MENSAJE DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UNA BONIFICACIÓN ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE ATACAMA QUE CUMPLAN CONDICIONES QUE SE INDICAN.

Santiago, 19 de enero de 2015.-

MENSAJE Nº 1177-362/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad establecer, para el año 2015, una bonificación especial para los funcionarios públicos de la Región de Atacama, que cumplan condiciones que se indican.

I.- ANTECEDENTES

Los costos de la vida en diferentes sectores geográficos del país son asimétricos, lo que tiende a generar inequidades.

El caso de la Región de Atacama es paradigmático en este punto. Junto al enorme desarrollo de la gran Minería del Cobre y del retail en la región en los últimos años, las familias han visto cómo ha aumentado el costo de la canasta familiar y los arriendos, entre otros bienes y servicios. En el caso de los trabajadores del sector privado, han existido aumentos de remuneraciones que han permitido hacer frente a estos aumentos de precios, pero ello no ha ido a la par para los funcionarios del sector público, existiendo un riesgo de migración de valiosos cuadros profesionales y técnicos hacia el sector privado.

Considerando que el eje principal del Programa de Gobierno es combatir las desigualdades, es que también debemos abordar soluciones a tales inequidades geográficas originadas por diferenciales de costo de vida.

Así, se hace necesario establecer incentivos para que los Servicios Públicos de la región puedan atraer y retener a los funcionarios para el cumplimiento adecuado de sus labores.

Para tomar una decisión de política pública debidamente informada sobre esta materia, como Gobierno hemos encargado un estudio al Instituto Nacional de Estadísticas sobre el costo de una canasta de consumo nacional y sus variaciones entre regiones. Este estudio se realizará durante el presente año 2015.

Sin embargo, a la espera de los resultados de dicho estudio, como Gobierno hemos acordado presentar un proyecto de ley que tiene por finalidad establecer, para el año 2015, una bonificación especial para los funcionarios públicos de la Región de Atacama. Esta bonificación extraordinaria recoge lo planteado por la moción parlamentaria de los diputados señores Lautaro Carmona y Alberto Robles y de las diputadas señoras Daniella Cicardini y Yasna Provoste, la cual fue declarada inadmisible por el Honorable Congreso Nacional, atendidas las disposiciones sobre iniciativa exclusiva y formación de la ley previstas en la Constitución Política.

II.- CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley propone otorgar, de manera extraordinaria durante el año 2015, una bonificación especial de un monto trimestral de $240.000 pesos, para los funcionarios públicos que indica la presente iniciativa legal.

Esta bonificación especial será imponible, tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Ésta se pagará trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015. Contemplándose una norma transitoria para el caso que la presente ley se publique con posterioridad a dichos meses, permitiendo el pago de las cuotas correspondientes.

En mérito a lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Concédese, durante el año 2015, una bonificación especial a los siguientes funcionarios públicos con contrato vigente al 1° de enero de 2015: que se encuentren en calidad de planta, a contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo, que se desempeñen en la Región de Atacama, y que se encuentren remunerados según lo dispuesto en el decreto ley N° 249, de 1973 y en el Título I del decreto ley N° 3.551, de 1980.

De igual modo, la bonificación establecida en el presente artículo se otorgará a los funcionarios de la Región de Atacama de las entidades que se señalan: al personal de planta y a contrata de la Dirección General de Aeronáutica Civil; al personal de la Atención Primara de Salud Municipal, regido por la ley N° 19.378; a los asistentes de la educación regidos por la ley N° 19.464; a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama, y a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883.

Los jefes de servicio o las autoridades superiores de las instituciones señaladas en los incisos anteriores, según corresponda, deberán remitir al Intendente Regional la nómina de beneficiarios de la bonificación especial al mes siguiente de cada pago de la misma.

Artículo 2°.- La bonificación especial señalada en el artículo anterior tendrá un valor trimestral de $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos) y se pagará en cuatro cuotas iguales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015. Los montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo.

Esta bonificación especial será tributable e imponible y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda la cuota correspondiente y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.

Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, para las entidades señaladas en los artículos anteriores, será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la Región de Atacama. En el caso de las instituciones que no están en la cobertura de la ley de presupuestos, los recursos les serán transferidos directamente por el Gobierno Regional.

Artículo Transitorio.- La bonificación especial de la presente ley, correspondiente a los trimestres completos del año 2015 transcurridos a la fecha de su publicación, se pagará junto con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a su entrada en vigencia.”.

Dios guarde a V.E.,

RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO

Vicepresidente de la República

MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO

Ministro del Interior y Seguridad Pública (S)

ALBERTO ARENAS DE MESA

Ministro de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Dirección de Presupuestos

Reg. 073 RR 20.01.2015

I.F. N°014 – 20.01.2015

Informe Financiero

Proyecto de Ley que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama. Mensaje N° 1177-362

El proyecto de ley otorga una bonificación especial durante el año 2015 a los funcionarios públicos de planta, contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo que se desempeñen en la región de Atacama.

La referida bonificación ascenderá a un monto trimestral de $240 miles y se pagará en cuatro cuotas durante dicho año.

Este proyecto implicará un mayor gasto estimado en $7.581.000 miles para el año 2015, el cual se financiará con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Atacama.

Valparaíso, 21 de enero de 2015.

El Secretario de Comisiones que suscribe, CERTIFICA:

1.- Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República que OTORGA UNA BONIFICACIÓN ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE ATACAMA QUE CUMPLAN CONDICIONES QUE SE INDICAN (Boletín Nº 9868-05), con urgencia calificada de "suma", fue tratado en esta Comisión en sesión de fecha 21 de enero de 2015, con la asistencia de los Diputados señores Pablo Lorenzini (Presidente); Lautaro Carmona (por el señor Aguiló); Pepe Auth; De Mussy; Enrique Jaramillo; Patricio Melero; Daniela Cicardini (por el señor Monsalve); José Miguel Ortiz; Marcelo Schilling; Osvaldo Urrutia; Yasna Provoste (por el señor Walker).

Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa los señores Rodrigo González (asesor Legislativo del Ministro del Interior y la señora Patricia Orellana Jefa del Sector Laboral de la DIPRES.

Se hace presente que las normas de este proyecto son de quórum simple.

El propósito de este proyecto es otorgar, de manera extraordinaria durante el año 2015, una bonificación especial de un monto trimestral de $240.000 pesos, para los funcionarios públicos, que indica, de la región de Atacama. Esta bonificación será imponible y tributable

El informe financiero N° 14, elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 20 de enero de 2015, indica que este proyecto implicará un mayor gasto estimado en la suma de $7.581.000 miles para el año 2015, el cual se financiará con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Atacama.

Votación en general

Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobada la idea de legislar por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Lautaro Carmona (por el señor Aguiló); Pepe Auth; De Mussy; Enrique Jaramillo; Patricio Melero; Daniela Cicardini (por el señor Monsalve); José Miguel Ortiz; Marcelo Schilling; Osvaldo Urrutia; Yasna Provoste (por el señor Walker).

Votación en particular

La Comisión acuerda votar en forma conjunta todo el articulado del proyecto, siendo este aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Lautaro Carmona (por el señor Aguiló); Pepe Auth; De Mussy; Enrique Jaramillo; Patricio Melero; Daniela Cicardini (por el señor Monsalve); José Miguel Ortiz; Marcelo Schilling; Osvaldo Urrutia; Yasna Provoste (por el señor Walker).

La Comisión acordó designar como Diputado informante al señor Matías Walker.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda propone la aprobación del siguiente texto, con correcciones formales de conformidad con el Reglamento:

“Artículo 1°.- Concédese, durante el año 2015, una bonificación especial a los siguientes funcionarios públicos con contrato vigente al 1° de enero de 2015: que se encuentren en calidad de planta, a contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo, que se desempeñen en la Región de Atacama, y que se encuentren remunerados según lo dispuesto en el decreto ley N° 249, de 1974 y en el Título I del decreto ley N° 3.551, de 1981.

De igual modo, la bonificación establecida en el presente artículo se otorgará a los funcionarios de la Región de Atacama de las entidades que se señalan: al personal de planta y a contrata de la Dirección General de Aeronáutica Civil; al personal de la Atención Primara de Salud Municipal, regido por la ley N° 19.378; a los asistentes de la educación regidos por la ley N° 19.464; a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama, y a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1981 y por la ley N° 18.883.

Los jefes de servicio o las autoridades superiores de las instituciones señaladas en los incisos anteriores, según corresponda, deberán remitir al Intendente Regional la nómina de beneficiarios de la bonificación especial al mes siguiente de cada pago de la misma.

Artículo 2°.- La bonificación especial señalada en el artículo anterior tendrá un valor trimestral de $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos) y se pagará en cuatro cuotas iguales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015. Los montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo.

Esta bonificación especial será tributable e imponible y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda la cuota correspondiente y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.

Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, para las entidades señaladas en los artículos anteriores, será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la Región de Atacama. En el caso de las instituciones que no están en la cobertura de la Ley de Presupuestos, los recursos les serán transferidos directamente por el Gobierno Regional.

Artículo Transitorio.- La bonificación especial de la presente ley, correspondiente a los trimestres completos del año 2015 transcurridos a la fecha de su publicación, se pagará junto con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a su entrada en vigencia.”.

OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN ESPECIAL A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE ATACAMA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 9868?05)

El señor CORNEJO ( Presidente).-

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, corresponde votar sin discusión el proyecto de ley que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 117ª de la presente legislatura, en 20 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

El señor CORNEJO ( Presidente).-

Hago presente a la Sala que se trata de una norma propia de ley simple o común.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor CORNEJO ( Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Vera Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Berger Fett Bernardo ; Boric Font Gabriel ; Browne Urrejola Pedro ; Campos Jara Cristián ; Cariola Oliva Karol ; Carmona Soto Lautaro ; Carvajal Ambiado Loreto ; Castro González Juan Luis ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chávez Velásquez Marcelo ; Cicardini Milla Daniella ; Coloma Alamos Juan Antonio ; Cornejo González Aldo ; De Mussy Hiriart Felipe ; Edwards Silva José Manuel ; Espejo Yaksic Sergio ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farcas Guendelman Daniel ; Fernández Allende Maya ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; García García René Manuel ; Girardi Lavín Cristina ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Gutiérrez Pino Romilio ; Hernández Hernández Javier ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jackson Drago Giorgio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Kast Sommerhoff Felipe ; Kort Garriga Issa ; Lavín León Joaquín ; Letelier Norambuena Felipe ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Morales Muñoz Celso ; Morano Cornejo Juan Enrique ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Urrutia Paulina ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Pilowsky Greene Jaime ; Poblete Zapata Roberto ; Provoste Campillay Yasna ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rivas Sánchez Gaspar ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Rubilar Barahona Karla ; Sabat Fernández Marcela ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Sandoval Plaza David ; Santana Tirachini Alejandro ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Silva Méndez Ernesto ; Soto Ferrada Leonardo ; Squella Ovalle Arturo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Torres Jeldes Víctor ; Trisotti Martínez Renzo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallejo Dowling Camila ; Vallespín López Patricio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Farías Ponce Ramón .

El señor CORNEJO ( Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular con el mismo quorum.

Despachado el proyecto.

VALPARAÍSO, 21 de enero de 2015

Oficio Nº 11.695

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, certificado y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la región de Atacama que cumplan condiciones que se indican, correspondiente al boletín N°9868-05, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Concédese, durante el año 2015, una bonificación especial a los funcionarios públicos, con contrato vigente al 1° de enero de 2015, que se encuentren en calidad de planta o a contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo, que se desempeñen en la región de Atacama y que se encuentren remunerados según lo dispuesto en el decreto ley N°249, de 1973, y en el Título I del decreto ley N°3.551, de 1980.

De igual modo, la bonificación establecida en el presente artículo se otorgará a los funcionarios de la región de Atacama de las entidades que se señalan: al personal de planta y a contrata de la Dirección General de Aeronáutica Civil; al personal de la Atención Primaria de Salud Municipal regido por la ley N°19.378; a los asistentes de la educación regidos por la ley N°19.464; a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama, y a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N°3.551, de 1980, y por la ley N°18.883.

Los jefes de servicio o las autoridades superiores de las instituciones señaladas en los incisos anteriores, según corresponda, deberán remitir al Intendente Regional la nómina de beneficiarios de la bonificación especial al mes siguiente de cada pago de la misma.

Artículo 2°.- La bonificación especial señalada en el artículo anterior tendrá un valor trimestral de $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos) y se pagará en cuatro cuotas iguales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015. Los montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo.

Esta bonificación especial será tributable e imponible y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda la cuota correspondiente y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.

Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, para las entidades señaladas en los artículos anteriores, será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la región de Atacama. En el caso de las instituciones que no están en la cobertura de la ley de Presupuestos, los recursos les serán transferidos directamente por el Gobierno Regional.

Artículo transitorio.- La bonificación especial de la presente ley, correspondiente a los trimestres completos del año 2015 transcurridos a la fecha de su publicación, se pagará junto con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a su entrada en vigencia.”.

Dios guarde a V.E.

ALDO CORNEJO GONZÁLEZ

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

?CERTIFICADO

Certifico que los días 26 y 27 de enero de 2015, la Comisión de Hacienda sesionó para tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican, Boletín N° 9.868-05, con urgencia calificada de “suma”.

Se hace presente que el proyecto sólo contiene disposiciones de ley común.

Esta iniciativa de ley, tiene por objetivo otorgar, de manera extraordinaria durante el año 2015, una bonificación especial de un monto trimestral de $240.000, para los funcionarios públicos que indica.

A las sesiones en que la Comisión se ocupó de este asunto asistieron, además de sus miembros, la Presidenta del Senado, señora Isabel Allende Bussi, el Honorable Senador señor Baldo Prokurica Prokurica, y los Honorables Diputados señora Yasna Provoste Campillay y señor Lautaro Carmona Soto.

Asimismo, concurrieron:

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Subsecretario del Interior y Seguridad Pública (S), señor Mario Ossandón; el asesor legislativo, señor Rodrigo González, y el asesor, señor Rafael Ferrada.

De la Dirección de Presupuestos, la Jefa del Departamento Institucional Laboral, señorita Patricia Orellana; el Jefe del Sector Interior Descentralización, señor Rodrigo Cuadra; el abogado, señor Rodrigo Quinteros, y la analista, señorita Susan Ortega.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, los asesores, señorita Julia Urquieta y señores Octavio del Favero y Giovanni Semería.

Del Instituto Igualdad, la asesora, señorita Lía Arroyo.

El asesor del Honorable Senador García, señor Tomás Zamora.

El asesor del Honorable Senador Montes, señor Gabriel Galaz.

El asesor del Honorable Senador Coloma, señor Álvaro Pillado.

El asesor del Honorable Senador Prokurica, señor Javier Coopman.

El asesor del Honorable Diputado Carmona, señor Javier Cáceres.

El asesor de la Honorable Diputada Provoste, señora Magaly Fuenzalida.

De la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Valparaíso, CAJVAL, Regiones III, IV y V, su Presidenta, señora Jacqueline Pizarro.

De la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, FENAMIP, su Presidente, señor Claudio Carvallo.

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Durante la discusión en general del proyecto de ley, la Comisión escuchó a representantes del Ejecutivo y a los presidentes de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, CAJVAL, Regiones III, IV y V, y de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, FENAMIP.

Sometido a votación en general el proyecto de ley, fue aprobado con los votos a favor de los Honorables Senadores señores García, Lagos, Montes y Zaldívar, y la abstención del Honorable Senador señor Coloma.

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El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 20 de enero de 2015, señala, de manera textual, lo siguiente:

“El proyecto de ley otorga una bonificación especial durante el año 2015 a los funcionarios públicos de planta, contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo que se desempeñen en la región de Atacama. La referida bonificación ascenderá a un monto trimestral de $240 miles y se pagará en cuatro cuotas durante dicho año.

Este proyecto implicará un mayor gasto estimado en $7.581.000 miles para el año 2015, el cual se financiará con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Atacama.”.

Se deja constancia del precedente Informe Financiero en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

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En mérito del acuerdo precedentemente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación en general de la iniciativa legal en trámite, en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Concédese, durante el año 2015, una bonificación especial a los funcionarios públicos, con contrato vigente al 1° de enero de 2015, que se encuentren en calidad de planta o a contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo, que se desempeñen en la región de Atacama y que se encuentren remunerados según lo dispuesto en el decreto ley N°249, de 1973, y en el Título I del decreto ley N°3.551, de 1980.

De igual modo, la bonificación establecida en el presente artículo se otorgará a los funcionarios de la región de Atacama de las entidades que se señalan: al personal de planta y a contrata de la Dirección General de Aeronáutica Civil; al personal de la Atención Primaria de Salud Municipal regido por la ley N°19.378; a los asistentes de la educación regidos por la ley N°19.464; a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama, y a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N°3.551, de 1980, y por la ley N°18.883.

Los jefes de servicio o las autoridades superiores de las instituciones señaladas en los incisos anteriores, según corresponda, deberán remitir al Intendente Regional la nómina de beneficiarios de la bonificación especial al mes siguiente de cada pago de la misma.

Artículo 2°.- La bonificación especial señalada en el artículo anterior tendrá un valor trimestral de $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos) y se pagará en cuatro cuotas iguales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015. Los montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo.

Esta bonificación especial será tributable e imponible y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda la cuota correspondiente y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.

Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, para las entidades señaladas en los artículos anteriores, será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la región de Atacama. En el caso de las instituciones que no están en la cobertura de la ley de Presupuestos, los recursos les serán transferidos directamente por el Gobierno Regional.

Artículo transitorio.- La bonificación especial de la presente ley, correspondiente a los trimestres completos del año 2015 transcurridos a la fecha de su publicación, se pagará junto con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a su entrada en vigencia.”.

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Sala de la Comisión, a 27 de enero de 2015.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

BONIFICACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE REGIÓN DE ATACAMA

El señor TUMA ( Vicepresidente).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican, con Certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.868-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 89ª, en 21 de enero de 2015.

Informe de Comisión:

Hacienda (certificado): sesión 93ª, en 28 de enero de 2015.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

El objetivo principal de la iniciativa es otorgar durante 2015, de manera extraordinaria, una bonificación especial por un monto trimestral de 240 mil pesos a los funcionarios públicos que indica.

La Comisión de Hacienda discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores García, Lagos, Montes y Zaldívar y la abstención del Honorable señor Coloma.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el texto del Certificado de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, les pido especial atención a las señoras Senadoras y a los señores Senadores respecto a la discusión de este proyecto de ley, que tiene su inicio en la realidad de las regiones mineras, que fueron superadas de alguna manera por las distintas fórmulas diseñadas por el Estado de Chile.

En ellas se produce el siguiente efecto: cuando se realizan grandes inversiones -así ocurrió, primero, en la Región de Antofagasta, y después, en la de Atacama- la mayoría de las personas con buen desempeño postulan a los trabajos que genera la minería por los buenos sueldos y las favorables condiciones laborales.

Lo anterior provoca un alza en el costo de la vida, en los arriendos y en todo el entorno de esa gente.

Y, claro, quienes trabajan en la minería o en sus actividades relacionadas pueden asumir estos cambios porque se hallan en mejores condiciones salariales.

Sin embargo, los funcionarios públicos, por razones obvias, siguen recibiendo los sueldos de su respectiva escala y se ven enfrentados a un empobrecimiento pues sube el precio de los arriendos, de los alimentos, del transporte, de todo, y ellos continúan con la misma remuneración.

Junto con la Senadora Allende y los parlamentarios de la Región de Atacama venimos pidiendo ya durante dos períodos -esta solicitud fue respaldada por el actual jefe del gobierno regional, Miguel Vargas; por los ex intendentes Rafael Prohens y Ximena Matas, y por otras autoridades y parlamentarios de todos los sectores políticos- que se actúe en esta situación al igual como se hizo en Antofagasta: que se dicte una norma especial para entregar un bono trimestral similar al que se propone dar a través de esta normativa.

Planteamos el otorgamiento de este beneficio porque esa falta de equilibrio daña no solo a los funcionarios públicos, sino también a la Administración Pública en general y a los privados, pues muchos de estos funcionarios emigran al sector privado y no existe interés alguno en postular a los cargos que se concursan.

Todo eso indica el poco interés demostrado a fin de realizar otras labores indispensables para una región como la de Atacama.

Eso sí, nos habría gustado que en este caso la solución hubiera sido igual o similar a la que se dio en la Región de Antofagasta (una legislación permanente) y no una normativa como esta, que solo regirá para 2015 mientras se lleva a cabo un estudio -se le va a encargar al INE- a fin de determinar el costo de la vida. La continuación del beneficio en análisis dependerá de lo que señale ese documento.

En segundo lugar, muchos funcionarios públicos quedaron sin este bono. Al respecto, todos le hemos pedido al Ejecutivo que resuelva esa situación por alguna vía.

No se incluyó en esta iniciativa ni a los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, ni a los del Ministerio Público, ni a los profesores, ni a Carabineros, ni a una serie de otros servicios. El 30 por ciento de los funcionarios públicos de la región quedaron excluidos. Y, en verdad, frente a la misma razón debiera haber la misma disposición.

Por último, manifiesto una preocupación, que ojalá se considere: este proyecto -a diferencia del que favoreció a Antofagasta, que recibió recursos del Fisco nuevos y frescos- es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se trata de 7 mil 500 millones de pesos, que constituyen una cantidad importante del FNDR.

Somos partidarios de esta iniciativa. Agradecemos al Gobierno que escuchara el llamado que le hicimos tantas veces. Favorece a los funcionarios públicos de la Región de Atacama.

Pero hacemos sí un par de prevenciones: nos gustaría que el beneficio se ampliara además al 30 por ciento de funcionarios públicos que quedaron fuera y que se destinaran recursos frescos porque, de lo contrario, financiaremos el bono con fondos de nuestra región que se deberán reorientar del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Por eso, les pido a los señores Senadores apoyar este proyecto de ley, que hace justicia a un sector que quedó fuera de los beneficios entregados por las inversiones y el adelanto vividos en la Región de Atacama.

El Señor TUMA (Vicepresidente).- 

Tiene la palabra la señora Allende

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, por supuesto, coincido con mi colega el Senador señor Prokurica: este tema se ha venido trabajando largamente en la Región de Atacama.

Primero se habló -hace ya numerosos años- de una eventual zona extrema, pero nos dimos cuenta de que no correspondía geográficamente. Aunque existe un grado de aislamiento importante, poco a poco ha ido mejorando la conexión.

Se ha considerado a la región como zona estratégica en el sentido de que entrega recursos mineros. En ella conviven la mediana minería, algunos proyectos de la gran minería y bastantes de la pequeña minería, que muchas veces es muy vulnerable, en particular ahora último por el bajo precio del cobre.

Por lo tanto -reitero-, se consideró zona estratégica en función de los recursos que entrega.

Debemos tomar conciencia de que en este país no siempre somos capaces de mirar las regiones en sus especificidades.

En tal sentido, espero que la Ficha de Protección Social, que ha incorporado una serie de metodologías nuevas, sea fina a la hora de evaluar la pobreza, las condiciones de vida o las vulnerabilidades.

En concreto, se trata de una región que entrega recursos no renovables y que se halla afectada no solo por pasivos ambientales, que han generado grandes y graves problemas -hay una tremenda contaminación en Tierra Amarilla; incluso, Huasco fue declarada zona de latencia-, sino también por enormes dificultades hídricas.

Por lo tanto, la presión de la minería sobre la población, en general, es muy fuerte y, obviamente, la relación es muy desigual. Solo un porcentaje minoritario trabaja en la minería; el resto, incluidos los funcionarios públicos, no perciben los mismos sueldos, aunque sí deben asumir todas las alzas del costo de vida.

Existe especulación de terrenos, ya que se cuenta con poco suelo disponible. Incluso no ha sido posible acompañar con un proyecto a más de 12 mil subsidios. Por muchos años se dejó de construir, lo cual provoca una presión sobre los servicios públicos.

Además, ha empezado a llegar a la zona una cantidad de gente de otras nacionalidades que instalan campamentos en los cerros en condiciones muy precarias. Ellos, evidentemente, ejercen presión sobre los servicios de salud, de educación.

Estamos hablando en lo principal de una situación tremendamente preocupante y desigual por la cual funcionarios públicos se ven en condiciones muy muy desmejoradas, ya que no es posible comparar sus ingresos con los de un porcentaje minoritario que labora en la minería.

Todo eso llevó a la constitución de la denominada "mesa del sector público", que fracasó en el Gobierno pasado y que la actual Administración retomó con las nuevas autoridades tanto regionales como nacionales.

Después de bastante discusión, reflexión, etcétera, se logró este acuerdo, el cual tiene dos connotaciones.

En primer lugar, sé que muchos Senadores en esta Sala se han resentido con esta propuesta. Algunos dicen: "Pero La Araucanía es una de las regiones más pobres". Y es cierto. Sin embargo, la idea es establecer planes especiales y que estos se vayan concretando.

Entiendo que la Región de Los Ríos también sufre una situación especial, por su ruralidad. Los problemas no se ven precisamente en Valdivia, sino en las comunas de carácter más campesino. Habrá que ver el caso en su momento.

Decía que se plantean dos condiciones para entregar el beneficio: la que ya hemos descrito y el compromiso de que esto rija por un año.

Durante el 2015 se desarrollará un estudio riguroso, acabado, cuyo fin es medir el costo de la vida. Y dependiendo de sus resultados, se resolverá si se extiende o no la bonificación en comento.

El proyecto propone otorgar el beneficio -ya se ha explicado el asunto, el cual fue motivo de un largo debate- a los funcionarios públicos "que se encuentren en calidad de planta o a contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo", y también al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Atención Primaria de Salud Municipal, entre otras instituciones.

Sabemos que quedaron fuera algunos funcionarios, como los del Ministerio Público. Sobre el particular, conversé con el Ministro del ramo. La idea es que reciban beneficios a través del proyecto de ley que fortalece al referido organismo.

Tampoco se incluyó un número muy pequeño pero importante de trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial. Su situación se debe resolver reglamentariamente, porque les afecta una condición especial con relación a la forma en que son remunerados. O sea, se les debe dar solución por otra vía.

Me parece de entera legitimidad que haya una mirada más rigurosa a la hora de evaluar lo que ocurre en regiones como la nuestra, a la que por años se han entregado recursos.

En definitiva, se vive en Atacama una situación dramática por el costo de la vida, el cual no guarda relación alguna con el nivel de las remuneraciones que se pagan en la Administración Pública.

Los servicios son caros y complejos. El precio de los alimentos es alto por la distancia que implica su traslado.

Las cuentas del agua, que es un recurso escaso y de mala calidad, están entre las más caras del país. Además, hay que invertir el doble, porque es necesario comprarla envasada, dado que la que llega a los hogares es absolutamente intomable. Esta materia, evidentemente, ya está siendo analizada.

Por lo tanto, les pedimos a nuestros colegas que comprendan que estamos ante una situación un poco especial.

Finalmente, deseo referirme al financiamiento, aspecto muy importante.

Quiero decirle al Gobierno, con claridad, que legalmente no se pueden pagar con recursos del FNDR bonificaciones a empleados. Esos fondos son para inversiones del gobierno regional, las que no deben verse afectadas. Es muy relevante considerar ese punto.

Por lo tanto, en su momento hay que evaluar con mucho cuidado las reasignaciones. Si es necesario, se debe suplementar.

Nosotros no pretendemos, como dice el refrán, "desvestir un santo para vestir otro". Nunca se pensó en financiar la iniciativa con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Si así fuera, estaríamos cayendo en lo más absurdo de lo absurdo. Con la tremenda carestía y las dificultades existentes en la Región, no podemos imponerle al gobierno regional el financiamiento de este proyecto por 7 mil 500 millones de pesos, monto que equivale a cerca del 20 por ciento de su presupuesto.

Al respecto, el Ejecutivo adquirió un compromiso.

El diálogo que motivó esta propuesta legislativa fue encabezado por el Ministerio del Interior, a través de los delegados que mandó a Atacama. También participaron el Intendente y el conjunto de la mesa del sector público. Allí, con mucha generosidad, aunque con dificultades iniciales, se logró llegar a un acuerdo, en el que algunos sectores no quedaron incluidos. Pero, como aquí se ha mencionado, ellos tienen otras vías de solución.

El señor TUMA ( Vicepresidente).-

Concluyó su tiempo, señora Senadora.

Le doy segundos adicionales para que termine.

La señora ALLENDE.-

Gracias, señor Presidente.

Repito que nunca se dijo que esto sería financiado directamente con dineros del gobierno regional. En consecuencia, esperamos que el Ministerio del Interior asuma sus responsabilidades y cumpla su compromiso.

He dicho.

El señor TUMA ( Vicepresidente).-

Solicito la autorización de la Sala para que ingresen al Hemiciclo el Subsecretario del Interior subrogante, señor Mario Ossandón, y su asesor Rodrigo González.

--Se accede.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Si hubiera consenso, podríamos abrir la votación, sin perjuicio de continuar con la lista de los inscritos.

Acordado.

En votación la iniciativa.

--(Durante la votación).

El señor TUMA ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente, efectivamente en la Comisión de Hacienda analizamos y aprobamos este proyecto. La mayoría de sus miembros coincidimos en que no podíamos negarnos a respaldar el otorgamiento de un beneficio a determinado número de funcionarios públicos.

Sin embargo, cabe tomar nota de que esta forma de tratar de paliar una situación real, como aquí se ha señalado, no es la más adecuada. Se debe buscar una fórmula más global.

Siempre he hecho presente que, para enfrentar el alto costo de la vida, el aislamiento, etcétera, ya existe una política nacional: la asignación de zona. Cada cierto tiempo, debiéramos considerar en la Ley de Presupuestos de qué manera compensar a quienes viven en los lugares donde se produce ese tipo de situaciones.

Pero, a mi juicio, lo más delicado es sentar un precedente. Porque la argumentación que hemos escuchado aquí para justificar esta propuesta es que en Atacama existe un elevado costo de vida, el precio de las viviendas es alto, etcétera, en circunstancias de que eso ocurre en muchas otras zonas del país, por distintas causas.

En relación con el proyecto mismo, si bien se otorga una bonificación especial a un importante número de funcionarios públicos, observamos que algunos quedan excluidos. Por tanto, se produce una discriminación. Por ejemplo, no se beneficia al personal de la Corporación de Asistencia Judicial ni al del Ministerio Público, a cuyos representantes escuchamos en la Comisión.

No entiendo por qué se dejó fuera a los profesores, cuando la propia iniciativa concede el beneficio a los asistentes de la educación y a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama. Está muy bien que se incluya a estos. Pero ¿por qué no se consideró a los profesores?

Todos esos aspectos dan pie a una discusión sobre discriminación, tanto al interior de la Región donde se otorga el beneficio, como en comparación con otras regiones.

Ya he escuchado a varios Senadores anunciar que también van a levantar su bandera para pedir que se vea lo que está pasando en su zona y se solucionen los problemas que allí suceden.

Otro tema más delicado aún -lo planteó la propia Senadora Allende- es el financiamiento de esta futura ley, el cual se hace con cargo a los recursos del presupuesto de inversiones del gobierno regional.

Primero se dijo que se usarían fondos sectoriales. Pedimos que se aclarara el punto.

Lo propuesto es contradictorio con la política del Gobierno, cual es ejecutar el cien por ciento de los proyecto de inversión regional. De hecho, a través de la Ley de Presupuestos, estamos pidiendo utilizar la totalidad de lo asignado a nivel nacional para provocar un efecto positivo en la economía.

Si un gobierno regional no ha invertido 7 mil 500 millones de pesos, ¿hay que ver por qué?

A veces se destina dinero a cosas muy precisas, en circunstancias de que las regiones necesitan y reclaman mayores recursos para solucionar sus problemas. Por lo mismo, no tiene sentido ocupar fondos de inversión regional para el fin que aquí se propone, aunque sea muy loable. No debiera ser así.

Con todo, voy a apoyar este proyecto, pues no me opondré al otorgamiento de beneficios para funcionarios públicos afectados por la situación que se vive en la Región de Atacama.

Sin embargo, llamo la atención sobre el hecho de que este planteamiento abrirá un espacio de discusión general con muchas otras regiones, que reclamarán el mismo derecho por razones similares a las que hoy se esgrimen para favorecer a estos funcionarios.

Quiero dejar esa constancia.

En resumen, se produce discriminación tanto al interior de Atacama, al no beneficiar a todos los empleados públicos, como en comparación con otras regiones. Y resulta contradictorio el hecho de que los fondos regionales de inversión se destinen a un gasto corriente como el que se propone.

Voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, el Senador que me antecedió en el uso de la palabra -si bien al final vota a favor, lo que respeto- me ahorra comentarios, porque sus argumentos son los mismos que yo sustento para pronunciarme en forma distinta.

Aquí no se trata de los que están a favor o en contra de la Región de Atacama. De partida, descarto esa lógica, que considero muy perturbadora respecto de lo que uno pueda reflexionar libremente.

He estado muchas veces allá y he hablado con la gente de nuestro Partido en ese lugar; así que mi posición no tiene que ver con aquello, sino con cómo se soluciona este tipo de problemas en el orden de las políticas públicas.

Con harta franqueza, quiero decir que el caso que nos ocupa está mal resuelto. La política pública que plantea esta iniciativa es profundamente equivocada. Y llamo a pensar en lo que significa como precedente para el futuro.

¿Cuál es la dificultad?

El costo de la canasta familiar en Atacama, según nos dice el informe -y no lo pongo en duda-, es muy alto. Por esa razón, a pesar de que no existe un estudio comparativo con otras regiones, mientras tanto, se decide entregar un bono de un millón de pesos a algunos funcionarios públicos de la Región.

Esa reflexión no me parece consistente.

Yo represento a la Región del Maule, que exhibe indicadores mucho peores que los de Atacama. Aquella tiene más necesidades y presenta grados de pobreza mayores. En días pasados, salió un informe que señala que las Regiones del Maule, de La Araucanía y del Biobío son las tres con menos ingresos en Chile y, por tanto, con más dificultades económicas.

Sin embargo, en vez de abordar esta materia globalmente y elaborar un estudio en serio sobre cómo funcionan las capacidades económicas de las regiones, a fin de establecer políticas públicas en esa línea, aquí se dice algo muy curioso: "Mire, mientras esperamos que se haga el informe pertinente, igual pasemos un bono a los funcionario de Atacama".

¿Entendemos que esa es la forma correcta de impulsar políticas públicas en los países?

En segundo lugar, creo que la resolución del proyecto es perjudicial para la propia Región de Atacama.

¿Por qué? Porque, si bien el costo de la canasta de alimentos es alto, la solución llega a algunos, no a todos: a los profesores no les llega; a la gente que está a honorarios no le llega; al Ministerio Público no le llega; a la Corporación de Asistencia Judicial no le llega; a los carabineros no les llega; a Gendarmería no le llega.

Si el costo de la vida es elevado en ese lugar, imagino que lo es para todos sus habitantes, incluidos los que mencioné. ¿O a los carabineros, a los profesores, a los funcionarios del Ministerio Público o de la Corporación de Asistencia Judicial no se les aplica lo mismo que al resto?

Entonces, conceptualmente, se genera un error muy grueso al proponer una solución muy desigual. Instalada esa política pública, la línea de respuesta me parece muy perturbadora.

A mayor abundamiento, esto se financia gracias a proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional -lo dijo el Gobierno- que no se van a llevar a cabo.

El Senador Lagos en eso fue muy coherente en la Comisión de Hacienda. Dijo: "Es bien raro que queden proyectos sin hacer, porque habíamos resuelto con el Gobierno establecer en el mes de diciembre todos los proyectos. Y si no se ejecutaba el cien por ciento de ellos, se perdía la plata". Bueno, resulta que ahora ya se está admitiendo que el 20 por ciento no se va a concretar, y de ahí van a salir los 7 mil 500 millones de pesos para financiar esta iniciativa.

Señora Presidenta, yo sé que uno trata de solucionar problemas, y siento un profundo respeto por la gente de Atacama, pero varias personas de esa Región me han mandado mails reclamando por esta propuesta legislativa. Estoy tapado de correos de profesores, de la gente del Ministerio Público que fue a la Comisión, de funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial. No me han mandado mails ni los carabineros ni los gendarmes, pero les aseguro que los interpreto plenamente con lo que estoy planteando.

En verdad, tengo la mejor voluntad de colaborar. El Senador Prokurica ha sido uno de los defensores del proyecto y quiero ayudarlo. Sin embargo, hay que pensar en el país y en el precedente que se genera.

De seguro, los cuatro Senadores del Maule nos demoraríamos 30 segundos, transversalmente, en proponer una iniciativa similar que favorezca a nuestra Región. Pero no puede ser esa la fórmula para resolver los problemas.

Si queremos impulsar políticas públicas en ese sentido, debemos elaborar primero un índice regionalizado de canasta familiar -algunos sostienen que es muy difícil, cosa que comparto- o establecer algún instrumento que permita, objetivamente, saber qué está pasando en Chile. Y compensar, a partir de esos resultados, me parece una buena idea.

Hagámoslo de esa forma, no en el sentido inverso, donde de alguna manera los hechos son más fuertes que las razones.

Señora Presidenta, no puedo apoyar una propuesta que deja fuera a los profesores, a los carabineros, a los gendarmes, a la gente del Ministerio Público, a los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, a los trabajadores a honorarios. ¡No puedo, por un sentido de justicia!

Y tampoco es aceptable que los recursos salgan de la inversión regional.

En suma, me parece que el proyecto no está bien realizado.

La señora ALLENDE ( Presidenta).-

Quiero explicarles a Sus Señorías la situación que se nos presenta.

Primero, habíamos acordado que en lo posible no intervendrían más de cuatro Senadores en este debate. Como yo no puedo impedirles que funden el voto, hago un llamado a la conciencia de cada cual para que sean más breves.

¿Por qué? Porque después debemos abordar la iniciativa sobre acuerdo de unión civil. La Cámara de Diputados está esperando que la despachemos para poder verla.

El señor WALKER (don Patricio).-

¡No fundamentemos entonces!

La señora ALLENDE ( Presidenta).-

Tengo diez Senadores inscritos para intervenir en el proyecto que nos ocupa y dos iniciativas más con "discusión inmediata", aparte de la que mencioné.

Por lo tanto, a este paso, me voy a ver obligada a realizar la sesión de la tarde, a pesar de que informalmente se había previsto -lo conversé con varios Senadores y Senadoras que se me han acercado- despachar todo antes de las 14 horas.

A este ritmo, no nos quedará otra que seguir trabajando en la tarde.

El señor LAGOS.-

Muy bien.

El señor MONTES.-

De acuerdo.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Se los señalo para que tomen las medidas del caso, sobre todo a quienes han comprado pasajes, a quienes tienen que volver a sus regiones.

Ojalá se cumpliera lo que habíamos dicho: que no intervengan más de cuatro oradores en esta iniciativa. Así daríamos curso al siguiente proyecto. Reitero que la Cámara Baja, que se halla citada hasta las 14, está esperando el despacho de este.

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señora Presidenta, quiero plantearle a la Mesa un tema reglamentario respecto del artículo 3°.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional está consagrado en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y sus recursos solo pueden ocuparse en inversión. Pero el artículo 3° los está destinando a gasto corriente.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, dicha norma debería votarse con quórum de ley orgánica constitucional, porque ese es el rango que tiene el FNDR.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Estamos en votación. Pero el señor Subsecretario, si lo desea, puede clarificar el punto.

En todo caso, la Comisión de Hacienda no consideró que esta disposición sea de quórum especial. Y el criterio de la Mesa, en general, es acoger lo que establece el órgano técnico.

Antes de continuar dando la palabra, insisto en que traten de acoger lo que les estoy pidiendo y, sobre todo, cumplir lo que dijimos al inicio de la sesión. La idea era hacer un despacho rápido para este proyecto y se habló de que intervendrían cuatro Senadores.

Les insisto: tengo diez oradores inscritos. Así no vamos a lograr lo que nosotros mismos nos propusimos.

Ruego a los Senadores que están inscritos que desistan de hacer uso de la palabra o que intervengan menos de cinco minutos. De lo contrario, deberé citar a sesión a partir de las 3 de la tarde.

Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Señora Presidenta, uno no puede estar en desacuerdo con propuestas que mejoren la calidad de vida de personas que habitan en zonas extremas y de condiciones muy duras.

Sin embargo, comparto con quienes han hablado antes la idea de que lo planteado en esta iniciativa es absolutamente discriminador. No hay ninguna razón para que algunos funcionarios reciban el bono y otros no. No existe ningún motivo para que gendarmes, carabineros, profesores, etcétera, queden fuera de este beneficio. Y creo que, desde el punto de vista de ellos, debe ser tremendamente irritante.

Yo pertenezco a la Región del Biobío, donde hay zonas de rezago, como Arauco, Lota, Coronel, con pobrezas enormes, con problemas sociales. Y de verdad uno pregunta: "¿Por qué a la Región de Atacama y no a la del Biobío?".

En mi concepto, esta política pública es extremadamente discriminadora, no solo a nivel interno, sino también respecto de otras regiones.

Y la solución que se está dando, de pagar esto con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, me parece que significa vestir un santo desvistiendo otro.

Dicho Fondo está orientado a desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunas, justamente buscan atacar la pobreza.

Si el Gobierno hubiese tenido la voluntad de resolver esto, que a lo menos no hubiese puesto recursos de la región.

Para el Presupuesto de la nación 7 mil millones de pesos es poco. ¡Pero 7 mil millones de pesos equivalen al 20 por ciento del Fondo de Desarrollo Regional de Atacama! ¿A quiénes van a perjudicar?

Y se entrega como explicación que "son platas que no se van a gastar". Si ahora, en enero, nosotros sabemos que el intendente de esa región no será capaz de gastar esos fondos, yo sinceramente, con toda humildad, le recomendaría al Gobierno que lo cambie. Porque tener un intendente que no puede gastar el 20 por ciento de los recursos me parece que habla muy mal de su capacidad.

Ya me parece mal que el beneficio se dé solo a algunos. Y encuentro peor que se otorgue únicamente a una región. Pero que además esto se haga con platas del Fondo de Desarrollo Regional de la misma región, que apunta justamente a promover el desarrollo regional, creo que es una pésima solución.

Yo no puedo votar en contra de esto, pues beneficia a algunas personas. Pero pienso que de verdad como política pública es muy mala. Y, por lo mismo, tampoco me es posible pronunciarme a favor.

Por esa razón, me abstengo.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor García

El señor GARCÍA.-

Señora Presidenta, votaré a favor del proyecto porque el Senador Prokurica me ha explicado en muchas oportunidades la difícil situación que viven los funcionarios públicos de la Región de Atacama por el enorme aumento en el costo de la vida. Y también la señora Presidenta, en su calidad de representante de la Tercera Región, me lo ha hecho saber.

Sin embargo, debo dejar manifiestamente claro que esto es profundamente injusto con los funcionarios públicos de las otras regiones.

Este beneficio lo reciben los empleados públicos de las Regiones de Tarapacá, de Antofagasta, de Aysén, de Magallanes. Ahora accederán a él los de la Región de Atacama. Y con justa razón nosotros, que somos la Región con los peores indicadores sociales del país, la más pobre de Chile, nos preguntamos por qué no están aquí los funcionarios públicos de la Región de La Araucanía.

Como bien lo decía el Senador Coloma, es cosa de que nos juntemos los parlamentarios de la zona, nos pongamos de acuerdo, hagamos la presión suficiente, lleguemos a un acuerdo con el intendente y esto se financie con cargo a la inversión regional, dejando sin financiamiento proyectos de inversión que son muy sentidos y muy necesarios para el desarrollo de la zona.

Esa no es la forma de legislar.

En el caso concreto de la Región de Atacama y de este proyecto, ayer el señor Mario Ossandón, en su calidad de Subsecretario del Interior subrogante, manifestó que esto no se financiaba con recursos de inversión del Gobierno regional, sino con fondos de inversión sectorial.

Es muy importante que se aclare cómo se costea la iniciativa, porque el único antecedente válido que tenemos -el informe financiero- indica que se hace con recursos de inversión del Gobierno regional.

También me hago eco de que no están todos los que deben estar de la Región de Atacama. Aquí hay una discriminación absolutamente arbitraria con los profesores, con los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, con los empleados del Ministerio Público y, además -esto es muy importante-, con los funcionarios a honorarios que cumplen tareas permanentes en los servicios públicos. Ellos son los más débiles: no se les efectúan cotizaciones previsionales ni de salud; muchas veces el uso de sus vehículos y el gasto en combustible está incorporado a sus contratos de trabajo. Y a ellos se los está dejando fuera de este apoyo económico.

¡Eso es absurdo! ¡Es incomprensible!

Ahora bien, no por todas las deficiencias de que adolece el proyecto privaremos a los funcionarios pertinentes del beneficio y dejaremos sin cumplir además un compromiso que ya han construido el Gobierno regional y los parlamentarios de la zona.

Voto a favor. Pero, insisto, esto es un muy mal precedente. Y creo que a los funcionarios públicos de La Araucanía les asiste el legítimo derecho de contar con una asignación como esta, por las circunstancias difíciles en las que deben trabajar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- 

Tiene la palabra el Senador señor Espina

El señor ESPINA.-

Señora Presidenta, comparto absolutamente las críticas que se han formulado a este proyecto por los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.

Votaré a favor por las siguientes razones.

En primer lugar, porque no por el hecho de que un proyecto de ley no beneficie a todos los trabajadores que debiera alcanzar y establezca una discriminación arbitraria respecto de los funcionarios de otra región, voy a perjudicar a aquellos que son beneficiados.

Pero quiero precisar que esta iniciativa sienta un precedente pésimo. Entonces, asumamos la responsabilidad hacia el futuro.

Yo estoy en esta Corporación porque soy Senador de la Región de La Araucanía. Ese es el motivo por el cual el Senado representa territorios. Y uno ha de defender los intereses de su Región.

La de La Araucanía no solo es la más pobre, sino que por lejos es la que tiene la mayor conflictividad de Chile. ¡Pero absolutamente por lejos!

La Región de La Araucanía se encuentra hoy en llamas con un conflicto que se arrastra por cien años, con pequeños parceleros y agricultores que viven en condiciones francamente inhumanas -y cuando hablo de parceleros y agricultores, hablo de mapuches y no mapuches-, a quienes les están quemando sus campos, sus tierras, sus animales.

Además, esto aumenta la pobreza, porque hoy invertir en la Región de La Araucanía es muy complejo, muy difícil.

En agosto pasado, le presentamos una propuesta a la Presidenta Bachelet con todo un planteamiento en torno a cómo enfrentar la pobreza rural, a través de la "CORFO rural", con recursos especiales, a fin de que no solo los funcionarios públicos, sino también el resto de la ciudadanía acceda a mayores ingresos.

Yo respaldo este proyecto. Conozco los esfuerzos que han hecho los Senadores de la zona. A Sus Señorías no les cabe ninguna culpa y nosotros no tenemos por qué perjudicar esta decisión. Pero es de un grado de injusticia que se margine a algunas regiones de esta materia. ¡Es increíble!

Vuelvo a insistir: aquí no hay responsabilidad de los Senadores de Atacama. Tienen razón, los apoyo y me parece bien, porque esto podríamos hacerlo para todas las regiones. Pero digamos cómo lo estamos llevando adelante.

Entonces, después sentamos estos precedentes. Por lo tanto, lo que uno debe hacer -y yo lo haré- es juntarse con los funcionarios públicos de su región, pedirles que se movilicen, pero no por la carretera, para que no los acusen por la Ley de Seguridad del Estado. Como me conozco de memoria la ley, sé que si van en filita calladitos por la berma no les va a pasar nada.

Insisto nuevamente, para que no haya malas interpretaciones, porque entiendo que aquí alguien puede creer que hay que rechazar este proyecto. Yo pienso que hay que aprobarlo. No tenemos por qué perjudicar a trabajadores a los que además ya se les formó la ilusión y la idea de los beneficios. Encuentro que sería el colmo que les hubiéremos ofrecido estos beneficios y después se los rechazaran. ¡Ya ahí sería increíble!

Yo los llamo a votar a favor. Pero estamos escogiendo un camino muy tortuoso.

Señalo lo anterior porque a nosotros no nos costaría nada movilizar a algunas personas que son entusiastas en La Araucanía. Tenemos muchos dirigentes mapuches y de los agricultores muy apasionados en estos temas. Y ni hablar de los funcionarios públicos, porque ellos viven el verdadero infierno.

Apoyo esta iniciativa, porque hay un compromiso y porque creo que defraudar a las personas beneficiadas sería un desastre.

Sin embargo, pienso que el camino que estamos siguiendo, o lo aplicamos para todos o terminamos generando una situación irresistible para el resto de las regiones.

Apoyo el proyecto, con todas las prevenciones y aprensiones que he señalado.

La señora ALLENDE(Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señora Presidenta, en primer lugar, reclamo por el hecho de que este proyecto se esté tramitando a última hora, pues involucra temas delicados que afectan a los empleados públicos de todo el país, ya que Atacama no es una zona extrema.

Bien lo dijo el Senador Zaldívar: tenemos que reestudiar la situación.

Sin embargo, actualmente hay instrumentos legales que permiten una mayor justicia para los empleados públicos, sobre todo en lugares que igualmente son aislados.

Yo represento a la Región de O´Higgins, donde también existen sectores aislados que se ven afectados por un costo de la vida mucho más alto que el de las ciudades más importantes. Y a esas personas les cuesta mucho más el arriendo, deben asumir mayores costos de vida y no reciben asignación de zona.

Por eso, tenemos que buscar un sistema equitativo y justo para todo el país, pero no este tipo de legislaciones.

Yo felicito al Senador Prokurica y a la Senadora Allende por el esfuerzo que hacen por su gente.

Desgraciadamente, la mayoría de los empleados públicos quedaron fuera, pues se hallan bajo el régimen de honorarios y no recibirán este beneficio, que, por lo demás, es solo por el 2015. Me señalan que mientras se hace un estudio.

Me parece muy relevante que ese estudio se haga a nivel nacional, no solo en la Región de Atacama.

Por otro lado, nosotros también tenemos minería en la Región de O´Higgins, lo cual sube el poder adquisitivo de un sector muy importante. Pero eso produce una discriminación tremenda con otros sectores de la economía, incluidos los empleados públicos.

El profesor, al que le cuesta lo mismo que a un empleado público el arriendo de una casa, queda fuera de este proyecto, al igual que los carabineros -como bien dijeron-, los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial y del Ministerio Público, ¡y también aquellos que están a honorarios, pues!

Cabe aclarar que mediante la presente iniciativa, que se ha considerado como ley simple, el Senado, el Parlamento y el Gobierno le están quitando recursos de inversión a una región. Por tanto, el planteamiento del Senador Orpis es muy claro: este proyecto debe aprobarse con el quórum especial correspondiente o, de lo contrario, estaremos afectando directamente lo que queremos para las regiones: la autonomía máxima, sobre todo en materia financiera.

Entonces, creo que aquí se está trabajando al revés.

Por ello, quiero pedirle al Ejecutivo, que se halla presente en la Sala, que nos explique qué solución está pensando a futuro, toda vez que este proyecto es únicamente para el presente año, solo para algunos funcionarios públicos de una región determinada, en circunstancias de que este problema afecta a todos los trabajadores de la Administración Pública del país.

En consecuencia, estos datos no solo debieran ir en el estudio socioeconómico y de vida, sino también en el trato definitivo que les vamos a dar a las personas que se hallan a honorarios, que no tienen cobertura de salud, que no gozan de vacaciones, que no disponen de previsión y que, aunque dependen del Estado, permanentemente siguen postergadas.

Yo reclamo por eso, señora Presidenta.

Votaré a favor del proyecto, porque no queremos afectar la ilusión y las necesidades de los funcionarios públicos de la Región de Atacama. Pero me parece que su contenido es tremendamente injusto para el resto de las regiones.

Y protesto porque con esto se abre una brecha y la posibilidad de una negociación región por región, disminuyendo a lo mejor los recursos de que cada una dispone para sus inversiones.

Lamento profundamente que esta iniciativa se haya tratado tan rápido. La información la tuvimos solo ayer en la tarde. El informe es bastante escuálido y no tenemos más antecedentes que los que figuran en el documento del que disponemos en este instante.

En todo caso, voto afirmativamente, esperando que no se presente nunca más un proyecto de esta naturaleza.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín

El señor LARRAÍN.-

Señora Presidenta, seré muy breve, pues solo deseo formular dos comentarios.

En primer lugar, quiero reforzar el planteamiento del Senador Orpis. Efectivamente, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional establece, en su artículo 74, que "El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas, con finalidades de desarrollo regional y compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.".

Vale decir, los recursos que se están utilizando para financiar esta asignación no pueden provenir del Fondo de Desarrollo Regional, porque su objetivo es el desarrollo de la región o la compensación territorial, y nada de eso se logra con esta iniciativa.

Por lo tanto, para aprobar este proyecto en lo que dice relación con su financiamiento -por lo demás, viene acompañado del informe financiero respectivo-, se requiere el quórum correspondiente a ley orgánica constitucional.

En segundo término, quiero hacerme cargo y eco de las afirmaciones que se han formulado en esta Sala en cuanto a la necesidad de otorgar asignaciones similares a otras regiones.

Al respecto, solicito a la Mesa que oficie al Ejecutivo en mi nombre y en el de los colegas que quieran sumarse para que en las Regiones de La Araucanía, de Los Ríos, del Maule y del Biobío, que de acuerdo a la última encuesta CASEN son las más castigadas por la pobreza, puedan asignárseles a los funcionarios públicos una bonificación especial igual a la que se les está entregando a los de Atacama, porque, de lo contrario, estamos cometiendo una injusticia y discriminando entre regiones.

Aquí hay un antecedente objetivo.

Si ustedes estudian la última CASEN, las cuatro regiones que acabo de mencionar -de La Araucanía, de Los Ríos, del Maule y del Biobío- son las que viven dificultades mayores.

Por lo tanto, solicito que se oficie en mi nombre para que también a los funcionarios públicos de las regiones señaladas se les pueda asignar este mismo beneficio.

Con esas consideraciones, voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta, seré muy breve.

Una vez más constatamos cómo el Estado de Chile es lejos el peor empleador.

Nosotros en la Región de Magallanes, en virtud de nuestra particular ubicación, geografía, condiciones de vida, clima, etcétera, sabemos lo importante que es contar con algunas compensaciones. Tanto es así que cada vez que un funcionario público es trasladado a una región extrema, el Estado ha entendido, desde siempre, que debe entregarle bonos compensatorios.

Por eso hemos solicitado insistentemente el establecimiento de macrozonas en nuestro país, para determinar los costos de vida en una macrozona patagónica, sur, centro, norte, extremo norte, etcétera, porque las condiciones y los costos de la vida en ellas son distintos.

Y aquí estamos asistiendo a una realidad.

En efecto, la actividad minera otorga plusvalía a las propiedades y provoca un encarecimiento en el costo de la vida. En esos lugares todo cuesta al menos un 20 por ciento más que en el centro del país. Por lo tanto, los salarios, los sueldos y las jubilaciones no rinden lo mismo.

Los entiendo tanto a usted, señora Presidenta, como al Senador Prokurica, que permanentemente han estado llevando adelante la defensa del territorio que representan. Y por eso votaré favorablemente este proyecto.

Sin embargo, debemos comprender que aquí nos encontramos ante algo que todos los años repetimos y repetimos y repetimos: la situación en que se encuentran los funcionarios públicos. Aquellos de planta y a contrata recibirán este beneficio, pero la gran mayoría de los trabajadores de la Administración Pública a honorarios verán pasar esto sin compensación alguna. O sea, aparte de no tener cobertura previsional ni protección de salud, ellos tampoco recibirán este beneficio que trimestralmente entregará un aporte de 240 mil pesos como bono compensatorio. Es decir, no podrán gozar de este beneficio precisamente los trabajadores que se hallan en las peores condiciones laborales, de inestabilidad, de vulnerabilidad, de desprotección.

Entonces, entendiendo el propósito del proyecto, por supuesto que votaré a favor, pues comprendo la defensa que usted, señora Presidenta, y mi amigo Baldo Prokurica hacen en su calidad de Senadores de la Región de Atacama, así como nosotros lo hacemos con relación a nuestros territorios, a nuestras regiones.

Pero no podemos dejar de decirle al Gobierno que hay una deuda enorme y que cuanto sucede con posterioridad es producto precisamente del grave daño que se les inflige a servidores del sector público al dejarlos en una precariedad laboral que termina en pensiones de hambre, con las que no pueden vivir. Y ahí reaparecen los bonos, las compensaciones, los incentivos al retiro, con los que se procura tapar el inmenso perjuicio que el Estado les provoca a sus propios trabajadores.

Voy a votar favorablemente, porque entiendo la necesidad existente y la petición que se nos formula. Y las entiendo desde la perspectiva de una región extrema, sufrida, que conoce del rigor, que sabe de la importancia de estos bonos. Pero insisto en que debiera haber una política pública para transparentar la situación laboral de un sector que hoy trabaja en condiciones muy desventajosas, muchas veces con pago a base de honorarios que se prolongan por diez, quince o más años, lo que lleva a una situación absolutamente insostenible.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señora Presidenta, creo que en este caso la intención, como siempre positiva y buena, tiene un problema serio y real: las platas salen del FNDR.

Nadie podría dudar de la necesidad de los funcionarios públicos involucrados, con las exclusiones que se indican: no están las Fuerzas Armadas, ni la PDI, ni Carabineros.

Y yo quiero comprometer a la Sala, porque vamos a votar a favor o nos vamos a abstener -no lo sé- ante un proyecto bien intencionado, que busca resolver un problema de fondo que afecta a una Región que históricamente ha generado muchísima riqueza.

Todos los indicadores económicos revelan que la minería es el 90 por ciento de la actividad económica de dicha Región, que además tiene una historia emblemática. Ahí estuvo la revolución, desde Copiapó, en el Gobierno conservador de Manuel Montt; derrotado el ejército de Pedro León Gallo, surge el Partido Radical. Hay allí una tradición de lucha. Es una de las regiones con las cuales a ningún político le gustaría pelearse, porque a lo largo de la historia, desde hace más de ciento cincuenta años, ha demostrado que es capaz de levantarse contra el gobierno central.

Sin embargo, quiero señalar, señora Presidenta -y Su Señoría representa también a la circunscripción respectiva-, que utilizar los recursos del FNDR en esta situación no es lo más adecuado.

Yo habría esperado que el Ejecutivo hubiera generado un fondo especial y que hubiéramos dicho: "¿Hay necesidad de compensar?". "Sí: hay necesidad de compensar, por el aislamiento, por el alza del costo de la vida". "¿Hay necesidad de crear una política especial para Atacama, en una alianza estratégica público-privada con la minería privada?". "También". Porque el problema no estriba en que sea una Región pobre: es una Región rica, pero en ella está mal distribuida la riqueza.

No tengo los indicadores a la vista. Si pudiéramos tenerlos veríamos con claridad que las utilidades de las empresas privadas de la minería son extraordinarias.

Uno constata, entonces, que de la enorme riqueza que se genera en Atacama muy poco o nada queda en la Región. Y, además, el FNDR pareciera ser insuficiente.

Yo quiero llamar la atención sobre el incentivo perverso a que, si sobra plata en el FNDR, la distribuyamos entre los funcionarios públicos.

¡Es lo peor!

El incentivo del Gobierno debe ser a que se gaste la plata, a que no sobre, a que haya desarrollo.

Yo quiero en el FNDR más recursos para las regiones destinado al desarrollo local y no a inversiones sectoriales. Porque hoy el FNDR en su conjunto resuelve inversiones sectoriales; no está para el desarrollo regional.

Ese es el grave problema que tenemos en la Región del Biobío, donde aquello supera los 100 mil millones. Se destinan a un conjunto de elementos que nada tienen que ver con el desarrollo, con lo que leyó el Senador Larraín. Más bien se suple la ausencia de financiamiento sectorial.

Por tanto, yo le haría un llamado al Gobierno. Y el Senado tiene la posibilidad, en la Ley de Presupuestos para 2016, de hacer un debate profundo sobre las necesidades reales de las regiones y el origen de los fondos.

Hay una Comisión de Zonas Extrema; y tenemos Senadores que representan a estas. Entiendo que la diferencia entre Atacama y Arica, entre la Segunda y la Primera o la Decimoquinta Regiones es que estas sí tienen "zona". Porque nada explicaría que hubiera un bono para la Segunda Región y no para Arica y Parinacota.

A mí me habría gustado -la Comisión emitió un certificado- saber exactamente cuál es el elemento comparativo con el resto de las regiones extremas del norte, no para rechazar el proyecto, sino para decir que en la Ley de Presupuestos de este año nos vamos a preocupar de tener una visión más general sobre la situación de aquella zona, para generar condiciones que no discriminen.

Voy a votar a favor de esta iniciativa. Y anuncio que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos plantearé la necesidad de revisar esta fórmula de financiamiento.

Lo anterior, porque el artículo 3° podría permitirles a quienes concurren de manera permanente al Tribunal Constitucional recurrir a esta instancia para plantear que los dineros en cuestión no pueden utilizarse como se pretende. Y ello implicaría declarar inconstitucional la norma del financiamiento.

Para que aquello no ocurra, debiéramos tener una resolución de fondo. Porque el bono en comento será exigido por Atacama en 2016, tanto más cuanto que los problemas no se van a resolver en 2015. Por lo tanto, los recursos se transformarán en permanentes.

Yo estaría de acuerdo en discutir aportes permanentes con fuentes de financiamiento permanentes. Y eso significa el debate que vamos a dar en la Ley de Presupuestos.

Tal es mi compromiso con la Senadora Allende, con el Senador Prokurica y con la Región de Atacama, para resolver el problema de fondo en debida forma.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señora Presidenta, no me gustaría aparecer en este debate como alguien mezquino, sobre todo considerando que nuestra Región tiene también el beneficio de que se trata. Pero quisiera que el Senado tomara conciencia de lo delicado que es el artículo 3°, donde se prevé el financiamiento de la ley en proyecto.

Aquí no estamos frente a una norma excepcional: el artículo 3° es permanente.

Ese es el primer alcance.

Ahora bien, yo no había visto en el Congreso Nacional, desde que soy parlamentario -primero, Diputado; luego, Senador-, que con cargo a recursos de inversión se financiara gasto corriente.

Ese es el punto central.

Yo creo que aquello -¡por favor, tomemos conciencia!- va a ser un atentado contra la descentralización. Porque la señal que estaremos dando al aprobar el artículo 3° tal como viene concebido será la de que en todas las regiones, sin excepción, incluida la de Atacama, donde existen muchas aspiraciones legítimas de harta gente, a partir de ahora distintos sectores se van a dirigir al Gobierno regional para decirle: "Como en este proyecto de ley específico se estableció el precedente del artículo 3°, hoy, con cargo a recursos de inversión, se puede financiar gasto corriente".

Considero que aquello es lo peor que les puede ocurrir a las regiones. Es nefasto, porque estas requieren que el gasto corriente se financie con recursos corrientes, y los gastos de inversión, con recursos de inversión. Ello, sin perjuicio de que esta materia es propia de ley orgánica constitucional -lo señaló el Senador Larraín-, pues el FNDR tiene ese rango; por ende, el artículo 3° debería aprobarse con el quórum pertinente.

Ahora, más allá de que el artículo 3° sea aprobado con rango orgánico constitucional, aquí se está estableciendo en una norma permanente el precedente de que con cargo a recursos de inversión se puede financiar gasto corriente.

Eso es lo más delicado que puede ocurrir en materia de descentralización.

Distinto habría sido que se hubiese planteado -ello aminora, pero igual es grave- el artículo 3° con carácter transitorio y que en la Ley de Presupuestos se hubiera aprobado el financiamiento con cargo al Gobierno central.

Aquí no estamos frente a una norma transitoria: el artículo 3° es permanente.

En consecuencia, reconociendo la aspiración legítima existente en el caso de Atacama, creo que se escogió la peor forma de financiamiento, porque ataca directamente la descentralización, los niveles de autonomía de los gobiernos regionales. Y el peor precedente para mí es que en la práctica se estarán restando recursos de inversión, porque con ellos se terminará financiando gasto corriente.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señora Presidenta, sin duda, los funcionarios de Atacama sufren las condiciones en que vive esta Región. Como se decía aquí, es una Región rica, esencialmente minera. Por tanto, todos los costos cotidianos de la vida son acordes a la realidad que impone la minería y esos servidores públicos sufren la diferencia de estar en un rango de remuneraciones como el de la Escala Única de Sueldos y tienen una existencia extraordinariamente difícil.

La intención de resolver aquello me parece adecuada.

Sí, me llaman la atención -y lo considero del todo negativo- no solo la fórmula consistente en sacar financiamiento de la inversión de la Región, echar mano al FNDR, formado con recursos previstos para resolver cuestiones de desarrollo regional, derrotar la pobreza, afrontar problemas de salud e innumerables otros fines, sino también las exclusiones que se hacen en esta iniciativa.

¿Cuál es la diferencia que tiene un profesor con un funcionario de Impuestos Internos de Atacama, por ejemplo? Ambos sufren las mismas circunstancias adversas de esa Región que se han reseñado, pero a uno se le dará un bono y al otro no.

Yo estoy seguro de que Atacama y las demás regiones de nuestro país necesitan mayor dotación de carabineros y de efectivos de la Policía de Investigaciones para labores de seguridad pública y, por ende, permanentemente hacen requerimientos en tal sentido. Y sucede que ni a los funcionarios de ambas policías ni a los de Gendarmería se les entrega el bono en comento: se los discrimina, pese a que tienen las mismas dificultades que los otros servidores.

En la Comisión de Defensa Nacional los mandos de las instituciones armadas han expuesto las dificultades que tienen para destacar personal en zonas como esa, por las remuneraciones insuficientes que se reciben para llevar allí una vida digna, situación que se agrava por la imposibilidad de usar una casa fiscal.

La Corporación de Asistencia Judicial y un sinnúmero de servicios quedan fuera del proyecto. En este hay una discriminación que no se condice con la necesidad de llevar adelante el propósito que se persigue.

El Gobierno debe resolver el problema de manera permanente. Tiene que igualar el sistema de beneficios de la Decimoquinta y la Primera Regiones al de Atacama. No hay duda de que esa es la solución definitiva que se ha de dar. Pero esta normativa únicamente genera una discriminación al interior de Atacama y le inflige un daño a esta Región al sacarle recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es como si el Gobierno dijera: "Voy a entregar un beneficio, pero con platas de esta región y no con recursos míos".

Además, en nuestras regiones va a haber dificultades. En efecto, la Presidenta de la República estableció zonas de rezago y dispuso prioridad para ellas. Así, va a venir un proyecto sobre territorios con dificultades sociales, económicas, de desarrollo.

En la Región que yo represento está Arauco. Los funcionarios públicos de esta provincia no tienen ninguna posibilidad de conseguir un beneficio como el que se está aprobando hoy. Por consiguiente, se van a sentir con legítimo derecho a pedirlo. Y para Arauco sería extraordinariamente negativo -lo digo desde ya- que se otorgara con fondos de inversión de esa provincia.

Creo, señor Presidente, que estamos ante un muy mal proyecto, que es una buena intención pésimamente realizada.

Yo reclamo del Ejecutivo la solución del problema central con una política de fondo. Y cuenta con todos los instrumentos para ello.

El señor TUMA ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, en primer término, quiero destacar la perseverancia y la capacidad de trabajo de los Senadores que representan a la zona a la que se pretende beneficiar con este proyecto.

En pedir no hay engaño. Y creo que hay que representar las necesidades. Pero el problema no está en los Senadores que motivan esta normativa, sino en el Gobierno.

¡Esta es la peor forma de legislar! ¡Esta es una muy mala forma de legislar! Y lo digo con mucha responsabilidad, siendo probablemente más gobiernista que muchos de los que están instalados en mi sector.

Si se establece un bono para determinados funcionarios de una región y los recursos para financiarlo se extraen de fondos de inversión del Gobierno regional, la fórmula no me parece apropiada.

Yo entiendo que la Senadora Allende y el Senador Prokurica hicieron un planteamiento en su legítimo derecho a representar las inquietudes de servidores públicos. Pero la solución es mala.

En este caso se debió armar una mesa de diálogo, hacer una evaluación y decir. "Un momentito. Veamos cuáles son las necesidades reales, cuál la capacidad económica, cuál el costo de vida; quiénes son los más perjudicados, quiénes los más beneficiados".

Solo para dar un ejemplo: aquí quedan fuera todos los funcionarios a honorarios, quienes son los de mayor precariedad laboral, aquellos a los que se puede despedir en cualquier minuto. Y se beneficia a trabajadores de planta, quienes ciertamente enfrentan necesidades, pero tienen asegurado el trabajo. Se beneficia también a funcionarios a contrata, quienes, de acuerdo a las últimas normativas, cuentan con estabilidad por a lo menos un año.

Entonces, primer punto: se discrimina a aquellos que requieren un apoyo efectivo.

Las personas a honorarios no solo no tienen estabilidad laboral: dentro de sus remuneraciones no están contemplados los gastos previsionales; entonces, salvo que medie el proyecto anunciado para postergar el descuento automático de las imposiciones a través de la Tesorería General de la República, esa gente, que hoy recibe una remuneración fija, en la práctica verá disminuidos sus ingresos en el 20 por ciento que se le descontará por planilla para AFP y salud.

Creo, pues, que se eligió una mala fórmula.

Ahora, yo me pregunto por qué se beneficia a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y no, por ejemplo, a Carabineros, a Gendarmería, a la PDI, al Ministerio Público, cuyos funcionarios ¡arriesgan su vida todos los días!

¿Cuál es la explicación racional para favorecer a los funcionarios de la DGAC?

A mí esto no me parece adecuado.

Tampoco considero adecuado -insisto- que el origen de los recursos sea el FNDR.

La Ley Orgánica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, establece cuál es la finalidad del FNDR. Y en ninguna parte se dispone que es para pagar bonos o para incrementar remuneraciones. Eso es gasto corriente: debería estar en una glosa especial en la Ley de Presupuestos.

Por último, señora Presidenta -lo digo con absoluto respeto por la Región de Atacama-, debo señalar que yo represento a la Región del Biobío cordillera. En la provincia de Arauco están tres de las diez comunas más pobres de Chile. No tenemos la posibilidad de contar con la ENAMI, que sí existe en la Tercera Región para comprar cobre a los pequeños mineros. El Gobierno pasado cerró ENACAR: no hay poder comprador de carbón en Curanilahue; no existe poder comprador en la provincia de Arauco.

¡Esa gente sí está pasando hambre!

En consecuencia, debiéramos pensar más bien en lo de fondo que estamos trabajando con Senadores y Diputados de la Oposición y el Ministerio del Interior: una ley de rezago, una solución integral; no un bono para determinados funcionarios.

Creo, señora Presidenta, que en estas materias se requiere un tratamiento más serio, más responsable, más permanente y más estructural.

No es adecuado el camino que se eligió en esta oportunidad.

Insisto: la responsabilidad no es de quienes hicieron la petición; ella radica en la solución que se está dando.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Senador Lagos, ¿usted debe volver a la Comisión de Hacienda?

El señor LAGOS.-

Sí, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Entonces, tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.-

Señora Presidenta, de todas las intervenciones que he escuchado, han sido pocas las dirigidas a aplaudir la iniciativa, para ser bien franco.

Media un buen motivo para tramitar el proyecto: en la Región de Atacama se registra un alza real en el costo de la vida y los funcionarios públicos enfrentan una necesidad evidente, y el objetivo que se persigue es otorgar un beneficio. Desde ese punto de vista, creo que en la Sala no hay nadie que no quiera apoyarlo, incluido el Senador que habla.

El "pero", el "sin embargo", el reparo dicen relación con aspectos de fondo y de forma que cuesta digerir.

Para comenzar, se expresa que la razón es compartida por todos. Estamos de acuerdo.

Se plantea que el apoyo es transversal. Mi reflexión ha sido: "¡Era que no!". En diez minutos, junto al Honorable señor Chahuán, consigo un acuerdo de esa índole con los Senadores señor Ignacio Walker y señora Lily Pérez y todos los Diputados para aumentarles un beneficio a los funcionarios públicos. Me parece que el argumento es aplicable a las regiones de todos los parlamentarios. Lo del apoyo transversal no me sirve.

La cuestión radica en si hay o no alza en el costo de la vida, y si la hay, en qué hacer al respecto.

¿Y cómo hemos procedido? Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aisén y Magallanes han sido objeto de proyectos de ley que disponen recursos ad hoc para los fines de que se trata, una cobertura adecuada y una duración permanente.

¿Y qué pasa con la iniciativa en debate? Se enfrentan problemas con el origen de los recursos, la cobertura y la duración.

Parto con esta última: es solo por 2015. Eso dice el texto.

Me hubiera gustado que fuera permanente para los funcionarios. No es así.

En cuanto a la cobertura, se ha dicho hasta el cansancio que hay personal excluido. Y ello no solo se refiere al que se encuentra a honorarios, que ya tiene que dar lugar a un tratamiento más holístico. Cabe considerar a los profesores, a los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, a los del Ministerio Público, a Carabineros, a Gendarmería, y suma y sigue.

Y el último aspecto -a mi juicio, es el más delicado- dice relación con el origen de las platas. De acuerdo con el artículo 3° del proyecto de ley -no me cabe ninguna duda de que vamos a aprobarlo-, el mayor gasto "será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la región de Atacama.".

Para tal efecto, la pregunta es si se incluye o no lo que constituye el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La percepción es que el mecanismo resulta improcedente, porque el costo alternativo es muy alto: 7 mil 500 millones de pesos, de un total de 35 mil millones o 40 mil millones, se van a destinar a beneficios para los funcionarios públicos. Es difícil que ello lo digiera la ciudadanía: "Amigo mío, usted no va a tener una sede social, ni usted un camino, ni usted una obra de infraestructura, porque se están `aumentando' las remuneraciones". Eso es grave hacia fuera, pero también desde el punto de vista de la asignación de los recursos.

Una segunda cuestión, que sí me preocupa, es que el Presupuesto que aprobamos -y el Senador que habla lo hizo con entusiasmo- fue reactivador.

El Gobierno dio dos reglas sobre el particular. Respecto del año recién pasado, dijo: "Hay que ejecutar cien por ciento durante 2014, y al Ministerio que no lo haga se le van a quitar los recursos y se le traspasarán a otro que sí pueda hacerlo".

Y con relación a 2015, a diciembre último tenía que estar el listado de los proyectos de inversión, para empezar a ejecutar en febrero, y no en abril, como generalmente ocurre por nuestro ciclo en el gasto del Presupuesto. Para eso, se precisaba que todos estuvieran identificados.

En consecuencia, la pregunta que uno se hace es cuál de ellos, que entiendo que el Gobierno identificó -porque la idea ha sido estimular la economía-, no se va a materializar para financiar los 7 mil 500 millones, o bien, cuáles se van a identificar a priori.

Por eso, era relevante que pudiéramos contar -y eso se le pidió al Subsecretario subrogante, señor Mario Ossandón- con información respecto del origen de los recursos. Porque es cierto que el texto no expresa que sean del FNDR, en estricto rigor, pero no señala que no lo sean. Es el mismo argumento. Ello es muy importante para el precedente.

Esta es la tercera vez, en tres días, que estamos viendo el proyecto -fue tratado el lunes, el martes y ahora, miércoles, y dos veces en la Comisión de Hacienda-, y habría esperado del Gobierno que los Ministros de las áreas respectivas hubieran venido a explicar el asunto. Como Presidente del órgano técnico, no mantuve ningún contacto que no fuera el de la Comisión para poder haber entendido el sentido del texto.

Por último -me quedan 10 segundos-, me hubiera gustado abordar de manera más integral una iniciativa de esta naturaleza y considerar el aporte en relación con todas las Regiones. Porque en la de Valparaíso han subido los precios de los arriendos producto del siniestro y, de hecho, los vecinos de las casas incendiadas han tenido que irse a Quilpué o Villa Alemana. También hay un problema de...

La señora ALLENDE ( Presidenta).-

Se agotó su tiempo, Su Señoría.

Puede intervenir el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, me parece que una de las maneras como se puede abordar el proyecto es decir: "Está bien, que cada Región decida qué hace con sus platas". Por ende, se respaldaría la descentralización, la regionalización, la determinación de las autoridades democráticamente elegidas, en sus diferentes estamentos, en cuanto a cómo quieren usar los recursos públicos.

Si ese es el eje central, lo apoyo plenamente.

Si el mecanismo es para establecer una discriminación entre las Regiones, lo rechazo.

Respecto del argumento del alza en el costo de la vida, sí, ello ocurre en algunas regiones; pero cuando sucede en las zonas mineras, sabemos que algunos ganan -y eso es bueno para ellas- y después pierden, como en el nuevo ciclo que va a comenzar, con otro tipo de debate.

Lo único que quiero hacer presente es que, en tanto, el artículo 3° expresa de dónde van a provenir los fondos y que el mayor gasto será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión de la Región de Atacama.

Entiendo que no tendrá lugar una medida análoga para aumentar este último,¿

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Nosotros tampoco.

El señor LETELIER.-

¿ya que, si eso ocurriera, se registraría un debate bastante incendiario aquí, en el Congreso Nacional. En efecto, la Región que represento ha sido perjudicada estructuralmente por el presupuesto de inversión que se aprueba año a año. Con más de un millón de habitantes, nos dan 20 por ciento menos que el del Maule y lo mismo o menos que el de Coquimbo. ¡Es incomprensible!

La Región del Libertador vive el drama de los mexicanos: muy cerca del diablo y muy lejos de Dios. Nuestra proximidad a la Región Metropolitana ¡nos ahoga! en cuanto a la inversión. Tendremos que ver cómo peleamos más recursos para este efecto.

Si en Atacama deciden la utilización de parte del presupuesto de inversión del Gobierno regional para enfrentar el asunto de que se trata, me parece que ese es un criterio de descentralización y constituye una discusión en dicho nivel. Con recursos propios, se pueden impulsar iniciativas proempleo u otras dirigidas a microempresas o de promoción, y lo que aquí estamos señalando, en el fondo, es que también será posible financiar una medida que se considera de suma importancia.

Concluyo que media un acuerdo y una promoción unánimes, transversal, de todos los parlamentarios de la Región de Atacama.

Los representantes de la soberanía popular, junto con las autoridades designadas por el Gobierno central, tendrán que ver cómo resuelven el asunto con recursos propios. Y a mí me parece que esta es la única razón para votar a favor.

Confío en que el Ejecutivo nos da garantías, en caso de un financiamiento con recursos centrales que se trasladen a la Región Atacama, de que tiene que darse un fenómeno equivalente para todas las otras: ¡peso por peso en cada una! De otra forma, sería una burla para ellas.

Por ende, como la disposición hace referencia al "presupuesto de inversión del Gobierno Regional" y entiendo que ahí se encuentra el financiamiento, me pronunciaré por la aprobación, porque creo que este es un gesto de descentralización, de confianza en las Regiones, y me parece muy bien que cada una de ellas pueda decidir, cada vez más, qué hacer con sus recursos propios.

La señora ALLENDE ( Presidenta).-

Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señora Presidenta, para contribuir a que el acuerdo de unión civil sea tratado lo antes posible, no voy a hacer uso de ella.

He dicho.

La señora ALLENDE ( Presidenta).-

Gracias, Su Señoría.

Los Senadores señores Montes y Guillier, quienes se encuentran en la Sala del lado, pidieron que se les avisara, lo que se mandó hacer. No sé si van a llegar.

El señor LARRAÍN.-

Señora Presidenta, creo que la objeción planteada por mi Honorable colega Orpis, que comparto, obliga a que el proyecto se apruebe con quórum especial. Este se reúne, de modo que no se presenta un problema en tal sentido, pero quisiera que quedase registrado por una razón de precedente.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Sé que el número de pronunciamientos es suficiente para ese efecto. Así que, desde el punto de vista formal, no existe una dificultad.

Expliqué que ni en la Cámara de Diputados ni en la Comisión se expuso el punto, por lo que la Mesa no consideró un criterio diferente. El registro no nos parece adecuado, porque la iniciativa nunca se señaló con rango orgánico constitucional.

Ruego no abrir un debate sobre el particular.

El señor ORPIS.-

Quiero dejar una constancia, señora Presidenta.

La señora ALLENDE ( Presidenta).-

Deseo agregar algo más: mantengo un compromiso con la Cámara de Diputados en el sentido de que el proyecto tiene que entrar a cierta hora. La idea es ser realmente consecuentes en sacar adelante el pacto de unión civil. Entonces, pido no seguir con otros planteamientos.

Tiene la palabra el Senador señor Orpis, por un minuto.

El señor ORPIS.-

Hago reserva de constitucionalidad.

La señora ALLENDE ( Presidenta).-

Muy bien.

El señor LABBÉ ( Secretario General).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE ( Presidenta).-

Terminada la votación.

--Por 23 votos a favor y 6 abstenciones, se aprueba en general y en particular el proyecto.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar

Se abstuvieron la señora Van Rysselberghe y los señores Coloma, Harboe, Orpis, Pérez Varela y Quintana.

Valparaíso, 28 de enero de 2015.

Nº 29/SEC/15

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican, correspondiente al Boletín N° 9.868-05.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 11.695, de 21 de enero de 2015.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ISABEL ALLENDE BUSSI

Presidenta del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

Valparaíso, 28 de enero de 2015.

Nº 29/SEC/15

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican, correspondiente al Boletín N° 9.868-05.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 11.695, de 21 de enero de 2015.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ISABEL ALLENDE BUSSI

Presidenta del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

?VALPARAÍSO, 29 de enero de 2015

Oficio Nº 11.716

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la región de Atacama que cumplan condiciones que se indican, correspondiente al boletín N°9868-05, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Concédese, durante el año 2015, una bonificación especial a los funcionarios públicos, con contrato vigente al 1° de enero de 2015, que se encuentren en calidad de planta o a contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo, que se desempeñen en la región de Atacama y que se encuentren remunerados según lo dispuesto en el decreto ley N°249, de 1973, y en el Título I del decreto ley N°3.551, de 1980.

De igual modo, la bonificación establecida en el presente artículo se otorgará a los funcionarios de la región de Atacama de las entidades que se señalan: al personal de planta y a contrata de la Dirección General de Aeronáutica Civil; al personal de la Atención Primaria de Salud Municipal regido por la ley N°19.378; a los asistentes de la educación regidos por la ley N°19.464; a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama, y a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N°3.551, de 1980, y por la ley N°18.883.

Los jefes de servicio o las autoridades superiores de las instituciones señaladas en los incisos anteriores, según corresponda, deberán remitir al Intendente Regional la nómina de beneficiarios de la bonificación especial al mes siguiente de cada pago de la misma.

Artículo 2°.- La bonificación especial señalada en el artículo anterior tendrá un valor trimestral de $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos) y se pagará en cuatro cuotas iguales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015. Los montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo.

Esta bonificación especial será tributable e imponible y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda la cuota correspondiente y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.

Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, para las entidades señaladas en los artículos anteriores, será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la región de Atacama. En el caso de las instituciones que no están en la cobertura de la ley de Presupuestos, los recursos les serán transferidos directamente por el Gobierno Regional.

Artículo transitorio.- La bonificación especial de la presente ley, correspondiente a los trimestres completos del año 2015 transcurridos a la fecha de su publicación, se pagará junto con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a su entrada en vigencia.”.

Dios guarde a V.E.

ALDO CORNEJO GONZÁLEZ

Presidente de la Cámara de Diputados

LUIS ROJAS GALLARDO

Secretario General (S) de la Cámara de Diputados