Existe actualmente en vigencia una ley sobre medios de comunicación (ley nº 19.733) que otorga de manera oficial y legal la consigna de medio de comunicación social a toda expresión de información tanto de medios tradicionales como también electrónicos/digital. Dicha iniciativa no ha estado exenta de polémicas en torno a cuál debiera ser la función del Estado en relación a la regulación de los contenidos publicados por los medios.

Las tecnologías de la comunicación llegan a Chile a partir de las reformas del liberalismo que datan en 1930. Bajo ese contexto hace su debut la imprenta como único medio extensivo de ideas lo cual tiene consecuencias importantes en relación al acceso de la lectura del proletariado.

Más tarde en 1960 se produjeron importantes cambios tras la abolición del latifundio y la migración acelerada hacia la ciudad. Ante este escenario, es el gobierno de Frei Montalva quien impulsa una serie de políticas sociales en miras hacia la alfabetización, la participación ciudadana y la democratización de la educación en la sociedad chilena.
En los 70 destacan tres factores de cambio social que inciden de manera definitoria al desarrollo de las comunicaciones: reformas políticas implantadas por la dictadura, por otro lado la imposición del modelo económico neoliberal y en tercer lugar el predominio de la TV sobre los demás medios de comunicación.
La gran interrogante que surge en estos momentos producto de la globalización en la cual estamos, es saber con certeza si existe compromiso o voluntad a partir de las políticas vigentes en otorgar más responsabilidades y compromisos en materia de acceso, transparencia y regulación de los contenidos emitidos por las distintas instituciones a cargo de la información y comunicación. Debemos abrir nuestra mente hacia los cambios que se están produciendo y para enfrentar esa realidad debemos tener la certeza de reconocer y potenciar nuestras singularidades y diferencias.

Es por esto que proponemos como ley crear una Superintendencia de información y comunicaciones con el objetivo de regular y transparentar la entrega de información responsable hacia la sociedad. Dentro de las funciones específicas que dicta esta ley se buscar propiciar las condiciones básicas para el desarrollo de las comunicaciones tanto en el ámbito público como privado.

En vista de la problemática presentada, proponemos:
Mensaje presidencial: Ley que crea la superintendencia de comunicaciones.
Aspectos generales.
Misión: garantizar el acceso y ejercicios de los derechos de las personas a recibir información veraz, objetiva, oportuna, plural, contextualizada, sin censura previa; y, a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos, mediante la auditoria, intervención y control del cumplimiento de la normativa.
Visión: ser un organismo técnico y autónomo, que lidere la vigilancia y control permanente del cumplimiento de los derechos de la información y comunicación.
Entre las funciones especificas que aborda la ley se encuentran:
I. Regulación y aceptación:

Fiscalización, registro y correcta utilización de la información y las comunicaciones; evitando la censura, abarcando los intereses desde la perspectiva de la pluralidad de voces de la sociedad.
A partir de la superintendencia; velar por el cumplimiento de los principios convenidos en los tratados internacionales sobre la materia. De esta manera y de manera transversal como proyecto de ley se busca mejorar y potenciar:

1)información responsable: responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución.

2) ampliar el derecho de una comunicación de más calidad y variedad: Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada.

3) certificar a las instituciones públicas y privadas que estén cumpliendo con los principios estipulados en la ley.

4) la democratización y transparencia de la información: Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información verídica y contenidos de cualquier tipo.

5) aplicar auditorias y evaluaciones a los responsables de medios oficiales.

6) impulsar a través de fondos públicos, proyectos comunicacionales: la superintendencia manejara dinero el cual sera empleado en fomentar procesos comunicativos, proyectos comunicacionales e impulsar la cultura.

II. Sociedad de la información:

Instauración de un Consejo de Regulación que tendrá como objetivo tres funciones:
1) investigación y análisis: investigar y analizar la información que se transmite con el fin de regular.

2) evaluación de proyectos comunicacionales: se ocupara de legalizar que no haya ninguna irregularidad en los medios de comunicación velando por la correcta información.

3) contacto ciudadano ante ideas o denuncias sobre el uso de la información y las comunicaciones.