos puede reclamar primero ante el mismo recinto de salud donde se está atendiendo, el que deberá contar con personal especialmente habilitado para este efecto y con un sistema de registro y respuesta escrita de los reclamos planteados.

Si aún así, el afectado considera que la respuesta entregada por el prestador no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades, puede recurrir ante la Superintendencia de Salud.

 

Sobre el consentimiento informado, el estado de salud terminal y la eutanasia

 

Respecto a la autonomía de las personas respecto a su atención de salud, el Artículo 14 de la norma se refiere al “consentimiento informado”, en que toda persona tiene derecho a aceptar o rechazar un tratamiento médico “en forma libre, voluntaria, expresa e informada”, para lo cual es necesario que el médico tratante entregue información “adecuada, suficiente y comprensible”.

Para la toma de esta decisión la ley garantiza la entrega de contenidos informativos específicos al paciente “en forma oportuna y comprensible”, que le permitan aceptar o rechazar a conciencia y debidamente informado sobre su tratamiento.

Esta información que debe entregar el médico u otro profesional tratante, debe incluir:

  • Estado de salud del paciente
  • Posible diagnóstico de su enfermedad
  • Alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación
  • Riesgos que el tratamiento pueda representar
  • Pronóstico esperado
  • Proceso previsible del postoperatorio cuando corresponda, de acuerdo a la edad y condición personal y emocional del paciente

 

Cuando la condición de la persona, a juicio de su médico tratante, no le permita recibir la información directamente o padezca de dificultades de entendimiento o se encuentre con alteración de conciencia, la información debe ser dada a su representante legal, o en su defecto, a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre.

Se especifica también que “en ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio”.

Cuando se trata de una persona cuyo estado de salud es terminal, la ley establece en su Artículo 16 que el paciente puede aceptar o rechazar “someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. En ningún caso, el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte”.

Este derecho de elección no se aplicará cuando la decisión implique riesgo para la salud pública.

Las personas que se encuentren en estado de salud terminal “tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte”, es decir, a recibir los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual.

Siempre podrá solicitar el alta voluntaria la misma persona, el apoderado que ella haya designado o los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil.

En caso que el médico tratante tenga dudas acerca de la competencia de la persona, o estime que la decisión manifestada por ésta o sus representantes legales la expone a graves daños a su salud o a riesgo de morir, deberá solicitar la opinión del Comité de Ética del establecimiento o, en caso de no poseer uno, al que según fije el reglamento del Ministerio de Salud.

En el caso de que la consulta diga relación con la atención a menores de edad, el comité debe tener en cuenta especialmente el interés superior de estos últimos.

 

Deberes de toda persona al someterse a una atención de salud

 

Los deberes de las personas en salud constituyen la responsabilidad que éstas deben asumir al momento de solicitar y recibir atención de salud, entre las que se cuenta el respeto a las normas vigentes en esta materia.

La normativa estipula que el paciente debe informarse acerca de los procedimientos de consulta y reclamos establecidos, y cuidar las instalaciones y el equipamiento dispuestos para su atención.

“Las personas deberán tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, sean éstos profesionales, técnicos o administrativos. Igual obligación corresponde a los familiares, representantes legales y otras personas que los acompañen o visiten”, detalla el Artículo 35.

El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o física en contra de los integrantes del equipo de salud respectivo, dará derecho a la autoridad del establecimiento de requerir la presencia de la fuerza pública, cuando la situación lo amerite. También se puede ordenar el “alta disciplinaria” del paciente que incurra en maltrato o en actos de violencia, siempre que ello no ponga en riesgo su vida o su salud.

Finalmente, tanto la persona que solicita la atención de salud como sus familiares o representantes legales, deben colaborar con los miembros del equipo tratante, informando de manera veraz acerca de sus necesidades y problemas de salud y de todos los antecedentes que conozcan para un adecuado diagnóstico y tratamiento.

 

Discusión desde 2001

 

El proyecto de ley sobre derechos y deberes de las personas en salud fue ingresado por primera vez a trámite en el Congreso el 12 de junio de 2001 por el gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos, como uno de los pilares de la Reforma a la Salud.

De inmediato, se inició una intensa discusión sobre los temas que buscaba regular la nueva normativa, que incluyó además el aporte de los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, quienes pusieron sus propios proyectos de ley sobre la mesa:

 

Tras el arduo debate que generó la iniciativa, ésta se archivó en 2006, pero el 8 de agosto de ese año fue reingresada a trámite en el Congreso por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, cuyo mensaje pasó de la Cámara de Diputados al Senado, donde sufrió una serie de modificaciones, junto con las indicaciones presentadas durante el actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Una vez superadas todas estas etapas, la Cámara de Diputados estuvo en condiciones de dar su aprobación final el 20 de diciembre de 2011.

Pero esta iniciativa también recoge el mandato de diversos pactos, convenios y declaraciones dictados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), tales como:

 

En este sentido, la Ley Nº 20.584 busca “la explicitación de derechos contenidos en dichos instrumentos y en nuestra propia Carta Fundamental, pero aplicados esta vez a las situaciones concretas que se producen en la atención de salud”.

Ley Fácil: Derechos y deberes de los pacientes en salud


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