MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN APORTE ÚNICO, DE CARÁCTER REPARATORIO, A LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CHILE.

SANTIAGO, 09 de julio de 2015.-

Nº 600-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un aporte único, de carácter reparatorio a todas y todos los calificados como víctimas de prisión política y tortura reconocidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que indica.

I.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY

Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, se verificaron en Chile graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sendos informes de las comisiones de verdad establecidas por nuestro Estado, así lo han señalado.

Los efectos perniciosos de tales violaciones a los derechos humanos se han perpetuado en el tiempo, afectando hasta nuestros días a compatriotas que se vieron enfrentados a vivir estas situaciones.

Desde el 11 de marzo de 1990, día en que el Estado de Chile retornó a la democracia, hasta la fecha, se han constituido en el país dos comisiones de verdad que han calificado a víctimas de prisión política y tortura. Dichas comisiones son:

1. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que operó entre los años 2003 y 2004; y,

2. La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, que funcionó entre los años 2010 y 2011.

Ambas comisiones calificaron a un total de 38.254 víctimas de prisión política y tortura.

Mediante las leyes Nº 19.992 y Nº 20.405, el Estado de Chile ha establecido diversas medidas de reparación, tendientes a resarcir el daño que se ha causado a las víctimas de prisión política y tortura y sus familias, a propósito de los hechos criminales que las afectaron, cometidos por agentes del Estado y por civiles, con la anuencia de los primeros. Las medidas y beneficios otorgados por ambas leyes se encuentran plenamente vigentes al día de hoy.

Sin perjuicio de lo anterior, y de forma adicional, cabe tener presente que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, integrante del bloque constitucional chileno, particularmente, de acuerdo al artículo 9° de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita por nuestro Estado y ratificada el 15 de septiembre de 1988, “Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura”.

En el mismo sentido, cabe considerar lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, suscrita y ratificada por Chile el 30 de septiembre de 1988, según el cual “1.- Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.

En este contexto, también deben tenerse en cuenta los proyectos de acuerdo Nºs 16 de la H. Cámara de Diputados, de 10 de abril de 2014, por el cual 40 diputados solicitan “(…) una revisión de las normas establecidas en la Ley Nº 19.992 que otorga reparación y otros beneficios a aquellas personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos (…) a fin de verificar la posibilidad de establecer una reparación económica equitativa y digna (….)”, y el proyecto de acuerdo correspondiente al Boletín Nº S 1.644-12, del Senado de la República, de 22 de abril de 2014, suscrito por 8 senadores, por el cual se acuerda solicitar se “envíe un proyecto de ley reparatoria que contemple para estas personas una indemnización justa y adecuada, al tenor del artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Adicionalmente y, considerando un argumento ético, cual es, que durante el período de la dictadura, fue el propio Estado el que ejecutó acciones que vulneraron los derechos humanos de las víctimas, por lo que el Estado debe reparar directa, justa y adecuadamente, en la medida de sus posibilidades, el daño que causó. De esta manera, el Estado daría cuenta del compromiso de restablecer el respeto y la protección de la dignidad humana y de los derechos humanos de las víctimas.

En definitiva, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica son los ejes fundamentales que permitirán a Chile y, en especial, a las víctimas de la dictadura y sus familiares, superar las heridas provocadas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

II.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

El 23 de mayo de 2015, en Rancagua, fue suscrito un Acuerdo entre víctimas que sufrieron prisión política y tortura, y representantes del Gobierno. En dicha instancia, actuaron como testigos de fe el Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic Karmelic y el Honorable Senador señor Juan Pablo Letelier Morel.

El referido Acuerdo tiene como antecedente una huelga de hambre realizada por víctimas de prisión política y tortura, en diversas ciudades del país. Los huelguistas formulan demandas vinculadas con la mejora de los beneficios que les han sido otorgados, fundándose en la obligación de reparación debida e integral del Estado.

El texto del Acuerdo referido señala en los párrafos pertinentes:

“Las partes, aceptando la constitución de la Mesa, acuerdan que ésta se abocará a la temática de las indemnizaciones civiles reparatorias, y además al carácter y diferencias de las pensiones establecidas en las leyes Valech (N° 19.992 y N° 20.405) con la Rettig (N° 19.123), buscando formas concordadas en que el Estado Chileno deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución 60/147, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, en las materias de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de los Ex presos políticos Chilenos, víctimas de violación a sus derechos humanos, durante la Dictadura Cívico-Militar.

La Mesa estudiará y acordará iniciativas administrativas, judiciales y legales las que se diseñarán y prepararán dentro de los seis meses siguientes de finalizados días trabajos, y que den fe del compromiso de Gobierno de llegar a una solución definitiva a las demandas de los actuales beneficiarios Valech.

Teniendo en consideración las anteriores materias acordadas a abordar por la Mesa y como parte integrante de sus resultados, ella, en primera instancia, concordará el tenor de un proyecto de “ley corta” que tenga por objeto definir un aporte único, de carácter reparatorio, teniendo como referente las propuestas formuladas por los movilizados, en documento de 14 de mayo del presente, Considerando PRIMERO letra A por una parte, y por la otra, la propuesta formulada por el Gobierno, para todos los calificados de las Leyes Valech 19.992 y 20.405. Dicho proyecto de ley deberá ser ingresado al Congreso Nacional en un mes, contado desde la constitución de la Mesa, y gozará de urgencia legislativa, la que se mantendrá durante sus tramitación.”(Páginas 5 y 6 del Acuerdo).

De este modo, el presente proyecto de ley da cumplimiento al último párrafo del Acuerdo.

Es relevante destacar que este proyecto está en total concordancia con el programa de Gobierno que, en lo pertinente, señala expresamente:

“Adoptaremos medidas, legislativas si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos las actuales leyes reparatorias.” (Programa de Gobierno, página 165).

En este orden de ideas, el proyecto de ley que hoy presentamos tiene como principio fundamental profundizar en la medida de reparación individual de las víctimas de prisión política y torturas, particularmente estableciendo un aporte único, de carácter reparatorio para ellas.

Por todo lo anterior, en el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones jurídicas, políticas y éticas comentadas, es que he dispuesto proponer el presente proyecto de ley.

III.- OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY

El objetivo principal de este proyecto de ley es hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a sus derechos humanos que les afectaron y que son constitutivas de crímenes internacionales.

Así, con este proyecto de ley completamos un capítulo más en la reparación pecuniaria de los seres humanos que fueron víctimas de prisión política y tortura, dando un paso adelante en este difícil camino que, si bien es cierto puede no ser definitivo, mejora sustancialmente dicho aspecto. Estamos conscientes de que hemos avanzado en materia de derechos humanos, tanto en su defensa como en su promoción, pero todavía es posible alcanzar mayores niveles de satisfacción.

IV.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Si bien estas víctimas actualmente reciben beneficios, resulta necesario establecer, dentro de las posibilidades del Estado, un aporte único de carácter reparatorio que complemente la pensión de reparación.

Este aporte único consiste en una medida de reparación individual pagadera de una sola vez, correspondiente a $1.000.000, que no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno. Además, el 60% del valor de este aporte único también será entregado a las cónyuges sobrevivientes de las víctimas de prisión política y tortura calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura.

En consecuencia, en orden a fortalecer las políticas de reparación y de respeto a los derechos humanos, que forman parte de las ideas matrices de este proyecto, vengo en presentar el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo Primero.- Otórgase un aporte único, de carácter reparatorio de $1.000.000 (un millón de pesos), para los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y para los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido y no se le otorgó este aporte único, dicho aporte será entregado a la cónyuge sobreviviente de los titulares calificados e incluidos en las nóminas elaboradas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y 20.405, respectivamente, quienes recibirán el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

Artículo Segundo.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que, teniendo alguna de las calidades especificadas en el artículo primero, soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo Tercero.- El referido aporte, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo Cuarto.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota.

Artículo Quinto.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

Dios guarde a V.E.

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro Secretario General de la Presidencia

?INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN APORTE ÚNICO, DE CARÁCTER REPARATORIO, A LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CHILE

BOLETÍN N° 10196-17

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios viene en informar el proyecto de ley del epígrafe, de origen en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional y reglamentario, y para cuyo despacho el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia, con fecha 6 de agosto, calificándola de “simple”.

Con motivo del tratamiento del proyecto de ley, la Comisión contó con la participación de las siguientes personas: subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva; secretario ejecutivo del programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, señor Francisco Ugas; señores Arturo Samit, representante de los ex presos políticos de Valparaíso; David Quintana, presidente de la Agrupación de Ex Prisioneros Políticos de Rancagua; Guillermo Dávalos, del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares; y señora Viviana Fernández, del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La Idea matriz del proyecto es establecer un aporte único, de carácter reparatorio, a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, que hayan sido reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que indica.

2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado

No hay normas que se encuentren en la situación descrita.

3) Trámite de Hacienda

El proyecto, en su totalidad, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.

4) Votación en general

En sesión del 5 de agosto de 2015, la Comisión aprobó por simple mayoría la idea de legislar. Votaron a favor los diputados señores Gabriel Boric, Tucapel Jiménez, Felipe Letelier, Roberto Poblete y Raúl Saldívar; en tanto que se abstuvo el diputado señor Juan Antonio Coloma.

5) Diputado informante

Se designó diputado informante al señor GABRIEL BORIC.

II.- ANTECEDENTES GENERALES.

1.- El Mensaje

a) Fundamentos jurídicos y de otra naturaleza

Este señala que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se verificaron en Chile graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como lo han atestiguado sendos informes de las comisiones de verdad que se han creado para investigar los hechos ocurridos en ese período.

Los efectos perniciosos de tales violaciones a los derechos humanos se han perpetuado en el tiempo, afectando hasta nuestros días a compatriotas que vivieron esas experiencias.

Desde el 11 de marzo de 1990, día en que el país retornó a la democracia, hasta la fecha, se han constituido dos comisiones de verdad, que han calificado a las víctimas de prisión política y tortura. Dichas comisiones son:

1. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que operó entre los años 2003 y 2004, y

2. La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, que funcionó entre los años 2010 y 2011.

Ambas comisiones calificaron a un total de 38.254 víctimas de prisión política y tortura.

Agrega el mensaje que mediante las leyes Nº 19.992 y Nº 20.405, el Estado de Chile consagró diversas medidas de reparación, tendientes a resarcir el daño provocado a las víctimas de prisión política y tortura y a sus familias, por actos cometidos por agentes del Estado y por civiles, con la anuencia de los primeros. Las medidas y beneficios otorgados por ambas leyes se encuentran plenamente vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y en particular de acuerdo al artículo 9° de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita por Chile y ratificada en 1988, “Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura”.

En el mismo orden de ideas, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, también suscrita y ratificada por Chile en 1988, expresa en su número 1 que “Todo Estado Parte velará para que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.

Mención aparte merecen los proyectos de acuerdo aprobados por el Parlamento sobre la materia. Así, en el N°16, de 10 de abril de 2014, la Cámara de Diputados solicita “(…) una revisión de las normas establecidas en la ley Nº 19.992, que otorga reparación y otros beneficios a aquellas personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos (…) a fin de verificar la posibilidad de establecer una reparación económica equitativa y digna (….)”; mientras que en el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado el 22 de abril de 2014, se solicita el envío de “un proyecto de ley reparatoria que contemple para estas personas una indemnización justa y adecuada, al tenor del artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Adicionalmente, y considerando un argumento ético, cual es que durante el período de la dictadura fue el propio Estado el que ejecutó acciones que vulneraron los derechos humanos de las víctimas, le corresponde reparar directa, justa y adecuadamente, en la medida de sus posibilidades, el daño que causó.

En síntesis, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica son los ejes fundamentales que permitirán a Chile y, en especial, a las víctimas de la dictadura y sus familiares, superar las heridas provocadas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

b) Antecedentes directos del proyecto de ley

El 23 de mayo de 2015, en Rancagua, fue suscrito un Acuerdo entre las víctimas de la prisión política y tortura, y representantes del Gobierno. En dicha instancia actuaron como testigos de fe el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, y el senador don Juan Pablo Letelier.

El referido Acuerdo se celebró en el contexto de una huelga de hambre realizada por víctimas de prisión política y tortura en diversas ciudades del país. Los huelguistas formularon demandas vinculadas con la mejora de los beneficios que perciben, sobre la base de que la obligación de reparación debe ser integral.

El texto del referido Acuerdo señala en lo principal:

“Las partes, aceptando la constitución de la Mesa (conformada por el Ejecutivo y representantes de los ex presos políticos y víctimas de tortura), acuerdan que ésta se abocará a la temática de las indemnizaciones civiles reparatorias, y además al carácter y diferencias de las pensiones establecidas en las leyes Valech (N° 19.992 y N° 20.405) con la Rettig (N° 19.123), buscando formas concordadas en que el Estado Chileno deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución 60/147, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, en las materias de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de los ex presos políticos chilenos, víctimas de violación a sus derechos humanos, durante la Dictadura Cívico-Militar.

La Mesa estudiará y acordará iniciativas administrativas, judiciales y legales (…) que den fe del compromiso de Gobierno de llegar a una solución definitiva a las demandas de los actuales beneficiarios Valech.

Teniendo en consideración las anteriores materias acordadas a abordar por la Mesa, y como parte integrante de sus resultados, ella, en primera instancia, concordará el tenor de un proyecto de “ley corta” que tenga por objeto definir un aporte único, de carácter reparatorio, teniendo como referente las propuestas formuladas por los movilizados, en documento de 14 de mayo del presente (…). Dicho proyecto de ley deberá ser ingresado al Congreso Nacional en un mes, contado desde la constitución de la Mesa, y gozará de urgencia legislativa, la que se mantendrá durante sus tramitación.”.

Por lo tanto, el presente proyecto de ley da cumplimiento al antes citado párrafo del Acuerdo.

Destaca el mensaje que el proyecto está en total concordancia con el programa de Gobierno que, en lo pertinente, señala lo siguiente:

“Adoptaremos medidas, legislativas si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos las actuales leyes reparatorias.”.

Finalmente, con la presente iniciativa legal se completa otro capítulo más en materia de reparación pecuniaria a las personas que fueron víctimas de prisión política y tortura, si bien cabe reconocer que a futuro pueden alcanzarse mayores niveles de satisfacción.

IV.- DISCUSIÓN GENERAL.

En este trámite la Comisión recibió a las siguientes autoridades y particulares:

1) Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva

Explicó que le correspondió estar a la cabeza de una Mesa de Negociación, que llegó a algunos acuerdos con fecha 23 de mayo del presente año en la ciudad de Rancagua. Dicho acuerdo fue suscrito por representantes de la Comisión Negociadora de Ex Presos Políticos y Familiares y por el Gobierno. También concurrieron a este acuerdo el Obispo Alejandro Goic y el senador Juan Pablo Letelier.

La Mesa propuso una solución a las demandas reparatorias de las agrupaciones de ex presos políticos; y, con la finalidad de que ésta tuviera mayor eficacia y generara más confianza, se convocó además a instituciones de DD.HH., como el INDH, representado por doña Lorena Fries, y al Alto Comisionado de DD.HH., representado por el señor Calcaterra. También concurrieron personeros del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Desarrollo Social, y se solicitó a los presidentes de ambas cámaras del Parlamento designar representantes ante la Mesa, siendo nombrados el senador señor Juan Pablo Letelier y el diputado señor Claudio Arriagada.

Se dieron un plazo de 45 días para abordar varias materias, sesionando desde el 29 de mayo de 2015. Además de representantes directos de los huelguistas, se invitó también al Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Torturados. Por tanto, se trató de una Mesa amplia, con participación de todos los actores, con la finalidad de lograr una solución definitiva para los interesados.

En ese contexto, la Mesa se abocó a la temática de las indemnizaciones civiles reparatorias, junto con analizar la naturaleza y diferencias de las pensiones establecidas en las leyes Valech I y II con la Comisión Rettig, buscando fórmulas concordadas para que el Estado asuma las obligaciones establecidas en la Resolución 60-147 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2005 en materia de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, en favor de los presos políticos víctimas de violaciones a los DD.HH. durante la dictadura cívico-militar.

La Mesa acordó, además, estudiar iniciativas administrativas, judiciales y legales, que se diseñarán dentro de los seis meses siguientes a la conclusión de su cometido, que den fe del compromiso del Gobierno de llegar a una solución global de las demandas de los actuales beneficiarios de la Ley Valech.

Ahora bien, dentro de los acuerdos de la Mesa estuvo el de concordar un proyecto de “ley corta”, cuyo propósito es definir un aporte único, de carácter reparatorio, teniendo como referente las propuestas formuladas por los movilizados, debiendo ingresarse a trámite legislativo dentro de un mes, contado desde la constitución de la mesa, y con urgencia legislativa. Tal es el antecedente directo del proyecto contenido en el boletín N°10.196-17. Destacó la señora subsecretaria que esta no es una materia ajena al programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, ya que aquel contiene el compromiso de una política de Estado explícita e integral en materia de DD.HH.

A continuación, la subsecretaria Silva entregó los siguientes antecedentes vinculados al proyecto:

1. Los esfuerzos de reparación en materia de DD.HH. básicamente se han materializado a través de las leyes N°19.992 y N°20.405, y sus respectivos beneficios.

2. La búsqueda de verdad, justicia, reparación y memoria histórica ha sido un eje fundamental para superar las heridas provocadas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, y constituir las bases de una nueva convivencia entre los chilenos. En este orden de consideraciones, en diversas oportunidades se crearon comisiones para establecer la verdad y obtener justicia. Entre ellas se encuentran la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el decreto supremo N°355, de 1990; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley N°19.123, de 1992; la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior; y la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada mediante el decreto supremo Nº 43, de 2010.

3. Las leyes Valech reconocieron a 38.365 víctimas, que pueden desglosarse de la siguiente manera:

Beneficios de las leyes Valech

Las Leyes 19.992 y 20.405 establecieron, entre otros beneficios, una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas afectadas por violaciones a los derechos humanos que fueron individualizadas en un listado de prisioneros políticos y torturados conformado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada comisión Valech

4. Respecto a las pensiones y bonificaciones de las leyes Valech, el Estado ha destinado en total, en materia de reparación, $455.982 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

Beneficios de las leyes Valech

Pensiones y Bonificaciones Valech (Leyes N° 19.992 y N° 20.405)

Pensiones Valech

• Gasto acumulado 2005-2014 : $ 427.583 millones de 2015

• Cobertura 2015 :

- Titulares 23.793

- Viudas 2.829

Bonificación Compensatoria

• Gasto acumulado 2005-2014 : $ 28.444 millones de 2015

• Cobertura acumulada :

- N° Bonos menores de edad : 46

- N° Bonos por opción : 7.961

Total : $ 455.982 millones de 2015, equivalente a US$ 728 millones.

5. La principal demanda que han hecho los actores dice relación con buscar una homologación de la pensión Valech con la pensión Rettig, ya que esta última es muy superior. Además, las leyes Valech establecieron una categoría etaria distinta, de acuerdo al siguiente detalle:

Beneficios de las leyes Valech

Monto y n° actual pensiones de reparación

6. Considerando los beneficios vigentes, a cada uno de los 26.622 beneficiarios vigentes se le ha entregado $16.000.000 en promedio. Adicionalmente, se les entregará $28 millones en promedio, por concepto de pensiones futuras. Lo anterior arroja una cifra global, promedio, de $44 millones por concepto de pensiones pagadas y futuras.

7. Respecto al aporte reparatorio inicial, a los 29.910 titulares vivos se les entregará un bono de $1 millón. 23.793 beneficiarios corresponden a titulares vigentes y 6.117 a titulares no vigentes. Además, de acuerdo al proyecto, se les entregará un bono de $600 mil a las 6.251 viudas. Lo anterior representa un gasto total de $33.661 millones.

La Subsecretaria finalizó su intervención señalando que hay un tema bastante complejo para el gobierno, que se refiere al escaso conocimiento que tienen las casi 30.000 personas que se beneficiarán del aporte único reparatorio. Por lo tanto, no son menores los esfuerzos que tendrá que hacer el gobierno en materia de difusión.

2) Secretario ejecutivo del programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, señor Francisco Ugas

Indicó que, ante los crímenes ocurridos durante la dictadura, surgieron para el Estado chileno diversas obligaciones en el marco de sus compromisos internacionales, tales como investigar, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de estos hechos. Respecto a la reparación a las víctimas, hay estándares que el Estado debe observar, por la circunstancia de pertenecer a los sistemas universal e interamericano de protección de los DD.HH. Así, la reparación ha de ser integral y debida. Hay diversas fuentes jurídicas que establecen esta obligación. En efecto, hay normas de ius cogens, es decir, de tipo imperativo, reconocidas por la comunidad internacional y que no admiten otra norma en contrario, como por ejemplo la Resolución 60-147, de 2005, de Naciones Unidas, que establece los principios rectores que deben observar los Estados frente a las violaciones masivas y sistemáticas de los DD.HH. También cabe mencionar el artículo 9° de la Convención Interamericana, relativo a la reparación, y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se trata de fuentes normativas que obligan al Estado de Chile, en virtud del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política.

Respecto al proyecto de ley en tabla, señaló que se enmarca dentro del trabajo de la Mesa a que se ha hecho referencia, cuyo propósito es lograr una reparación integral. La iniciativa legal impulsada por el Ejecutivo contempla una reparación pecuniaria, pero no es la solución definitiva para las víctimas de prisión política y tortura. Por lo tanto, la aspiración del gobierno es que se genere un espacio de diálogo que permita arribar a una reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los DD.HH.

3) Representantes de organizaciones de ex presos políticos

i) Señor Arturo Samit, representante de los Ex Presos Políticos de Valparaíso

Señaló, en primer lugar, que cualquiera de los beneficios que se logre no puede considerarse una dádiva del gobierno, sino fruto de la ardua lucha que han sostenido. Aunque la subsecretaría de la SEGPRES puso algunas objeciones, se avanzó en la consecución de los objetivos trazados por la Mesa. Agregó que un aspecto muy importante para los expresos políticos es que las reparaciones, además de ser integrales, deben ser satisfactorias para las víctimas, tal como lo señala la mencionada Resolución 60-147 de las Naciones Unidas. Hasta el momento lo que han conseguido de los gobiernos de turno no ha colmado sus expectativas. Finalmente, instó a tramitar con la mayor celeridad posible este proyecto, para que pueda materializarse la disposición del gobierno de pagar el bono reparatorio entre los meses de septiembre y octubre del presente año.

ii) Señor David Quintana, presidente de la Agrupación de Ex Prisioneros Políticos de Rancagua

Sostuvo que su dignidad y la de quienes representa fue vejada por la dictadura cívico-militar. Los ex prisioneros y prisioneras políticos constituyen un testimonio viviente del grandioso período de la historia que tuvo lugar con el gobierno de Salvador Allende, al que siguió la represión física, moral y económica por 17 años, período durante el cual participaron directa o indirectamente en la lucha por la recuperación de la democracia en Chile. Sin embargo, después de logrado ese objetivo se trató de “sepultar” su realidad como prisioneros políticos, y recién luego de 15 años obtuvieron una bonificación de gracia a través de las llamadas leyes Valech I y II, que no alcanzó a constituir una reparación digna, justa y satisfactoria. De este modo, consideran que los sucesivos gobiernos no han cumplido las exigencias de los tratados internacionales que el Estado de Chile ha firmado.

Agregó, en otro plano, que la Agrupación que preside inició una huelga de hambre de 27 horas el 1 de diciembre de 2014, en Rancagua, con la participación de 14 personas, con lo cual consiguieron despertar la conciencia política y crear una cadena de solidaridad de miles de ex prisioneros políticos a través del país y en el extranjero. En ese entonces conversaron con la ex ministra Ximena Rincón y acordaron que en 45 días tendrían una respuesta a sus peticiones, que consistían, en lo fundamental, en la nivelación de la pensión Valech con la pensión Rettig y una reparación justa y satisfactoria. Ello no se materializó y el 13 de abril de 2015 retomaron la huelga de hambre, en la que participaron inicialmente 33 personas en distintos puntos del país, llegando a más de 100 huelguistas en algunos momentos. Después de largos 41 días de huelga de hambre, el 23 de mayo firmaron un acuerdo con el Gobierno, que incluía dentro de sus cláusulas el denominado proyecto de “ley corta”, plasmado en la presente iniciativa legal. Respecto al articulado del proyecto, efectuó la prevención de que su artículo primero, que se refiere al otorgamiento de un aporte único de carácter reparatorio, debiese decir “aporte único de carácter compensatorio”.

El señor Quintana acotó que en el aludido acuerdo suscrito en Rancagua también se determinó la creación de una mesa de alto nivel, para buscar fórmulas de nivelación entre las pensiones Valech y Rettig, y acordar una indemnización en el marco de un proyecto de reparación justa y satisfactoria, tal como lo exige la mencionada resolución 60-147. Sin embargo, hasta ahora la mesa de alto nivel ha centrado su atención en el proyecto de ley corta y todas las propuestas referentes a la nivelación de las pensiones no han sido consideradas por el gobierno.

Finalmente, afirmó la disposición al diálogo de la Agrupación, siempre y cuando se avance en buscar soluciones a sus peticiones.

iii) Señor Guillermo Dávalos, del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares

Afirmó sentirse frustrado, porque el gobierno ha insistido en las propuestas que el Comando ya rechazó, lo que refleja una política de discriminación y exclusión. El Comando lleva más de dos años trabajando en una Mesa constituida durante el gobierno del ex presidente Piñera. En el actual gobierno el subsecretario del Interior señor Aleuy ha ratificado la necesidad de seguir trabajando en esta Mesa. En ese contexto, en junio concluyeron un documento que fundamenta sus demandas desde el punto de vista histórico, ético, político, jurídico y vivencial.

Respecto de la actual Mesa de negociación, opinó que, salvo el proyecto de “ley corta”, se encuentran a “fojas cero”. El problema estriba en que no se trabaja con un criterio político, considerando el gran dolor que padecieron las víctimas de la dictadura, sino que se aborda la temática con un criterio mercantilista.

Si bien respaldan el actual proyecto, estiman que debe corregirse en él la situación relacionada con los familiares de las víctimas de tortura, ya que se excluye del beneficio a los viudos.

Al concluir su intervención, expresó que en la mesa negociadora existen todavía algunos escollos que sortear, como por ejemplo lograr un aumento digno de las pensiones reparatorias, lo que ha sido descartado por el gobierno. Otro aspecto pendiente es la apertura de una instancia para la calificación permanente de las víctimas de violaciones a los DD.HH. aún no calificadas. En efecto, respecto a esto último es importante tener en cuenta que hay personas que, por diversos motivos, no se encuentran en condiciones de expresar el sufrimiento vivido. También se requiere apoyo legal y social a las víctimas. Por último, hay una petición que dice relación con el secreto de los 50 años de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech, que es fundamental abordar.

iv) Señora Viviana Fernández, del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares

La señora Fernández solicitó a la comisión no minimizar el tema relativo a los niños y niñas que fueron víctimas de la dictadura. Existe, por ejemplo, el testimonio de un menor de nombre Patricio, que a la edad de tres años fue quemado con cigarro para hacer hablar a su padre. Los niños no solo vieron como torturaron a sus padres, sino que también fueron víctimas de prisión política y tortura, e incluso secuestrados y retenidos en algunos casos en recintos de las FF.AA, lo que les generó tremendas secuelas para el resto de sus vidas.

Por otra parte, indicó que no le parece justo escatimar recursos para otorgar la adecuada reparación a víctimas de violaciones a los DD.HH. por hechos que el mismo Estado cometió.

************

Luego de escuchar a los representantes del Ejecutivo y a los invitados individualizados, la Comisión procedió a votar la idea de legislar, aprobándola por simple mayoría (5 votos a favor y 1 abstención), según se detalla en el capítulo de las constancias reglamentarias previas.

V.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.

La Comisión dio el siguiente tratamiento al articulado del proyecto de ley:

Artículo 1°

El inciso primero estipula que se otorgará un aporte único, de carácter reparatorio, por un monto de un millón de pesos, a los titulares individualizados en la nómina de personas reconocidas como víctimas por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura, elaborada por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Fue aprobado por simple mayoría, con una indicación de los diputados señores Boric, Gutiérrez (don Hugo), Jiménez, Letelier, Ojeda y Poblete, que reemplaza la frase inicial “Otórgase un aporte único de carácter reparatorio” por la siguiente: “Otórgase un aporte único, en carácter de reparación parcial,”.

Votaron a favor los diputados señores Boric, Gutiérrez (don Hugo), Jiménez, Letelier, Ojeda, Poblete y Saldívar. En contra lo hicieron los diputados señores Coloma y Kast (don Felipe), y se abstuvieron los diputados señores Arriagada y Bellolio.

El inciso segundo señala que si el titular hubiere fallecido sin recibir el aporte único, este será entregado a la cónyuge sobreviviente de los titulares calificados e incluidos en las nóminas elaboradas por las comisiones antedichas, quien recibirá el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

También fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Boric, Gutiérrez (don Hugo), Jiménez, Kast (don Felipe), Letelier, Ojeda, Poblete y Saldívar. En contra lo hizo el diputado señor Coloma y se abstuvo el diputado señor Bellolio.

Su inciso tercero precisa que el aporte en comento será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

Fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Boric, Gutiérrez (don Hugo), Jiménez, Kast (don Felipe), Letelier, Ojeda, Poblete y Saldívar; en tanto que se abstuvo el diputado señor Bellolio.

El artículo en referencia generó el siguiente debate en el seno de la Comisión.

En primer lugar intervino la subsecretaria de la SEGPRES, señora Patricia Silva, quien recordó que, inicialmente, la idea era consagrar un solo bono reparatorio para las víctimas de prisión política y tortura, pero a medida que se desarrollaron las negociaciones, y con el objeto de poder arribar pronto a un acuerdo entre las partes, se optó por presentar el actual proyecto, denominado “ley corta”; iniciativa que será complementada a futuro. Lo anterior explica que en el inciso tercero del artículo 1° se establezca que el aporte monetario antes aludido se impute al monto que se otorgue finalmente como reparación pecuniaria a cada víctima. Acotó que el monto por concepto de reparación integral ofrecido por el Gobierno, y que fue rechazado por la contraparte, era de $ 9 millones para los mayores de 65 años, del cual se descontaba el millón de pesos que contempla el presente proyecto. Los restantes 8 millones se enterarían en cuotas anuales, según estratificación etaria. Frente a una consulta, precisó que en el proyecto no se establece que el aporte es “inicial”, porque es de carácter único. Cualquier bono adicional que se entregue a futuro será materia de un proyecto separado. En otros términos, el actual proyecto se basta a sí mismo.

El diputado señor Bellolio, fundamentando su abstención, sostuvo que si la reparación consta de una “segunda parte”, ella debería quedar reflejada en el informe financiero, lo que no sucede. Sobre el mismo punto, acotó que la aludida indicación parlamentaria sería inadmisible, ya que el vocablo “parcial” denota que hay una reparación final mayor, lo que necesariamente implica un gasto adicional. En un plano distinto, dijo que este proyecto tuvo como trasfondo una huelga de hambre de los expresos políticos. Al respecto, opinó que si bien toda persona que ha visto vulnerado sus derechos merece una justa reparación, no le parece que la huelga de hambre sea un medio legítimo de presión.

El diputado señor Jiménez sostuvo que debería explicitarse en el artículo 1° que la suma de $1 millón se imputará a los montos que acuerde a futuro la actual mesa negociadora, y no una instancia distinta.

El diputado señor Coloma expresó que su voto en contra se basa en los argumentos dados por el diputado señor Bellolio. Por otro lado, instó a revisar la norma del proyecto que excluye del beneficio pecuniario a los viudos de las víctimas de prisión política y tortura; observación esta última que fue respondida por la señora subsecretaria, argumentando que acoger dicha petición implica una reforma de fondo del sistema previsional, que escapa al objetivo del presente proyecto.

A su vez, el diputado señor Gutiérrez (don Hugo) dijo que, al margen de aprobar este artículo, habría sido deseable que el monto de la reparación fuese superior a $ 1 millón. En todo caso, lo sustantivo es que se repara en alguna medida a las víctimas de prisión política y tortura, y que en el futuro puede haber otros proyectos de reparación. Desde su perspectiva, la huelga de hambre es un instrumento legítimo de presión.

El diputado señor Kast (don Felipe) manifestó que los bonos o aportes parciales en materia de reparación no son la solución óptima, sin perjuicio de lo cual votó a favor de los incisos segundo y tercero del artículo.

Por su parte, el diputado señor Letelier dijo que, no obstante merecerle reparos la redacción de este precepto, lo apoya en cuanto a su contenido de fondo.

El diputado señor Ojeda opinó que la huelga de hambre de los expresos políticos fue el último recurso que emplearon para conseguir que se atendiera su justa demanda. Acotó que, aun considerando que esta reparación sea inicial, su monto es insuficiente. La suma restante que se otorgue a futuro debería fijarse de acuerdo al daño sufrido.

En su intervención, el diputado señor Poblete afirmó que este proyecto de ley es el resultado de una “vergüenza”: la práctica de la prisión política y la tortura. A su juicio, se ha dado un trato inadecuado a las víctimas de violaciones a los DD.HH. En esta perspectiva, el monto de la reparación a que se ha hecho referencia es absolutamente insuficiente. Señaló, también, que es lamentable que los expresos políticos tuvieran que declararse en huelga de hambre para que escucharan sus legítimas demandas.

Por último, el diputado señor Arriagada fundamentó su voto de abstención respecto del inciso primero del artículo en mención, argumentando que no comparte la incorporación -vía indicación- del vocablo “parcial”, relativo a la reparación. Agregó que hace falta una definición de Estado respecto a la reparación integral que merecen las víctimas. Por otro lado, instó a ampliar el universo de beneficiarios a los viudos de las víctimas de prisión política y tortura, que están excluidos del proyecto.

Artículo 2°

Prescribe que el aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que, cumpliendo los requisitos del artículo 1°, soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Boric, Gutiérrez (don Hugo), Jiménez, Kast (don Felipe), Letelier, Ojeda, Poblete y Saldívar; en tanto que se abstuvo el diputado señor Bellolio.

Este artículo, al igual que los restantes del proyecto, no suscitó debate.

Artículo 3°

Establece que el aporte no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible, tributable ni estará afecto a descuento alguno.

Fue aprobado por idéntico quórum que el artículo precedente (9 a favor y 1 abstención).

Artículo 4°

Señala que el aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal y su pago lo realizará el IPS en una sola cuota.

También fue aprobado por 9 votos a favor y 1 abstención.

Artículo 5°

Estipula que el gasto que demande esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del IPS y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.

Se registró la misma votación: 9 a favor y 1 abstención.

VI.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

No hay normas en la situación descrita en el epígrafe de este capítulo del informe.

VII.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas, y por las que expondrá oportunamente el diputado informante, la Comisión a la Sala recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo Primero.- Otórgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), para los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y para los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido y no se le otorgó este aporte único, dicho aporte será entregado a la cónyuge sobreviviente de los titulares calificados e incluidos en las nóminas elaboradas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y 20.405, respectivamente, quienes recibirán el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

Artículo Segundo.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que, teniendo alguna de las calidades especificadas en el artículo primero, soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo Tercero.- El referido aporte no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo Cuarto.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota.

Artículo Quinto.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

***************

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 5 y 12 de agosto de 2015; con la asistencia de los diputados señores Claudio Arriagada, Jaime Bellolio, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Felipe Kast, Felipe Letelier, Sergio Ojeda, Diego Paulsen, Roberto Poblete y Raúl Saldívar.

Sala de la Comisión, a 17 de agosto de 2015.

JUAN CARLOS HERRERA INFANTE

Abogado Secretario de la Comisión

?FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN APORTE ÚNICO, DE CARÁCTER REPARATORIO, A LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CHILE. (BOLETÍN Nº 10.196-17)

Santiago, 01 septiembre de 2015.-

Nº 870-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en presentar las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

- Para agregar los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos, del siguiente tenor:

“El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Diputados y Senadores, los Intendentes, los Gobernadores, los jefes superiores de servicio y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

?BOLETÍN Nº 10.196-17

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN APORTE ÚNICO, DE CARÁCTER REPARATORIO, A LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CHILE

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.- Origen y urgencia

La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por mensaje, con discusión inmediata.

2.- Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por ésta.

La Comisión Técnica consideró que es de competencia de la Comisión de Hacienda la totalidad del proyecto.

3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

Ninguna.

4.- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión Matriz y calificación de normas incorporadas

Indicación del Ejecutivo, al artículo primero, para agregar los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos, del siguiente tenor:

“El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Diputados y Senadores, los Intendentes, los Gobernadores, los jefes superiores de servicio y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.”.

5.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad

Todas las disposiciones se aprobaron por simple mayoría.

6.- Se designó Diputado Informante al señor Enrique Jaramillo.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas:

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

• Sra. Patricia Silva, Subsecretaria.

MINISTERIO DEL INTERIOR

• Sr. Francisco Ugás, Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DIPRES

• Sra. Jacqueline Canales, Jefa Sector Trabajo.

• Sr. Eduardo Román, Analista Presupuestario.

• Sr. Miguel Lorca, Subsecretaría de Hacienda.

La Comisión Técnica consideró que es de competencia de la Comisión de Hacienda la totalidad del proyecto.

El artículo primero, es la norma fundamental del proyecto, por cuanto otorga un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), para los individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y para las personas incluidas en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

Se precisa que si el titular estuviere fallecido y no se le otorgó este aporte único, dicho aporte será entregado a la cónyuge sobreviviente de los titulares calificados e incluidos en las nóminas elaboradas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y 20.405, respectivamente, quienes recibirán el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

El inciso tercero aclara que el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

El artículo segundo, señala cuándo se pagará el aporte del caso, esto es a partir del mes subsiguiente de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que, teniendo alguna de las calidades especificadas en el artículo primero, soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

El artículo tercero, precisa que el referido aporte no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El artículo cuarto, dispone que el aporte será de cargo fiscal y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota.

El artículo quinto, sobre imputación del gasto, establece que el gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.

El propósito de la iniciativa consiste en es establecer un aporte único, de carácter reparatorio, a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, que hayan sido reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que indica.

El Mensaje señala que, con motivo de las violaciones a los derechos humanos efectuadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se constituyeron dos comisiones: la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que operó entre los años 2003 y 2004, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Éstas calificaron a un total de 38.254 víctimas de prisión política y tortura.

Agrega el mensaje que mediante las leyes Nº 19.992 y Nº 20.405, el Estado de Chile consagró diversas medidas de reparación, y señala que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se debe compensar o indemnizar a las víctimas de tales violaciones, efectuadas por el Estado en la especie.

Se agrega que el 23 de mayo de 2015, en Rancagua, fue suscrito un Acuerdo entre las víctimas de la prisión política y tortura, y representantes del Gobierno, en el contexto de una huelga de hambre realizada por víctimas de prisión política y tortura en diversas ciudades del país. Los huelguistas formularon demandas vinculadas con la mejora de los beneficios que perciben, sobre la base de que la obligación de reparación debe ser integral, acordándose, entre otras cosas la presentación de este proyecto de ley.

Incidencia en materia presupuestaria y financiera

El Informe financiero N° 106 del 15 de julio de 2015 señala que la iniciativa tiene por objetivo otorgar un aporte único, de carácter reparatorio, de $ 1.000.000 (un millón de pesos), para los titulares individualizados en la nómina de personas reconocidas como víctimas en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y para los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido y no se le otorgó este aporte único, dicho aporte será entregado a la cónyuge sobreviviente de los titulares calificados e incluidos en las nóminas elaboradas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente, quienes recibirán el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

El aporte será pagado, en una sola cuota, a partir del mes subsiguiente de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que, teniendo alguna de las calidades especificadas en el artículo primero, soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Con todo, dicho aporte será imputable al monto que, en su caso, se otorgue a cada víctima de prisión política y tortura, por concepto de reparación pecuniaria.

Efecto del proyecto sobre el Presupuesto Fiscal:

1.- El proyecto de ley beneficiará con un aporte único, de carácter reparatorio de $ 1.000.000 (un millón de pesos) a 29.898 personas titulares calificadas de acuerdo a lo dispuesto en las leyes N° 19.992 y N° 20.405 y un aporte único, de carácter reparatorio de $ 600.000 (seiscientos mil pesos) a 6.187 cónyuges sobrevivientes, por lo cual, el costo fiscal de este proyecto de ley asciende a $ 33.610.200 miles.

2.- El gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.

DEBATE DE LAS NORMAS SOMETIDAS A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN.

La señora Patricia Silva (Subsecretaria General de la Presidencia) explica que la idea matriz de este proyecto de ley es conceder un aporte único, reparatorio para las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el estado de Chile. Se trata de los beneficiarios de las denominadas “leyes Valech” y forma parte del esfuerzo de reparar de diferentes maneras mediante las leyes N°s 19.992 y 20.405 que crearon las respectivas entidades, así la Comisión Rettig otorgó beneficios a cerca de 3.000 personas, consistentes en pensión e indemnización.

Agrega que también se beneficia a las víctimas de prisión política o tortura, reconocidas por las comisiones Valech 1 y 2. Explica que también se contemplan beneficios reparatorios en estos casos, una reparación simbólica que reconoce la vulneración de derechos humanos por el estado, a cerca de 38.000 personas, cual es el universo de este bono reparatorio.

Indica que las pensiones Valech (años 2005 a 2014) para las víctimas de menos de 70 años, es de un promedio de $167.497, y comprende a 16.890 personas. Respecto a las personas entre 70 y 74 años, es de $179.866, y comprende a 2.932 personas. Respecto a los mayores de 75 años es de $188.267, siendo un total de 3.971 personas. En el caso de las viudas se aplican los mismos segmentos y en total abarca a 26.622 personas.

Precisa que este proyecto responde a una demanda hecha por los beneficiarios que aspiran a obtener una homologación de las pensiones Valech con las pensiones Rettig, siendo estas últimas de un orden de $ 462.571, aproximadamente, que se refiere a detenidos desaparecidos, más beneficios adicionales por grupo familiar, puede alcanzar a $647.600.

Relata que existe una mesa de diálogo desde mayo del año en curso, y se han planteado allí, por los interesados, temas no solamente refreídos a compensación, si no también acerca de vivienda, educación y otros.

Sostiene que el Gobierno busca un acuerdo para llegar a una reparación única, total, para finalizar esta demanda, habida consideración que una homologación con las pensiones Rettig es imposible por la cuantía.

El señor Francisco Ugás (Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos) complementa lo expuesto por la señora Silva, aseverando que este proyecto de ley se da en el contexto del cumplimiento de instrumentos internacionales suscrito por Chile, tales como la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención Internacional contra la Tortura, como también, en el cumplimiento de principios del derecho consuetudinario internacional, como es el caso del ius cogens. Agrega que se trata de personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, de diferente naturaleza, identificados por el Estado de Chile y que requieren una reparación debida e integral. Precisa que de conformidad con el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, los Tratados Internaciones sobre derechos humanos, ratificados por Chiles y que se encuentren vigentes se incorporan al derecho interno.

El señor Lorenzini consulta si la cónyuge sobreviviente recibe el beneficio sin considerar cuándo contrajo matrimonio con el causante; si se sabe cuántas personas se encuentran en la situación a que se refiere la indicación presentada por el Ejecutivo que excluye de estos beneficios a los Ministros de Estado, Diputados, Senadores y otras autoridades. Considera que el artículo de imputación de gastos no dice que sucede con los años presupuestarios siguientes, en especial si no se alcanza a pagar el año 2015. Finalmente pide votación separada del inciso segundo del artículo primero

El señor Auth (Presidente de la Comisión) precisa que este aporte se encuentra solo una vez y que la cónyuge sobreviviente recibe el aporte sin considerar la fecha del respectivo matrimonio.

El señor Melero hace presente que él ha votado favorablemente este tipo de proyectos, pero le surge la duda, en particular en el contexto de las difíciles circunstancias económicas actuales, de cuándo se le dará un punto final a estas demandas, habida consideración de la alta cuantía que involucran.

El señor Monsalve solicita se le precise si este proyecto se basa en un acuerdo con los interesados; si se ha avanzado en un acuerdo de reparación total, y si un viudo también puede ser beneficiario.

El señor Rathgeb, manifiesta su inquietud en orden a si es posible financiar este proyecto sin poner en riesgo otras metas y solicita una precisión sobre la indicación presentada por el Ejecutivo en cuanto a que la prohibición se mantiene durante el ejercicio del cargo y sobre la situación de la cónyuge sobreviviente.

El señor Ortiz considera que el origen de esta reivindicación está en alcanzar una homologación de este tipo de beneficios y estima que los recursos necesarios se encuentran disponibles en el Instituto de Previsión Social. Finalmente, pregunta acerca de la situación de aquellas personas que desean ser incorporados a las listas de beneficiarios.

El señor Silva hace presente que el artículo quinto establece con claridad que el gasto del proyecto se imputará al presupuesto del I.P.S y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público. Manifiesta su acuerdo con lo expuesto por el señor Melero y consulta de qué manera se armoniza esta reparación con demandas pendientes ante los tribunales de justicia. Solicita que a este respecto sea invitado un representante del Consejo de Defensa del Estado.

El señor Jaramillo junto con valorar este proyecto considera que se debe llegar una reparación total.

El señor Auth (Presidente de la Comisión) estima que existe una diferencia entre la muerte y la prisión política y la tortura, razón por la cual se justifica la diferencia en la reparación.

Estima que es injusto que los beneficiarios de las pensiones Valech hayan sido excluidos legalmente del Pilar Solidario. Finalmente pregunta por qué se trata de un acuerdo reparatorio parcial.

La señora Patricia Silva (Subsecretaria General de la Presidencia) expresa que sin duda sería mejor un acuerdo que alcance un monto único y total. Estima que entre los afectados existe desconfianza con el Estado por estimar que éste se encuentra en deuda con ellos, razón por cual quisieron avanzar con un piso consistente en este aporte único reparatorio. Asevera que en la Comisión de Derechos Humanos se incorporó el concepto de “parcial” a instancia de los interesados. Responde al señor Melero, manifestando que no es fácil abordar esta fuerte demanda de las víctimas en cuanto a cómo calificar el monto, motivo por el cual se busco un parámetro para avanzar.

Precisa que efectuaron un trabajo de revisión de las sentencias definitivas dictadas en causas originadas por este tipo de violaciones a los derechos humanos, como son los casos Tejas Verdes y Academia de Guerra, concluyéndose que en todas estas situaciones la Corte Suprema resolvió una misma cifra por concepto de indemnización ascendente a la suma de 10 millones de pesos. Frente a consulta del señor Melero señala que las indemnizaciones judiciales reparatorias son paralelas a las respectivas pensiones. Señala que el Ejecutivo desea alcanzar una reparación única y total.

El señor Silva pregunta si cuando se inició la mesa de trabajo con los afectados fue para sustituir los procesos judiciales. La señora Patricia Silva (Subsecretaria de la Presidencia) considera que hay un tema sobre el derecho de acceso de justicia involucrado que individual. Precisa que el cobro de este aporte único se hará por los interesados a través del I.P.S, y sostiene tener certeza de que puede ser pagado en diciembre del año en curso. Precisa que lo que se encuentra en discusión en la actualidad en el monto total de la reparación y la forma de su pago.

Frente a consulta del señor Melero responde que para entregar una reparación final será necesario un proyecto de ley y que el universo de personas afectadas por las violaciones del caso está compuesto por una cifra de 38.000 personas aproximadamente. Acota que el Estado de Chile reconoció que respecto a estas personas, identificadas, hubo una violación de sus derechos humanos básicos y que, en consecuencia, no se trata de un universo abierto; agrega que conforme dispone el programa de gobierno el Estado entiende que por concepto de reparación, se encuentra en deuda.

El señor Auth (Presidente de la Comisión) consulta si existe un plazo en que el beneficiario pueda impetrar este derecho. La señora Patricia Silva (Subsecretaria General de la Presidencia) responde que no existe un plazo de prescripción y que la indicación del Ejecutivo que inhabilita para el cobro de este beneficio se refiere exclusivamente a jefes de servicio y asesores hasta tercer nivel.

El señor Schilling opina que la justicia de este proyecto de ley es indiscutible y que es necesario respetar los convenios internaciones suscritos por Chile en la materia. Indica que, además, que se tiene como referencia los montos determinados por los tribunales de justicia, razones por las cuales votara a favor este proyecto, pero, que se trate de un aporte reparatorio parcial originado en la desconfianza frente a un Estado que ya reconoció a tales víctimas, por ello debería haberse abordado el convenio completo.

El señor Monsalve considera que este proyecto obedece una demanda que se ha expresado con fuerza y, no obstante ser parcial, si los afectados están de acuerdo, él respalda este proyecto.

La señora Patricia Silva (Subsecretaria General de la Presidencia) responde que este proyecto es parte del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los representantes de las víctimas de violaciones de derechos, de fecha 23 de mayo del año en curso.

La señora Jacqueline Canales (Jefa Sector Trabajo de la Dirección de Presupuestos) procede a leer los montos a que se refiere el informe financiero de este proyecto y sostiene que el sistema de financiamiento vía venta de activos de Tesoro Público se ha ocupado en ocasiones anteriores, dado que se trata de activos del Estado, en consideración a que el presupuesto vigente está ya cuadrado.

La señora Patricia Silva (Subsecretaria General de la Presidencia) responde al señor Auth que, en efecto, este beneficio no lo pueden recibir los viudos, en armonía con el sistema jurídico que reserva tales beneficios para las viudas y no siendo esta la instancia para cambiar tal características.

VOTACIÓN

Las normas sujetas a votación son del siguiente tenor

“Artículo Primero.- Otórgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), para los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y para los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido y no se le otorgó este aporte único, dicho aporte será entregado a la cónyuge sobreviviente de los titulares calificados e incluidos en las nóminas elaboradas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y 20.405, respectivamente, quienes recibirán el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

Artículo Segundo.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que, teniendo alguna de las calidades especificadas en el artículo primero, soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo Tercero.- El referido aporte no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo Cuarto.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota.

Artículo Quinto.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

**********************

Indicación parlamentaria:

De los señores Lorenzini y Jaramillo, para agregar al artículo quinto, el siguiente párrafo:

“A partir del año presupuestario 2016 el mayor gasto se financiará con cargo al presupuesto determinado para el Instituto de Previsión Social.”.

El señor Auth (Presidente de la Comisión) procede a declarar inadmisible la indicación de conformidad con el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución, por cuanto incide en materias de administración presupuestaria o financiera del Estado.

Indicación del Ejecutivo:

Al artículo primero, para agregar los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos, del siguiente tenor:

“El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Diputados y Senadores, los Intendentes, los Gobernadores, los jefes superiores de servicio y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.”.

**************

La Comisión acuerda votar en forma conjunta el articulado del proyecto, conjuntamente con la indicación del Ejecutivo, salvo el inciso segundo del artículo primero, respecto al cual el señor Lorenzini ha pedido votación separada.

Sometido a votación el inciso segundo del artículo primero, es aprobado con los votos de los Diputados señores Enrique Jaramillo; Manuel Monsalve; José Miguel Ortiz, y Marcelo Schilling. Se abstuvieron los Diputados señores Javier Macaya; Patricio Melero, y Ernesto Silva.

Sometido a votación todo el articulado del proyecto, conjuntamente con la indicación del Ejecutivo más arriba transcrita, es aprobado con los votos de los Diputados señores Enrique Jaramillo; Manuel Monsalve; José Miguel Ortiz, y Marcelo Schilling. Se abstuvieron los Diputados señores Javier Macaya; Patricio Melero, y Ernesto Silva.

Se hace presente que de conformidad con el artículo 5°B de la ley N° 18.918, no participaron en la votación los Diputados señores Auth y Aguiló.

Se designó diputado informante al señor Enrique Jaramillo.

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Tratado y acordado en sesión de fecha 1 de septiembre de 2015, con la asistencia de los Diputados señores Pepe Auth (Presidente de la Comisión); Sergio Aguiló; Enrique Jaramillo; Pablo Lorenzini; Javier Macaya; Patricio Melero; Manuel Monsalve; José Miguel Ortiz; Jorge Rathgeb (por el señor Santana); Marcelo Schilling, y Ernesto Silva.

SALA DE LA COMISIÓN, a 3 de septiembre de 2015.

OTORGAMIENTO DE APORTE ÚNICO, DE CARÁCTER REPARATORIO, A VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CHILE (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10196?17)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités el martes 8 de septiembre del presente, se limitará el uso de la palabra hasta por cinco minutos por intervención.

Diputados informantes de las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Hacienda, son los señores Gabriel Boric y Enrique Jaramillo , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 49ª de la presente legislatura, en 21 de julio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 60ª de la presente legislatura, en 18 de agosto de 2015. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 66ª, en 8 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

El señor BORIC (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, paso a informar sobre el proyecto de ley que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

El proyecto se originó en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario, y para su despacho el Ejecutivo, con fecha 6 de agosto, hizo presente la urgencia calificada de “simple”.

Con motivo del tratamiento del proyecto de ley, la comisión contó con la participación de las siguientes personas: la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva ; el secretario ejecutivo del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, señor Francisco Ugas ; el representante de los expresos políticos de Valparaíso, señor Arturo Samit ; el presidente de la Agrupación de Ex Prisioneros Políticos de Rancagua, señor David Quintana , y los representantes del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, señor Guillermo Dávalos y señora Viviana Fernández .

La idea matriz del proyecto es establecer un aporte único, de carácter reparatorio, a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, que hayan sido reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que indica.

El proyecto no requiere de quorum especial para su aprobación.

La iniciativa fue aprobada en general por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Gabriel Boric , Tucapel Jiménez , Felipe Letelier , Roberto Poblete y Raúl Saldívar . Se abstuvo el diputado señor Juan Antonio Coloma . Al respecto, cabe señalar que la comisión está integrada por trece miembros, pero los demás diputados no estuvieron presentes.

Fundamentos del proyecto

El mensaje señala que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 en Chile se verificaron graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como lo han atestiguado sendos informes de las comisiones de verdad que se han creado para investigar los hechos ocurridos en ese período.

Los efectos perniciosos de tales violaciones a los derechos humanos se han perpetuado en el tiempo y afectan hasta nuestros días a los compatriotas que vivieron esa terrible experiencia.

Desde el 11 de marzo de 1990, día en que el país retornó formalmente a la democracia, hasta la fecha, se han constituido dos comisiones de verdad, que han calificado a las víctimas de prisión política y tortura. Dichas comisiones son la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que operó entre los años 2003 y 2004, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, que funcionó entre los años 2010 y 2011. Ambas instancias calificaron a un total de 38.254 víctimas de prisión política y tortura.

Agrega el mensaje que mediante las leyes Nº 19.992 y Nº 20.405, el Estado de Chile consagró diversas medidas de reparación, tendientes a resarcir el daño provocado a las víctimas de prisión política y tortura, y a sus familias, por actos cometidos por agentes del Estado y por civiles, con la anuencia de los primeros. Las medidas y beneficios otorgados por ambas leyes se encuentran plenamente vigentes, aunque son reconocidamente insuficientes.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que, de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y, en particular, con el artículo 9° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrita por Chile y ratificada en 1988, “Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.”.

En el mismo orden de ideas, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, también suscrita y ratificada por Chile en 1988, expresa en su número 1 que “Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.”.

Adicionalmente, y considerando un argumento ético, cual es que durante el período de la dictadura fue el propio Estado el que ejecutó acciones que vulneraron los derechos humanos de las víctimas, corresponde al Estado reparar directa, justa y adecuadamente, en la medida de sus posibilidades, el daño que causó.

En síntesis, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica son los ejes fundamentales que permitirán a Chile y, en especial, a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, superar las heridas provocadas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

Contenido del proyecto

La iniciativa consta de cinco artículos. La norma principal, el artículo primero, dispone que se otorgará un aporte único, de carácter reparatorio, por un monto de un millón de pesos, a los titulares individualizados en la nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura por los informes de las dos comisiones que se crearon para tal efecto. Si el titular hubiere fallecido sin recibir dicho aporte, este será entregado a la cónyuge sobreviviente, quien recibirá el 60 por ciento del monto antes indicado.

La suma a que se refiere el proyecto no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible, tributable ni estará afecta a descuento alguno. Su pago se efectuará en una sola cuota, a partir del mes subsiguiente al de la publicación de la ley en proyecto en el Diario Oficial, por intermedio del Instituto de Previsión Social (IPS).

Modificaciones incorporadas durante la discusión particular

Durante la discusión particular, la comisión introdujo una sola modificación al texto original, específicamente al inciso primero del artículo primero, en el sentido de que el aporte único que se estipula es de carácter “parcial”, toda vez que, según los antecedentes que se entregaron, a futuro se complementará este beneficio con otros, cuyo monto será materia de otra negociación.

Sin perjuicio de que no figura en el informe, hago presente que en la comisión se discutió latamente sobre la discriminación que constituía el hecho de entregar el aporte solo a las cónyuges sobrevivientes y no a los cónyuges sobrevivientes, en caso de que las titulares hubieren fallecido sin recibir el beneficio. La subsecretaria argumentó que no podíamos cambiar el sistema previsional mediante una ley de estas características. Muchos contra argumentamos en contrario, pero desgraciadamente se impuso esa visión. En consecuencia, el beneficio se otorgará solo a la cónyuge sobreviviente.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor JARAMILLO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de “simple”, que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile.

Se trata de un proyecto que aborda uno de los temas relevantes de la historia de nuestro país: los problemas suscitados como consecuencia de la violación a los derechos humanos ocurrida en su oportunidad.

En virtud de su artículo primero, la iniciativa otorga un aporte único, en carácter de reparación parcial, de un millón de pesos, para los titulares individualizados en la nómina de personas reconocidas como víctimas del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y para los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

No es ajeno a la entrega de este informe lo sensible que es el proyecto para los miembros de la comisión.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo primero, si el titular estuviere fallecido y no se le otorgó este aporte único, dicho aporte será entregado a la cónyuge sobreviviente de los titulares calificados e incluidos en las nóminas elaboradas por las dos comisiones señaladas, quienes recibirán el 60 por ciento del aporte referido en el inciso primero.

El inciso tercero del artículo primero dispone: “Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”.

El artículo segundo establece que el aporte será pagado a partir del mes subsiguiente al de la publicación de esta futura ley en el Diario Oficial, a todas aquellas personas que, teniendo alguna de las calidades especificadas en el artículo primero, soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

De acuerdo con sus artículos tercero y cuarto, el referido aporte no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, será de cargo fiscal, y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota.

La comisión técnica consideró que es de competencia de la Comisión de Hacienda la totalidad del proyecto. Por ello, nos hemos permitido hacer comentarios más profundos sobre el sensible tema que dio origen a esta iniciativa.

El artículo quinto establece: “El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

En cuanto al costo fiscal que involucra el proyecto, el informe financiero señala que la iniciativa beneficiará con el referido aporte único, de carácter reparatorio, a 29.898 personas y a 6.187 cónyuges sobrevivientes, por lo que el costo total será de 33.610 millones de pesos.

Se trata de una suma no menor, pero que no repara el daño causado, comentario vertido por quien informa cuando se trató el proyecto en la Comisión de Hacienda.

Durante el debate se presentó una indicación del Ejecutivo para establecer la prohibición al Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, diputados y senadores, intendentes, gobernadores, jefes superiores de servicio y asesores de tercer nivel, de solicitar el aporte a que se refiere esta iniciativa.

Sometido a votación el articulado del proyecto con la indicación del Ejecutivo, fue aprobado con los votos de los diputados señores Manuel Monsalve , José Miguel Ortiz , Marcelo Schilling y quien informa. Se abstuvieron los diputados señores Javier Macaya , Patricio Melero y Ernesto Silva .

El proyecto fue tratado y acordado en sesión del 1 de septiembre de 2015, con la asistencia del Presidente de la Comisión, señor Pepe Auth , y de los diputados señores Sergio Aguiló , Pablo Lorenzini , Javier Macaya , Patricio Melero , Manuel Monsalve , José Miguel Ortiz , Jorge Rathgeb , quien reemplazó al diputado Alejandro Santana ; Marcelo Schilling , Ernesto Silva y quien habla, Enrique Jaramillo .

Es cuanto puedo informar a la Sala. He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

¿Habría acuerdo para permitir el ingreso a la Sala de la subsecretaria general de la Presidencia, señora Patricia Silva ?

No hay acuerdo.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, para que los diputados tengamos toda la información respecto de lo que significa este proyecto de ley, considero fundamental relevar y poner a disposición de todos los colegas el documento que figura en el número 7) de la Cuenta: la exposición que hizo ayer el presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor José Ignacio Piña , ante la Comisión de Hacienda, que, a juicio de los integrantes de dicha comisión, fue relevante, pero desgraciadamente lo conocieron después de que despacharon el proyecto.

En ese documento hay información contundente respecto de los procesos judiciales que se han seguido en esta materia, de las indemnizaciones que se han pagado y de los efectos que se pueden generar por la duplicidad de acción: demanda contra el Estado versus acción legislativa.

Considero fundamental relevar y poner ese informe en conocimiento de los diputados.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Diputado Melero , al inicio de esta sesión se acordó, por unanimidad, que el documento que usted menciona fuera incluido como parte de la documentación oficial que acompaña a esta iniciativa, por lo que ya está a disposición de las señoras y los señores diputados.

El señor MELERO.-

Recomiendo la lectura del documento, señor Presidente. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Agradecemos su aporte.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, este proyecto de ley señala algo que no es efectivo: habla de un “aporte único”; pero yo, que tengo un poco de memoria, puedo decir que no es el único aporte que se ha hecho en este ámbito, y que en realidad se han hecho varios, de distinta naturaleza. Incluso he concurrido con mi voto a aprobar algunos de ellos en el pasado, porque los consideré justos.

Pero considero que este aporte es sumamente injusto, primero, porque no es un aporte único, pues ya ha habido otros. En consecuencia, creo necesario cambiarle el nombre. La alternativa podría ser “bono”, porque le encantan a la Presidenta Bachelet , aunque, de verdad, ese término ya está bastante trillado.

Por lo tanto, lo voy a llamar “aguinaldo”, “aguinaldo de Fiestas Patrias”, dado que estamos a las puertas de esa celebración.

Como digo, voy a hablar de “aguinaldo”. Este aguinaldo lo recibirá mucha gente que lo merece; pero también, lamentablemente, mucha gente que no lo merece, como terroristas, asesinos y delincuentes a los que ayer, en un programa de televisión, llamaron “combatientes”. ¡Es increíble cómo tratan de torcerle la nariz a la historia!

Además, lo van a recibir algunos parlamentarios, diputados y senadores. También son parte, porque están en el informe Valech. Espero que por lo menos los parlamentarios que recibirán este aguinaldo se abstengan hoy de votar el proyecto.

Pero eso no es todo: este aguinaldo viene con yapa, dado que en realidad será por diez millones de pesos. Ese fue el acuerdo al que llegaron con los huelguistas. Un millón de pesos lo tiran ahora y los otros nueve millones los tirarán más adelante.

¿Por qué no tiraron los 10 millones altiro? Porque estamos en recesión económica, porque la Presidenta marca 20 puntos; en fin, por una serie de razones. Pero el aguinaldo de nueve millones viene atrasito. Partimos con un millón de aguinaldo de Fiestas Patrias y los nueve millones de pesos vienen de atrasito. Total: 10 millones de pesos.

¡Fantástico, maravilloso el aguinaldo! Pero les quiero contar que los adultos mayores de nuestro país recibieron un aguinaldo de 17.000 pesos. ¡Repito: 17.000 pesos! Aquí hay gente que va a recibir aguinaldo de un millón ahora y otro de nueve millones en un ratito más. Así de sencillo. Eso incluye a algunos parlamentarios, que también van a recibir ahora este bonito tan encachado de un millón de pesos.

(Manifestaciones en la Sala)

No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque con las reparaciones que yo mismo he concurrido a aprobar, en leyes anteriores, con justicia -porque creo sinceramente en ello-, se ha cubierto suficientemente este asunto.

Pero si mañana sigue habiendo otras huelgas de hambre, habrá otra negociación; más y más plata. Total, como lo han hecho tan mal durante este tiempo, este año y medio con la Presidenta Bachelet , “saquémosle platita al Estado, saquémosle lechecita a la vaca, porque lo más probable es que no sigamos siendo gobierno.". Entonces, hay que sacar el máximo posible. Aprovechemos ahora que somos gobierno para sacar el máximo posible.

¿Quiénes recibirán finalmente el beneficio? Mucha gente que sí se lo merece; pero también muchas personas que, como dije, se declaran combatientes, que se declaran cualquier cosa, como si fueran grandes patriotas, cuando los verdaderos patriotas no recibirán esto; son los que están en Punta Peuco. Los verdaderos patriotas, los que salvaron a Chile de la dictadura marxista están ahí, en Punta Peuco, mal condenados la gran mayoría de ellos, lamentablemente.

(Manifestaciones en la Sala)

Ellos no reciben, pero son los que debieran recibir. A las puertas de un día glorioso como el de mañana, 11 de septiembre, ellos precisamente son los que deberían ser homenajeados: los patriotas de Chile, los que están en Punta Peuco, los que salvaron a Chile. Deberían ser ellos y no los terroristas, asesinos y delincuentes los que recibieran este aguinaldo de Fiestas Patrias.

He dicho.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, qué difícil intervenir después de Ignacio Urrutia.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Diputado Urrutia, lo llamo al orden. El diputado Ignacio Urrutia ha sido llamado al orden.

Diputado Boric , continúa con el uso de la palabra.

El señor BORIC.-

Señor Presidente, ¿qué significa que lo haya llamado al orden?

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Es una medida disciplinaria que se aplica a todo diputado o ministro que incurre en una falta al orden durante el debate. Según el Reglamento, no son aceptables afirmaciones como las que acaba de hacer el diputado Ignacio Urrutia en contra de otro colega, por lo que, en caso de que insista en su conducta, es posible aplicarle medidas disciplinaria de mayor gravedad, como una multa.

Tiene la palabra, diputado Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, voy a dar lectura a un texto escrito por un expreso político que fue detenido a los 17 años de edad y llevado a isla Dawson, donde fue torturado. Murió hace un par de años, en el olvido, como la mayoría de quienes lucharon por construir un mundo distinto o por recuperar la democracia. Dice así:

“Fuera del espacio y la materia, en una región altiva, sin matices ni colores, llena de un humo horizontal que atraviesa pantanos invisibles, permanezco sentado como un condenado a la cámara de gas. Descubro que el temor es un niño desesperado, que la vida es una gran habitación o un muelle vacío en medio del océano. Hay disparos, ruidos de máquinas de escribir, me aplican corriente eléctrica en el cuerpo, soy un extraño pasajero en viaje a lo desconocido, arden mis uñas y los poros, los tranvías. En la sala contigua golpean a una mujer embarazada. Las flores del amor y la justicia crecerán más adelante, sobre las cenizas de todas las dictaduras de la Tierra.”.

Estos versos son de un poeta magallánico: Aristóteles España , a quien, a propósito de este proyecto, rindo homenaje.

Desgraciadamente no bastaron 42 años, sino que hubo que esperar una huelga de hambre de hombres y mujeres, en su mayoría de avanzada edad, para que el Estado chileno entendiera que quienes fueron víctimas de tortura y de prisión política por imposición del Estado, deben ser compensados.

Digo “compensados” y no “reparados”, porque entendemos que nada podrá reparar el daño que se les causó a quienes fueron violados, a las mujeres que les introdujeron ratas en su vagina, a los hombres a los que quemaron o les aplicaron electricidad en los testículos, y, en general, a los que recibieron todo otro tipo de tratos inhumanos que algunos insisten en olvidar.

Pero a eso hoy entregamos una reparación, una compensación, más allá de lo que dice el proyecto, que equivale a un noveno del sueldo de cualquiera de nosotros.

No puedo sentirme orgulloso de eso, porque creo que quienes fueron torturados, quienes fueron víctimas de prisión política merecen mucho más, no solo en plata, sino en dignidad; una dignidad que el Estado les ha negado a aquellos que se vieron privados de libertad y ultrajados en su dignidad por el solo hecho de pensar distinto.

A principios de los años 90 una escritora chilena, Marcela Serrano , quizás no tan apreciada en el país -como ocurre con muchos otros escritores nacionales-, escribió una novela que se llama Para que no me olvides; les recomiendo su lectura. Esa novela cuenta la historia de una mujer que se enamoró perdidamente de un expreso político, torturado. Conoce a su familia y dice que a esa altura -está ambientada en 1991, después de que salió el Informe Rettiglos expresos políticos ya eran incómodos en nuestro país, incluso para la Concertación.

No nos olvidamos de ellos. Por eso esta compensación. Pero tampoco nos olvidamos de que los derechos humanos no terminan aquí. Quizás un tema que no se ha abordado mucho es que en democracia no habría sido posible aprobar las grandes transformaciones que hizo la dictadura cívico-militar. Fueron transformaciones profundas que vivimos hasta hoy: el sistema de AFP, el sistema mercantil de vivienda, el sistema mercantil de educación y el de salud. Ahora tenemos la tarea inexcusable de revertir esos cambios en democracia.

Para allá vamos, justamente en homenaje a quienes fueron víctimas de prisión política y de tortura, muchos de los cuales ya no están con nosotros.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, no hay forma de reparar el daño que se causó a todas esas personas cuya dignidad fue severa y drásticamente violentada, a muchas de las cuales incluso se les arrebató la vida. Se trata de hechos que situaron a nuestro país en una posición verdaderamente lamentable en el concierto de las naciones democráticas y civilizadas.

Por eso, lo que se intenta hacer a través de esta pequeña reparación es reconocer el dolor sufrido, las situaciones vividas, tan apremiantes, y las tribulaciones a las que fueron sometidos miles de chilenos, porque el Estado no ha reparado suficientemente ese daño.

Por consiguiente, como dije, este es un esfuerzo de reconocimiento, no de reparación por el daño y el dolor causado a esas personas, porque no hay forma de repararlo.

Naturalmente, un gesto de nuestra sociedad puede ser reivindicar a quienes fueron puestos en esa situación, para, de alguna manera, devolverles su dignidad, en los términos y dimensiones que ello implica. Desgraciadamente, ello no es posible, ya que, como hemos podido apreciar en este debate, aún no hemos despejado totalmente nuestra conciencia de ciertos prejuicios, aunque sean insostenibles en un país que busca mejores condiciones para vivir y cohesionarse con todos sus ciudadanos, con todos sus vecinos, con todos sus hijos.

Me parece que aquí se han proferido ofensas gravísimas e inaceptables, por el momento particularmente sensible por el que atravesamos, ya que buena parte de los chilenos mira con desazón cómo otro grupo de chilenos ha esperado por años ser reivindicado, reconocido en su dignidad y, por cierto, ser valorado y, al mismo tiempo, reparado en los daños que han vivido.

De modo, entonces, que para que podamos seguir construyendo un país integrado, unido, es necesario incorporar ciertos valores esenciales, no solo para sostener una democracia que sea posible, y proyectarla en el tiempo, sino una convivencia que permita superar situaciones que fueron dramáticas y atroces para nuestra sociedad.

Por eso, los socialistas no solo tenemos la convicción de que debemos apoyar este proyecto, sino que lo sentimos muy adentro, ya que varios de los nuestros padecieron los horrores que implicó esa situación por la que el país atravesó y que hoy no solo queremos olvidar, sino sanear en la conciencia de todos los chilenos. Pero no para que pensemos igual, no para que tengamos el mismo monolítico y granítico pensamiento, sino para que valoremos la vida, para que valoremos todo lo que implica compartir una sociedad que busca construirse a sí misma con mejores condiciones, para brindar a cada uno de sus miembros una posibilidad de desarrollo más justo, más democrático, más integral y, por cierto, la posibilidad de realizar su propio proyecto de vida, pero en un sentido colectivo, de solidaridad y tolerancia.

Como eso no se ha conseguido -se demostró aquí-, los socialistas apoyamos con fuerza esta iniciativa y creemos que hay que seguir luchando para que Chile vaya saneando aquellas situaciones que han quedado enquistadas en las conciencias de algunos que todavía no entienden lo que implica vivir en sociedad y defender valores fundamentales para construir esa sociedad, en un proceso permanente de perfeccionamiento.

Sabemos que este intento de reparación es de poca entidad, porque el dolor de tanta gente no se paga ni con todo el dinero del mundo. Por lo tanto, lo que hacemos es un gesto valórico, insuficiente, pero indispensable.

Además de expresar nuestra solidaridad con las víctimas que han venido a presenciar este debate y con quienes no han podido estar presentes hoy, pero que también padecieron los efectos del daño causado y esperan que se resuelva esta situación, manifiesto una vez más nuestro decidido apoyo a esta iniciativa, a sabiendas de que no repara definitivamente el dolor sufrido y que el beneficio que se concede no es suficiente.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, mientras algunos se niegan a legislar en materia de derechos humanos, nosotros, en virtud de nuestra consecuencia política, nos esmeramos para que se legisle en esta materia y se reparen definitivamente los daños y lesiones provocados por las violaciones cometidas por agentes del Estado a los derechos fundamentales de miles de personas.

Nosotros sí estamos con los derechos humanos; otros no lo están, definitivamente.

Este proyecto de ley otorga un millón de pesos como reparación parcial a quienes sufrieron tortura y fueron detenidos injustamente, tal cual reza su texto. La pregunta que nos hacemos es cuándo se hará la reparación integral que claman esas víctimas.

La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Chile en 1988, establece que los Estados parte se comprometen a incorporar en sus legislaciones normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura. Por lo tanto, como Estado no solo estamos obligados a prevenir y a sancionar la tortura, sino también a compensar a las víctimas, lo que, por lo demás, dice relación con nuestra convicción de que como personas, como seres humanos, a esa gente les asiste ese derecho.

Es lamentable que fuera necesaria una huelga de hambre para que el Estado reaccionara. Este proyecto de ley es consecuencia del acuerdo alcanzado entre las víctimas y el gobierno en una mesa de trabajo en la que participó, en representación de la Cámara de Diputados, nuestro colega Claudio Arriagada , a quien felicito y reconozco el excelente trabajo realizado.

El Estado es responsable de esas violaciones a los derechos humanos porque sus agentes estuvieron involucrados. Por lo tanto, debe asumir esa responsabilidad.

Mientras no exista verdad, justicia y reparación, no habrá paz en nuestro país; además, las víctimas y sus familiares no podrán olvidar ni reconciliarse, porque no podrán superar sus heridas, provocadas por las graves violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto.

Aprobaremos este proyecto como ley de agenda corta para otorgar una reparación que debe ser parte de una reparación más integral. Así lo explicitamos mediante una indicación que presentamos, tal como nos solicitaron las víctimas y sus familiares; pero queremos que el proyecto de reparación total venga rápido, por lo cual solicito al gobierno que resuelva pronto el monto a pagar a cada una de las víctimas.

Se ha tenido en cuenta la diferencia de las pensiones de la “ley Valech” y de la Comisión Rettig. Esta dobla a la primera, por lo que los presos políticos y torturados piden que se igualen. No se puede discriminar y, por esa vía, revictimizar a quienes sufrieron la vulneración de sus derechos esenciales.

¿Cuántas personas, cuántas víctimas fallecieron esperando que les llegara la justa reparación para vivir sus últimos días con dignidad y con el bienestar del que debe gozar todo ser humano? ¿Por qué la reparación no se extiende a los viudos en caso de que la víctima beneficiaria haya sido una mujer? Hicimos la observación, pero no fue acogida.

Repito la pregunta: ¿Cuándo daremos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a sus familiares la justa reparación que merecen? ¿Deberemos seguir esperando años para que ello suceda? Esto se viene planteando desde 1990, desde el retorno a la institucionalidad democrática. En 2003 y en 2011 todavía estábamos en etapa de reparaciones, y seguimos en eso.

En la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios todas las semanas tratamos problemas no resueltos en esta materia. Ayer nos visitaron los representantes de los familiares de quienes fueron asesinados en Laja y en San Rosendo. En dicha instancia presentamos un proyecto de ley para que se retiren los retratos de aquellas personas que estuvieron involucradas y fueron condenadas en materia de derechos humanos.

Todavía seguimos trabajando, y vamos a seguir haciéndolo para que se obtenga una reparación total y absoluta en favor de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. En algunos casos se puede reparar, pero la vida de aquellos que fueron asesinados no se puede recuperar. Sin embargo, aún hay familiares, o bien torturados y presos políticos que están vivos y merecen el reconocimiento del Estado chileno.

Por ello, toda mi bancada aprobará este proyecto de ley. He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda para formular una petición.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, ¿puede recabar la unanimidad de la Sala para que ingrese la subsecretaria Silva?

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Ya lo solicité, señora diputada, pero no hubo acuerdo.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, ¿lo puede solicitar nuevamente?

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala de la subsecretaria Patricia Silva , que es quien ha llevado adelante estos temas en representación del gobierno?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .

El señor CERONI.-

Señor Presidente, quería intervenir en este debate con un ánimo distinto, para que pudiéramos, a raíz de esto, reencontrarnos cada vez más, que es lo que uno quiere para nuestro país. Pero después de haber escuchado la intervención del diputado Ignacio Urrutia , ¡por Dios que asaltan dudas respecto de ese reencuentro que queremos tanto!

Recordar ese oscuro capítulo de la historia de nuestro país es doloroso, pero necesario. Hacerlo una y otra vez es la única forma para que las generaciones futuras no vuelvan a aceptar hechos tan dolorosos como los que se vieron durante la dictadura.

La verdad es lo único que permite construir una sociedad solidaria, de hermanos, que tenga clara conciencia de que estas brutalidades jamás se deben volver a cometer.

Recordar esos hechos permite saber que, no obstante las crisis por las que pueda pasar nuestra sociedad, debemos buscar siempre una solución por la vía democrática; que jamás se deberá permitir un nuevo golpe de Estado, y menos una dictadura que cause tanto daño.

Esa es la verdad. Lamentablemente, las brutales palabras del diputado Ignacio Urrutia , de mi distrito, hacen ver que muchas de las personas no quieren realmente reconocer lo que ocurrió en nuestro país, lo que impide que nos podamos reencontrar con algunos sectores -no digo todos-, felizmente minoritarios.

El hecho de que se diga que esto es un aguinaldo es una afrenta para los que sufrieron tanto, porque un aguinaldo es un regalo, pero esta es una pequeña reparación para quienes sufrieron prisión y tortura.

Uno vivió en carne propia y fue testigo de ese capítulo de nuestra historia. Uno supo que fueron torturados compañeros de estudio y de trabajo. Uno sabe que fueron detenidos, llevados a prisión y torturados. Por lo tanto, esta reparación es un gesto mínimo del Estado.

Tengo que referirme al diputado Ignacio Urrutia por lo que ha dicho acá, y lamento decirlo. Él fue testigo de las brutalidades que ocurrieron en Colonia Dignidad. Como abogado, me tocó, junto con Máximo Pacheco y Sergio Corvalán , buscar esa verdad en 1987, en plena dictadura. El mencionado diputado decía en ese entonces que éramos unos comunistas que mentíamos respecto de Colonia Dignidad, en circunstancias de que allí se cometieron atrocidades y fueron detenidas tantas personas. Uno fue testigo de esas brutalidades.

Al respecto, debo relatar un caso que se me vino inmediatamente a la memoria. Es el de una profesora militante del MAPU, quien, en esa época, estaba haciendo clases en el liceo Barros Borgoño . Repentinamente, entró la policía con armas para detenerla, sin razón ni antecedente alguno; solo era militante del MAPU. La llevaron detenida. No sabemos qué más pasó después. Seguramente, ella no quiere que diga esto, pero debo hacerlo. Luego de estar muchos días en prisión, se enfrentó a uno de sus alumnos, el cual le dijo llorando: “Profesora, perdone, pero fui torturado, y por eso dije su nombre como si hubiera estado involucrada en algún hecho para detenerla.”.

Esa profesora es mi hermana, y le hizo clases a muchos de los que han estado aquí, como a Patricio Walker , quien tiene tantos buenos recuerdos de ella.

Entonces, quienes hablamos de reparación, somos testigos de ese brutal capítulo de la historia de Chile.

El diputado Ignacio Urrutia debería disculparse ante todo el país por lo que ha dicho. Aquí quedará inscrito como un hombre indigno de nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .

El señor JARPA.-

Señor Presidente, estamos en vísperas de cumplir cuarenta y dos años del quiebre democrático de nuestro país, al cual llegamos por la intolerancia y por la falta de diálogo, y que trajo tanto dolor a muchas familias del país.

Ya lo he dicho en otras oportunidades: la paz social es consecuencia de la justicia, y los pueblos que desconocen su historia corren el riesgo de volver a repetirla.

Nadie desea que se repitan los acontecimientos previos al golpe de Estado de 1973, y menos aún lo que sucedió después.

Podemos decir que somos todos responsables del quiebre democrático de 1973, pero no de las atrocidades que se cometieron en nuestro país, en que hubo detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, exonerados políticos y ciudadanos torturados por el solo hecho de pensar diferente.

Al momento del golpe de Estado, yo había cumplido cuatro años como médico oftalmólogo en la ciudad de Chillán. De mi curso de medicina, del que egresamos en 1969, cinco compañeros perdieron su vida en diferentes circunstancias. El hospital de Carahue lleva el nombre de uno de ellos, Arturo Hillerns , quien es un detenido desaparecido; a Absalón Wagner , militante comunista, le aplicaron la ley de la fuga en San Felipe, el 3 de diciembre de 1973; Vicente Cepeda fue ejecutado por Carabineros en Tocopilla; Jorge Jordán tuvo la mala suerte de que cuando estaba detenido en La Serena, la Caravana de la Muerte decidió que fueran ejecutados todos los que estaban sometidos a consejo de guerra; finalmente, otro de mis compañeros falleció en un enfrentamiento.

No debemos olvidar esto, ya que es necesario que todos conozcamos la historia, pero no solo nosotros, sino también nuestros hijos y nietos, para que no se vuelva a repetir.

Junto con el diputado Guillermo Ceroni nos tocó conocer lo que fue Colonia Dignidad. Según los anales que constan en el enclave de Colonia Dignidad, mi padre y quien habla aparecemos como médicos marxistas. Como gobernador de Ñuble, me correspondió ser interventor cuando se caducó la personalidad jurídica a Colonia Dignidad, oportunidad en la cual muchos la defendieron. Lo mismo sucedió cuando cerramos la escuela y el hospital, ya que muchos defendieron a Colonia Dignidad. A eso se refieren las personas que hablan de los cómplices pasivos.

En 2008, la Cámara de Diputados creó una comisión especial investigadora, en la que se debatió no solo sobre los ejecutados políticos y los torturados, sino de los funcionarios públicos, con quienes aún mantenemos una deuda, como los profesores y los funcionarios de Gendarmería y de otras instituciones.

Por lo tanto, si queremos tener paz social en Chile, junto con conocer nuestra historia, debemos hacer las reparaciones necesarias. Nuestro deber es volver a vivir en Chile en un ambiente de tolerancia y democracia. Conocer la verdad es necesario, tal como lo es conocer la justicia.

En los últimos veinticinco años se han ido realizando muchos esfuerzos en ese sentido, los cuales se iniciaron durante la presidencia de Patricio Aylwin y con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En ese momento solo queríamos conocer la verdad, pero ahora también necesitamos justicia.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy es lo mínimo que podemos hacer por quienes fueron torturados, lo que ha sido claramente establecido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Valech.

Si bien es cierto que ya se han hecho reparaciones, estas no son suficientes. Es más, en Chile debemos seguir trabajando para que se reparen todos los daños que se cometieron y que se haga justicia, para así tener paz social.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún .

El señor HASBÚN.-

Señor Presidente, es muy difícil ponerse en el lugar de quienes fueron víctimas de torturas y de detenciones arbitrarias. No es fácil adoptar una posición distinta cuando no se ha tenido la mala suerte de ser víctima de violaciones a los derechos más esenciales de las personas, que tienen que ver con la dignidad del ser humano. No es fácil estar en una posición distinta cuando no entendemos, ya que la gran mayoría de los parlamentarios en ejercicio no fuimos víctimas de situaciones como esas, lo que significó o lo que significa haber pasado por ese atropello a la dignidad de las personas.

Quiero ser muy claro en relación con el bono. A lo largo del tiempo se han ido entregando una serie de beneficios a las víctimas de prisión política y de tortura. La Cámara de Diputados ha aprobado proyectos de ley que van en beneficio de esas personas; pero, ¿cuándo se debe poner punto final a las reparaciones que se están entregando?

Me lo pregunto, porque si uno hace un recuento de los beneficios que se han otorgado a las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, podremos comprobar que la “ley Valech” entrega 164.000 pesos mensuales a las víctimas menores de 70 años de edad, que ascienden a alrededor de 16.000; algunas viudas de 75 o más años de edad reciben 144.000 pesos. Además, tienen beneficios médicos, gratuidad en la educación básica, media y superior; ayudas en vivienda, etcétera.

Entonces, debemos entender que nuestra sociedad tiene un sinnúmero de problemas sociales y económicos, por lo que insisto en mi pregunta: ¿Cuándo llegará el momento en que vamos a poner punto final al tema de las reparaciones? No me refiero al millón de pesos que otorga el proyecto en discusión, sino más bien a cuándo va a existir una política de Estado en relación con el tema; porque hoy es un millón de pesos, pero mañana puede ser más plata. Además, es posible que se deba entregar otra cantidad de recursos con motivo de las demandas civiles que se han presentado o que se pueden presentar. ¿Cuándo el Estado señalará que hemos llegado al punto final?

A lo mejor eso significa establecer una medida definitiva en el tiempo y no de parche. Cuando hablo de “parche”, me refiero a que permanentemente estamos aprobando distintos proyectos de ley que benefician a este grupo. Además, las víctimas necesitan que se ponga punto final a esas situaciones y el Estado también necesita poner orden en esta materia.

El propio presidente del Consejo de Defensa del Estado dijo que este bono reparatorio más el que anunció el gobierno sumarían alrededor de 8.000.000 o 9.000.000 de pesos adicionales para cada víctima, pero no cierran la puerta para impedir las demandas que pueden presentar estas víctimas en contra del Estado.

Por lo tanto, es el momento de hacer una evaluación completa de la situación que están viviendo las víctimas, en lugar de seguir legislando para establecer medidas de “parche” que no conducen a nada.

Debido a las condiciones económicas que está viviendo el país, considero que no se está dando una buena señal cuando se habla de un bono reparatorio que no es definitivo en el tiempo. Hay mucha gente que también exige reparaciones porque se violan sus derechos permanentemente. No hay que olvidar que tenemos más de 200.000 personas que necesitan atención médica y están en listas de espera no AUGE para ser operadas; hay más de un 1.700.000 personas que están esperando atención médica y hay muchas personas se mueren porque no tienen la cobertura médica necesaria para poder cubrir las necesidades de salud.

Lo indicado demuestra que tenemos un problema, y la única manera de solucionarlo es entendiendo que los recursos son limitados. Por mucho que estas víctimas y sus familias hayan pasado o estén pasando por una situación muy anómala, tenemos que entender que las necesidades de Chile son muchas y que no podemos estar entregando recursos a diestro y siniestro, sin que exista una política de Estado que ponga un punto final al problema que se está viviendo.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, hay una pregunta que me parece pertinente volver a formular.

Después de las terribles violaciones a los derechos humanos, que volvimos a recordar por los reportajes de prensa de ayer, es pertinente preguntarse: ¿Hay una forma de reparar el daño causado? ¿Hay un monto de dinero que pueda mitigar el dolor físico que vivieron las personas que fueron víctimas de torturas atroces de todo tipo que se dieron durante la dictadura?

¿Alguien sabe cómo cuantificar, medir o determinar el dinero exacto que tiene ese dolor?

¿Alguno de los que cuestionan el proyecto se ha preguntado, por ejemplo, acerca de la tragedia familiar que implicó la detención, tortura, violación a los derechos humanos, y el daño que provocó a esposas, hijos y hermanos?

Tampoco se han hecho cargo de las secuelas físicas. Muchos de los expresos políticos tienen dolencias físicas hasta hoy. Por ejemplo, a Jorge Cárcamo casi le quebraron la columna y estuvieron cerca de dejarlo en silla de ruedas. Todos los días se levanta y tiene que comprar remedios que son muy costosos para poder caminar y soportar el dolor que le producen las lesiones de su columna. ¿Eso tiene un valor? ¿Podemos ponerle un monto?

También está el daño psicológico. Muchas personas pudieron resistir las torturas físicas, pero el daño psicológico perdura hasta hoy en muchos de los casos.

Por lo tanto, es francamente inmoral cuestionar el monto que establece el proyecto para reparar el daño causado; pero, además de ser inmoral, cuestiona la lógica misma de la doctrina de los derechos humanos, principios que hoy son universales.

Me pregunto: ¿Hay alguna forma de decir a las víctimas que el Estado alemán no es responsable del holocausto nazi? ¿Que el Estado alemán debe pensar cuánto dinero tiene y cuánto puede entregarles? Plantear el debate en esos términos es francamente inmoral, y es impresionante que ocurra en una sociedad de este tipo. Creo que habla muy mal de las intervenciones de algunos diputados de la oposición.

La aprobación de este bono tiene también un sentido de reparación moral. A pesar de eso, la sociedad chilena seguirá en deuda. También es una señal de reparación política e histórica para todos los que lucharon contra la dictadura y que fueron víctimas de la brutal represión del gobierno de Augusto Pinochet.

Por último, no puedo dejar de plantear en esta ocasión un tema que me parece particularmente importante y sensible. Quiero saludar la valentía que ha tenido el periodista Javier Rebolledo , quien ha estado investigando y denunciando el papel que tuvieron los civiles que fueron autoridades de gobierno durante la dictadura militar y los civiles que no tuvieron cargos de gobierno.

Es cierto que nos hemos centrado en los uniformados cuando hemos hablado de los pactos de silencio y de la impunidad, que, por supuesto, son graves. Pero me pregunto: ¿Solo son graves las violaciones brutales en contra de los derechos humanos que cometieron los uniformados? ¿Qué pasa con los civiles que eran funcionarios de gobierno? Por ejemplo, ¿qué pasa con el señor Francisco Javier Cuadra , a quien veía en la televisión con mis 14 o 15 años, cuando decía que en Chile no pasaba nada y que no había ninguna violación a los derechos humanos? Aparecía muy compuesto con su terno y su corbata, para dar las explicaciones más increíbles sobre los delitos más atroces que ocurrían en esa época. ¿No tiene una responsabilidad política respecto de lo que sucedía en Chile?

Otro ejemplo es el del señor Sergio Fernández , entonces ministro del Interior, que avaló la brutal represión militar a pobladores, gente humilde, trabajadores, mujeres, jóvenes e, incluso, niños durante las protestas.

Las dos personas mencionadas ¿no tienen una responsabilidad política, legal o incluso penal? ¿No son tan responsables de las violaciones a los derechos humanos como aquel que apretó el gatillo o ejecutó las torturas?

La Cámara de Diputados tiene una deuda en ese sentido, porque aún no ha dilucidado cuál es la responsabilidad política que les cabe a aquellos civiles y autoridades de gobierno que actuaron bajo la dictadura. Ellos no han tenido ni siquiera el valor de pedir perdón a todos los chilenos. ¡No han pedido perdón por haberse escondido y por haber avalado esas terribles y brutales violaciones a los derechos humanos!

La dictadura militar no fue obra solo de militares, sino también de civiles que hoy están impunes y que no han sido capaces de pedir perdón al país. Incluso más, algunos se ufanan, se vanaglorian de su obra y reivindican el legado de la dictadura.

Si la Cámara de Diputados actúa con responsabilidad política, este es el momento de dilucidar la responsabilidad que tienen esos caballeros, que dicen tener mucha compostura, pero que son tan responsables de las violaciones de los derechos humanos como el militar que apretó el gatillo.

Este debate nos da esa oportunidad. Espero que la Cámara tenga el valor para homenajear a todas aquellas personas que sufrieron represión bajo la dictadura, especialmente a aquellos que hoy no están presentes, justamente, por haber sido víctimas de brutales violaciones a los derechos humanos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .

El señor ARRIAGADA Señor Presidente, en representación de la Cámara de Diputados formé parte de la mesa de diálogo con los expresos políticos. Quiero manifestar mi reconocimiento a la difícil tarea de monseñor Goic, cuya participación es la expresión más clara del valor del diálogo, de la comunicación, de la búsqueda de acuerdos y de entendimiento, lo que, incluso en las situaciones más críticas y difíciles, sean sociales o políticas, de los países y de los seres humanos, nunca se debe perder. Quiero reafirmar la solidez, la validez y la justicia de la demanda de los expresos políticos. Alguien se refirió a que este aporte será solo un aguinaldo y que luego vendrán más ¡Qué injusto plantear el tema de esa forma!Recogiendo las palabras del diputado Hasbún, me pregunto: ¿Se puede compensar en dinero a una persona que ha sido víctima de tales atrocidades? Si durante la dictadura a un trabajador de Codelco no se le hubiera interrumpido el desarrollo normal de su vida laboral, ¿habría recibido solo un millón de pesos al pensionarse? La persona que recibió torturas a consecuencia de las cuales quedó con secuelas, ¿puede llevar una vida normal? ¿Eso debe tener un precio para el Estado?Mañana es 11 de septiembre.

Chile necesita una derecha democrática que defienda sus convicciones, pero que emule la experiencia de Alemania, país cuyos habitantes nos demostraron que, después del horror de la Segunda Guerra Mundial, fueron capaces de ponerse de acuerdo en la necesidad de reparar las atrocidades cometidas. En Alemania nadie relativizó los montos entregados ni la justicia de esa medida; pero para eso se requiere de un ejercicio de introspección, porque tenemos la necesidad de reparar no solo materialmente, sino también desde el punto de vista cultural. ¿Es posible que no nos impacten imágenes de la televisión que muestran cómo un muchacho de 14 años arrastra a una profesora, luego de un portonazo? ¡Esa es una muestra de la cultura del desprecio hacia otro ser humano!

Cuando alguien se refiere a otra persona como extremista o comunista, invisibiliza al ser humano. El centro de la acción política de quienes queremos justicia, de los humanistas, es el ser humano.

En la tarea que se me encomendó hubo problemas metodológicos que le reprocho al gobierno. Me hubiera gustado participar en una instancia en la que la información hubiese sido simultánea para saber con claridad, desde un principio, hasta dónde podíamos llegar.

Se argumentó que esta reparación parcial pretendía asimilarse a algunos fallos judiciales, cuyas sentencias beneficiaron a las víctimas con 10 millones de pesos. Es verdad, la propuesta gubernamental pretende llegar a 10 millones de pesos, y hoy se aprobaría la primera cuota.

Quiero destacar la exposición del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque para mí fue un aprendizaje. En la oportunidad se dejó en claro -se puede comprobar al revisar los antecedentes en su página webque Chile aún no respeta los convenios internacionales. No estamos hablando de convenios que sean la expresión del Partido Comunista o del Partido Socialista. ¡No! Se trata de convenios internacionales del Derecho Internacional, que obligan a Chile a dar cumplimiento a indicaciones que aún no se concretan respecto de las personas que fueron prisioneras, torturadas y desaparecidas.

La experiencia alemana reafirma que la reparación y la legítima aspiración de las víctimas, no puede estar relativizada ni depender del vaivén financiero del país. Simplemente se asume, como se asumen otras responsabilidades y derechos.

Cabe mencionar que hay una enorme cantidad de personas que aún aspiran a tener una categoría, lo que debe investigarse.

Al conocer los detalles de las víctimas y de los dirigentes de sus organizaciones, uno ahonda en la magnitud de la tragedia ocurrida en Chile. Ojalá seamos capaces de reaccionar como sociedad y como clase política, para promover acciones que permitan que nunca más ocurra algo así.

Por último, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana concurrirá con mucho gusto a votar favorablemente el proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente, es difícil quedarse callada después de escuchar las palabras del diputado Ignacio Urrutia .

Es difícil creer que en esta Sala y en el Congreso Nacional haya personas que no sientan lo que nos costó lograr la democracia, que no entiendan lo que pasó durante la dictadura, a partir del 11 de septiembre de 1973. Estamos en vísperas de que se cumplan 42 años de la fecha en que perdimos a seres muy queridos, a familiares que entregaron su vida por defender sus convicciones e ideales.

Es difícil pensar que un colega de la Cámara de Diputados no entienda que tenemos ideales, que algunos defendieron, incluso, con su propia vida.

Es difícil de entender que en la Cámara haya diputados que no sientan el dolor que vivieron tantos compatriotas, cuyas familias quedaron divididas. Muchos de nosotros no volvimos a ver a parientes o a compañeros de trabajo, y, en algunos casos, hasta la fecha no sabemos dónde están.

Es difícil creer que un diputado pueda ser tan cobarde como para tirar al voleo acusaciones que ni siquiera entendemos. Es difícil ver a un diputado que se cree muy hombre, pero que no sabe que la hombría se expresa enfrentando las situaciones, no arrancando de la Sala para no escuchar lo que dicen los otros.

El diputado Ignacio Urrutia dice que no se debe pagar este dinero.

Conozco el dolor que vivieron cientos de personas y sé que para ellas eso no tiene valor económico. Pueden recibir un millón, diez millones, cien millones o quinientos millones de pesos, pero nunca se va a reparar el dolor que vivieron.

Cuando ello no se reconoce y se dice -como lo hicieron algunos diputados que hay que gastar la plata en otros fines, eso significa que algunos no entienden nada de lo que se vivió el 11 de septiembre de 1973 y durante la dictadura.

Muchos hemos perdonado lo que sufrimos y nos hemos reconciliado democráticamente para que en el país nunca más sucedan esas situaciones.

No es aceptable -quiero decirlo con todas sus letras que en este hemiciclo se permitan dichos como los del diputado Ignacio Urrutia . No puede ser que él considere patriotas a quienes hoy se encuentran en la cárcel, juzgados por delitos de lesa humanidad, ni que, según sus palabras, ellos sean los patriotas que defendieron a este país. No sé si los derechos de las personas se defienden con sangre. Tampoco entiendo que todavía podamos tener entre nosotros a personas que no sienten el valor de la democracia.

Señor Presidente, por su intermedio hago un llamado a los jóvenes diputados de la UDI para que nos digan claramente si están de acuerdo con las palabras del diputado Ignacio Urrutia ; quiero saber si las sienten como propias. Lo planteo porque después de escuchar las expresiones vertidas por dicho colega, queda claro que, en todos estos años en que hemos trabajado por consolidar la democracia y para que nuestro país avance, a pesar de sus dolores, él no ha entendido ni ha aprendido nada.

Espero que los diputados jóvenes que se encuentran en este hemiciclo digan que no están de acuerdo con lo que sostuvo el diputado Ignacio Urrutia y que piensan que tenemos que caminar juntos, a pesar de las diferencias y miradas distintas que tenemos respecto del desarrollo de nuestro país. Espero que sean capaces de decir que quieren una democracia diferente y que expresen qué podemos hacer para seguir avanzando.

A lo mejor, muchos diputados de la UDI y de la Alianza no vivieron esos momentos, pero quienes los vivimos queremos que nunca más en el país se repita lo que ocurrió durante el período de la dictadura.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, en primer lugar, muchos tenemos que dar gracias a Dios por no haber tenido familiares, amigos o conocidos que sufrieran algún vejamen en materia de derechos humanos.

Considero que este no es el momento para increparnos con los diputados de las bancadas de enfrente. Por el contrario, este es el momento de reflexionar, de ver las cosas con mayor profundidad y analizar hacia dónde queremos llevar los verdaderos derechos humanos, porque el día de mañana cualquiera puede ser gobierno y podría tomar venganza contra todas aquellas personas que no piensen igual. ¡Eso es lo que tenemos que ir superando!

El golpe militar ocurrió hace más de cuarenta años y no podemos cambiar la historia. Aunque nos increpemos, nos ofendamos y nos digamos cosas brutales, no podemos cambiar lo que pasó. No sucede lo mismo con el futuro, el cual nos pertenece, por lo que tenemos que evitar todo lo que vaya contra la humanidad.

Cuando converso con mis hijos, les pregunto: “¿Qué quieren ustedes?”. Ellos me contestan: “Papá, queremos tranquilidad, queremos trabajar, queremos un país que nos deje convivir en paz, porque -¡cómo ha cambiado la sociedad! hoy tenemos amigos de todos los colores políticos”. Ellos ya no califican a las personas como comunistas, socialistas. ¡No! ¡Todos somos chilenos y tenemos algo que aportar a nuestra patria!

Recuerdo cuando en la Cámara de Diputados se trató por primera vez el tema de los derechos humanos. En esa oportunidad, tenía una enorme tranca con el tema y no sabía qué hacer. Decidí llamar a mi madre -con todo respeto, ella es una señora bastante momia y le dije: “Mamá, tengo este problema. ¿Qué hago?”. Ella me contestó: “Hijo, te voy a decir algo y quiero que lo grabes siempre en tu memoria. Mira, tú como hombre no vas a sentir jamás el amor que tiene una madre por un hijo. Y te quiero decir más: si a cualquiera de mis hijos le hubiese pasado algo en cualquier régimen -perdóname lo que te voy a decir-, hubiese sido la perra más grande hasta haberlos encontrado para ir a dejarles una flor.”. De verdad, quedé marcando ocupado con su respuesta y empecé a entender muchas cosas que antes no entendía. ¡Esa es la enseñanza que hoy necesitamos!

A lo mejor, nunca nos vamos a perdonar ni vamos a ofrecernos disculpas unos a otros, porque, como les decía, la historia no cambia, pero sí tenemos la misión histórica de que esto no se repita en el país. Ni de un lado ni del otro. Por eso tenemos que pelear hoy.

Las reparaciones se pueden hacer de muchas maneras. Me he reunido con personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos y me cuentan sus experiencias, que para nada son agradables. ¡Nadie podría decir que lo son!

También he conversado con muchos colegas respecto de lo que les pasó. A mi juicio, ellos deben comunicar a Chile y al mundo el sufrimiento que experimentaron, para que situaciones como esas no se vuelvan a repetir, pero no debemos seguir increpándonos.

De todo corazón, siento que cada uno de los diputados que estamos aquí no tenemos que radicalizar nuestras posturas, sino entrar en un entendimiento profundo y explicar a nuestros familiares y amigos la situación.

En la Cámara de Diputados hubo personas de ambos lados que colaboraron para que hubiera una guerrilla en el país. Pero ese no es el tema que debemos discutir. Sinceramente, creo que con este proyecto podemos dar un paso importante para la reconciliación del país.

No hablemos de izquierda o de derecha; hablemos de chilenos que tienen visiones diferentes, pero que tienen un fin común: sacar adelante a nuestra patria. ¡Esa debe ser nuestra misión! Debemos entendernos como personas civilizadas y no mirar solo el lado político.

Entiendo a las personas que han sufrido. Quienes no pasamos por ese sufrimiento fuimos bendecidos por Dios. Por lo tanto, ha llegado el momento de reparar a esa gente.

He dicho.

-Aplausos

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, en realidad me cuesta intervenir en este debate, porque no puedo dejar de transmitir el profundo dolor que siento al escuchar que aquí se diga que los asesinos y torturadores son los héroes.

Me duele que mis amigos y colegas Patricio Melero , Ernesto Silva , expresidentes de la UDI; Felipe de Mussy y Javier Macaya , con quienes discuto en el marco de las diferencias de la democracia, no expresen que no comparten la idea de que los asesinos sean los héroes del país.

Cada uno tiene su propia experiencia personal. Sufrí un dolor a los 17 años, en primer año de medicina; otro a los 22 años, en primer año de psicología, y también a los 25 años, ya egresado de la universidad. Pero esos dolores son muy pequeños comparados con el que genera la desaparición de tu mejor amigo, Rodrigo Medina Hernández , a los 17 años, o de la prima de tus amores, Mary López Stewart .

Por lo mismo, esta discusión material me es completamente ajena, porque la deuda que tiene Chile es eterna, impagable, infinita y dolorosa, y siempre estará en la columna vertebral del país, porque la herida puede estar abierta o ser una cicatriz, pero nunca será olvidada, aunque vengan nuevas generaciones.

A sugerencia de Ernesto Silva , invitamos a este debate al presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Ignacio Piña , quien nos dijo: “Los delitos contra los derechos humanos, de lesa humanidad, son imprescriptibles”. Es decir, aun cuando la legislación chilena quisiera prescribirlos, ello no sucederá, porque el derecho internacional establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

Alguien preguntó sobre cuándo se pone punto final a esto. Le respondo: no tiene punto final, porque la justicia es eterna. Puede tardar, pero quienes confiamos en el futuro -soy un optimista inveterado creemos que la justicia llegará, porque es imprescriptible en lo penal.

Nosotros -digo “nosotros”, aunque no participé, porque me hago cargo de lo que hicieron los gobiernos anteriores generamos instancias, como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que creó una batería de mecanismos reparatorios. Si bien la reparación es imposible, al menos es una señal de que el Estado se hace cargo de su responsabilidad. Las víctimas consignadas en el Informe Rettig tienen un tratamiento determinado, lo que significa recursos considerables en pensiones. De hecho, ascienden a casi el triple de las reparaciones consideradas en la Comisión Valech. Entiendo que la demanda principal de quienes estuvieron en huelga de hambre era aproximarse o igualar las condiciones de reparación de las víctimas consignadas por la Comisión Rettig. También hubo reparaciones para las 38.006 víctimas calificadas por la Comisión Valech.

Solo tengo un problema: me hubiese gustado que en este proyecto de ley se hubiera contemplado la reparación tal como la planteó Claudio Arriagada , aunque fuese espaciada en el tiempo, pero que se estableciera el conjunto de la reparación. Aunque votaré a favor, hubiese preferido que consagráramos legalmente un acuerdo global, y no solo un primer paso. Concuerdo con que ese paso sea definido como una reparación parcial, porque significa que el Estado de Chile reconoce que aún tiene una deuda con las víctimas de prisión política y tortura.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva .

El señor SILVA.-

Señor Presidente, es probable que el diputado Melero , que está inscrito para intervenir más adelante, no alcance a hacerlo; por lo tanto, en mis palabras trataré de incorporar algunos de los temas que hemos discutido en relación con la posición de la UDI.

Parto con una cita: “Que mis primeras palabras sean de perdón y no de rencor. Que nuestros primeros sentimientos sean de amor y no de odio”. Esas fueron las palabras de Jaime Guzmán en el funeral del dirigente de la UDI Simón Yévenes, muerto hace más de veinte años.

También quiero citar un documento, que ya precisaré: “No podemos borrar el dolor del pasado, que nosotros queremos hacer nuestro, en señal de solidaridad, pero sí podemos actuar para reducir el dolor del presente y para prevenir el del futuro, en cuanto nos sea posible”.

Más adelante, ese mismo documento expresa: ”La demanda principal de los afectados por la desaparición y tortura de sus seres queridos tiene tres dimensiones: verdad, justicia y reparación.

La justicia y la reparación se relacionan con el propósito de enmienda y resarcimiento que obliga a toda la comunidad. No hay que escatimar esfuerzos en hacer justicia y buscar la reparación subsecuente, aun cuando ellas puedan, por exigencia de las circunstancias y del tiempo, adquirir una dimensión limitada y relativa, en la medida en que el desagravio no podrá nunca ser total y absoluto. Esta es una noción que la comunidad y los deudos han de comprender, cuando se ha hecho el máximo esfuerzo para facilitar el reencuentro en la patria común.”.

Y más adelante, al referirse a la contribución de un partido a un debate, continúa: “Hay en esto, desde luego, un imperativo moral: no es ético privar a todos de un paliativo, porque haya algunos que no lo admiten, o desean otro. A quienes desean un camino de reparación y reencuentro, debemos facilitarles la posibilidad de seguir ese camino. Con humildad, pero también con la fuerza que confiere una convicción interior, entregamos nuestra contribución.”.

Los últimos párrafos que quiero citar son los siguientes: “Actuamos en esto porque los derechos humanos preocupan esencialmente a la UDI, como deberían preocupar, de verdad, a todos quienes actúan en la vida pública. Jaime Guzmán lo reiteró así una y otra vez: lo que concierne a esos derechos es, siempre, “una situación moral, que tiene muchísimo más importancia que los acontecimientos políticos”.

Sabemos que algunos nos criticarán por plantear una vía de reparación para las familias de aquellos cuyos derechos básicos fueron vulnerados. No nos sorprende, porque igualmente se nos criticaría por no plantearla. Hacemos nuestras las palabras de Jaime Guzmán : “No me importa mi imagen, sino mi conciencia”.

Que tales graves excesos tuvieron lugar, es una evidencia: causaron y causan un dolor que también nosotros sentimos, y ellos no deben repetirse nunca. Sus consecuencias deben repararse y son responsabilidad de todos los chilenos; la UDI lo cree una necesidad moral, histórica y nacional, actualmente impostergable.”.

Esta es la posición de la UDI en materia de derechos humanos. Este documento, que convoca a la paz y a la unidad, fue escrito y fijado hace doce años, bajo el liderazgo y la presidencia de Pablo Longueira . Su nombre es: La Paz Ahora.

A continuación, me referiré a este proyecto de ley en particular, y no a la situación que ha generado el debate esta mañana.

En este proyecto de ley se señalan algunos aspectos que, en el ánimo de reparar, constituyen, a mi juicio, errores relacionados con la forma en que se plantea.

En primer término, tal como se señala en el mensaje y como lo planteó la subsecretaria general de la Presidencia en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, la iniciativa en discusión surgió como resultado de una presión y de una negociación. En esa instancia, ella declaró lo siguiente: “La propuesta planteada por el Gobierno para lograr una reparación definitiva era concordar un solo monto reparatorio. Pero con el propósito de avanzar en las negociaciones, la propia mesa acordó presentar este proyecto de ley corta. En ese contexto, este monto inicial de $ 1.000.000 se imputará al monto final…”. Son palabras de la subsecretaria.

No me parece adecuado que las leyes se deban elaborar bajo esa forma de presión, en especial cuando lo que se busca es avanzar en materia de reparación e indemnización con la finalidad de cerrar un capítulo.

Por último, debido a que el tiempo no permite profundizar más al respecto, quiero recordar, tal como lo dijo el diputado Pepe Auth , que el presidente del Consejo de Defensa del Estado señaló que consideraba que las soluciones de carácter legislativo son adecuadas, pero siempre que tengan una vocación de solución. Es decir, manifestó que es necesario analizar qué sentido tiene una solución parcial, pues eso permite dosificar el gasto fiscal. Añadió que las soluciones legales salvaban las vicisitudes de la jurisprudencia y que estimaba que las soluciones legales pueden entenderse como un mero anticipo, pero considera que la idea de una solución legal debe propender a una solución definitiva, porque las demandas están sujetas a casos de la jurisprudencia.

Por las razones indicadas y por otras que, debido al tiempo, no puedo desarrollar, anuncio mi abstención en este proyecto.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, voy a iniciar mi intervención con la siguiente pregunta: ¿Por quiénes votaban los supuestos patriotas que están encarcelados en el penal de Punta Peuco? La respuesta a esa pregunta la dio el diputado Ignacio Urrutia .

Agradezco sus palabras, por su sinceridad y porque son representativas de lo que piensa la derecha, en particular su partido, la UDI. Ellas reflejan lo que muchos de ellos se guardan, silencian, por no ser políticamente correctas.

Las palabras del diputado Ignacio Urrutia son brutales, pero honestas; son una confesión grave, pero verdadera. En otro país, podrían haber significado su persecución, por estar incitando a crímenes de odio, por la intolerancia que representan. Sin duda, podría hacerse acreedor de alguna sanción penal por lo que ha señalado, esto es, que los genocidas, los exterminadores, los torturadores y los que dictaron decretos de expulsión, exilio y relegación, así como quienes dieron órdenes de ejecución, son patriotas, a los que debemos celebrar en Fiestas Patrias y rendir culto, a los que debemos honrar con medallas y no sancionarlos con las penas que les ha impuesto el Poder Judicial.

Las palabras del diputado Ignacio Urrutia representan el sentir de un sector que debe ser conocido por la ciudadanía, porque mañana irán a golpear sus puertas para pedir el voto los mismos que consideran a los criminales de Punta Peuco como héroes y patriotas. Por eso es importante que la ciudadanía los conozca: están sentados en las bancadas de enfrente. Cuando mañana vayan a pedir su voto, repúdienlos, porque son ellos los que consideran que los criminales y los exterminadores de nuestro pueblo son héroes, patriotas, y no terroristas de Estado y genocidas. En consecuencia, algunos se están sacando la careta.

Aquí debemos decir las cosas como corresponde. Así como nos hemos enterado de casos de corrupción, del financiamiento ilegal de campañas políticas y de todas las trucherías que algunos llevan a cabo, que parece que pertenecen al mismo sector, debo señalar que, a mi juicio, hemos sido tacaños como Estado, porque no hemos entendido que para que el “nunca más” se consolide en el país se requiere conocer toda la verdad y aplicar justicia plena. Pero aquí imperó un dicho: “Todo en la medida de lo posible”. Es decir, verdad en la medida de lo posible, justicia en la medida de lo posible y reparación en la medida de lo posible. Y aquí llegamos al punto.

Un Presidente de la República dijo que para las víctimas de la tortura y de la prisión política era necesaria la verdad, y que después de eso había que otorgarles pensiones simbólicas y austeras, en circunstancias de que el sistema internacional de protección de los derechos humanos plantea que las vidas humanas que fueron perjudicadas por la tortura y la persecución política deben ser reparadas en forma integral. La palabra que cabe utilizar respecto de ese tipo de reparación es “integralidad”. Sin embargo, ¿qué han dicho algunos? Que a las víctimas se les debe otorgar pensiones simbólicas y austeras. Es decir, a pesar de que el Estado ha dicho a cada una de esas personas “reconozco que te torturé y que te metí en prisión por razones políticas”, también ha señalado que a esas víctimas se les debe otorgar una pensión simbólica y austera, como si ellas hubieran sido torturadas simbólicamente por agentes del Estado.

Por eso, lo que hoy se propone hacer a través del proyecto de ley en discusión es un acto de justicia mínimo en favor de miles de personas que fueron torturadas de manera cruel en nuestro país, con las que el Estado se ha hecho el leso, al no haberlas reparado como corresponde. Hoy, por el otorgamiento de un aporte de un millón de pesos, algunos se acuerdan de los problemas sociales y se preguntan cómo se va a seguir reparando, mitad ahora y mitad mañana.

Estamos haciendo un acto de justicia mínimo, de modo que todos debiéramos votar a favor esta iniciativa, y nadie debería abstenerse, porque las personas que fueron torturadas tienen que ser objeto de reparación en sus vidas y reinsertadas en la sociedad, como corresponde.

Por eso, la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana dará su total y completo apoyo a este proyecto, puesto que, como lo he planteado, constituye un acto de justicia mínimo que puede hacer el Estado de Chile.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe de Mussy .

El señor DE MUSSY.-

Señor Presidente, además de saludar a la subsecretaria general de la Presidencia, quiero decir que me habría gustado contar con la presencia en la Sala de la ministra de Justicia, porque es de toda lógica que hubiese participado en esta discusión.

Soy una persona joven y nueva en política. Por eso me da pena lo que a veces se escucha en esta Sala, expresiones que son proferidas desde distintos sectores. En ese sentido, con todo el cariño y respeto que merece y que tengo por el diputado Ignacio Urrutia , quiero señalar que él no puede decir lo que planteó hoy en esta Sala. No comparto nada de lo que expresó.

En la UDI hay diferencias de opinión respecto de muchas cosas, pero no me cabe duda de que todos condenan la violación a los derechos humanos. Créanme que ese tipo de situaciones hace que a veces uno se cuestione si está bien o no donde está, pero las cosas hay que solucionarlas y arreglarlas desde adentro. Creo que eso es lo que todos debemos hacer en cada uno de los lugares en que nos encontramos.

Por eso, en nombre de una gran mayoría de quienes integramos la UDI, quiero pedir perdón, pero no a los diputados que están enfrente, sino a las personas que de alguna forma fueron vulneradas en sus derechos humanos.

Claramente, hay que reconocer la realidad y el drama que muchos han vivido. Creo fundamental que exista verdad, justicia y reparación para todos. Desgraciadamente, todavía no hay verdad, porque todavía hay muchas personas detenidas desaparecidas. La justicia tal vez está llegando, pero se está demorando en hacerlo. Obviamente, la reparación es importante, y ahora estamos discutiendo un proyecto relacionado con ella, pero debe ser para todos.

Es claro que muchos de los que hoy están detenidos por violaciones a los derechos humanos se lo merecen, y tienen que sufrir el rigor de la ley. Sin embargo, si se analizan algunas situaciones, algunos no deberían estar pagando lo que están pagando.

Hay tres leyes reparatorias: la N° 19.123, la N° 19.992 y la N° 20.405. Uno puede preguntarse -lo señaló el diputado señor Daniel Núñez cuánto vale la tortura de una persona. Es muy difícil determinarlo. Además, como Cámara no nos corresponde fijar montos, pues compete a la justicia de un país atribuir un valor a tal situación, aunque pienso que nunca ese valor será real. Sin embargo, es necesario actuar sobre la materia, por varios motivos. En primer lugar, porque un país debe seguir avanzando, y en segundo lugar, porque debe haber justicia no solo para los que sufrieron, sino también para los que, gracias a Dios, no sufrieron, y que probablemente nacieron muchos años después de los hechos de que hablamos. Me refiero a la gran mayoría del país.

Ayer, en la comisión técnica, el presidente del Consejo de Defensa del Estado fue clarísimo sobre esta materia. Sé que muchos de los diputados y diputadas que están enfrente lo escucharon con atención y que, en el fondo del corazón, se dieron cuenta de que hay aspectos del proyecto que son malos.

Estoy a favor de leyes o caminos que establezcan reparaciones. Por lo demás, las reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen una obligación totalmente aceptada a nivel internacional. Sin embargo, las reparaciones judiciales -no las legales constituyen una ventana que se podría haber abierto hace mucho tiempo, lo que, desgraciadamente, ha tardado en ocurrir.

A fin de complementar lo que dijo el diputado señor Pepe Auth y para transmitir con mayor claridad lo que señaló en su momento el presidente del Consejo de Defensa del Estado, deseo subrayar que es claro que no existe prescripción para iniciar acciones penales a nivel nacional o internacional en relación con estos delitos; sin embargo, sí permanece abierta la discusión en relación con la prescripción de la obligación de reparación en el ámbito civil. Esto no significa que piense que las acciones civiles deben prescribir; simplemente señalo que esta materia no está definida, por lo que es necesario actuar sobre el particular.

La iniciativa en debate podría ayudar en esa dirección, pero no lo hace. El propio presidente del Consejo de Defensa del Estado señaló que los mecanismos legales, es decir, aquellos contenidos en leyes, deben tener un carácter reparatorio, pero también una cláusula de incompatibilidad en la vía judicial.

Un diputado decía que la justicia nunca termina. La verdad es que ese proceso termina cuando a una persona que ha asesinado a otra se la juzga, cumple su pena y termina, tal vez, reinsertándose en la sociedad. Por eso, debemos curar de buena forma esta herida que a todos nos duele.

Desgraciadamente, esta ley en proyecto no va en esa línea, por lo que me sumo a las palabras del diputado señor Arriagada , en el sentido de que corresponde reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero esta futura ley no lo va a lograr.

Quiero solidarizar con todas las personas que sufrieron durante las décadas del 70 y del 80, del lado en que estuvieran. No creo en las divisiones. Tenemos que entender que todos somos chilenos y hermanos en un mismo país, y que tenemos que trabajar por eso.

Este proyecto es malo, pero espero que se arregle.

Por lo expuesto, quien habla y la gran mayoría de la bancada a la que pertenezco nos abstendremos a la hora de votar.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Morano .

El señor MORANO.-

Señor Presidente, quisiera no haber escuchado ciertas palabras que se han dicho hoy, como que las víctimas son los victimarios, o que los que están en Punta Peuco son las verdaderas víctimas. No, señor Presidente. En Punta Peuco hay torturadores, violadores y asesinos. Allí los mandó la justicia.

Hoy no estamos aquí para hacer justicia o reparación, sino solo para mitigar en forma modesta el mal que causamos como sociedad, aquel mal que no hemos sabido superar y que nunca podrá ser reparado en Aristóteles España , Jeannette Antonin , Gladys Osorio y muchos otros jóvenes estudiantes que en Magallanes estaban en el liceo cuando fueron detenidos, torturados y, algunos de ellos, llevados a isla Dawson. Eso no lo vamos a reparar jamás.

Señor Presidente, el proyecto de ley que votaremos hoy es el resultado de una iniciativa de la Presidenta de la República, surgida en el marco de la mesa de alto nivel que se constituyó a consecuencia de la movilización de las víctimas y de sus familiares.

En el proyecto se establece un modesto aporte reparatorio para todos los expresos políticos que se encuentran mencionados en el Informe Valech, excluyendo las personas que ejercen altos cargos en la administración pública, en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Este proyecto cumple de modo concreto el compromiso de nuestra Presidenta con los Derechos Humanos y con aquellos que han visto menguados sus recursos al no recibir una reparación justa, como lo indican las convenciones internacionales a las que adhiere nuestro Estado.

La Presidenta de la República señala en los fundamentos de la iniciativa que el 23 de mayo, en Rancagua, fue suscrito un acuerdo entre víctimas que sufrieron prisión política y tortura y representantes del gobierno, actuando como observadores y garantes, entre otros, el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic , y nuestro colega el diputado señor Claudio Arriagada . Este acuerdo tiene como antecedente las huelgas de hambre realizadas por las víctimas de prisión política y tortura en diversas ciudades del país. Debo mencionar especialmente a Manuel Aguilante Barrientos , quien desde Magallanes mantuvo hasta el final su lucha sin escatimar esfuerzos o sacrificios para lograr lo que estimaba justo.

Los huelguistas formularon demandas vinculadas con las mejoras a los beneficios que les han sido otorgados, fundándose en la obligación de reparación de vida integral por parte de nuestro Estado.

El acuerdo señala: “Las partes aceptando la constitución de la mesa, acuerdan que ésta se abocará a la temática de las indemnizaciones civiles reparatorias, y además, al carácter y diferencias de las pensiones establecidas en las leyes Valech y Rettig…”.

Señor Presidente, me hace sentido que en una fecha tan significativa y dramática como la que conmemoraremos mañana, la Cámara de Diputados dé una señal clara de compromiso con las demandas de las organizaciones de derechos humanos y con los derechos humanos.

Hoy, al momento de votar, podemos colaborar para reparar en mínima proporción el mal que hemos causado.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señorita Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, me parece muy simbólico que la discusión de este proyecto de ley, que busca otorgar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, la abordemos hoy, a solo horas de una nueva conmemoración del 11 de septiembre. Pienso que es un recordatorio para todos nosotros del deber moral y de la deuda que aún tiene el Estado de Chile con todos aquellos hombres y mujeres que a partir de ese día, hace ya 42 años, debieron sufrir la represión y pagar muy caro la consecuencia con sus ideales y conciencia política, empezando por el Presidente Salvador Allende, quien, a través de su sacrificio, señaló el camino de la dignidad y lealtad hacia el pueblo de Chile, y siguiendo con todos aquellos que fueron torturados y perseguidos, asesinados o desaparecidos, o que debieron salir de manera forzosa de su patria y dejar atrás su historia y familia. Ellos, de una u otra forma, lo perdieron todo.

Algunos de ellos son parte de los expresos políticos que motivaron la mesa de trabajo y el envío del presente proyecto de ley, que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

Entonces, como diputada socialista y joven chilena, ¿qué puedo decir ante este proyecto, que otorga una mínima compensación a una parte importante de las víctimas de prisión política y tortura? ¿Qué otro camino me queda sino apoyar la propuesta? Aun cuando no viví aquella época, como parlamentaria estoy aquí, en gran medida, gracias a la lucha de muchas y muchos que lo dieron todo por recuperar la democracia, sin importar los costos personales que debieron soportar.

De hecho, soy parte de los diputados autores y patrocinantes del proyecto de resolución que solicita a la Presidenta de la República la revisión de la ley N° 19.992, a fin de garantizar una indemnización justa y actualizar la legislación nacional a la convención internacional contra la tortura, ratificada por Chile en 1988.

Allí, señalamos la terrible paradoja de que el Estado no solo no ha reparado adecuadamente a las víctimas, sino que el propio Consejo de Defensa del Estado se ha opuesto a la excepción de prescripción ante algunas de las demandas que se han interpuesto, lo cual, de alguna manera, perpetúa y repite el castigo y menosprecio por parte del Estado hacia aquellas.

Entonces, ante la iniciativa, el único camino posible y aceptable es el apoyo. Por el contrario, los únicos reparos que puedo hacer se refieren a la insuficiencia de la medida y del monto establecido, además de que el proyecto la defina como un aporte único, cuestión que, espero, sea corregida, en especial si se considera que muchas de las víctimas de represión política y tortura no han logrado una reparación justa, ni menos verdad y justicia. En cambio, hoy, muchos de los victimarios no solo gozan de impunidad, amparados en pactos de silencio y en la protección de ciertos sectores, sino que viven y gozan de sus altas pensiones, que son pagadas por el Estado, por todos los chilenos.

Entonces, tenemos una obligación moral con esas personas, que forman parte de quienes padecieron bajo la dictadura. Se trata de una deuda que para nada queda saldada con la iniciativa, pero es al menos una señal reparatoria.

La bancada del Partido Socialista votará a favor el proyecto. Esperamos que sea el inicio de un camino de desagravio más amplio, pues tenemos la esperanza de que, en algún momento, encontraremos la verdad y la justicia para todos y todas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast .

El señor KAST (don Felipe).-

Señor Presidente, en verdad, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios hubo consenso en que el proyecto es tardío, parcial e improvisado, pero, sin lugar a dudas, necesario, pues apunta a hacer justicia a aquellas personas que fueron maltratadas o torturadas por nuestro propio Estado.

Como lo han manifestado varios colegas, ojalá este tipo de iniciativas no surgiera producto de la presión, sino de un trabajo profundo, reflexivo y serio. Tampoco somos partidarios de leyes parciales para solucionar cuestiones tan sensibles como aquellas de que trata la iniciativa que debatimos. Sin embargo, concurriré con mi voto favorable al proyecto de ley, que es una reparación mínima al sufrimiento de algunos.

Con todo, quiero ocupar esta instancia para pedir a quienes sufrieron ese dolor que levanten su voz, pero no mirando al pasado, sino con una perspectiva de futuro. Asimismo, pido a la Cámara de Diputados un solo estándar en materia de derechos humanos.

Cuesta entender que algunos, en esta Sala, hayan manifestado que existen pactos de silencio y verdades a medias, en circunstancias de que guardan silencio frente a actos de tortura y de represión en países vecinos y hermanos, llevados a cabo por partidos políticos del mismo nombre. Cuesta entender que en nuestro país aún no hayamos madurado y tengamos doble estándar para abordar estas materias. Sin embargo, agradezco que algunos colegas, como los diputados señores Tucapel Jiménez , Matías Walker e Iván Fuentes, hoy hayan firmado un proyecto de resolución para pedir a la Presidenta de la República -quien también junto a su familia sufrió la violación de sus derechos humanosque levante la voz por aquellas personas que en Cuba cumplirán 56 años soportando violaciones a los derechos humanos.

De la misma forma, pido a quienes hoy van a ser parcialmente reparados, que también exijan a sus correligionarios que levanten la voz para proteger los derechos humanos e impedir su transgresión, de manera que la iniciativa deje de ser patrimonio de izquierdas o de derechas y se transforme en un activo de la humanidad.

La democracia es un valor universal, así como también el derecho de expresión y de movilización. La libertad democrática es de todos.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Cerrado el debate.

Señoras y señores diputados, los colegas inscritos para intervenir en la discusión de este proyecto, pero que por razones de tiempo no alcanzaron a hacer uso de la palabra, podrán insertar sus respectivos discursos. La Secretaría los recibirá entre hoy y el lunes de la próxima semana.

En tal situación se encuentran la diputada señora Karla Rubilar ; los diputados señores Miguel Ángel Alvarado y Pedro Browne ; la diputada señora Karol Cariola ; los diputados señores Mario Venegas , Roberto Poblete , Ramón Farías , Guillermo Teillier y Patricio Melero ; las diputadas señoras Yasna Provoste y Maya Fernández ; los diputados señores Enrique Jaramillo , Lautaro Carmona , Javier Macaya , Fuad Chahin , Jaime Bellolio , René Saffirio , Tucapel Jiménez y Felipe Letelier .

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

El señor TEILLIER.-

Señor Presidente, punto de Reglamento.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier .

El señor TEILLIER.-

Señor Presidente, respecto del proyecto que vamos a votar, me inhabilito, porque fui torturado durante seis meses de manera brutal y estuve dos años preso. Sin perjuicio de que los expresos políticos obtendrán un beneficio que no recibiremos los diputados, me inhabilito de votar.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se ha tomado nota de la inhabilitación del diputado señor Teillier .

Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, por las mismas razones que ha expresado mi colega y compañero Guillermo Teillier , me inhabilito de votar en este proyecto de ley, porque soy expreso político y torturado.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, por las mismas razones que han expresado mis colegas Teillier y Aguiló , también me inhabilito de votar. Estuve preso un año y medio en trece lugares de detención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .

El señor CERONI.-

Señor Presidente, a base del artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, también me inhabilito de votar porque mi hermana fue víctima de prisión política.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, también me inhabilito de votar por las mismas razones expresadas por mis colegas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, me inhabilito de votar porque mi hermana mayor estuvo detenida y temporalmente desaparecida, y fue torturada durante más de un año, y podría ser beneficiaria del proyecto.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente, también me inhabilito de votar por haber estado preso.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, solicito que en su calidad de Presidente de la Corporación haga presente formalmente que en este proyecto de ley se excluye del beneficio a diputados y senadores.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señor Presidente, también me inhabilito de votar porque mi abuelo paterno, ya fallecido, estuvo detenido con arresto domiciliario después de 1973, y mi abuela, que está viva, como cónyuge puede recibir el beneficio. Por lo tanto, no me parece ético votar el proyecto.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente, quiero que quede claro -el Secretario podrá ratificar o rectificar lo que señalaréque cada diputado tiene la posibilidad de inhabilitarse con total libertad por las razones que estime convenientes. Pero un parlamentario que no recibe los beneficios que otorga un proyecto ley porque este lo excluye expresamente, no tiene ninguna razón para inhabilitarse en la votación.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Las razones para inhabilitarse son personales. En consecuencia, se ha tomado nota de las inhabilitaciones declaradas y serán respetadas.

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, debo aclarar que la iniciativa exceptúa del beneficio a los diputados, pero mientras estén en el ejercicio de sus cargos. En consecuencia, cuando dejen de ejercerlos, tendrían derecho a percibirlo. Ese es el problema.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 24 abstenciones y 8 inhabilitaciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votó por la negativa el diputado señor Urrutia Bonilla, Ignacio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Morales Muñoz, Celso ; Núñez Urrutia , Paulina ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Ward Edwards, Felipe .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; González Torres, Rodrigo ; Rivas Sánchez, Gaspar ;

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la salvedad del artículo 1°, que fue objeto de una indicación en la Comisión de Hacienda.

En votación en particular el artículo 1° con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 24 abstenciones y 7 inhabilitaciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

A favor; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morano Cornejo , Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías ..

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Morales Muñoz, Celso ; Núñez Urrutia , Paulina ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Ward Edwards, Felipe .

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Meza Moncada, Fernando ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Teillier Del Valle , Guillermo .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Despachado el proyecto.

VALPARAÍSO, 10 de septiembre de 2015

Oficio Nº 12.098

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile, correspondiente al boletín N°10196-17, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Otórgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N°19.992 y N°20.405, respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido, corresponderá a la cónyuge sobreviviente el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores, los intendentes, los gobernadores, los jefes superiores de servicio, y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios, tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras las personas señaladas se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.

Artículo 2°.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que tengan alguna de las calidades especificadas en el artículo 1° y soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo 3°.- El aporte a que se refiere esta ley no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo 4°.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal, y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota.

Artículo 5°.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social, y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

***

Dios guarde a V.E.

MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura por el Estado de Chile.

BOLETÍN Nº 10.196-17

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”.

La presente iniciativa tuvo su origen en Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachellet.

Se dio cuenta del proyecto en análisis en la Sala del Senado, en sesión de 15 de septiembre de 2015, disponiéndose su estudio por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y por la de Hacienda, en su caso.

La iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación.

A algunas de las sesiones en que la Comisión trató este proyecto de ley, además de sus miembros, asistió el Honorable Senador señor Letelier.

Asimismo, concurrieron:

Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia: la Subsecretaria, señora Patricia Silva; la Abogada, señora Sara Lara, y los Asesores señores Luis Batallé y Guillermo Briceño.

Por el Ministerio del Interior, la Asesora de la Subsecretaria, señora María Jesús Fernández.

Por la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende de Rancagua: el Presidente, señor David Quintana; el Secretario de Comunicaciones, señor Armando Romero; el Secretario, señor Pedro Muñoz; el Tesorero, señor Santiago Quintanilla, y las Dirigentes señoras Yasna Escudero y Gloria Carmona, y señores Jorge Sandoval e Higinio Espergue.

Por el Comando Unitario de Ex Prisioneros (as) Políticos y Familiares: el Presidente, señor Manuel Jiménez; el Coordinador Nacional, señor Nelson Aramburu y loss Dirigentes señora Viviana Fernández y señores Miguel Retamal y Guillermo Dávalos.

Por los ex Huelguistas de Hambre de Valparaíso: el Vocero señor Arturo Samit.

Por la Agrupación de Marineros Antigolpistas 1973, el señor Ricardo Tobar.

Por la Agrupación de Usuarios Prais de Recoleta, el Presidente, señor Rody Garate.

Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Abogada, señora Patricia Rada.

Por la Biblioteca del Congreso Nacional, el Analista, señor Matías Meza-Lopehandía.

El Asesor de la Honorable Senadora Lily Pérez, señor Renato Rodríguez.

Los Asesores del Honorable Senador Manuel José Ossandón, señora María Angélica Villadangos, y señores Alberto Jara y José Huerta.

El Asesor de la Honorable Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, señor Pablo Urquízar.

El Asesor del Honorable Senador Rabindranath Quinteros, señor Eduardo Toscani.

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OBJETIVO DEL PROYECTO

Este proyecto de ley tiene por objetivo hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares por las violaciones que sufrieron a sus derechos humanos durante los años 1973 a 1990.

Para ello, se dispone la entrega de un aporte de carácter reparatorio por un monto de $1.000.000 a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que se indica.

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ANTECEDENTES

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- La Constitución Política de la República, sus artículos 1°, 5° y 19 numerales 1°, 2° y 3°.

2.- La ley N° 19.992, que establece pensión de reparación y otorga beneficios a favor de las personas que indica.

3.- La ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de personas que indica.

4.- La ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

5.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 diciembre de 1948.

6.- La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita por Chile el 22 de noviembre de 1969, promulgada por el decreto supremo N° 873, de Relaciones Exteriores, de 1990, de 5 de enero de 1991.

7.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Chile el 16 de diciembre de 1966, y promulgado en el decreto supremo N°778, de Relaciones Exteriores de 1976, publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1989.

8.- La Convención sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, ratificado por Chile el 30 de septiembre de 1988, promulgado mediante el decreto supremo N° 808, de Relaciones Exteriores, de 26 de noviembre de 1988.

9.- El Protocolo Facultativo de la Convención sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por Chile el 12 de diciembre de 2008,promulgado mediante el decreto supremo N° 340, de Relaciones Exteriores, de 14 de febrero de 2009.

10.- La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada por Chile el 24 de septiembre de 1987, promulgada por el decreto N° 809, de Relaciones Exteriores, de 26 de noviembre de 1988.

11.- Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, promulgados por el decreto N° 752, publicado entre el 17 y el 20 de abril de 1951.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

II.1.- El Mensaje que da origen al presente proyecto de ley, señala que tiene por objeto establecer un aporte único, de carácter reparatorio a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que se indica.

Como antecedente, refiere que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se verificaron en Chile graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como constan en los sendos Informes de las Comisiones de Verdad establecidas por nuestro Estado. Hace presente, que los efectos de tales violaciones a los derechos humanos se han perpetuado en el tiempo, afectando hasta nuestros días a compatriotas que se vieron enfrentados a vivir esta situación.

Detalla que a partir del 11 de marzo de 1990 se han constituido en el país dos Comisiones de Verdad que han calificado a las víctimas de prisión política y tortura, a saber:

1. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que operó entre los años 2003 y 2004, y

2. La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, que funcionó entre los años 2010 y 2011.

Precisa que ambas Comisiones calificaron a un total de 38.254 víctimas de prisión política y tortura. Informa, además, que mediante las leyes Nº 19.992 y Nº 20.405 el Estado de Chile ha establecido diversas medidas de reparación, tendientes a resarcir el daño que se causó a las víctimas de prisión política y tortura y a sus familias, por los hechos cometidos por los agentes del Estado y por civiles, con la anuencia de los primeros. Agrega que las medidas y beneficios otorgados por ambas leyes se encuentran plenamente vigentes al día de hoy.

Asimismo, recuerda que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular al artículo 9° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrita por nuestro país y ratificada el 15 de septiembre de 1988, se establece la obligación de los Estados Partes para incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.

En el mismo sentido, trae a colación el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, suscrita y ratificada por Chile el 30 de septiembre de 1988, según el cual los Estados Partes deben velar para que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima, como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tienen derecho a esa indemnización.

También, da cuenta que existen dos proyectos de acuerdo sobre la materia, a saber:

1.- El signado bajo el Nº 16 de la Honorable Cámara de Diputados, de 10 de abril de 2014, mediante el cual cuarenta diputados solicitaron al Ejecutivo revisar las normas establecidas en la ley Nº 19.992, que otorga reparación y otros beneficios a las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, a fin de analizar la posibilidad de entregarles una reparación económica equitativa y digna.

2.- El Boletín Nº S 1.644-12, del Senado de la República, de 22 de abril de 2014, suscrito por ocho senadores, por el cual se solicita al Ejecutivo enviar un proyecto de ley de carácter reparatorio, que considere para estas personas una indemnización justa y adecuada, al tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Adicionalmente, considera un argumento ético, cual es, que durante el Gobierno Militar el propio Estado fue el que ejecutó acciones que vulneraron los derechos humanos de las víctimas, por lo que el Estado debe reparar directa, justa y adecuadamente, en la medida de sus posibilidades, el daño que causó. De esta manera, apunta, el Estado da cuenta de su compromiso de restablecer el respeto y la protección de la dignidad humana y de los derechos humanos de las víctimas.

En definitiva, resalta la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica son los ejes fundamentales que permitirán a Chile y, en especial, a las víctimas de la dictadura y sus familiares, superar las heridas provocadas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

Informa que el 23 de mayo de 2015, en la ciudad de Rancagua, se suscribió un Acuerdo entre las víctimas que sufrieron prisión política y tortura, y representantes del Gobierno. En dicha instancia, actuaron como testigos de fe el Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic Karmelic y el Honorable Senador señor Juan Pablo Letelier Morel.

Consigna que el referido Acuerdo tuvo como antecedente una huelga de hambre realizada por las víctimas de prisión política y tortura en diversas ciudades del país. Los huelguistas formularon demandas vinculadas con la mejora de los beneficios que les han sido otorgados, fundándose en la obligación de reparación integral del Estado.

A continuación, cita tres párrafos de este Acuerdo, que señalan lo siguiente:

“Las partes, aceptando la constitución de la Mesa, acuerdan que ésta se abocará a la temática de las indemnizaciones civiles reparatorias, y además al carácter y diferencias de las pensiones establecidas en las leyes Valech N°s 19.992 y N° 20.405 y con la ley Rettig N° 19.123, buscando formas concordadas en que el Estado Chileno deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución 60/147, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, en las materias de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de los Ex Presos Políticos Chilenos, víctimas de violación a sus derechos humanos, durante la Dictadura Cívico-Militar.

La Mesa estudiará y acordará iniciativas administrativas, judiciales y legales las que se diseñarán y prepararán dentro de los seis meses siguientes de finalizados días trabajos, que den fe del compromiso de Gobierno de llegar a una solución definitiva a las demandas de los actuales beneficiarios Valech.

Teniendo en consideración las anteriores materias acordadas a abordar por la Mesa y como parte integrante de sus resultados, ella, en primera instancia, concordará el tenor de un proyecto de “ley corta” que tenga por objeto definir un aporte único, de carácter reparatorio, teniendo como referente las propuestas formuladas por los movilizados, en documento de 14 de mayo del presente, Considerando PRIMERO letra A por una parte, y por la otra, la propuesta formulada por el Gobierno, para todos los calificados de las Leyes Valech N°s 19.992 y 20.405. Dicho proyecto de ley deberá ser ingresado al Congreso Nacional en un mes, contado desde la constitución de la Mesa, y gozará de urgencia legislativa, la que se mantendrá durante sus tramitación.”.

De este modo, resalta, el presente proyecto de ley da cumplimiento al citado Acuerdo.

Por otra parte, destaca que el proyecto está en total concordancia con el Programa del Gobierno que, en lo pertinente, señala expresamente:

“Adoptaremos medidas, legislativas si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos las actuales leyes reparatorias.” (Programa de Gobierno, página 165).

En este orden de ideas, da cuenta que este proyecto de ley tiene como principio fundamental profundizar la medida de reparación individual de las víctimas de prisión política y torturas, particularmente estableciendo un aporte único, de carácter reparatorio para ellas.

Por todo lo anterior, expone que el objetivo principal de este proyecto de ley es hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a sus derechos humanos que les afectaron y que son constitutivas de crímenes internacionales.

Así, remarca, con este proyecto de ley se completa un capítulo más en la reparación pecuniaria de los seres humanos que fueron víctimas de prisión política y tortura, dando un paso adelante en este difícil camino que, si bien es cierto, puede no ser definitivo, mejora sustancialmente dicho aspecto. Señala que están conscientes de que han avanzado en materia de derechos humanos, tanto en su defensa como en su promoción, pero que todavía es posible alcanzar mayores niveles de satisfacción.

Reconoce que estas víctimas que actualmente reciben beneficios, resulta necesario establecer, dentro de las posibilidades del Estado, un aporte único de carácter reparatorio que complemente su pensión de reparación.

Bajo este contexto, explica, este aporte único consiste en una medida de reparación individual pagadera de una sola vez, correspondiente a $1.000.000, que no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Además, se establece que el 60% del valor de este aporte único será entregado a las cónyuges sobrevivientes de las víctimas de prisión política y tortura calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Por todo lo anterior y con la finalidad de fortalecer las políticas de reparación y de respeto a los derechos humanos que forman parte de las ideas matrices de este proyecto, el Ejecutivo presentó el presente proyecto de ley.

II.2.- Oficio N° 12.098, de 10 de septiembre de 2015, de la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley en estudio, el cual consta de cinco artículos permanentes.

Esta iniciativa fue informada en la Honorable Cámara de Diputados por las Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas y por la de Hacienda. Fue aprobada, en general, por la Sala de esa Corporación, por 59 votos a favor, 1 en contra y 24 abstenciones.

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DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciar el estudio de la presente iniciativa, la Comisión, en sesión de 30 de septiembre de 2015, recibió a la Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva, quien señaló que este proyecto de ley es parte de los acuerdos de la mesa de trabajo integrada por las agrupaciones de los ex presos políticos y torturados y el Gobierno. Comentó que esta mesa surgió a partir de un acuerdo suscrito el pasado 23 de mayo, e informó que en esta instancia actuaron como testigos de fe el Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic y el Honorable Senador señor Letelier.

Hizo presente a Sus Señorías que este acuerdo se centra en el marco de una propuesta que realizó el Gobierno para responder a las reivindicaciones que tienen las víctimas de prisión política y tortura, que pretende mejorar los beneficios que hoy se otorgan a estas personas, tales como las pensiones de la Ley Valech I y II, y los beneficios en materia de educación, salud y habitación, que también se abordaron en esa mesa.

En seguida, resaltó que el proyecto de ley propone entregar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile, en las Comisiones Valech I y II. Destacó que el objetivo del Gobierno es poner término a la situación que afecta a los sobrevivientes de tortura y prisión política, y que este bono se imputará al pago de una reparación única y total que aún no se define.

Comentó que la leyes Valech N°s 19.992 y 20.405 han beneficiado a 38.365 personas, quienes, sin embargo, sienten que las prestaciones entregadas no han cubierto sus necesidades de reparación, por lo que solicitan un aumento de su pensión, a fin de homologarse con los beneficios que entrega la Ley Rettig.

Dio cuenta que la ley N° 19.123, conocida como Ley Rettig, otorga una pensión a las madres, cónyuge e hijos de las personas que murieron o desaparecieron entre los años 1973 a 1990, que son alrededor de 3.000 personas. Complementó que a las víctimas de la Ley Rettig se les entregó una pensión vitalicia que hoy bordea los 400.000 pesos y una indemnización para cada uno de los hijos de 10.000.000 de pesos.

Reconoció que el Estado ha efectuado una distinción entre los ejecutados y desaparecidos, y los prisioneros políticos y torturados, lo que ha motivado que las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile pidan que la pensión que reciben sea homologada a la que otorga la Ley Rettig, pero observó que el Estado de Chile no está en condiciones de asimilar este gasto por la gran cantidad de personas de que se trata.

Sin perjuicio de ello, señaló que el Gobierno entiende que tras su reivindicación existe una acción positiva y reconoció la condición especial de las personas que sufrieron tortura durante el Gobierno Militar.

Bajo este contexto, informó, el Estado, mediante este proyecto de ley, pretende entregar un anticipo de un monto único y total, por concepto de reparación, cuya cuantía sigue siendo materia de discusión de la mesa de trabajo.

Al efecto, expresó, se acordó adelantar como parte de esta indemnización global y final un bono que asciende a 1.000.000 de pesos. Subrayó que este bono es de carácter reparatorio y no asistencial, porque no altera las pensiones vigentes sino que se trata de un monto paralelo que busca zanjar el tema de la reparación a las víctimas de tortura y prisión política reconocidas por el Estado.

En esta materia, señaló, los tribunales de justicia han tenido distintas posturas. Comentó que en un principio, estas demandas fueron desechadas por prescripción de la acción, no obstante, las últimas sentencias sí las han acogido aunque no existe un criterio uniforme para fijar el monto de estas reparaciones. Con todo, acotó, la Excelentísima Corte Suprema ha reconocido en varios casos, por concepto de reparación, un monto ascendente a 10.000.000 de pesos.

En sintonía con lo anterior, hizo presente que el Ejecutivo en la mesa de trabajo propuso pagar por concepto de bono reparatorio la suma final de 10.000.000 de pesos, de los cuales se adelantan por medio de este proyecto de ley la suma de 1.000.000 de pesos. Así, se entregaría el mismo monto que ha otorgado la Excelentísima Corte Suprema para los torturados y ex presos políticos.

La Honorable Senadora señora Pérez hizo presente que el proyecto de ley es coherente con la propuesta del señor Juan Carlos Díaz, hijo del Presidente de uno de los Sindicatos de Correos de Chile, que fue asesinado durante el Gobierno Militar y que hoy es militante de Amplitud.

Luego, informó que ha participado en varias reuniones con el Jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Francisco Ugás, en las que le ha planteado la necesidad homologar todos los beneficios y montos que se entregan a los beneficiarios de las Leyes Rettig y Valech I y II, porque todos fueron víctimas de los agentes del Estado.

Por lo anterior, manifestó su interés en aprobar el proyecto de ley y, expresó a la señora Subsecretaria, su disposición para aportar el trabajo que ha estado desarrollando su equipo.

El Honorable Senador señor Quinteros enfatizó que la reparación de las víctimas es un derecho y no una dádiva y tampoco una asistencia social. Bajo este contexto, apuntó, el Estado tiene la obligación de entregar una indemnización apropiada y proporcional a las violaciones a los derechos humanos y a las circunstancias de cada caso.

Refirió que esta obligación de reparación está establecida en diversos convenios internacionales y que se ha reconocido por la comunidad internacional que existen perjuicios materiales y morales que deben ser reparados. Por ello, indicó que se debe legislar cuanto antes en esta materia y no se puede seguir postergando esta decisión.

Valoró la existencia de la mesa de trabajo que se originó después de una serie de huelgas de hambre y que aprobó la entrega de este bono como un anticipo de una solución definitiva para una reparación total, cuyo monto será acordado por esta mesa.

Por todo lo expuesto, anunció su voto favorable a esta iniciativa legal.

El Honorable Senador señor Ossandón compartió lo señalado por la Honorable Senadora señora Pérez en el sentido de apoyar que se homologuen los beneficios entregados para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hizo presente que no entiende por qué no se otorga el monto total de esta reparación, ya sea de una sola vez o mediante una fórmula de pago a plazo.

En esta misma línea, llamó la atención y señaló que no le parece adecuado que se anticipe un monto de dinero de una cifra total que todavía no está definida. Por ello, pidió acelerar la negociación que fija esta reparación y dar claridad y transparencia respecto de todas las personas que serán beneficiadas.

Por otra parte y teniendo presente que el proyecto sólo beneficia a las viudas, manifestó su preocupación en esta materia y señaló que no se deben hacer distinciones entre viudas y viudos, ya que, a su juicio, no tiene importancia el sexo de las personas si son víctimas de prisión política y tortura y manifestó su rechazo a que el proyecto de ley en caso de que la víctima estuviere fallecida sólo beneficie a las viudas.

Expresó que espera que se apruebe cuanto antes esta iniciativa, se fije el monto total de reparación y se determinen los beneficiarios en forma clara y transparente.

La señora Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia aclaró que la diferenciación entre los viudos y viudas está consagrada en la Ley Valech.

Enseguida intervino el Presidente de los Ex Presos Políticos de Rancagua, señor David Quintana, quién señaló que es uno de los encargados de representar a las víctimas de prisión política y tortura en la mesa de trabajo.

A continuación, sostuvo que la tortura no tiene precio, porque el dinero no compensa el dolor del compañero que fue quemado o mutilado.

En seguida, hizo presente su intención de terminar de una vez con este conflicto, y dejó en claro que no están en contra de ningún Gobierno, pero sí en contra del Estado de Chile que usó sus fuerzas represivas para torturarlos, humillarlos y vejarlos.

Remarcó que la solución no es la misericordia, puesto que debe tratarse de una reparación justa y satisfactoria, tal como lo señala la resolución 60/147 que firmó el Estado de Chile en la Naciones Unidas en que se dice que la reparación debe ajustarse a estos criterios.

Reparó que su pensión no sobrepasa los 162.000 pesos, por lo manifestó que no aprueban el ofrecimiento de una solución global sin que se les aumente el monto de esta pensión y recordó que, precisamente, este ha sido el motivo por el cual la mesa aún no llega a un acuerdo.

En sintonía con lo anterior, sugirió analizar este tema desde una mirada más global y orgánica, ya que la tortura es la misma, aunque hayan sido quemados o degollados. Hizo presente que no hay un día en que no piense que fueron ex presos políticos y torturados, por lo que exigen al Estado una solución. Resaltó que estuvieron 41 días en una huelga de hambre, en que sólo tomaron líquidos, y que hoy están dispuestos a retomarla, pero ahora serán miles de personas y no sólo 127 víctimas.

Antes de terminar, agradeció a Sus Señorías el haberlos recibido y les pidió sus esfuerzos para aprobar una solución justa y satisfactoria.

Al finalizar la sesión, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, los dejó invitados para exponer formalmente sus puntos de vistas en la próxima sesión que la Comisión trate este proyecto de ley.

En sesión de 7 de octubre de 2015, la señora Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reiteró que este proyecto de ley pretende entregar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión y tortura reconocidas por el Estado de Chile, en las Comisiones Valech I y II, según el acuerdo suscrito con los beneficiarios el pasado 23 de mayo, en que se acordó formar una mesa de trabajo de alto nivel. Precisó que uno de los puntos de este acuerdo fue el presentar una ley corta al Congreso Nacional, lo que se materializó con la presentación de este proyecto de ley, que contempla la entrega de un bono único reparatorio.

Luego, dijo que el Estado de Chile ha otorgado una serie de beneficios a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto a los ejecutados de la Comisión Rettig, como a los torturados y presos políticos de las Comisiones Valech I y II. Resaltó que el Estado en ambos casos otorgó una reparación y, bajo este contexto, esta iniciativa viene a hacer un nuevo esfuerzo por resarcir el daño causado de carácter definitivo. Aclaró que este bono es sólo una parte de un monto mayor, que aún no se define. La idea, continuó, es fijar una reparación total y única, que en un futuro cercano ingresará al Parlamento como un nuevo proyecto de ley.

Todo ello, en el marco del cumplimiento del Estado de Chile para otorgar una reparación definitiva, a fin de avanzar en la deuda que tiene el Estado con las víctimas de los derechos humanos.

En seguida, mostró un cuadro de los beneficiarios de las Leyes Valech N°s 19.992 y 20.405. Dio cuenta que hoy esta nómina llega a 38.365 personas que han sido reconocidas por el Estado como presos políticos y torturados. Explicó que las citadas leyes entregan un beneficio de carácter patrimonial, que se conoce como pensión Valech, que se traduce en un bono anual que se divide en doce mensualidades. Enfatizó que el bono que entregará este proyecto de ley es paralelo a esta pensión, por lo que este beneficio no será tocado.

La Honorable Senadora señora Pérez solicitó a la señora Subsecretaria que aclarar si este bono, también, se entregará a los falsos exonerados, puesto que en el cuadro que mostró se habla de 4.916 exonerados.

Asimismo, consultó por qué no aparecen como beneficiarios de este bono los viudos de las prisioneras políticas y torturadas.

La señora Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia respondió que los 4.916 exonerados que aparecen en el cuadro corresponden a las personas que fueron simultáneamente calificadas como torturados y prisioneros políticos y como exonerados, y que no tienen nada que ver con los casos de los falsos exonerados.

Además, indicó que la ley N° 20.405 obligó a estas personas a optar por una de las dos pensiones. Con todo, consignó que el bono que entrega este proyecto de ley es paralelo a estas pensiones y que todas estas personas podrán acceder a él, incluso quienes hoy sólo se benefician con la pensión de exonerado, en la medida que tengan la doble calidad de torturado y de exonerado.

En relación con la segunda pregunta, explicó que la Ley Valech contempla a las viudas y que nuestro sistema previsional sólo reconoce como carga a las mujeres, luego, para incluir a los viudos en este proyecto de ley habría que hacer una modificación mayor al sistema previsional.

La Honorable Senadora señora Pérez formuló un llamado al Ejecutivo para modificar esta normativa, dado que tiene la prerrogativa para patrocinar este tipo de iniciativas, por los recursos financieros que ello implica.

A continuación, la Comisión recibió a los integrantes de la Comisión Negociadora de la Mesa de Alto Nivel: al Presidente de la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende Rancagua, señor David Quintana; al Coordinador Nacional del Comando Unitario de Ex Prisioneros(as) Políticos, señor Nelson Aramburu, y al Vocero de los ex Huelguistas de Hambre de Valparaíso, señor Arturo Samit.

En primer lugar, se dio la palabra al señor David Quintana, quien señaló que han transcurrido veintiséis años desde el retorno a la democracia y que aún se encuentran pidiendo justicia por hechos ocurrieron hace más de cuarenta años atrás.

Puso de relieve que los ex presos políticos no han sido reparados, puesto que sólo se les ha dado una pensión de gracia, la cual es inferior al 50% del sueldo mínimo y reparó que todos sus aportes al seguro social fueron desconocidos.

Por esta razón, relató, iniciaron una huelga de hambre el día 1 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rancagua. En esa ocasión, el Gobierno les ofreció conversar, circunstancia que detuvo la huelga veintisiete horas después. Sin embargo, no hubo ningún acercamiento.

Después de ciento cincuenta días, decidieron retomar la huelga de hambre, que duró cuarenta y un días, y que terminó con la firma del Acuerdo de Rancagua, que estipuló deponer la huelga y formar una mesa de alto nivel, que hoy es presidida por el Obispo, señor Alejandro Goic. En el Acuerdo de Rancagua, expresó, firmaron como observantes el Honorable Senador señor Letelier y el Honorable Diputado señor Arriagada. También, participó el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Luego, observó que la mesa de alto nivel no ha funcionado como lo prescribe el citado Acuerdo, porque en este instrumento se dijo que en cuarenta y cinco días tenía que definirse el monto total y único de reparación, lo que aún no se ha hecho.

Por otra parte, hizo un llamado urgente para aprobar cuanto antes este proyecto de ley, porque los beneficiarios mayores se están muriendo. Asimismo, dijo, ya no quieren más monumentos que luego serán rayados por los grupos antidemocráticos.

Enfatizó que quieren una pensión digna que los pueda mantener, no obstante, pidió a Sus Señorías no minimizar su problema a un conflicto previsional, ya que se trata de un asunto político y de una sanción que el Estado de Chile debe asumir por los crímenes de lesa humanidad que cometieron sus agentes en un período determinado.

Tampoco desean una limosna, ni una pensión humillante como la que hoy reciben, quieren una reparación justa que les permita morir con dignidad y refirió que su petición siempre ha sido la misma: nivelarse con la pensión Rettig.

Con respecto a los viudos que no se incluyeron en este proyecto de ley, expresó que pueden acogerse a la Ley Zamudio, porque su exclusión es un caso evidente de discriminación arbitraria.

La Honorable Senadora señora Pérez consultó si tienen una cifra estimada del número de viudos que podrían acogerse a esta ley y la edad promedio de los beneficiarios de las Leyes Valech I y II.

El señor David Quintana respondió que en este momento no cuenta con esta información, pero que es una cifra menor a la de las viudas. Sobre la segunda pregunta, informó que la gran mayoría está sobre los setenta años.

En seguida, se dio la palabra al señor Nelson Aramburu, quien luego de agradecer a la Comisión la invitación y de valorar el esfuerzo de la señora Subsecretaria, señaló que efectivamente existe una deuda de arrastre, que hoy es reconocida como una deuda del Estado de Chile con las víctimas sobrevivientes del Gobierno Militar.

Expresó que existe una apreciación errada de que el Gobierno Militar sólo violó los derechos humanos en la década del setenta, lo que no fue así, ya que existen casos de personas que fueron secuestradas y torturadas incluso en el año 1989. Por lo tanto, dijo, se trata de un problema histórico y les duele que veinticinco años después de recuperar la democracia recién estén tratando estos temas.

Remarcó que es una deuda del Estado de Chile y así lo ha considerado la Excelentísima Corte Suprema en los últimos fallos, en que reconoce que se cometieron violaciones gravísimas contra los derechos humanos y que a las víctimas les corresponde una reparación adecuada.

Aclaró a Sus Señorías que la idea de reparación para las víctimas sobrevivientes es una premisa básica de la legislación internacional y que consta en el Acuerdo de Naciones Unidas de la Asamblea Plenaria del año 2006, en la Resolución 60/147, que prescribe que los Estados deben resolver de manera oportuna, responsable, adecuada y eficaz la reparación a las víctimas de terrorismo de Estado.

Señaló que en la mesa de trabajo han señalado que Chile tiene una deuda histórica que no se ha resuelto y lamentó que el Gobierno siga proponiendo soluciones parciales.

Por otra parte, indicó que el bono que consagra el proyecto de ley es de 1.000.000 de pesos y que será entregado a 38.000 personas. No obstante, representó que existen otras 22.705 personas que en la última Comisión Valech no fueron calificadas como víctimas del Gobierno Militar.

Asimismo, consideró que este bono es como un paliativo, que se asemeja a un bono de término de conflicto, pero que es una “migaja” para las personas que fueron secuestradas, torturadas o privadas de libertad. En esta misma línea, estimó que no existe coherencia entre el discurso del Gobierno, la pensión que se les otorga y este bono reparatorio.

Luego, agradeció la disposición de algunos funcionarios de Gobierno que han participado en la mesa de trabajo así como también al Honorable Senador señor Letelier y al Honorable Diputado señor Arriagada por acompañarlos en este proceso.

Finalmente, reconoció que se está haciendo un esfuerzo, pero lamentó la voluntad política para resolver el problema de fondo, ya que a veinticinco años de recuperada la democracia, cuando gran parte de sus compañeros están muriendo, se les continúa ofreciendo soluciones parciales.

A continuación, se dio la palabra al señor Arturo Samit, quien enfatizó que la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas deja en claro que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes del Estado deben traer aparejada una reparación a entera satisfacción de las víctimas y no del Estado y, bajo este contexto, formuló un llamado al Gobierno a cumplir con esta Resolución y con el Acuerdo de Rancagua.

En seguida, comentó que en el citado Acuerdo se señaló expresamente que en treinta días se presentaría este proyecto de ley y que en el plazo de sesenta días, contado desde la suscripción del acuerdo, se presentaría el proyecto de ley definitivo. No obstante, reparó, recién se está discutiendo esta iniciativa, bono que debió ser pagado en el mes de julio.

Por otra parte, llamó la atención respecto a que en un principio, el bono era de $1.200.000, pero, con el objeto de incluir a las viudas, tuvieron que aceptar que se les bajara a $ 1.000.000. Además, mostró su malestar porque se les dijo que sería pagado automáticamente con la pensión Valech del mes siguiente al de su aprobación. Sin embargo, el proyecto establece que el bono deberá ser solicitado por el beneficiario. Sobre este punto, consultó dónde deberán solicitar su pago y qué entidad será la encargada de pagarlo.

Después, hizo notar a Sus Señorías la urgencia de agilizar la tramitación de esta iniciativa dado que la mayoría de sus beneficiarios son mayores de 65 años y existen, al menos, 3.000 personas mayores a 80 años, y en caso de que muera una beneficiaria este bono no será transmisible a su viudo.

Valoró el respaldo que la Honorable Senadora señora Pérez ha dado al señor Carlos Díaz, hijo de un dirigente asesinado por el Gobierno Militar, quien plantea homologar las pensiones Valech con la Rettig, incluso, dijo, va más allá, ya que propone que estas pensiones bordeen los $600.000, que corresponde a lo que recibe un suboficial de las Fuerzas Armadas.

Al finalizar, dejó en claro que este bono es parte de una reparación integral, que de acuerdo a las cifras que ha dado el Gobierno, bordearía los $10.000.000, lo que consideró una “migaja”.

A continuación, la Honorable Senadora señora Pérez, en su calidad de Presidenta Accidental, pidió a Sus Señorías aprobar en esta sesión la idea de legislar de este proyecto de ley. Asimismo, compartió que el Estado tiene una deuda pendiente con los ex presos políticos y torturados, y que se trata de un tema político con un alcance social y económico.

En seguida, el Honorable Senador señor Quinteros resaltó que el proceso de reparación a las víctimas del Gobierno Militar comenzó en el Gobierno del Ex Presidente de la República, señor Patricio Aylwin, en el año 1991, con el Primer Informe de Verdad y Reconciliación y el Informe Rettig, enfocándose en las ejecuciones y en las desapariciones forzadas. De esta manera, destacó, el Gobierno de esa época aceptó su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado entre los años 1973 y 1990.

Luego, insistió en que este bono no es una dádiva, ni un beneficio social, sino un derecho, que tiene como contrapartida la obligación del Estado de reparar a las víctimas, y que el Estado ha reconocido la obligación de dar una indemnización apropiada y proporcional a la violación de los derechos humanos cometida en cada caso en concreto.

Por todo lo anterior, anunció su voto favorable.

El Honorable Senador señor Ossandón se manifestó partidario de aprobar esta iniciativa, y expresó su interés en reivindicar el nombre de la Iglesia Católica, que tuvo una destacada participación en la defensa de los derechos humanos. En especial, mencionó, a Monseñor Sergio Valech y a todas las personas que trabajaron en la Vicaría de la Solidaridad.

El Honorable Senador señor Matta luego de manifestar que aprobará el presente proyecto de ley les hizo presente a los dirigentes que cuentan con todo su apoyo.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Pérez expresó que la violación a los derechos humanos no tiene contexto, ni causa y en este sentido estimó que la reparación a las víctimas es una carga de todos los chilenos y no de un sector político. En ese sentido, comentó que espera que el apoyo de esta Comisión sea un puente y un camino para el entendimiento.

En seguida, la señora Subsecretaria del Ministerio Secretario General de la Presidencia pidió a Sus Señorías votar en general y en particular este proyecto de ley, y expresó su reconocimiento al Obispo de Rancagua, señor Alejandro Goic, por la valiosa labor que ha tenido en la mesa de negociación. Asimismo, agradeció a los miembros de la Comisión su excelente disposición para aprobar este proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Pérez coincidió con la petición de la señora Subsecretaria, pero advirtió que deben pedir autorización a la Sala del Senado y para ello recabó el acuerdo de los demás miembros de la Comisión quienes accedieron a la solicitud de votar en general y en particular el proyecto.

Cabe hacer presente que efectuada la petición en la Sala del Senado, de 7 de octubre de 2015, no se logró la unanimidad requerida para autorizar a la Comisión a votar en general y en particular esta iniciativa. Por este motivo, se procedió a votar la idea de legislar en la materia, como a continuación se detalla.

- Puesto en votación el proyecto de ley, en general, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros.

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TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y que vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía os propone aprobar en general:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Otórgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N°19.992 y N°20.405, respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido, corresponderá a la cónyuge sobreviviente el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores, los intendentes, los gobernadores, los jefes superiores de servicio, y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios, tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras las personas señaladas se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.

Artículo 2°.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que tengan alguna de las calidades especificadas en el artículo 1° y soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo 3°.- El aporte a que se refiere esta ley no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo 4°.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal, y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota.

Artículo 5°.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social, y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

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Acordado en sesiones celebradas el día 30 de septiembre de 2015, con asistencia de los Honorables Senadores señora Jacqueline Van Rysselberghe Herrera (Presidenta), señora Lily Pérez San Martín, y señores Manuel Antonio Matta Aragay, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Rabindranath Quinteros Lara, y 7 de octubre de 2015, con asistencia de los Honorables Senadores señora Lily Pérez San Martín (Presidenta Accidental), y señores Manuel Antonio Matta Aragay, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Rabindranath Quinteros Lara.

Sala de la Comisión, a 13 de octubre de 2015.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN APORTE ÚNICO, DE CARÁCTER REPARATORIO, A LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CHILE

(BOLETÍN Nº 10.196-77)

I.- PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: este proyecto de ley tiene por objetivo hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares por las violaciones que sufrieron a sus derechos humanos durante los años 1973 a 1990.

Para ello, se dispone la entrega de un aporte de carácter reparatorio por un monto de $1.000.000 a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que se indica.

II.- ACUERDOS: aprobado en general (4x0).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de cinco artículos permanentes.

IV.- URGENCIA: suma.

V.- ORIGEN DE LA INICIATIVA: Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, señora Michelle Bachellet Jeria.

VI.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VII.- APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: fue aprobado en general por 59 votos a favor, 1 voto en contra y 24 abstenciones.

VIII.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: el 15 de septiembre de 2015.

IX.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

X.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- La Constitución Política de la República, sus artículos 1°, 5°, 19 numerales 1°, 2° y 3°.

2.- La ley N° 19.992, que establece pensión de reparación y otorga beneficios a favor de las personas que indica.

3.- La ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de personas que indica.

4.- La ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

5.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 diciembre de 1948.

6.- La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita por Chile el 22 de noviembre de 1969, promulgada por el decreto supremo N° 873, de Relaciones Exteriores, de 1990, de 5 de enero de 1991.

7.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Chile el 16 de diciembre de 1966, y promulgado en el decreto supremo N°778, de Relaciones Exteriores de 1976, publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1989.

8.- La Convención sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, ratificado por Chile el 30 de septiembre de 1988, promulgado mediante el decreto supremo N° 808, de Relaciones Exteriores, de 26 de noviembre de 1988.

9.- El Protocolo Facultativo de la Convención sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por Chile el 12 de diciembre de 2008,promulgado mediante el decreto supremo N° 340, de Relaciones Exteriores, de 14 de febrero de 2009.

10.- La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada por Chile el 24 de septiembre de 1987, promulgada por el decreto N° 809, de Relaciones Exteriores, de 26 de noviembre de 1988.

11.- Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, promulgados por el decreto N° 752, publicado entre el 17 y el 20 de abril de 1951.

Valparaíso, 13 de octubre de 2015.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura por el Estado de Chile.

BOLETÍN Nº 10.196-17

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HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “suma”.

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Se dio cuenta del proyecto en análisis en la Sala del Senado, en sesión de 15 de septiembre de 2015, disponiéndose su estudio por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y por la de Hacienda, en su caso.

Por Acuerdo de Comités, de 13 de octubre de 2015, se autorizó a la Comisión de Hacienda para analizarlo durante el trámite de primer informe.

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A la sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Subsecretaria, señora Patricia Silva; los asesores, señores Luis Batallé y Giovanni Semería.

De la Dirección de Presupuestos, la Jefa del Sector Trabajo, señora Jacqueline Canales, y el Analista Presupuestario, señor Eduardo Román.

Los asesores del Honorable Senador Coloma, señores Álvaro Pillado y César Moyano.

El Jefe de Gabinete del Honorable Senador Zaldívar, señor Christian Valenzuela.

Del Comité Partido por la Democracia, el asesor, señor Reinaldo Monardes.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, el asesor parlamentario, señor Samuel Argüello.

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De conformidad con su competencia, vuestra Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, como reglamentariamente corresponde.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY

Hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares por las violaciones que sufrieron a sus derechos humanos durante los años 1973 a 1990.

Para ello, se dispone la entrega de un aporte de carácter reparatorio por un monto de $1.000.000 a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que se indica.

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DISCUSIÓN

Al comenzar la discusión, el Honorable Senador señor García consultó si, el aporte que ahora se somete a consideración, es adicional a los que se han otorgado anteriormente en diversos cuerpos normativos, mediante pensiones o aportes.

La Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva, expuso que el proyecto de ley da cumplimiento a un acuerdo alcanzado en una mesa de trabajo –actualmente vigente- presidida por Monseñor Alejandro Goic e integrada por el Gobierno y representantes de la Comisión Negociadora de Ex Presos Políticos y Familiares. Acotó que todos los afectados han sido reconocidos como tales por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech I) y por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech II), a los que, en su momento, se les otorgó un beneficio patrimonial consistente en pensiones, conocidas como “pensiones Valech”.

Observó que el objetivo de la mesa de trabajo es poder concordar una reparación del Estado de Chile a estas personas, sin afectar las pensiones vigentes.

Asimismo, entregó la siguiente información:

Pensiones y Bonificaciones Valech (Leyes N° 19.992 y N° 20.405)

Pensiones Valech:

- Gasto acumulado 2005-2014: $ 427.538 millones de 2015

- Cobertura 2015:

Titulares: 23.793

Viudas: 2.829

Bonificación Compensatoria:

- Gasto acumulado 2005-2014: $ 28.444 millones de 2015

- Cobertura acumulada:

N° Bonos Menores de edad: 46

N° Bonos por opción: 7.961

Total: $455.982 millones de 2015, equivalente a US$ 728 millones.

Monto y N° Actual Pensiones de Reparación:

Añadió que la intención final del Ejecutivo es acordar un monto reparatorio definitivo, incluyendo a víctimas que no han iniciado juicios o que recibieron una sentencia que declaró la prescripción de lo demandado por ellas. Es por eso, señaló, que se habla de un aporte único en carácter de reparación parcial, el que sería imputable al aporte reparatorio total que se está negociando.

Planteó que el universo potencial de beneficiarios que podrían recibir el aporte son 38.365 personas incluidas en la llamada “Nómina Valech”.

Acotó que, actualmente, la pensión que se recibe va de $168.000 a $184.000 según el tramo etario en el que se encuentran las víctimas.

Respecto de la intención de que el aporte que se discute y el que potencialmente se acuerde en el futuro, sean constitutivos de una reparación única e indemnizatoria, señaló que ello representa un gran desafío dado que no existe acuerdo aún sobre el monto dentro de la Mesa presidida por Monseñor Goic a la que se ha hecho referencia.

Agregó que el Gobierno, a la hora de proponer montos totales para la referida indemnización reparatoria, ha tenido en vista las sumas que ha fijado la Excma. Corte Suprema en la materia, las que rondaban los $10.000.000, pero con fecha 14 de septiembre del presente año la referida Corte resolvió otorgar una indemnización de $150.000.000 a una víctima confinada a Isla Dawson, lo que ha cambiado el escenario de la negociación.

Manifestó que lo deseable desde el punto de vista del Fisco, es que la Excma. Corte Suprema unifique los montos a pagar por indemnización en estas materias, ojalá en una cifra parecida a la que actualmente el Gobierno ofrece de $10.000.000. A este respecto, mencionó que la señalada Corte definió recientemente que sea una sola Sala del tribunal la que conozca estas causas.

Adicionalmente, expuso que el Estado de Chile ha sido observado y ha sido objeto de recomendaciones por parte de organismos de derechos humanos precisamente en esta materia (no así en aquellas comprendidas en la Comisión Rettig que se refieren a la pérdida de la vida de las víctimas, por lo que se definieron estándares más altos de reparación, con pensiones de entre $400.000 y $600.000, y una reparación de $10.000.000 por hijo, y que se otorga en la actualidad a unas 3.500 personas).

El Honorable Senador señor Coloma manifestó que, las materias relacionadas con las llamadas Comisiones Valech y Rettig, las han debatido anteriormente en el Congreso Nacional y las ha votado favorablemente.

Señaló que los casos que quedan comprendidos en la iniciativa legal son distintos a aquellos de la Comisión Rettig y de los exonerados por razones políticas y los exonerados de la tierra. Ahora, indicó, se le genera una gran duda, en un doble sentido, el primero de ellos debido al concepto de “reparación parcial” que contiene la iniciativa legal, sin conocer en este momento cuál sería el monto definitivo a pagar, agregándose la ambigüedad de que no se establece una obligación de que quien recibe el bono suscriba un acuerdo respecto de no demandar al Estado por indemnizaciones como las mencionadas anteriormente.

La segunda duda, observó, surge de lo expresado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado sobre el proyecto de ley, en cuanto expuso que: el proyecto de “ley corta” que se vota constituye una muy mala noticia para la defensa del patrimonio del Fisco chileno, esto debido a que al señalarse expresamente de que se trata de una reparación parcial de $1 millón, se está reconociendo de que el Estado es victimario de las más de 38.000 personas establecidas en las Leyes Valech, por lo que se genera un incentivo a la litigación, ya que la víctima tendrá por acreditada su condición (debido a que el Estado la reconoce a través del proyecto), y ganará cualquier juicio por el saldo de reparación.

Estimó que a la luz de lo expuesto se puede estar abriendo un conflicto para el Estado más que cerrándolo, considerando, además, que no existe ningún compromiso de parte de quien recibe el aporte a no perseverar en demandas reparatorias contra el Fisco.

El Honorable Senador señor García consultó cómo se llega al total de 36.085 beneficiarios –entre titulares y cónyuges sobrevivientes- que expone el informe financiero, si en los datos proporcionados por la señora Subsecretaria se consignan 26.622 pensionados vigentes, entre titulares y viudas.

Respecto del inciso tercero del artículo 1°, que se refiere a la imputabilidad del aporte, señaló que el mismo debiera disponer que la reparación pecuniaria sea imputable a la que puedan fijar los tribunales de justicia, porque, caso contrario, queda la duda de si no existirá la posibilidad que exista una doble indemnización.

La señora Subsecretaria expresó que el carácter de parcial de la reparación surgió durante la tramitación ante la Cámara de Diputados, para aclarar que se trataba de una solución inmediata y que existiría otra solución –posterior y global- más adelante.

Acerca de las indemnizaciones que han fijado los tribunales de justicia, informó que las pensiones que se otorgan por el Estado, que ascienden a $4.431.015.949, no son reconocidas por el tribunal supremo como reparación, sino como una pensión asistencial, por lo que el Consejo de Defensa del Estado no logra que se imputen los desembolsos efectuados por el Estado -por concepto de pensión- a los montos que se fijan como indemnización.

Agregó que, por esa razón, el artículo 2° del proyecto de ley establece que el aporte se pagará siempre que medie solicitud del interesado en el Instituto de Previsión Social, para lo cual el Ejecutivo está previendo que al momento de solicitar el aporte el interesado efectúe una declaración reconociendo que el aporte único no forma parte de la pensión sino que de una reparación indemnizatoria.

En orden al número de beneficiarios, señaló que las personas reconocidas por ambas comisiones Valech son 38.365, de las que 26.622 reciben su pensión y 11.743 no la reciben (algunas de ellas nunca la han cobrado y otras han fallecido con el paso de años).

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que se trata de un tema delicado para el Estado y es de esperar que la Excma. Corte Suprema unifique su jurisprudencia de un modo que el Fisco pueda abordar la reparación, dando un cierre a ese trabajo. En ese entendido, señaló, lo que hace el proyecto de ley es entregar un anticipo de lo que se espera sea esa reparación definitiva –más allá de que no existe una reparación efectiva posible del mal causado- para las víctimas de prisión política y tortura.

Acotó que las agrupaciones con las que se llega a acuerdo en la materia siempre tienen una representación parcial del total de las víctimas, por lo que cualquier solución a la que llegue el Gobierno será parcial respecto del problema en su globalidad.

El Honorable Senador señor Montes sostuvo que el daño producido por las violaciones a los derechos humanos que dan origen a las medidas que vienen comentando es muy amplio y en muchos casos afecta más, no a quienes las sufrieron directamente, sino que para sus descendientes y familiares, sin que exista una política pública respecto de ellos, sólo soluciones parciales o parches muy limitados.

Consideró que se debiese dialogar más respecto al tema.

Manifestó que soluciones como PRAIS, Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, se han demostrado bastante limitadas, especialmente en lo que se refiere a salud mental. Además, debe tomarse en cuenta que existen personas que recién ahora -40 años después de los hechos- hablan por primera vez de lo que les ocurrió, por lo que existen efectos que por primera vez se están mostrando.

Respecto del texto de la iniciativa legal, observó que la redacción del inciso tercero del artículo 1° cuestionada por el Honorable Senador señor García, efectivamente parece extraña al permitir imputar el monto que se otorga como aporte a otro ítem que aún no se conoce.

Acerca de los incisos cuarto y quinto del mismo artículo, estimó válido que se excluya a ciertas personas del aporte por criterios económicos, pero conservando su derecho a ser reconocido como sujeto que amerita reparación, por lo que la disposición debería tener otra formulación. Además, se excluye sólo a personas del sector público, sin excluir a personas que laboran en el sector privado y cuentan con remuneraciones e ingresos altísimos.

El Honorable Senador señor Lagos manifestó que lo expresado por el Honorable Senador señor Montes lo lleva a reflexionar acerca de que se ha hecho mucho en materia de reparación de violaciones a los derechos humanos pero que todavía es insuficiente, sin que exista un diagnóstico compartido por los actores que toman decisiones en nuestro país sobre este tema.

Observó que sigue siendo un tema que genera incomodidad y que se sigue escondiendo, cuando sería deseable que en algún momento se elaboraran programas que versaran sobre casos concretos y situaciones reales de dolor, a partir de lo que los chilenos fuimos capaces de hacernos entre nosotros, como violaciones, abusos de niños, terror, etc.

Consideró triste y dramático que exista una huelga de hambre de los ex presos políticos en Rancagua y Valparaíso, que capta un mínimo de atención de los medios, porque en realidad importa poco el tema para esos efectos.

Planteó que lo que propone el proyecto de ley es una solución sui generis, que asegura recibir en vida al menos una parte de lo que se otorgará en el futuro, dado que se trata de un anticipo de una reparación más alta.

Manifestó que le parece inconcebible que el partido político chileno más grande medido por su representación en parlamentarios, esté en condiciones de postular un candidato a alcalde –Cristián Labbé- que le hace homenajes a un violador de derechos humanos condenado por secuestro y desaparición de personas como Miguel Krassnoff.

Finalmente, acotó haber acompañado a las personas que estuvieron en huelga de hambre reclamando una reparación del Estado, y constató que existe incomprensión y resentimiento de las víctimas por lo que se ha hecho como sociedad para enfrentar el daño causado, por lo que se alegra de poder aprobar un aporte que en el futuro deberá ser de mayor envergadura.

El Honorable Senador señor Coloma expresó que se abstendría en las votaciones que se efectuarán más adelante porque, a pesar de entender las motivaciones que explican la presentación de la iniciativa legal, no puede apoyar un proyecto que dispone que se trata de una reparación parcial, sin que exista una declaración expresa respecto de lo que se pretende resolver. Del mismo modo, las prevenciones formuladas por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado mencionadas anteriormente, también lo llevan a la misma decisión.

El Honorable Senador señor García, no obstante entender el sufrimiento involucrado en los casos que se busca reparar, planteó que el proyecto de ley presenta serios problemas en su formulación técnica, que le impiden pronunciarse favorablemente. Además del anteriormente mencionado del artículo 1°, inciso tercero, llamó la atención sobre el artículo 5°, por cuanto dispone que el gasto que represente la iniciativa, durante el año 2015, se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público, cuando el último informe de finanzas públicas consigna que se consumieron los recursos de los llamados “otros activos financieros”, por lo que cabe preguntarse si los recursos se sacarán del FEES, Fondo de Estabilización Económica y Social.

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A continuación se describen o reproducen, según el caso, en el orden del articulado del proyecto, las citadas disposiciones de competencia de vuestra Comisión:

Artículo 1°

Es del siguiente tenor:

“Artículo 1°.- Otórgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N°19.992 y N°20.405, respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido, corresponderá a la cónyuge sobreviviente el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores, los intendentes, los gobernadores, los jefes superiores de servicio, y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios, tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras las personas señaladas se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.”.

Artículo 2°

Prescribe que el aporte a que se refiere la ley será pagado a partir del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que tengan alguna de las calidades especificadas en el artículo 1° y soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo 3°

Establece que el aporte a que se refiere esta ley no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo 4°

Dispone que el aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal, y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota.

Artículo 5°

Establece que el gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social, y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.

Puesto en votación los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, fueron aprobados con los votos a favor de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar, y las abstenciones de los Honorables Senadores señores Coloma y García.

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FINANCIAMIENTO

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 15 de julio de 2015, señala, de manera textual, lo siguiente:

“I Antecedentes.

1. El presente proyecto de ley tiene por objetivo otorgar un aporte único, de carácter reparatorio, de $ 1.000.000 (un millón de pesos), para los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y para los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

2. Si el titular estuviere fallecido y no se le otorgó este aporte único, dicho aporte será entregado a la cónyuge sobreviviente de los titulares calificados e incluidos en las nóminas elaboradas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente, quienes recibirán el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

3. El aporte será pagado, en una sola cuota, a partir del mes subsiguiente de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que, teniendo alguna de las calidades especificadas en el artículo primero, soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

4. Con todo, dicho aporte será imputable al monto que, en su caso, se otorgue a cada víctima de prisión política y tortura, por concepto de reparación pecuniaria.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

1. El proyecto de ley beneficiará con un aporte único, de carácter reparatorio, de $ 1.000.000 (un millón de pesos) a 29.898 personas titulares calificadas de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes N° 19.992 y N° 20.405 y un aporte único, de carácter reparatorio de $ 600.000 (seiscientos mil pesos) a 6.187 cónyuges sobrevivientes, por lo cual, el costo fiscal de este proyecto de ley asciende a $ 33.610.200 miles.

2. El gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

Se deja constancia del precedente informe financiero en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

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TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Otórgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N°19.992 y N°20.405, respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido, corresponderá a la cónyuge sobreviviente el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores, los intendentes, los gobernadores, los jefes superiores de servicio, y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios, tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras las personas señaladas se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.

Artículo 2°.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que tengan alguna de las calidades especificadas en el artículo 1° y soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo 3°.- El aporte a que se refiere esta ley no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo 4°.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal, y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota.

Artículo 5°.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social, y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2015, con asistencia de los Honorables Senadores señores Andrés Zaldívar Larraín (Presidente), Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes Cisternas.

Sala de la Comisión, a 14 de octubre de 2015.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE OTORGA UN APORTE ÚNICO, DE CARÁCTER REPARATORIO, A LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA POR EL ESTADO DE CHILE.

(Boletín Nº 10.196-17)

I.- OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares por las violaciones que sufrieron a sus derechos humanos durante los años 1973 a 1990.

Para ello, se dispone la entrega de un aporte de carácter reparatorio por un monto de $1.000.000 a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que se indica.

II.- ACUERDOS:

Artículo 1°. Aprobado por mayoría de votos, tres a favor y dos abstenciones (3x2).

Artículo 2°. Aprobado por mayoría de votos, tres a favor y dos abstenciones (3x2).

Artículo 3°. Aprobado por mayoría de votos, tres a favor y dos abstenciones (3x2).

Artículo 4°. Aprobado por mayoría de votos, tres a favor y dos abstenciones (3x2).

Artículo 5°. Aprobado por mayoría de votos, tres a favor y dos abstenciones (3x2).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de cinco artículos permanentes.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.

V.- URGENCIA: suma.

VI.- ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII.- APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en sesión de 10 de septiembre de 2015, fue aprobado en general por 59 votos a favor, 1 voto en contra y 24 abstenciones.

IX.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 15 de septiembre de 2015.

X.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- La ley N° 19.992, que establece pensión de reparación y otorga beneficios a favor de las personas que indica.

2.- La ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Valparaíso, 14 de octubre de 2015.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

APORTE REPARATORIO A VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA RECONOCIDAS POR ESTADO

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde votar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile, con informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (10.196-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015.

Informes de Comisión:

Hacienda: sesión 61ª, en 14 de octubre de 2015.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 61ª, en 14 de octubre de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-

El objetivo principal del proyecto es entregar un aporte de carácter reparatorio, por un monto de un millón de pesos, a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluidas las cónyuges sobrevivientes, en la proporción que se indica.

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió la iniciativa en general y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Lily Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros.

Por acuerdo de Comités de fecha 13 de octubre, se autorizó para que la Comisión de Hacienda analizara el proyecto durante el trámite de primer informe.

La referida Comisión se pronunció, conforme a su competencia, acerca de los cinco artículos de la iniciativa, aprobándolos por 3 votos a favor (Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar) y 2 abstenciones (Senadores señores Coloma y García).

El texto que se propone aprobar se consigna en la página 11 del informe de la Comisión de Hacienda.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Cuántos votos se requieren?

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

La iniciativa es de quórum simple, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En votación.

El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (15 votos a favor y 5 abstenciones); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y su discusión queda concluida en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Goic y Lily Pérez y los señores De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker y Patricio Walker.

Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Pérez Varela y Prokurica.

--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Allende y señores Chahuán y Horvath, y de la intención de voto negativo del señor Moreira.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan en las tribunas, a quienes, en nombre del Senado, saludo con mucho afecto y cariño.

Muchas gracias.

--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).

Valparaíso, 20 de octubre de 2015.

Nº 251/SEC/15

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile, correspondiente al Boletín N° 10.196-17.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 12.098, de 10 de septiembre de 2015.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

PATRICIO WALKER PRIETO

Presidente del Senado

JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA

Secretario General (S) del Senado

?VALPARAÍSO, 21 de octubre de 2015.

Oficio Nº12.144

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile, correspondiente al boletín N°10196-17, del tenor siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Otórgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de $1.000.000 (un millón de pesos), a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N°19.992 y N°20.405, respectivamente.

Si el titular estuviere fallecido, corresponderá a la cónyuge sobreviviente el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores, los intendentes, los gobernadores, los jefes superiores de servicio, y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios, tengan una remuneración regular igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras las personas señaladas se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.

Artículo 2°.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que tengan alguna de las calidades especificadas en el artículo 1° y soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

Artículo 3°.- El aporte a que se refiere esta ley no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Artículo 4°.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal, y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota.

Artículo 5°.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social, y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

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Dios guarde a V.E.

MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

Presidente de la Cámara de Diputados

LUIS ROJAS GALLARDO

Secretario General (S) de la Cámara de Diputados