Reforma procesal penal

Explica el nuevo sistema de justicia penal en Chile, que reemplaza a los procedimientos que venían del siglo XIX.

Los juicios son orales y públicos, para acelerar y transparentar los procesos.

Participan el juez, el fiscal acusador, el imputado (o acusado) y su defensor

El juez escucha a las partes en el juicio, conoce las evidencias presentadas y dicta la sentencia. La labor de investigar recae en los fiscales.

Los acusados cuentan con un sistema de defensa profesional.

En promedio, un proceso judicial tiene una duración de seis meses.

El organismo autónomo que se encarga de investigar los delitos, acusar a los responsables y proteger a víctimas y testigos de los crímenes. Trabaja en coordinación con Carabineros e Investigaciones.

El representante del Ministerio Público que se encarga de investigar los delitos para después señalar a un acusado y procesarlo. En los juicios, defenderá los intereses del Estado y/o la víctima del delito y presentará evidencias en contra del acusado. En términos simples, su labor es lograr que el acusado sea hallado culpable y reciba un castigo.

La entidad encargada de proveer un abogado defensor a todas las personas que así lo requieran. La labor de sus integrantes es dar defensa legal al imputado, informarle de sus derechos y de los procedimientos legales en que se verá involucrado, y solicitar al tribunal medidas de protección en su favor.

Si se cuenta con los recursos suficientes, el servicio debe ser pagado. Si la persona no tiene los medios económicos, el abogado trabajará en forma gratuita para el imputado.

Si le imputan un delito, le preguntarán si tiene un abogado particular que se encargue de su defensa. Si no tiene, le asignarán un profesional de la Defensoría Penal Pública.

Un juez de garantía debe, principalmente, velar porque las autoridades (en particular los fiscales y los policías) no se extralimiten al perseguir a los sospechosos de un delito, afectando los derechos fundamentales del imputado (acusado). Debe decidir sobre cualquier materia que le consulten los fiscales durante sus investigaciones, en especial si es sobre alguna diligencia que perturbe derechos garantizados en la Constitución, como por ejemplo privación de libertad.

Al juez de garantía también le corresponde aprobar las soluciones alternativas que le proponga un fiscal para no llevar al imputado a juicio penal.

Es deber del Ministerio Público protegerlas, sobre todo si son susceptibles de recibir amenazas o si están en riesgo vital. En el caso de los niños, hay medidas especiales para ellos, como resguardo de su identidad y posibilidad de declarar a solas con el juez.

El acusado o imputado cuenta con ciertos derechos, como ser informado de la causa de su acusación y de sus derechos legales, contar con un abogado defensor (incluso gratis, si no cuenta con recursos), solicitar diligencias que desvirtúen las acusaciones, pedir audiencia al juez, declarar sin necesidad de juramento, entre otras.

Sí, puede darse la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio o que el juez dicte la suspensión del procedimiento bajo condiciones impuestas al acusado. También existen procedimientos simplificados para delitos leves.

Deberán seguir de acuerdo a los procedimientos anteriores a la reforma. Para ello quedan algunos juzgados operando en el régimen anterior.     

Una vez que se cierre el último caso abierto en el sistema antiguo, este código quedará derogado.