El siguiente proyecto trata sobre la presente ley n°13.196 o llamada Ley Reservada del Cobre, la cual fue creada durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, sufriendo importantes reformas durante la dictadura militar del General Augusto Pinochet Ugarte. Esta ley establece que el 10% de la venta del citado mineral son destinados a las fuerzas armadas con el fin de que estas puedan adquirir armamento para la defensa nacional. La entrega de estos fondos debe realizarse de modo reservado, manteniendo el mismo carácter su inversión o gastos, que es lo que principalmente se cuestiona y en lo que enfocaremos el proyecto presentando una única solución.
Los gastos militares no pueden ser revisados y se mantienen en absoluto secreto. Este oscurantismo, es el que permitió los mayores casos de corrupción en la memoria reciente de las FF.AA y probablemente de toda la vida republicana (Milicogate para el caso del ejército, caso Fragatas que involucra la Armada y caso Mirage concerniente a la Fuerza Área de Chile). La ley ha sido criticada, ya que pone a las Fuerzas Armadas fuera del control del Estado y, además, no está sujeto a las normas de endeudamiento público. Chile destinó 20 millones de dólares a la compra de armas entre los años 2000 y 2015, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. A este monto se agregan otros 500 millones de dólares para adquisición de municiones. Y así, los chilenos, en general, desconocen que hacia el 2025 este presupuesto gastará desde 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas.
En el último tiempo, esta ley nuevamente sale a la palestra, siendo criticada tras salir a la luz pública el caso Milicogate. El hecho fue destapado por el periodista Mauricio Weibel en el diario The Clinic, a partir de audios en donde se escuchan las declaraciones en la fiscalía militar y otros oficios del ministerio de defensa, esto reveló que existen facturas irregulares en el ejército que abarcan más de 2.200 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Estas facturas fueron emitidas entre los años 2010 y 2014. El comandante en jefe del ejército conocía desde 2011 los mecanismos de defraudación utilizados para desviar fondos de pago de facturas ideológicamente falsas, gracias a un informe de inteligencia del coronel Miguel Cantallopts. El ministro de defensa y el ex ministro del interior Don Jorge Burgos fue notificado en enero del 2014 y tardó 12 meses en informar al servicio de impuestos internos, dicho fraude. Lo que solo demuestra que la corrupción ha llegado a niveles tan altos que las mismas personas responsables de los robos a los fondos de la ley se protegen con la verdad jurídica, basándose solamente en los protocolos o normas judiciales para poder salir impune y sin cargos.
Por otra parte, el dictamen N° 56.749 decreta que la Contraloría General es la encargada de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes. De igual forma deben presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que le requiera la Contraloría General, incluso de aquellas OBRAS MILITARES DECLARADAS SECRETAS. Lo que nos lleva a creer que no solo los individuos pertenecientes a las FF.AA son los responsables de estos hechos ilícitos, sino que va más allá de estos, involucrando a terceros
Como grupo hemos identificado importantes falencias de la Ley Reserva del Cobre, teniendo en cuenta como antecedente que la reserva de dicha ley, no favorece los principios de transparencia y acceso a la información, por su carácter reservado, el cual impide a los ciudadanos conocer información específica sobre los ingresos y egresos de los recursos del 10% del mineral rojo, permitiendo el abuso de estos dineros a las FF.AA colaborando al desinterés por la falta de información sobre este tema en nuestra sociedad. Por estas razones, la ley ya mencionada debe dejar de ser Reservada y transparentar los gastos, teniendo en cuenta que:
• La fuente de subvención a las FF.AA, a través de los aportes de CODELCO es inestable, al estar directamente relacionado con las fluctuaciones del mercado internacional, debido a que el precio del mineral cuprífero queda fijado por medio de la Bolsa Metalera de Londres, produciendo una asignación indeterminada, puesto a que el precio del cobre dependerá de acuerdo a los vaivenes de una economía de mercado a través de la oferta y la demanda.
• En conclusión, la Ley Reservada del Cobre no es concordante con los problemas a nivel país, puesto que, de acuerdo a las prioridades de un país en vías de desarrollo, no deberían mediante leyes arbitrarias apostar por comprar armamento de guerra de última generación sin considerar los graves problemas sociales que afectan a nuestro país en el último tiempo (salud, educación, pensiones, etc). Creemos también que esta asignación de recursos aleja más aún al mundo político de las necesidades como país.
La solución planteada por nuestro grupo tiene por fin evitar los abusos y la corrupción que ha ido mermando la confianza de los chilenos frente a sus Fuerzas Armadas en el último tiempo. Consideramos además que los vaivenes económicos de nuestro país actualmente, nos llevan a corregir la necesidad de destinar mayores recursos para gastos sociales que son imperiosos para atender a un considerable número de chilenos y chilenas, desprovisto de protección social, equidad en la educación y mayor cobertura hospitalaria.
Es por ello que como grupo deliberante proponemos la siguiente moción:
Artículo n°1: Crear una ley orgánica que supervise los ingresos y egresos que corresponden al uso del 10% del Cobre destinado a las Fuerzas Armadas de nuestro país terminando con su carácter de reservado pudiendo así, la contraloría General de la República fiscalizar los gastos que realizan las tres ramas de las FF.AA de acuerdo a sus necesidades las que serán representadas por los comandantes en jefes de cada una de las ramas y pudiendo denunciar todo acto que de acuerdo a un Estado de derecho pudiera considerarse como delito.
Artículo n°2: A las Fuerzas Armadas, se les exigirá especificar cada una de las compras de armamento mediante un documento y previa evaluación de la orgánica se destinarán los fondos, los cuales ya no serán divididos y enviados a las cuentas de reservas, según lo designaba el inciso 3° de la ley Nº 13.196, sino que permanecerán en una única cuenta la cual será administrada por Ministerio de Defensa. Modificaremos además el modo de entrega de estos recursos, puesto que en la actualidad se depositan en cuentas a medida que CODELCO genera utilidades. Los recursos se depositarán una vez y de manera mensual y de acuerdo a los protocolos de la Ley de Transparencia, agregando, además, que en el caso de que los egresos sean menores a los ingresos, el monto sobrante se restará al porcentaje del mes siguiente, para evitar la sobre acumulación de los fondos.
Artículo n°3: Respecto a los fondos, estos se incluirán en la contabilidad anual de la nación, permitiendo a los ciudadanos tener conocimientos de los gastos de la defensa nacional.
Artículo n°4: Además, a modo de transparentar aún más el proceso de gastos de los recursos del cobre, se exigirá al Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile que, a sus comandantes en jefes, designados por el presidente de la república según el capítulo IV en el artículo n° 32 inciso 16° presente en la constitución de Chile, que antes de asumir tal cargo den una declaración jurada de sus bienes, además de las de sus cónyuges en el caso de estar casados. También, se les obligará a firmar una carta de compromiso en el cual se especifique que, ante cualquier desvío, uso indebido o falta de los recursos se procederá de forma inmediata a imposibilitarlos de sus funciones, además de un juicio desligado completamente al fuero judicial militar, dirigido por el parlamento y con el gobierno como principal juez, donde el mismo gobierno designará una comisión, la cual desplegará sus investigaciones, exigiendo a las Fuerzas Armadas la entrega de información necesaria para la indagación, sin posibilidad de que las Fuerzas Armadas se nieguen a esto.
Artículo n° 5: Para finalizar, en el último tiempo las ganancias de CODELCO han ido en un descenso considerable y aun así el impuesto entregado a las fuerzas armadas no varía, dejando en una desventaja económica al país, lo cual es perjudicial para el normal desarrollo de las diversas utilidades que les dan a estos recursos, es por esto que planteamos que el 10% entregado a las Fuerzas Armadas. sea retirado de las ganancias de la empresa y no así de las ventas del mineral, como es realizado actualmente, en donde se retira del ingreso bruto los fondos para completar las cuentas, generando que el ingreso neto de la empresa sea cada vez menos dando como resultado un menor ingresos al país. Con esta medida generaremos que el capital que es incorporado a las utilidades del país no sean afectados por esta ley.