Hoy en día existe un vacío legal desde la institucionalidad pública, en torno a la inclusión de estudiantes con capacidades diferentes en la educación superior, cuyas entidades no están obligadas a tener políticas internas que aseguren la accesibilidad e igualdad de oportunidades para estudiantes con necesidades especiales, quedando a criterio de las mismas (Ley 20.422 de 2010).

Cabe señalar, que en relación a un estudio realizado por FONADIS (actualmente SENADIS) en el 2005, solo el 6,6% de las personas con discapacidad, han accedido en alguna instancia a la Educación Superior. Sin embargo,no hay información sobre los resultados en términos de acceso, de permanencia y de egreso a ellas. Según el artículo publicado el 16 de Junio del 2016 en el diario digital El Martutino, aproximadamente el 20% de los niños en edad escolar tienen NEE. Nos preguntamos entonces: ¿cuántos de ellos tienen realmente la oportunidad de acceder a la Educación Superior y así obtener un título profesional que les permita lograr un trabajo más estable y un sueldo digno con el cual puedan alcanzar una autonomía personal?.

En la actualidad en Chile, existen algunos organismos de Educación Superior, que cuentan con sistemas de admisión especial para estudiantes con capacidades diferentes. No obstante, esto no está regulado por una norma a nivel de país, sino que obedece a iniciativas propias de estas entidades, llámense CFT, IP y Universidades, las cuales diseñan e implementan programas y estrategias para la inclusión. Así por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica cuenta con el programa PIANE UC, cuyo objetivo es promover la inclusión de aquellos alumnos que presentan NEE asociadas a discapacidad visual, auditiva o motora. Otros ejemplos, lo constituye la UMCE, la cual desde el Departamento de Educación Diferencial, tiene su programa propio. En igual situación se encuentra la Universidad de Concepción y la Universidad de Magallanes. Por otro lado, están los programas de capacitación para estudiantes con daño cognitivo, desarrollados por la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Viña del Mar. Pese a las buenas iniciativas señaladas anteriormente, muchos de estos programas plantean tan solo una capacitación, no así un título profesional. Asimismo, no incluyen a aquellos alumnos, que están dentro del rango limítrofe o daño cognitivo leve, pero que poseen habilidades definidas como habilidades musicales,, deportivas , informática, artísticas, entre otras, las cuales no son valoradas y tampoco potenciadas.

Actualmente en nuestro país existe un Marco Regulatorio General sobre la Inclusión Social para personas con discapacidad. Esto se encuentra establecido en la Ley 20.422 del 2010, que es su artículo 39 señala que las instituciones de Educación Superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan estudiar diferentes carreras, sin embargo esta ley no regula la forma de acceso, permanencia y egreso de los alumnos con NEE. Además, no indica la necesidad de un programa interno que cuente con materiales adecuados, con profesores capacitados y con un sistema de evaluación acorde con la con las diferencias individuales de los alumnos.

Si consideramos la realidad internacional, existen grandes diferencias entre lo que sucede en Chile y otros países como es el caso de España, donde hay instituciones de educación superior que cuentan con algunos servicios, programas y unidades de atención a universitarios. Del mismo modo sucede en Brasil, país en donde la inclusión de alumnos con discapacidad sensorial y motora, es un requisito para que los Centros de Educación Superior sean autorizados, reconocidos y acreditados, en conjunto con las adecuaciones del ambiente universitario necesario para dichos alumnos.
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Los países mencionados anteriormente, si bien están en un proceso de implementación, nos ayudan a visualizar que en sus políticas educacionales ya están considerando los alumnos con NEE y que éstos tienen las mismas oportunidades de estudiar que los otros jóvenes que no se encuentran en esta situación.

Hasta la fecha, en nuestro país, no se han creado normas o leyes específicas que obliguen a cada una de las instituciones de Educación Superior a establecer programas de ingreso a personas con diferentes tipos de discapacidad.La ley 20422 tiene vacíos legales.

Consideramos que debiera existir en la Educación Superior un Programa PIE como el que existe en la Enseñanza Básica y Media. Además, el Estado debería por ley, obligar a las instituciones de Educación Superior impartir carreras que puedan ser cursadas por jóvenes con capacidades diferentes, con su programa de integración, con mallas curriculares adecuadas, con profesionales de apoyo y con recursos suficientes para desarrollar en los jóvenes, las competencias necesarias que las carreras les exigen, pudiendo posteriormente, insertarse en el mundo laboral.

El mecanismo de entrada de estos alumnos se llevaría cabo a través de un programa de ingreso especial, atendiendo los intereses de los postulantes y cumpliendo determinadas exigencias internas de las instituciones.

En este programa de ingreso consideramos a los alumnos con: Discapacidad Física, Sensorial e Intelectual/Cognitiva (rango limítrofe, leve y moderado).
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Las personas con capacidades diferentes, deben tener la posibilidad de legitimar sus talentos con un título profesional, tomando en cuenta que ellas poseen competencias específicas muy desarrolladas,lo cual los convertiría en profesionales competentes y responsables, constituyéndose en un aporte fundamental para el Estado y la Sociedad Chilena.