Masiva convocatoria generó encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas

Evaluación de políticas públicas

La primera actividad de la jornada fueron seis mesas temáticas que se desarrollaron simultáneamente. En ellas se dio un debate fluido entre los integrantes de cada panel, conformado por académicos y analistas.

En el caso de la mesa titulada "¿Para qué sirve evaluar políticas públicas?", el gerente de la Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Koldo Echebarría; la investigadora de la Universidad de Chile y ex jefa de control de gestión de la Dirección de Presupuesto (Dipres), Heidi Berner; y el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello y ex ministro de Economía y consejero del Banco Central, Jorge Marshall debatieron acerca de la eficacia en la asignación de recursos.

Respecto a las restricciones que tienen los sistemas de evaluación de políticas públicas, Marshall aseguró que el conocimiento que generan las evaluaciones no se socializa a nivel político, de allí que se genere una suerte de círculo vicioso donde se crean programas, se implementan y se evalúan sin que estos antecedentes permitan la formulación de nuevas políticas utilizando las lecciones aprendidas.

Echebarría recordó casos exitosos y fracasos en cuanto a evaluación. Entre los primeros mencionó el Consejo Nacional de Evaluación de México que obliga a analizar el impacto de todos los programas sociales; y entre los segundos, a la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas de España que generó problemas de gobernanza fiscal.

Por su parte, Berner argumentó que las restricciones a los sistemas de evaluaciones están en el uso que se le da a los resultados de cada investigación y de la metodología que se usa para interpretarlos.

En relación a la creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, los panelistas se mostraron contrarios a esta idea argumentando que más crear nuevas instituciones no siempre se traduce en más transparencia y control.

Partidos Políticos, el fortalecimiento y legitimidad

Un llamado al fortalecimiento de los partidos políticos y su legitimidad ciudadana hicieron los expositores del panel “¿El fin de los Partidos Políticos?” que tuvo como expositores al académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio; la oficial del Programa de Gobernabilidad del PNUD, Marcela Ríos; y el investigador del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Sergio Micco.

Marcela Ríos estuvo planteó la existencia de una crisis de legitimidad de los partidos políticos en Chile, esto a pesar de su baja volatibilidad política reflejada en las renovación de los aspirantes a un cargo electoral y a los perfiles de quienes son parte de la política contingente. Ríos argumentó que los actuales representantes del parlamento fueron electos con una baja votación, lo que obliga a una modificación de las normas electorales.

A pesar de esta mirada critica, Ríos aseguró que sigue existiendo un sistema multipartidista y por ello sería imperioso resguardar las reglas del juego respecto al accionar de los partidos políticos. En esa línea, pidió una reforma a la Ley Electoral y una inserción clara del financiamiento de las campañas políticas, de tal forma de transparentar quiénes y cómo se apoya a los candidatos.

Cristóbal Bellolio comentó la necesidad de revertir la deslegitimización de la política. Declaró que el origen de la política chilena actual estaría basado en los efectos de la campaña del Sí y el No de 1988, a partir de lo cual se alinearon los bandos que hasta hoy son los referentes de los partidos políticos. Ello estaría detrás de la carencia de una mística política de la que se puedan apropiar las nuevas generaciones. Asimismo destacó que en “política nadie se jubila voluntariamente”, como una manera de demostrar que los rostros actuales en política son los mismos que participaron a lo menos de cuatro campañas electorales.

Bellolio terminó su exposición reflexionando sobre los cuatro motores que estarían tras la política. En el caso chileno serían la “rabia” del que quiere hacer algo contra el sistema, la “culpa” de aquel que tiene y desea que el resto pueda tener un mejor pasar, el “miedo” a que se repitan hechos del pasado y por último, el “placer” de aquellos que gozan con hacer una política que se sustente en el tiempo.

Luego, Sergio Micco abordó la premisa tantas veces anunciada, del fin de los partidos políticos. La comparó con una profecía antigua que se va acentuando con las privatizaciones de las acciones individuales y no colectivas. Allí estaría la dicotomía entre transparencia de los actos políticos-públicos y lo que no quiere saber la ciudadanía del proceso político.

Micco expresó que en el caso del agotamiento de los partidos políticos chilenos, se debe tener en cuenta que el eje izquierda/derecha perdió vigencia en la opinión de la ciudadanía. En contrapartida, surgiría la figura del caudillo que ha inundado la vida pública chilena y de América Latina, en desmedro de los partidos que han carecido del poder de sistematizar soluciones a las demandas sociales.

Al final de la mesa se generó un debate acerca de las áreas sensibles de los partidos políticos, el financiamiento electoral y el proceso de reelección. Bellolio aseguró que “Bachelet es el bonus track de la Concertación”, lo que reflejaría la nula conversación respecto a las renovaciones políticas al interior de Chile.

Ríos señaló, en tanto, que las primarias deberían ser garantizadas por el Estado, lo que abriría una ventana de transparencia a los procesos electorales. Micco cerró diciendo que se debe considerar a todos los actores con capacidad de diálogo para diseñar el modelo adecuado que aporte a destrabar el sistema electoral chileno.

Dinero y Política

El panel “Dinero y Política” estuvo integrado por el profesor de Economía de Yale y de la Universidad de Chile, Eduardo Engel; y por el Coordinador de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), José Francisco García.

García planteó que este debate en Chile está marcado por una agenda obvia en sus tópicos que tiene solo 3 ejes. Uno de ellos es el financiamiento electoral, aspecto que engloba disquisiciones políticas en torno a exigencias de mayor transparencia y limitación al gasto de campaña, condiciones de igualdad para los competidores en campaña, prohibición de donar a personas jurídicas (empresas) y transparencia en las donaciones.

Un segundo gran ítem que vincula al dinero y la política en Chile, es el financiamiento político no electoral, que habitualmente plantea la necesidad de financiar a los partidos políticos y sus actividades, introducir mayor transparencia; y limitar y transparentar las donaciones privadas.

Un tercer gran eje de la discusión es la regulación del lobby. José Francisco García sostuvo que en Chile cualquiera de estos tres tópicos en torno a dinero y política se abordan sólo desde dos perspectivas políticas, la de centroizquierda y la de centroderecha, lo que a juicio mantiene el diálogo entrampado y no ha permitido explorar nuevas soluciones y sistemas.

La aproximación más liberal, explicó García, es limitar el gasto electoral y las donaciones privadas porque ello implicaría coartar de cierta forma la libre expresión política de las personas. En Chile, agregó, quien ha apoyado esta postura es el académico y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien plantea no limitar los máximos de gasto, sino financiar subsidiariamente a los candidatos con menos recursos para equilibrar sus posibilidades.

Otra de las preguntas que persisten en torno al gasto electoral, señaló García, es permitir o no limitar las donaciones corporativas (de empresas). García dijo que un estudio de Salvador Valdés, cuando aún era investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), mostró que el porcentaje que representaron las donaciones corporativas privadas en la campaña 2005 era bastante similar al gasto que de alguna manera implicaban los subsidios estatales por diferentes vías (alrededor de 16%). Además, según García, desde ese punto de vista hasta las dietas parlamentarias de los parlamentarios que se presentan a la reelección constituyen también gasto electoral.

Por su parte, el Engel desarrolló su ponencia revisando lo que estima son algunas de las reformas que Chile necesita para ser un país desarrollado en este aspecto. Señaló que la legislación actual es débil frente a las presiones de los grupos de interés. Citó la inexplicable tardanza de la ley sobre portabilidad numérica, que se implementó en Chile varios años después que en otros países sudamericanos. Engel sostuvo que eso se debió sólo al lobby de las empresas del área de la telefonía, pero admite que no hay datos duros que permitan demostrar la hipótesis.

Un dato que sí está disponible del sistema político norteamericano, ilustró Engel, es que las empresas que aparecen entre la lista de las 50 que más lobby realizan, tienen en promedio 11% más de ganancias que las que no desarrollan lobby político.

El economista considera que una de las áreas que se mantienen más oscuras es lo que ocurre en las discusiones de las comisiones legislativas que al no transparentarse dejan en la penumbra el lobby y las presiones que en ellas plantean los grupos de interés que están en pugna con proyectos de ley o políticas públicas en discusión.

Por ello propuso acelerar la tramitación de la ley que regula el lobby, para así saber quiénes lo hacen en Chile, así como consideró necesario perfeccionar las exigencias de transparencia de intereses y patrimonio de los representantes elegidos por votación popular.

Engel resumió sus propuestas en: donaciones transparentes, y sólo para personas naturales; contar con una institución especializada en el control de gastos electorales; establecimiento de co-responsabilidad entre administradores electorales y los propios candidatos si hay faltas o delitos en el manejo del gasto, aplicación de sanciones efectivas, penales y políticas en estos casos.

También propuso financiamiento estatal a los partidos, condicionado a mayor transparencia y exigencia de transparentar financistas incluidos los think tanks, para saber si sus estudios y propuestas tienen o no relación con intereses de grupos empresariales.

Gobernanza Colaborativa

El invitado extranjero más importante del encuentro fue el académico Richard Zeckhauser, del Kennedy School de Harvard University. Su clase magistral fue sobre “Gobernanza Colaborativa, roles privados para objetivos públicos en tiempos turbulentos”, en referencia a los acuerdos entre el área pública y entidades privadas para avanzar en ciertas políticas públicas que de otra manera no serían posibles.

Richard Zeckhauser plantea que la colaboración público-privada es fundamental para los países en desarrollo y mencionó a Chile como un país que lleva varios pasos avanzados en esta materia, citando como un ejemplo de ello la instalación de un sistema de pensiones (AFPs) que descansa sobre ambos pilares, el público y la empresa privada.

Hoy, dijo Zeckhauser, un campo de experimentación exitoso para la gobernanza colaborativa es China, donde la propiedad está abrumadoramente en manos de Estado, pero que ha llegado a un nivel de desarrollo donde al Estado ya no le es posible alcanzar además los niveles de rentabilidad requeridos y está recurriendo a acuerdo con los privados.

En Estados Unidos la tendencia ha sido ir traspasando servicios -teniendo de por medio un acuerdo de confianzas mutuas y una regulación apropiada- desde el monopolio que tuvo el Estado en la oferta de servicios sociales a la ciudadanía hacia organizaciones privadas, que no necesariamente tienen fines de lucro. Citó como ejemplos exitosos de ello la red de escuelas Charters o las ONGs ciudadanas que administran parques públicos, entre ellos el Central Park de Nueva York.

Richard Zeckhauser señaló que los bienes o valores detrás de los cuales se sustenta la decisión de delegar ciertas gestiones públicas al área privada son la búsqueda de legitimidad; la necesidad de tener mayor productividad; la necesidad de tener más información para poder aplicar esa política pública o la necesidad de aumentar los recursos disponibles.

Este acuerdo público privado, para ser exitoso, dijo Zeckhauser, requiere estar sometido a análisis permanentes, a entrega de indicadores objetivos que permitan evaluar la gestión y un adecuado marco regulatorio.