MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

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SANTIAGO, marzo 14 de 2005

MENSAJE Nº 315-352/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

I.ANTECEDENTES.

La “globalización” es un fenómeno que se está produciendo cada vez con mayor rapidez. Los países, las economías, las culturas y los estilos de vida se acercan, se universalizan y se funden. No obstante, los contrates se acentúan, la intolerancia aumenta; las sociedades son más diversas en su conformación, y, a la vez, mantienen en su seno sus propias tensiones socioculturales, que muchas veces son resueltas a través de conductas discriminatorias, incluso violentas.

Esta diversidad plantea una serie de desafíos al Estado y a sus gobiernos, teniendo siempre presente que uno de los deberes primordiales de éste consiste en estar al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común, asegurando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Por otro lado, los Estados occidentales suscribientes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, marcaron un hito histórico y diferenciador al comprometerse a reconocer y respetar la dignidad intrínseca y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, entre los que se encuentra la no discriminación.

Este principio no discriminatorio es recogido en múltiples convenios internacionales, en los que, en su mayoría, nuestro país tiene la calidad de Estado Parte. Entre ellos, destacan “La Convención Americana de los Derechos Humanos”, de la OEA (ratificada en 1990); la “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”, de la ONU (ratificada en 1971); el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, de la ONU (ratificada en 1972); el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, de la ONU (ratificada en 1972); la “Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, de la ONU (ratificada en 1988); la “Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, de la ONU (ratificada en 1989); y la “Convención Sobre los Derechos del Niño”, de la ONU (ratificada en 1990).

También, cartas magnas de diversos países recogen los principios resguardados por los convenios internacionales señalados. Así, por ejemplo, la Constitución de Portugal, de 1976, señala que “nadie podrá ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de algún derecho o eximido de deber alguno por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, instrucción, situación económica y condición social” (art. 13).

La misma tendencia asume el constituyente español de 1978, al disponer que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14).

Asimismo, la Carta Fundamental de Venezuela prohíbe las “discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social” (art. 21).

II.REGULACIÓN LEGAL

No obstante la consagración a nivel constitucional de los motivos o factores que pueden llevar a discriminar, no parece ser la única fórmula jurídica para tutelar adecuadamente el principio de no discriminación arbitraria. De hecho, si se compara las normas anteriormente transcritas, se constata que ellas sólo se limitan a enumerar, incluso de manera no coincidente, algunas formas de discriminación, pero no, necesariamente, establecen una acción general o especial de protección.

Por ello, resulta pertinente considerar otras alternativas de reglamentación, que sin implicar introducir una modificación de la Constitución, otorgue un tratamiento integral y más efectivo a la no discriminación. México, por ejemplo, cuenta con la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, del año 2003, iniciativa que constituye un verdadero esfuerzo normativo por erradicar la discriminación.

La regulación a nivel legal y no constitucional, en el caso de nuestro país, se ha implementado sustantiva y sectorialmente. Así ocurre con la ley a favor de los discapacitados. A nivel procesal, sucede lo mismo con numerosos recursos especiales que tienen origen legal. Por ejemplo, el denominado “Amparo Económico”, que instituyó la ley N°18.971.

A partir de dichos precedentes, no hay razón alguna para impedir que se regule, por vía meramente legal, el mecanismo idóneo para proteger el principio de no discriminación. Por el contrario, la dinamicidad que suponen las normas de rango legal, permitirá una constante reformulación del contenido normativo del principio, acorde con los avances del mundo moderno. Ello no sucede con una norma de rango constitucional.

En verdad, la consagración de una acción que ampare el principio en comento, es básica, más aún, si se tiene presente que la vulneración del derecho a la igualdad, implica necesariamente afectar otros derechos relevantes de naturaleza económica y cultural. Por lo tanto, fortalecerlo tiene un significado jurídico y práctico fundamental, colaborando como ningún otro a una mejor calidad de vida de las personas afectadas.

III.FUNDAMENTOS.

Según las cifras del censo del año 2002, somos una sociedad donde la mayoría son niños(as), adolescentes y mujeres. Ellos representan el 83,25% de la población. Los adultos mayores constituyen el 11,4%. Sumando estos grupos, tenemos que el 94% de la población nacional está conformado por sectores considerados, paradojalmente, como “minoritarios”, pues se encuentran en mayor riesgo de ser objetos de alguna forma de violencia o discriminación.

Desde principios de la década pasada, nuestro país ha experimentado importantes cambios tendientes a la adecuación de nuestras instituciones al sistema democrático y al principio del respeto irrestricto a dichos grupos. La ratificación de los tratados internacionales sobre la materia, así como la creación del Servicio Nacional de la Mujer, la Comisión de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional d la Juventud, el Fono Nacional de la Discapacidad, el Servicio del Adulto Mayor y otras iniciativas, dan cuenta de la seriedad con la que los gobiernos democráticos han asumido este desafío.

Pese a estos avances, por distintas razones, sectores de nuestra sociedad siguen siendo vulnerados por conductas discriminatorias e, inclusive, violentas.

Así lo indican diversos estudios sobre la actitud de los chilenos frente a la aceptación de personas y grupos diferentes. Estos concluyen que la discriminación y la intolerancia están alojadas en el núcleo de la cultura y que operan de manera inconsciente como estereotipos, prejuicios, valores o creencias que cada uno acepta y aplica cotidianamente sin cuestionamientos.

Sin embargo, tal como se puede leer en los resultados de las encuestas aplicadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Fundación Ideas, se percibe una tensión y una distancia entre lo que se dice y lo que se practica realmente en la vida cotidiana. Se constata la presencia de un discurso crecientemente tolerante, junto a conductas abiertamente discriminatorias.

Así, por ejemplo, al comparar respuestas sobre un mismo tema en el mencionado estudio de dicha Fundación, observamos los prejuicios discriminadores existentes en los chilenos. En torno al 80% de los encuestados el año 2000, rechaza la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres. Pero cuando se les pregunta quién, entre hombres y mujeres, tiene preferencia para un puesto de trabajo cuando la cesantía es alta, las buenas intenciones disminuyen en forma notable.

Todo lo anterior da cuenta de la necesidad de profundizar nuestra modernización política y económica, complementando los logros alcanzados con mecanismos jurisdiccionales que permitan lograr la vigencia efectiva del principio de no discriminación.

El proyecto de ley que someto a vuestra consideración tiene por finalidad, precisamente, resguardar en el ordenamiento jurídico la no discriminación arbitraria, de forma tal de garantizar en mejor forma la igualdad ante la ley y el reconocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

IV.CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto tiene cuatro contenidos fundamentales.

1. El deber del Estado.

El proyecto, en primer lugar, establece el deber del Estado de elaborar políticas y arbitrar acciones que sean necesarias para garantizar que las personas no sean discriminadas en el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

En tal sentido, el Estado debe evaluar y diseñar una política en la materia.

Con ello, se compromete a todos los órganos del Estado para lograr que la no discriminación sea una realidad, previniendo y eliminando todas las acciones u omisiones que arbitrariamente atenten contra ella.

No obstante, el Estado puede establecer diferenciaciones legítimas, en la medida que ellas se encaminen a promover y fortalecer el principio de no discriminación y la real igualdad de oportunidades de las personas.

2. La discriminación arbitraria.

En segundo lugar, el proyecto se encarga de establecer un concepto de discriminación arbitraria. Para ello utiliza cuatro variables.

La primera variable es la definición de las modalidades que pueda adoptar la discriminación arbitraria, sea que esta ocurra en el ámbito público o privado. Esta se puede traducir en distinciones, exclusiones, en restricciones o en preferencias. Cualquiera de estas modalidades se puede realizar por acción u omisión. Se busca con esta amplitud evitar que se alegue no discriminación fundado en que no hay una diferenciación.

Las distinciones son diferenciaciones en base a alguna particularidad. Las exclusiones se traducen en quitar a alguien el lugar que ocupa. Las restricciones son reducciones a menores límites. Las preferencias, finalmente, son ventajas que se conceden a una persona sobre otra.

Con el fin de acotar más este tipo discriminación, el proyecto considera una segunda variable: esta debe basarse en cierto criterio de distinción, exclusión, restricción o preferencia. Dichos criterios están en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el Código del Trabajo, como en el Estatuto Administrativo. Pero se han incorporado otros, atendidos los nuevos desafíos que plantea la ciencia, como es la estructura genética. Todos estos criterios son condiciones individuales o sociales que remarcan algún grado de identidad. Son en total veinte criterios: raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquier otra condición social o individual.

Se ha preferido diferenciar algunas situaciones análogas para evitar discusiones sobre si están o no comprendidas. Así, el proyecto separa el criterio del sexo, del género y de la orientación sexual. Lo mismo hace respecto de la religión y la creencia; del idioma y la lengua.

La tercera variable que utiliza el proyecto para definir la discriminación arbitraria, es que la calificación de la conducta discriminatoria no está asociada a un resultado determinado, ya sea de anulación o menoscabo, en el reconocimiento o ejercicio de un derecho. No se requiere daño para que la discriminación sea reprochable.

Finalmente, la discriminación debe ser arbitraria. No se exige, por tanto, la ilegalidad como factor de configuración, sino que la falta de fundamento o de proporcionalidad o de desviación de fin.

Basta con que la conducta sea calificada de arbitraria, cuestión que le corresponde al juez construir caso a caso, conforme a la investigación que realice, para que estemos frente a un acto u omisión ilegítimo.

3. Acción especial de no discriminación.

El tercer aspecto del proyecto, es el establecimiento de una acción para reclamar por las discriminaciones arbitrarias que se interpone ante los tribunales de Justicia. Con ello se busca asegurar la materialización del mandato de no discriminar.

La acción que se propone se caracteriza por lo siguiente.

En primer lugar, es una acción que procede sin perjuicio de las acciones especiales. Con ello se busca salvaguardar las distintas acciones especiales que existen –o puedan existir para proteger uno o más factores específicos de discriminación arbitraria. Se trata de no derogar los recursos o acciones especiales, dejando al recurrente la decisión de cual mecanismo optar.

En segundo lugar, la legitimación activa de esta acción está acotada exclusivamente a la víctima de la acción u omisión que importe una discriminación arbitraria. No se trata, por tanto, de una acción popular, que pueda interponer cualquier persona en nombre de categorías de sujetos, defendiendo intereses difusos o colectivos.

En tercer lugar, la causal que funda la acción es cualquier acción u omisión que importe una discriminación arbitraria. La discriminación arbitraria es aquella que no tiene fundamento, es desproporcionada, o tiene una clara distorsión de fines. Por ello, en el proceso respectivo se debe demostrar la falta de contenido de la decisión en que se traduce la distinción, exclusión, restricción o preferencia. Dicha discriminación puede provenir de una actividad o de una inactividad. En ambos casos, puede ser producto de una declaración u omisión formal, o de una actividad o inactividad puramente material. Respecto de la omisión, en esta tiene que existir una falta a una obligación legal de actuar, estando en condiciones de hacerlo.

La precisión de la causal, en términos de exigir la arbitrariedad de la conducta, excluye que se trate de un juicio en el que se discuta la ilegalidad de la misma.

En cuarto lugar, el Tribunal competente para conocer de la acción es la Corte de Apelaciones respectiva. Es decir, aquella que ejerce jurisdicción en el lugar en que tuvo lugar el acto o la omisión. Se ha preferido una Corte y no un Juzgado de Letras, atendido la similitud del recurso que el proyecto establece con otros que conocen las Cortes de Apelaciones.

En quinto lugar, el procedimiento diseñado para esta acción se rige por tres principios básicos. Desde luego, la informalidad. La acción la puede presentar directamente el afectado, por sí o por cualquiera a su nombre. El procedimiento a que da lugar esta acción está regulado en la ley, en todos sus aspectos, medulares, encargando a un autoacordado de la Corte Suprema pormenorizarla. Enseguida, está el principio de la oficialidad. Este se traduce en que el tribunal debe dar curso progresivo a los autos y adoptar todas las medidas que estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. La acción es una denuncia, una puesta en conocimiento del tribunal de que se incurrió en una discriminación arbitraria. Corresponde al tribunal la tarea de investigar y procurar que se verifique el fundamento de la denuncia. Finalmente, el procedimiento es sumarísimo. Por ejemplo, hay sólo cinco días para apelar ante la Corte Suprema, breves plazos para formular observaciones y fallar.

En relación a la sentencia, esta puede acoger o rechazar la pretensión. Si la acoge, el tribunal puede adoptar todas las medidas que estime pertinentes. Se trata, en este sentido, de una acción que le entrega al órgano jurisdiccional una competencia específica amplia, pues no se acota la decisión del juez, sino que se le entregan un margen de discrecionalidad de acuerdo a la situación que se le presenta en el caso concreto.

Con todo, si la sentencia acoge la pretensión, ésta puede tener dos particularidades, no frecuentes en nuestro sistema, pero consagradas en ciertos recursos. Por una parte, la Corte puede declarar el derecho a la indemnización de perjuicios por el acto u omisión discriminatorio. Dicha declaración habilita al particular a demandar directamente ante el Juez de Letras competente la determinación de la indemnización de perjuicios. En este segundo juicio, ya no se discute la existencia del daño, sino sólo el monto de aquél. Los perjuicios pueden extenderse al daño moral y al daño patrimonial. Una facultad semejante, tienen las Cortes en el reclamo de ilegalidad municipal y en el reclamo por ilegalidad regional; también en el amparo económico. Dicha indemnización no puede acumularse a otras acciones que el afectado pueda entablar.

Por la otra, la Corte puede establecer sanciones al funcionario o a la empresa privada que presta servicios de utilidad pública, como las de luz, gas, teléfonos, Isapres, AFP, etc., que ha incurrido en la conducta discriminatoria, y con ello ha rehusado el suministro de un bien o servicio al que se tenga derecho.

Si la Corte, en cambio, rechaza la pretensión, estableciendo que la denuncia carece de toda base, puede declarar que el actor es responsable de los perjuicios, los cuales deberán perseguirse ante el Tribunal correspondiente. Este es el contrapeso que tiene a su favor quien ha sido infundamente demandado.

4. Norma penal especial.

El cuarto aspecto del proyecto, lo constituye una modificación al artículo 12 del Código Penal, relativo a las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, con la finalidad de establecer una nueva agravante, esta es, la comisión del acto delictivo motivado por la discriminación.

La configuración de la agravante que se crea, procede en todo crimen, simple delito o falta.

Asimismo, exige la concurrencia de alguno de los criterios o factores de discriminación señalados en la presente ley, y que se reiteran, en forma coincidente, en la enmienda al Código Penal.

La incorporación de esta norma penal especial, implica abordar o hacerse cargo de la dimensión punitiva que acarrean los actos cometidos con ocasión de la discriminación.

V.PALABRAS FINALES.

Por último, el Gobierno no puede menos que destacar el valioso aporte de la sociedad civil en el tema de la no discriminación. En efecto, es justo que haga presente que esta iniciativa legal, recoge, en su espíritu, una extensa y acabada propuesta normativa desarrollada por la sociedad civil. Incluso más, algunas de las disposiciones descansan en las propuestas originales de dicho estamento social.

De igual modo, se debe reconocer la iniciativa que los H. Diputados señores Barrueto, Ascencio, Longton, Palma, Silva, Vilches y de las diputadas señoras Allende, Pérez y Saa y del ex diputado Andrés Palma, que tuvieron respecto a una reforma constitucional en materia de no discriminación arbitraria, la cual se materializó en una moción que contó con los apoyos más transversales en la H. Cámara de Diputados, y que también inspira el presente proyecto de ley.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Título I

Disposiciones generales.

Artículo 1°.Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.

Artículo 2°.Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas.

Artículo 3°.Para efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria, por acción o por omisión, basada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual.

Título II

Acción especial de no discriminación

Artículo 4°.Sin perjuicio de las acciones especiales que procedan, el directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de 30 días hábiles, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento ciertos de los mismos, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Artículo 5°.Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Esta dispondrá el plazo de diez días hábiles para formular observaciones.

Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

Un autoacordado de la Corte Suprema regulará los demás aspectos necesarios, para la debida sustanciación de esta acción.

Artículo 6°.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Corte de Apelaciones respectiva en su sentencia, adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil competente, en procedimiento breve y sumario.

Artículo 7°.Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema.

Artículo 8°.En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3° de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 UTM.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con la multa establecida en el inciso anterior.

Título III

Norma penal especial

Artículo 9°.Incorpórase al artículo 12 del Código Penal, el siguiente numeral 21 nuevo:

“21ª Cometer el delito por una motivación discriminatoria fundada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual.”.”.

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

FRANCISCO VIDAL SALINAS

Ministro Secretario General de Gobierno

LUIS BATES HIDALGO

Ministro de Justicia

CECILIA PÉREZ DÍAZ

Ministra Directora Servicio Nacional de la Mujer

?VALPARAÍSO, 22 de marzo de 2005

Oficio Nº 5456

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que establece medidas en contra de la discriminación, boletín N° 3815-04.

Dios guarde a V.E.

GABRIEL ASCENCIO MANSILLA

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

INFORME PROYECTO LEY 11-2005

Oficio N° 58

Antecedente: Boletín N° 3815-07

Santiago, 3 de mayo de 2005

Por Oficio N° 5456, de 22 de marzo de 2005, el Presidente de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con I dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.918, ha recabado la opinión de esta Corte, respecto del proyecto de ley que establece medidas en contra de Ia discriminación, correspondiente al Boletín N° 3.815-07.

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado en sesión del día 27 de Abril pasado, presidida por e subrogante don Hernán Álvarez García y con la asistencia de los Ministros señores Eleodoro Ortiz Sepúlveda, José Benquis Camhi, Enrique Tapia Witting, Ricardo Gálvez Blanco, Alberto Chaigneau del Campo, Jorge Rodríguez Ariztía, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Domingo Yurac Soto, Jorge Medina Cuevas, Domingo Kokisch Mourgues, Milton Juica Arancibia, Srta. María Antonia Morales Villagrán, y señores Adalis Oyarzún Miranda y Jaime Rodríguez Espoz, acordó, informar desfavorablemente el proyecto, en atención a los aspectos que a continuación se expresan:

AL SEÑOR

PRESIDENTE H. CÁMARA DIPUTADOS

GABRIEL ASCENCIO MANSILLA

VALPARAÍSO.

Como se infiere del artículo 1° del proyecto, sus disposiciones tienen por objeto, prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.

Al respecto, debe considerarse que nuestra Carta Fundamental ya establece como derecho esencial de la persona humana en el artículo 19 N° 2 la igualdad ante la ley, asegurando que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. En dicha norma adicionalmente se agregó a través de una reforma constitucional, que hombres y mujeres son iguales ante la ley. De esta forma, se regula de algún modo la no discriminación y, frente a la amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de este derecho, se concede el recurso de protección.

En ese sentido, este tribunal es de opinión que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo.

Cabe señalar que los Ministro Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, y Jorge Medina Cuevas, concurren al acuerdo teniendo además presente que la iniciativa legal es incongruente con las disposiciones que establece el artículo segundo del Código el Trabajo para impedir la discriminación en el ámbito laboral y que fueron perfeccionadas con la reforma que introdujo a ese precepto el N° 2 del artículo único de la Ley N° 19.759, de 5 de octubre de 2001.

Asimismo, expresan que la falta de concordancia entre el proyecto con la normativa vigente no sólo se produce en los distintos términos en que ambos describen los actos de discriminación, sino en los diferentes tribunales que conocerían de la materia, a través e procedimientos igualmente disímiles. En efecto, las infracciones al Código del Trabajo son de competencia de los tribunales del ramo y se sujetan al procedimiento que regula el Libro V de este cuerpo legal y, en cambio, la acción par reclamar de la contravención de las normas del proyecto sería conocida por Cortes de Apelaciones mediante el procedimiento que prevé la misma iniciativa.

Finalmente consignan que, la circunstancia que el proyecto declare que la acción que concede es sin perjuicio de otras acciones especiales, no resuelve la incongruencia señalada, en la medida que en materia laboral, en que precisamente hay mayor riesgo de discriminación, la iniciativa daría lugar a la existencia de dos regímenes paralelos y diferentes para impugnarla, tanto en aspectos sustantivos como especialmente en el plano judicial.

Se deja constancia que los Ministros Hernán Álvarez García, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, José Benquis Camhi, Enrique Cury Urzúa, Milton Juica Arancibia, Adalis Oyarzún Miranda y Jaime Rodríguez Espoz fueron de opinión de acoger favorablemente el proyecto, por estimar que la iniciativa resultaría un complemento necesario al derecho constitucional de la igualdad ante la ley y la prohibición que se le impone a la ley o cualquiera autoridad para establecer diferencias arbitrarias. Y si bien, en otras oportunidades han opinado respecto de otras acciones o reclamaciones que sería del caso entregarlas a la jurisdicción natural, jueces de letras, su conocimiento en primera instancia. Sin embargo, por la importancia de los derechos en juego y su cercanía con la acción de protección, les parece prudente lo que se propone en el proyecto en cuanto a la competencia de una Corte de Apelaciones, aun considerando la recarga de trabajo que ello implica para los tribunales de justicia . Lo anterior de alguna manera se ve morigerado con la sencillez del procedimiento establecido y la facultad que se da a esta Corte para regular los aspectos procesales de la acción que regula el proyecto.

En todo caso los ministros referidos, dejan constancia de los siguientes reparos al proyecto de ley:

1) En relación a la prueba, el proyecto permite a la Corte abrir un término probatorio, lo cual, según la redacción del inciso 3° del artículo 5°, debiera decidirse al concluir la vista de la causa Pareciera más razonable reducir el efecto inquisitivo de investigación del mismo tribunal que va a resolver, en una fórmula más simple: que la recepción de la causa a prueba fuera decidida, si el trámite fuere procedente, como es lo regular, una vez evacuado el informe y, luego, concluida la vista de la causa, se facultara al tribunal para decretar medidas probatorias para el mejor acierto del fallo. ara una mayor eficacia, también resulta procedente que sea la Corte la que dispusiera el tiempo de los alegatos, sin exceder de los treinta minutos para cada parte.

2) En el artículo 7° pareciera también aconsejable que la apelación fuera conocida en cuenta, sin perjuicio de la facultad de la sala de la Corte Suprema, para oír alegatos de abogados de las partes.

3) Como se ha informado en situaciones anteriores, dado que se establece una nueva acción que provocará un mayor ingreso de causas en los tribunales superiores de justicia, se hace necesario considerar un financiamiento adicional al presupuesto del Poder Judicial, para atender esta mayor carga de trabajo.

Es todo cuanto puede informarse en torno al proyecto de ley en examen.

Saluda atentamente a V.S.

?PRIMER INFORME DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANIA RECAIDO EN EL PROYECTO QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

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BOLETIN N° 3815-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía informa, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Cabe hacer presente que este proyecto fue tramitado inicialmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, por acuerdo de los Comités adoptado en la sesión 57ª de 5 de abril de 2005 de la H. Cámara, fue remitido a esta Comisión para que lo informe en calidad de técnica.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

Ideas matrices del proyecto.

La idea matriz central que inspira el proyecto contenido en el mensaje, es la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona (art. 1º), para cuyo efecto define el concepto de discriminación (art. 3º); establece una acción especial y el procedimiento para denunciar los actos de discriminación arbitraria (arts. 4º y siguientes), y en el orden penal incorpora al Código Penal la agravante de cometer el delito por una motivación discriminatoria (art. 9º).

Además encarga al Estado la elaboración de políticas y acciones necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades, pudiendo establecer distinciones y preferencias destinadas a promover y a fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas (art. 2º).

Las ideas del mensaje se recogen en un proyecto que consta de nueve artículos.

La Comisión rechazó el establecimiento de la acción especial consultada en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del mensaje.

Normas carácter de orgánico constitucional o de quórum calificado.

En el artículo 5º del proyecto se propone una norma que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual de acuerdo con el inciso segundo del artículo 63, de la Constitución debe ser aprobado por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio.

El proyecto aprobado por la Comisión no contiene normas que requieran de quórum calificado.

Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

El proyecto no consulta disposiciones que, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento, deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

Aprobación del proyecto.

Se deja constancia que el proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos, (siete a favor, dos en contra y tres abstenciones).

Artículos rechazados.

La Comisión rechazó los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del mensaje, que regulaban la acción especial para denunciar actos de discriminación, y su procedimiento, y el artículo 9º que introducía en el Código Penal la agravante de discriminación.

Personas que participaron en el debate y documentos solicitados.

Durante la discusión del proyecto intervinieron la Ministra de Sernam, señora Cecilia Pérez; el Jefe de la Unidad Jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señor Ernesto Galaz; el Jefe Situación Jurídica de la Mujer, señor Marcos Rendón; las asesoras señoras Patricia Silva y Romy Schmidt, todos del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam); el Director de la Fundación Ideas, señor Francisco Estévez; la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Patricia Palacios; el investigador de la Universidad Diego Portales, señor Domingo Lovera; el profesor investigador de la Universidad Alberto Hurtado, señor Hugo Rojas; la señora Lilia Núñez de la Asociación por la Integración Latinoamericana (Apila); la señora Andrea Cáceres de la Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (Afaps); la señora Fresia Avendaño del Foro Red de Derechos Sexuales y Reproductivos; los señores Rolando Jiménez y Cristián Avaria del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh); el profesor de derecho internacional de la Universidad Católica y colaborador del Instituto Libertad, señor Hernán Salinas; los miembros de la organización civil Acción Familia, señores Juan Antonio y Luis Montes; el abogado del Estudio de Abogados Albagli, Zaliasnik y Cía., señor Pablo Paredes y el señor Francisco Fernández, encargado de la Comisión Defensora del Ciudadano.

Asimismo, se escuchó al Defensor del Pueblo de España, señor Enrique Múgica.

Se recibió un informe escrito del Profesor de Derecho Constitucional, don Miguel Ángel Fernández González.

La Corte Suprema informó este proyecto de ley por oficio Nº 58 de 3 de mayo de 2005.

Las opiniones, favorables o contrarias al proyecto, emitidas por las personas mencionadas y contenidas en los documentos señalados, se exponen en un capítulo posterior.

FUNDAMENTOS DE ESTA INICIATIVA LEGAL.

En el mensaje se señalan como fundamentos del proyecto los siguientes:

El Estado tiene el deber primordial de estar al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, asegurando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional..

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, al comprometerse a reconocer y respetar la dignidad intrínseca y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, derechos entre los cuales se encuentra la no discriminación, fue un pilar histórico que es recogido en múltiples convenios internacionales, en los que, en su mayoría, nuestro país tiene la calidad de Estado Parte.

La consagración a nivel constitucional de los motivos o factores que pueden llevar a discriminar, no parece ser la única fórmula jurídico legislativa para tutelar adecuadamente el principio de no discriminación arbitraria, pues se constata que las constituciones que lo consagran, sólo se limitan a enumerar, incluso de manera no coincidente, algunas formas de discriminación, pero no necesariamente establecen una acción general o especial de protección.

Resulta, entonces pertinente considerar otras alternativas de reglamentación, que sin implicar introducir una modificación de la Constitución, otorgue un tratamiento integral y más efectivo a la no discriminación.

La regulación a nivel legal y no constitucional, en el caso de nuestro país, se ha implementado, por ejemplo, a favor de los discapacitados; y a nivel procesal, sucede lo mismo con numerosos recursos especiales que tienen origen legal, por ejemplo, el denominado “Amparo Económico” que instituyó la ley N° 18.971.

A partir de dichos precedentes, no se divisan razones para impedir que se regule, por vía meramente legal, el mecanismo idóneo para proteger el principio de la no discriminación. Por el contrario, la dinamicidad que suponen las normas de rango legal, permitirá una constante reformulación del contenido normativo del principio, acorde con los avances del mundo moderno. Ello no sucedería con una norma de rango constitucional.

La mayoría de la población de Chile está formada por niños(as), adolescentes y mujeres. Ellos representan el 83,25% de la población. Los adultos mayores constituyen el 11,4%. Sumando estos grupos, tenemos que el 94% de la población nacional está conformado por sectores considerados, paradojalmente, como “minoritarios”, y son los que se encuentran en mayor riesgo de ser objeto de alguna forma de violencia o discriminación.

Desde principios de la década pasada, nuestro país ha experimentado importantes cambios tendientes a la adecuación de nuestras instituciones al sistema democrático y al principio del respeto irrestricto a dichos grupos. La ratificación de los tratados internacionales sobre la materia, así como la creación del Servicio Nacional de la Mujer, la Comisión de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de la Juventud, el Fondo Nacional de la Discapacidad, el Servicio del Adulto Mayor y otras iniciativas, dan cuenta de la seriedad con la que los gobiernos democráticos han asumido este desafío.

Pese a estos avances, por distintas razones, sectores de nuestra sociedad siguen siendo vulnerados por conductas discriminatorias e, inclusive, violentas.

En los resultados de las encuestas aplicadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Fundación Ideas, se percibe una tensión y una distancia entre lo que se dice y lo que se practica realmente en la vida cotidiana. Se constata la presencia de un discurso crecientemente tolerante, junto a conductas abiertamente discriminatorias.

Todo lo anterior, termina diciendo el mensaje, da cuenta de la necesidad de profundizar nuestra modernización política y económica, complementando los logros alcanzados con mecanismos jurisdiccionales que permitan lograr la vigencia efectiva del principio de no discriminación.

Este proyecto de ley tiene por finalidad, precisamente, resguardar en el ordenamiento jurídico la no discriminación arbitraria, de forma tal de garantizar en mejor forma la igualdad ante la ley y el reconocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

La discriminación arbitraria.

El mensaje, en lo relativo al concepto de discriminación arbitraria, que se define en el artículo 3º, señala que ha utilizado cuatro variables.

La primera variable es la definición de las modalidades que pueda adoptar la discriminación arbitraria. Esta se puede traducir en distinciones, exclusiones, en restricciones o en preferencias. Cualquiera de estas modalidades se puede realizar por acción u omisión. Se busca con esta amplitud evitar que se alegue no discriminación fundado en que no hay una diferenciación.

Las distinciones son diferenciaciones en base a alguna particularidad. Las exclusiones se traducen en quitar a alguien el lugar que ocupa. Las restricciones son reducciones a menores límites. Las preferencias, finalmente, son ventajas que se conceden a una persona sobre otra.

La discriminación puede ocurrir en el ámbito público o en el plano privado.

La segunda variable tiene por objeto acotar más este tipo de discriminación. Esta debe basarse en cierto criterio de distinción, exclusión, restricción o preferencia. Dichos criterios están en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el Código del Trabajo, como en el Estatuto Administrativo. Pero se han incorporado otros, atendidos los nuevos desafíos que plantea la ciencia, como es la estructura genética. Todos estos criterios son condiciones individuales o sociales que remarcan algún grado de identidad. Son en total veinte criterios: raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquier otra condición social o individual.

Se ha preferido diferenciar algunas situaciones análogas para evitar discusiones sobre si están o no comprendidas. Así, el proyecto separa el criterio del sexo, del género y de la orientación sexual. Lo mismo hace respecto de la religión y la creencia; del idioma y la lengua.

La tercera variable que utiliza el proyecto para definir la discriminación arbitraria, es que la calificación de la conducta discriminatoria no está asociada a un resultado determinado, ya sea de anulación o menoscabo, en el reconocimiento o ejercicio de un derecho. No se requiere daño para que la discriminación sea reprochable.

La cuarta variable es que se exige que la discriminación debe ser arbitraria. No se exige, por tanto, la ilegalidad como factor de configuración, sino que la falta de fundamento o de proporcionalidad o de desviación de fin.

Basta con que la conducta sea calificada de arbitraria, cuestión que le corresponde al juez construir caso a caso, conforme a la investigación que realice, para que estemos frente a un acto u omisión ilegítimo.

Acción especial de no discriminación.

El proyecto del Ejecutivo proponía establecer una acción para reclamar por las discriminaciones arbitrarias. Según el mensaje, con ello se busca asegurar la materialización del mandato de no discriminar.

Esta acción tiene las siguientes características:

En primer lugar, es una acción que procede sin perjuicio de otras acciones especiales para proteger uno o más factores específicos de discriminación arbitraria. Se trata de que se entienda que no se derogan los recursos o acciones especiales, dejando al recurrente la decisión de elegir la que prefiera.

En segundo lugar, el mensaje señala que esta acción está acotada exclusivamente a la víctima de la acción u omisión que importe una discriminación arbitraria. No se trata, por tanto, de una acción popular, que pueda interponer cualquier persona en nombre de categorías de sujetos, defendiendo intereses difusos o colectivos.

En tercer lugar, la causal que funda la acción es cualquier acción u omisión que importe una discriminación arbitraria.

La discriminación arbitraria es aquella que no tiene fundamento, es desproporcionada, o tiene una clara distorsión de fines. Por ello, en el proceso respectivo se debe demostrar la falta de contenido de la decisión en que se traduce la distinción, exclusión, restricción o preferencia. Dicha discriminación puede provenir de una actividad o de una inactividad. En ambos casos, puede ser producto de una declaración u omisión formal, o de una actividad o inactividad puramente material. Respecto de la omisión, ésta consiste en faltar a una obligación legal de actuar, estando en condiciones de hacerlo.

Se precisa en el mensaje que la causal, en términos de exigir la arbitrariedad de la conducta, excluye que se trate de un juicio en el que se discuta la ilegalidad de la misma.

En cuarto lugar, el proyecto dispone que el Tribunal competente para conocer de la acción es la Corte de Apelaciones respectiva, esto es, aquella que ejerce jurisdicción en el lugar en que tuvo lugar el acto o la omisión.

El mensaje explica que se ha preferido una Corte y no un juzgado de letras, atendido la similitud del recurso que el proyecto establece con otros que conocen las Cortes de Apelaciones.

En quinto lugar, esta iniciativa legal establece el procedimiento diseñado para esta acción, el que se rige por tres principios básicos.

El de la informalidad, lo que significa que la acción la puede presentar directamente el afectado, por sí o por cualquiera a su nombre.

El procedimiento a que da lugar esta acción está regulado en la ley, en todos sus aspectos, medulares, encargando a un autoacordado de la Corte Suprema pormenorizarla.

El principio de la oficialidad, se traduce en que el tribunal debe dar curso progresivo a los autos y adoptar todas las medidas que estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. La acción es una denuncia que pone en conocimiento del tribunal que se incurrió en una discriminación arbitraria. Corresponde al tribunal la tarea de investigar y procurar que se verifique el fundamento de la denuncia.

Finalmente, el procedimiento es sumarísimo. Es así como hay cinco días para apelar ante la Corte Suprema, breves plazos para formular observaciones y fallar.

La sentencia puede acoger o rechazar la pretensión. Si la acoge, el tribunal puede adoptar todas las medidas que estime pertinentes, ya que se pretende entregar al órgano jurisdiccional una competencia específica amplia, pues no se acota la decisión del juez, sino que se le entrega un margen de discrecionalidad de acuerdo a la situación que se le presente en cada caso concreto.

Si la sentencia acoge la acción, pueden producirse dos particularidades, no frecuentes en nuestro sistema, pero consagradas en ciertos recursos.

Por una parte, la Corte puede declarar el derecho a una indemnización de perjuicios por el acto u omisión discriminatorio. Dicha declaración habilita al particular a demandar directamente ante el juez de letras competente la determinación de la indemnización de perjuicios.

En este segundo juicio, ya no se discute la existencia del daño, sino sólo el monto de aquél. Los perjuicios pueden extenderse al daño moral y al daño patrimonial. Una facultad semejante, se ha dado por el legislador a las Cortes en el reclamo de ilegalidad municipal y en el reclamo por ilegalidad regional; también en el amparo económico.

Dicha indemnización no puede acumularse a otras acciones que el afectado pueda entablar.

También la Corte puede establecer sanciones para el funcionario o la empresa privada que presta servicios de utilidad pública, como las de luz, gas, teléfonos, Isapres, AFP, etcétera, que ha incurrido en la conducta discriminatoria, y con ello ha rehusado el suministro de un bien o servicio al que se tenga derecho.

Cuando la Corte rechaza la pretensión y establece que la denuncia carece de toda base, puede declarar al actor, responsable de los perjuicios, los cuales deberán perseguirse ante el Tribunal correspondiente. Este es el contrapeso que tiene a su favor quien ha sido infundadamente demandado.

Norma penal especial.

El proyecto del Ejecutivo termina agregando un cuarto aspecto, que consiste en una modificación al artículo 12 del Código Penal, relativo a las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, con la finalidad de establecer una nueva agravante, esta es, la de cometer un acto delictivo motivado por la discriminación.

La configuración de la agravante que se crea, procede en todo crimen, simple delito o falta.

Asimismo, exige la concurrencia de alguno de los criterios o factores de discriminación señalados en la presente ley en el artículo 3º, los que se reiteran, en forma coincidente, en la enmienda al Código Penal que se propone.

A juicio del Ejecutivo, expresado en su mensaje, la incorporación de esta norma penal especial, implica abordar o hacerse cargo de la dimensión punitiva que acarrean los actos cometidos con ocasión de la discriminación.

OPINIONES RECOGIDAS DURANTE EL DEBATE.

Reseñamos a continuación una síntesis de las opiniones y proposiciones entregadas a la Comisión por los invitados al debate, ya sea a título personal o en representación de la institución que en cada caso se indica, recogidas en las tres sesiones que la Comisión destinó a este propósito.

Se deja constancia que no se consignan en esta síntesis las opiniones generales que propugnan la aprobación del proyecto, como por ejemplo la de la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Cecilia Pérez Díaz, que suscribe el mensaje, sino aquellas que inciden en su perfeccionamiento o complementación, y las que derechamente lo rechazan.

La señora Ministra del Sernam hizo una presentación descriptiva de las disposiciones contenidas en el proyecto.

Don Francisco Estévez, Director de la Fundación Ideas, luego de manifestar su opinión favorable a una legislación de esta naturaleza y estimarlo un avance, propuso introducir las siguientes enmiendas:

1.- Agregar en el inciso primero del artículo 1º, la palabra “arbitraria” a continuación del término “discriminación”.

2.- Agregar el siguiente inciso nuevo al artículo 1º :

“No se considerarán conductas discriminatorias las distinciones basadas en conocimientos especializa-dos o experiencia previa para desempañar una actividad que requiera de una calificación determinada”.

3.- Sustituir en el artículo 3º las palabras “basadas en” por la frase “que afecte directamente a una personas con motivo o a pretexto de su”

4.- Agregar en los artículo 3º y 9º como nuevas menciones, a continuación de la palabra “socioeconómico” y antes de “idioma”, las siguientes: “lugar de residencia, imagen o apariencia personal”

5.- Eliminar el inciso tercero del artículo 6º que se refiere a la responsabilidad por los perjuicios de una denuncia carente de base.

6.- Por último propone agregar el siguiente Título nuevo:

"Titulo IV

Políticas Públicas contra la Discriminación

Artículo 10.- Las políticas públicas contra la discriminación tenderán prioritariamente a prevenir la ocurrencia de las conductas ilícitas previstas en el Artículo 3°.

Al efecto, las políticas públicas deberán contemplar acciones educativas destinadas a sus funcionarios, así como al público en general, en orden a relevar la importancia de los valores del respeto recíproco, la paz y la no violencia, de la diversidad y la tolerancia para una sociedad democrática.

Asimismo, tales políticas deberán promover e incentivar el desarrollo de las organizaciones de personas que sufren habitualmente alguna de las conductas señaladas en el Artículo 3° o que sean particularmente vulnerables a ellas.

Artículo 11.- Corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno la función de promover y hacer un seguimiento de la coordinación intersectorial a nivel nacional y regional de las políticas públicas antidiscriminatorias, debiendo elaborar un informe anual de sus resultados.”

La abogada Patricia Palacios Zuloaga, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hizo una extensa exposición, sobre el marco teórico en materia de discriminación, especialmente en el ámbito de los tratados internacionales, analizando las obligaciones del Estado en el derecho internacional de los derechos humanos; el concepto de igualdad y el derecho a la no discriminación; sobre los criterios de diferenciación objetivos y razonables; y respecto de las medidas especiales la mal denominada “discriminación positiva” .

En cuanto a la disposición consultada en el inciso segundo del artículo 2º, propuso que, para mayor precisión, se deberían detallar los requisitos propuestos por Anne Bayefsky, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, para que una medida especial se considere legítima. Tales requisitos serían los siguientes:

1. Que el propósito de la medida sea asegurar el avance del grupo o persona para efectos de asegurar el igual disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales, o sea, el aceleramiento de la igualdad de facto.

2.Que la medida tenga carácter temporal.

3. Que la medida cese en cuanto se logre el objetivo que lo justificó.

4. Que la aplicación de la medida no resulte en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales o separados.

En relación con el artículo 3º, señaló que la norma debería explicar que la arbitrariedad de la distinción se da por la ausencia de una justificación que es objetiva, razonable, proporcional y que tiene una finalidad legítima de acuerdo con la normativa sobre derechos humanos.

La inclusión de veinte categorías prohibidas obedece a la necesidad política de visibilizar a ciertas minorías tradicional y culturalmente discriminadas en Chile más que a una necesidad jurídica dado que la cláusula, al contener la última frase "cualquier otra condición social o individual" resulta ser abierta. Corresponde emplear una cláusula abierta ya que, como se ha visto, dota a la norma de mayor flexibilidad y permanencia en el tiempo,

Llamó también la atención acerca de la ausencia de la categoría "nacionalidad", criterio en que se han basado numerosas reclamaciones individuales ante órganos internacionales de control y que no debe ser confundida con "origen nacional".

Don Francisco Fernández, Presidente de la Comisión de Defensa Ciudadana, señaló su apreciación positiva respecto del proyecto y se refirió en particular al mecanismo jurisdiccional para velar por el respeto del principio de no discriminación, así como por la definición del concepto de discriminación que se hace en el artículo 3º.

Estimó que podría mejorarse, ampliando el plazo de caducidad establecido en el inciso segundo del artículo 4º del mensaje, para la deducción de la acción contra conductas discriminatorias, el que podría fijarse en 6 meses y no en 30 días, para facilitar la gestión mediadora, como ocurre en el amparo económico consagrado en la ley Nº 18.971.

Don Rolando Jiménez en representación del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movihl) intervino para manifestar su acuerdo con la dictación de una legislación de la naturaleza del proyecto en informe, en razón de que los integrantes del movimiento que él representa y no sólo ellos sino que la generalidad de los hombres y mujeres con una orientación sexual diferente eran objeto de actos discriminatorios en lo educacional, en lo laboral, en lo sanitario y en lo policial.

Refiriéndose en concreto al proyecto, propuso agregar en el artículo 3º la siguiente frase:

“En función de estas causales no se podrá afectar el goce efectivo de los derechos de las personas” .

Sugirió, además, explicitar en el artículo 5º , que el auto acordado a que se refiere el inciso final, sea el mismo que la Corte Suprema reguló para el recurso de protección, con el agregado que dicho auto acordado se refiera expresamente a las definiciones o conductas señaladas en el artículo 3º del actual proyecto de ley.

Por último, considera que es necesario que se haga obligatoria la instrucción de un sumario administrativo en el caso de los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 8º del proyecto contenido en el mensaje.

Don Hugo Rojas Corral, abogado, profesor investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado sugirió revisar el contenido del proyecto y modificar aquellos aspectos que parecieran no estar suficientemente bien abordados y complementarlos con otras iniciativas u organismos.

Así por ejemplo, respecto del artículo 2º del proyecto opinó que no se determina con precisión la o las entidades que han de ser las responsables de tal coordinación y sistematización de políticas públicas que hagan efectiva la aspiración de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.

Una primera medida es apoyar y reforzar el Programa Tolerancia y No Discriminación, dependiente de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, como la entidad encargada del diseño y seguimiento interministerial de las orientaciones públicas y de la prevención de la discriminación en Chile.

Sostuvo que es urgente disminuir los niveles y las señales de intolerancia que se siguen observando en la vida cotidiana e indica que cabe tener presente la advertencia de Martín Hopenhayn acerca de que "existen problemas en la agenda de la tolerancia que no se resuelven por la vía de programas políticos o reformas constitucionales, aunque es importante incidir en esos niveles". Los márgenes de intervención del gobierno y del legislador son limitados y dependen en gran medida de la asimilación en la conciencia colectiva de la relevancia de la tolerancia como valor en la convivencia comunitaria.

La autoridad pública, dijo, debe seguir impulsando el respeto interpersonal y la solución pacífica de controversias en una sociedad democrática, lo cual requiere de ajustes básicos en el ámbito educacional y en estándares mínimos en el lenguaje empleado por algunos medios de comunicación.

Existe cierto consenso entre los investigadores que se han dedicado al tema de acoger la propuesta del gobierno sobre lo que se debe entender cuando se utiliza el vocablo "discriminación", que coincide con el recogido en el proyecto de ley en su artículo 3º.

En relación con el recurso consultado en el artículo 4º, propone adaptar un mecanismo de defensa que sea compatible con la estructura actual del sistema jurídico, por lo que estima que resulta razonable sugerir que no se establezca una acción especial como la propuesta en el proyecto de ley, sino que se modifique el inciso 2° del segundo numeral del artículo 19 de la Constitución "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias" , fortaleciendo dicha cláusula en los términos contemplados en el artículo 3° del proyecto de ley, esto es, reconociendo como garantía constitucional el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, tanto por acciones u omisiones de los particulares como de la autoridad, como lo propone la moción Boletín 2067-07, presentada el 22 de julio de 1997 y el Boletín 2558-07, presentado el 10 de agosto de 2000. Una reforma en este sentido, permitiría a los afectados interponer el recurso consagrado en el artículo 20 de la Constitución.

Propone también revisar la tramitación de ese recurso, a través de una ley especial y no de un autoacordado, para evitar que asuntos de los consultados en este proyecto queden entregados a los criterios de la Corte Suprema.

Manifiesta que el legislador no debe descuidar los riesgos asociados a la imprudencia de demandantes temerarios que persigan beneficios económicos desmedidos e injustificados, debate que se planteó con ocasión de la ley Nº 20.005 de acoso sexual en el trabajo.

Hizo presente que, no debe olvidarse que las víctimas de discriminación pueden encontrar amparo jurídico en otros mecanismos, como por ejemplo, a través del recurso de amparo económico o de las denuncias por infracciones al artículo 2º del Código del Trabajo o los establecidos en la ley de prensa.

En cuanto a la agravante de la responsabilidad penal, amén de hacer presente que no es una idea original, pues está consultada en proyectos anteriores presentados en el Congreso, sugiere que, antes de adoptar una decisión final, es conveniente explorar otras opciones, tales como, contemplar tipos penales especiales, como lo hace el proyecto aprobado en la Comisión de Derechos Humanos en agosto del 2000 (Boletín 2142-17), o como el contenido en el artículo 31 de la ley de prensa Nº 19.733 que incorpora un ilícito específico respecto de quienes, por cualquier medio de comunicación social realicen publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad hacia personas o colectividades por motivos discriminatorios.

Señala que si se examinan estas opciones, la que ha sido acogida en el proyecto de ley es la de menor envergadura e impacto social.

Sostiene en síntesis, si realmente se quiere condenar hechos que atenten contra la dignidad de las personas y el orden público, en los cuales hubiera habido dolo por parte del infractor, entonces lo que corresponde es configurar uno o más tipos penales que sancionen acciones u omisiones graves; en el caso de haber concurso aparente de delitos, la ley que proteja más eficazmente el bien jurídico vulnerado ha de primar; es necesario contemplar una agravante de responsabilidad penal con carácter general para todos los delitos en los que haya habido un motivo discriminatorio.

Don Pablo Paredes, abogado invitado al debate, señala que es preocupante que el artículo 2º contemple la facultad del Estado, que en la práctica le permite promover actos de discriminación, lo que, a su juicio, es contrario a lo dispuesto en los Nº s 2 y 22 del artículo 19 de la Constitución.

Respecto del artículo 3º señaló que esta disposición se opone a algunas normas legales, como el artículo 2º del Código del Trabajo que contempla que las distinciones basadas en las calificaciones para optar a un empleo no se consideran discriminación.

Hizo presente, además que en el artículo 19 de la Constitución se contemplan derechos y libertades que constituyen hipótesis que tienden a evitar actos de discriminación como los Nºs 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 16, y en razón de ello se pregunta si es necesaria una ley contra la discriminación, o por el contrario, nuestro ordenamiento jurídico nos protege efectivamente de actos de discriminación.

Finalmente, considera que la acción de protección del artículo 20 de la Constitución establece la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones en el evento que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales un individuo sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos.

En virtud de lo expresado, recomienda rechazar la idea de legislar, manifestándose partidario de rescatar la norma que establece la discriminación como agravante en la comisión de un delito y de legislar sobre la base del proyecto consultado en el Boletín 2142-17 de iniciativa del ex Diputado Gutenberg Martínez.

Don Juan Antonio Montes en representación de la asociación “Acción Familia”, entidad abocada a la defensa de la familia cristiana, ve con profunda preocupación el proyecto en informe y al respecto, después de señalar que las jurisprudencias extranjeras invitan a la cautela, expone opiniones expresadas en el ámbito internacional acerca del principio de “no discriminación”, estima que este concepto puede ser un arma moldeable en las manos del poder político, quien decide qué reivindicaciones y qué minorías serán objeto de su preocupación.

Opina que los “habitantes que tuvieron la desgracia de no pertenecer a ninguna minoría, o sea la inmensa mayoría de la población, quedan a merced de los cambios de la opinión o de los caprichos de ingeniería social de los nuevos magos del Estado – providencia”. En apoyo de su tesis examina los fundamentos señalados en el mensaje, para terminar sosteniendo que el proyecto se abstiene de tratar cuál es el criterio objetivo para decidir si una acción u omisión es justa o arbitraria, señalando que el propio proyecto entrega al Estado la posibilidad de establecer distinciones o preferencias. Asevera que, “al desconocer la familia, el proyecto presenta a los chilenos como una masa de individuos disgregados en donde los más fuertes, hombres adultos pasarían a avasallar a los más débiles – mujeres, niños, ancianos, homosexuales, etcétera”.

Después de analizar el articulado del proyecto, se remite a la enumeración de las posibles discriminaciones contenidas en el artículo 3º, y en particular, a la de la orientación sexual, “situación en las que, a su juicio, un católico no puede ser tolerante y en las cuales está obligado a discriminar, so pena de ser cómplice de un pecado ....”.

Finalmente, reclamó no haber sido oído en la elaboración de este proyecto, el que considera como “una evidente preparación para la persecución religiosa a los católicos”.

Por todo lo anterior, pide el rechazo del proyecto.

Don Miguel Ángel Fernández González, Profesor de Derecho Constitucional de las universidades Católica, de Chile y de Los Andes remitió un documento requerido por la Comisión al Director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, acerca del análisis de constitucionalidad de este proyecto.

Después de glosar el contenido del proyecto y las fundamentaciones que se exponen en el mensaje de S.E. el Presidente de la República, el profesor Fernández, para hacer la evaluación de esta iniciativa legal, se explaya en una extensa disquisición acerca del principio constitucional de igualdad y su conceptualización y requisitos que nuestra Carta Fundamental asegura a todas las personas en el número 2) del artículo 19, y analiza el establecimiento de “ciertos criterios de comparación para efectos de formular una eventual vulneración de aquel principìo”, terminando por estimar que, a su juicio, en ese punto se halla el reproche de constitucionalidad más severo que cabe formular al proyecto en informe.

Al efecto concluye que “la norma proyectada es contraria a la Carta Fundamental, por cuanto ella, sin encontrarse expresamente autorizada por el Poder Constituyente, como lo exige el artículo 19 N° 26º de la Constitución, impone limitaciones al derecho asegurado en su numeral 2.

Agrega que, en efecto, la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, admitiendo las diferencias que sea razonable adoptar, sin que en ella se exija o prohíba el empleo de ningún criterio para configurar aquella diferencia o para determinar que se incurre en discriminación, o sea, la diferenciación o igualación que es injusta.

Cuando el proyecto de ley impone la exclusión de determinados criterios, calificando su utilización, per se, como constitutiva de discriminación, vulnera la Carta Fundamental en su artículo 19° numerales 2° y 26°.

Por otra parte, estima que la autorización concedida al Estado, en el artículo 2°, en todo caso, sólo puede ser entendida como conferida al legislador, en virtud del principio de reserva legal que opera en relación con la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales, la cual, a mayor abundamiento, es de carácter fuerte, según lo ha resuelto el Tribunal al Constitucional.

Por último y en relación a la acción especial de no discriminación, que es entregada a la competencia de las Cortes de Apelaciones, el profesor Fernández, para sospechar de su eficacia, cita lo dicho por don Guillermo Piedrabuena en su obra “El Recurso de Protección y Consulta” que expresa lo siguiente:

“Las tradicionales competencias que son normales en toda Corte de Apelaciones son los recursos de apelación tanto en materia civil, criminal, laboral, de policía local, de menores, etc. Estas constituían el grueso de las competencias de las Cortes junto con las consultas de ciertas resoluciones de importancia dictadas en materia penal, en caso de no ser apeladas.

Este panorama se ha visto violentamente alterado por el surgimiento de nuevas competencias que tanto en primera como en segunda instancia han provocado un aumento sustancial en el trabajo judicial de las Cortes, más allá de la natural expansión de las necesidades de justicia por la evolución económica y social.”

Oficio de la Corte Suprema.

La Corte Suprema por Oficio N° 58 de 3 de mayo de 2005, respondiendo a la H. Cámara, manifiesta su opinión respecto de esta iniciativa legal en los siguientes términos:

Voto de mayoría.

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado en sesión del día 27 de Abril pasado, presidida por el subrogante don Hernán Alvarez García y con la asistencia de los Ministros señores Eleodoro Ortiz Sepúlveda, José Benquis Camhi, Enrique Tapia Witting, Ricardo Gálvez Blanco, Alberto Chaigneau del Campo, Jorge Rodríguez Ariztia, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Domingo Yurac Soto, Jorge Medina Cuevas, Domingo Kokisch Mourgues, Milton Juica Arancibia, Srta. María Antonia Morales Villagrán, y señores Adalis Oyarzún Miranda y Jaime Rodríguez Espoz, acordó, informar desfavorablemente el proyecto, en atención a los aspectos que a continuación se expresan:

Como se infiere del artículo 1° del proyecto, sus disposiciones tienen por objeto, prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.

Al respecto, debe considerarse que nuestra Carta Fundamental ya establece como derecho esencial de la persona humana en el artículo 19 N° 2 la igualdad ante la ley, asegurando que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. En dicha norma adicionalmente se agregó a través de una reforma constitucional, que hombres y mujeres son iguales ante la ley. De esta forma, se regula de algún modo la no discriminación y, frente a la amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de este derecho, se concede el recurso de protección.

En ese sentido, este tribunal es de opinión que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo.

Cabe señalar que los Ministros Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, y Jorge Medina Cuevas, concurren al acuerdo teniendo además presente que la iniciativa legal es incongruente con las disposiciones que establece el artículo segundo del Código del Trabajo para impedir la discriminación en el ámbito laboral y que fueron perfeccionadas con la reforma que introdujo a ese precepto el N° 2 del artículo único de la Ley N° 19.759, de 5 de octubre de 2001.

Asimismo, expresan que la falta de concordancia entre el proyecto con la normativa vigente no sólo se produce en los distintos términos en que ambos describen los actos de discriminación, sino en los diferentes tribunales que conocerían de la materia, a través de procedimientos igualmente disímiles. En efecto, las infracciones al Código del Trabajo son de competencia de los tribunales del ramo y se sujetan al procedimiento que regula el Libro V de este cuerpo legal y, en cambio, la acción para reclamar de la contravención de las normas del proyecto sería conocida por Cortes de Apelaciones mediante el procedimiento que prevé la misma iniciativa.

Finalmente consignan que, la circunstancia que el proyecto declare que la acción que concede es sin perjuicio de otras acciones especiales, no resuelve la incongruencia señalada, en la medida que en materia laboral, en que precisamente hay mayor riesgo de discriminación, la iniciativa daría lugar a la existencia de dos regímenes paralelos y diferentes para impugnarla, tanto en aspectos sustantivos como especialmente en el plano judicial.

Voto de minoría.

Se deja constancia que los Ministros Hernán Alvarez García, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, José Benquis Camhi, Enrique Cury Urzúa, Milton Juica Arancibia, Adalis Oyarzún Miranda y Jaime Rodríguez Espoz fueron de opinión de acoger favorablemente el proyecto, por estimar que la iniciativa resultaría un complemento necesario al derecho constitucional de la igualdad ante la ley y la prohibición que se le impone a la ley o cualquiera autoridad para establecer diferencias arbitrarias. Y si bien, en otras oportunidades han opinado respecto de otras acciones o reclamaciones que sería del caso entregarlas a la jurisdicción natural, jueces de letras, su conocimiento en primera instancia. Sin embargo, por la importancia de los derechos en juego y su cercanía con la acción de protección, les parece prudente lo que se propone en el proyecto en cuanto a la competencia de una Corte de Apelaciones, aun considerando la recarga de trabajo que ello implica para los tribunales de justicia. Lo anterior de alguna manera se ve morigerado con la sencillez del procedimiento establecido y la facultad que se da a esta Corte (auto acordado) los aspectos procesales de la acción que regula el proyecto.

En todo caso los ministros referidos, dejan constancia de los siguientes reparos al proyecto de ley:

1) En relación a la prueba, el proyecto permite a la Corte abrir un término probatorio, lo cual, según la redacción del inciso 3° del artículo 5°, debiera decidirse al concluir la vista de la causa. Pareciera más razonable reducir el efecto inquisitivo de investigación del mismo tribunal que va a resolver, en una fórmula más simple: que la recepción de la causa a prueba fuera decidida, si el trámite fuere procedente, como es lo regular, una vez evacuado el informe y, luego, concluida la vista de la causa, se facultara al tribunal/ para decretar medidas probatorias para el mejor acierto del fallo. Para una mayor eficacia, también resulta procedente que sea la Corte la que dispusiera el tiempo de los alegatos, sin exceder de los treinta minutos para cada parte.

2) En el artículo 7° pareciera también aconsejable que la apelación fuera conocida en cuenta, sin perjuicio de la facultad de la sala de la Corte Suprema, para oír alegatos de abogados de las partes.

3) Como se ha informado en situaciones anteriores, dado que se establece una nueva acción que provocará un mayor ingreso . de causas en los tribunales superiores de justicia, se hace necesario considerar un financiamiento adicional al presupuesto del Poder Judicial, para atender esta mayor carga de trabajo.

Opiniones contenidas en el informe del proyecto originado en moción del ex diputado Gutenberg Martínez (Boletín 2142-17) sobre la misma materia.

En razón de que el énfasis del proyecto en informe apunta a describir figuras penales de discriminación y su respectiva sanción, que coinciden con el proyecto originado en moción del ex diputado Gutenberg Martínez sobre la misma materia, el cual, en su oportunidad informó favorablemente en primero y segundo trámite reglamentario esta misma Comisión, parece procedente agregar a este informe algunas opiniones vertidas en esa ocasión.

El profesor de la Universidad de Valparaíso, don Manuel De Rivacoba sostuvo que la sociedad chilena es insensible a la discriminación, y eso se da en la propia ley y no la del siglo pasado, sino que una de las últimas leyes aprobadas por este Congreso, en materia penal y que es la referida a los llamados "delitos sexuales", en la que se sigue considerando delito a la sodomía, aunque se haya recortado su alcance, es decir, que un varón, mayor de 14 años puede casarse, y naturalmente realizar una vida sexual plena, y aunque no se case y si tiene relaciones o acceso carnales con una mujer, que no sea en condiciones de violación, es un acto lícito, y si ese mismo varón tiene relaciones libremente propuestas, aceptadas y consentidas con otro varón incurre en delito, y eso es discriminación por su orientación sexual.

Al plantearse en el seno de la Comisión hasta qué punto se puede legislar y si está nuestra sociedad preparada para abarcar todos esos aspectos o si esta modificación sólo debe ser limitada, el profesor De Rivacoba piensa que decir que nuestra sociedad no está preparada para este tipo de reformas es suponer y proclamar que es una sociedad inferior, si bien no en capacidad intelectual, sí inferior en desarrollo cultural, lo cual cree que nadie querría reconocer, y quizá la sociedad chilena esté atrasada tecnológicamente, por razones económicas o de otra índole, pero en cuestiones de valoraciones o de concepción del mundo no lo cree, porque es más o menos tributaria de las mismas concepciones filosóficas y políticas y valóricas que han conformado la cultura de los pueblos y naciones a la cual ella pertenece, entonces hay que buscar una fórmula lo más genérica y lo más amplia posible, con el riesgo de equivocarse, por cierto, en que quepan todas las formas de discriminación y no hay que ser experto en la materia, para saber que a la mujer embarazada se le discrimina en la obtención del empleo por esa circunstancia y tal vez, mañana, producto de la tecnología aparezcan nuevas formas de discriminación que ahora no existen, por lo que se deben buscar fórmulas amplias.

Se dijo también que todos al tomar una decisión, siempre están haciendo una discriminación, que, en un momento dado, puede convertirse en una discriminación punible, por lo que parece importante que se precise con mucha claridad cuál es la discriminación punible y cuál no y especialmente en los ámbitos público y privado.

A estas reservas, el profesor y tratadista de derecho penal don Sergio Politoff, respondió que “el bien jurídico protegido en algunos países, como en Francia, es el atentado contra la dignidad de las personas, pero no toda discriminación es atentatoria contra esa dignidad; otros países atienden a los derechos garantidos por la Constitución Política, entonces debe ser una discriminación que se traduzca en privar de esos derechos a las personas. En Alemania y Holanda, la discriminación se refiere a delitos contra el orden público, en la medida que una discriminación trasciende la paz o el orden público. En consecuencia, por una parte está el bien jurídico tutelado, y por otro lado está la forma cómo estén dibujadas o determinadas las figuras jurídicas que traten de la discriminación.”.

Expresó, asimismo, que otra técnica consiste en dar una definición de discriminación y a través de la descripción del tipo legal otorgarle el carácter de discriminación punible, señalando en forma precisa que se trata, por ejemplo, de expresiones ofensivas que atenten contra el honor de un grupo de personas o que atenten contra el orden público o que sea una incitación al odio o que se le estén negando a esas personas prestaciones a que tengan derecho de acuerdo con el régimen jurídico, o sea, precisar en forma muy clara qué conductas son propiamente discriminatorias o merecedoras de penas y cuáles son las formas de discriminación que no tienen significación jurídico penal.

En relación con el trabajo realizado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, que dio lugar al proyecto de ley en comento, se expresa que lo fundamental fue tipificar un delito que en Chile no existe como en los países desarrollados, que es la discriminación y el racismo.

Sobre la necesidad de legislar en esta materia, en el informe anterior se llegó a la conclusión, que nuestro país, Chile, es un país discriminador en muchas cosas, desde el aspecto sexual, la mujer, los minusválidos, etc. Se comentó que ante la pregunta de una encuesta sobre si somos un país jaguar porque no tenemos negros, un 22% respondió afirmativamente, según un estudio de la Universidad de Chile, y se señaló que si eso hubiera sido un 6% en la Alemania de hoy, hubiera explotado un escándalo en el Parlamento. La discriminación es una cosa que la tenemos a flor de labios y se dijo que no sólo los judíos eran los exclusivamente discriminados. Se ejemplificó con el caso de los italianos, lo mismo sucede con la colonia árabe. En el caso de la comunidad coreana, se relataron cosas que resultan trágicas, que en el Chile de hoy no pueden ser ellos mismos, toda vez que todos sus hijos menores, por ejemplo, han tenido que cambiar sus nombres porque son motivo de burla; además han perdido parte de su propia identidad; los coreanos no profesan la religión católica y todos sus hijos han tenido que cambiar su religión, para ser aceptados dentro del plano escolar.

Algunos datos de la citada encuesta, llevan a concluir que en Chile hay discriminación, no como la que existe en Europa, que es una discriminación activa, violenta, consciente, sino que más bien, se trata de una discriminación inconsciente, silenciosa y que se mantiene oculta. El problema es reconocer que esta discriminación existe y que Chile es un país muy discriminador.

En un mundo globalizado y moderno, donde Chile pretende insertarse y relacionarse con otras naciones, no se pueden seguir teniendo los porcentajes de discriminación referidos en la encuesta citada; lo anterior es grave y es imposible que nos podamos relacionar en el mundo de la política, del desarrollo o de los negocios, cuando no somos capaces de aceptar las diferencias y lo diferente y no somos tampoco tolerantes.

En definitiva, lo primero es que hay que aceptar que somos un país que discrimina. En segundo lugar, no se trata de una discriminación de mala fe, toda vez, que en Chile se nos educa para discriminar y, lo más preocupantes es que se nos educa para no reconocerlo.

Hace falta que se consulte un delito cuanto mejor estructurado y tipificado, que contemple las actividades discriminatorias, de cualquier índole que sean las discriminaciones y por las estadísticas de la encuesta que se señalaron, se ve que la discriminación es muy variada y aunque no haya estadística, basta la envidia cotidiana o andar por la calle y conversar con la gente, para darse cuenta que la sociedad es altamente discriminatoria y a veces sin darse cuenta. Tal es el caso de la propia legislación reciente en materia de delitos sexuales que consagra, quizá inconscientemente, actos discriminatorios.

LEGISLACIÓN COMPARADA.

La legislación comparada revela una enérgica reacción de la comunidad internacional para afrontar en su germen el clima criminógeno que emana de las acciones discriminatorias.

La discriminación en nuestro país, en diversos terrenos de la vida social, económica y cultural en contra del pueblo mapuche y de otros grupos indígenas, apenas si amparados por una ínfima disposición penal entre las faltas (artículo 8º de la Ley Nº 19.253), respecto de “los actos manifiestos de discriminación en razón de su origen y cultura”, es un caldo de cultivo para la violencia. No es por azar que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su informe que abarca el período 1992-1998, haya instado a nuestro país a que adopte las medidas que aseguren la creación de la hasta hoy inexistente penalización de las conductas racistas y xenofóbicas. El Proyecto de Ley que informa esta Comisión es la respuesta adecuada a tan urgente requerimiento.

Se analizan a continuación algunos casos de legislación extranjera.

Los tratados internacionales.

Existe cierto consenso entre los investigadores que se han dedicado al tema de acoger la propuesta del gobierno sobre lo que se debe entender cuando se utiliza el vocablo "discriminación", al sostener que se trata de toda forma de menosprecio, distinción o exclusión, restricción o preferencia hecha con o sin distinción por una persona, grupo o institución, basada en la raza, color, sexo, género, orientación sexual, creencias religiosas, descendencia, origen étnico, edad, antecedentes genéticos, pensamiento político, o cualquier característica análoga que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto en las esferas políticas, sociales, económicas, culturales, como en cualquiera otra. Así lo ha recogido el proyecto de ley en su artículo 3°.

El establecimiento del principio de no discriminación como un criterio orientador de toda la legislación nacional se ve reforzado a partir de la vasta legislación internacional que se ha ido configurando al concluir la segunda guerra mundial, y que puede ser aprovechada en nuestro país gracias a lo establecido por el artículo 5° de la Constitución.

Los estándares internacionales sobre la materia pueden encontrarse en lo señalado en la Convención Americana de los Derechos Humanos de la OEA (ratificada en 1990), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU (ratificada en 1971), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (ratificado en 1972), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en especial su artículo 2.1. (publicado en 1989), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en especial su artículo 2.2, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU (ratificada en 1988), la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de la ONU (ratificada en 1989), la Convención Sobre los Derechos del Niño de la ONU (ratificada en 1990), la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (aprobada en la primera sesión plenaria de 1999), la Convención Interamericana para Preve¬nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ""Convención de Belem Do Para", el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza de la ONU, el Convenio N° 100 de la O.I.T. sobre Igualdad de Remuneración de la OIT (1951), el Convenio N° 111 de la O.I.T. sobre la Discrimi¬nación en el Empleo y la Ocupación (1958), el Convenio N° 122 de la O.I.T. sobre la Política de Empleo (1964), el Convenio N° 159 de la O.I.T. sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (1983), el Convenio N° 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), el Convenio N° 182 de la O.I.T. sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999), la Declaración sobre la Elimina¬ción de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones (proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1981, resolu¬ción 36/55), la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales (aprobada y proclamada por la UNESCO, el 27 de noviembre de 1978), la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (aprobada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 47/135, 1990), la Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993).

Es importante destacar que muchos países incluyen en sus Constituciones Políticas, algunas disposiciones, que prohíben en términos generales la discriminación, declarando la igualdad de todos los seres humanos ante la ley.

Gran parte de los países aborda el tema de la discriminación a través de distintos cuerpos normativos, regulando cada tipo de discriminación por separado (mujer, racial, discapacitados, religión). Son pocos los países que regulan las conductas discriminatorias a través de una norma que reúna los distintos tipos.

La Comunidad Europea.

La Comunidad Europea aprobó el 27 de noviembre de 2000, la Decisión del Consejo, por la que se establece un programa de acción comunitario para luchar contra la discriminación (2001-2006).

Dicho programa se fundamenta en la consideración que las distintas formas de discriminación no pueden clasificarse por orden de importancia y son todas ellas igualmente intolerables.

El programa está encaminado a contribuir a que se establezca una estrategia global para luchar contra toda discriminación, requiriendo en la práctica una combinación de medidas y, en particular, de legislación y acción práctica diseñadas para reforzarse mutuamente. Algunas de ellas, relativas a la no discriminación en las administraciones públicas, en los medios de comunicación, en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, en el acceso a los bienes y servicios, vivienda, transporte, cultura, deporte, etcétera.

Para el análisis y evaluación, los países de la U.E. podrán realizar estadísticas sobre grados de discriminación, evaluación de la eficacia de las políticas y prácticas antidiscriminatorias, informes anuales para valorar su efectividad. En el área de sensibilización se consultan otras actividades, como conferencias, seminarios, campañas y actos publicitarios, publicación de materiales.

La Constitución Europea.

La Constitución Europea adoptada en el tratado suscrito por 25 estados miembros, el 18 de junio de 2004, consulta en su artículo II-81 Sobre no Discriminación , lo siguiente:

“Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”.

Este tratado sólo puede entrar en vigor una vez ratificado por los países signatarios con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales.

Hasta la fecha la Constitución ha sido aprobada por los siguientes países: Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Eslovenia y España. La mayoría de los Estados ha fijado el proceso de aprobación durante el año 2005.

El Tratado de Amsterdam introdujo una nueva disposición destinada a reforzar el principio de no discriminación, estrechamente relacionado con la igualdad de oportunidades. Ésta dispone que el Consejo adoptará todas las medidas necesarias para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Por otra parte, a través de su programa de acción para luchar contra la discriminación (2001-2006), la Unión Europea apoya y complementa las medidas aplicadas por los Estados miembros para combatir toda forma de discriminación.

Por ejemplo, en el caso de Alemania, es importante destacar que no existe una norma general que regule el tema de la discriminación, a lo que se suma que el máximo tribunal de la Unión Europea (UE) recriminó a Alemania por no lograr implementar completamente las reglas del bloque para luchar contra la discriminación. Los Estados de la UE debían incluir como parte de las leyes nacionales antes del 19 de julio de 2003 una directiva que prohibiera la discriminación sobre la base de raza u origen étnico. Aún se encuentra en discusión en el Parlamento el borrador de la iniciativa. 28.04.2005

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que fue adoptada en diciembre de 2000 y que debe formar parte de la Constitución Europea, en proceso de ratificación, contiene un capítulo titulado “Igualdad”, que incluye los principios de no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres y diversidad cultural, religiosa y lingüística. En dicho capítulo figuran también los derechos del niño, de las personas mayores y de las personas con discapacidad.

La Constitución introduce explícitamente los principios de igualdad y de no discriminación entre los valores sobre los que se asienta la Unión. El texto las considera disposiciones de aplicación general que la Unión tiene la obligación de promover en la definición y aplicación de sus políticas y acciones.

Entre los artículos de la Constitución Europea se encuentran varios relacionados con la no discriminación.

En la Primera Parte de la Constitución, sobre la definición y objetivos de la Unión Europea, se encuentran los siguientes artículos relacionados con el tema de la no discriminación:

“El artículo I- 2, sobre valores de la Unión señala:

La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación.”

Entre los objetivos de la Unión el artículo I-3, número 3, dispone:

“3. La Unión combatirá la marginación social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño.”

En su artículo I-4, número 2, sobre libertades fundamentales y no discriminación, se hace especial énfasis a la prohibición de toda discriminación por razón de nacionalidad.

“2. En el ámbito de aplicación de la Constitución, y sin perjuicio de sus disposiciones particulares, se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad.”

En la Segunda Parte, referida a los derechos fundamentales de la Unión, se prohíbe toda discriminación. Estableciendo en los artículos 21 y siguientes, tipos de discriminación, respeto a la diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, de las personas mayores, y la integración de las personas discapacitadas.

“Artículo II-21

1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de la Constitución y sin perjuicio de sus disposiciones específicas.”

En la Tercera Parte, sobre las políticas y funcionamiento de la Unión, se establece el compromiso a luchar contra todas las formas de discriminación.

“Artículo III-3

Al definir y ejecutar las políticas y acciones contempladas en la presente Parte, la Unión procurará luchar contra toda discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.”

Los artículos del Título II, de la no discriminación y la ciudadanía, disponen que la prohibición de la discriminación podrá regularse a través de leyes o leyes marco europeas:

“Artículo III-7

La prohibición de las discriminaciones por razón de nacionalidad en virtud del artículo I-4 podrá regularse mediante leyes o leyes marco europeas.”

“Artículo III-8

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de la Constitución y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión por la misma, podrán establecerse mediante ley o ley marco europea del Consejo de Ministros medidas adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. El Consejo de Ministros se pronunciará por unanimidad previa aprobación del Parlamento Europeo.”

La Subsección 1, sobre trabajadores, establece en su artículo III-18 que:

“1. Los trabajadores tendrán derecho a circular libremente dentro de la Unión.

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.”

Otras constituciones.

En el derecho constitucional comparado es posible encontrar ejemplos de mayor especificidad en cuanto a los resguardos de los ciudadanos frente a acciones u omisiones discriminatorias en contra de una persona o grupo social, y que podrían servir como antecedentes para elevar el rango de las normas que se intenta aprobar.

Por ejemplo, en las constituciones de Italia, Alemania Francia, Venezuela, España, Portugal, Colombia, Puerto Rico, y Brasil se reconoce explícitamente el contenido del principio de la no discriminación arbitraria, prohibiendo las discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social, entre otras circunstancias personales o sociales.

Una apuesta aún más interesante y conveniente es la de reconocer en la carta fundamental el principio de la multiculturalidad, de modo que éste pase a inspirar a toda la normativa de rango inferior, tal como lo han efectuado países como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, entre otros. A través de este principio es posible articular y procesar dos aspectos centrales en la época en la que nos corresponde vivir: el respeto de la diversidad cultural y la unidad de la integración política.

Legislación en otros países.

En lo tocante al establecimiento de una agravante, desde un punto de vista político jurídico, sería mucho más relevante establecer tipos especiales que circunstancias agravantes. Esa es la tendencia que se aprecia en algunos países europeos.

Así acontece, para citar un caso expresivo, en el Código alemán vigente. Su parágrafo 130 (del que la última versión, después de diversas modificaciones, con el objetivo de “extender y hacer más severo su alcance, data de 30 de octubre de 1994), que contiene las disposiciones penales en materia de incitación al odio racial y otras acciones discriminatorias, las ha encuadrado bajo la rúbrica Delitos contra el orden público (Sección VII del Libro II). Los comentaristas de ese Código coinciden, empero, en que, si bien “en primera línea” esos delitos, por la manera como están descritos, serían “atentados en contra de la paz pública”, el bien jurídico tutelado “es también la dignidad de las personas”.

También puede considerarse el Código Penal holandés, el que tras definir a la discriminación en su artículo 90 quater contempla diversas figuras discriminatorias y de incitación al odio y la discriminación en las letras a) a g) del artículo 137. Los comentaristas de estas disposiciones afirman que la base de las incriminaciones reside en “los principios de dignidad e igualdad de todos los hombres”, consagrados, asimismo, como se sabe, en la Carta de las Naciones Unidas y en otros importantes instrumentos internacionales.

En similar dirección figuran los delitos de discriminación, sancionados en el artículo 225 del Código Penal francés.

España.

La Constitución Española de 1978 en su artículo 14 prohíbe la discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El Código Penal español de 1995 en su artículo 510, penaliza las conductas de provocación a la discriminación, al odio o a la violencia, por motivos racistas, antisemitas u otros motivos, así como también penaliza la difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones. Los artículos 511 y 512 penalizan al particular encargado de un servicio público o a aquellas personas que en ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales denieguen a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

Por su parte, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el Capítulo IV titulado "De medidas Antidiscriminatorias" establece en su artículo 23 la definición de actos discriminatorios, e incorpora la novedad sobre lo que se entiende también por discriminación indirecta, y en el artículo 24 establece la aplicabilidad de un procedimiento judicial sumario contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de derechos y libertades fundamentales (en relación con el artículo 53.2 de la Constitución Española).

El artículo 23 de la mencionada norma establece literalmente:

"1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.

“2. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación:

Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargados de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un ciudadano extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y socio asistenciales, así como a cualquier otro derecho reconocido en la presente Ley Orgánica, al extranjero que se encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad económica emprendida legítimamente por un extranjero residente legalmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad."

México.

En México entró en vigencia el año 2003, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Dicha norma establece una serie de disposiciones, las que de acuerdo a su artículo 1°, su objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.”

En su artículo 4°, se define la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Para tener mayor claridad sobre aquellas conductas consideradas discriminatorias, el artículo 5°, señala aquellas conductas que no se consideran discriminatorias, entre éstas se encuentran: las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias; las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada; el trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca alguna enfermedad mental; en general, todas las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los derechos, y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Además, se crea en México el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo INADI.

La creación del INADI se estableció en la Ley N° 24.515 del 05 de julio de 1995, norma en al que se determina su mandato, estableciendo los instrumentos y actividades necesarios para actuar, investigar y analizar los actos discriminatorios a fin de “prevenir a través de la educación, la capacitación y la divulgación de aquellos valores que estimulan la convivencia y la aceptación de la diferencia”.

Es dirigido y administrado por un Directorio integrado por nueve miembros: un Presidente, un Vicepresidente (elegidos por el Poder Ejecutivo) y siete Directores. De los siete Directores: cuatro deben ser representantes del Poder Ejecutivo Nacional, correspondiendo uno a cada uno de los siguientes Ministerios: del Interior; de Relaciones Exteriores; Comercio Internacional y Culto; de Justicia y de Educación. Los tres Directores restantes deben ser representantes de Organizaciones no Gubernamentales que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.

Como objetivo principal, le corresponde elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin.

Entre sus funciones le corresponde actuar como organismo de aplicación de la ley, velando por su cumplimiento, a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con respecto a dichos temas.

Además debe recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar un registro de ellas.

Argentina.

En Argentina, si bien existe una norma de carácter general para enfrentar el problema de la discriminación (Ley N° 23.592), ésta se refiere sólo a las sanciones aplicadas a las conductas discriminatorias. Por su parte, a nivel provincial existen algunas normativas más específicas, como la Ley N° 712 de la ciudad de Buenos Aires, referida a la discriminación genética.

Por otra parte, cabe destacar, que a fin de enfrentar los problemas derivados de la discriminación y aplicar correctamente la normativa vigente, se crea un marco institucional a través del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Ley Nº 24.515).

Ley N° 23.592 en cinco artículos, sanciona civilmente los actos discriminatorios de naturaleza religiosa, raza, nacionalidad, ideologías, características físicas, etc., lo que queda especialmente demostrado en su artículo primero, el que contempla en su primer párrafo el derecho a la protección jurisdiccional:

“Artículo 1°.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

El artículo 2° contempla el agravamiento genérico de penas con respecto a todas las figuras penales contenidas en el Código Penal y sus leyes complementarias, elevando en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito cometido por persecución u odio:

“Artículo 2°.- Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate”.

El artículo tercero contiene dos nuevos tipos penales. En el primero se describe la conducta de quienes a través de la propaganda realicen actos discriminatorios, mientras que el segundo se refiere a la alteración o incitación discriminatorias:

“Artículo 3°.- Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

El artículo cuarto exige la exhibición en un lugar visible de la normativa que rige contra los actos discriminatorios, mientras que el artículo quinto fija las condiciones y características de los anuncios de dicha normativa. El artículo sexto fija las multas por el no cumplimiento de estos artículos:

“Artículo 4°.- Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a los locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma clara y visible el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, junto con el de la ley”.

“Artículo 5°.- El texto señalado en el artículo anterior, tendrá una dimensión, como mínimo de treinta centímetros de ancho, por cuarenta de alto y estará dispuesto verticalmente. En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda: "Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quienes tienen la obligación de tomar su denuncia”

“Artículo 6°.- Se impondrá multa de $500 a $1.000 al propietario, organizador o responsable de locales bailables, de recreación salas de espectáculos u otros de acceso público que no cumpliere estrictamente con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la presente ley”.

Tendencias actuales.

La tendencia actual es buscar soluciones mediante fórmulas genéricas, y no a través de fórmulas muy casuísticas, que quieren abarcar todo y a veces no lo consiguen y esas fórmulas genéricas, entregadas no a la arbitrariedad, sino al arbitrio e interpretación de los jueces, es decir, que los jueces no se escapen de la ley, que se muevan dentro de la ley, pero que la ley les permita moverse y captar las ocurrencias más comunes, las que puedan presentarse en la mente de los legisladores y otras que se presenten el día de mañana, que ahora son inimaginables.

Las legislaciones actuales adoptan fórmulas genéricas y elásticas.

APROBACIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL Y FUNDAMENTACIÓN DE VOTO.

Como se expresó en las constancias previas, el proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos (siete a favor, dos en contra y tres abstenciones).

Algunos señores diputados fundamentaron su voto en los siguientes términos:

El señor Díaz anunció inicialmente que votaría en contra del proyecto en debate, toda vez que le parece que la moción que actualmente está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de autoría del ex Diputado Gutenberg Martínez, atiende mucho mejor los actos de discriminación, aparte que dicha iniciativa fue objeto de un extenso debate en esta Comisión. Por ello estima que es necesario continuar impulsando aquella moción parlamentaria, que combate con mejores herramientas, de índole penal, los actos de discriminación.

No obstante, al producirse la votación, el señor Díaz, se abstuvo.

El señor Urrutia anunció su abstención, aunque se muestra de acuerdo con una ley contra la discriminación, pero estima que la iniciativa en debate adolece de vicios de inconstitucionalidad.

La señora Tohá hace presente que votará favorablemente la idea de legislar, toda vez que el proyecto recoge la aspiración sobre la materia de muchos diputados, además que como toda iniciativa legal es plenamente perfectible.

El señor Rossi expresa que votará favorablemente el proyecto, máxime si éste resuelve un delicado asunto desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.

El señor Accorsi anuncia su voto favorable y señala que lo que se está votando es la idea de legislar, y si hay dudas constitucionales, -lo que no cree- durante la tramitación del proyecto se podría resolver.

El señor Ojeda señala que votará favorablemente la iniciativa, no obstante que se encuentra de acuerdo con los argumentos vertidos por el señor Díaz, en cuanto a que el proyecto del ex diputado señor Gutenberg Martínez no ha sido valorado, máxime que la Comisión trabajó en esa iniciativa por aproximadamente ocho meses.

La señora Cubillos anuncia su voto en contra, por considerar innecesario el proyecto, toda vez que las normas de igualdad y de no discriminación arbitraria están establecidas en la Constitución Política de la República.

El señor Aguiló (Presidente) hace presente su intención de votar favorablemente el mensaje.

El señor Salaberry señala que respecto a un proyecto de estas características cabe preguntarse qué sentido tiene aprobarlo. Talvez vestirse de tolerante y de defensor de los derechos humanos.

Se pregunta por qué calificar una serie de hechos como discriminatorios y no otros. ¿Por qué establecer una especie de decálogo?

Hace suyos los argumentos de la señora Cubillos, en el sentido de que es innecesario el proyecto, máxime si las normas de igualdad y de no discriminación arbitraria están establecidas en la Constitución Política de la República. Anuncia su voto en contra.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

En el capítulo de las constancias reglamentarias previas, junto con señalar las ideas matrices del mensaje, se indicó el artículo pertinente que las contiene, por cuyo motivo en este párrafo nos remitimos a aquel capítulo.

No obstante, dado que la Comisión suprimió todo lo relativo a la acción especial por discriminación y su procedimiento, se describen las disposiciones aprobadas por la Comisión que, a partir del artículo 4º, agregan nuevas normas que siguen la idea central del proyecto, de prevenir o eliminar los actos de discriminación, señala las conductas que no se considerarán discriminatorias (art. 4º) e introduce modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza con el objeto de promover la no discriminación; a la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo y a la Ley Nº 18.883 sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales con el propósito de establecer la prohibición de discriminar a todo funcionario público (arts. 5º, 6º y 7º).

El artículo 8º del proyecto aprobado por la Comisión, incorpora diversas modificaciones al Código Penal.

En primer término, se adiciona la enumeración de las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, establecidas en el artículo 12 con la de “cometer el delito motivado por discriminación arbitraria”.

En segundo lugar, se agrega al Título III del Libro II que trata “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución”, un párrafo 1 bis nuevo denominado “De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos”.

Dentro de este párrafo nuevo se castiga con reclusión menor en sus grados mínimo a medio, esto es, de 61 días a 3 años, al que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas. (Artículo 137 bis).

Enseguida se determina lo que deberá entenderse por discriminación para los efectos del Código Penal y leyes especiales, precisándose que “se entenderá por discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad o cualquiera otra condición y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana." (Artículo 137 ter).

Esta disposición repite, aunque no en idénticos términos, lo preceptuado en el artículo 3º del proyecto.

Más adelante se sanciona con pena corporal y multa “al que, en el ejercicio de actividades profesionales, o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo anterior respecto de una persona natural o jurídica, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación.” (Artículo 137 quater).

También se castiga “al empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa actos de discriminación respecto de una persona natural o jurídica, consistentes en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derechos, subordinarlo a la concurrencia o ausencia de algunos de los motivos de discriminación señalados en el artículo 137 ter, o en impedir arbitrariamente, por tales motivos, el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera, con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo." (artículo 157 bis).

Se declaran punibles “las asociaciones que inciten o promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones, o contra sus bienes, en razón de cualquier discriminación de las señaladas en el artículo 137 ter. A los fundadores, a quienes ejercieren mando o aportaren capital a la organización, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. A los demás miembros activos se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio." (Artículo 294 bis).

Se crea asimismo un párrafo 13 en el Título VI del Libro II del Código Penal bajo el epígrafe de “incitación al odio y la hostilidad con fines discriminatorios”, el que contiene figuras penales como la incitación en público, en forma verbal o por medio de escritos o imágenes contra personas y al empleo de medidas discriminatorias; al que haga llegar objetos o textos con expresiones que contengan o difundan la discriminación, y finalmente, al que se manifieste de manera injuriosa en contra de la dignidad de una o más personas por razones de discriminación a que se refiere esta ley. (artículos 305, 306 y 431 bis del Código Penal).

Finalmente, el artículo 9º del proyecto reemplaza el artículo 8º de la Ley 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas., con el objeto de elevar a la categoría de simple delito que se castigará con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa al que discrimine manifiesta e intencionadamente a un indígena en razón de su origen y su cultura. Esta conducta se sancionaba como falta.

DISCUSIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO.

ARTÍCULO 1°.

Por unanimidad se aprobó una indicación de los diputados señores Enrique Accorsi, Sergio Aguiló, Antonio Leal, Sergio Ojeda, Osvaldo Palma, Felipe Salaberry, Ignacio Urrutia, Alfonso Vargas y señora María Antonieta Saa, que reemplaza el artículo 1º por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales en que Chile sea parte.”

La indicación aprobada se diferencia con la norma propuesta por el Ejecutivo en que incorpora el concepto de “discriminación arbitraria” y complementa la idea de que el acto discriminatorio, para que se entienda tal, suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales en que Chile sea parte.

Se estimó en la Comisión que si bien agregar el vocablo “arbitrario” a continuación de “discriminación” es redundante, sin duda que es aclaratorio, porque si bien en la legislación internacional bastaría con sólo mencionar la expresión “discriminación”, para efectos internos, correspondería y sería más ilustrativo agregar la expresión “arbitraria”.

Esta indicación fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes (12).

ARTÍCULO 2°.

Se presentó una indicación de los señores Accorsi Díaz, Leal, Ojeda, Salaberry y la señora Marcela Cubillos, al inciso segundo del artículo 2°, para agregar antes del punto final la siguiente frase:“en los términos que establece la Constitución Política de la República.”, quedando el texto del inciso segundo redactado en los siguientes términos:

”El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.”

Se propuso, además, una indicación de los señores Palma, Salaberry, Vargas y Urrutia para agregar en el artículo 2°, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberán siempre tener carácter temporal, deberán cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó y no podrán derivar, en su aplicación, en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales.

Asimismo, el contenido de las medidas que el Estado adopte en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha desventaja específica.”

Esta indicación tiene el propósito de completar el artículo segundo y recoge las observaciones formuladas por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y consulta los requisitos que se han contemplado para establecer la denominada discriminación positiva.

Ambas indicaciones y el artículo fueron aprobados por unanimidad.

ARTÍCULO 3°.

Se presentó una indicación de los señores Díaz, Ojeda y Villouta para reemplazar el artículo 3° por el siguiente:

“Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana.”

La indicación complementa la enumeración propuesta en el mensaje, en lo relativo a causales o elementos en que podría basarse la discriminación y mantiene la idea de que esta enumeración no es taxativa al decir que la discriminación podría producirse por cualquier otra condición social o individual, tal como se contemplaba en el frase final del artículo 3° del mensaje.

Se discutió la incorporación de la expresión “orientación sexual” contenida en el mensaje, pero por mayoría de votos se optó por reemplazarla por la frase “condición sexual”, por considerarla más adecuada.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (4).

ARTÍCULO 4º.

Este artículo fue producto de una indicación de los señores Vargas y Salaberry y la señora Cubillos como artículo nuevo. Tiene por objeto especificar las conductas que no se considerarán discriminatorias, con el fin de establecer un equilibrio justo y necesario en esta materia, toda vez que no todo acto de distinción, exclusión o selección es discriminatorio.

Al respecto se recordó que fue la Fundación Ideas la que sugirió agregar algún tipo de distinciones obvias, teniendo presente que las discriminaciones para ser tales, deberían ser arbitrarias, no razonables o no proporcionales.

La indicación que propone este artículo cuarto nuevo, es aprobada por mayoría de votos (seis a favor, uno en contra y tres abstenciones).

ARTÍCULO 5º.

Este artículo tuvo su origen en una indicación de los señores Leal y Accorsi que propone agregar en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, entre los vocablos “paz” y “estimular” la frase: “y la no discriminación, ...”.

La agregación de esta expresión en la LOCE tiene por objeto establecer que es deber del Estado fomentar y estimular la no discriminación en todos los niveles de la educación.

Con la aprobación de esta indicación, el texto del inciso cuarto del artículo 2º de la LOCE quedaría redactado en los siguientes términos:

"Es también deber del Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, en especial la educación parvularia, y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, fomentar la paz y la no discriminación, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación."

Esta indicación fue aprobada por mayoría de votos (cinco a favor y cuatro abstenciones).

ARTÍCULO 6º

Los señores Accorsi y Leal presentaron una indicación para consultar el siguiente artículo 6º nuevo:

“Artículo 6º.- Agrégase en la letra l) del artículo 78 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras "acoso sexual" la expresión "y la discriminación", y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo del Código del trabajo “ por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 3º de la Ley que establece medidas contra la discriminación.”

La indicación tiene por objeto agregar en la letra l) del artículo 78 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que establece prohibiciones para los funcionarios públicos, la de discriminar.

La respectiva letra l) quedaría, en consecuencia, con la siguiente redacción:

“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual y la discriminación, entendiéndose por el primero lo señalado por el artículo 2º inciso segundo del Código del Trabajo, y por el segundo, lo expresado en el artículo 3º de Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 7º

Este artículo nace como una indicación de los señores Accorsi y Leal, formulada al artículo 82, letra l) de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.

Su tenor es el mismo del artículo anterior y tiene por objeto agregar la discriminación como una de las prohibiciones que afectan a los funcionarios municipales.

La respectiva letra l) quedaría, en consecuencia, con la siguiente redacción:

“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual y la discriminación, entendiéndose por el primero lo señalado por el artículo 2º inciso segundo del Código del Trabajo, y por el segundo, lo expresado en el artículo 3º de Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.

Puesto en votación este artículo, es aprobado, sin discusión, por unanimidad.

ARTÍCULO 8º.

Este artículo fue producto de una indicación de los señores Díaz, Ojeda, Aguiló y Villouta para reemplazar el artículo 9º del mensaje que consultaba incorporar al artículo 12 del Código Penal una circunstancia agravante, consistente en cometer el delito por una motivación discriminatoria.

Su texto recoge las normas aprobadas por esta misma Comisión con motivo del despacho del primero y segundo informes del proyecto originado en moción del señor Gutenberg Martínez (Boletín 2142-17) y su tenor es el siguiente:

1.- Agrégase al artículo 12, el siguiente numeral:

"20º Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria.

2. Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro 11, y los siguientes artículos:

(El Título III trata "De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución).

"1 bis. "De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos"

"Artículo 137 bis. El que incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.".

"Artículo 137 ter. Para los efectos de las disposiciones de este Código y leyes especiales, se entenderá por discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad o cualquiera otra condición y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana."

"Artículo 137 quater. Incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a doce ingresos mínimos el que, en el ejercicio de actividades profesionales, o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo anterior respecto de una persona natural o jurídica, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el artículo precedente.".

3. Añádese un artículo 157 bis nuevo del siguiente tenor:

"Articulo 157 bis. El empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa actos de discriminación respecto de una persona natural o jurídica, consistentes en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derechos, subordinarlo a la concurrencia o ausencia de algunos de los motivos de discriminación señalados en el artículo 137 ter, o en impedir arbitrariamente, por tales motivos, el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo.".

4. Agrégase el siguiente artículo 294 bis:

"Artículo 294 bis. Son punibles las asociaciones que inciten o promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones, o contra sus bienes, en razón de cualquier discriminación de las señaladas en el artículo 137 ter.

A los fundadores, a quienes ejercieren mando o aportaren capital a la organización, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.

A los demás miembros activos se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.".

5.- Introdúcese un nuevo Párrafo 13 en el Titulo VI del Libro II del Código Penal, y los artículos 305 y 306 siguientes:

"13. Incitación al odio y la hostilidad con fines discriminatorios.

"Artículo 305. El que en público, verbalmente o por medio de escritos o imágenes, incite al odio, 1a hostilidad o la violencia en contra de las personas o llame al empleo de medidas arbitrarias de discriminación en su contra, tales como las señaladas en el artículo 137 ter, será penado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a doce ingresos mínimos.".

"Artículo 306. Se castigará con igual pena al que, por razones distintas de una información objetiva, haga llegar, a personas que no lo hayan solicitado, objetos o textos que contengan expresiones de contenidos indicado en el artículo anterior o los difundan o tengan en su poder con el propósito de difundirlos.".

6.- Agrégase el siguiente artículo 431 bis:

"Artículo 431 bis. El que de palabra o por escrito, se manifieste de manera injuriosa en contra de la dignidad de una o más personas, por razones de discriminación señaladas en el artículo 137 ter, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a diez ingresos mínimos.".

Esta indicación, a su vez, fue objeto de algunas enmiendas, de cuyo contenido da cuenta el texto aprobado por la Comisión, que en lo esencial es muy similar al de esta indicación. La más notoria es la que cambia la multa del artículo 137 quater para expresarla en Unidades Tributarias Mensuales, en vez de ingresos mínimos.

Para evitar repeticiones, respecto del contenido de esta indicación, véase el Capítulo “Descripción del Proyecto”.

Esta indicación fue aprobada por mayoría de votos (siete a favor, dos en contra y dos abstenciones).

ARTÍCULOS RECHAZADOS.

La Comisión, por mayoría de votos (seis a favor y cuatro en contra) acordó eliminar los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, y el título que los antecede, cuyo tenor es el siguiente:

“Título II

Acción especial de no discriminación.

Artículo 4°.-Sin perjuicio de las acciones especiales que procedan, el directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de 30 días hábiles, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento ciertos de los mismos, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Artículo 5°.-Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Esta dispondrá el plazo de diez días hábiles para formular observaciones.

Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

Un autoacordado de la Corte Suprema regulará los demás aspectos necesarios, para la debida sustanciación de esta acción.

Artículo 6°.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Corte de Apelaciones respectiva en su sentencia, adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil competente, en procedimiento breve y sumario.

Artículo 7°.-Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema.

Artículo 8°.-En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3° de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 UTM.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con la multa establecida en el inciso anterior.”

Dio por rechazado también el artículo 9º del mensaje, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 9°.-Incorpórase al artículo 12 del Código Penal, el siguiente numeral 21 nuevo:

“21ª Cometer el delito por una motivación discriminatoria fundada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual.”.”.

En su reemplazo aprobó diversas modificaciones al Código Penal, ya señaladas más arriba.

INDICACIONES RECHAZADAS.

1.De los diputados señores Fulvio Rossi, Enrique Accorsi, Antonio Leal, y señoras Carolina Tohá y María Antonieta Saa, para agregar un artículo 10 del siguiente tenor:

Modifícase el D.F.L. 1 de 1994 que fija el texto, refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, de la siguiente forma:

Agréganse los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo al artículo 2°:

"Se presumirá que el oferente o eventual empleador incurre en causal de discriminación si solicita al postulante a un empleo antecedentes o información sobre su raza, edad, estado civil, sexo, sindicación, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, salvo en los casos contemplados en el inciso quinto.

"Sin perjuicio de la anterior, siempre se podrá consultar acerca del cumplimiento de requisitos de edad mínima establecidos en este Código".

"La violación de lo dispuesto en los dos incisos anteriores generará la responsabilidad civil correspondiente, pudiendo la persona perjudicada solicitar a los tribunales del trabajo la reparación del daño causado.".

Esta indicación fue rechazada por unanimidad, por estimarse que la materia ya estaba legislada.

2.Del diputado señor Enrique Accorsi para eliminar los artículos 305, 306 y 431 bis, del Código Penal, que se propone agregar al Código Penal en el artículo 8º del proyecto.

Esta indicación fue rechazada por mayoría de votos (cinco a favor y seis en contra).

NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

En el artículo 5º del proyecto se propone una norma que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual de acuerdo con el inciso segundo del artículo 63, de la Constitución debe ser aprobado por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio, ya que incide en las normas generales y conceptos de dicho cuerpo legal.

El proyecto aprobado por la Comisión no contiene normas que requieran de quórum calificado.

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Con el mérito de las consideraciones expuestas y de los antecedentes que pueda entregar el señor Diputado informante, la Comisión prestó su aprobación al siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales en que Chile sea parte.

Artículo 2°- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal, deberá cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó y no podrá derivar, en su aplicación, en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales.

Asimismo, el contenido de las medidas que el Estado adopte en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana.

Artículo 4°.-No se considerarán discriminatorias las siguientes conductas:

a) Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada;

b) En el ámbito de la educación, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad;

c) Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales;

d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

e) En general, todas las que no tengan el propósito de suprimir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Artículo 5°.- Agrégase al inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, entre los vocablos "paz" y "estimular", la frase: "y la no discriminación".

Artículo 6º.- Agrégase en la letra l) del artículo 78 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras "acoso sexual" la expresión "y la discriminación", y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo del Código del trabajo “ por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 3º de la Ley que establece medidas contra la discriminación.”

Artículo 7º.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras "acoso sexual" las siguientes: "y la discriminación" y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2ª, inciso segundo del Código del trabajo” por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”

Artículo 8°.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase al artículo 12, el siguiente numeral:

"20º Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria.”

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y los siguientes artículos:

"1 bis. "De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos"

"Artículo 137 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.".

"Artículo 137 ter. Para los efectos de las disposiciones de este Código y leyes especiales, se entenderá por discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad o cualquiera otra condición y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana."

"Artículo 137 quater. Incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de veintitrés a cuarenta y seis Unidades Tributarias Mensuales el que, en el ejercicio de actividades profesionales, o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo anterior respecto de una persona natural o jurídica, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el artículo precedente.".

3.- Añádese un artículo 157 bis nuevo del siguiente tenor:

"Articulo 157 bis. El empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa actos de discriminación respecto de una persona natural o jurídica, consistentes en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derechos, subordinarlo a la concurrencia o ausencia de algunos de los motivos de discriminación señalados en el artículo 137 ter, o en impedir arbitrariamente, por tales motivos, el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo.".

4.- Agrégase el siguiente artículo 294 bis:

"Artículo 294 bis. Son punibles las asociaciones que inciten o promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones, o contra sus bienes, en razón de cualquier discriminación de las señaladas en el artículo 137 ter.

A los fundadores, a quienes ejercieren mando o aportaren capital a la organización, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.

A los demás miembros activos se impodrá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.".

5.- Introdúcese un nuevo Párrafo 13 en el Titulo VI del Libro II del Código Penal, y los artículos 305 y 306 siguientes:

"13. Incitación al odio y la hostilidad con fines discriminatorios.

"Artículo 305. El que en público, verbalmente o por medio de escritos o imágenes, incite al odio, 1a hostilidad o la violencia en contra de las personas o llame al empleo de medidas arbitrarias de discriminación en su contra, tales como las señaladas en el artículo 137 ter, será penado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a doce ingresos mínimos.".

"Artículo 306. Se castigará con igual pena al que, por razones distintas de una información objetiva, haga llegar, a personas que no lo hayan solicitado, objetos o textos que contengan expresiones de contenidos indicado en el artículo anterior o los difundan o tengan en su poder con el propósito de difundirlos.".

6.- Agrégase el siguiente artículo 431 bis:

"Artículo 431 bis. El que de palabra o por escrito, se manifieste de manera injuriosa en contra de la dignidad de una o más personas, por razones de discriminación señaladas en el artículo 137 ter, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a diez ingresos mínimos.".

Artículo 9°.- Reemplázase el artículo 8º de la ley 19.253, por el siguiente:

“Artículo 8º.- Se considerará simple delito la discriminación manifiesta e intencionada en contra de los indígenas, en razón de su origen y su cultura. El que incurriere en esta conducta será sancionados con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a veinte ingresos mínimos mensuales.”

*****

Se designó Diputado Informante al señor Eduardo Díaz del Río.

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 13 y 20 de abril y 4, 10 y 18 de mayo de 2005, con asistencia de los Diputados señores Sergio Aguiló Melo (Presidente), Enrique Accorsi Opazo, Eduardo Díaz del Río; Sergio Ojeda Uribe, Osvaldo Palma Flores, Fulvio Rossi Ciocca; Felipe Salaberry Soto; Ignacio Urrutia Bonilla; Alfonso Vargas Lyng, Edmundo Villouta Concha y Gastón von Mühlenbrock Zamora y de la Diputada señora Marcela Cubillos Sigall, miembros titulares de la Comisión y del diputado señor Antonio Leal Labrín y diputadas señoras María Antonieta Saa Díaz y Carolina Tohá Morales.

Sala de la Comisión, 18 de mayo de 2005.

JOSÉ VICENCIO FRÍAS

Secretario Abogado de la Comisión

NORMATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. Primer trámite constitucional.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación.

Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos , Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Eduardo Díaz.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 3815-07, sesión 54ª, en 22 de marzo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 2.

-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 1ª, en 7 de junio de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 12.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor diputado informante.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que establece medidas contra la discriminación, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República .

La idea matriz central que inspira el proyecto contenido en el mensaje es la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona (artículo 1º), para cuyo efecto define el concepto de discriminación (artículo 3º), establece una acción especial y el procedimiento para denunciar los actos de discriminación arbitraria (artículos 4º y siguientes) y en el orden penal incorpora al Código Penal la agravante de cometer el delito por una motivación discriminatoria (artículo 9º).

Además encarga al Estado la elaboración de políticas y acciones necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades, pudiendo establecer distinciones y preferencias destinadas a promover y a fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas (artículo 2º).

Para ello, la Comisión agrega al mismo artículo los requisitos que deben cumplir dichas preferencias excepcionales.

La Comisión rechazó los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del mensaje, que regulaban una acción especial para denunciar actos de discriminación y su procedimiento, y el artículo 9º, que introducía en el Código Penal la agravante de discriminación.

Dado que la Comisión suprimió todo lo relativo a la acción especial por discriminación y su procedimiento, a continuación describiré las disposiciones aprobadas por la Comisión que, a partir del artículo 4º, agregan nuevas formas, que siguen la idea central del proyecto, para prevenir o eliminar los actos de discriminación; señala las conductas que no se considerarán discriminatorias e introduce modificaciones a la ley orgánica constitucional de Enseñanza con el objeto de promover la no discriminación, a la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y a la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, con el propósito de establecer la prohibición de discriminar a todo funcionario público.

El artículo 8º, aprobado por la Comisión, incorpora diversas modificaciones al Código Penal, que sancionan diferentes conductas discriminatorias, como señalaré más adelante.

Fundamentos de la iniciativa legal.

En el mensaje se expresan los siguientes:

El Estado tiene el deber primordial de estar al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, asegurando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, al comprometerse a reconocer y respetar la dignidad intrínseca y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, derechos entre los cuales se encuentra la no discriminación, fue un pilar histórico que es recogido en múltiples convenios internacionales, en los que, en su mayoría, nuestro país tiene la calidad de Estado parte.

La consagración a nivel constitucional de los motivos o factores que pueden llevar a discriminar, no parece ser la única fórmula jurídico legislativa para tutelar adecuadamente el principio de no discriminación arbitraria, pues se constata que las constituciones que lo consagran sólo se limitan a enumerar, incluso de manera no coincidente, alguna forma de discriminación, pero no necesariamente establecen una acción general o especial de protección.

Entonces, resulta pertinente considerar otras alternativas de reglamentación que, sin introducir una modificación en la Constitución, otorgue un tratamiento integral y más efectivo a la no discriminación.

La regulación a nivel legal y no constitucional, en el caso de nuestro país, se ha implementado, por ejemplo, a favor de los discapacitados. A nivel procesal sucede lo mismo con numerosos recursos especiales que tienen origen legal, como el denominado “amparo económico”.

A partir de dichos precedentes no se divisan razones para impedir que se regule, por vía meramente legal, el mecanismo idóneo para proteger el principio de la no discriminación. Por el contrario, la dinamicidad que suponen las normas de rango legal permitirá una constante reformulación del contenido normativo del principio, acorde con los avances del mundo moderno. Ello no sucedería con una norma de rango constitucional.

La mayoría de la población de Chile está formada por niños, niñas, adolescentes y mujeres. Ellos representan el 83,25 por ciento de la población. Los adultos mayores constituyen el 11,4 por ciento. Si sumamos estos dos grupos, tenemos que el 94 por ciento de la población está conformado por sectores considerados paradójicamente como minoritarios, y son los que se encuentran en mayor riesgo de ser objeto de alguna forma de violencia o de discriminación.

Desde principios de la década pasada nuestro país ha experimentado importantes cambios tendientes a la adecuación de nuestras instituciones al sistema democrático y al principio del respeto irrestricto de dichos grupos.

Pese a los avances, por distintas razones, sectores de nuestra sociedad siguen siendo vulnerados por conductas discriminatorias e, inclusive, violentas.

En los resultados de la encuesta aplicada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, y la Fundación Ideas se percibe una tensión y una distancia entre lo que se dice y lo que se practica realmente en la vida cotidiana. Se constata la presencia de un discurso crecientemente tolerante, junto a conductas abiertamente discriminatorias.

Todo lo anterior, termina diciendo el mensaje, da cuenta de la necesidad de profundizar nuestra modernización política y económica, complementando los logros alcanzados con mecanismos jurisdiccionales que permitan lograr la vigencia efectiva del principio de no discriminación.

El proyecto tiene por finalidad, precisamente, resguardar en el ordenamiento jurídico la no discriminación arbitraria, de forma tal de garantizar en mejor forma la igualdad ante la ley y el reconocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

La discriminación arbitraria.

El mensaje, en lo relativo al concepto de discriminación arbitraria, que se define en el artículo 3º, señala que ha utilizado cuatro variables.

La primera es la definición de las modalidades que pueda adoptar la discriminación arbitraria. Esta se puede traducir en distinciones, en exclusiones, en restricciones o en preferencias. Cualquiera de estas modalidades se puede realizar por acción u omisión. Se busca con esta amplitud evitar que se alegue no discriminación fundado en que no hay una diferenciación.

La segunda variable tiene por objeto acotar más este tipo de discriminación. Esta debe basarse en un criterio de distinción, exclusión, restricción o preferencia. Dichos criterios están en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el Código del Trabajo como en el Estatuto Administrativo. Pero se han incorporado otros, atendidos los nuevos desafíos que plantea la ciencia, como es la estructura genética. Todos estos criterios son condiciones individuales o sociales que remarcan algún grado de identidad.

La tercera variable que utiliza el proyecto para definir la discriminación arbitraria se refiere a que la calificación de la conducta discriminatoria no está asociada a un resultado determinado.

La cuarta variable es que se exige que la discriminación debe ser arbitraria. No se exige, por tanto, la ilegalidad como factor de configuración, sino que la falta de fundamento o de proporcionalidad o de desviación de fin.

Basta con que la conducta sea calificada de arbitraria, cuestión que corresponde al juez construir caso a caso, conforme a la investigación que realice, para que estemos frente a un acto u omisión ilegítimo.

El mensaje también contemplaba una acción especial de no discriminación.

El proyecto del Ejecutivo proponía establecer una acción para reclamar por las acciones discriminatorias arbitrarias. Según el mensaje, con ello se buscaba asegurar la materialización del mandato de no discriminar.

Como lo señalé con anterioridad, la Comisión, fundada en diversos antecedentes, suprimió todo lo relativo a esta acción especial.

El informe consigna una síntesis de las opiniones y proposiciones entregadas a la Comisión por los invitados al debate de la iniciativa. Me remitiré a señalar las principales opiniones que inciden en las modificaciones que la Comisión introdujo al proyecto contenido en el mensaje.

El señor Francisco Estévez , director de la Fundación Ideas , luego de manifestar su opinión favorable a una legislación de esta naturaleza y estimarla un avance, propuso introducir las siguientes enmiendas:

1. Agregar en el inciso primero del artículo 1º la palabra “arbitraria” a continuación del término “discriminación”.

2. Agregar el siguiente inciso nuevo al artículo 1º:

“No se considerarán conductas discriminatorias las distinciones basadas en conocimientos especializados o experiencia previa para desempeñar una actividad que requiera de una calificación determinada.”.

La abogada Patricia Palacios , investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hizo una extensa exposición sobre el marco teórico en materia de discriminación, especialmente en el ámbito de los tratados internacionales, analizando las obligaciones del Estado en el derecho internacional de los derechos humanos; el concepto de igualdad y el derecho de no discriminación; los criterios de diferenciación objetivos y razonables, y respecto de las medidas especiales de la denominada “discriminación positiva”.

En cuanto a la disposición consultada en el inciso segundo del artículo 2º, propuso que, para mayor precisión, se deberían detallar los requisitos propuestos por Anne Bayefsky , académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, para que una medida especial se considere legítima. Tales requisitos, que en definitiva fueron acogidos, serían los siguientes:

1. Que el propósito de la medida sea asegurar el avance del grupo o persona para efectos de asegurar el igual disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales, o sea, el aceleramiento de la igualdad de facto.

2. Que la medida tenga carácter temporal.

3. Que la aplicación de la medida cese en cuanto se logre el objetivo que la justificó.

4. Que la medida no resulte en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales o separados.

En relación con el artículo 3º, señaló que la norma debería explicar que la arbitrariedad de la distinción se da por la ausencia de una justificación que es objetiva, razonable, proporcional y que tiene una finalidad legítima de acuerdo con la normativa sobre derechos humanos.

El señor Francisco Fernández , presidente de la Comisión de Defensa Ciudadana, señaló su apreciación positiva respecto del proyecto y se refirió, en particular, al mecanismo jurisdiccional para velar por el respeto del principio de no discriminación, así como por la definición del concepto de discriminación que se hace en el artículo 3º.

El señor Rolando Jiménez , representante del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh, intervino para manifestar su acuerdo con la dictación de una legislación de la naturaleza del proyecto en informe, en razón de que los integrantes del movimiento que representa eran objeto de actos discriminatorios en lo educacional, en lo laboral, en lo sanitario y en lo policial.

El señor Hugo Rojas Corral, abogado y profesor investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, sugirió revisar el contenido del proyecto y modificar aquellos aspectos que parecieran no estar suficientemente bien abordados y complementarlos con otras iniciativas u organismos.

Así, por ejemplo, respecto del artículo 2º del proyecto opinó que no se determina con precisión la o las entidades que han de ser responsables de tal coordinación y sistematización de políticas públicas que hagan efectiva la aspiración de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.

Agregó que existe cierto consenso entre los investigadores que se han dedicado al tema de acoger la propuesta del Gobierno sobre lo que se debe entender cuando se utiliza el vocablo “discriminación”, que coincide con el recogido en el proyecto de ley en su artículo 3º.

Sostiene que si realmente se quiere condenar hechos que atenten contra la dignidad de las personas y el orden público, en los cuales hubiera habido dolo por parte del infractor, lo que corresponde es configurar uno o más tipos penales que sancionen acciones u omisiones graves; en el caso de haber concurso aparente de delitos, la ley que proteja más eficazmente el bien jurídico vulnerado ha de primar; es necesario contemplar una agravante de responsabilidad penal con carácter general para todos los delitos en los que haya habido un motivo discriminatorio.

Don Pablo Paredes , abogado, invitado al debate, también recomienda rechazar la idea de legislar, manifestándose partidario de rescatar la norma que establece la discriminación como agravante en la comisión de un delito y de legislar sobre la base del proyecto consultado en el boletín Nº 2142-17, de iniciativa del ex diputado señor Gutenberg Martínez .

Don Juan Antonio Montes , en representación de la Asociación Acción Familia, ve con profunda preocupación el proyecto en informe. Al respecto, después de señalar que las jurisprudencias extranjeras invitan a la cautela, expone opiniones expresadas en el ámbito internacional acerca del principio de “no discriminación”, y estima que este concepto puede ser un arma moldeable en las manos del poder político, quien decide qué reivindicaciones y qué minorías serán objeto de su preocupación. Por lo tanto, pide el rechazo del proyecto.

Don Miguel Ángel Fernández González , profesor de derecho constitucional de las universidades Católica, de Chile y de Los Andes, remitió un documento requerido por la Comisión al director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, acerca del análisis de constitucionalidad del proyecto.

Después de glosar el contenido del proyecto y las fundamentaciones que se exponen en el mensaje de su excelencia el Presidente de la República , el profesor Fernández , para hacer la evaluación de la iniciativa, se explaya en una extensa disquisición acerca del principio constitucional de igualdad y su conceptualización y requisitos, terminando por estimar que en ese punto se halla el reproche de constitucionalidad más severo que cabe formular al proyecto en informe.

Oficio de la Corte Suprema.

La Corte Suprema, por oficio Nº 58, de 3 de mayo de 2005, respondiendo a la honorable Cámara, manifiesta su opinión respecto de esta iniciativa, en los siguientes términos:

El voto de mayoría acordó informar desfavorablemente el proyecto en atención a que nuestra Carta Fundamental establece, como derecho esencial de la persona humana, en el artículo 19, número 2º, la igualdad ante la ley.

En este sentido, el tribunal sostiene que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo.

El voto de minoría fue de opinión de acoger favorablemente el proyecto por estimar que la iniciativa resultaría un complemento necesario al derecho constitucional de igualdad ante la ley y la prohibición que se le impone a la ley o cualquiera autoridad para establecer diferencias arbitrarias.

Opiniones contenidas en el informe del proyecto originado en moción del ex diputado señor Gutenberg Martínez , boletín 2142-17, sobre la misma materia.

En razón de que el énfasis del proyecto en informe apunta a describir figuras penales de discriminación y su respectiva sanción, como queda aprobado por la Comisión, que coinciden con el proyecto originado en moción del ex diputado señor Gutenberg Martínez sobre la misma materia, el cual en su oportunidad informó favorablemente en primero y segundo trámite reglamentarios a esta misma Comisión, parece procedente agregar a este informe algunas opiniones vertidas en esa ocasión.

El profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, don Manuel de Rivacoba , al plantearse en el seno de la Comisión hasta qué punto se puede legislar y si está nuestra sociedad preparada para abarcar todos estos aspectos o si esta modificación sólo debe ser limitada, sostuvo que decir que nuestra sociedad no está preparada para este tipo de reformas es suponer y proclamar que es una sociedad inferior, si bien no en capacidad intelectual, sí inferior en desarrollo cultural, lo cual cree que nadie querría reconocer. Quizás la sociedad chilena está atrasada tecnológicamente por razones económicas o de otra índole, pero en cuestiones de valoraciones o de concepción del mundo no lo cree, porque es más o menos tributaria de las mismas concepciones filosóficas, políticas y valóricas que han conformado la cultura de los pueblos y naciones a la cual pertenece. Entonces, hay que buscar una fórmula lo más genérica y amplia posible, con el riesgo de equivocarse, en que quepan todas las formas de discriminación. No hay que ser experto en la materia para saber, por ejemplo, que a la mujer embarazada se le discrimina en la obtención del empleo por esa circunstancia. Tal vez, mañana, producto de la tecnología, aparezcan nuevas formas de discriminación que ahora no existen, por lo que se deben buscar fórmulas amplias.

En el trabajo realizado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, que dio lugar al proyecto de ley en comento, se expresa que lo fundamental fue tipificar un delito que en Chile no existe como en los países desarrollados, que es la discriminación y el racismo.

Sobre la necesidad de legislar en esta materia, en el informe anterior se llegó a la conclusión de que nuestro país es discriminador en muchos casos. Según un estudio de la Universidad de Chile, ante la pregunta de una encuesta sobre si somos un “país jaguar” porque no hay negros, un 22 por ciento respondió afirmativamente. Se señaló que si ese porcentaje hubiera sido de 6 por ciento en la Alemania de hoy, hubiera explotado un escándalo en el Parlamento. La discriminación es una cosa que tenemos a flor de labios y se dijo que no sólo los judíos eran exclusivamente discriminados. Se ejemplificó con el caso de los italianos y de la colonia árabe. En el caso de la comunidad coreana, se relataron cosas que resultan trágicas, como que en el Chile de hoy no pueden ser ellos mismos, toda vez que todos sus hijos menores, por ejemplo, han debido cambiar sus nombres porque son motivo de burla.

Algunos datos de la citada encuesta llevan a concluir que en Chile hay discriminación, no como la que existe en Europa, que es una discriminación activa, violenta, consciente, sino que más bien se trata de una discriminación inconsciente, silenciosa y que se mantiene oculta. El problema es reconocer que esta discriminación existe y que Chile es un país muy discriminador.

En un mundo globalizado y moderno, donde Chile pretende insertarse y relacionarse con otras naciones, no podemos seguir teniendo los porcentajes de discriminación referidos en la encuesta citada. Lo anterior es grave y es imposible que nos podamos relacionar en el mundo de la política, del desarrollo o de los negocios, cuando no somos capaces de aceptar las diferencias y tampoco somos tolerantes.

Hace falta que se consulte un delito cuanto mejor estructurado y tipificado, que establezca las actividades discriminatorias de cualquier índole. Por las estadísticas de la encuesta que se señalaron, se ve que la discriminación es muy variada, y aunque no haya estadísticas, basta la envidia cotidiana o andar por la calle y conversar con la gente para, según ellos, darse cuenta de que la sociedad es altamente discriminatoria, a veces sin darse cuenta.

Legislación comparada.

La legislación comparada revela una enérgica reacción de la comunidad internacional para afrontar en su germen el clima criminógeno que emana de las acciones discriminatorias.

La discriminación en nuestro país, en diversos terrenos de la vida social, económica y cultural en contra de las etnias indígenas, apenas amparados por una ínfima disposición penal entre las faltas -artículo 8º de la ley indígena-, respecto de “los actos manifiestos de discriminación en razón de su origen y cultura”, es un caldo de cultivo para la violencia. No es por azar que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su informe del período 1992 a 1998, haya instado a nuestro país a que adopte las medidas que aseguren la creación de la hasta hoy inexistente penalización de las conductas racistas y xenofóbicas. El proyecto de ley que informa esta comisión es la respuesta adecuada a tan urgente requerimiento.

Se analizan algunos casos de legislación extranjera, como los tratados internacionales, en que el establecimiento del principio de no discriminación se utiliza como un criterio orientador de toda la legislación nacional y se ve reforzado a partir de la vasta legislación internacional que se ha ido configurando al concluir la segunda guerra mundial, y que puede ser aprovechada en nuestro país gracias a lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política.

Es importante destacar que muchos países incluyen en sus constituciones políticas algunas disposiciones que prohíben en términos generales la discriminación, declarando la igualdad de todos los seres humanos ante la ley.

En el derecho constitucional comparado es posible, sin embargo, encontrar ejemplos de mayor especificidad en cuanto a los resguardos de los ciudadanos frente a las acciones u omisiones discriminatorias en contra de una persona o grupo social.

Por ejemplo, en las constituciones de Italia, Alemania, Francia, Venezuela, España , Portugal , Colombia, Puerto Rico y Brasil se reconoce explícitamente el contenido del principio de la no discriminación arbitraria, prohibiendo las discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social, entre otras circunstancias personales o sociales.

En el informe se encuentran distintas legislaciones de otros países.

Me referiré a continuación a la normativa aprobada por la comisión.

Como se expresó en las constancias previas, el proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos.

La comisión introdujo al proyecto diversas modificaciones al Código Penal que paso a explicar.

En primer término, se adiciona la enumeración de las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, establecida en el artículo 12 con la de “cometer el delito motivado por discriminación arbitraria”.

En segundo lugar, se agrega al Título III del Libro II que trata “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución”, un párrafo 1 bis nuevo denominado “De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos”.

Dentro de este párrafo nuevo se castiga con reclusión menor en sus grados mínimo a medio, esto es, de 61 días a tres años, al que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas (artículo 137 bis).

Enseguida se determina lo que deberá entenderse por discriminación para los efectos del Código Penal y leyes especiales, precisándose que “se entenderá por discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad o cualquiera otra condición y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana” (artículo 137 ter).

Esta disposición repite, aunque no en idénticos términos, lo preceptuado en el artículo 3º del proyecto.

Más adelante se sanciona con pena corporal y multa “al que, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo anterior respecto de una persona natural o jurídica, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación” (artículo 137 quater del Código Penal).

También se castiga “al empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa actos de discriminación respecto de una persona natural o jurídica, consistentes en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derechos, subordinarlo a la concurrencia o ausencia de algunos de los motivos de discriminación señalados en el artículo 137 ter, o en impedir arbitrariamente, por tales motivos, el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera, con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo” (artículo 157 bis).

Se declaran punibles “las asociaciones que inciten o promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones, o contra sus bienes, en razón de cualquier discriminación de las señaladas en el artículo 137 ter. A los fundadores, a quienes ejercieren mando o aportaren capital a la organización, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. A los demás miembros activos se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio” (artículo 294 bis).

Se crea, asimismo, un párrafo 13 en el Título VI del Libro II del Código Penal bajo el epígrafe de “Incitación al odio y la hostilidad con fines discriminatorios”.

Finalmente, el artículo 9º del proyecto reemplaza el artículo 8º de la ley Nº 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, con el objeto de elevar a la categoría de simple delito, que se castigará con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa, el acto de discriminar manifiesta e intencionadamente a un indígena en razón de su origen y cultura. Esta conducta sólo se sancionaba como falta.

El detalle de la discusión particular del proyecto figura en el informe en forma detallada y me remito a él para su análisis.

El artículo 5º contiene una norma que modifica la ley orgánica constitucional de Enseñanza, la que, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política, debe ser aprobada por los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio, ya que incide en normas generales y conceptos de dicho cuerpo legal.

El proyecto aprobado por la Comisión no contiene normas de quórum calificado.

Como lo dije en su oportunidad, el proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos, no obstante que varias indicaciones al proyecto del Ejecutivo fueron aprobadas por unanimidad, como se puede comprobar en la relación de la discusión particular del informe.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Restan cuatro minutos para el término del Orden del Día.

Tiene la palabra el diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente , sólo para decir que, atendida la importancia de este proyecto, deberíamos dejar pendiente su discusión, porque varios parlamentarios tenemos mucho interés en intervenir. Lamentablemente, se acabó el tiempo.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

Señor diputado , es absolutamente imposible discutir el proyecto en esta oportunidad.

Tiene la palabra el diputado señor Bustos.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, ya que se han presentado varias indicaciones es mejor enviar de vuelta el proyecto a la Comisión y posteriormente la debatamos a fondo en la Sala.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el ministro secretario general de Gobierno , señor Osvaldo Puccio.

El señor PUCCIO ( ministro secretario general de Gobierno).-

Señor Presidente , trataré de hacer gala de mi poder de síntesis, aprovechando la extraordinaria asistencia de este momento, que me complace y halaga, luego de haber estado una larga jornada casi solito en la Sala.

Permítanme hacer un par de consideraciones personales. Ésta es mi primera actuación como ministro en que me toca hablar en esta casa y la casualidad ha querido que sea para referirme a un proyecto de gran importancia, de profundo significado y de enorme sentido, como es éste relativo a la discriminación arbitraria.

Se trata de una iniciativa que ha ido aunando ideas, voluntades, deseos y aspiraciones desde principios de 1990. Desde luego, recordamos el proyecto inicial del diputado Gutenberg Martínez y otras iniciativas de diversos parlamentarios, que constituyeron hitos fundamentales para poner este tema en la agenda política.

En esta Corporación se discuten proyectos que tienen por finalidad hacer mejor a Chile, perfeccionar las condiciones y las reglas de su economía, sus instituciones y las formas de su convivencia social.

Pero este proyecto es distinto, porque va más allá: tiene que ver con humanidad, con la forma en que en nuestra sociedad una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, un hombre con una mujer, cualquier ciudadano con otro ciudadano se puedan mirar a los ojos y decirse, sin vergüenza: “Tú eres mi igual, tu dignidad es exactamente igual a la mía, no sólo en la letra, sino también en la práctica cotidiana de mi conducta personal”.

De eso se trata este proyecto, y por eso es importante que sea discutido, debatido, reflexionado y perfeccionado en esta Sala y también en la Comisión. No debemos dejar de pensar un solo minuto que estamos discutiendo sobre humanidad y dignidad, y que lo que estamos decidiendo dice relación exactamente con eso.

Por eso, creemos que es importante reponer algunos aspectos del proyecto inicial, como la definición de discriminación, la acción civil y las agravantes de la pena, para hacer de esta iniciativa una declaración de principios en cuanto a que en Chile no se discrimina a nadie, por ningún motivo ni bajo circunstancia alguna.

Para concluir mis palabras, quiero agradecer la paciencia y la atención de los parlamentarios y pedirles que como representantes del soberano aquí reunidos sean ustedes los que entreguen a ese soberano un país más digno y sin discriminación.

Muchas gracias, señor Presidente.

-Aplausos.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día.

Pido disculpas a la ministra, señora Cecilia Pérez, a quien no voy a poder ofrecer la palabra en esta oportunidad.

Quedan inscritos los diputados señores Riveros, Ojeda, Leal; las diputadas señoras Vidal y Tohá, y los diputados señores Meza, Bustos y Rossi.

El señor Secretario tomará nota de los diputados que quieran inscribirse a continuación o, si así lo desean, en la sesión en la cual continuaremos con la discusión del proyecto.

NORMATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. Primer trámite constitucional.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

En el Orden del Día, corresponde continuar el tratamiento del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y originado en mensaje, con urgencia calificada de simple, que establece medidas contra la discriminación.

El informe fue rendido en la sesión pasada de 7 de junio.

Se encuentran inscritos para intervenir los diputados señores Ignacio Urrutia, Edgardo Riveros, Sergio Ojeda, Rodolfo Seguel, Antonio Leal; las diputadas señoras Ximena Vidal, Carolina Tohá, María Antonieta Saa y los señores diputados Guillermo Ceroni, Fernando Meza, Juan Bustos, Fulvio Rossi y Carlos Abel Jarpa.

Pero previamente, tiene la palabra la ministra del Sernam, señora Cecilia Pérez.

La señora PÉREZ, doña Cecilia ( ministra del Servicio Nacional de la Mujer ).-

Señor Presidente , quiero llamar la atención de la Cámara para señalar que el proyecto que nos convoca esta tarde es, sin duda, un avance enorme en el proceso de profundización de la democracia. A partir del retorno de la democracia, Chile ha ido ratificando una serie de instrumentos internacionales, obligándose a promover y garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En cumplimiento de ello, se han hecho importantes cambios institucionales, políticos y legislativos, tendientes a adecuar las instituciones al sistema democrático y al principio del respeto irrestricto de los derechos humanos de hombres y mujeres. Entre otras cosas, por ejemplo, en el ámbito institucional, en los últimos quince años se han creado instituciones como el Servicio Nacional de la Mujer, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Instituto Nacional de la Juventud, el Fondo Nacional de la Discapacidad, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y otras iniciativas, que dan cuenta del compromiso real de los gobiernos en generar mecanismos institucionales, sectoriales, políticos y legales tendientes a eliminar las brechas existentes basadas en la discriminación, la intolerancia y en la falta de respeto por el otro.

Sin embargo, pese a estos avances, algunos sectores de nuestra sociedad, como las mujeres, siguen siendo discriminadas en la vida cotidiana. Por ejemplo, con prejuicios vinculados a las relaciones respecto del poder masculino sobre lo femenino; con valoraciones sobre la maternidad, con las cuales, a veces, se pretenden fundamentar desigualdades en materia de acceso al empleo y con la brecha salarial y los mayores costos en salud.

El estado democrático no puede estar ajeno a ello y debe generar conciencia colectiva sobre la importancia del valor del respeto a la tolerancia y la no discriminación, pero también tiene la responsabilidad de adoptar medidas concretas en ese sentido.

El mensaje enviado por el Gobierno apunta a entregar un mecanismo eficiente, una acción judicial a la ciudadanía para garantizar el derecho a un trato digno y no discriminatorio; una acción civil para proteger a las personas contra conductas lesivas a la igualdad y a la dignidad. Por eso, valorando el aporte, el compromiso y la vocación manifestada por la Comisión de Derechos Humanos, estimamos que el texto aprobado por 6 votos contra 4 votos, en que finalmente se suprimió la acción civil y el procedimiento, limitando el proyecto a una sanción penal, resulta aún insuficiente para dar una adecuada respuesta a este tema. Si bien el reproche penal es una clara manifestación de rechazo a las conductas que se intenten erradicar de nuestra cultura no parece ser la respuesta más eficiente que puede ofrecer el sistema; precisamente porque aún no existe conciencia social ciudadana respecto de las conductas discriminatorias. Se debe considerar que estas conductas se manifiestan de diversas formas y de distinta naturaleza. Sólo plantearé algunos ejemplos de los cuales hemos sido testigos en el país:

La acción de incendiar, por motivos homofóbicos, un local frecuentado por homosexuales; la expulsión de estudiantes por el solo hecho de usar aros; la brecha salarial de las mujeres por igual trabajo y cargo; el no suministrar un servicio social a un inmigrante; la prohibición del ingreso a lugares públicos a personas de ciertas etnias o que una persona no sea contratada en un trabajo por el simple hecho de vivir en un lugar específico de la ciudad o por su origen.

Entonces, para nosotros es fundamental mantener la acción civil contenida en el proyecto original enviado por el Ejecutivo. Ese mecanismo judicial permite reclamar de cualquier acción u omisión discriminatoria cometida por el Estado o por privados; que sea arbitraria, es decir, que no responda a criterios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad entre la finalidad y el medio empleado.

El principal argumento esgrimido en la discusión de la Comisión para rechazar el párrafo que contenía esta acción civil y su procedimiento, fue que nuestro ordenamiento ya cuenta con diversos mecanismos jurídicos que amparan a los ciudadanos y ciudadanas ante una conducta discriminatoria, lo cual haría innecesaria esta iniciativa legislativa.

Sin pretender ser exhaustiva, haré hincapié en algunos aspectos que nos parecen relevantes.

Efectivamente, la Constitución Política, en el artículo 19, enumera y garantiza veintiséis derechos y establece, en su artículo 20, una acción o recurso de protección en el sentido de facultar a las personas para recurrir ante la corte de apelación respectiva en el evento de que, por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de esos derechos y garantías.

Sin embargo, debemos decir que el recurso de protección ampara sólo un conjunto restringido de garantías, a diferencia de la acción de no discriminación propuesta en el proyecto, que ampara el principio de igualdad y no discriminación como un derecho autónomo, independiente de otras garantías constitucionales.

Pareciera, de la simple lectura de los derechos garantidos por la Constitución, que éstos estarían debidamente protegidos por el recurso de protección. Sin embargo, como se ha dicho antes y se incluyó en el informe, tan insuficiente ha demostrado ser en la práctica que en la víspera del fin de la dictadura militar, exactamente el 10 de marzo de 1990, se publicó la ley Nº 18.971, que creó un recurso especial, conocido como “recurso de amparo económico” justamente, a fin de proteger las infracciones al artículo 19, Nº 21º, de la Carta Fundamental, que expresamente estaba garantizado por el recurso de protección.

A mayor abundamiento, el recurso de protección y su aplicación han sido objeto de estudios que demuestran lo señalado en orden a no ser una herramienta del todo eficiente para garantizar la no discriminación. Y quisiera, muy rápidamente, aportar algunos antecedentes emanados de, al menos, los dos estudios más importantes y recientes que en esta materia hemos realizado en Chile.

En primer lugar, el estudio sobre la acción de privados y las agencias públicas, de 1998, elaborado por el destacado académico y hoy director del Centro de Estudios de las Américas , Juan Enrique Vargas, que concluye en que, de un total de tres mil trescientos fallos sobre recursos de protección, dictados entre 1990 y 1995, el derecho de propiedad aparece como fundamento único o conjunto del recurso en dos mil sesenta y dos causas, es decir, sobre el 65 por ciento de los fallos tenía como fundamento el derecho de propiedad. Precisamente, el concepto de derecho de propiedad es extendido por esta vía, al punto de llegar a ser sinónimo de cualquier derecho subjetivo, es decir, sea o no garantía constitucional, desvirtuándose, de esta manera, el objetivo del recurso de protección en materia de cautelar y garantizar los bienes públicos.

Otra conclusión de este estudio es que de esta forma el recurso de protección no sería un instrumento específico para determinar o para defender derechos constitucionales y menos declararlos, sino que es eficaz sólo en procesos de urgencia para evitar actos ilegales o arbitrarios básicamente de carácter contractual.

El estudio señala, además, que el 85 por ciento de los fallos no contiene razonamiento alguno sobre los derechos constitucionales. Por lo tanto, no contribuye a la protección, a la garantía ni a entregar a la sociedad señales disuasivas en contra de conductas discriminatorias.

Otro estudio al que quiero hacer mención es, justamente, el encargado por el Servicio Nacional de la Mujer a la Universidad Diego Portales, en 1999, sobre jurisprudencia en recursos de protección interpuestos en situaciones de discriminación que afectan a mujeres. Este estudio arrojó, como resultado, básicamente, que entre 1990 y 1998 hubo más de diez mil recursos interpuestos, de los cuales sólo el 1,3 por ciento podría corresponder a situaciones de discriminación. De éstos, que corresponden a ciento cuarenta y seis casos, sólo el 29 por ciento fue acogido, el 18 por ciento fue rechazado, por extemporáneo, y el 85 por ciento también fue rechazado, pero por otras causas, entre ellas, la de acoger los descargos del recurrido.

En general, se concluye en este estudio que el recurso de protección no es usado para reclamar situaciones de discriminación contra las mujeres. Además, dice que el recurso de protección cumple funciones inadecuadas. Rara vez se recurre por cuestiones constitucionales, y el Poder Judicial concibe el recurso como una acción meramente cautelar provisional que, en general, inhibe los debates de fondo. Las cortes prácticamente no discurren sobre discriminación cuando tienen a su conocimiento un recurso de protección.

Ambos estudios concluyen en la necesidad de contar con una acción especial orientada a prevenir o tutelar derechos vinculados a la discriminación.

Esta opinión coincide con la emitida por el voto de minoría de la Corte Suprema, firmada por los ministros Hernán Álvarez, Eleodoro Ortiz, José Benquis, Enrique Cury Urzúa, Milton Juica, Adalis Oyarzún y Jaime Rodríguez, en cuanto a acoger favorablemente este proyecto por estimar que resultaría un complemento necesario para el derecho constitucional de la igualdad ante la ley y una prohibición que se impone a la ley o a cualquier autoridad para establecer diferencias arbitrarias. Ellos apoyan la competencia de las cortes de apelaciones para conocer de estas acciones, considerando, incluso, la recarga de trabajo que ello podría implicar.

Hoy, como sociedad, insertos de lleno en el mundo mediante avanzados procesos de integración económica y exitosas alianzas comerciales, debemos relevar el valor de la persona humana. No basta con mostrar índices exitosos en materia de desarrollo macroeconómico si, por otro lado, el espacio compuesto por las personas y su entorno, sea cual sea, se encuentra regido por relaciones discriminatorias y agraviantes.

La violación de derechos humanos tiene una cara mucho más cercana y más cotidiana que la referencia habitual que se hace de ella en función de nuestro pasado político reciente. El sexo con que nacemos, nuestro origen étnico, nuestro color, nuestra apariencia física, nuestra opción sexual, el lugar donde nacemos, nuestras creencias, etcétera, no pueden ser causa de inequidades, de desigualdades, de tratos discriminatorios que impidan ejercer nuestros derechos, generando con ello ciudadanías de segunda clase.

Creemos que este proyecto apunta a la reflexión y a la definición del país que todos queremos construir. Estamos en un momento propicio para entregar a los ciudadanos y ciudadanas, a quienes nos adoptan como segunda patria, en fin, a todos los habitantes de Chile, una herramienta legal eficiente, eficaz y sencilla en su procedimiento.

Por estos motivos, solicitamos que el proyecto, hoy, luego del debate, se apruebe en general y continúe su tramitación en la Comisión de Derechos Humanos, a fin de que, con la incorporación de las modificaciones necesarias, se mejore y convierta en un instrumento eficaz para lograr los objetivos que se buscan.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA .-

Señor Presidente , en la Comisión de Derechos Humanos me abstuve en la votación, porque consideré que el proyecto contenía vicios de inconstitucionalidad, sin desmerecer el hecho -me parece bien- de que exista una ley que establezca medidas contra la discriminación. Estoy seguro de que nadie en esta Sala quiere que exista discriminación en el país.

Pedí un informe a la Fundación “ Jaime Guzmán ” -leeré algunos de los párrafos de ese informe- para que me confirmara la existencia de tales vicios de inconstitucionalidad y el resultado fue el siguiente:

“Nuestro ordenamiento jurídico nos protege de actos de discriminación a través de distintas normas jurídicas. La propia Constitución contempla, en su artículo 1º, que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.”.

Asimismo, en el Capítulo III no sólo establece los derechos de todas la personas, sino que también en forma de proteger dichos derechos cuando son arbitrariamente atacados.

Según el citado informe, los artículos 2º y 3º también contienen vicios de inconstitucionalidad. El primero faculta al Estado para intervenir en forma amplia, lo que, en la práctica, constituye una autorización para discriminar. Esto resulta contrario, al menos difícilmente conciliable, con lo dispuesto en los números 2º y 22º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía pedí que el proyecto pasara a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para tener la tranquilidad de que no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad. Lo mismo quiero pedir hoy a la Mesa, y con el mismo fin, porque por esos posibles vicios me abstuve en la Comisión y, de no salvarse esas dudas, tendré que votar en contra.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, me parece bien que haya una real voluntad de legislar sobre la materia. Intentos ha habido muchos, pero nos hemos quedado en el camino.

En su oportunidad, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía aprobó una moción presentada por el entonces diputado Gutenberg Martínez . Se estudió durante mucho tiempo con la participación de representantes de diversos entes y personas que han sufrido discriminación. Lamentablemente, dicha iniciativa no terminó su tramitación.

Hoy estamos debatiendo otro proyecto, al que se le están formulando objeciones de carácter constitucional, tal como ocurrió con el anterior, que también pasó a la Comisión de Constitución, y ahí quedó. Esperamos que con éste no ocurra lo mismo; que no lo entrabemos por esas objeciones de carácter constitucional, porque el país necesita que se legisle sobre la prevención y eliminación de toda forma de discriminación.

Como un acto de justicia, junto a los diputados Eduardo Díaz y Edmundo Villouta , formulamos indicaciones haciendo valer las disposiciones del proyecto anterior que, en su mayoría, son elementos que modifican el Código Penal en materia punitiva.

El proyecto, en lo civil, incorpora una serie de elementos nuevos: da una definición de discriminación más amplia y establece medidas punitivas para los funcionarios públicos que discrimen, materia que quedará contemplada en el Estatuto Administrativo.

Lamento que la Comisión haya rechazado los artículos 4º al 8º, del mensaje, que establecían que mediante acciones especiales se podía denunciar actos de discriminación y su procedimiento.

La importancia de la iniciativa radica en el procedimiento de reclamación que incorpora. En mi opinión, no tendría sentido si dicha acción quedara sometida al procedimiento común, o sea, a un recurso de protección encaminado a resguardar otro tipo de bienes y no el de la no discriminación, tan consustancial e inherente a la persona humana. Con las acciones que se contemplan, habrá mayor eficacia y seguridad jurídica para la prevención y el castigo a la discriminación.

Todas las formas de discriminación que se definen en el proyecto ocurren a diario. En prevenir y castigar dichos actos radica la importancia de legislar.

Chile es un país discriminatorio. Desde niño se discrimina, porque existe una cultura que lo permite. No existe una cultura ni una enseñanza que lleve a valorar más que a discriminar, a establecer igualdades más que diferencias o a integrar más que a marginar. No se ha tomado conciencia de los valores que se están transmitiendo a los menores, puesto que, de adulto, tienden a repetir conductas que alejan más a Chile de un modelo de sociedad que no segregue y discrimine a quien es diferente.

Un proyecto como éste -descriptivo, sancionatorio y que establece elementos punitivos- ayudará, ya que la ley no sólo manda, prohíbe o permite, como dice su definición, sino que también enseña. La gente sabe que hay conductas que están prohibidas, razón por la cual nos las ejecutan.

Los medios de comunicación están llenos de denuncias por discriminación. He extraído algunos titulares de la prensa: “Continúa la discriminación laboral. Las mujeres ganan 31,1 por ciento menos que los hombres”. “Niños discriminados en el colegio, porque sufren de enanismo”. “Lo mandaron al infierno en la pega por ser adventista”. “El clasismo va en aumento en el país. Empresas discriminan por la edad”. “Grave discriminación a discapacitados”. “Revelan una inquietante campaña homofóbica por la condición u orientación sexual”. “Denuncia gay por amenazas”. “Evangélicos denuncian situaciones de discriminación”. “Médicos extranjeros discriminados”. “Jóvenes estudiantes embarazadas discriminadas y echadas del colegio”. “Menor de seis años enferma de sida discriminada y rechazada en una escuela”. “Los colegios discriminan contra niños con déficit atencional”. “La discriminan por ser pobladora”. “Denuncian expulsión de cadete de la Fach por apoyar a Lagos”. “Comunidad islámica chilena denuncia discriminación y agresión”. “Grupo organizado en campaña contra peruanos”. “ Alcalde de El Quisco intenta frenar acceso a pobladores a la playa”. “Mayor profesionalización discrimina a las mujeres”. “Brutal golpiza a joven por grupos neonazis.”

Lo que ocurrió en Alto Hospicio es una muestra de lo que estoy diciendo. Quizás se pudo haber evitado, pero no se hicieron todos los esfuerzos, pues se trataba de gente pobre que tenía ropa distinta y humilde. Ése fue un acto discriminatorio que provocó el drama que todo Chile sufrió y lloró.

En el país existe un ambiente de discriminación, pero con los elementos y las definiciones que nos entrega el proyecto podríamos cubrir todos esos casos o evitarlos con medidas sancionatorias de carácter punitivo para quienes causen daño o menoscabo.

Se discrimina por apariencia, por edad, por sexo, incluso, por lugar de residencia; pero lo más triste es que también se discrimina por ser minusválido.

La intolerancia y la discriminación son contrarias al establecimiento de una nación desarrollada, justa e igualitaria.

¿Cómo podemos entender que Chile esté inserto en la globalización, que implica mayor diversidad, si una encuesta sobre intolerancia y discriminación efectuada en la Región Metropolitana arrojó como resultado que en la sociedad existe una fuerte tendencia a segregar a aquellos sectores que difieren de las costumbres habituales?

El Gobierno manifestó que luchará no sólo contra la pobreza y la cesantía, sino también contra la discriminación, a fin de cambiar la mentalidad del país.

Creemos que la discriminación no se ataca sólo aprobando este proyecto o sancionando las conductas discriminatorias, sino garantizando los derechos esenciales de todos: atención de salud, vivienda digna, oportunidades educacionales, acceso a la justicia, protección policial, etcétera.

El proyecto es un gran avance. Si bien no es perfecto -las leyes son perfectibles-, creemos que un nuevo estudio de sus disposiciones permitirá corregir los problemas de constitucionalidad, para así poder contar con un muy buen proyecto, que dé a las personas discriminadas la seguridad de que sus denuncias serán atendidas y tramitadas con fluidez a través de un procedimiento especial.

Apoyaré en general la iniciativa, porque promueve el respeto a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1º de la Constitución Política, que establece: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.”. La Carta Fundamental consagra derechos inherentes a la persona humana; pero, en la práctica, algunos de esos derechos no son descritos ni protegidos y su vulneración no es sancionada.

El proyecto incorpora la no discriminación en cuerpos legales como la ley orgánica constitucional de Enseñanza y el Estatuto Administrativo.

Espero que la tramitación de esta iniciativa no se estanque, a fin de que contemos con una ley que consagre la defensa contra la discriminación y la intolerancia.

He dicho.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.

La señora VIDAL ( doña Ximena).-

Señor Presidente , felicito al Gobierno del Presidente Ricardo Lagos y a la Comisión de Derechos Humanos por permitirnos debatir sobre este proyecto.

Las bases de la iniciativa son la eliminación de toda forma de discriminación que se ejerza contra cualquier persona. Se define el concepto de discriminación y se establecen una acción especial y los procedimientos para denunciar los actos de discriminación arbitraria. Además, se incorpora al Código Penal la agravante de cometer delito por motivación discriminatoria.

Por primera vez se establece en la legislación el concepto de discriminación, lo cual es muy importante porque zanja un tema constitucional discutido durante mucho tiempo. El proyecto señala, en su artículo 3º: “Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria, fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana.”.

Por lo tanto, la discriminación sancionada es la arbitraria. Si discrimino a alguien por no tener los conocimientos o competencias necesarios, es discriminación, pero no arbitraria, pues en este caso hay un elemento objetivo diferenciador que la hace lícita. El proyecto consagra que dicha discriminación debe contener ese elemento diferenciador y no argumentos sobre los cuales el individuo no puede influir, como su sexo, edad, raza,

condición social u otro. Esto constituye el aporte de la iniciativa.

¿Por qué es importante legislar al respecto? Después de haber escuchado algunas intervenciones, estimo preocupante que no se considere lo esencial del proyecto, cual es que es un instrumento legal valiosísimo, conectado con los principios que son la fuente de nuestra esencia humana.

Construir una sociedad en la que las diferencias se respeten, reconozcan y dignifiquen, es construir paz con responsabilidad, resguardando los derechos sociales y entregando las mismas oportunidades para todos. Por eso, es importante analizar el tema de la violencia, que siempre discutimos ligado a los ámbitos procesal y penal, en relación con construir más igualdad de oportunidades, con más dignidad para las personas, respecto de lo cual tenemos algunas diferencias.

Esta herramienta legal ayudará a que avancemos y modernicemos nuestra legislación, respondiendo a uno de los temas más sentidos por las personas de buena voluntad y que creen en el valor único de cada persona. Pero, más allá de una legislación adecuada, siempre los resultados esperados para una sociedad no violenta pasan por el compromiso y la voluntad de querer modificar las conductas discriminatorias, como un ejercicio diario y personal en todos los ámbitos de nuestra vida, es decir, por respetar al otro, lo que no sólo significa tolerancia, sino humildad y desarrollar todos nuestros valores y afectos por los demás.

Espero que votemos sin esos miedos que nos atan y no nos dejan abrir definitivamente las puertas para que todos los seres humanos, de distintas razas, orientaciones sexuales o religiones, tengan las mismas posibilidades de desarrollo integral.

He dicho.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor Presidente , considero que ya se ha dicho lo más importante sobre el proyecto; se han puesto múltiples ejemplos de como, en pleno siglo XXI y en la vida cotidiana de nuestro país, se discrimina a los seres humanos, personas o grupos de personas, por cualidades externas.

Lamento que muchas veces sólo seamos capaces de reaccionar frente a casos puntuales que nos llaman profundamente la atención. El diputado Ojeda planteó en extenso casos como el de la exclusión de un niño de un establecimiento educacional por ser portador de sida y el de la adolescente embarazada a quien le cerraron las puertas de su colegio. Existen muchos casos de homofobia o de violencia en contra de los homosexuales, como el de la jueza Karen Atala , que es vergonzoso. Aquí no estamos hablando de la adopción de menores por una pareja homosexual, sino que de quitarle a una mujer sus propias hijas por su orientación sexual. Se trata de casos que remecen la conciencia mundial, que nos tienen encausados en cortes internacionales de derechos humanos.

Otros casos de discriminación se producen al solicitar trabajo, ya que se pide al postulante buena apariencia o se considera su domicilio para aceptarlo. Lo mismo ocurre con la edad, pues mucha gente es discriminada por tener más de 40 años; ni siquiera estamos hablando de los adultos mayores.

Por otra parte, la mujer es discriminada en sus remuneraciones respecto del hombre, como señaló el diputado señor Ojeda en su intervención.

Afortunadamente, durante los gobiernos de la Concertación se han dado pasos importantes en materia de políticas públicas, que han producido cambios culturales tendientes a generar una sociedad más tolerante, que acepte la diversidad y la considere un valor, para no caer en situaciones de discriminación que hablan muy mal de nosotros.

La creación del Sernam es una demostración de esa voluntad política y de cuánto hemos avanzado. Hace diez años había personas que creían que la violencia intrafamiliar era un problema de la vida privada de las personas y no era posible considerarlo un delito, por lo que el Estado no tenía nada que decir respecto a esa materia.

Tampoco puedo dejar de mencionar la creación de la Conadi y, recientemente, del Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Cuando se habla de no discriminación y de tolerancia, se piensa que se está refiriendo al respeto de los derechos humanos de las minorías, pero la suma de ellas conforma una gran mayoría, como señala el mensaje. Si consideramos a los niños, a los adolescentes y a las mujeres, estamos hablando del 83 u 85 por ciento de la sociedad, y si agregamos a los adultos mayores, más del 90 por ciento de la sociedad sufre algún tipo de discriminación debido a estas cualidades externas, porque discriminar es asignar menos o distintos derechos humanos debido a cualidades externas. Por eso, es fundamental avanzar en esta dirección.

Durante mucho tiempo, varios diputados tratamos de generar el ambiente político necesario para realizar una reforma constitucional. No ocurrió eso; pero, al menos, estamos discutiendo un proyecto que establece claramente lo que se entiende por discriminación arbitraria, la que también produce modificaciones en la ley orgánica constitucional de Enseñanza.

Es importante avanzar en la legislación y sancionar las conductas discriminatorias, pero también es importante avanzar en educación, en el fomento de valores como la no discriminación, la tolerancia, la aceptación de las diferencias, aceptar que hay gente que piensa distinto, que vive de forma diferente y que profesa otras religiones.

Un grupo de diputados de la Concertación presentamos una serie de indicaciones para reponer algunos artículos rechazados en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, con la confianza de que aprobaremos en general el proyecto para que vuelva a Comisión, donde sancionaremos esas indicaciones, lo que permitirá reencontrarnos con el espíritu original de la iniciativa, al incluir esta acción civil, este recurso especial, que posibilitará reclamar sus derechos a todas las personas que se sientan excluidos, marginados o discriminados.

Lamento que muchas veces dediquemos tanto tiempo a discutir temas banales, que nada tienen que ver con el tipo de sociedad que queremos construir, y no le demos toda la relevancia que merecen los proyectos que, como éste, abordan materias realmente significativas.

También lamento que la oposición haya votado en contra de la idea de legislar sobre esta materia en la Comisión y que, en su oportunidad, haya rechazado la reforma constitucional que trataba de la discriminación y de otras normas que no es del caso mencionar.

No obstante, espero que la iniciativa se apruebe, porque nos permitirá dar un paso sustantivo en materia de derechos humanos y construir una sociedad auténticamente democrática, en la que todos quepamos y en la que no haya exclusiones ni marginaciones, porque la única manera de conseguir paz social es entendiendo que todas las personas somos distintas, pero también iguales, en virtud de nuestra naturaleza humana.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Cubillos.

La señora CUBILLOS (doña Marcela).-

Señor Presidente , los dramáticos ejemplos de discriminación que se han citado, así como otros que no han sido mencionados, pueden y deben ser sancionados con la legislación vigente, porque hoy existen las herramientas jurídicas e institucionales, a nivel legal y constitucional, que permiten perseguirlos. Sin embargo, por lo expresado hasta ahora, queda la sensación de que los actos de discriminación quedaran impunes. Lo que efectivamente puede estar ocurriendo es que falten acciones culturales y sociales más potentes para combatir la discriminación; pero no estamos faltos de herramientas legales para enfrentarla.

Por eso, considero innecesaria esta iniciativa en términos jurídicos, ya que la propia Constitución consagra la igualdad ante la ley y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria, sea que ésta la establezca la ley o provenga de un acto de la autoridad. Si la ley establece ese tipo de discriminaciones, se puede recurrir en su contra a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; si es una autoridad la que realiza una acto de discriminación arbitraria, se puede presentar un recurso de protección. Quien conozca los índices de acogida de estos recursos, se habrá dado cuenta de que los que se han fundamentado en la falta de igualdad ante la ley o en la existencia de discriminaciones arbitrarias normalmente tienen éxito en nuestros tribunales, pues son acogidos y fallados en favor de quienes han sido víctimas de discriminación.

Por lo tanto, no se entiende un proyecto de ley que pretenda establecer lo que ya existe a nivel constitucional. Quizá, lo que nos falta es hacer un mea culpa como sociedad en cuanto a cómo promovemos la igualdad y cómo combatimos las acciones de discriminación, pero no es que estemos carentes de herramientas jurídicas para combatir las discriminaciones arbitrarias. Si esta iniciativa se aprueba, nada cambiará en esta materia.

Seamos serios. Aquí se ha planteado la necesidad de reponer un aspecto que fue votado en contra por la Comisión de Derechos Humanos: la creación de un recurso similar al de protección. ¡Qué absurdo pretender crear por ley un recurso que ya existe a nivel constitucional! No se trata de nada novedoso; ya existe en la Constitución y, por tanto, tiene un rango mayor al legal.

En la actualidad, las acciones de discriminación arbitraria no deberían quedar impunes, a menos que el afectado o la sociedad así lo quieran, porque -reitero- existen medios jurídicos para recurrir en contra de tales acciones: el recurso de inaplicabilidad y el recurso de protección, cualquiera sea el caso de discriminación arbitraria.

Por otra parte, no es cierto que haya conceptos novedosos que se incorporen a través de esta iniciativa, ya que en las actas constitucionales quedó claramente establecido qué se entiende por discriminación arbitraria. Quizás lo único que podemos considerar novedoso, porque no está establecido en otros cuerpos legales, son las agravantes que consagra en materia penal. El resto ya existe, incluso, como expresé, a nivel constitucional, por lo que es mejor que, como país, nos preguntemos por qué no lo hacemos valer de manera más eficaz, por qué seguimos tolerando las discriminaciones arbitrarias, si la Constitución las prohíbe, y por qué, no obstante contar con herramientas jurídicas como el recurso de protección, que es el más eficaz, no las usamos en favor de las víctimas de la discriminación arbitraria.

Pero no es cierto que con la aprobación de esta iniciativa vaya a cambiar algo en cuanto a las herramientas jurídicas para perseguir las discriminaciones.

Es por eso que mi posición ha sido contraria a la aprobación del proyecto, porque da la apariencia de combatir la discriminación, pero no aporta nada nuevo en cuanto a las herramientas legales para enfrentarla de manera eficaz.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Antonio Leal.

El señor LEAL .-

Señor Presidente , la democracia que hemos construido en estos años nos da un hecho muy relevante: poder contar las cabezas y no cortarlas, como diría Norberto Bobbio. Eso es muy significativo. No es poca cosa que hoy podamos decir que nos acercamos a elecciones, que todas las autoridades son elegidas, que se cuentan las cabezas y no se cortan. Ése es un factor muy importante en la democracia.

Pero este proyecto nos acerca a una legislación que ya se ha establecido en la comunidad europea, en Estados Unidos y en la mayor parte de los países latinoamericanos, y dice relación con la necesidad de integrar en la vida de los seres humanos una cuarta generación de derechos que va más allá, incluso, de los derechos humanos.

Esa cuarta generación de derechos está basada en la tolerancia y en el respeto a la diversidad, en la comprensión de que la sociedad global no es sólo de mercado, sino también una sociedad global multicultural, en la que comienzan a convivir experiencias de vida distintas, experiencia de visión cosmopolita, experiencia de agregación cultural, experiencia étnica. Si no, miremos cuán cambiado está el panorama europeo con las crecientes emigraciones que llegan desde África, de Asia y, particularmente, de Turquía.

En un mundo global cobra más importancia que nunca integrar en nuestra legislación los derechos de cuarta generación, basados en la tolerancia y en el respeto a la diversidad.

Este proyecto tiene un valor muy grande, porque no es sólo un conjunto de normas, sino que establece principios valóricos. Son normas legales, pero detrás de ellas se establece una cultura, una manera de concebir y de ver la vida. No es lo mismo ver la vida con desprecio respecto de lo que es diverso; no es lo mismo ver la vida con la anteojera de que uno tiene la razón que verla de manera abierta. Creo que en este país todos hemos experimentado una cultura de cambio importante.

Pertenezco a una generación que al momento del golpe de Estado tenía veinte años, una generación que estuvo convencida de tener y de poseer la verdad en la mano, que estaba convencida de que era posible cambiar el mundo, y cada uno de nosotros pensaba que teníamos la razón y que éramos capaces de construir proyectos unívocos, verdaderos megarrelatos de determinada realidad.

Eso ha cambiado. Ha habido un cambio personal de mucha gente, de diversas posiciones, pero también ha habido un cambio global, un cambio de época. Justamente, como esto ocurre, tenemos que ser capaces de legislar no sólo para democratizar la Constitución y terminar con los enclaves que heredamos del régimen militar, sino también para avanzar en aquella parte más positiva de nuestra legislación, que es incorporar los nuevos derechos que surgen del nuevo mundo en que estamos viviendo, del mundo global, del mundo multicultural, del mundo de mezclas de economías, de razas, de cultura, de visiones, es decir, completamente distinto al mundo particular del pasado.

Respecto de la idea de que podamos concebir seres humanos distintos a nosotros en lo físico, en lo sexual, en lo ideal, en la raza, que podamos concebir soluciones pacíficas a las controversias, que tengamos una mecánica de pensamiento que obligue al respeto de los demás, es una tarea cultural difícil que hay que emprender desde los primeros años de la formación de nuestros niños, como lo han hecho otros países.

Pero un proyecto de ley de este tipo ayuda no sólo a reaccionar frente a los fenómenos específicos de discriminación que se repiten en la sociedad chilena, sino también a resguardar los derechos del joven congolés que fue golpeado simplemente por ser negro, o de los jóvenes homosexuales a los cuales les queman sus discotecas, o de los jóvenes gitanos que son perseguidos; y no sólo de las minorías, porque también está el caso de las mujeres, que ya no son minoría, sino mayoría dentro de la sociedad. Sin embargo, viven en la discriminación.

Darnos cuenta de que Chile es un país con fuertes cánones culturales discriminadores es una cuestión importante; por ello tiene tanto significado un proyecto de esta naturaleza, el cual se comenzó a discutir en la Cámara de Diputados hace muchos años. Se discutió con la academia y con la Universidad de Chile. Ha habido un aporte muy importante de organismos institucionales, como el Sernam, que ha entregado una contribución valiosa para lograr avances en algunos factores, tales como la mayor tolerancia de la diversidad y el respeto en este ámbito.

Por otra parte, es lamentable no poder incorporar directamente en la Constitución -como lo hace la mayor parte de los países- una norma contra la discriminación.

Al menos, aprobar esta iniciativa permite avanzar.

Disiento de la colega Marcela Cubillos , en el sentido de que muchos delitos pueden ser castigados por nuestra legislación, pero la mayor parte de la acción legal se produce por los hechos en sí mismos y no porque detrás de ello exista discriminación. Por ello, cuando hemos propuesto normas -como lo hicimos en un proyecto que se adiciona a éste- que aumentan las penalidades cuando determinado delito es cometido por factores de discriminación, significa construir un tipo de acción legal completamente nuevo y diverso que establece también una manera de mirar el derecho penal respecto de este tema.

Creo necesario incorporar lo relativo a la acción civil, que ha quedado fuera, y remitir el proyecto para que aquellas indicaciones que ha presentado el Sernam y diversos parlamentarios puedan ser revaloradas y rediscutidas en un debate abierto. De este modo, podremos tener finalmente una ley contra la discriminación que establezca cánones de tolerancia y de respeto a la diversidad mucho mayores que los actuales.

Chile va a ser más libre, más civilizado, se va a acercar más a la cultura que hoy emerge en la sociedad global y que ha sido establecida en todos los cuerpos legales de Europa y de otros países del mundo, lo que va a permitir que tengamos una democracia más sólida y una forma de convivencia más respetuosa entre nosotros.

He dicho.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.

El señor SALABERRY.-

Señor Presidente, me voy a referir brevemente al proyecto, porque entiendo que va a volver a Comisión.

En primer lugar, hago mías las palabras de la diputada Marcela Cubillos.

En la Comisión de Derechos Humanos me llamó la atención la intencionalidad y el sentido del proyecto.

Por su intermedio, señor Presidente , el diputado Leal recién nos reseña una cuarta generación de derechos, producto de la evolución de nuestra sociedad.

¿Para qué implantar esa suerte de decálogo que entiende por discriminación arbitraria acciones o juicios que atenten contra una serie de categorías establecidas en el proyecto?

Siguiendo la línea argumental de la diputada Cubillos, en esa oportunidad voté en contra de legislar sobre este proyecto de ley.

También hago mía la opinión de la Corte Suprema, que, lamentablemente, no fue debatida en la Comisión de Derechos Humanos. El voto de mayoría de la Corte Suprema es tajante y estricto al considerar que el artículo 19, Nº 2º, de nuestra Carta Fundamental establece la igualdad ante la ley, asegurando que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico resguarda debidamente cualquier acción arbitraria en contra de las personas.

En esa misma línea y siendo congruente con mi opinión en la Comisión de Derechos Humanos, voto en contra.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , el informe que surgió de la Comisión es casi idéntico al que nació de una moción hace muchos años en esta Cámara. Esa moción se discutió por más de un año en la Comisión de Derechos Humanos y, finalmente, fue aprobada.

Recuerdo que en ese entonces se estaba preparando un congreso neonazi en el país, lo cual impulsó la presentación de ese proyecto debido al revuelo mediático que se produjo. Quienes estuvimos trabajando en la Comisión de Derechos Humanos, más allá de esa mediatez, con el aporte de otros diputados, como los señores Ceroni , Walker y la diputada Lily Pérez , quedamos bastante frustrados por el curso que tomó, pues pasó a la Comisión de Constitución, en la cual quedó “durmiendo”. Se acabó el revuelo ocasionado por el congreso neonazi y nadie le quiso dar urgencia al tema de la discriminación ni al proyecto.

La Comisión, aprovechando el interés del Ejecutivo por el tema, al mismo tiempo que mejora la definición de discriminación en el artículo 3º del proyecto aprobado, por unanimidad, determina el mejor mecanismo para combatirla.

Quienes optamos por dicha posición, pensamos que el mecanismo más potente es la herramienta penal; además, es lo único novedoso.

Me llamó mucho la atención que, luego de que se aprobara en forma unánime la definición de discriminación, con el apoyo de los diputados Accorsi , Rossi , Leal y de la diputada Tohá , entre otros, estos mismos vuelvan a reponer una indicación en relación con dicha definición. En verdad, creí que ese tema había quedado zanjado después del largo debate que hubo en la Comisión, cuando se discutió la moción del diputado Martínez .

En cuanto a volver a incluir la acción civil -creo que hay una posición que también asumió la Comisión por mayoría, no en forma unánime, como sucedió con la definición de discriminación-, quiero fundamentar mi punto de vista, que comparto con el voto de mayoría de la Corte Suprema, en el sentido de que la Constitución establece suficientes resguardos para la igualdad ante la ley y para los casos aberrantes de discriminación en su artículo 1º y en el capítulo III, a través de la acción de protección.

Además, a partir del recurso de protección, queda absolutamente abierta la vía civil para perseguir una posible indemnización por los perjuicios provocados por los actos arbitrarios e ilegales de discriminación.

A su vez, la letra c) del artículo 3º de la ley de protección del consumidor señala expresamente que son derechos y deberes básicos del consumidor el no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores y otros. Lo mismo plantea el artículo 2º del Código del Trabajo. O sea, no sólo está previsto en el ámbito constitucional, sino también en la ley de protección al consumidor, entre otras.

Como se puede apreciar, en general, en nuestra legislación estaba bien comprendido en distintos ámbitos, aspecto en el cual coincido y coincidió el voto de mayoría de la Comisión con la opinión del voto de mayoría de la Corte Suprema.

Lo novedoso, como medida para combatir la discriminación, es el uso de la herramienta más potente que contempla el ordenamiento jurídico; la penal, el recurso de la ultima ratio. Por ello, no comparto la posición de la señora ministra en el sentido de que lo decidido soberanamente por la Comisión sea insuficiente. ¿Cómo puede ser insuficiente si se han incorporado distintos tipos de agravantes y nuevos tipos penales que constituyen la más potente respuesta que puede tener nuestro ordenamiento jurídico como juicio de reproche con respecto a los actos de discriminación?

En verdad, con este tipo de desacuerdo tanto en torno a la definición de discriminación -me llama la atención que luego de un acuerdo unánime en la Comisión se vuelva a plantear por la vía de una indicación- como al planteamiento de la acción civil nuevamente, se va a entrampar por más tiempo un anhelo que todos debemos tratar de lograr. Más allá de las medidas y de la validez de las posiciones en cuanto a cuáles son las mejores medidas, pienso que esto va a dilatar más en el tiempo la tramitación de un proyecto anhelado y que concitó la idea de legislar de todos nosotros.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señor Presidente , hemos recorrido un largo camino antes de traer a la Sala este proyecto. Se han presentado tantas mociones y ha habido tantos intentos fallidos de iniciativas por parte de éste y de otros Ejecutivos que, a mi juicio, lo primero que se debe hacer es alegrarse de que finalmente haya llegado a la Cámara de Diputados un proyecto relativo a esta temática.

Repito: ha sido un trayecto largo, duro; muchas personas han trabajado en este tema y varios diputados terminaron su período parlamentario sin que sus proyectos vieran nunca la luz; pero hoy, finalmente, estamos legislando sobre el particular.

En el poco rato que lleva el debate ha surgido la razón por la cual hasta ahora ha sido tan difícil avanzar en esta materia. Ello se debe a que todavía existe la teoría de que se trata de una legislación innecesaria, porque la palabra discriminación aparece varias veces en la Constitución y en una gran cantidad de leyes.

Esta apariencia esconde una realidad muy brutal: tal como se ha legislado, tanto en la Constitución como en la ley, sobre el tema de la discriminación, no sólo es insuficiente, sino que está hecho de tal manera que este principio jurídico es abiertamente inferior a muchos otros que, una y otra vez, se imponen en los tribunales cuando las personas tratan de defenderse de situaciones discriminatorias.

Efectivamente, el inciso segundo del número 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República establece este principio de igualdad ante la ley. Dice: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”. Primer problema: se dice que ni la ley ni la autoridad podrán establecerlas, pero no resuelve el tema de los privados que tienen actitudes discriminatorias con otros privados.

Segundo problema: donde sí opera la ley y la autoridad, este principio general, en la práctica, se ve impedido de hacerse efectivo.

Quiero plantear algunos de los casos más típicos en que se da la discriminación.

En primer lugar, existe discriminación en el ámbito laboral. Como es insuficiente lo establecido en el inciso segundo del número 2º del artículo 19 de la Constitución Política, se vuelve a plantear en el numeral 16º, en que se prohíbe cualquier discriminación en el ámbito laboral que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Sin embargo, en el artículo posterior, donde se crea el recurso de protección, se salvaguardan casi todos los incisos de dicho numeral, menos el que se refiere a la discriminación, que no está amparado por el recurso de protección.

En segundo término, el derecho a la educación no está protegido por el recurso de protección, pero sí lo está la libertad de enseñanza. Entonces, cuando un niño que postula a un colegio es discriminado y sus padres recurren de protección, la Constitución no lo ampara, pero sí garantiza la libertad de enseñanza, lo que permite al sostenedor decidir quién entra o no a su establecimiento. De manera que, en la práctica, el recurso de protección no es operativo en este ámbito.

Por otra parte, nuestra sociedad aún no se ha puesto de acuerdo si son aceptables o no muchas otras materias objeto de discriminación, como el caso de las minorías sexuales. Todavía en nuestro país mucha gente piensa que se trata de aberraciones que deben ser castigadas y rechazadas. Si por alguna razón un homosexual recurre de protección, lo más probable es que no le vaya muy bien por el solo hecho de tener esa condición, situación que hemos observado en reiteradas ocasiones en los tribunales.

Entonces, no nos engañemos ni cerremos los ojos: en la Constitución Política en ninguna parte aparece la discriminación entre privados. Y en los ámbitos en que esto se da en la práctica, como el laboral y el educacional, se las arregla para que el recurso de protección no sea operante.

Por lo tanto, lo que hace el proyecto es elevar el valor jurídico del principio de la no discriminación y crear herramientas concretas para que la gente se pueda defender. Habría preferido una reforma constitucional, porque creo que era lo que correspondía. Lo paradójico es que pese a que en teoría todos estamos de acuerdo en terminar con la discriminación, no fue aprobada la herramienta que establecía la iniciativa para que la gente pueda defenderse mediante una acción civil especial, porque la Oposición votó en contra.

Si existe la idea de legislar sobre esta materia, porque todos los días se viven situaciones de discriminación, que afectan no sólo a grupos minoritarios, sino también a grandes mayorías, como no poder postular a un trabajo por tener más de cuarenta años de edad, por ser más morenos o por vivir en una comuna demasiado popular, no sólo establezcamos el principio de no discriminación, sino que démosle herramientas legales a la gente para defenderse, porque las que existen en la actualidad para protegerse de este tipo de actos son totalmente inoperantes.

Espero que hoy, junto con votar favorablemente, quede el ánimo un poco mejor para que el proyecto vuelva a Comisión y se restituyan las disposiciones que se cayeron y que son fundamentales en esta materia, como la existencia de una acción especial rápida y accesible para cualquier persona.

Presentamos una indicación para que esta acción también se pueda entablar en representación de intereses difusos, a fin de que no sólo se recurra a los tribunales para defender a un particular, sino también para proteger los intereses de grupos amplios que se vean afectados. Asimismo, queremos que se reponga en la Comisión una disposición que fue rechazada, que establece multas a los funcionarios que por razones discriminatorias denieguen el acceso a servicios a los cuales tiene derecho la gente.

Creo que la razón de fondo por la cual no se avanza en este proyecto es que una vez que legislemos sobre esta materia se van a empoderar sectores que en nuestra sociedad han estado eternamente postergados. El más sensible y el que más polémica provoca -aunque en esta Sala nadie lo reconozca- es el tema de la homosexualidad, porque hay algunos que, aunque no lo dicen, quieren que los homosexuales sean discriminados: que no haya profesores homosexuales, que rechazados al buscar trabajo o que no se les deje entrar a una discoteca, etcétera, y no de castigar las conductas inadecuadas que pueden tener homosexuales o heterosexuales, como sucede en la práctica. Si ése es el punto, discutámoslo, porque todo lo demás que se diga, como que esto resulta innecesario, es falso. Al amparo de lo que señalan la Constitución y la ley, al amparo de la práctica y de la experiencia, como se ha demostrado, las personas que ocupan las herramientas que la Constitución y la ley otorgan se encuentran sin respuesta ni solución a sus problemas.

Por lo tanto, anuncio que la bancada del Partido por la Democracia votará a favor el proyecto, pero nos quedamos intranquilos, porque sentimos que su corazón todavía está cuestionado, no está asegurado. Esperamos que en la Comisión pueda reponerse la acción especial que se propone en el mensaje del Ejecutivo.

He dicho.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señor Presidente , considero que una ley sobre esta materia es necesaria para nuestra sociedad, para la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

La diputada Cubillos sostuvo la tesis jurídica de que no es necesario aprobar un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, la casuística señala que muchos de los actuales instrumentos jurídicos no han servido para resolver los problemas de discriminación. Así lo hizo ver en su intervención la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer .

La mayoría de los recursos de protección, el 64 por ciento, que se han presentado en los tribunales entre 1990 y 1995, según un estudio de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se refieren al derecho de propiedad. Son escasos los recursos que se relacionan con los derechos y garantías constitucionales.

El 85 por ciento de los fallos que se han dictado sobre esta materia no contienen razonamiento alguno sobre los derechos constitucionales. Por lo tanto, no contribuyen a la protección, no dan garantías ni entregan a la sociedad señales disuasivas en contra de las conductas discriminatorias.

Un estudio del Servicio Nacional de la Mujer señala que entre 1990 y 1998, de los 10.095 recursos interpuestos sólo el 1,3 por ciento correspondería a situaciones de discriminación. De ese 1,3 por ciento, que corresponde a 146 casos, sólo el 29,4 por ciento se acogió.

Por lo tanto, el recurso de protección, en general, no se usa para reclamar, por ejemplo, por discriminación en contra de las mujeres. Además, las cortes de justicia no discurren al respecto, es decir, los instrumentos jurídicos tradicionales no han servido para resolver los casos de discriminación.

Necesitamos una ley especial que sancione todos los actos discriminatorios contra las personas, al igual como necesitamos leyes especiales sobre el sida y la violencia intrafamiliar. Todos los actos constitutivos de violencia intrafamiliar, tales como agresiones, amenazas y lesiones se encuentran penalizados por la ley, pero había una necesidad clara de tipificar la violencia intrafamiliar.

Sin embargo, según el razonamiento de la diputada Cubillos , no habría necesidad de contar esas leyes ni con una sobre acoso sexual.

Se echa de menos el proyecto presentado por el ex diputado señor Gutenberg Martínez . Es cierto que se establece una penalización, pero, ¿qué pasa con aquellos actos discriminatorios que no merecen sanción penal? Ahí hay un vacío que cubría perfectamente el proyecto del Ejecutivo con este recurso especial contra la discriminación, que daba la posibilidad de recurrir no sólo a una instancia penal sino también a una civil, una vez dictaminado por las cortes de apelaciones la calidad de discriminatorio de un hecho. Al respecto, pienso en casos conocidos, muy decisivos y que lesionan a nuestros ciudadanos, por ejemplo, el de esas señoras a las cuales no se les permitió ingresar a una discoteca, o los insultos que se profieren en contra de ciertas personas que se estiman diferentes por determinadas razones.

A mi juicio, en la Comisión debemos reponer ese recurso sobre la discriminación. Por eso pedimos que el proyecto vuelva a la Comisión. De hecho, el informe de la Corte Suprema dice que es necesario. El voto de mayoría no lo consideró así, pero hubo un voto de minoría que fundamentó claramente la necesidad de una ley sobre la materia.

Entonces, es muy importante y creo que esta legislación, de alguna manera, va a concretar los anhelos democráticos antidiscriminatorios de nuestra Constitución, porque las herramientas jurídicas existentes no dan paso a la sanción de la conducta discriminatoria tanto en lo penal como en actos que no constituyen delito, lo que es estrictamente necesario.

Si bien sabemos que las leyes no lo son todo y así lo hemos comprobado en casos de la violencia intrafamiliar, es muy importante que exista un instrumento jurídico que sancione dichas conductas. ¿Por qué hoy está en la agenda política la violencia intrafamiliar? Porque al establecer sanciones para conductas de esa naturaleza hemos dado una señal que permite que las víctimas de este flagelo lo denuncien. Es una herramienta muy importante, no sólo desde el punto de vista legislativo o de jurisprudencia, sino que desde el punto de vista de la formación y de cambio cultural en nuestra sociedad. Por eso, estimo absolutamente necesario para el país y para la democracia que contemos con una normativa que aborde el tema.

Otra cuestión que causó mucho revuelo en la Comisión es el de la orientación sexual. Hubo una posición absolutamente contraria a incluirla en la lista de posibles discriminaciones. Al parecer, las diferencias apuntan a que algunos consideran la orientación sexual de una parte de la población más que como una condición que deba ser respetada, un flagelo, una anormalidad o enfermedad, cosa que la ciencia moderna ha desmentido y ha puesto en su lugar.

En el listado de las discriminaciones se la menciona como condición y no como orientación sexual. ¿Qué hay detrás de esa definición tan contraria a lo que se reconoce universalmente en las Naciones Unidas y en las legislaciones de otros países? ¿Acaso no se considera que la discriminación por orientación sexual es discriminación? Estas personas, que tienen una orientación sexual distinta, ¿son ciudadanos de segunda clase y su discriminación no amerita una sanción? Ése es otro tema que debemos discutir en profundidad y zanjar en el Congreso Nacional.

Por lo expuesto, el Partido por la Democracia, como han afirmado mis colegas de bancada, dará su apoyo irrestricto a este proyecto. Queremos que vuelva a la Comisión, para que se profundice el debate, y ojalá tengamos una legislación que entregue una herramienta de protección de sus derechos a miles de ciudadanos que hoy están siendo discriminados de hecho o por omisión en su campo laboral o en su vida cotidiana.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

La votación del proyecto se efectuará al término del Orden del Día.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

Corresponde votar el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, con excepción del artículo 5º, que requiere quórum de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bayo Veloso Francisco; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Caraball Martínez Eliana; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escalona Medina Camilo; García García René Manuel; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Leal Labrín Antonio; Letelier Morel Juan Pablo; Longton Guerrero Arturo; Martínez Labbé Rosauro; Mella Gajardo María Eugenia; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Navarro Brain Alejandro; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Quintana Leal Jaime; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Villouta Concha Edmundo.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Correa de la Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Forni Lobos Marcelo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Ibáñez Santa María Gonzalo; Kast Rist José Antonio; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Molina Sanhueza Darío; Paya Mira Darío; Prieto Lorca Pablo; Recondo Lavanderos Carlos; Salaberry Soto Felipe; Urrutia Bonilla Ignacio; Varela Herrera Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Galilea Vidaurre José Antonio; Norambuena Farías Iván; Jofré Núñez Néstor.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

En votación el artículo 5º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 65 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Caraball Martínez Eliana; Ceroni Fuentes Guillermo; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Encina Moriamez Francisco; Escalona Medina Camilo; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Jofré Núñez Néstor; Leal Labrín Antonio; Letelier Morel Juan Pablo; Longton Guerrero Arturo; Mella Gajardo María Eugenia; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Navarro Brain Alejandro; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Quintana Leal Jaime; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Villouta Concha Edmundo.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Correa de la Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Forni Lobos Marcelo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Ibáñez Santa María Gonzalo; Kast Rist José Antonio; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Molina Sanhueza Darío; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Prieto Lorca Pablo; Recondo Lavanderos Carlos; Salaberry Soto Felipe; Urrutia Bonilla Ignacio; Varela Herrera Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Bayo Veloso Francisco; Bertolino Rendic Mario; Galilea Vidaurre José Antonio; Hernández Hernández Javier.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, para segundo informe.

El diputado señor Ignacio Urrutia ha solicitado la unanimidad de la Sala para que además de pasar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, para segundo informe, el proyecto pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Artículo 3º

1) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en cuestiones de raza o etnia, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultura socio-económico, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual, y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República.”.

2) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para sustituir la frase “sexo o condición social” por la siguiente: “sexo, genero, orientación sexual, estructura genética”.

3) De los mismos Diputados, para agregar el siguiente Título II, nuevo:

“Título II

Acción especial de no discriminación

Artículo 5º. El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de 6 meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento ciertos de los mismos, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Artículo 6º. Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informa a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quine estime pertinente, notificándola por oficio. Esta dispondrá del plazo de 10 días hábiles para formular observaciones.

Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.

Un auto acordado de la Corte Suprema regulará los demás aspectos necesarios, para la debida substanciación de esta acción.

Artículo 7º. La Corte de Apelaciones respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto de discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil que sea competente, en procedimiento breve y sumario.

Artículo 8º. En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con multa penal a la establecida en el inciso anterior.

Artículo 9º. Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema.

La apelación será conocida en cuenta, sin perjuicio de la facultad de la Corte Suprema para oír los alegatos de las partes.”.

4) De los mismos Diputados, para agregar, antes del artículo 5º que pasa a ser 10, el siguiente Título III, nuevo:

“Título III

Disposiciones finales”.

Artículo 5º

5) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para intercalar, a continuación del vocablo “discriminación”, la palabra “arbitraria”.

Artículo 6º

6) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para agregar, a continuación de la expresión “y la discriminación” la palabra “arbitraria”

Artículo 7º

7) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para suprimirlo.

8) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para agregar, a continuación de la expresión “y la discriminación” la palabra “arbitraria”

Artículo 8º

Número 1

9) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para incorporar, en el número 20º que se agrega, reemplazando el punto (.) por una coma (,), la siguiente oración final: “en los términos descritos en el artículo 137 de este Código.”.

Número 2

10) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para reemplazar el artículo 137 ter, por el siguiente:

“Artículo 137 ter. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en cuestiones de raza o etnia, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio-económica, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual, y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República.”.

11) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para intercalar, en el artículo 137 ter propuesto, entre los vocablos “discriminación” y “toda” la palabra “arbitraria”.

12) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para suprimir el artículo 137 quater.

13) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossia) Suprimir la frase “reclusión menor en su grado mínimo a medio”.b) Sustituir la frase “veintitrés a cuarenta y seis” por “cinco a veinte”c) Eliminar la expresión “o jurídica”.

Número 3

14) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast para eliminarlo.

15) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossia) Suprimir la expresión “o jurídica”b) Reemplazar la frase “reclusión menor en su grado medio a máximo” por “multa de diez a vente unidades tributarias mensuales”.

-o-

16) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi“4. Agregáse, en el artículo 292, el siguiente inciso segundo, nuevo:“Son punibles las asociaciones que inciten o ejecuten la discriminación, el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones, o contra sus bienes, en razón de cualquier discriminación de las señaladas en el artículo 137 ter.”.”.

Número 4

17) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para eliminarlo.

18) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para intercalar, en el artículo 294 bis que se agrega, a continuación del vocablo “discriminación” la palabra “arbitraria”

Número 5

19) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para suprimir los artículo 305 y 306 propuestos.

20) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para:

a) Sustituir, en el epígrafe del Párrafo 13, la frase “con fines discriminatorios” por la siguiente: “motivado por una discriminación arbitraria”.

b) Reemplazar el artículo 305, por el siguiente:

“Artículo 305. El que en público, verbalmente o por medio de anuncios, escritos o imágenes, incite al odio, la hostilidad o la violencia en contra de las personas, atente contra la dignidad corporal o espiritual de las personas o llame al empleo de medidas de discriminación arbitrarias en su contra, será penado con reclusión menos en su grado mínimo a medio y multa de seis a doce ingreso mínimos.”.

c) Sustituir, en el artículo 306 la frase “o tengan en su poder con el propósito de difundirlos” por la palabra “públicamente”.

Número 6

21) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para suprimirlo.

22) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para intercalar, en el artículo 431 bis que se agrega, a continuación del vocablo “discriminación” la palabra “arbitraria”

Artículo 9

23) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para intercalar en el artículo 8º que se reemplazar, a continuación del vocablo “discriminación” la palabra “arbitraria”

24) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para:

a) Suprimir, en el artículo 8º que se sustituye, la frase “reclusión menor en sus grados medio a máximo y”, y

b) Reemplazar la frase “once a veinte ingresos mínimos mensuales” por “cinco a veinte unidades tributarias mensuales”.

25) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo .- Intercálase en el artículo 31 de la ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión y de Información y Ejercicio del Periodismo, entre las palabras “nacionalidad” y “será” la frase “o por cualquiera de los criterios establecidos en el artículo 3º de la ley que establece Medidas Contra la Discriminación”.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANIA RECAIDO EN EL PROYECTO QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

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BOLETIN N° 3815-07-2

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía informa, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de “simple”.

DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DEBATE.

En el debate de la Comisión participaron e intervinieron el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Osvaldo Puccio; la Ministra de Sernam, señora Cecilia Pérez; el Jefe de la Unidad Jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señor Ernesto Galaz; las señoras Romy Schmidt y Andrea Soto, asesoras de ese mismo Ministerio; el Jefe Situación Jurídica de la Mujer, señor Marcos Rendón y la señora Patricia Silva, asesora, ambos del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

DE CÓMO SE APROBÓ EN GENERAL ESTE PROYECTO.

De conformidad a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en su sesión 8ª, de 21 de junio pasado, con 50 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

DE LAS MENCIONES DEL SEGUNDO INFORME.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 288 del Reglamento, se reseñan a continuación las menciones que debe contener este segundo informe:

ARTÍCULOS QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PRIMER INFORME EN LA SALA, NI DE MODIFICACIONES DURANTE LA ELABORACIÓN DEL SEGUNDO, Y QUE NO REQUIEREN APROBACIÓN CON QUÓRUM ESPECIAL.

En esta situación se encuentran los artículos 1º y 2º.

DISPOSICIONES QUE TIENEN RANGO DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL O QUE DEBEN APROBARSE CON QUÓRUM CALIFICADO.

En el artículo 10 del proyecto se propone una norma que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual de acuerdo con el inciso segundo del artículo 63, de la Constitución debe ser aprobado por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio.

El proyecto aprobado por la Comisión no contiene normas que requieran de quórum calificado.

ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS EN ESTE SEGUNDO INFORME.

Se incorporaron como artículo nuevos los del número 5º al 9º, ambos inclusive, que contienen el establecimiento de la acción especial de no discriminación.

ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

Dentro de las modificaciones al Código Penal contenidas en el artículo 13 de este proyecto, fueron suprimidos por la Comisión:

El artículo 294 bis y el párrafo nuevo que se agrega en el Título VI del Libro II del Código Penal, denominado “13 incitación al odio y la hostilidad con fines discriminatorios” y los artículos 305 y 306 nuevos que lo conforman, cuyo tenor es el siguiente:

Nº 4 del artículo 8º que pasa a ser 13

“4. Agrégase el siguiente artículo 294 bis.

"Artículo 294 bis. Son punibles las asociaciones que inciten o promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones, o contra sus bienes, en razón de cualquier discriminación de las señaladas en el artículo 137 ter.

A los fundadores, a quienes ejercieren mando o aportaren capital a la organización, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.

A los demás miembros activos se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.".

Por considerar que esta norma podría acarrear una limitación al derecho de opinión, se acordó acoger su supresión.

Esta supresión fue aprobada por 5 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Nº 5 del artículo 8º que pasa a ser 13.

“5.- Introdúcese un nuevo Párrafo 13 en el Titulo VI del Libro II del Código Penal, y los artículos 305 y 306 siguientes:

"13. Incitación al odio y la hostilidad con fines discriminatorios.

"Artículo 305. El que en público, verbalmente o por medio de escritos o imágenes, incite al odio, 1a hostilidad o la violencia en contra de las personas o llame al empleo de medidas arbitrarias de discriminación en su contra, tales como las señaladas en el artículo 137 ter, será penado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a doce ingresos mínimos.".

"Artículo 306. Se castigará con igual pena al que, por razones distintas de una información objetiva, haga llegar, a personas que no lo hayan solicitado, objetos o textos que contengan expresiones de contenidos indicado en el artículo anterior o los difundan o tengan en su poder con el propósito de difundirlos.".

Por similares razones tenidas al aprobar la indicación anterior, la Comisión estuvo de acuerdo en suprimir estas normas.

La supresión de estos artículos fue aprobada por 6 votos a favor y uno en contra.

RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LA COMISIÓN.

Artículo 3º

El artículo 3º del proyecto fue aprobado, con una indicación de los señores Accorsi, Aguiló y Quintana, para agregar a continuación de la expresión “persona humana” la frase “en los términos establecidos en la Constitución Política de la República así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Esta indicación fue sugerida por la señora Ministra Directora de Sernam, doña Cecilia Pérez, quien señala que la frase final de la disposición en análisis, es restrictiva, porque sólo hace referencia a la Carta Fundamental, debiendo también abarcar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, siguiendo la redacción del artículo 5º de la Constitución Política.

En relación con este artículo se volvió a plantear el debate sobre las expresiones “condición sexual” y “orientación sexual” y la incorporación de una u otra entre las motivaciones que se entenderán por discriminación.

Se sostuvo, por una parte, que la determinación de utilizar el término “condición sexual” y no “orientación sexual” fue fruto de un consenso adoptado en el pasado por la Comisión, por cuanto el segundo término no ha sido nunca antes usado en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto en doctrina se entiende que implica derechos para las personas de distinta orientación sexual, tales como al matrimonio o a recibir una discriminación positiva, temas que siendo importantes, se estima que no es este el momento de discutirlos. Se agregó que el proyecto de ley cumple con el propósito de proteger a los homosexuales frente a actos de discriminación.

Por otra parte, el Ministro señor Puccio consideró que el término “orientación sexual” es un término universalmente aceptado que compatibilizará nuestra legislación con la normativa internacional en la materia. Personalmente estimó que no existe la homosexualidad como condición sexual sino como orientación sexual. Sostuvo que en la agenda del Gobierno no se encuentra el tema del matrimonio homosexual.

Otro término causal de discriminación es el referido al género, respecto del cual la señora Ministra Directora del Sernam asevera que el género está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico desde el momento que nuestro país ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Agrega que el concepto de género se elabora a partir de las relaciones sociales y culturales adscritas al sexo.

Sobre el particular, el diputado señor Díaz no considera necesario incorporar este concepto, por tratarse de una construcción cultural que el artículo en análisis persigue combatir simplemente al establecer la discriminación por razón de sexo.

El artículo y la indicación fueron aprobados por siete votos a favor, tres en contra y una abstención.

Artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º.

Estos artículos tienen por objeto establecer un Título II nuevo denominado “Acción especial de no discriminación”, que venía propuesto en el mensaje del Ejecutivo y que la Comisión excluyó del articulado del primer informe. Al emitir el primer informe se señaló que el propósito de esta acción era el de asegurar la materialización del mandato legal de no discriminar y se señalaron sus características y normas procesales para su interposición y tramitación, que en síntesis son las siguientes:

Este recurso se interpone ante la Corte de Apelaciones que ejerce jurisdicción en el lugar en que ocurrió el acto u omisión discriminatoria. El procedimiento es sumarísimo. La sentencia puede acoger o rechazar la denuncia y el juez tiene un margen de discrecionalidad de acuerdo a la situación que deba investigar en cada caso concreto. La Corte puede declarar el derecho a una indemnización de perjuicios que habilita al denunciante a demandar directamente ante el juez de letras competente la determinación de dicha indemnización, que puede extenderse al daño moral y al daño patrimonial. También la Corte puede establecer sanciones para el funcionario o la empresa privada que presta servicios de utilidad pública, si ha incurrido en conducta discriminatoria.

Por último si la Corte rechaza la denuncia por carecer de toda base, puede declarar al actor responsable de los perjuicios a favor de quien ha sido infundadamente demandado.

También se desarrolló en el primer informe el debate habido respecto de la necesidad de esta acción especial, en particular al analizar la opinión de la Corte Suprema respecto del proyecto, en cuyo voto de minoría se considera prudente lo que se propone en cuanto a la competencia de una Corte de Apelaciones, aún considerando la recarga de trabajo que ello implica para los tribunales de justicia, labor que se vería morigerada con la sencillez del procedimiento establecido y la facultad de que se da a la Corte para determinar los aspectos procesales de la acción que regula el proyecto.

Quienes disienten de la instauración de este recurso señalan que sería innecesario, porque el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, salvaguarda convenientemente los atropellos que puedan amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías por razones de discriminación. Además opinan que sería inconstitucional establecer un recurso paralelo al vigente el que, debiera legislarse en una reforma constitucional que perfeccione el existente.

A este argumento se le opuso, como ejemplo, la información contenida en el estudio sobre “Jurisprudencia en recursos de protección interpuestos por situaciones de discriminación que afecten a mujeres”, elaborado por académicos del Centro de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en el que se visualiza la escasa comprensión de nuestros tribunales para acoger denuncias de discriminación a través del uso del recurso de protección del artículo 20 del texto constitucional.

La indicación para incorporar estos artículos fue aprobada por seis votos a favor y cinco en contra.

Artículo 5º que pasa a ser 10.

Este artículo contenido en el primer informe tiene por objeto agregar al inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, entre los vocablos "paz" y "estimular", la frase: "y la no discriminación".”.

Se formuló indicación, de la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para intercalar, a continuación del vocablo “discriminación”, la palabra “arbitraria”.

El referido inciso cuarto de la LOCE dice lo siguiente: “Es también deber del Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles, en especial la educación parvularia, y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, fomentar la paz*, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”.

Como puede apreciarse, esta disposición del proyecto tiene por objeto incorporar el concepto de la no discriminación en la ley que regula el deber del Estado de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles, con el fin de ir formando cultura de no discriminación desde la más temprana edad, en un país que, como se dijo en el primer informe y fue reconocido por la generalidad de los académicos consultados, es altamente discriminatorio.

La Comisión admitió, por mayoría de votos, que se podía reponer esta norma en el segundo informe, no obstante que no había alcanzado en la Sala de la H. Cámara, el quórum necesario para su aprobación.

El artículo y la indicación fueron aprobados por unanimidad.

Artículos 6º y 7º que pasan a ser 11 y 12.

El texto de dichos artículos es el siguiente:

Artículo 6º.- Agrégase en la letra l) del artículo 78 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras "acoso sexual" la expresión "y la discriminación", y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo del Código del trabajo “ por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 3º de la Ley que establece medidas contra la discriminación.”

“Artículo 7º.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras "acoso sexual" las siguientes: "y la discriminación" y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2ª, inciso segundo del Código del trabajo” por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”.”.

Estas disposiciones fueron objeto de indicaciones de la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para agregar, a continuación de la expresión “y la discriminación” la palabra “arbitraria” , en ambos artículos.

Las normas referidas tienen por objeto agregar tanto en el Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos como de los funcionarios municipales, en el artículo 78 de los mismos, entre las prohibiciones a que está sujeta la conducta funcionaria para estos empleados, la de discriminar.

Nº 6 del artículo 8º que pasa a ser 13.

Esta disposición tiene por objeto agregar el siguiente artículo 431 bis:

"Artículo 431 bis. El que de palabra o por escrito, se manifieste de manera injuriosa en contra de la dignidad de una o más personas, por razones de discriminación señaladas en el artículo 137 ter, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a diez ingresos mínimos.".

Este artículo fue objeto de una indicación de la

señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para intercalar, en el artículo 431 bis que se agrega, a continuación del vocablo “discriminación” la palabra “arbitraria” .

La indicación y el artículo 431 bis fueron aprobados por unanimidad.

Artículo 9º que pasa a ser 14.

El artículo del primer informe es del tenor siguiente:

“Artículo 9°.- Reemplázase el artículo 8º de la ley 19.253, por el siguiente:

“Artículo 8º.- Se considerará simple delito la discriminación manifiesta e intencionada en contra de los indígenas, en razón de su origen y su cultura. El que incurriere en esta conducta será sancionados con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a veinte ingresos mínimos mensuales.”.”.

A esta disposición se presentaron dos indicaciones:

1) De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para intercalar en el artículo 8° que se reemplaza, a continuación del vocablo “discriminación” la palabra “arbitraria”

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los señores Diputados presentes.

2) De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para:

a) Suprimir, en el artículo 8° que se sustituye, la frase “reclusión menor en sus grados medio a máximo y”, y

b) Reemplazar la frase “once a veinte ingresos mínimos mensuales” por “cinco a veinte unidades tributarias mensuales”.

Esta indicación fue aprobada por siete votos a favor y una en contra.

Las indicaciones se explican de su solo tenor.

ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

El proyecto no consulta disposiciones que, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento, deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Artículo 3º

1. De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para sustituir la frase “sexo o condición sexual” por la siguiente: “sexo, genero, orientación sexual, estructura genética”.

2.De los diputados señores Aguiló, Accorsi y Ojeda al artículo 3ª para agregar el concepto “estructura genética”, después del concepto “orientación sexual”.

3.De los mismos diputados para agregar el concepto “género”, luego del concepto “sexo”.

4.De los mismos diputados para cambiar el concepto “condición sexual”, por el concepto “orientación sexual”.

5. De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en cuestiones de raza o etnia, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultura socio-económico, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual, y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República.”.

Artículo 4º

6.De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos Leal, Ojeda y Rossi, para suprimirlo.

Artículo 8º que pasa a ser 13.

7. De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para suprimir el artículo 137 quater.

8. De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, para eliminar el número 3 que añade un artículo 157 bis nuevo.

9. De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para agregar el siguiente numero 4, nuevo:

“4. Agregáse, en el artículo 292, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Son punibles las asociaciones que inciten o ejecuten la discriminación, el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones, o contra sus bienes, en razón de cualquier discriminación de las señaladas en el artículo 137 ter.”.”.

10. De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, al número 4 para intercalar, en el artículo 294 bis que se agrega, a continuación del vocablo “discriminación” la palabra “arbitraria”

11.De la señora Cristi y de los señores Correa, Forni y Kast, al número 5 para:

a) Sustituir, en el epígrafe del Párrafo 13, la frase “con fines discriminatorios” por la siguiente: “motivado por una discriminación arbitraria”.

b) Reemplazar el artículo 305, por el siguiente:

“Artículo 305. El que en público, verbalmente o por medio de anuncios, escritos o imágenes, incite al odio, la hostilidad o la violencia en contra de las personas, atente contra la dignidad corporal o espiritual de las personas o llame al empleo de medidas de discriminación arbitrarias en su contra, será penado con reclusión menos en su grado mínimo a medio y multa de seis a doce ingreso mínimos.”.

c) Sustituir, en el artículo 306 la frase “o tengan en su poder con el propósito de difundirlos” por la palabra “públicamente”.

12.De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para suprimir el artículo 431 bis.

13. De la señora Tohá y de los señores Accorsi, Aguiló, Bustos, Leal, Ojeda y Rossi, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo . .- Intercálase en el artículo 31 de la ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión y de Información y Ejercicio del Periodismo, entre las palabras “nacionalidad” y “será” la frase “o por cualquiera de los criterios establecidos en el artículo 3° de la ley que establece Medidas Contra la Discriminación”.

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones expuestas y por las que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

PROYECTO DE LEY:

Título I

Disposiciones Generales.

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales en que Chile sea parte.

Artículo 2°- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal, deberá cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó y no podrá derivar, en su aplicación, en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales.

Asimismo, el contenido de las medidas que el Estado adopte en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 4°.- No se considerarán discriminatorias las siguientes conductas:

a) Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada;

b) En el ámbito de la educación, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad;

c) Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales;

d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

e) En general, todas las que no tengan el propósito de suprimir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Título II

Acción especial de no discriminación.

Artículo 5°.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de 6 meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento ciertos de los mismos, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Artículo 6°.- Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informa a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quine estime pertinente, notificándola por oficio. Esta dispondrá del plazo de 10 días hábiles para formular observaciones.

Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.

Un auto acordado de la Corte Suprema regulará los demás aspectos necesarios, para la debida substanciación de esta acción.

Artículo 7°.- La Corte de Apelaciones respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto de discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil que sea competente, en procedimiento breve y sumario.

Artículo 8°.- En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3° de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con multa penal a la establecida en el inciso anterior.

Artículo 9°.- Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema.

La apelación será conocida en cuenta, sin perjuicio de la facultad de la Corte Suprema para oír los alegatos de las partes.

Título III

Disposiciones finales.

Artículo 10.- Agrégase al inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, entre los vocablos "paz" y "estimular", la frase: "y la no discriminación arbitraria".

Artículo 11.- Agrégase en la letra l) del artículo 78 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras "acoso sexual" la expresión "y la discriminación arbitraria", y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo“ por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 137 ter del Código Penal”.

Artículo 12.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras "acoso sexual" las siguientes: "y la discriminación arbitraria" y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2ª, inciso segundo del Código del Trabajo” por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 137 ter del Código Penal”.

Artículo 13.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase al artículo 12, el siguiente numeral:

"21º Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 137 ter de este Código.”

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y los siguientes artículos:

"1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

"Artículo 137 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.".

"Artículo 137 ter. Para los efectos de las disposiciones de este Código y leyes especiales, se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

"Artículo 137 quater. Incurrirá en la pena de multa de cinco a veinte Unidades Tributarias Mensuales el que, en el ejercicio de actividades profesionales, o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo anterior respecto de una persona natural, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el artículo precedente.".

3.- Añádase un artículo 157 bis nuevo del siguiente tenor:

"Articulo 157 bis. El empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa actos de discriminación respecto de una persona natural, consistentes en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, subordinarlo a la concurrencia o ausencia de algunos de los motivos de discriminación señalados en el artículo 137 ter, o en impedir arbitrariamente, por tales motivos, el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera, sufrirá la pena de multa de diez a veinte Unidades Tributarias Mensuales.".

4.- Agrégase el siguiente artículo 431 bis:

"Artículo 431 bis. El que de palabra o por escrito, se manifieste de manera injuriosa en contra de la dignidad de una o más personas, por razones de discriminación arbitraria señaladas en el artículo 137 ter, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a diez Unidades Tributarias Mensuales.".

Artículo 14.- Reemplázase el artículo 8º de la ley 19.253, por el siguiente:

“Artículo 8º.- Se considerará simple delito la discriminación arbitraria manifiesta e intencionada en contra de los indígenas, en razón de su origen y su cultura. El que incurriere en esta conducta será sancionado con la pena de multa de cinco a veinte Unidades Tributarias Mensuales.”

*****

Se designó Diputado Informante al señor Enrique Accorsi Opazo.

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 6 y 13 de julio de 2005, con asistencia de los Diputados señores Sergio Aguiló Melo (Presidente), Enrique Accorsi Opazo, Eduardo Díaz del Río; Néstor Jofré Núñez; Sergio Ojeda Uribe, Fulvio Rossi Ciocca; Felipe Salaberry Soto; Ignacio Urrutia Bonilla; Alfonso Vargas Lyng, Edmundo Villouta Concha y Gastón von Mühlenbrock Zamora y de la Diputada señora Marcela Cubillos Sigall, miembros titulares de la Comisión y de los diputados señores Osvaldo Palma Flores, Esteban Valenzuela Van Treek, Alejandro Navarro Brain, Jaime Quintana Leal y la diputada señora Carolina Tohá Morales.

Sala de la Comisión, 13 de julio de 2005.

JOSÉ VICENCIO FRÍAS

Secretario Abogado de la Comisión

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

BOLETIN Nº 3815-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

La competencia de esta Comisión para conocer de esta iniciativa, emana del acuerdo adoptado en la sesión 22ª. de la Corporación, de fecha 20 de julio de 2005, por el que se dispuso otorgarle plazo hasta la primera semana de septiembre para informarlo, plazo posteriormente prorrogado por otra semana en sesión 41ª., de 7 de septiembre de 2005.

Durante el análisis de este proyecto, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas:

- Don Ernesto Galaz Cañas, Jefe de la Unidad Jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

- Don Marcos Rendón Escobar, Jefe subrogante del Departamento de Situación Jurídica de la Mujer del Servicio Nacional de la Mujer.

IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

La idea central del proyecto se orienta a prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona y que suprima o menoscabe los derechos y libertades que consagran la Constitución y los tratados internacionales de que Chile es parte.

Con tal propósito:

a.-encomienda al Estado la elaboración de las políticas y el arbitrio de las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, el pleno, efectivo e igualitario goce de derechos y libertades.

b.- define lo que debe entenderse por discriminación arbitraria.

c.- establece una acción especial para denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria y el procedimiento para hacerla efectiva.

d.- modifica el Código Penal para introducir una nueva circunstancia agravante de responsabilidad, consistente en cometer el delito por motivos discriminatorios.

Tal idea, la que el proyecto original concreta en un total de nueve artículos, es propia de ley al tenor de lo establecido en los artículos 5º, 19 Nºs. 2 y 22 y 60 Nºs. 1, 2 y 3 de la Constitución Política.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

a.- Que los artículos 5º, inciso segundo, y 9º tienen rango de ley orgánica constitucional por dar competencia para conocer de la acción de discriminación a las Cortes de Apelaciones, en el primer caso, y por entregar competencia para conocer de la apelación a la Corte Suprema en el segundo. Todo ello por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales conforme al artículo 74 de la Constitución Política.

Asimismo, el artículo 10 en cuanto introduce una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, agregando un nuevo deber del Estado en lo que se refiere al fomento del desarrollo de la educación en todos los niveles, también tiene tal rango, de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del Nº 11 del artículo 19 de la Carta Política.

b.- Que el proyecto no contiene disposiciones que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda.

c.- Que el proyecto se aprobó en general, por unanimidad. ( participaron en la votación los Diputados señoras Guzmán y Soto y señores Araya, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni y Saffirio.).

d.- Que la Comisión rechazó los siguientes artículos del texto propuesto por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía:

1.- El inciso final del artículo 6º.

2-.- El artículo 137 ter propuesto por el Nº 2 del artículo 13 del proyecto para el Código Penal.

3.- El artículo 157 bis propuesto por el Nº 3 del artículo 13 del proyecto para el Código Penal.

4.- El artículo 431 bis propuesto por el Nº 4 del artículo 13 del proyecto para el Código Penal.

5.- El artículo 14.

Asimismo, rechazó las siguientes indicaciones:

1.- La del Diputado señor Burgos para suprimir el artículo 137 bis que se agrega al Código Penal por el artículo 13 Nº 2 del proyecto.

2.- La del mismo señor Diputado para agregar al Código Penal el siguiente artículo 274 bis:

“Artículo 274 bis.-Incurrirá en la pena de multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales el que en ejercicio de actividades profesionales o empresariales rehusare, por motivos discriminatorios, el suministro de un bien o servicio que ofreciere al público respecto del cual el ofendido hubiere ejercido derechos.

Se presumirá que rehúsa quien condiciona dicho servicio o incentiva por los mismos motivos.”.

3.- La del Diputado señor Paya para suprimir los artículos 2º y 3º.

ANTECEDENTES.

1.- El Mensaje parte señalando que la globalización es un fenómeno que avanza con creciente rapidez, haciendo que los países, las economías, las culturas y las formas de ser se universalicen y se fundan, pero, a la vez, se acentúan los contrastes por cuanto las sociedades mantienen en su seno sus propias tensiones y su particular conformación, dando lugar a situaciones discriminatorias, incluso, violentas.

Lo anterior constituye un desafío para el Estado, por cuanto uno de sus deberes primordiales es estar al servicio del ser humano y su finalidad es promover el bien común, asegurando a todos el derecho de participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Este principio de igualdad ha sido reconocido por los Estados firmantes de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” al comprometerse a reconocer y respetar la dignidad intrínseca y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, entre los que se encuentra la no discriminación.

Múltiples convenios internacionales de los que Chile es parte han recogido el principio de no discriminación, tales como la “Convención Americana de los Derechos Humanos”; la “Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial”; el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”, y la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”. Asimismo, diversas constituciones políticas recogen este principio, tales como la portuguesa de 1976, la española de 1978 y la venezolana.

No obstante, la consagración constitucional del principio

de la no discriminación no parece ser la única fórmula jurídica para tutelar adecuadamente este principio, por cuanto, normalmente, las constituciones se limitan a enumerar las formas de discriminación pero no establecen acciones de protección. Por ello, se estima pertinente considerar un sistema integral y efectivo de protección de este derecho, sin necesidad de modificar la Carta Política, teniendo presentes como precedentes de esta necesidad, la existencia de normas sectoriales orientadas a dicha protección, tales como la ley a favor de los discapacitados y las normas sobre amparo económico de la ley Nº 18.971.

De acuerdo a los datos del censo de 2002, la sociedad chilena está constituida mayoritariamente por niños, adolescentes y mujeres, los que constituyen el 83,25% de la población, cantidad a la que debe agregarse el 11,4% que corresponde a los adultos mayores, lo que da un total de 94% de la población. Precisamente estos sectores son los que se encuentran en mayor riesgo de sufrir alguna forma de violencia o discriminación.

Nuestro país, desde principios de la década pasada, ha experimentado importantes cambios tendientes a la adecuación de las instituciones al sistema democrático y al principio del respeto irrestricto a dichos grupos, tal como lo demuestran la ratificación de tratados internaciones y la creación de organismos como el Servicio Nacional de la Mujer, la Comisión de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de la Juventud y otros, no obstante lo cual distintos sectores de la sociedad siguen siendo víctimas de conductas discriminatorias y hasta violentas.

De acuerdo a diversos estudios, la discriminación y la intolerancia radicarían en el núcleo de nuestra cultura y operarían en forma inconsciente como estereotipos, prejuicios o creencias que se aplicarían cotidianamente. Así, de acuerdo a análisis efectuados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se percibiría en nuestra sociedad una tensión y una distancia entre lo que se dice y lo que se practica, dándose frente a un discurso crecientemente tolerante, actitudes abiertamente discriminatorias.

Las consideraciones anteriores demostrarían la necesidad de profundizar nuestra modernización política y económica, complementando los logros alcanzados con mecanismos jurisdiccionales que permitan dar vigencia efectiva al principio de no discriminación. Precisamente a ello se orientaría este proyecto, buscando garantizar en mejor forma la igualdad ante la ley y el reconocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

En lo que se refiere al contenido del proyecto, el Mensaje distingue cuatro puntos fundamentales: el deber del Estado, la discriminación arbitraria, la acción especial de no discriminación y la norma penal especial.

a) En cuanto al deber del Estado, el proyecto dispone que a éste corresponde elaborar políticas y arbitrar acciones que garanticen que las personas no sean discriminadas en el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, para lo cual compromete a todos sus órganos para lograr que la no discriminación sea una realidad, previniendo y eliminando todas las acciones u omisiones que atenten arbitrariamente contra ella, sin perjuicio de las diferenciaciones legítimas que pueda establecer, encaminadas a promover y fortalecer el principio de la no discriminación y la real igualdad de oportunidades de las personas.

b) En lo que se refiere al concepto de discriminación arbitraria, el proyecto recurre a cuatro variables:

1.- por la primera define las modalidades que puede adoptar la discriminación arbitraria, sea que se produzca en el ámbito público o en el privado. Estas modalidades pueden traducirse en distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias ya sea por la vía de la acción o de la omisión.

Las distinciones son diferenciaciones en base a alguna particularidad; las exclusiones consisten en quitar a alguien del lugar que ocupa; las restricciones reducen a menores límites, y las preferencias son ventajas que se conceden a una persona sobre otra.

2.- por la segunda se precisan o acotan los criterios en que deben basarse las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias, criterios ya contemplados en nuestra legislación laboral y en el Estatuto Administrativo, a los cuales se han agregado otros, atendidos los nuevos desafíos que plantea la ciencia. Se trata de condiciones individuales o sociales que denotan algún grado de identidad como son: raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad o cualquier otra condición social o individual.

3.- por la tercera no se exige para que haya discriminación la producción de un determinado resultado dañoso, ya sea de anulación o menoscabo en el reconocimiento o ejercicio de un derecho. Basta con que sea reprochable.

4.- por la cuarta no es necesaria la ilegalidad sino sólo la arbitrariedad o falta de fundamento o de proporcionalidad o de desviación de fin, cuestión que corresponderá al juez determinar caso a caso.

c) En lo que dice relación con la acción especial de no discriminación, ésta constituye el mecanismo que contempla la ley para reclamar de la discriminación arbitraria ante los tribunales de justicia.

Esta acción se caracteriza por: 1) proceder sin perjuicio de otras acciones especiales destinadas a proteger de factores específicos de discriminación, pudiendo el actor optar por una u otra; 2) por corresponder su ejercicio exclusivamente a la víctima de la acción u omisión que importe una discriminación arbitraria; 3) porque la causal en que se funda es cualquier acción u omisión que importe una discriminación arbitraria; 4) por ser competente para conocer de esta acción la Corte de Apelaciones respectiva, es decir, la del lugar en que se produjo la acción u omisión. Se prefirió una Corte y no un juzgado por la similitud de esta acción con otras que conocen dichas Cortes, y 5) porque el procedimiento por el que se hace valer esta acción se caracteriza por la informalidad, ya que el afectado la puede hacer valer directamente o por cualquiera a su nombre, encontrándose el procedimiento regulado en el mismo proyecto y dejándose a un auto acordado de la Corte Suprema los pormenores; por la oficialidad, es decir, el tribunal debe dar curso progresivo a los autos, investigar el fundamento de la denuncia y adoptar las medidas para restablecer el derecho y asegurar la protección del afectado, y por el carácter sumarísimo dada la brevedad de los plazos.

En lo que dice relación a la sentencia, ésta puede acoger o rechazar la pretensión: en el primer caso, el tribunal puede adoptar todas las medidas que estime pertinentes, gozando de un margen de discrecionalidad de acuerdo a la situación que se le presenta en el caso de que se trate. Tiene también este fallo la particularidad de facultar a la Corte para declarar el derecho a la indemnización de perjuicios, acción que deberá seguirse ante el juez de letras competente y que puede extenderse al daño patrimonial y moral. Asimismo, puede también establecer sanciones para el funcionario o empresa privada que presta servicios de utilidad pública como luz, gas, teléfonos, etc., que han incurrido en la conducta discriminatoria rehusando el suministro de un bien o servicio al que se tiene derecho.

Si, por el contrario, la Corte declara sin fundamentos la demanda, puede establecer que el actor es responsable de los perjuicios.

d) El cuarto punto fundamental del proyecto, lo constituye el establecimiento de una norma penal especial, expresada en agregar al artículo 12 del Código Penal, una nueva agravante consistente en la comisión del acto delictivo por razones o motivos discriminatorios, de acuerdo a los factores o criterios que señala el mismo proyecto.

2.- La Constitución Política.

La Carta Política en su artículo 1º, señala en su inciso cuarto que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la misma Constitución establece.

Su inciso quinto agrega que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Su artículo 19, en su número 2, garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley, agregando que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, no hay esclavos y quien pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Su párrafo segundo agrega que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Su número 22 impide toda discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, estableciendo en su párrafo segundo, que sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos a favor de un sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras.

DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a) Discusión en general.

La Comisión coincidió plenamente con la necesidad de esta legislación y, sin mayor debate, procedió a aprobar la idea de legislar por unanimidad. ( participaron en la votación los Diputados señoras Guzmán y Soto y señores Araya, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni y Saffirio.).

b) Discusión en particular.

Durante la discusión artículo por artículo, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:

Artículo 1.-

Este artículo, ubicado en el Título I que trata de las disposiciones generales, establece que las normas de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona, que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales en que Chile sea parte.

No se produjo debate y se lo aprobó en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 2º.-

En la misma ubicación anterior, establece que corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

Su inciso segundo agrega que el Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.

Su inciso tercero dispone que el establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal, deberá cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó y no podrá derivar, en su aplicación, en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales.

Su inciso cuarto señala que, asimismo, el contenido de las medidas que el Estado adopte en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.

No se produjo debate, aprobándoselo en los mismos términos, por unanimidad.

Cabe hacer presente respecto de este artículo y el siguiente, que, a petición del Diputado señor Paya, se acordó reabrir el debate para los efectos de pronunciarse sobre una indicación suya para suprimir ambas disposiciones, argumentando, en primer lugar, que el artículo 2º no decía nada que ya no estuviera en la Constitución o en la ley y que su supresión no afectaría al resto del proyecto. Por otra parte, si no se estimara así, la redacción dada a su inciso segundo consagraba la llamada discriminación positiva, la que contrariaba directamente la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Si lo anterior, se consideraba en su contexto con el artículo 3º, ambas normas parecían inconstitucionales.

El Diputado señor Araya sostuvo que el artículo 2º sólo contenía una declaración de principios que, en realidad, no hacía otra cosa más que reafirmar el principio de igualdad ante la ley.

El Diputado señor Bustos hizo presente que el mismo inciso segundo del artículo 2º señalaba que las distinciones o preferencias sólo podrían efectuarse en los términos que establece la Constitución, en consecuencia, dentro de sus márgenes. Recordó, asimismo, que ambas normas habían sido objeto de iguales reparos en la Comisión de Derechos Humanos, pero que el texto no hacía otra cosa más que destacar en qué consistía lo arbitrario y, por ello, entonces, la remisión a la Carta Política en lo referente a la forma en que podrían establecerse las distinciones o preferencias, distinciones que, por lo demás, no buscaban otra cosa que terminar con una situación de desmedro que afectaba a algunas personas y que sólo podría durar el tiempo necesario para superar la situación. Recordó que en el país habían muchas situaciones de carácter discriminatorio.

Cerrado finalmente el debate, se rechazó la indicación por mayoría de votos ( 6 votos en contra y 4 a favor).

Artículo 3º.-

Define lo que se entiende por discriminación arbitraria, señalando que para los efectos de esta ley se entenderá por tal toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Respecto de este artículo, los Diputados señora Soto y señores Araya y Bustos y señores Accorsi y Meza presentaron sendas indicaciones para agregar después de la palabra “sexo” el término “género” y para substituir los términos “condición sexual” por “ orientación sexual”.

No se produjo mayor debate, aprobándose la indicación, conjuntamente con el artículo, por unanimidad.

Artículo 4º.-

Señala las conductas que no se consideran discriminatorias, estableciendo que no tendrán tal carácter:

a) Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada;

b) En el ámbito de la educación, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad;

c) Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales;

d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

e) En general, todas las que no tengan el propósito de suprimir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 5º.-

Primero del Título II, que se refiere a la acción especial de discriminación.

Dispone que el directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

Su inciso segundo agrega que la acción podrá impetrarse dentro de 6 meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento ciertos de los mismos, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Su inciso tercero añade que la Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Se aprobó sin debate, por unanimidad en los mismos términos.

Artículo 6º.-

Establece que una vez deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

Su inciso segundo agrega que la Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Ésta dispondrá del plazo de 10 días hábiles para formular observaciones.

Su inciso tercero añade que evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.

Su inciso cuarto dispone que la Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.

Su inciso quinto señala que un auto acordado de la Corte Suprema regulará los demás aspectos necesarios para la debida substanciación de esta acción.

La Comisión concordó por unanimidad con los cuatro primeros incisos de este artículo, pero con respecto al quinto, siguiendo las opiniones de los Diputados señores Burgos y Bustos, estimó que constituía un exceso entregar a la Corte Suprema la facultad de reglar las demás normas de procedimiento, por cuanto implicaría, prácticamente, una facultad para legislar, además de que no se tenían muy buenas experiencias al respecto. A su vez, el Diputado señor Araya hizo presente que la norma en análisis reglamentaba en suficiente medida la tramitación de esta acción, por lo que no le parecía necesario entregar esta facultad a la Corte.

De acuerdo a lo anterior, se aprobó el artículo por unanimidad, salvo su inciso quinto que se rechazó por igual quórum.

Artículo 7º.-

Se refiere a las acciones de la Corte luego de dictado el fallo, señalando que en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Su inciso segundo señala que, asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Su inciso tercero dispone que si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil que sea competente, en procedimiento breve y sumario.

No se produjo debate, aprobándoselo en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 8º.-

Señala en su inciso primero que en caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3° de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

Su inciso segundo agrega que si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 9º.-

Establece que contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema.

Su inciso segundo agrega que la apelación será conocida en cuenta, sin perjuicio de la facultad de la Corte Suprema para oír los alegatos de las partes.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 10.-

Esta norma, primera del Título III, que trata de las disposiciones finales, agrega al inciso cuarto del artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, entre los términos “paz” y “estimular”, la frase “ y la no discriminación arbitraria·.[1]

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 11.- (se suprime)

Introduce una modificación en la letra l) del artículo 78 de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para agregar a continuación de las palabras "acoso sexual" la expresión "y la discriminación arbitraria", y reemplazar la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo“ por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 137 ter del Código Penal”. 

La Comisión se mostró proclive a aprobar esta norma, pero en razón de que el texto actual de la ley Nº 18.834 fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, y en él el artículo 78 figura como 84, estimó necesario, antes de introducir esta modificación, corregir la referencia a la primera disposición citada, para lo cual sería necesario, mediante una ley, rectificar la mención que hace el artículo 2º de la ley Nº 20005 al artículo 78 del Estatuto, por cuanto la letra l) que se quiere modificar fue introducida por esa ley a ese artículo. No sería, por tanto, suficiente un simple cambio de mención.

Atendido lo anterior, la Comisión procedió a rechazar este artículo por unanimidad.

Artículo 12.- (pasó a ser 11)

Modifica la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobe Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, para agregar a continuación de las palabras "acoso sexual" las siguientes: "y la discriminación arbitraria" y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2ª, inciso segundo del Código del Trabajo” por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 137 ter del Código Penal”. [3]

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 13.- (pasó a ser 12)

Introduce cuatro modificaciones al Código Penal, todas las que la Comisión acordó tratar separadamente.

a) Por el Nº 1 agrega al artículo 12, norma que enumera las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal, el siguiente número, nuevo:

“21º Cometer el delito motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 137 ter de este Código.”.

La Comisión acogió esta proposición por unanimidad, sin otro cambio que la de substituir la mención al artículo 137 ter por otra al artículo 3º de este proyecto, como consecuencia de haber acordado suprimir el citado artículo 137 ter, propuesto por el Nº2 de este mismo artículo 13.

El texto de esta norma quedó como sigue:

“ Agregase al artículo 12 el siguiente numeral:

“21º. Cometer el delito motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la ley que Establece medidas en contra de la discriminación.”.

b) Por el Nº 2, se agrega un párrafo 1 bis, nuevo, en el Título III del Libro II y los siguientes artículos:

“1 bis.- De los delitos contra la igualdad de las personas en dignidad y derechos.

1º) Artículo 137 bis.- El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

2º) Artículo 137 ter.-

Para los efectos de las disposiciones de este Código y leyes especiales, se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

3º) Artículo 137 quater.- Incurrirá en la pena de multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales el que, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo anterior respecto de una persona natural, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el artículo precedente.”.

Con respecto al nuevo párrafo y su epígrafe, la Comisión, sin mayor debate, procedió a aprobarlo por unanimidad.

En lo que dice relación con los artículos que componen este párrafo, el debate fue el siguiente:

1º Artículo 137 bis.-

Respecto de esta norma, el Diputado señor Burgos presentó una indicación para suprimirlo, la que se rechazó, sin debate, por mayoría de votos ( 3 votos en contra y 1 a favor).

Los Diputados señora Soto y señores Araya y Bustos presentaron una nueva indicación para agregar a este artículo el siguiente inciso segundo:

“ Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando, la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

No se produjo debate y se la aprobó conjuntamente con el artículo por mayoría de votos ( 3 votos a favor y 1 en contra).

Reabierto el debate sobe este artículo con motivo de la supresión acordada para el siguiente, el Diputado señor Araya planteó la necesidad de incluir en esta norma una referencia al artículo 3º del proyecto, por encontrarse en tal disposición la definición de discriminación arbitraria, planteamiento que fue acogido por unanimidad.

En consecuencia el texto de este artículo quedó como sigue:

“ Artículo 137 bis.- El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes, motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la ley que establece medidas contra la discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

2º Artículo 137 ter.-

El Diputado señor Burgos presentó una indicación para suprimir este artículo fundándose en que esta norma repite lo que señala el artículo 3º del proyecto, lo que la haría innecesaria.

La Comisión coincidió con la opinión del Diputado y procedió, por unanimidad, a suprimir este artículo.

3º Artículo 137 quater.-

El Diputado señor Burgos presentó una indicación para cambiar la ubicación de esta disposición y substituirlo por el siguiente:

“Artículo 274 bis.- Incurrirá en la pena de multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales el que en ejercicio de actividades profesionales o empresariales, rehusare, por motivos discriminatorios, el suministro de un bien o servicio que ofreciere al público respecto del cual el ofendido hubiere ejercido derechos.

Se presumirá que rehúsa quien condiciona dicho servicio o incentiva por los mismos motivos.”.

Fundó el señor Diputado su proposición en que la figura propuesta calzaba mejor en el párrafo 5 del Título VI del Libro II de este Código, que trata sobre los crímenes y simples delitos de los proveedores. Ello porque se trata de personas que venden servicios y lo que se está estableciendo es que no pueden estas personas negar discriminatoriamente dichos servicios.

La Comisión acordó, por unanimidad, acoger la proposición del Diputado sólo en cuanto a cambiar la ubicación de la norma, pero conservando la redacción del texto original, agregando a ella la referencia al artículo 3º del proyecto.

El texto de esta norma quedó como sigue:

"Artículo 274 bis.- Incurrirá en la pena de multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales el que, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo 3º de la ley que establece medidas contra la discriminación respecto de una persona natural, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el citado artículo 3º.

c) Por el Nº 3 añade un artículo 157 bis del siguiente tenor:

“ Artículo 157 bis.- El empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa actos de discriminación respecto de una persona natural, consistentes en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, subordinarlo a la concurrencia o ausencia de algunos de los motivos de discriminación señalados en el artículo 137 ter, o en impedir arbitrariamente, por tales motivos, el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera, sufrirá la pena de multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.”.

El Diputado señor Burgos presentó una indicación para suprimir este artículo fundándose en que la conducta que trata esta norma se encuentra tipificada en el artículo 256 del Código y si se la agrega en esta nueva legislación, seguramente dará lugar a problemas interpretativos. Agregó que el citado artículo 256 se encontraba en el párrafo 12 del Título V del Libro II y trata de los abusos cometidos por los empleados públicos contra los particulares, señalando lo siguiente: “ En iguales penas incurrirá todo empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos.”.

La Comisión coincidió con el parecer del Diputado y acogiendo por unanimidad su indicación, procedió a rechazar este número.

d) Por el Nº 4 agrega al Código el siguiente artículo 431 bis:

“Artículo 431 bis.- El que de palabra o por escrito, se manifieste de manera injuriosa en contra de la dignidad de una o más personas, por razones de discriminación arbitraria señaladas en el artículo 137 ter, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”.

El Diputado señor Burgos presentó una indicación para suprimir este número argumentando para ello que similar disposición se encuentra establecida, con carácter general, en el artículo 418 del Código, el que señala que:

“ Las injurias graves hechas por escrito y con publicidad, serán castigadas con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

No concurriendo aquellas circunstancias, las penas serán reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”.

La Comisión acogió por unanimidad la indicación del Diputado y procedió a rechazar este número.

Artículo 14.- (se suprime)

Esta disposición reemplaza el artículo 8º de la ley Nº 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo indígena, por el siguiente:

“Artículo 8º.- Se considerará simple delito la discriminación arbitraria manifiesta e intencionada en contra de los indígenas, en razón de su origen y su cultura. El que incurriere en esta conducta será sancionado con la pena de multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales.”.[4]

El Diputado señor Burgos presentó una indicación para suprimir este artículo, señalando que tal como está redactado, parece manifiestamente inconstitucional por cuanto no precisa para nada la conducta incriminada y podría, incluso, constituir una situación de privilegio si con el acto discriminatorio, una vez precisado en qué consiste, se cometiera un delito de mayor gravedad. En tal situación primaría esta nueva disposición, toda vez que tendría el carácter de norma especial. En consecuencia, la disposición que se propone, podría redundar en contra de los supuestos beneficiarios.

La Diputada señora Guzmán, coincidiendo con lo señalado, recordó que en las recientes reformas constitucionales se había analizado la incorporación de una norma contraria a la discriminación en términos generales, pero en este caso, se trata de una norma específica a favor de los indígenas, circunstancia que le da el carácter de privilegio.

Cerrado el debate, se acogió la indicación por unanimidad, rechazándose este artículo.

*****

Por las razones expuestas y por las que dará a conocer opor4tunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

PROYECTO DE LEY:

Título I

Disposiciones Generales.

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales en que Chile sea parte.

Artículo 2°- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal, deberá cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó y no podrá derivar, en su aplicación, en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales.

Asimismo, el contenido de las medidas que el Estado adopte en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo, género u orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 4°.- No se considerarán discriminatorias las siguientes conductas:

a) Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada;

b) En el ámbito de la educación, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad;

c) Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales;

d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

e) En general, todas las que no tengan el propósito de suprimir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Título II

Acción especial de no discriminación.

Artículo 5°.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de 6 meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento ciertos de los mismos, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Artículo 6°.- Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Ésta dispondrá del plazo de 10 días hábiles para formular observaciones.

Evacuado el informe, o vencido el plazo de que se dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que la causa quede en estado de sentencia.

Artículo 7°.- La Corte de Apelaciones respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil que sea competente, en procedimiento breve y sumario.

Artículo 8°.- En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3° de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

Artículo 9°.- Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días para ante la Corte Suprema.

La apelación será conocida en cuenta, sin perjuicio de la facultad de la Corte Suprema para oír los alegatos de las partes.

Título III

Disposiciones finales.

Artículo 10.- Agrégase al inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, entre los vocablos "paz" y "estimular", la frase: "y la no discriminación arbitraria".

Artículo 11.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras "acoso sexual" las siguientes: "y la discriminación arbitraria" y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2ª, inciso segundo del Código del Trabajo” por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 3º de la ley que Establece medidas contra la Discriminación.

Artículo 12.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase al artículo 12, el siguiente numeral:

"21º Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la ley que Establece medidas en contra de la Discriminación.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

"1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

"Artículo 137 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la ley que Establece medidas contra la Discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.".

Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.

3.- Agrégase el siguiente artículo 274 bis:

"Artículo 274 bis.- Incurrirá en la pena de multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales el que, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo 3º de la ley que Establece medidas contra la Discriminación, respecto de una persona natural, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el citado artículo 3º.

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Sala de la Comisión, a 14 de septiembre de 2005.

Se designó Diputado Informante al señor Guillermo Ceroni Fuentes.

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señoras Laura Soto González (Presidenta) y María Pía Guzmán Mena y señores Pedro Araya Guerrero, Jorge Burgos Varela, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera, Guillermo Ceroni Fuentes, Darío Paya Mira y Eduardo Saffirio Suárez.

En reemplazo de los Diputados señores Víctor Pérez Varela y Gonzalo Uriarte Herrera asistieron los Diputados señores Pablo Prieto Lorca y Andrés Egaña Respaldiza, respectivamente.

EUGENIO FOSTER MORENO

Secretario

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que establece medidas contra la discriminación.

Hago presente que el segundo informe reglamentario de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía fue rendido por el diputado señor Enrique Accorsi en la sesión de 20 de junio de 2005, y hoy, el primer informe reglamentario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia le corresponde al diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto, quien rendirá el informe en reemplazo del diputado señor Ceroni .

En esta oportunidad, se procederá a la discusión del proyecto, pero su votación quedará pendiente para la sesión de mañana.

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República que establece medidas contra la discriminación.

La competencia de esta Comisión para conocer la iniciativa emana del acuerdo adoptado en la sesión 22ª de la Corporación, de 20 de julio de 2005, mediante el cual se dispuso otorgar un plazo hasta la primera semana de septiembre para informarlo, el que posteriormente se prorrogó por otra semana, en la sesión 41ª, de 7 de septiembre de 2005.

Durante el análisis del proyecto, la Comisión contó con la colaboración de los señores Ernesto Galaz Cañas, jefe de la Unidad Jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y Marcos Rendón Escobar , jefe subrogante del Departamento de Situación Jurídica de la Mujer del Sernam .

Ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Su idea central se orienta a prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona y que suprima o menoscabe los derechos y libertades que consagran la Constitución y los tratados internacionales de que Chile es parte.

Con ese propósito, encomienda al Estado la elaboración de las políticas y el arbitrio de las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona el pleno, efectivo e igualitario goce de derechos y libertades; define lo que debe entenderse por discriminación arbitraria; establece una acción especial para denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria y el procedimiento para hacerla efectiva, y modifica el Código Penal para introducir una nueva circunstancia agravante de responsabilidad, consistente en cometer el delito por motivos discriminatorios.

Tal idea, que el proyecto original concreta en un total de nueve artículos, es propia de ley al tenor de lo establecido en los artículos 5º, 19 números 2 y 22, y 60 números 1, 2 y 3, de la Constitución Política.

Constancias reglamentarias.

Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Cámara, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

a) Que los artículos 5º, inciso segundo, y 9º tienen rango de ley orgánica constitucional por dar competencia para conocer de la acción de discriminación a las Cortes de Apelaciones, en el primer caso, y por entregar competencia para conocer de la apelación a la Corte Suprema en el segundo. Todo ello, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales conforme al artículo 74 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, que el artículo 10, en cuanto introduce una modificación a la ley orgánica constitucional de Enseñanza, agregando un nuevo deber del Estado en lo que se refiere al fomento del desarrollo de la educación en todos los niveles, también tiene tal rango, de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del número 11 del artículo 19 de la Carta Política.

b) Que el proyecto no contiene disposiciones que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda.

c) Que el proyecto se aprobó en general, por unanimidad -participaron en su votación las diputadas señoras Pía Guzmán y Laura Soto, y los diputados señores Pedro Araya , Jorge Burgos , Juan Bustos , Alberto Cardemil , Guillermo Ceroni y Eduardo Saffirio -.

d) Que rechazó los siguientes artículos del texto propuesto por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía:

1. El inciso final del artículo 6º.

2. El artículo 137 ter propuesto por el Nº 2 del artículo 13 del proyecto para el Código Penal; el artículo 157 bis propuesto por el Nº 3 del artículo 13 del proyecto para el Código Penal; el artículo 431 bis propuesto por el Nº 4 del artículo 13 del proyecto para el Código Penal, y el artículo 14.

Asimismo, rechazó las siguientes indicaciones:

Del diputado señor Burgos , para suprimir el artículo 137 bis, que se agrega al Código Penal por el artículo 13 Nº 2 del proyecto; del mismo diputado , para agregar al Código Penal el siguiente artículo 274 bis:

“Artículo 274 bis.- Incurrirá en la pena de multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales el que en ejercicio de actividades profesionales o empresariales rehusare, por motivos discriminatorios, el suministro de un bien o servicio que ofreciere al público respecto del cual el ofendido hubiere ejercido derechos.

“Se presumirá que rehúsa quien condiciona dicho servicio o incentiva por los mismos motivos.”.

Del diputado señor Paya , para suprimir los artículos 2º y 3º.

Antecedentes generales.

El mensaje parte señalando que la globalización es un fenómeno que avanza con creciente rapidez y que los países, las economías, las culturas y las formas de ser se universalizan y se funden, pero, a la vez, los contrastes se acentúan, por cuanto las sociedades mantienen en su seno sus propias tensiones y su particular conformación, dando lugar a situaciones discriminatorias, incluso violentas.

Lo anterior, constituye un desafío para el Estado, por cuanto uno de sus deberes primordiales es estar al servicio del ser humano y su finalidad es promover el bien común, asegurando a todos el derecho de participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Este principio de igualdad ha sido reconocido por los Estados firmantes de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” al comprometerse a reconocer y respetar la dignidad intrínseca y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, entre los que se encuentra la no discriminación.

Múltiples convenios internacionales, de los que Chile es parte, han recogido el principio de no discriminación. Entre ellos, la “Convención Americana de los Derechos Humanos”; la “Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial”; el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”; el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, y la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles , Inhumanas o Degradantes”. Asimismo, diversas constituciones políticas, como la portuguesa, de 1976; la española, de 1978, y la venezolana, recogen este principio.

Texto del proyecto.

“Disposiciones generales.

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en que Chile sea parte.

“Artículo 2º- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

“El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal, deberá cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó y no podrá derivar, en su aplicación, en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales.

“Asimismo, el contenido de las medidas que el Estado adopte en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, 14restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socioeconómico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el sexo, género u orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquier otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes.

“Artículo 4º.- No se considerarán discriminatorias las siguientes conductas:

“a) Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada;

“b) En el ámbito de la educación, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad;

“c) Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales;

“d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

“e) En general, todas las que no tengan el propósito de suprimir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

“Acción especial de no discriminación.

“Artículo 5º.- El directamente afectado, por sí o por cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

“La acción podrá impetrarse dentro de seis meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento ciertos de los mismos, ante la corte de apelaciones respectiva.

“La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

“Artículo 6º.- Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

“La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles para formular observaciones.

“Evacuado el informe, o vencido el plazo de que se dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.

“La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, desde que la causa quede en estado de sentencia.”

Como se puede apreciar, el procedimiento es corto y le da al reclamante el pleno derecho a recurrir por sí o por otra persona.

“Artículo 7º.- La corte de apelaciones respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese su realización.

“Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

“Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil que sea competente, en procedimiento breve y sumario.”

En suma, también se le da derecho al reclamado para que, si la causa carece de base, así se declare y se le responda por los perjuicios.

“Disposiciones finales.

“Artículo 10.- Agrégase al inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, ley orgánica constitucional de Enseñanza, entre los vocablos “paz” y “estimular”, la frase: “y la no discriminación arbitraria”.

“Artículo 11.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras “acoso sexual” las siguientes: “y la discriminación arbitraria” y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo” por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por el segundo lo expresado en el artículo 3º de la ley que Establece medidas contra la Discriminación.

“Artículo 12.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

“1.- Agrégase al artículo 12, el siguiente numeral:

““21º Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la ley que Establece medidas en contra de la Discriminación.”.

“2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

““1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

““Artículo 137 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la ley que Establece medidas contra la Discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

“Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

“3.- Agrégase el siguiente artículo 274 bis:

““Artículo 274 bis.- Incurrirá en la pena de multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales el que, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo 3º de la ley que Establece medidas contra la Discriminación, respecto de una persona natural, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el citado artículo 3º.”.

Acordado en sesión de fecha 14 de septiembre de 2005, con la asistencia de las diputadas señoras Laura Soto ( Presidenta ) y María Pía Guzmán , y de los diputados señores Pedro Araya , Jorge Burgos , Juan Bustos , Alberto Cardemil , Guillermo Ceroni , Darío Paya y Eduardo Saffirio .

En reemplazo de los diputados señores Víctor Pérez y Gonzalo Uriarte , asistieron los diputados señores Pablo Prieto y Andrés Egaña , respectivamente.

Finalmente, la Comisión recomienda a la Sala aprobar en forma íntegra el proyecto en informe.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

En discusión el proyecto de ley.

Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.

El señor VALENZUELA .-

Señor Presidente , me he comunicado con algunas personas que han impulsado históricamente el proyecto, que he leído con mucha atención. Por ejemplo, he conversado con Juan Pablo Pallamar , de la Juventud Socialista, y con miembros de las entidades judías chilenas. Esto me permite decir que me parece bastante bueno, por dos puntos muy importantes.

Primero, el listado de las discriminaciones es bastante explícito. Tal como explicó la diputada Laura Soto , en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se agregó la discriminación a las personas por su orientación sexual.

Segundo -a mi juicio, lo más relevante-, no hay que temer una caza de brujas al respecto, porque son punibles las asociaciones que inciten o promuevan la discriminación, el odio o la violencia, que es lo esencial.

Aunque como país tenemos algunas malas costumbres, enfatizaría que tenemos tres problemas significativos: algunas radios menoscaban sistemáticamente a algunas comunidades extranjeras, particularmente a la peruana; un canal de televisión reiteradamente se mofa de minorías sexuales en uno de sus programas nocturnos y algunos medios de comunicación escritos son pro nazi. Incluso, algunos ejemplares de la revista “La ciudad de los césares”, que se encuentran en la biblioteca del Congreso Nacional, se lee que un historiador de apellido Larios , entre otros, promueve teorías conspirativas, llama al odio contra comunidades y genera visiones maniqueas de las mismas.

Por lo tanto, esa norma no menoscaba la libertad, sino protege mínimamente a la sociedad de quienes incentivan el odio o la discriminación contra cualquier tipo de minoría.

El proyecto constituye un gran paso del Congreso Nacional y cuenta con todo nuestro respaldo.

He dicho.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.

El señor SALABERRY.-

Señor Presidente , la Sala ya debatió el fondo del proyecto, por lo que no me referiré a él.

Sin embargo, me interesa plantear algunas dudas respecto de los informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación y Justicia, que tendremos que votar mañana.

Además, me gustaría realizar un breve comentario a propósito de la recepción que, en conjunto con el Presidente de la Corporación , efectuamos al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En la conversación surgió el tema de las políticas de derechos humanos en general en nuestro país y cómo hemos tratado de avanzar legislativamente. Incluso, se habló de tres proyectos de ley, entre los cuales se enmarca esta iniciativa contra la discriminación. Además, se mencionó la creación del defensor del pueblo y de un instituto nacional de derechos humanos.

En esa conversación surgió, en palabras de los propios funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, una duda razonable acerca de si es meritorio establecer una suerte de decálogo de actitudes por las cuales uno podría acusar de discriminación a una persona o a una institución. No planteo nada nuevo, toda vez que también lo señalé en esa misma línea en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, de la cual soy miembro. Ello es que, aunque la redacción del artículo 3º del proyecto, que señala que para los efectos de esta iniciativa se entenderá por discriminación arbitraria una serie de acciones, pudiese restringir lo que preceptúa el artículo 19, número 2º, de la Constitución Política, que al respecto es bastante más amplio.

Nos manifestamos a favor de la idea de legislar, aunque teníamos dudas sobre algunos de los preceptos. Por ejemplo, respecto de ese decálogo de acciones discriminatorias, con algunos diputados de la Concertación que integran la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía llegamos a una definición que nos parecía más razonable que la que finalmente sugirió la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sobre la expresión: condición sexual u orientación sexual.

Me preocupa que los informes de las Comisiones de Constitución y de Derechos Humanos establezcan un quórum especial de votación para el inciso segundo del artículo 5º, que se encuentra en el título II, denominado “Acción especial de discriminación”, que es distinta del recurso de protección establecido en la Constitución Política de la República.

En el debate anterior hice presente que me parecía mejor que hubiésemos profundizado el ejercicio del recurso de protección y los mecanismos que de él derivan en lugar

de crear una acción distinta a la establecida en la Constitución. La propia Corte Suprema, si bien en voto de mayoría, no unánime, también se manifestó contraria a la incorporación de esta acción especial.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia establece que sólo el inciso segundo del artículo 5º y el artículo 9º tienen rango de ley orgánica constitucional, en lugar de señalar que ese rango lo tiene todo el título II, que establece una acción especial de no discriminación ante los tribunales de justicia. Desconozco si la Mesa de la Corporación puede resolverlo ahora o lo hará en la sesión de mañana, al momento de votarlo.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA .-

Señor Presidente, por fin estamos concluyendo la tramitación del proyecto de ley, originado en mensaje del Ejecutivo, sobre la no discriminación, materia relevante en el aspecto de la protección de las personas.

Tiempo atrás se presentó una moción redactada casi en los mismos términos que ésta, la cual despachó la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, pero finalmente no prosperó, ya que quedó enredada en alguna Comisión de la Cámara o del Senado. Sin embargo, eso no se producirá con esta iniciativa, que está en tierra derecha, ya que existe claridad acerca de la materia, de lo cual me alegro.

Me parece que ha sido un acierto que el proyecto haya sido estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, puesto que eso ha permitido ver la parte jurídica y adecuarlo a la normativa constitucional y legal. Además, ha confirmado lo resuelto por la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de mantener el procedimiento establecido para las reclamaciones o las denuncias que deban ser conocidas por un organismo jurisdiccional, en este caso las cortes de apelaciones.

Lo anterior reafirma que deben existir un organismo y un procedimiento especial que permitan sancionar estas verdaderas controversias en materia de discriminación. Actualmente sólo se hacen cargo de estas denuncias los tribunales ordinarios, que no siempre dan garantías a los reclamantes de éxitos en sus acciones.

Reitero, se reafirma la necesidad de establecer este organismo que acoja las denuncias por actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria, en la forma señalada en el proyecto.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha pulido la técnica jurídica y algunas disposiciones del proyecto despachado por la Comisión de Derechos Humanos, pues existía una variedad de conductas penales típicas que no hacían otra cosa que complicar más la situación. Por ello, la Comisión de Constitución tipificó como delito sólo las siguientes conductas: cometer o incitar a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, delito que también será sancionado si es cometido por asociaciones; rehusar, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, por motivos discriminatorios, el suministro de un bien o servicio que se ofreciere al público.

Además agregó al artículo 12 del Código Penal, disposición que enumera las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal, el siguiente numeral: “21º. Cometer el delito motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la ley que establece medidas contra la discriminación.

Estimo que el proyecto fue mejorado. Ahora es más armónico y simple, pues unifica la descripción de las conductas discriminatorias al eliminar la definición que se establecía en el texto aprobado por la Comisión de Derechos Humanos para los efectos penales; no pueden existir dos definiciones. Asimismo, la iniciativa ha sido perfeccionada con la incorporación de las expresiones “género u orientación sexual” en su artículo 3º.

Estamos en presencia de un proyecto simple, pero muy efectivo, que defiende la igualdad y la dignidad de las personas. Nadie puede ser discriminado, menoscabado o herido en su dignidad. Todas las personas son iguales ante la ley, nadie puede establecer diferencias o privilegios entre las personas.

Esta futura ley será muy bien recibida. Como es la primera que se dicta sobre esta materia, es posible que tenga algunas insuficiencias; pero, como toda ley, es perfectible, se podrán hacer las correcciones necesarias. Reitero, en los términos establecidos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el proyecto responde a la necesidad de sancionar las conductas discriminatorias que causan daño, menoscabo y perjuicios a las personas.

Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable al proyecto, pues el trabajo de las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución, Legislación y Justicia lo ha mejorado en su fondo y en su técnica jurídica.

He dicho.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta).-

Señor Presidente , el proyecto de ley que hoy analizamos nos pone a la altura de país desarrollado que defiende la libertad y dignidad de las personas. Realmente, es un avance enorme.

Mediante esta iniciativa se sancionarán conductas propias de una cultura de la discriminación. Su artículo 2º impone al Estado la obligación de elaborar políticas y arbitrar las acciones tendientes a garantizar el efectivo e igualitario goce de derechos y libertades. Su inciso segundo señala: “El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.”

Existen manifestaciones discriminatorias complejas, como la xenofobia. En el país la xenofobia tiene características especiales, porque se discrimina a iguales, a hermanos latinoamericanos, especialmente mediante rayados en las murallas. Existe una cultura de animadversión contra emigrantes de los países vecinos. Pero no ocurre lo mismo con los provenientes de Europa, que son recibidos con los brazos abiertos. ¿Será porque unos son morenos y los otros rubios con ojos azules? No sé cuál será la explicación, pero lo cierto es que existe xenofobia en ese aspecto y también contra nuestros pueblos originarios.

Por otra parte, existe discriminación territorial. He conocido casos de personas, que viven en La Pincoya o en alguna población de Renca Nuevo, que cuando buscan trabajo dan otra dirección, porque indicar el domicilio verdadero les significa ser discriminados al momento de obtener empleo. Ello no sólo ocurre en el sector privado, sino también en el estatal. He conocido casos muy decidores que no han podido ser impugnados, por no existir un instrumento como el que establece este proyecto.

Como digo, esta iniciativa permitirá al Estado el establecimiento de políticas públicas importantes. Además, dispone que no se considerarán discriminatorias conductas como las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad; las que establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público, las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, etcétera.

Sin embargo, falta algo que ojalá el Senado lo pudiera incorporar: establecer por ley algunas acciones afirmativas con respecto a la participación de las mujeres, que constituimos más de la mitad de la población, en instancias de decisión. Ahora, cuando nos encontramos frente a una nueva elección, si revisamos el listado de candidatos, veremos que el total de candidatas no es proporcional al 52 por ciento de la población del país, que son mujeres. En otros países este problema se corrige -está establecido en una convención internacional- mediante lo que se denomina acciones positivas, que es un número obligatorio de candidaturas de sexo femenino, o se ha puesto la paridad como una cosa tremendamente importante, como en Europa. Por eso, sería muy bueno que aquí se estableciera esa acción positiva respecto de las mujeres.

Sin embargo, hay una serie de formas de discriminación que consideramos naturales.

Por ejemplo, ¿por qué determinada estatura tiene que ser un requisito para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros? Es una discriminación flagrante, institucional, consagrada en sus reglamentos. La futura ley nos debe llevar a la revisión de los reglamentos en este aspecto, en una materia que no tienen un sentido claro y que no respeta la igualdad. No sé por qué una persona de 1,60 metros no puede ser carabinero. Me parece absurdo; no hay ninguna razón para ello. Sin embargo, se discrimina. En fin, podría seguir enumerando una serie de requisitos institucionales basados en aspectos discriminatorios.

Me parece tremendamente importante que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia haya legislado y repuesto la acción especial de no discriminación. Ésta es una acción mucho más ágil que el recurso de protección. Va a tener un impacto muy favorable en miles de chilenos y chilenas que se sienten discriminados, como aquellos que por tener mucha edad no pueden entrar a determinados establecimientos de diversión o que por ser de otra raza no pueden ingresar a baños públicos, como ocurrió en un caso muy comentado, y en tantos otros.

Otro ejemplo muy repudiable es la acción discriminatoria criminal contra personas distintas, como la generada por grupos neonazis, que hacen del odio una pasión cotidiana. Ejemplo de ello es lo acontecido en la Quinta Región, en un caso conocido por el país entero gracias a un programa de televisión. En el proyecto debe quedar claro que serán sancionadas todas aquellas personas que se asocien para predicar el odio, de manera que no se repitan crímenes contra la humanidad, como el genocidio que afectó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Estoy muy contenta, porque éste es un paso de civilización, es un paso realmente importante en favor de la dignidad de cada uno de los ciudadanos chilenos, de nuestros niños y niñas y de los ancianos. Un proyecto de ley como éste nos enaltece. Espero que, con las facultades y obligaciones que entrega a los organismos públicos, se establezcan políticas públicas claras antidiscriminatorias que nos lleven a respetarnos en nuestra diversidad.

En nuestro país hay clasismo. Ello se demuestra cuando la elite del país se forma en ciertas universidades y cuando existen jóvenes que no pueden ingresar a ellas por diversas razones discriminatorias que dan mayor preponderancia a unos u otros elementos.

En fin, al escudriñar la realidad nos damos cuenta de la crueldad existente, de la discriminación y de cómo se pisotea la dignidad de las personas.

Por lo tanto, éste es un motivo de alegría y anuncio que la bancada del Partido por la Democracia va a votar favorablemente.

Felicito a las comisiones que lo han estudiado y el hecho de que al fin, después de quince años de democracia, el Congreso Nacional y el Ejecutivo puedan decir que están dando un paso significativo en beneficio de la dignidad de los ciudadanos chilenos.

He dicho.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-

Señor Presidente , pocas materias pueden concitar mayor consenso y unanimidad que la que tiene por objeto terminar y, más aún, penalizar toda forma de discriminación arbitraria. Nuestra Constitución, en su primer artículo, excluye toda discriminación arbitraria.

Se insiste en el adjetivo “arbitraria”, porque, por cierto, no toda discriminación es injusta o arbitraria. Al contrario, la justicia consiste a dar a cada uno lo suyo; no a todos lo mismo, porque eso puede ser injusto. Por ejemplo, no se puede entregar el manejo de una locomotora a un niño de tres años como se la entrega a una persona especialmente preparada para conducirla. El proyecto hace bien en establecer algunos criterios de “sana discriminación” que no entran en su ámbito.

Sin embargo, en su texto hay algunas disposiciones importantes que llaman la atención, tal vez porque les falta mayor reflexión, mayor técnica. Por ejemplo, el artículo 1º dice: “Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en que Chile sea parte.”.

Luego, la iniciativa crea una acción especial para ser ejercida ante la corte de apelaciones respectiva. Pero ella sólo se puede entablar una vez que los hechos de discriminación ya han sucedido. Por lo tanto, aquí el verbo “prevenir” queda completamente desfasado; no corresponde prevenir. Por supuesto, corresponde hacerlo de otras maneras, como a través de la acción de distintas autoridades.

Asimismo, la expresión “eliminar toda discriminación arbitraria” es un poco excesivo y pretencioso. Aquí se trata de poner término a determinada discriminación arbitraria a través del ejercicio de una acción ante las cortes de apelaciones. Por eso, los verbos rectores de este proyecto de ley me parecen bastante -por no decir “profundamente”- errados y merecen un nuevo análisis, tarea que probablemente debamos dejar al Senado.

Es una lástima que en el estudio de esta iniciativa, que tiene ya un segundo informe reglamentario de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y uno complementario de la de Constitución, Legislación y Justicia, no se hayan tratado estas materias. Al menos yo no lo vi. Me parece que está mal enfocada la iniciativa, porque -insisto- no se puede prevenir de la manera que se señala, y eliminar me parece excesivo.

En seguida, el tribunal ante el cual se presenta la acción es la corte de apelaciones respectiva, que se determina de acuerdo a las reglas generales de competencia. Pero todos conocemos el grado de atochamiento de las cortes de apelaciones, y, más temprano que tarde, las causas que se les agreguen por la vía de esta ley aumentarán las colas, que ya son gigantescas, y quién sabe cuándo se verán y cuándo se pondrá término a la situación.

Para estos efectos sería mejor recurrir a los juzgados civiles de primera instancia, de mayor cuantía, para que vieran este tipo de acción y se apelara ante las cortes de apelaciones de acuerdo a las reglas generales, y no ante la Corte Suprema, que se la utiliza como un tribunal de apelaciones, lo que no se condice con su condición. Muchos proyectos de ley la establecen como corte de apelaciones respecto de determinados procesos y acciones. Es decir, se banaliza un poco a la Corte Suprema.

Por eso, el segundo problema que advierto en este proyecto dice relación con el tribunal que conoce de la acción de no discriminación: la corte de apelaciones. En el fondo, por tratar de asegurar una mayor independencia y dar más importancia a esta acción, se la condena a ser bastante inefectiva.

En tercer lugar, hay tres tribunales competentes, uno de ellos, la corte de apelaciones, que conoce de la acción de no discriminación.

Por otra parte, si ha habido daño patrimonial, se debe recurrir a las reglas generales para determinarlo y fijar la indemnización. O sea, se va a un tribunal de primera instancia, el cual puede tener criterios distintos al de la corte de apelaciones.

Por último, el artículo 12 incorpora al Código Penal diferentes tipos penales derivados, y como no hay ninguna mención especial, esos ilícitos deberán ser conocidos por los jueces competentes en lo penal, los cuales también pueden tener un criterio distinto al de la corte de apelaciones. Puede ser que ésta declare culpable a la persona y el tribunal inocente, o viceversa. ¿En qué situación quedará una persona si su conducta ha sido juzgada de manera contradictoria por dos tribunales?

Por eso, estando de acuerdo con las ideas generales del proyecto, me parece que, desde el punto de vista de la técnica legislativa, deja mucho que desear. Debemos reflexionar más respecto de él, en lo posible formular algunas indicaciones, no remitirlo nuevamente a Comisión, sino que dejarlo como corresponde para ser enviado al Senado y no para que éste corrija sus deficiencias.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.

El señor LEAL.-

Señor Presidente , hace pocos días denunciamos la acción de grupos neonazis en contra de jóvenes punk en la ciudad de Copiapó. Ello también ha ocurrido en ciudades como Quillota, Viña del Mar, Valparaíso y en las comunas de Puente Alto, San Miguel , La Granja, entre muchas otras. Esos grupos se organizan y se reproducen mediante mensajes a través de Internet. Agreden a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, como los extranjeros latinoamericanos, los homosexuales, los travestis, las prostitutas y las personas que duermen en las calles.

Muchas de las acciones de esos grupos tienen que ver con un problema cultural, con falta de información y con grupos de jóvenes de diversos estratos socioeconómicos, que han sido atrapados en las redes de la intolerancia, del neonacismo -muchos sin saber lo que esto significa- y de la comunicación global. Por eso es tan importante una ley marco. Habría preferido que este tema quedara consagrado en la carta fundamental, porque aun cuando en ella existen normas que garantizan los derechos a todos para impedir la discriminación, era necesario que su rechazo, como también a la intolerancia y la afirmación del valor de la diversidad se establecieran en la Constitución, para que posteriormente pudieran reproducirse en el conjunto de la legislación chilena. Eso no fue posible, pero elaborar una iniciativa marco es un paso muy importante.

Las leyes fijan conductas, normas, regulaciones, pero de alguna manera también sirven para crear cultura, para difundir en la sociedad comportamientos nuevos, “de mayor civilización”, como dijo la diputada María Antonieta Saa , porque las sociedades tolerantes son sociedades civilizadas.

Manifiesto mi alegría porque hace cuatro años presentamos una modificación al Código Penal, apoyada por representantes de otras bancadas, como la diputada señora Carmen Ibáñez y los diputados señores García-Huidobro y Bustos , entre otros. Esa iniciativa introducía una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal cuando se cometían delitos por motivos discriminatorios.

El proyecto, tal como sucedió con la iniciativa que sanciona la discriminación, estuvo varios años sin ser tramitado. Finalmente, se incorporó una norma semejante en el proyecto que estamos discutiendo, hecho que es muy relevante porque lo han exigido los padres de los jóvenes víctimas de la acción de grupos neonazis o de otros grupos intolerantes y violentos. En ese sentido, me alegro de que aprobemos un proyecto de estas características.

También considero relevante que, a través de esta iniciativa se establezca el recurso de la acción especial, pues el recurso de protección no cubre algunas discriminaciones, por ejemplo, en el área de la educación. Por lo tanto, el recurso de acción especial es una nueva forma de protección de los derechos de las personas, en particular de quienes son más susceptibles de ser discriminados.

Asimismo, me parece relevante que se incorporen normas que regulen las conductas al interior de la administración del Estado, es decir, el comportamiento de los funcionarios públicos, los que pueden ser sometidos a sumario y destituidos cuando cometan actos de discriminación, porque los funcionarios públicos y las autoridades conformamos el Estado, y tenemos que dar el ejemplo en materia de no discriminación.

Me parece importante también que se establezcan sanciones en contra de la asociación ilícita, referida a la discriminación.

En Copiapó y en la comuna minera de Diego de Almagro, que represento, hace pocos días se realizaron dos grandes asambleas que reunieron gran cantidad de gente. En esa oportunidad, invitamos a participar a la cantante argentina María Jimena Pereira , del programa televisivo Rojo Fama contra Fama. Dichos actos giraron en torno al tema del lenguaje de señas, debido a la celebración del día mundial de los discapacitados auditivos. La mencionada cantante viene de un país más avanzado que Chile en diversidad, tolerancia y no discriminación, por ejemplo, existe una cuota de presencia femenina en el Congreso Nacional argentino. En Chile eso no ocurre.

Esta cantante, con su estupenda voz, ha grabado temas acompañados con lenguaje de señas. Esta joven intérprete, que además está trabajando con el Ministerio de Educación en el tema de la discapacidad, ha demostrado que era falsa la premisa sostenida por los canales de televisión de que era imposible que los noticieros también se exhibieran con lenguaje de señas. El argumento que se nos entregó cuando discutimos el artículo 19 de la ley Nº 19.284, de la discapacidad, es que afeaba, que distraía la imagen, pero ocurre que nos hemos encontrado con una cantante de música pop que utiliza, además, el lenguaje de señas para ser entendida de manera más universal.

Por otra parte, creo que esta iniciativa se vincula con el nuevo texto constitucional -que modificó la Constitución que heredamos del régimen pasado-, ya que no sólo terminamos con los enclaves autoritarios, sino que ampliamos el sentido de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos de nueva generación. En efecto, pienso que el proyecto viene a reforzar el nuevo texto constitucional, porque permitirá avanzar en lo que dice relación con los llamados derechos de tercera y cuarta generación, ligados a la cultura de la no violencia y a la búsqueda de formas no violentas de resolución de conflictos, respecto de lo cual nuestra sociedad tiene una carencia extraordinaria, pues existe entre nosotros una fuerte tendencia a resolver los conflictos de manera violenta.

Hoy todo nos indica que hay que crear una cultura en que la solución de conflictos al interior de los diferentes grupos humanos, especialmente en el hogar, siga caminos completamente distintos a aquellos a los que estamos acostumbrados.

Asimismo, considero que esta iniciativa desarrollará la cultura de la tolerancia y del respeto a la diversidad, ya que acentúa la idea de que la diversidad es positiva y no negativa. Además, pienso que será muy importante para aquellos grupos más vulnerables, que encuentran dificultades para ejercer sus derechos, especialmente el derecho al trabajo.

Este proyecto debe transformarse en una ley marco que será un aporte muy relevante para nuestra sociedad, por lo que espero que podamos difundirla en todo el país y enseñarla en los colegios -lo hemos conversado con el ministro Bitar , que comparte plenamente esta idea-, porque debe convertirse en un código de conducta, de cultura, y no sólo para las nuevas generaciones, sino para el conjunto de la población.

Por eso, me sumo a lo señalado por mi colega, la diputada María Antonieta Saa, en cuanto a que los parlamentarios del Partido por la Democracia vamos a apoyar el proyecto y a seguir trabajando por su aprobación hasta su total despacho.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Cecilia Pérez.

La señora PÉREZ, doña Cecilia ( ministra del Servicio Nacional de la Mujer ).-

Señor Presidente , como se ha decidido cerrar hoy el debate del proyecto y votarlo en la sesión de mañana, quiero compartir con quienes siguen esta sesión por televisión y con las diputadas y diputados de la Concertación, que han permanecido en la Sala, la opinión del Ejecutivo.

Como Gobierno, como Estado, y también como sociedad, debemos sentirnos profundamente orgullosas y orgullosos de tener la posibilidad de discutir un proyecto como éste.

El texto en debate, que es el fruto del trabajo serio y riguroso de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación y Justicia contiene, a nuestro juicio, los elementos necesarios para alcanzar los objetivos que se han propuesto tanto el Ejecutivo como los parlamentarios que presentaron indicaciones; particularmente, en el caso de la mujer, que se favorezca un debate más extendido acerca de la posibilidad de modificar patrones de conducta muy arraigados en nuestra sociedad y que no siempre son reconocidos explícitamente como discriminatorios en contra de la mujer. Creo que este proyecto nos permitirá avanzar en ese debate, que se ha dado con mayor profundidad e intensidad en el transcurso de los últimos años.

Sin duda, es un salto cualitativo el que daremos como país. Pasaremos de una etapa de reconocimiento de derechos, que se vieron clara y seriamente empantanados y conculcados durante el régimen militar, a una etapa de entregar directamente a la ciudadanía -creo que éste es el gran valor del proyecto- herramientas concretas, específicas, legales y eficientes para que sean los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes, individuales o colectivamente, vulnerados en su derecho a tener un trato digno, los que puedan accionar ante la justicia por el solo hecho de sentirse discriminados o discriminadas.

En una sociedad como la nuestra, que hoy se autodefine como moderna en su desarrollo económico, pero que da muestra de una cultura aún con elevadísimos grados de tolerancia a la violencia contra la mujer, a la xenofobia, a la discriminación, a la exclusión social de muchos sectores de nuestra población, creo que era indispensable, al menos en esta etapa, culminar con este debate.

De hecho, muchos países ya han dado pasos decisivos en contra de la discriminación, adoptando legislaciones específicas y diseñando recursos institucionales, constitucionales o legales de protección contra la discriminación.

Nuestro Estado, ha través de este proyecto de ley, se orienta en ese sentido, asumiendo el desafío de elaborar políticas y acciones destinadas a garantizar a toda persona discriminada el pleno, efectivo e igualitario ejercicio de sus derechos y de sus libertades.

Al mismo tiempo, desde ya, se agrava la responsabilidad en cualquier delito que tenga una motivación discriminatoria, penalizándose además determinadas conductas discriminatorias como las que han sido resumidas en el informe de la Comisión de Constitución.

No cabe duda de que uno de los aspectos más importantes del proyecto, sino el más importante, dice relación con la posibilidad de entregar a la ciudadanía una acción legal, una acción especial antidiscriminatoria, un mecanismo de reclamación judicial en contra de actos discriminatorios para exigir medidas de protección y de reparación.

Algunos parlamentarios, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la de Constitución, han sostenido que la existencia de la acción de protección o del recurso de protección haría innecesario un específico amparo de la igualdad, que es el que propone este proyecto de ley.

Lo discutimos antes. Como Ejecutivo presentamos a esta Corporación algunos estudios al respecto, lo que no hace sino confirmar algo que ya se intuía en el mundo jurídico, y es que el recurso de protección no constituye hoy un mecanismo eficiente de resguardo de garantías constitucionales, no sólo porque excluye gran parte de ellas, sino, además, porque en su funcionamiento real el recurso de protección ha tendido a suplir otros déficit del sistema jurídico, especialmente en materia contractual, cuando ha logrado sortear las formalidades y se ha interpuesto en forma casi inmediata al acto arbitrario, como lo exige la regulación complementaria generada por la Corte Suprema.

Nos asiste la certeza de que el recurso que se crea desarrolla el texto constitucional, lo profundiza, y en caso alguno lo transgrede. Es más, constituye un complemento necesario. Así lo ha entendido, además, parte importante de los ministros de la Corte Suprema que, pese a la recarga de trabajo que para ellos derivaría, lo han estimado como una medida conveniente, y eso está textual en el voto de minoría que dimos a conocer en la sesión anterior de la Sala.

Cabe advertir que nuestro sistema jurídico contempla resguardos y mecanismos específicos para otras garantías constitucionales, como es el caso del amparo económico, y lo que hoy se busca es resguardar la igualdad.

La creación del Servicio Nacional de la Mujer, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Instituto Nacional de la Juventud, el Fondo Nacional de la Discapacidad, la reciente creación del Servicio del Adulto Mayor, y otras iniciativas, evidencian el compromiso real de los gobiernos democráticos de generar mecanismos, institucionalidades, regulaciones y políticas tendientes a eliminar las brechas de desigualdad.

Sin duda, develar los principales factores de discriminación contribuye a identificar motivaciones, prejuicios y otras razones que los explican y los favorecen. El sexo con que nacemos, nuestro origen étnico, nuestro color, nuestra apariencia física, nuestra orientación sexual, nuestras creencias o el lugar de nacimiento no pueden seguir siendo en nuestra sociedad causas de inequidades, de desigualdad, de un trato discriminatorio, que impidan ejercer nuestros derechos, generando con ello ciudadanías de segunda y de tercera clase.

En este sentido, destacamos también el hecho de que la Comisión de Constitución haya repuesto la mención explícita al género y a la orientación sexual como factores de discriminación, recuperando así el sentido original del mensaje del Ejecutivo. La ciudadanía espera contar con esta herramienta.

Este proyecto también es consecuencia de una fuerte demanda de la sociedad civil, del foro por la no discriminación y de otros grupos que han estado atentos al desarrollo de esta discusión.

Por ello, ésta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Es el momento para hacer coincidir el discurso con la práctica y entregar, finalmente, una herramienta eficiente a la ciudadanía para ejercer de verdad sus derechos.

Muchas gracias.

(Aplausos).

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Ha concluido el debate.

El proyecto será votado al inicio de la sesión de mañana.

NORMATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. Primer trámite constitucional. (Votación pendiente).

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Corresponde votar en particular el proyecto que establece medidas en contra de la discriminación, que quedó pendiente en la sesión de ayer.

Hago presente que la votación se hará sobre la base del proyecto de la Comisión de Derechos Humanos y las modificaciones que propone la Comisión de Constitución a ese texto.

Se declara aprobado el artículo 1º por no haber sido objeto de indicaciones.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, si hubiera una contradicción entre las proposiciones de las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución, Legislación y Justicia, deberíamos seguir el procedimiento complejo sugerido por la Mesa. Sin embargo, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos estamos de acuerdo con las indicaciones de la Comisión de Constitución. Por eso, sugiero que junto con los artículos se vayan votando sus indicaciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Si es así, se procederá a votar el artículo y la indicación correspondiente.

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señor Presidente, en ese caso habría que votar primero las indicaciones y después el artículo original con la indicación, porque si votamos primero el artículo, después será desmentido por la indicación.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Llamo a reunión de Comités parlamentarios.

-Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Continúa la sesión.

Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios y los miembros de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, se acordó el procedimiento antes señalado para la votación del proyecto, con excepción del artículo 3º, con la indicación de la Comisión de Constitución. Se hará el alcance una vez que esté en votación.

Tal como se planteó, se tendrá como base el texto del informe de la Comisión de Derechos Humanos y las indicaciones propuestas por la de Constitución, Legislación y Justicia.

Se va a señalar en la votación de cada artículo si existen indicaciones.

En votación el artículo 2º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Mella Gajardo María Eugenia ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez San Martín Lily ; Pérez Varela Víctor ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 3º, con la indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que agrega los términos “género u orientación sexual”.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Delmastro Naso Roberto ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Galilea Carrillo Pablo ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Mella Gajardo María Eugenia ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez San Martín Lily ; Quintana Leal Jaime ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Correa de la Cerda Sergio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Kast Rist José Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Molina Sanhueza Darío ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Pérez Varela Víctor ; Recondo Lavanderos Carlos ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade Claudio ; Bertolino Rendic Mario ; Galilea Vidaurre José Antonio ; Vargas Lyng Alfonso.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 4º del informe de la Comisión de Derechos Humanos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Correa de la Cerda Sergio ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Mella Gajardo María Eugenia ; Molina Sanhueza Darío ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez San Martín Lily ; Pérez Varela Víctor ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 5º, cuyo inciso segundo requiere el voto afirmativo de 66 señores diputados en ejercicio.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 2 abstenciones.

Votaron por la afirmativa los siguiente señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Delmastro Naso Roberto ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Mella Gajardo María Eugenia ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez San Martín Lily ; Quintana Leal Jaime ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Correa de la Cerda Sergio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Kast Rist José Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Molina Sanhueza Darío ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Pérez Varela Víctor ; Recondo Lavanderos Carlos ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade Claudio ; Galilea Vidaurre José Antonio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Por no haber alcanzado el quórum requerido, queda aprobado el artículo, con excepción del inciso segundo.

El señor FORNI.-

Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Forni.

El señor FORNI.-

Señor Presidente, usted sometió a votación el artículo 5º y en ningún caso lo hizo respecto del inciso segundo de dicho artículo. En consecuencia, al haber calificado todo el artículo como una norma de quórum especial, fue sometido a votación completamente y no sólo su inciso segundo.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, tal como consta en el informe, es sólo ese inciso el que tiene quórum especial. El quórum no lo fija la Mesa, sino la naturaleza de las materias y, en este caso reitero, se requiere quórum especial. Como es el único inciso que se rechazó, el resto del artículo está aprobado.

El señor FORNI.-

Señor Presidente, la Mesa sometió a votación el artículo 5º, pero jamás señaló que se votaba por separado cada uno de sus incisos. El artículo 5º, calificado como orgánico constitucional, fue rechazado en forma completa por la Sala.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Señor diputado, la Mesa explicitó claramente que el inciso segundo del artículo 5º requería quórum calificado.

El señor FORNI.-

Señor Presidente, pido el pronunciamiento de la Mesa.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

La Mesa ya se pronunció por ratificar la aprobación del artículo 5º, excepto su inciso segundo, que no alcanzó el quórum exigido.

En votación el artículo 6º del informe de la Comisión de Derechos Humanos, con la indicación de la Comisión de Constitución para eliminar su inciso final.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Correa de la Cerda Sergio ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Mella Gajardo María Eugenia ; Molina Sanhueza Darío ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez San Martín Lily ; Pérez Varela Víctor ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio.

Votó por la negativa el diputado señor Kast Rist José Antonio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 7º del informe de la Comisión de Derechos Humanos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Delmastro Naso Roberto ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Galilea Carrillo Pablo ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Mella Gajardo María Eugenia ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez San Martín Lily ; Quintana Leal Jaime ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Correa de la Cerda Sergio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Kast Rist José Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Pérez Varela Víctor ; Recondo Lavanderos Carlos ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo.

Se abstuvo el diputado señor Alvarado Andrade Claudio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 8º del informe de la Comisión de Derechos Humanos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Delmastro Naso Roberto ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Galilea Carrillo Pablo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Mella Gajardo María Eugenia ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez San Martín Lily ; Quintana Leal Jaime ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Correa de la Cerda Sergio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Kast Rist José Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Pérez Varela Víctor ; Recondo Lavanderos Carlos ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo.

Se abstuvo el diputado señor Alvarado Andrade Claudio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 9º del informe de la Comisión de Derechos Humanos, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de 66 señoras diputadas y señores diputados.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Por no haberse alcanzado el quórum requerido, se rechaza el artículo.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Delmastro Naso Roberto ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Galilea Carrillo Pablo ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Mella Gajardo María Eugenia ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez San Martín Lily ; Quintana Leal Jaime ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Correa de la Cerda Sergio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Kast Rist José Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Molina Sanhueza Darío ; Paya Mira Darío ; Pérez Varela Víctor ; Recondo Lavanderos Carlos ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade Claudio ; Galilea Vidaurre José Antonio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 10 del informe de la Comisión de Derechos Humanos, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 66 señoras diputadas y señores diputados.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Por no haberse alcanzado el quórum necesario, se rechaza el artículo.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Delmastro Naso Roberto ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Galilea Carrillo Pablo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Mella Gajardo María Eugenia ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez San Martín Lily ; Quintana Leal Jaime ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Correa de la Cerda Sergio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Kast Rist José Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Molina Sanhueza Darío ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Pérez Varela Víctor ; Recondo Lavanderos Carlos ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo.

Se abstuvo el diputado señor Alvarado Andrade Claudio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 11 del informe de la Comisión de Derechos Humanos, con la indicación de la Comisión de Constitución para suprimirlo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobada la indicación; eliminado el artículo.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Correa de la Cerda Sergio ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Mella Gajardo María Eugenia ; Molina Sanhueza Darío ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez San Martín Lily ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 12 del informe de la Comisión de Derechos Humanos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Correa de la Cerda Sergio ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Mella Gajardo María Eugenia ; Molina Sanhueza Darío ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez San Martín Lily ; Pérez Varela Víctor ; Recondo Lavanderos Carlos ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio.

Se abstuvo el diputado señor Paya Mira Darío.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación lo numerales 1 y 2, en lo que dice relación con los artículos 137 bis y 137 quáter del artículo 13 del informe de la Comisión de Derechos Humanos, con las indicaciones de la Comisión de Constitución.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 18 abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobados.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Delmastro Naso Roberto ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Galilea Vidaurre José Antonio ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Jaramillo Becker Enrique ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Mella Gajardo María Eugenia ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez San Martín Lily ; Quintana Leal Jaime ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade Claudio ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Correa de la Cerda Sergio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Kast Rist José Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Molina Sanhueza Darío ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Pérez Varela Víctor ; Recondo Lavanderos Carlos ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 137 ter, que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propone eliminar.

Quienes voten por la afirmativan, aprueban la eliminación de esta disposición.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobada la indicación; eliminado el artículo.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Correa de la Cerda Sergio ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; González Torres Rodrigo ; Guzmán Mena María Pía ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Mella Gajardo María Eugenia ; Molina Sanhueza Darío ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez San Martín Lily ; Pérez Varela Víctor ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

Votó por la negativa el diputado señor Bustos Ramírez Juan.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 157 bis, nuevo, de la Comisión de Derechos Humanos y que la Comisión de Constitución propone suprimir.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobada la indicación; eliminado el artículo.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Señor Presidente, agregue mi voto.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bayo Veloso Francisco ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Correa de la Cerda Sergio ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; González Torres Rodrigo ; Guzmán Mena María Pía ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Lorenzini Basso Pablo ; Luksic Sandoval Zarko ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Mella Gajardo María Eugenia ; Molina Sanhueza Darío ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez San Martín Lily ; Pérez Varela Víctor ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

En votación el artículo 431 bis de la Comisión de Derechos Humanos y que la Comisión de Constitución propone eliminar.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobada la indicación para eliminar el artículo.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Correa de la Cerda Sergio ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; González Torres Rodrigo ; Guzmán Mena María Pía ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Ibáñez Santa María Gonzalo ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Lorenzini Basso Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Mella Gajardo María Eugenia ; Molina Sanhueza Darío ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, quisiera mayor precisión al momento de indicar qué se va a votar.

Su señoría pone en votación un artículo determinado; votamos el artículo y después aparece que esa votación corresponde a lo propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Primero se debe precisar, reitero, lo que se va a votar, usando bien el lenguaje.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Señor diputado, estamos hablando de lo mismo. El acuerdo era votar el artículo con las indicaciones. Por eso, hemos procedido así.

En votación la el artículo 14 del informe de la Comisión de Derechos Humanos, que la Comisión de Constitución propone suprimir.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NAVARRO (Presidente en ejercicio).-

Aprobada la indicación; eliminado el artículo

Despachado el proyecto.

Aplausos.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cornejo Vidaurrázaga Patricio ; Correa de la Cerda Sergio ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Escalona Medina Camilo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Vidaurre José Antonio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; González Torres Rodrigo ; Guzmán Mena María Pía ; Hales Dib Patricio ; Hidalgo González Carlos ; Ibáñez Santa María Gonzalo ; Kast Rist José Antonio ; Kuschel Silva Carlos Ignacio ; Leal Labrín Antonio ; Longueira Montes Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Mella Gajardo María Eugenia ; Molina Sanhueza Darío ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz Aburto Pedro ; Muñoz D’Albora Adriana ; Navarro Brain Alejandro ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez San Martín Lily ; Pérez Varela Víctor ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Riveros Marín Edgardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salas de la Fuente Edmundo ; Sánchez Grunert Leopoldo ; Seguel Molina Rodolfo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Ortiz Exequiel ; Soto González Laura ; Tapia Martínez Boris ; Tohá Morales Carolina ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Patricio.

VALPARAÍSO, 5 de octubre de 2005

Oficio Nº 5875

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales en que Chile sea parte.

Artículo 2°.- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal, deberá cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó y no podrá derivar, en su aplicación, en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales.

Asimismo, el contenido de las medidas que el Estado adopte en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el género u orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 4°.- No se considerarán discriminatorias las siguientes conductas:

a) Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada;

b) En el ámbito de la educación, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad;

c) Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales;

d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

e) En general, todas las que no tengan el propósito de suprimir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Título II

Acción especial de no discriminación

Artículo 5°.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Artículo 6°.- Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles para formular observaciones.

Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.

Artículo 7°.- La Corte de Apelaciones respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto de discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil que sea competente, en procedimiento breve y sumario.

Artículo 8°.- En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3° de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

Título III

Disposiciones finales

Artículo 9°.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras "acoso sexual" las siguientes: "y la discriminación arbitraria" y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo” por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo y por lo segundo lo expresado en el artículo 3° de la Ley que Establece Medidas Contra de la Discriminación.”.

Artículo 10°.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

"21º Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra de la Discriminación.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

"1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

3.- Agrégase el siguiente artículo 274 bis:

"Artículo 274 bis.- Incurrirá en la pena de multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales el que, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, respecto de una persona natural, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el citado artículo 3º.”.”.

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN

Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

?Valparaíso, 12 de octubre de 2005.

Nº 26.003

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, correspondiente al Boletín Nº 3.815-07.

En atención a que el proyecto mencionado dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, inciso segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley, para los efectos señalados.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

SERGIO ROMERO PIZARRO

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

?Santiago, 15 de noviembre de 2005

Oficio N° 168

INFORME PROYECTO LEY 42-2005

Antecedente: Boletín N° 3815-07

Por Oficio N° 26.003, de 12 de octubre de 2005, el Presidente del H. Senado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.918 y lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín N° 3.815-07, el que establece medidas contra la discriminación.

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 14 del presente, presidida por el titular don Marcos Libedinsky Tschorne y con la asistencia de los Ministros señores Eleodoro Ortiz Sepúlveda, Enrique Tapia Witting, Ricardo Gálvez Blanco, Alberto Chaigneau del Campo, Jorge Rodríguez Ariztía, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Domingo Yurac Soto, Jorge Medina Cuevas, Domingo Kokisch Mourgues, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Srta. María Antonia Morales Villagrán, y señores Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo, acordó informar desfavorablemente dicho proyecto de ley, haciendo presente lo siguiente:

AL SEÑOR

PRESIDENTE

DEL HONORABLE SENADO

DON SERGIO ROMERO PIZARRO

VALPARAÍSO

Cabe señalar que este proyecto fue informado por esta Corte a la Cámara de Diputados por oficio N° 58 de 3 de mayo pasado. En dicho informe se expresó la opinión negativa de este tribunal, puesto que el derecho que se pretende amparar ya se encuentra consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República al tratar de la igualdad ante la ley, para cuya tutela jurídica existe el recurso de protección. Así se expresó: "este tribunal es de opinión que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo".

La Cámara de Diputados, introdujo algunas variaciones al proyecto del Ejecutivo. Así, la acción especial de no discriminación, que se establece se regula ahora a partir de los artículos 5° y siguientes y las diferencias con el proyecto son las siguientes:

a) se elimina el plazo de treinta días para deducir este arbitrio y, en el fondo, deja sin un término determinado la posibilidad de recurrir por ésta, lo cual importa un serio reparo con respecto a la seguridad jurídica;

b) no se establece ninguna norma de competencia territorial, puesto que en el proyecto se hablaba de Corte respectiva, ahora nada se expresa al respecto, por lo que en este panorama al no existir regla general, cualquiera Corte de Apelaciones podría ser competente, sin referirse a lo menos al lugar en que se hubiese cometido el acto u omisión arbitrarios.

c) se elimina del proyecto la referencia que permitía a esta Corte regular a través de un Auto Acordado los aspectos necesarios para la debida sustanciación de esta acción, eliminación que por supuesto en nada impide que este tribunal, dentro de sus facultades, pueda dar instrucciones de carácter económico sobre la materia.

d) se elimina del proyecto la procedencia del recurso de apelación, con lo cual deja el asunto de conocimiento en única instancia. Esta eliminación, podría permitir que el agraviado pueda interponer el recurso de queja, según los requisitos que se establecen en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, para lo cual sería conveniente expresar que, en contra del fallo definitivo de la Corte de Apelaciones, no procederá recurso alguno.

En conclusión y teniendo en consideración que el proyecto en análisis no altera sustancialmente el contenido de la acción especial de no discriminación ya analizada por esta Corte, es necesario informar el presente proyecto, en los mismos términos negativos que se expresaron en el oficio Nº 58 antes aludido.

Saluda atentamente a V.E.

Marcos Libedinsky Tschorne

Presidente

Carlos Meneses Pizarro

Secretario

?INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación.

BOLETÍN N° 3.815-07.

____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de informaros en general el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S. E. el Presidente de la República, sin calificación de urgencia en el presente.

En relación con esta iniciativa de ley, vuestra Comisión escuchó los planteamientos la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer doña Laura Albornoz Pollmann, y del señor Ministro Secretario General de Gobierno don Ricardo Lagos Weber.

Concurrieron, asimismo, especialmente invitados, los señores Carlos Maldonado, Subsecretario General de Gobierno; Ernesto Galaz, Abogado Jefe de la Dirección Jurídica; Francisco Javier Estévez, Director de la División de Organizaciones Sociales; Carlos Zanzi, Jefe de Gabinete del Ministro, y Eduardo Jara, Asesor; todos del Ministerio Secretaría General de Gobierno. También, lo hicieron los señores Patricio Reinoso, Jefe de Gabinete de la Ministra Directora y Marco Rendón, Jefe del Departamento Reformas Legales; ambos del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam.

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Cabe dejar constancia de que los artículos 5º y 7º del texto que os presentamos son materia de Ley Orgánica Constitucional y deben ser aprobados con quórum especial, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política del Estado.

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Es dable señalar, asimismo, que por el oficio Nº 26.003, del 12 de octubre de 2005, se consultó a la Excma. Corte Suprema en conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, inciso segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. El Tribunal Superior hizo presente que ya había informado el proyecto, a la Cámara de Diputados, mediante el oficio N° 58 del 3 de mayo de ese mismo año, oportunidad en la cual expuso: "este tribunal es de opinión que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo".

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al hecho de que la Cámara de Diputados le introdujo algunas variaciones al proyecto del Ejecutivo, en particular, respecto de la acción especial de no discriminación, que se regula ahora en los artículos 5° y siguientes, la Corte Suprema, en su respuesta a la Corporación, consigna las diferencias y formula las observaciones siguientes:

a) se elimina el plazo de treinta días para deducir el arbitrio y, en el fondo, deja sin un término determinado la posibilidad de recurrir por la discriminación, lo cual importa un serio reparo con respecto a la seguridad jurídica;

b) no establece ninguna norma de competencia territorial, y hace presente que el proyecto original contemplaba la Corte respectiva, con lo cual, por no existir regla general, cualquiera Corte de Apelaciones podría ser competente, al no hacerse referencia a lo menos al lugar en que se hubiese cometido el acto u omisión arbitrarios.

c) se excluye del proyecto la referencia que permitía a la Corte Suprema regular por un Auto Acordado los aspectos necesarios para la debida sustanciación de esta acción, eliminación que por supuesto en nada impide que este tribunal, dentro de sus facultades, pueda dar instrucciones de carácter económico sobre la materia.

d) elimina la procedencia del recurso de apelación, con lo cual el asunto será conocido en única instancia. Puntualiza que esta eliminación podría permitir que el agraviado interponga el recurso de queja, según los requisitos que se establecen en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, para lo cual sería conveniente expresar que, en contra del fallo definitivo de la Corte de Apelaciones, no procederá recurso alguno.

En síntesis, concluye, el proyecto en análisis no altera sustancialmente el contenido de la acción especial de no discriminación ya analizada por la Corte Suprema, razón por la cual lo informa en los mismos términos negativos que se expresaron en el oficio Nº 58 antes mencionado.

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ANTECEDENTES

Para una adecuada comprensión de la iniciativa, deben tenerse presentes los siguientes antecedentes:

A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1. Constitución Política de la República cuyo texto coordinado, refundido y sistematizado en el decreto supremo Nº 100, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, de 2005, fue publicado en el Diario Oficial del 22 de septiembre de ese mismo año, con arreglo a lo prescrito por la ley Nº 20.050.

En particular, el artículo 19 N° 2° de la Carta Fundamental asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, garantía que el inciso segundo de este numeral formula en el siguiente precepto: “Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias.”.

El artículo 20 consagra una acción para requerir la tutela jurisdiccional de los derechos y garantías constitucionales expresamente consignados en él, entre los cuales se encuentra la de igualdad ante la ley, y legitima en forma directa a la persona que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de aquéllos o de éstas para ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Además, ha de tenerse presente que el artículo 5° dispone que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y, también, que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Su Preámbulo se funda en las consideraciones de que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y de que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. A la vez, enuncia, que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, preceptos ético jurídicos esenciales derechos y libertades cuyo reconocimiento y aplicación universales y efectivos deben asegurarse, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

En esta Declaración, los Estados signatarios enuncian que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Artículo 1). Como correlato de la anterior, el Artículo 2 prescribe que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Asimismo, preceptúa que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Complementa estos enunciados la declaración contenida en el Artículo 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”.

3.- Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica", suscrita por la República de Chile el 22 de noviembre de 1969 y cuya ratificación se hizo mediante el depósito del instrumento correspondiente ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos con fecha 21 de agosto de 1990; fue promulgada por el decreto supremo Nº 873, de Relaciones Exteriores, de 1990, publicado en el Diario Oficial del 5 de enero de 1991.

El Artículo 1 sienta la obligación de los Estados partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, entendiéndose para sus efectos que persona es todo ser humano. A su vez, el Artículo 2 establece el deber para los Estados Partes de adoptar disposiciones de Derecho Interno en el caso de que el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter.

En lo que se refiere a las disposiciones de fondo, el Artículo 24 consagra el principio de igualdad ante la ley en los términos siguientes: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”. De modo complementario, el Artículo 25 proclama el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Por lo que cabe a la protección a la familia, el Artículo 17 reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en la misma. Regula el Artículo 27 las hipótesis de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, casos en los cuales éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

4.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966: fue suscrito por Chile en esa misma fecha y el instrumento de ratificación depositado en la Secretaría General del referido organismo el 10 de febrero de 1972. Se promulgó por el decreto supremo Nº 778, de Relaciones Exteriores, de 1976, y se publicó en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989.

El Artículo 2 dispone que cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. También, se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

En materias sustantivas, diversos preceptos tienen un sentido claramente contrario a las discriminaciones: compromiso de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto (Artículo 3); principio de que ninguna disposición del Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él (Artículo 5); protección del extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte del cual sólo podrá ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley (Artículo 13); derecho de todo niño, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere (Artículo 15); igualdad de todas las personas ante la ley, prohibiéndose toda discriminación y garantizándoseles una protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Artículo 26), y derecho de las personas que pertenezcan a una minoría étnica, religiosa o lingüística a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma, en común con los demás miembros de su grupo (Artículo 27).

5.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, ratificado por la República de Chile mediante el depósito del instrumento de ratificación el 10 de febrero de 1972.

Fue promulgado mediante el decreto supremo N° 326, de Relaciones Exteriores, de 1989, publicado en el Diario Oficial del 27 de mayo de 1989. Dispone en su Artículo 2 que los Estados Partes del mismo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Consigna, también, un precepto particular sobre la adopción de medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.

6.- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”, adoptada por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), del 21 de diciembre de 1965, cuyo instrumento de ratificación fue depositado por Chile el 20 de octubre de 1971, y promulgado por el decreto supremo N° 747, de Relaciones Exteriores, de 1971, cuya publicación en el Diario Oficial se hizo el 12 de noviembre de 1971.

En su Artículo 1 precisa que la expresión ''Discriminación racial'' denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Agrega que la Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos. Preceptúa, además, que ninguna de sus cláusulas podrá interpretarse en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados Partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna nacionalidad en particular. Aclara que las medidas especiales cuyo fin exclusivo sea el de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

El Artículo 2 dispone que los Estados Partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, definiendo una serie de compromisos conducentes a ese propósito. Se condena en el Artículo 3 por los Estados Partes la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza. También, se condena toda propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretenden justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación (Artículo 4).

El Artículo 5 contiene el compromiso de los Estados Partes de prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, al goce de un amplio catálogo de derechos, entre los cuales se enuncian: el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia; a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución; los derechos políticos y otros derechos civiles, como los de circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; a una nacionalidad; al matrimonio y a la elección del cónyuge; a ser propietario, por reseñar los fundamentales.

Igualmente, es compromiso de los Estados Partes asegurar a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. En esta somera enunciación, resta por señalar que los Estados Partes asumen el compromiso de tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos.

7.- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, fue suscrita por Chile el 17 de julio de 1980, ratificada en 1989, y su promulgación se hizo por el decreto supremo N° 789, de Relaciones Exteriores, de 1989, que se publicó en el Diario Oficial del 9 de diciembre del mismo año.

En su exposición de motivos, la Convención, junto con reafirmar el principio de la no discriminación y el precepto conforme al cual los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, manifiesta su preocupación porque no obstante la existencia de diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y recuerda que éstas, en cuanto se dirigen contra la mujer violan los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificultan la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, lo que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.

En particular, el Artículo 1 define que, para los efectos de la propia Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra.

Sin que sea taxativa la síntesis, el Artículo 2 señala que los Estados Partes, a la par de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; además de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades o instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.

Asimismo, los Estados Partes se comprometen a tomar en todas las esferas, y en particular en las esfera políticas, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre (Artículo 3). Comprometen, también, la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres y la garantía de que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos (Artículo 5).

Prescribe, además, que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegible para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas (Artículo 7), la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales (Artículo 8), la igualdad de derechos en lo que concierne a la adquisición cambio o conservación de su nacionalidad y la de sus hijos (Artículo 9), en la esfera de la educación (Artículo 10), empleo (Artículo 11), atención médica (Artículo 12) y en otras esferas de la vida económica y social (Artículo 13)

También les está reconocido el derecho a no ser discriminadas, respecto del hombre, en materias civiles, respetándosele su capacidad idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad (Artículo 15), y en los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares (Artículo 16).

Por último, el Artículo 23 preceptúa que nada de lo dispuesto en la Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de la legislación de un Estado Parte; o de cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.

8.- Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, suscrita por la República de Chile el 26 de enero de 1990 y cuyo instrumento de ratificación fue depositado ante el Secretario General de aquel organismo con fecha 13 de agosto del mismo año; promulgada por el decreto supremo N° 830, de Relaciones Exteriores, de 1990, que se publicó en el Diario Oficial del 27 de septiembre de ese mismo año.

En especial, su artículo 2 prescribe que los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Asimismo, prescribe que aquéllos tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

9.- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante la resolución 39/46, del 10 de diciembre de 1984 la que fue ratificada por la República de Chile con las reservas que se expresan en el instrumento de ratificación depositado ante el Secretario General de dicha Organización con fecha 30 de septiembre de 1988, y que fue promulgada por el decreto supremo N° 808, de Relaciones Exteriores, de 1988, publicado en el Diario Oficial del 10 de diciembre del año precedentemente indicado. Por el decreto supremo N° 39, de Relaciones Exteriores, de 1991, publicado en el Diario Oficial del 13 de marzo de1991, fueron retiradas las reservas formuladas a esta Convención, contenidas en los literales a), b) y d) del decreto N° 808, mientras que el artículo único del decreto supremo N° 1.562, de Relaciones Exteriores, publicado el 23 de diciembre de 1999, retiró la reserva a esta Convención, contenida en el literal e) de este decreto. En consecuencia, sólo queda vigente la reserva de la letra c) del decreto N° 808, ya citado, en virtud de la cual el Gobierno de Chile declara que en sus relaciones con los Países Americanos que sean partes de la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, aplicará dicha Convención en los casos en que existan incompatibilidades entre sus disposiciones y las de la presente Convención.

Este instrumento internacional, en su Artículo 1, define, a sus efectos, que por "tortura" se entenderá todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

10.- Convenio N° 111, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, adoptado en la 42ª Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el 25 de junio de 1958, promulgado por decreto supremo N° 733, de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 13 de noviembre de 1971.

El Artículo 1 especifica que, a los efectos de este Convenio, el término "discriminación" comprende: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; y, b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

En virtud del Artículo 2, todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

A su vez, por precepto del Artículo 3 todo Miembro de la OIT para el cual el Convenio se halle en vigor se obliga, por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y cumplimiento de esa política; a promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política, y a derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones o prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.

Previene en su artículo 4 que no se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del Estado, o acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica a esta actividad, siempre que dicha persona tenga derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional.

Asimismo, no considera como discriminatorias las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros convenios o recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo y habilita para que un Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, pueda definir como no discriminatorias cualesquiera otras medidas especiales destinadas a satisfacer las medidas particulares de las personas a las que, por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o asistencia especial (Artículo 5).

11.- El Convenio N° 100, relativo a la Igualdad de Remuneraciones entre Mano de Obra Masculina y Mano de Obra Femenina, por el Trabajo de Igual Valor, de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, promulgado por el decreto supremo N° 732, de Relaciones Exteriores, de 1971, publicado en el Diario Oficial del 12 de noviembre 1971. En él, se precisa que el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último, y que, a su vez, la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo (Artículo 1).

Prescribe que todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Artículo 2). Puntualiza que las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, independientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Artículo 3).

12.- El Convenio N° 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, que fue ratificado por la República de Chile el 14 de octubre de 1994.

En sus fundamentos, hace notar que las Naciones Unidas y otros organismos especializados han adoptado instrumentos sobre igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres, y evoca, en particular, que el párrafo decimocuarto del preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, se indica que los Estados Partes reconocen que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia.

El Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. También se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando las mismas les limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. A los fines del Convenio, las expresiones hijos a su cargo y otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén se entienden en el sentido definido en cada país (Artículo 1).

Dispone que para crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.

13.- El Código del Trabajo reconoce la función social de esta actividad en su artículo 2°, y como expresión de la modificación que introdujo la ley N° 19.759, del 5 de octubre de 2001, declara que son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Agrega, a continuación, que los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Con todo, admite las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación.

En particular, el inciso quinto de la disposición mencionada preceptúa: “Por lo anterior y sin perjuicio de otras disposiciones de este Código, son actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador, directamente o a través de terceros y por cualquier medio, que señalen como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas en el inciso tercero.”.

Asimismo, la ley N° 19.812 de protección de la vida privada, del 12 de junio de 2002, modificó el precepto legal en referencia para que ningún empleador pueda condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno. Exceptuó solamente a los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, y los que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza.

Dispone, además, que le corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

En él se señala que la globalización le plantea desafíos al Estado, dado que uno de los deberes primordiales de éste es el de estar al servicio de la persona humana y que su finalidad es la de promover el bien común, asegurando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Postula que la Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito diferenciador, al comprometerse la comunidad de Estados a reconocer y respetar la dignidad intrínseca y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, entre los que se encuentra la no discriminación, recogida en la evolución constitucional y por múltiples convenios internacionales, instrumentos en la mayoría de los cuales Chile tiene la calidad de Estado Parte.

Destaca que, de acuerdo con las cifras del Censo General de Población del 2002, en la sociedad chilena son mayoría los niños, adolescentes y mujeres quienes representan el 83,25% de la población. Los adultos mayores constituyen el 11,4%. Sumando estos grupos, resultaría que el 94% de la población nacional está conformado por sectores considerados, paradójicamente, como “minoritarios”, pues se encuentran en mayor riesgo de ser objetos de alguna forma de violencia o discriminación.

Desde principios de la década pasada, ha habido un importante proceso de adecuación de nuestras instituciones al sistema democrático y al principio del respeto irrestricto a dichos grupos. La ratificación de los tratados internacionales sobre la materia, así como la creación del Servicio Nacional de la Mujer, la Comisión de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de la Juventud, el Fondo Nacional de la Discapacidad, el Servicio del Adulto Mayor y otras iniciativas, dan cuenta del cumplimiento de este desafío.

Pese a estos avances, por distintas razones, sectores de nuestra sociedad siguen siendo vulnerados por conductas discriminatorias e, inclusive, violentas, y ese es el objetivo que propone evitar, si no prevenir, el proyecto en examen.

Conforme a lo anteriormente expuesto el Mensaje propone lo siguiente:

1.- Fijar como un deber del Estado la elaboración de políticas y el arbitrio de las acciones necesarias para garantizar que las personas no sean discriminadas en el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Lo anterior no obsta a que el poder público puede establecer diferenciaciones legítimas, en la medida que ellas se encaminen a promover y fortalecer el principio de no discriminación y la real igualdad de oportunidades de las personas.

2.- Delimitar el concepto de discriminación arbitraria, para lo cual recurre a cuatro variables.

La primera de ellas consiste en definir las modalidades que puede adoptar la discriminación arbitraria, sea que ocurra en el ámbito público o privado. En efecto, la misma se puede traducir en distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias, modalidades todas las cuales se pueden realizar por acción o por omisión. Refiere que con esta amplitud se procura evitar que se alegue la inexistencia de una discriminación con el fundamento de que no hay una diferenciación. Se entiende que las distinciones son diferenciaciones basadas en alguna particularidad. Las exclusiones se traducen en quitar a alguien el lugar que ocupa. Las restricciones son reducciones a límites menores. Las preferencias, finalmente, son ventajas que se conceden a una persona sobre otra.

Con similar propósito de acotar mejor el tipo discriminación, considera una segunda variable: la discriminación debe basarse en cierto criterio de distinción, exclusión, restricción o preferencia. Refiere que en el ordenamiento jurídico nacional los criterios normativos básicos están tanto en el Código del Trabajo como en el Estatuto Administrativo, y que se han incorporado otros, como la estructura genética. Sistematiza estos criterios, y señala que son condiciones individuales o sociales que remarcan algún grado de identidad. Los cuantifica en un número de veinte criterios: raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquier otra condición social o individual. Precisa que se ha optado por diferenciar algunas situaciones análogas, para evitar de esta manera discusiones sobre si están o no comprendidas. Así, el proyecto separa el criterio del sexo, del género y de la orientación sexual. Lo mismo hace respecto de la religión y la creencia; del idioma y la lengua.

La tercera variable que utiliza el proyecto para definir la discriminación arbitraria, es que la calificación de la conducta discriminatoria no está asociada necesariamente a un resultado determinado, ya sea de anulación o menoscabo, en el reconocimiento o ejercicio de un derecho. No se requiere daño para que la discriminación sea reprochable.

Finalmente, se requiere sólo que la discriminación sea arbitraria sin que se exija, además, la ilegalidad como factor de configuración; en suma, la falta de fundamento o de proporcionalidad, o la desviación del fin dan lugar a una conducta discriminatoria.

3.- Conceder una acción especial de no discriminación que habilita para reclamar por las discriminaciones arbitrarias, ante los tribunales, de Justicia busca asegurar la materialización del mandato de no discriminar. Define las siguientes características para la acción:

En primer lugar, procede sin perjuicio de las acciones especiales, con lo cual se salvaguardan las distintas acciones especiales existentes -o que puedan existir- para proteger uno o más factores específicos de discriminación arbitraria. Se trata de no derogar los recursos o acciones especiales, dejando al recurrente la decisión del mecanismo por el cual optará.

En segundo término, la legitimación activa de esta acción se le confiere exclusivamente a la víctima de la acción u omisión que importe una discriminación arbitraria. No se trata, por tanto, de una acción popular, que pueda interponerla cualquiera persona en nombre de categorías de sujetos, defendiendo intereses difusos o colectivos.

En tercer orden dentro de la enumeración, la causal que permite fundar la acción es cualquier acto u omisión que importe una discriminación arbitraria. La discriminación arbitraria, como se ha dicho, es aquella que carece de fundamento, es desproporcionada o tiene una clara distorsión de fines. Por ello, en el proceso respectivo se debe demostrar la falta de contenido de la decisión en que se traduce la distinción, exclusión, restricción o preferencia. La discriminación puede provenir de una actividad o de una inactividad, y en ambos casos, puede manifestarse como una declaración u omisión formal, o como una actividad o inactividad puramente material. En el evento de una omisión, en ésta tiene que existir una falta a una obligación legal de actuar, estando en condiciones de hacerlo. La precisión de la causal, en términos de exigir la arbitrariedad de la conducta, excluye que se trate de un juicio en el que se discuta la ilegalidad de la misma.

La cuarta característica consiste en que el tribunal competente para conocer de la acción es la Corte de Apelaciones respectiva, esto es, la que ejerce jurisdicción en el lugar en que tuvo lugar el acto o la omisión. Se ha preferido este tribunal a un Juzgado de Letras, atendida la similitud del recurso que el proyecto establece con otros que conocen los tribunales de alzada.

Por último, el procedimiento para esta acción se rige por tres principios básicos. Desde luego, su informalidad, pues la acción puede presentarla directamente el afectado, por sí o por cualquiera a su nombre, y si bien el procedimiento lo regula la ley, en todos sus aspectos medulares, se defiere a un auto acordado de la Corte Suprema su pormenorización. Enseguida, está el principio de la oficialidad que implica que el tribunal debe dar curso progresivo a los autos y adoptar todas las medidas que estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado: por ser la acción una denuncia de una discriminación arbitraria le corresponde al tribunal la tarea de investigar y procurar que se verifique el fundamento de la denuncia. Resta por agregar que el procedimiento es sumarísimo, lo que se ejemplifica en el hecho de que se consulten plazos breves para formular observaciones, fallar y recurrir.

En relación con la sentencia, de acogerse la pretensión, el tribunal puede adoptar todas las medidas que estime pertinentes. Se trata, en este sentido, de una acción que le entrega al órgano jurisdiccional, con un margen de discrecionalidad acorde con la situación que se presenta en el caso concreto. Además, puede tener dos particularidades no frecuentes en nuestro sistema, pero consagradas en ciertos recursos. Por una parte, la Corte puede declarar el derecho a la indemnización de perjuicios por el acto u omisión discriminatorio, declaración que habilita al particular a demandar directamente ante el Juez de Letras competente la determinación de la indemnización de perjuicios -que se extienden al daño patrimonial y al daño moral-, proceso, éste, en el que ya no procede discutir la existencia del daño sino sólo su monto; se trata de una facultad semejante a la que tienen las Cortes en materias de reclamo de ilegalidad municipal y de autoridad regional, y en el amparo económico. Dicha indemnización no puede acumularse a otras acciones que el afectado pueda entablar. Por la otra, la Corte puede establecer sanciones al funcionario o a la empresa privada que presta servicios de utilidad pública, como las de luz, gas, teléfonos, institución de salud provisional o la administradora del fondo de pensiones, etc., que haya incurrido en la conducta discriminatoria, y con ello le haya rehusado el suministro de un bien o servicio al que se tenga derecho.

Si la Corte, en cambio, al rechazar la pretensión, establece que la denuncia carece de toda base, puede declarar que el actor es responsable de los perjuicios, los cuales deberán perseguirse ante el tribunal correspondiente. Este es el contrapeso que tiene a su favor quien ha sido infundamente demandado.

4.- Propone incorporar una norma penal especial que consiste en una modificación al artículo 12 del Código Penal, relativo a las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, con la finalidad de establecer una nueva agravante que procedería en todo crimen, simple delito o falta: la comisión del acto delictivo motivado por la discriminación. Asimismo, exige la concurrencia de alguno de los criterios o factores de discriminación señalados en la presente ley, y que se reiteran, en forma coincidente, en la enmienda al Código Penal.

- Proyecto aprobado en el primer trámite constitucional por la Honorable Cámara de Diputados.

Consta de diez artículos permanentes, de los cuales su artículo 1º consigna su objetivo: prevenir y eliminar la discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales en que Chile sea parte.

El artículo 2º le asigna al Estado el deber de elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades. Sin perjuicio de lo anterior, le faculta para establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, con arreglo a la Constitución Política de la República.

Dispone, también, que las distinciones o preferencias serán siempre de carácter temporal, cesarán en cuanto se logre el objetivo que las justificó y su aplicación no podrá derivar en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales. Por último, preceptúa que el contenido de las medidas adoptadas por el Estado, en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar esa determinada desventaja.

Define el artículo 3º que, para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el género u orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

En su artículo 4° especifica las conductas que no se considerarán discriminatorias: a) distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada; b) los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad, en el ámbito de la educación; c) los requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales; d) las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y e) en general, todas las que no se propongan suprimir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Los artículos 5º a 8° establecen y regulan la denominada acción especial de no discriminación, por la cual el directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra. El tribunal competente es la Corte de Apelaciones la que podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurrido pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

En materias de reglas de procedimiento se dispone que, deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo, pudiendo requerir que informe tanto la persona denunciada como quien estime pertinente, notificándoles por oficio, los que tendrán un plazo de diez días hábiles para formular observaciones, y evacuado el informe, o vencido el plazo para formular observaciones, se ordenará traer los autos en relación y se agregará la causa a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. El tribunal, si lo estima pertinente, puede abrir un término probatorio que no exceda de siete días, y escuchar los alegatos de las partes, además de decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver. La sentencia debe dictarse dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.

La sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto de discriminatorio u ordenar que cese en su realización. Asimismo, podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren, con arreglo a las reglas del juicio sumario. Si en ella se estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, el denunciante será responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil competente, en un procedimiento que será también sumario.

Contiene el artículo 8° una norma sustantiva por la cual si la Corte declara que un funcionario público, en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3° de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, que consistan en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Si tales actos discriminatorios fueran cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

El artículo 9º modifica la letra l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se refiere a la prohibición que pesa sobre éstos de realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, con la finalidad de hacer ilícitas, además de las conductas de "acoso sexual", las constitutivas de “discriminación arbitraria", refiriendo aquél a lo preceptuado por el artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo” y por éste, lo expresado en el artículo 3° de la iniciativa en examen.

El artículo 10 introduce, en sus tres numerales, sendas modificaciones al Código Penal.

Con el numeral 1 agrega una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, consistente en "cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra de la Discriminación”.

El numeral 2 incorpora el párrafo 1 bis. “De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos”, nuevo, al Título III del Libro II de la compilación, y el artículo 137 bis, que lo constituye. La nueva disposición describe y tipifica, en su inciso primero, como delito la conducta de “el que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación”, imponiéndole la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

A su vez, el inciso segundo prescribe que cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.

Por último, el número 3 agrega un artículo nuevo, el 274 bis, que castiga con una pena de multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales a quien, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, respecto de una persona natural, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el citado artículo 3º.

- La Norma SA 8000 (Social Accountability 8000), fue creada en 1997 y es una regla universal, dirigida a las empresas que buscan garantizar los derechos básicos de los/as trabajadores/as. Esta norma se basa en el modelo de auditoria de la Organización Internacional por la Estandarización (ISO) y, como tal, intenta nivelar las iniciativas y normas laborales locales al estándar internacional. Fue establecida por la Agencia de Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas (CEPAA) de Nueva York, ahora llamado Responsabilidad Social Internacional (SAI). La SA 8000 se sustenta firmemente en las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en las Declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas. Incluye nueve áreas relevantes que identifican las políticas, prácticas y procedimientos para las empresas en relación con su responsabilidad social, una de las cuales concierne a la “ausencia de todo tipo de discriminación y acoso”. En el ítem “Discriminación”, los criterios normativos se vinculan, principalmente, con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los siguientes aspectos: ascensos, niveles de remuneración, capacitación y selección de personal. Además, existe un ítem especial sobre acoso sexual en el trabajo.

DISCUSION EN GENERAL

El Ministro Secretario General de Gobierno don Ricardo Lagos Weber confirmó el interés del nuevo gobierno en la aprobación del proyecto de ley en estudio, dado que una materia prioritaria de su programa es “procurar la erradicación de toda forma de discriminación”. Indicó que aquél constituye un complemento necesario de las medidas contra la discriminación que pueden materializar las políticas públicas en el nivel educacional con la finalidad de prevenir las prácticas discriminatorias en la sociedad. Enfatizó que se requiere de un cuerpo normativo que ayude a orientar respecto de la prevención y la sanción de las conductas discriminatorias. Insistió en que las acciones discriminatorias adoptan formas diversas y que su envergadura es variable pudiendo, incluso, en cierto punto, generar situaciones odiosas o complejas, aunque en el caso chileno, más bien, atañen a la discriminación en los ámbitos de la cotidianeidad, en el trato de común ocurrencia, y por lo que se refiere al aparato público, estimó que es imprescindible disponer de una normativa que resguarde el principio de igualdad ante la ley y, al mismo tiempo, dé efectividad al principio de no discriminación.

En definitiva, planteó, que lograr aquellos objetivos apunta a contar con una sociedad más inclusiva y tolerante, en la cual los seres humanos valgan por lo que son y no por lo que pudieran representar, aparentar u ostentar. Reconoció las limitaciones de la norma en sí misma para fijar conductas, pues las prácticas discriminatorias involucran procesos culturales de muy largo aliento que no se resuelven necesariamente con un precepto, pero lo anterior no desdice la importancia de fortalecer los marcos sancionatorios y de contar con factores que incentiven las conductas no discriminatorias y orienten a los ciudadanos. Identificó como materia de una valoración positiva los objetivos que procura el proyecto de ley que ha aprobado la Cámara de Diputados y, sin desmedro de la seriedad con la que se hizo aquel trámite legislativo, anunció que es parecer del Ejecutivo que se requieren ciertos alcances o mejoras en algunos puntos, con la finalidad de acotar su regulación y mejorar el resultado final.

Indicó que la discriminación presenta distintas aristas, desde los aspectos propiamente económicos hasta las diferencias de creencias religiosas, y la existencia de un componente de género que es importante de por sí. Mencionó que el programa de S. E. la señora Presidenta de la República propone, con claridad, erradicar toda forma de discriminación y para ello, también, se consulta la necesidad de impulsar reformas legales, políticas y educacionales que promuevan aquel objetivo. En un sentido coherente con este objetivo, ratificó que una de las formas de discriminación más relevantes es la que se relaciona con las cuestiones de género, que se han vivido en forma muy marcada, lo que se evidencia por el hecho de que esta iniciativa involucre, además del Servicio Nacional de la Mujer, a los Ministerios Secretaría General de Gobierno y de Justicia.

Enunció tres aspectos medulares en los que se advierte la conveniencia de reflexionar a fondo acerca de los alcances precisos de las normas actualmente consultadas.

La primera de las aristas es la que atañe al concepto de discriminación, el cual requiere de una definición de la suficiente amplitud como para que no queden fuera conductas discriminatorias que es imprescindible prevenir y sancionar, pero que, a la vez, esté acotado para que quienes tengan que trabajar en su aplicación, esto es, los jueces, estén en situación de determinar en cada caso concreto la verificación de actos de discriminación.

Mencionó, enseguida, que como producto de la discusión en el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó algunas modificaciones y la introducción de un párrafo nuevo en el Código Penal, que trata sobre la igualdad de las personas en materia de dignidad y derechos, cuya revisión le parece pertinente, dada la complejidad de la tipificación penal, a fin de estudiar con mayor detalle la propuesta y así fijar sus alcances.

Por último, en relación con la acción especial contra la discriminación, afirmó que habría que examinar con mayor detención las reglas procesales disponibles para que los afectados se defiendan de los actos discriminatorios. Agregó que si se establece un instrumento específico para la no discriminación, la forma en la que está concebido en el proyecto es susceptible de ser mejorada.

Hizo notar que en las tres áreas señaladas, esto es, la del concepto de discriminación, la de las modificaciones que se proponen al Código Penal y la que se refiere a la acción de no discriminación y a su aspecto procedimental, el Ejecutivo aspira a contar con el tiempo prudente para proponer modificaciones a la iniciativa en debate. Agregó que junto con el avance en los aspectos delineados que planteará el Ejecutivo, es posible recopilar los planteamientos de grupos de interés que recojan la diversidad de voces de quienes viven alguna de las manifestaciones de la discriminación en Chile, así como a los abogados en cuestiones de índole técnica.

La Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer señora Laura Albornoz concordó que es preocupación primordial del Gobierno enfrentar los desafíos que emergen del proceso de desarrollo en que el país se encuentra inserto, y destacó que el proyecto manifiesta la forma en que la sociedad se desarrolla y profundiza su temperamento democrático de dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile en materia de derechos humanos, particularmente en las últimas décadas. Tanto el Sernam como la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, el Fondo Nacional de la Discapacidad, el Servicio nacional del Adulto mayor o el Instituto Nacional de la Juventud, por mencionar algunas de las entidades públicas de reciente creación, postuló, revelan una vocación real de generar mecanismos institucionales, sectoriales, políticos y legales, tendientes a superar las brechas sustentadas en la discriminación.

Resaltó que la pervivencia de situaciones que afectan especialmente a la mujer, como la violencia de género, la brecha salarial, la todavía escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad política, social y económica, los mayores precios en las coberturas de salud, o las barreras puestas al acceso de la mujer al mercado de trabajo, son discriminaciones particulares del Chile actual, frente a las cuales no existen mecanismos legales que hagan efectiva a la garantía constitucional reconocida por el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política. Sostuvo que un Estado democrático debe propender al desenvolvimiento de todas las acciones que configuren una conciencia colectiva de rechazo a esta clase de conductas y dé impulso a las ideas o a los mecanismos aptos para enfrentarlas.

Caracterizó al proyecto en estudio como la creación de un amparo antidiscriminatorio que permite reclamar frente a cualquier acción u omisión de carácter arbitrario, de agentes públicos o privados, que se ha hecho necesario debido a la ineficiencia del recurso de protección para resguardar estos derechos. Puntualizó que este último tiende a proteger mayormente el derecho de propiedad, acompañado de un amparo económico. Reseñó que una serie de estudios elaborados por el Sernam, o en los que éste ha intervenido, dan cuenta de la incapacidad de los remedios actualmente existentes en el ordenamiento constitucional para hacerse cargo de acciones de discriminación, en particular de aquellas que se dirigen en contra de mujeres. Hizo referencia al “Estudio sobre la acción de privados y de las agencias públicas (1998), elaborado por Juan Enrique Vargas, actual Director del Centro de Estudios de Justicia de Las Américas, CEJA, organismo dependiente de la OEA. que revela que en el 85% de los fallos analizados no se evidencia razonamiento alguno sobre los derechos constitucionales, lo que dista de contribuir a la protección de las garantías fundamentales o a fomentar actitudes disuasivas de la discriminación. Agregó que, asimismo, en el 64% de los recursos de protección interpuestos entre 1990 y 1995, el derecho de propiedad constituye, a lo menos, uno de sus fundamentos, si no el único.

A lo anterior se suma, prosiguió, un estudio realizado por el Servicio Nacional de la Mujer, en 1999, en conjunto con la Universidad Diego Portales, a cargo de los profesores Gastón Gómez y Rodolfo Figueroa, titulado “Jurisprudencia en recursos de protección interpuestos en situaciones de discriminación que afectan a mujeres”, cuyo resultado descubre que sólo un 1,3% de los recursos interpuestos entre 1990 y 1998, podrían corresponder a situaciones de discriminación de que ellas son víctimas, y de este porcentaje apenas el 29,4% fueron acogidos. De estos antecedentes, razonó, cabe concluir que el recurso de protección no es una herramienta que se utilice para reclamar la garantía de igualdad ante la ley, la que afecta en forma grave a muchas mujeres. Abogó por la necesidad de contar con una acción especial que posibilite prevenir o, en su caso, tutelar los derechos afectados por la discriminación, tal como han concluido los dos estudios mencionados. Acotó que el informe de la Corte Suprema a la Cámara de Diputados testimonia una percepción que se trasunta del voto de minoría de siete ministros que acogen favorablemente la iniciativa del Ejecutivo, por estimar que resultaría un complemento necesario al derecho constitucional de la igualdad ante la ley y la prohibición que se le impone a la ley o cualquiera autoridad para establecer diferencias arbitrarias.

Distinguió en el principio de la igualdad dos sentidos subsumidos: el primero concierne a la igualdad reconocida en la ley, y el otro a la igualdad en el trato; en esta distinción, acotó, la iniciativa pretende que los ciudadanos perciban que no es posible que se les discrimine en forma arbitraria, y que para evitarlo cuentan con una acción tangible para hacer efectivo este principio.

Preconizó que las indicaciones se refieren, más bien, a aspectos procesales de la regulación, y no con la idea de legislar sobre la materia, por lo que estima factible que se preste la aprobación general a la iniciativa de ley y que las indicaciones sean hechas en la oportunidad que corresponde.

El señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kuschel destacó la necesidad de considerar la multiplicidad de puntos en que incide la discriminación: la mujer, los pueblos indígenas, la juventud, la discapacidad y el adulto mayor; en concordancia con lo expuesto, observó que en relación con las conductas discriminatorias la situación de la discapacidad aparece como si tuviera un grado de retraso mayor que los otros aspectos. Se refirió, asimismo, a otros aspectos o perfil de discriminación que ha podido observar, que es la que se asienta en razones de índole geográfica; hay zonas que con independencia del desarrollo nacional, como el caso de la provincia de Palena en la cual es ostensible la falta de vías de acceso y la falta de energía con el mayor costo derivado. Indicó que una buena manifestación de lo dicho lo refleja la comparación de cualquier isla de Chiloé o de Llanquihue con Isla de Pascua, no obstante que, por ejemplo, la población de ésta sea sólo la mitad de los habitantes de la Isla Puluque. Sus habitantes, concluyó, sufren una especie de discriminación que podría ser calificada de geográfica. Propuso, en particular, que se invite a los representantes del Fondo Nacional de la Discapacitación.

El Honorable Senador señor Naranjo valoró el planteamiento hecho por el Ejecutivo en orden a introducir indicaciones o hacer una eventual reformulación del proyecto porque eso está en el espíritu de los planteamientos del Gobierno. Planteó que es necesario que el Ejecutivo precise si estima conveniente una postergación de la votación del proyecto hasta que se definan los criterios de las modificaciones.

El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que no advierte inconveniente en que se vote de inmediato la idea de legislar. Reconoció la importancia de esta problemática aunque cree imprescindible centrar el debate, más adelante, en la razón de por qué hoy no existe una protección judicial eficaz. Caracterizó al proyecto como una iniciativa que apunta en dos direcciones distintas: por una parte, a abrirle al Estado una vía eficaz para que se pronuncie en políticas públicas tendientes a generar o disminuir los efectos de la discriminación que son observables, y si bien, sobre el particular, no tiene inconvenientes en sancionarlo mediante la ley, le asiste la convicción de que el Estado lo podría hacer de todas maneras, puesto que cuenta con un mandato constitucional expreso para ello: el artículo 1° de la Constitución señala los deberes del Estado y este precepto, obviamente, le habilita para desarrollar y promover políticas públicas que tiendan a evitar las discriminaciones arbitrarias. Agregó que es razonable pensar que, en diversas oportunidades, ha habido una debilidad para desarrollar esas políticas.

Expuso que el segundo ámbito atañe a la defensa judicial del derecho. Hizo la salvedad de que el recurso de protección no tiene un contenido estrictamente económico sino que se trata de una herramienta amplísima, pues la Constitución determina absolutamente los derechos que están garantizados y los procedimientos fueron establecidos en el auto acordado para su tramitación, razones por las cuales está llamado a resolver con eficacia y rapidez, cualquier privación, perturbación o amenaza a cualquier derecho constitucional que implique una discriminación arbitraria, en cualquier ámbito, laboral: sexual, de género, étnico. Sugirió investigar la razón que lleva a no hacer uso del recurso, y previno respecto de un argumento que se sustenta sobre la base de una información cuantitativa y que atribuye al fallo de los tribunales tal o cual sesgo, no obstante lo cual, propone su reemplazo por una acción similar, que se interpone ante el mismo tribunal, por idénticas fundamentos y en busca del mismo efecto que el recurso de protección.

Invitó a reflexionar acerca de que la situación del recurso de protección, la que no es inédita, pues algo similar se vio en relación con la ley de protección de la infancia, en la cual se creó también una acción especial, y recordó que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hubo que establecerla con rasgos similares a los del recurso de protección para evitar uno de estos dos efectos. Por una parte, cuidar que la acción no terminara siendo más restrictiva que aquél, que es el punto planteado por el señor Ministro ya que la Constitución, al describir la noción de discriminación opera con un concepto amplio, y no vaya a ser que por la vía de la particularización se termine restringiéndola, pues no es posible saber qué tipo de acciones se podrán producir en lo futuro, si se tiene presente que ni tan siquiera es posible visualizar todas las que existen en el presente.

Por la otra, definir qué mecanismo de acción se privilegiará. Insistió en que no es posible dejar disponibles dos acciones similares sobre un mismo tema porque se produce un problema constitucional y de competencia de tribunales: sería ilógico que se vaya a una de las salas de la Corte con la acción que entrega la ley, y con la otra por la que entrega la Constitución. Es indispensable, entonces, buscar la técnica jurídica conducente a la acción más eficaz.

Indicó que la formulación de los tipos penales es otro problema de suma complejidad, que deberá abordarse en la discusión en particular, pues erigir la motivación como fundamento de las agravantes de los delitos constituye un tema en el que inciden tratados internacionales, además de ser en la propia teoría penal un asunto muy discutible ya que podría introducir un elemento subjetivo en el tipo penal. Advirtió que la iniciativa en su estado presente, desde un punto de vista técnico, no es un buen proyecto. No obstante lo cual, anunció que votará a favor del proyecto.

El Honorable Senador señor Girardi sugirió invitar a la multiplicidad de grupos de interés representativos de los sectores afectados por las prácticas discriminatorias, tales como las personas de orientación sexual distinta, las comunidades religiosas, las comunidades indígenas, los habitantes discriminados por los sectores poblacionales en que viven, entre otros muchos, todo lo cual hace posible la realización de un debate amplio. Pidió, en este sentido, que se requiera a la Dirección de Organizaciones Sociales una opinión acerca de las organizaciones de la sociedad civil que podrían estar interesadas y que planteen aportes cualitativos susceptibles de ser escuchados. Estimó de primordial importancia que este debate sea dirigido y asumido por los ciudadanos.

El Ministro señor Lagos planteó que la realidad que se pretende normar es extensa y contundente por la cantidad y variedad de conceptos involucrados, y contrastó el artículo 3° que se aboca a explicar qué es la discriminación con el artículo 4° que refiere lo que no será considerado como conducta discriminatoria. Para ayudar a zanjar esta problemática, señaló que considera útil disponer de la máxima y, a la vez, razonable cantidad de aportes y visiones. Estima que el problema regional, en alguna forma, aparece cuando se refiere a la residencia de las personas, y desde ese ángulo hasta el de la orientación sexual de las personas se extiende un amplio espectro.

Cerrado el debate y tras haber concluido el intercambio de opiniones respecto de los objetivos generales del proyecto y de haber escuchado los planteamientos previamente consignados, vuestra Comisión acordó aprobar la idea de legislar, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Kuschel, Chadwick, Girardi y Naranjo.

En consecuencia, vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recomienda aprobar, en general, el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, cuyo tenor es el que sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales en que Chile sea parte.

Artículo 2°.- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal, deberá cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó y no podrá derivar, en su aplicación, en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales.

Asimismo, el contenido de las medidas que el Estado adopte en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el género u orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 4°.- No se considerarán discriminatorias las siguientes conductas:

a) Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada;

b) En el ámbito de la educación, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad;

c) Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales;

d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

e) En general, todas las que no tengan el propósito de suprimir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Título II

Acción especial de no discriminación

Artículo 5°.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Artículo 6°.- Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles para formular observaciones.

Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.

Artículo 7°.- La Corte de Apelaciones respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto de discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil que sea competente, en procedimiento breve y sumario.

Artículo 8°.- En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3° de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

Título III

Disposiciones finales

Artículo 9°.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras "acoso sexual" las siguientes: "y la discriminación arbitraria" y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo” por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo y por lo segundo lo expresado en el artículo 3° de la Ley que Establece Medidas Contra de la Discriminación.”.

Artículo 10°.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

"21º Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra de la Discriminación.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

"1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

3.- Agrégase el siguiente artículo 274 bis:

"Artículo 274 bis.- Incurrirá en la pena de multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales el que, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, respecto de una persona natural, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el citado artículo 3º.”.”.

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Acordado en sesión celebrada el miércoles 12 de abril de 2006, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Ignacio Kuschel Silva (Presidente), Andrés Chadwick Piñera, Guido Girardi Lavín y Jaime Naranjo Ortiz.

Sala de la Comisión, a 18 de abril de 2006.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario de la Comisión

RESÚMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

(BOLETÍN N° 3.815-07).

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Fija como un deber del Estado la elaboración de políticas y el arbitrio de las acciones necesarias que garanticen a las personas la no discriminación en el efectivo goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

Delimita el concepto de discriminación arbitraria, sobre la base de cuatro variables. La primera, procura definir las modalidades que puede adoptar la discriminación arbitraria, sea que ocurra en el ámbito público o privado; la segunda prescribe que la misma deberá basarse en algún criterio de distinción, exclusión, restricción o preferencia; la tercera explicita que la conducta discriminatoria no está asociada a un resultado determinado, pues no se requiere que haya daño para que aquélla sea reprochable, y, finalmente, basta que sea arbitraria sin que se exija la ilegalidad para su configuración.

Instituye una acción especial de no discriminación para reclamar por las discriminaciones arbitrarias ante los Tribunales de Justicia.

Incluye normas penales especiales. Originalmente, se trataba sólo de la inclusión de una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, consistente en cometer el acto delictivo motivado por la discriminación. La Cámara de Diputados incorporó, además, en el Código Penal un párrafo nuevo entre los ilícitos penales que afectan a los derechos garantidos por la Constitución, referente a delitos contra la igualdad de la personas, en dignidad y derechos, y penalizó, asimismo, en el título correspondiente a delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares, la conducta de quienes en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales cometieren la discriminación definida en el artículo 3° de este proyecto de ley.

II. ACUERDOS: aprobada la idea de legislar por unanimidad (4 x 0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

diez artículos.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: artículo 5º y 7º.

V. URGENCIA: no tiene.

VI: ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S. E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe de Comisión.

IX. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 3 abstenciones.

X. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 12 de octubre de 2005.

XI.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

Constitución Política de la República, en especial sus artículos 5° inciso segundo, 19 N° 2°, y 20.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica", promulgada por el decreto supremo Nº 873, de Relaciones Exteriores, de 1990, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”, promulgada por el decreto supremo N° 747, de Relaciones Exteriores, de 1971, publicado en el Diario Oficial del 12 de noviembre de 1971.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, promulgado por el decreto supremo Nº 778, de Relaciones Exteriores, de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante la resolución 39/46, del 10 de diciembre de 1984 promulgada por el decreto supremo N° 808, de Relaciones Exteriores, de 1988, publicado en el Diario Oficial del 10 de diciembre del año precedentemente indicado.

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, promulgada por el decreto supremo N° 789, de Relaciones Exteriores, de 1989, y publicada en el Diario Oficial del 9 de diciembre del mismo año.

Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,; promulgada por el decreto supremo N° 830, de Relaciones Exteriores, de 1990, que se publicó en el Diario Oficial del 27 de septiembre de ese mismo año.

Convenio N° 111, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, adoptado en la 42ª Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el 25 de junio de 1958, promulgado por decreto supremo N° 733, de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 13 de noviembre de 1971.

Convenio N° 100, relativo a la Igualdad de Remuneraciones entre Mano de Obra Masculina y Mano de Obra Femenina, por el Trabajo de Igual Valor, de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue promulgado por el decreto supremo N° 732, de Relaciones Exteriores, de 1971, publicado en el Diario Oficial del 12 de noviembre 1971.

Convenio N° 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares.

Valparaíso, 18 de abril de 2006.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

--Los antecedentes sobre el proyecto (3815-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 41ª, en 12 de octubre de 2005.

Informe de Comisión:

Derechos Humanos, sesión 9ª, en 19 de abril de 2006.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Los principales objetivos de la iniciativa son:

1.- Establecer como un deber del Estado la elaboración de políticas y el arbitrio de las acciones necesarias que garanticen a las personas la no discriminación en el efectivo goce y ejercicio de sus derechos fundamentales;

2.- Delimitar el concepto de discriminación arbitraria como toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias; origen nacional, cultural o socioeconómico; de pertenencia o no a una etnia o raza determinada; en enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia; por el género u orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquier otra condición social o individual;

3.- Instituir una acción especial de no discriminación; y

4.- Incluir normas penales especiales.

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió solamente en general el proyecto y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chadwick, Girardi, Kuschel y Naranjo), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

En su informe la Comisión deja testimonio de que los artículos 5º y 7º tienen rango de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

El señor CHADWICK.-

Pido la palabra.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, en la Comisión de Derechos Humanos voté favorablemente la idea de legislar respecto de la iniciativa en análisis, porque pienso que se orienta en la dirección correcta: efectuar el mayor de los esfuerzos para que nuestro ordenamiento jurídico pueda garantizar en la forma más eficaz posible la igualdad esencial de los seres humanos y evitar que la dignidad de cada uno de ellos se vea afectada a través de conductas, actitudes o actos discriminatorios y arbitrarios.

Nuestra Carta Fundamental así lo establece. Cuando, en el artículo 1º, consagra que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, consigna la obligación del Estado -¡la obligación!- de generar condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas. Asimismo, en el Nº 2º del artículo 19 del Capítulo relativo a las garantías constitucionales, contempla el principio de la igualdad ante la ley. Y agrega: "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.". Y para hacer valer ese derecho ante los tribunales de justicia existe el correspondiente recurso de protección.

No obstante lo anterior, creo que el proyecto abre la posibilidad de estudiar a fondo cómo potenciar ese principio y su resguardo jurídico, y cómo perfeccionar nuestra legislación para que dichas garantías sean más eficaces, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, para la protección de tales derechos, o bien, para resguardarnos de cualquier conducta que pueda involucrar una discriminación arbitraria.

Y aquí está, a mi juicio, el objetivo principal de la iniciativa en debate: por una parte, generar ante los tribunales de justicia una acción específica, propia, en orden a evitar las discriminaciones arbitrarias; y por otra, entregar al juez una orientación en cuanto a qué conductas atentan contra la igualdad esencial de todos los seres humanos.

Ésa es la finalidad primordial del proyecto. No va a ser fácil, ni en la discusión en particular, ni en el estudio que realicemos en profundidad, buscar una acción judicial específica que, sin menoscabar el recurso de protección ni lo consignado a su respecto en la Constitución Política, sea eficaz, al mismo tiempo, en el resguardo frente a las discriminaciones o abusos que se puedan cometer vulnerando este derecho. Y digo que eso no será fácil, porque jurídica y técnicamente resulta bastante complejo establecer una acción en tal sentido.

La propia Corte Suprema, en su informe emitido con ocasión del análisis de la iniciativa por la Cámara de Diputados, señaló las dificultades existentes para fijar una acción específica.

Sin embargo, teniendo en cuenta la trascendencia del tema; la importancia de garantizar la igualdad esencial de las personas; el imperativo de respetar la dignidad de cada ser humano en nuestra sociedad democrática, bien vale la pena realizar el esfuerzo de ver, a través de este proyecto de ley, si tenemos la capacidad jurídica y legislativa para incorporar una acción específica y un mayor resguardo ante los tribunales de justicia con el objeto de proteger este derecho fundamental del ser humano.

Por eso, señor Presidente , en la Comisión respaldé la idea de legislar. Y allí el señor Ministro Secretario General de Gobierno -que se encuentra presente- se comprometió a que el Ejecutivo haría llegar indicaciones tendientes a perfeccionar el texto aprobado en la Cámara Baja, el cual presenta muchas dificultades técnicas que ameritan ser corregidas.

Creo que con tales indicaciones, más las que formulemos los Senadores que tengamos interés en el tema, podremos mejorar técnicamente el articulado y, de esa manera, lograr que un derecho tan trascendental como el resguardo de la dignidad de cada ser humano y la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria pueda ser defendido mediante una acción más eficaz ante los tribunales de justicia.

Por esas razones concurrí a aprobar en general la iniciativa. Estoy seguro de que el Gobierno cumplirá el compromiso de presentar en la Comisión las indicaciones correspondientes. Porque, como dije, bien vale la pena aprovechar la oportunidad para garantizar en mejor forma ese derecho tan importante en nuestra sociedad democrática.

He dicho.

El señor PROKURICA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , ¿se podría abrir ya el proceso de votación?

El señor PROKURICA.-

Sí, que se abra.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Conforme, señores Senadores. Se iniciará la votación una vez que intervenga el señor Ministro Secretario General de Gobierno .

El señor LAGOS ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Señor Presidente , seré muy breve, para que se proceda a votar lo antes posible.

Quiero ratificar el compromiso del Ejecutivo con relación a este proyecto.

Lo manifestado por el Senador señor Chadwick me ahorra mayores comentarios. Agradezco sus palabras. Ellas reflejan de modo correcto lo discutido en la Comisión hace alrededor de tres semanas.

Creo que la forma en que en definitiva logremos definir el concepto de discriminación será esencial para asegurar debidamente el fin que se persigue -tenemos muy presente la opinión de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia- y, al mismo tiempo, que será bastante difícil determinar una acción de protección para el derecho a la no discriminación.

Quiero señalar que el Ejecutivo hará llegar oportunamente las indicaciones.

Señor Presidente , yo, más que hablar de problemas que vienen desde la Cámara de Diputados, plantearía que tenemos por delante desafíos importantes en cuanto a establecer un concepto más acabado que el contemplado en las disposiciones aprobadas por la otra rama legislativa. A juicio del Gobierno, la no discriminación va a ser un tema de creciente relevancia en el país.

Una sociedad inclusiva es más tolerante, se abre más. Y los hechos que hemos vivido en las últimas dos o tres semanas, con algunos actos de violencia específicos en materia de discriminación, así lo confirman.

Sin embargo, más importantes que esos acontecimientos son las discriminaciones en el trato diario, las omisiones, tanto las ocasionadas por el aparato del Estado como también por los particulares. El proyecto apunta a subsanar esas desigualdades.

Por ello, esperamos trabajar de manera muy cercana con la Comisión de Derechos Humanos: con el Honorable señor Chadwick, con el Presidente de dicho organismo -el Senador señor Kuschel-, y sus restantes miembros.

Muchas gracias.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

En votación nominal la idea de legislar.

Quienes estén inscritos y aún no hayan intervenido podrán fundamentar su voto en primer lugar.

Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

--(Durante la votación).

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , sin duda, el texto en debate toca una materia sobre la cual tenemos mucho camino por recorrer.

Desde hace mucho tiempo diversos señores Parlamentarios -y pongo como ejemplos los temas que yo he planteado, a pesar de que no tuve eco en ellos- han denunciado distintos abusos en los que se incurre en la actual legislación, porque entiendo que la iniciativa tiene por objeto evitar los que se puedan cometer en el futuro. Pero la legislación vigente -y ésta debe ser modificada con otra ley, no con un recurso-, da pie a discriminaciones francamente inaceptables.

En primer lugar, tengo en mis manos un proyecto de ley relacionado con el ámbito de la Defensa -pues en pocos minutos más debo integrarme a la Comisión del ramo- que propicia la no discriminación hacia las mujeres para que puedan ascender a los grados de generales y almirantes dentro de las Fuerzas Armadas. Presenté esta iniciativa durante el año en curso, fue enviada al Ejecutivo , pero no tuvo eco.

En la actualidad, la mujer que ingresa al mismo tiempo que un hombre a la Escuela Militar o la Escuela Naval sólo puede llegar hasta el grado de coronel, mientras que a sus pares varones les es posible alcanzar el de general.

Además, el proyecto fue firmado por Parlamentarios de todos los sectores políticos y, a mi juicio, debiera ser apoyado también por el Ejecutivo.

En segundo término -esto es francamente digno de Ripley-, hoy día más de 8 mil viudas y montepiadas no pueden casarse, pues si lo hacen pierden su montepío. Yo entregué esta iniciativa a la entonces Ministra de Defensa Nacional y actual Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , pero hasta ahora no ha pasado nada.

Por lo tanto, debemos caminar para terminar con estas discriminaciones, que se encuentran en la legislación vigente, que afectan a un montón de gente y que son más propias de un régimen talibán que de una democracia. Y me refiero no sólo a aquellas que ocurrirán en el futuro, sino a las que figuran hoy día en nuestra normativa.

Voto que sí.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente , tal vez éste es uno de los proyectos más importantes sobre el cual puede y debe debatir un Parlamento como el nuestro.

Los desafíos de la no discriminación tienen que ver con cuál es la sociedad que queremos. Y la que queremos es una sociedad donde los distintos puedan convivir; donde la diferencia, más que un problema, sea una oportunidad.

Las sociedades complejas necesitan de la diferencia, de puntos de vista diferentes. En biología existe una ley muy válida desde la perspectiva ecológica que sostiene que, a mayor diversidad, los procesos biológicos tienen mayor estabilidad. Y cuando termina la diversidad mueren los procesos biológicos y se acaba la vida.

Las sociedades, para ser estables, requieren diversidad.

Pienso que las distintas agrupaciones humanas del planeta han vivido demasiados dramas respecto del intento de establecer verdades absolutas o de terminar con la diversidad.

Los valores y principios fundamentales de la civilización moderna -que han de acuñar y poner en acción para ser una sociedad más humana- deben ser la tolerancia y el respeto a la diversidad, los cuales deberían estar por sobre cualquier diferencia política.

En tal sentido, nos parece que resulta terapéutico para el Congreso Nacional y para la sociedad chilena discutir respecto de la no discriminación, que es consagrar la diferencia -según lo señalaba al principio- como una oportunidad.

El Senador señor Prokurica mencionaba la discriminación de que son objeto las mujeres.

En Chile vemos dramáticas desigualdades en el ámbito de la religión. Si bien hoy día existe libertad e igualdad de culto, no todos los credos tienen los mismos derechos.

Asimismo, hay diferencias y discriminación desde el punto de vista étnico. Sabemos que en los currículum vitae aún se siguen solicitando fotografías, estatura del postulante e, incluso, en los avisos del diario, buena presencia, particularmente cuando se trata de mujeres. Todos estos conceptos son tremendamente discriminatorios y no apelan a la capacidad, a la humanidad, a la bondad y a la potencialidad de las personas para desenvolverse en distintos ámbitos.

A nivel planetario, tal vez los conflictos más dramáticos de las sociedades son las brutales luchas que tienen fundamento en la intolerancia y en el poco respeto a aquellos que son distintos.

Por lo tanto, anuncio que votaremos a favor del proyecto, al que le incorporaremos todas las correcciones y perfeccionamientos posibles desde el punto de vista de la técnica legislativa para hacerlo más eficaz.

Asimismo, considero que ésta constituye una de las iniciativas que la Comisión de Derechos Humanos y el Parlamento debieran discutir con los ciudadanos.

Por eso, espero que el Senado de la República aproveche la oportunidad de hacer un debate con todas las agrupaciones que tengan interés en opinar activamente respecto de cómo enfrentar los problemas de discriminación.

En atención a ello, la Comisión acordó invitar a todos los actores interesados en la materia a opinar, a participar en un debate donde el Senado sea socio con los ciudadanos y recoja, ojalá, las más diversas posiciones que representan a la sociedad chilena, a fin de que queden incorporadas como corresponde en una normativa tan trascendental y tan de futuro como es un proyecto de ley sobre no discriminación.

Voto a favor.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Ha pedido intervenir la señora Ministra Directora del SERNAM , quien tiene preferencia.

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora ALBORNOZ ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-

Señor Presidente , la existencia del Servicio Nacional de la Mujer, al igual que la de otras agencias como CONADI, INJUV, FONADIS, etcétera, testimonian el incuestionable compromiso para generar mecanismos e institucionalidades tendientes a enfrentar las actuales desigualdades.

Cumpliendo con su misión, el SERNAM ha implementado una serie de políticas que intentan equilibrar o igualar la situación de la mujer respecto de la del hombre. En la necesidad política de impulsar dichas reformas al sistema jurídico, ha influido indudablemente la escasa, si no inexistente, efectividad del recurso de protección frente a la masiva y sistemática trasgresión de las garantías constitucionales de la mujer.

En la actualidad, numerosos estudios demuestran que el recurso de protección no es concebido socialmente como una vía idónea para reclamar ante situaciones de discriminación.

En tal sentido, y acogiendo lo señalado por el Senador señor Prokurica , el Servicio Nacional de la Mujer se encuentra trabajando en numerosos proyectos. Uno de ellos es la elaboración de un código de buenas prácticas laborales que, entre otras cosas, intenta eliminar las permanentes discriminaciones que, para acceder a puestos de trabajo, enfrentan no tan sólo las mujeres, sino también los discapacitados u otros sectores de la población.

Por ese motivo, impulsamos este proyecto de ley que establece un recurso judicial para reclamar de actos de discriminación basados en sexo o en género, y que consagra, tal como lo hace el recurso de amparo económico respecto de la propiedad, un mecanismo específico de protección de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Nuestro país puede sentirse orgulloso de los avances logrados en materia de igualdad. No obstante, a nuestro juicio todavía persisten innegables discriminaciones contra la mujer. La violencia de género, la brecha salarial, la escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social y económica; los mayores costos de los planes de salud y las barreras de acceso al mercado del trabajo son claras demostraciones de ese hecho.

El proyecto de ley en debate -acogido y entendido por destacados Ministros de la Corte Suprema como un complemento necesario del principio de igualdad- pretende constituirse en un resguardo al principio de no discriminación.

Nos asiste la certeza de que el grado de consolidación del sistema democrático en el país, especialmente del Estado de Derecho, posibilita avanzar hacia mayores grados de inclusión social. La aprobación unánime que la Comisión de Derechos Humanos del Senado prestó a la iniciativa -tal como señaló el Honorable señor Chadwick - así lo refleja.

Por ese motivo, solicito aprobar la idea de legislar, sin perjuicio de las precisiones necesarias para determinar los alcances penales del proyecto y de la reposición de aspectos procesales indispensables en una adecuada regulación.

Es cuanto puedo decir, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Seré muy breve, señor Presidente , porque las explicaciones ya dadas ahorran mayores comentarios.

A mi parecer, la Constitución y, en general, nuestra legislación son bastante categóricas tanto al establecer la igualdad ante la ley como al preceptuar que únicamente por circunstancias muy específicas es posible hacer algún grado de diferenciación objetiva y siempre que ello no signifique menoscabar a las personas en sus derechos, en su dignidad.

Desde tal perspectiva, el proyecto sólo viene a fortalecer, en ese sentido, una línea que ya forma parte de nuestra doctrina jurídica.

La Corte Suprema señaló que "el derecho a la no discriminación está" -leo a la letra- "suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente", por lo que no sería necesaria una nueva normativa regulatoria en dicho ámbito.

Sin embargo, como se ha subrayado, la diferencia básica con lo existente radica en la consagración de una acción especial de no discriminación. En mi opinión, es lo medular del proyecto, porque en virtud de ella, en los casos en que no haya justificación objetiva para establecer diferencias en el trato -nuestra legislación contempla varios, en muchos sentidos-, existirá un procedimiento de corrección expedito.

Eso es, en el fondo, lo que hace esta iniciativa. Y es lo que debería preocuparnos, pues el riesgo de proyectos como éste es la apertura de un camino para un sinfín de demandas por cualquier actuación estimada discriminatoria, pudiendo no serlo, lo cual generaría una compleja situación judicial.

No obstante lo anterior, y siguiendo la doctrina constitucional de nuestro país en el sentido de no favorecer las discriminaciones -ellas existen y son muchas, como aquí se ha señalado-, considero positivo arriesgarse en la regulación de una acción especial. Y ésa es la labor que deberá realizarse en la discusión particular.

Espero que en dicho trámite legislativo se proceda con cautela, pidiendo antecedentes a las instituciones que apoyan la causa y poniendo especial énfasis en el aspecto procesal. Los procesos judiciales deben ceñirse a ciertas normas, y ahí ha de colocarse particular énfasis para que la acción sea eficaz y no signifique un entrabamiento en la función jurisdiccional de los tribunales.

El mérito fundamental del proyecto, señor Presidente, es que busca avanzar en la no discriminación, finalidad de la cual nadie puede sustraerse.

Por eso, apruebo la idea de legislar.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, manifiesto el beneplácito y el respaldo de la bancada de Senadores socialistas a esta iniciativa de ley.

La historia del Partido Socialista, de sobre 70 años, ha estado ligada con la lucha, no sólo contra la injusticia, sino también contra toda forma de discriminación. Por consiguiente, nos parece relevante que el Senado esté analizando una materia tan delicada como la que hoy nos corresponde votar.

Nuestra Constitución establece normas precisas de no discriminación. Y a través de la historia de la Humanidad han existido diversas expresiones, en términos declaratorios -desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siguiendo por el Pacto de San José de Costa Rica y hasta las distintas resoluciones de la OIT-, que representan formas de lucha muy claras contra la discriminación. Hoy, sin embargo, ésta aún se encuentra presente.

De ahí que nos parece importante que se establezca un marco jurídico nuevo que permita avanzar de manera más concreta en la defensa y el respeto de la igualdad.

Si vemos las estadísticas del Censo del año 2002, comprobaremos que el 83,25 por ciento de nuestra población, compuesto por niños, ancianos, mujeres, discapacitados, adolescentes, representa a minorías que muchas veces son discriminadas.

De ahí que los distintos Gobiernos de la Concertación hayan realizado esfuerzos para consagrar una institucionalidad que, a través de diversas entidades -como el Servicio Nacional de la Mujer, la Comisión de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de la Juventud, el Fondo Nacional de la Discapacidad, el Servicio del Adulto Mayor y otras-, impida la discriminación en nuestro país.

No obstante, señor Presidente , todavía existen en Chile expresiones y demostraciones de discriminación.

Por eso, pese a que el principio se halla establecido en nuestra Constitución y a los diversos acuerdos internacionales que hemos ratificado sobre la materia, a los socialistas nos parece fundamental que nuestro país dé un nuevo paso con el fin de desterrar de nuestra patria toda forma de discriminación.

Consecuentes con ello, los Senadores de estas bancas respaldamos de modo muy entusiasta esta iniciativa.

Voto que sí.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , en esta sesión se ha hablado bastante de la discriminación que sufren las mujeres tanto en materia de salarios como en posibilidades de ascenso en su carrera. Y eso es efectivo. Sin embargo, éste es un tema que en Chile ya está siendo tratado de manera muy global.

Se ha hablado también de la discriminación que sufren las personas por motivos étnicos o religiosos.

No obstante, creo que una de las discriminaciones más brutales que existen hoy en día en nuestro país es la basada en la edad, de la cual se habla muy poco.

En mi Región, muchas veces me encuentro con cesantes desesperados que tratan de ver si pueden sacar los dineros acumulados en las AFP porque no saben cómo llegar hasta los 60 ó 65 años, edad en que recién podrían jubilar.

Sabido es que en Chile las personas mayores de 45 años que pierden su empleo sencillamente no encuentran otro.

Yo espero que los miembros de la Comisión no se preocupen sólo de las mujeres -naturalmente, me alegra bastante que se estudie su situación, así como la de las etnias, la de las religiones-, pues una de las formas de discriminación más brutales y silenciadas es la que excluye por su edad a quienes buscan trabajo.

Con respecto a lo manifestado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, de veras me complace muchísimo que el Partido Socialista esté siempre tan en contra de la discriminación. Empero, le pediría no sólo preocuparse de este tipo de leyes, sino también abogar de ahora en adelante, ojalá, por la no discriminación cuando los Ministerios contraten empresas asesoras; cuando haya que inscribir personas en planes de empleo; cuando se repartan dineros a las distintas municipalidades, en los CORE y en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, etcétera. Y puedo entregar una larga lista de discriminaciones. Porque, desgraciadamente, aquí se habla mucho de "estar en contra de la discriminación", pero eso se practica muy poco.

Voto que sí.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente , voy a referirme a otro tipo de discriminación.

Aquí se ha hablado de discriminación por edad, por sexo, por religión, por salud incluso, por diferentes discapacidades. Pero existe otra bastante odiosa, consistente en una omisión, en un abuso: la discriminación contra la gente que vive en determinadas zonas.

Acabamos de aprobar el proyecto que establece los territorios especiales de Isla de Pascua y archipiélago Juan Fernández , pero desde hace 19 años se hallan paralizadas las obras necesarias para terminar el camino de caleta Pichanco a caleta Gonzalo , que permitiría unir Arica con caleta Tortel y Puerto Montt con Coihaique. Ahí se está discriminando a una provincia entera. Sus habitantes tardan 10 horas en llegar a Puerto Montt para atenderse en algún establecimiento de salud, por ejemplo. Creo que los pobladores de Isla de Pascua y de Juan Fernández demoran mucho menos en llegar al centro del país.

Esa gente debe ser considerada. Y hemos conversado con otros señores Senadores sobre la posibilidad de agregar una indicación en tal sentido. Porque en el mensaje de este proyecto se habla de la discriminación territorial, pero después, en el texto del articulado, no se contienen medidas para enfrentarla.

Por lo tanto, voto a favor, y anuncio la presentación de una indicación relativa a la discriminación territorial, para ver si logramos que se termine el camino de caleta Pichanco a caleta Gonzalo, que en Palena es llamado "el camino a Chile".

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente , me alegra infinitamente que se haya presentado este proyecto y que estemos en condiciones de aprobarlo prácticamente en forma unánime.

Yo espero que así sea. Y puedo hablar en representación de los Senadores de la Democracia Cristiana.

Sin duda, hay aspectos concretos que serán mejorados en la discusión particular.

En esta ocasión quiero intervenir para referirme de manera breve a tres puntos.

Primero, además de lo que la iniciativa significa desde el punto de vista procesal, tengo la impresión de que su mayor trascendencia radica en lo que alguien ya mencionó en la Sala: el país entero empieza a tomar conciencia -y ello se traduce en acciones políticas, legislativas y conductuales- de que los derechos humanos son la esencia de una adecuada relación en la sociedad. Y las relaciones entre el poder y los hombres (ciudadano o ciudadana) se llevan a cabo a través de normas que, como las que hoy nos ocupan, van poniendo en su lugar el valor de que no exista discriminación.

Segundo punto: hay que ser muy claro para decir que no todo constituye discriminación.

Cuando se hace un debate serio acerca de lo que es la discriminación se llega a una definición que, al menos para mí, es la clave: que no haya diferencia de trato en el acceso a los derechos y al desarrollo personal o grupal cuando existen las mismas razones para actuar desde la autoridad o desde las esferas de poder con capacidad para generar ciertas resoluciones.

Por último, aquí se mencionó entre líneas algo que corresponde al hecho de que la contraparte de la no discriminación, en el lenguaje actual, es precisamente la norma de equidad, en el sentido de que ya no sólo basta entregar bienes, servicios o capacidades para el desarrollo, posibilidades de acción, prácticamente en igualdad de condiciones, sino que hay que poner mayor acento en el caso de quienes más necesitan. Y en eso se enmarcan la equidad territorial, la equidad del desarrollo personal o la adjudicación de recursos.

En esa materia -aprovecho la oportunidad para señalarlo; no sé si los demás señores Senadores estarán de acuerdo-, a mi juicio, todavía tenemos una enorme tarea por realizar.

La discriminación territorial es evidente. Y en una sociedad como la nuestra, formada por determinado criterio, esquema, régimen o modelo económico, cambiar las normas por la vía de la equidad resulta esencial. Pero hay que tener presente -y de esto, a veces, mucha gente no se da cuenta- que los países no siempre avanzan al ritmo del más veloz, sino también, dependiendo de los lugares o regiones, del nivel de protección, al del que anda más atrás en materia de desarrollo y modernidad.

No vale la pena ahondar ahora al respecto. Pero -reitero- me alegro infinitamente de que en el país se esté constituyendo una suerte de estructura legislativa que va dando solución a los derechos humanos, a la verdadera equidad versus la discriminación, y abriendo paso a la concepción de que el hombre vale por lo que es y no sólo por lo que gana o por lo que puede llevar a cabo.

Hay asimismo una situación de enfrentamiento de la vida distinta entre las diferentes personas, que va más allá de los hechos que caracterizan a una sociedad. Y de eso tiene que hacerse cargo quien quiere que no exista discriminación.

Por tal motivo, votaré a favor, al igual que mis Honorables colegas de la Democracia Cristiana.

Para finalizar, sólo quiero mencionar que alguien planteó que tengamos cuidado y especial preocupación por los mayores de edad.

Me siento en esa situación,...

El señor CHADWICK .-

¡Su Señoría debería inhabilitarse...!

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

...y por eso tengo dudas de si puedo pronunciarme acerca de esa materia.

En todo caso, voto que sí.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

El último inscrito es el Senador señor Muñoz Barra.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , en el artículo 3º del proyecto se señala que, para los efectos de la ley en proyecto, se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, religión o creencias, o socioeconómica, etcétera.

Creo que esta iniciativa apunta a un camino de recorrido bastante largo, porque la verdad es que en Chile existen múltiples discriminaciones.

Muy bien planteaba una señora Senadora de las bancadas de Oposición lo que ocurre con quienes tienen ya cierta edad: cuando llevan algunas décadas trabajando en servicios o empresas, se empieza a buscar la fórmula para separarlos de su empleo.

En Chile cuesta mucho que las personas encuentren ocupación después de los cincuenta años de edad. Y eso es curioso y extraño desde el momento en que la vida, por efectos del desarrollo de la ciencia, de los avances de la medicina, cada día va in crescendo, va prolongándose. De tal manera que aquí se aplica, por una discriminación cruel, un salario del miedo, un salario del terror, a quienes trabajan tanto en organismos públicos como en el sector privado.

Otra discriminación que hay que señalar -la mencionó con mucha justicia un señor Senador también de las bancadas de Oposición- es la que afecta a las cónyuges y a las hijas de los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos, las cuales pierden ciertos beneficios cuando se casan.

Pero a ese respecto se produce otra suerte de discriminación. Porque los beneficios que se otorgan a aquellas personas deberían hacerse extensivos a las viudas e hijas de quienes trabajan en otras instituciones del país. O sea, hay en ese punto una discriminación dolorosa, no simpática, entre quienes cumplen funciones profesionales muy importantes en las Fuerzas Armadas y aquellos que se desempeñan en otras actividades de la sociedad chilena.

Por tanto, espero que el proyecto en debate apunte también en tal sentido: o nos igualamos todos, o no existen beneficios que aparecen poco gratos para quienes vivimos en esta sociedad.

Además, señor Presidente , hay en nuestro país una discriminación horrorosa en lo que concierne a las edades para jubilar. Porque algunos pueden jubilar con veinte años de servicios y el resto tiene que hacerlo a los 65 años de edad. Incluso, hoy día se pretende que, en el caso de las mujeres, la edad para jubilar se eleve también a 65 años.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor MUÑOZ BARRA.-

Existe discriminación también en ese sentido.

Hay quienes pueden jubilar a los 42 ó 43 años de edad. Se trata de gente que está con todo el potencial para seguir entregando sus capacidades al desarrollo del país.

Y si seguimos -hay que decirlo con claridad, sin ningún temor; porque no existe el afán de molestar-, vemos en el sistema previsional, por ejemplo, una horrorosa discriminación entre quienes imponen en el INP y aquellos que fueron obligados a pertenecer a las AFP, sin que mediara ningún tipo de consulta.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor MUÑOZ BARRA.-

No sé si los amigos de las tribunas están pifiando contra el sistema o contra mi intervención.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor MUÑOZ BARRA.-

¡Muchas gracias! ¡Me ha quedado claro que las pifias no son contra mis expresiones!

--(Aplausos en tribunas).

El señor MUÑOZ BARRA.-

Estoy mostrando diferentes tipos de discriminación, señor Presidente . Y por eso he señalado que esta iniciativa tiene que recorrer un largo camino.

¡Para qué vamos a hablar de la educación, donde también hay discriminación! Quienes estudian en el sector público reciben un aporte de 30 mil pesos, mientras que quienes lo hacen en colegios privados pagan, aproximadamente, entre 100 mil y 150 mil pesos per cápita.

Espero que, luego de aprobar la idea de legislar, en la discusión particular podamos homologar los derechos para que las discriminaciones no existan y no se beneficien determinados sectores en detrimento de las grandes mayorías de nuestro país.

Por lo tanto, voto a favor de la iniciativa, con las salvedades que he mencionado.

--(Aplausos en tribunas).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Hago presente a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Señor Presidente , creo que el proyecto viene a llenar una necesidad realmente importante para nosotros, para Chile, para el país que deseamos, y -por qué no decirlo- abre un espacio de eficacia para declaraciones que ya existen en nuestra institucionalidad, pero que no se han concretado, o bien, no han tenido la debida correspondencia con la realidad.

Por eso me alegro de que la señora Ministra haya sido tan precisa al poner el énfasis en la discriminación hacia la mujer. La verdad es que el 52 por ciento de los chilenos son mujeres y no reciben la reciprocidad que merecen por todo lo que han entregado y siguen entregando a la sociedad.

En ese entendido, la iniciativa llena un espacio vital. Pero está por verse cómo darle la eficacia que requiere. Porque los cuatro primeros artículos son meramente declarativos. A partir del artículo 5º se empieza a hablar en serio, ya que esa norma contiene un recurso ante una instancia judicial -nada menos que la Corte de Apelaciones-, a la que corresponderá estructurar la realidad que deseamos brindar a la mujer para que se desarrolle en propiedad en la sociedad.

Es aquí, señor Presidente, donde yo quiero alertar de algo.

Un paso significativo en nuestro ordenamiento procesal fue el establecimiento del recurso de protección en la década de los 70. Sin embargo, quienes lo utilizaron, a veces en forma bastante reiterada, abusaron de este mecanismo, lo que hizo que se fuera deformando y perdiera su sentido originario. Al igual que el hábeas corpus, se trata de un recurso extraordinario. El de protección sirve para resguardar la propiedad cuando ella se encuentra amenazada y el hábeas corpus está destinado a proteger la libertad.

En este caso, se trata de un bien de igual o mayor correspondencia: la dignidad. Porque cuando se discrimina a una mujer se está atentando contra su dignidad. Defender la libertad o la propiedad es tan importante como proteger la dignidad de una mujer.

Una mujer sin dignidad, sin el espacio necesario, no dispone del ejercicio de su libertad para trabajar, para acceder a cargos o para ser madre. Y si no cuenta con la posibilidad de realizarse, menos podrá tener una propiedad.

En consecuencia, aquí estamos ante un recurso de inusitada importancia. Por eso la señora Ministra apuntó bien al colocar el énfasis en esa dirección.

Quiero recalcar esto hoy día. El recurso de protección debe reglarse como corresponde, pues uno de los problemas existentes para que las mujeres puedan recurrir a él es el plazo breve de 15 días de que disponen para interponerlo. Por lo mismo, tendremos que establecer -aun cuando esto no viene en la iniciativa- un nuevo espacio de tiempo para que puedan formalizar dicho recurso, ya que la situación no puede quedar pendiente de manera indefinida. De lo contrario, rigen las reglas generales.

Por lo tanto, debería estipularse un plazo que permita realmente a las mujeres llegar con sus problemas a las Cortes de Apelaciones, para que éstas puedan cautelar sus derechos y exista una debida eficacia jurídica.

Por eso, señor Presidente, voto a favor del proyecto y felicito a la señora Ministra por su claridad para plantear este asunto en la Sala.

Espero que la iniciativa se traduzca en un enriquecimiento de las instancias judiciales. Porque el objetivo no se logrará sólo con esta normativa, por valiosa que sea su aprobación, sino también con la forma como mañana los jueces resguardarán la dignidad de las mujeres en nuestro país. Esto es muy importante para que la sociedad chilena pueda decir que estamos expresándonos en plenitud y no a medias.

--(Aplausos en tribunas).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Ruego guardar silencio a las personas que se encuentran en las tribunas.

Habiendo fundamentado quienes estaban inscritos, continúa la votación en orden alfabético.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , tal como se ha señalado, lo fundamental para que se cumpla el espíritu de la normativa y para que ella sea eficiente es que haya capacitación.

Hemos aprobado leyes sobre la mujer: en particular la que protege sus derechos y la relacionada con el Servicio Nacional de la Mujer, en materia de agresión intrafamiliar. Pero hemos comprobado que, mientras no exista una debida capacitación para los jueces, el proceso será lento de asimilar. Una ley de esta naturaleza va a requerir un diálogo con el Poder Judicial para que los magistrados puedan entender con claridad el alcance de su aplicación.

Por lo demás, dado que se trata de hechos de acción popular, cualquiera podrá denunciar un acto de discriminación. Así que se deberá proceder con prudencia para hacer las presentaciones, a fin de que la ley sea efectiva y proteja los derechos de las personas a no ser discriminadas.

En consecuencia, porque creo que la iniciativa es necesaria y debe ser puesta en ejercicio en forma urgente, voto a favor de la idea de legislar.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (33 votos) y se fija el lunes 5 de junio, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.

Votaron los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Bianchi, Chadwick, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar (don Adolfo).

--(Aplausos en tribunas).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Terminado el Orden del Día.

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

BOLETÍN Nº 3815-07

27.06.06

INDICACIONES

ARTÍCULO 1º

1.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona.”.

2.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda acción de discriminación arbitraria, que amenace, perturbe o prive a una persona del goce o ejercicio de alguno de los derechos esenciales consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

3.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

4.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimir la palabra “prevenir”.

5.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar la palabra “eliminar” por “sancionar”.

6.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación de las palabras “cualquier persona”, la frase “o grupo de personas”.

7.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de las palabras “cualquier persona que”, la expresión “no reconozca”.

8.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para sustituir la frase “que suprima o menoscabe” por “que suprima, menoscabe o inhabilite el pleno ejercicio de”.

ARTÍCULO 2º

9.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

10.-Del Honorable Senador señor Núñez, para intercalar, en su inciso primero, entre las palabras “para” y “garantizar”, la expresión “promover y”.

11.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “igualitario”, el término “reconocimiento”.

12.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

“Las distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, serán objeto de leyes en los términos que establece la Constitución Política de la República.”.

12bis.-Del Honorable Senador señor Chadwick, en subsidio de la indicación Nº 12, para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal y en caso alguno podrá exceder de cuatro años. Con todo, dicha distinción o preferencia deberá ser informada a la comisión o comisiones pertinentes del Congreso Nacional por el Ministerio encargado de su implementación cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”.

13.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para reemplazar sus incisos segundo y tercero por el siguiente:

“Corresponde a los poderes públicos del Estado y los demás que emanen de ellos, garantizar las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Sus respectivas entidades y dependencias deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de los particulares en la prevención de dichos obstáculos.”.

14.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituir, en su inciso segundo, la expresión “el Estado” por “la ley”.

15.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para suprimir, en su inciso segundo, la frase “, en los términos que establece la Constitución Política de la República”.

16.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazar su inciso tercero por el siguiente:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”.

17.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituir su inciso tercero por el siguiente:

“Asimismo, el contenido de las medidas que se adopten en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.”.

18.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazar su inciso cuarto por el siguiente:

“Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad a los incisos anteriores, estarán regidas directamente a aquellas personas o grupos de personas, que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y deberán tener como propósito superar dicha desventaja específica.”.

19.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituir, en su inciso cuarto, la expresión “el Estado” por “la ley”.

ARTÍCULO 3º

20.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de ideología, religión o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio, de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

21.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricciones o preferencia basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión o creencias, nacionalidad o ascendencia nacional, origen social y o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, comunales o instituciones públicas o privadas o cualquier otra condición social o individual que tenga por objeto privar, perturbar o amenazar, el legítimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

22.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y el correspondiente recurso de protección que se encuentra consagrado en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, se entenderá, entre otros, por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, de carácter arbitrario, basadas en motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, religión o creencias, antisemitismo, nacionalidad o ascendencia nacional, origen social y o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, que tengan por objeto privar, perturbar o amenazar, el legítimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

23.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, color, etnia, idioma o lengua, edad, sexo, género u orientación sexual, religión o creencias, ideología, nacionalidad, origen nacional, socio económico o cultural, opinión política, lugar de residencia o zona geográfica de origen, enfermedad, discapacidad, descendencia, apariencia, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

24.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de raza o etnia, religión o creencias, nacionalidad, origen cultural o socio económico, en una enfermedad o discapacidad, apariencia física, lugar de residencia, en el género u orientación sexual, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual, que prive, perturbe o amenace el goce o ejercicio de los derechos esenciales de toda persona consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

25.-De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, y 26.- señores Chadwick y Girardi, para intercalar, a continuación de “xenofobia”, la palabra “antisemitismo”.

27.-Del Honorable Senador señor Núñez, para sustituir la palabra “apariencia” por “imagen o apariencia personal”.

28.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de “apariencia”, las palabras “lenguaje y cultura”.

29.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación de la frase “de los derechos esenciales a toda persona humana”, la expresión “o grupo de personas”.

30.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para agregar, entre las causales de discriminación, el estado civil o filiación de las personas.

31.-De los Honorables Senadores señores Chadwick, Girardi y Kuschel, para incluir “lugar de residencia” entre creencia, y opinión política.

32.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para consultar, como inciso segundo, el siguiente:

“La acción de discriminación arbitraria se transformará inmediatamente en causa de acción civil cuando la persona o el grupo de personas directamente afectada, no obtenga el cumplimiento del derecho consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política y se desconozcan los antecedentes formales y públicos que la transformaron en requisito, garantía, cualidad o distinción según las prácticas referidas en el artículo 4º.”.

ARTÍCULO 4º

33.-De S.E. la señora Presidenta de la República, y 34.- del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirlo.

letra a)

35.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para reemplazar la frase “Las distinciones basadas en” por “Las distinciones, debidamente expresadas y a disposición del conocimiento público, basadas en”.

36.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituir la palabra “capacidades” por “la capacidad, idoneidad”.

letra b)

37.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para agregar la siguiente frase final: “debidamente señalizados y expuestos públicamente a los interesados”.

letra c)

38.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Las que establezca la ley como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público, así como otras disposiciones vigentes o que se incorporen a los ordenamientos legales.”.

39.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirla por la siguiente:

“c) El establecimiento legal de requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público.”.

º º º º

40.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para intercalar, a continuación de la letra c), la siguiente, nueva:

“...) El establecimiento de requisitos de ingreso o permanencia en una organización de la sociedad civil, establecidos en sus respectivos estatutos aprobados de conformidad a la ley.”.

º º º º

letra d)

41.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que establezca la ley entre ciudadanos y no ciudadanos, así como las que se realicen en consideración de algún requisito o condición especial prevista en la ley.”.

letra e)

42.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirla por la siguiente:

“e) En general, todas las que no priven, perturben o amenacen el goce o ejercicio de los derechos esenciales de toda persona consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

43.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para reemplazarla por la siguiente:

“e) En general todas aquellas acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades. Dichas acciones tendrán un carácter temporal y no podrán mantenerse después de alcanzados los objetivos para los cuales fueron diseñadas.”.

º º º º

44.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para consultar la siguiente letra nueva:

“...) Las preferencias que se establezcan a favor de una persona o grupo en razón de su pertenencia a alguno de los pueblos originarios del país.”.

º º º º

45.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación del artículo 4º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- En caso de que cualquier disposición de la ley o de los tratados internacionales aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones, se deberá preferir aquélla que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos en situación de vulnerabilidad.”.

º º º º

TÍTULO II

Acción especial de no discriminación

46.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

ARTÍCULO 5º

47.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

48.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de tres meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, existiendo un vínculo de subordinación o dependencia entre la persona afectada y el denunciado de cometer la conducta discriminatoria, el plazo señalado en el inciso precedente se contará desde el momento en que cese dicho vínculo. Pero nunca podrá impetrarse transcurrido un año desde que se cometió el acto o incurrido en la omisión discriminatoria.

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado.

La Corte podrá, a petición fundada, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurrido pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Esta acción especial de no discriminación gozará de preferencia en su vista y fallo.

La vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez, siempre que así se solicite, independiente del número de partes del recurso. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el artículo 6º.

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos.”.

49.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los hechos que constituyan una discriminación arbitraria, en los términos establecidos en el artículo 3º de esta ley, de acuerdo al procedimiento que se señala en los incisos siguientes.

La acción podrá interponerse dentro de los seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción, o se hubiere tenido conocimiento de aquélla por parte del ofendido si esto hubiera ocurrido con posterioridad, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido la infracción, la que conocerá de ella en primera instancia. Deducida la acción en el plazo señalado, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando la infracción denunciada pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

La Corte requerirá que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas denunciadas de cometer la infracción, fijándole un plazo breve y perentorio para emitirlo. Evacuado el informe, o vencido el plazo para emitirlo, el tribunal ordenará traer los autos en relación y se agregará extraordinariamente la causa en la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la sala, si corresponde. Sin perjuicio de lo anterior, evacuado el informe, se podrá recibir la causa a prueba y escuchar los alegatos de las partes. Una vez concluida la vista de la causa, el tribunal podrá decretar medidas probatorias para el mejor acierto del fallo.

En todo lo no previsto en este artículo, la acción especial de no discriminación se regirá por el procedimiento establecido para la tramitación del recurso de protección.”.

50.-Del Honorable Senador señor Chadwick, en subsidio de la indicación Nº 47, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra. Será competente para conocer de este recurso la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se hubiere cometido el acto u omisión a que se refiere el presente artículo, dentro del plazo fatal de 15 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

51.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para sustituir su inciso primero por el siguiente, nuevo:

“Artículo 5º.- El o los directamente afectados, por sí o cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra o en contra del grupo a que pertenezcan.”.

º º º º

52.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de su inciso primero, el siguiente, nuevo:

“La acción podrá impetrarse dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.”.

º º º º

ARTÍCULO 6º

53.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

54.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 6º.- Deducida la acción, la Corte de Apelaciones deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles para formular observaciones.

El informe deberá justificar suficientemente, en forma objetiva y razonada, que la acción u omisión discriminatoria no es arbitraria.

Hasta el vencimiento del plazo para evacuar el informe, podrá el afectado convenir con el denunciante una fórmula reparatoria por el agravio causado mediante la conducta discriminatoria. El acuerdo suspenderá la prosecución de la tramitación de la acción, por el término que las partes establezcan, el que, en todo caso, no podrá exceder de 6 meses, contados desde la fecha del acuerdo.

Dicho acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte hasta antes de la dictación de la sentencia para su aprobación. El acuerdo contendrá, además de la reparación del mal causado, el reconocimiento del acto discriminatorio por parte del ofensor.

Con todo, no podrá haber acuerdo si el hecho denunciado es constitutivo de delito.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso cuarto, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento.

Si hubiere controversia sobre los hechos, la Corte abrirá un término probatorio que no podrá exceder de ocho días. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.”.

55.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 6º.- La Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En tal caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente la determinación de los perjuicios que procedieren. La determinación del monto será determinado en procedimiento breve y sumario, considerando la gravedad del hecho, acto o práctica discriminatoria.

Si la sentencia estableciera fundadamente que la denuncia carece de toda base o se hubiere hecho aportado antecedentes falsos o inexistentes, el actor será responsable de las costas y de los perjuicios que hubiere causado. Los perjuicios se perseguirán ante el tribunal civil competente, en procedimiento breve y sumario.

En los casos de las denuncias señaladas en el inciso anterior, la Corte podrá establecer el pago de una multa por parte del demandante, a beneficio fiscal, de entre 50 a 100 UTM.”.

º º º º

56.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación del inciso segundo, el siguiente, nuevo:

“Todos los órganos públicos, autoridades estatales y municipales, incluso aquéllos que no hubieren intervenido en los actos u omisiones materia de la investigación, pero que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información y documentación, deberán haberlo de manera veraz y oportuna según se lo requiera la Corte de Apelaciones a petición de las partes o como una medida para mejor resolver.”.

º º º º

57.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazar su inciso tercero por el siguiente:

“Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días hábiles, y escuchar los alegatos de las partes. Una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.”.

º º º º

58.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para agregar, como inciso final, el siguiente, nuevo:

“No procederá recurso alguno en contra de esta sentencia.”.

º º º º

ARTÍCULO 7º

59.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 7º.- El afectado por una acción discriminatoria, en los términos que establece el artículo 3º de esta ley, podrá interponer indistintamente, respecto de los hechos que configuran la presunta infracción, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, o bien, la acción especial a que se refiere el artículo anterior. La interposición de alguna de estas acciones hará que no pueda intentarse posteriormente la otra.”.

60.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimir su inciso primero.

61.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de “protección del afectado”, la frase “o grupo de personas afectadas”.

62.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “afectado,” la palabra “tales”, y reemplazar la frase “acto de discriminatorio” por “acto discriminatorio”.

63.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

“Acogido el recurso de protección procedente, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.”.

ARTÍCULO 8º

64.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para suprimirlo.

65.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8º.- Acogida la acción y comprobada la comisión de actos u omisiones de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, el responsable será sancionado con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

El máximo señalado en el inciso precedente podrá aumentarse en el doble en caso que el responsable hubiere sido sancionado por otros actos u omisiones discriminatorias dentro de los doce meses precedentes.”.

66.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 8º.- En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, deberá sancionarse al organismo al que pertenece el infractor con multa de 50 a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada en la que se presente servicios de utilidad pública, el responsable también deberá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

En todo otro caso de declararse por parte de la Corte de Apelaciones, que se ha cometido actos de discriminación arbitraria, el infractor deberá ser sancionado con una multa acorde al mérito del proceso.

El dinero recaudado por este tipo de multa irá a un fondo para ser repartido entre las diversas instituciones que trabajan a favor de los sectores más discriminados.”.

67.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de “persona natural o jurídica”, la frase “o respecto de un grupo de personas”.

68.-Del Honorable Senador señor Núñez, para agregar, a su inciso primero, la siguiente oración: “En tal caso, se deberá instruir sumario administrativo en contra del funcionario público responsable.”.

º º º º

69.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo.

La vista de la causa se podrá suspender por una sola vez cuando sea solicitada por las partes y cuando la Corte Suprema la califique como fundada.”.

º º º º

70.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Del reconocimiento de persona

Artículo...- Toda persona tiene derecho a ser reconocida como tal por el Estado. Toda persona tiene derecho a un nombre que la distinga y le atribuya personalidad.

Artículo...- Cualquier persona mayor de edad podrá requerir al Registro Civil de su domicilio, la inscripción en el Registro de Nacimientos y de Defunción de un recién nacido que haya sido encontrado muerto, y sin que conste que haya sido inscrito anteriormente.

Para que proceda esta inscripción, el Servicio Médico Legal debe certificar que el menor no nació antes de 60 días de su fecha estimada de fallecimiento.

Artículo...- Para proceder a la inscripción antes indicada, la persona interesada deberá hacer una declaración ante el Oficial del Registro Civil que corresponda, en la que manifieste su voluntad de inscribir al menor, indicando el nombre con el que le quiere inscribir.

Dicha declaración deberá ser acompañada con copia del informe del Servicio Médico Legal que acredite la edad estimada del menor fallecido y su fecha estimada de fallecimiento, y con un certificado de Carabineros de Chile que acredite las circunstancias del descubrimiento del cadáver.

Artículo...- Transcurridos 60 días desde la fecha de descubrimiento del cadáver del menor, sin que nadie haya ejercido la facultad contemplada en el artículo 10 de esta ley, el Director Regional del Servicio Médico Legal deberá proceder a requerir la inscripción en la forma dispuesta por esta ley.

El Servicio Médico Legal dispondrá la sepultura del menor dentro del menor plazo posible, en un cementerio de la ciudad donde fue hallado el cadáver y dejando constancia del nombre del menor en dicha sepultura.

Artículo...- Efectuada la inscripción de nacimiento, el Registro Civil procederá, de oficio, a inscribir el fallecimiento del menor, anotando como fecha de fallecimiento la que indique el certificado del Servicio Médico Legal.

Artículo...- La inscripción de menores en la forma establecida en esta ley no otorga al requirente de la inscripción derecho alguno sobre los eventuales bienes del menor inscrito.”.

º º º º

71.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Políticas Públicas contra la Discriminación

Artículo...- Las políticas públicas contra la discriminación tenderán prioritariamente a prevenir la ocurrencia de las conductas previstas en el artículo 3º.

Al efecto, deberán contemplar acciones educativas dirigidas a los funcionarios, así como al público en general, en orden a afirmar y difundir la importancia de los valores del respeto recíproco, la tolerancia, la diversidad, la paz y la no violencia.

Asimismo, tales políticas deberán promover e incentivar el desarrollo de las organizaciones de personas que sufren habitualmente alguna de las conductas señaladas en el artículo 3º, o que sean particularmente vulnerables a ellas.”.

º º º º

72.-Del Honorable Senador señor Núñez, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Políticas Públicas contra la Discriminación

Artículo...- Las políticas públicas contra la discriminación tenderán prioritariamente a prevenir la ocurrencia de las conductas ilícitas previstas en el artículo 3º.

Al efecto, las políticas públicas deberán contemplar acciones educativas destinadas a sus funcionarios, así como al público en general, en orden a relevar la importancia de los valores del respeto recíproco, la paz y la no violencia, de la diversidad y la tolerancia para una sociedad democrática.

Asimismo, tales políticas deberán promover a incentivar el desarrollo de las organizaciones de personas que sufren habitualmente alguna de las conductas señaladas en el artículo 3º o que sean particularmente vulnerables a ellas.

Artículo...- Corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno la función de promover y hacer un seguimiento de la coordinación intersectorial a nivel nacional y regional de las políticas públicas antidiscriminatorias, debiendo elaborar un informe anual de sus resultados.”.

º º º º

73.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Concejo para la Prevención y Eliminación de las

Formas de la Discriminación

Artículo...- Se creará un concejo para la prevención y eliminación de las formas de la discriminación. Será un organismo público autónomo, de participación ciudadana, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Para el cumplimiento de sus fines recibirá un presupuesto que le asigne la ley respectiva, pudiendo además obtener aportes de particulares y organizaciones no gubernamentales. Tendrá a su cargo prevenir y eliminar las formas de discriminación, mediante la promoción de políticas públicas y la elaboración de proyectos y propuestas a las instancias correspondientes que tiendan a fomentar la igualdad de oportunidades y de trato, así como idear medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades, para ser llevadas a cabo por el organismo correspondiente.

Este consejo constará de doce miembros:

a) Un concejero elegido por cada uno de los tres poderes del Estado;

b) Cuatro concejeros elegidos de entre las instituciones gubernamentales que tengan trabajo con grupos vulnerables.

c) Cinco concejeros elegidos de entre las instituciones no gubernamentales que trabajen con grupos de vulnerabilidad social.”.

º º º º

74.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para intercalar, a continuación del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto: “naturaleza humana, la igualdad y no discriminación, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.”.

º º º º

75.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para intercalar, a continuación del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Agrégase en la letra l) del artículo 84 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras “acoso sexual” las siguientes: “y la discriminación arbitraria”, y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la frase “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y el segundo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la ley que establece medidas en contra de la discriminación”.”.

º º º º

ARTÍCULO 10

76.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para suprimirlo.

77.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Agrégase en el artículo 12 del Código Penal el siguiente numeral:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, su etnia o nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o enfermedad que padezca.”.”.

78.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21º Cometer el delito, manifiestamente motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

“1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 13

7 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes manifiestamente motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Cuando se trate de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.”.”.

Nº 1.-

79.-De los Honorables Senadores señores Chadwick y Girardi, para reemplazar el numeral 21º propuesto por el siguiente:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza, o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.

80.-De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para sustituir el numeral 21º propuesto por el siguiente:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.

Nº 2.-

81.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para intercalar, en el inciso primero del artículo 137 bis propuesto, a continuación de la frase “causar daño a personas”, las palabras “su honra”.

82.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para reemplazar la frase inicial del inciso segundo del artículo 137 bis propuesto “Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero”, por la siguiente: “Cuando se tratare de asociaciones que alienten o promuevan el odio o la violencia, así como aquéllos que omitan las acciones efectivas para su erradicación”.

º º º º

83.-De los Honorables Senadores señores Chadwick y Girardi, para agregar al Código Penal el siguiente artículo 137 ter:

“Artículo 137 ter.- El que por cualquier medio, realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento, respecto de personas o colectividades en razón del color de su piel, de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien Unidades Tributarias Mensuales.”.

º º º º

84.-De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para agregar al Código Penal el siguiente artículo 137 ter:

“Artículo 137 ter.- El que por cualquier medio realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentación, respecto de personas o colectividades en razón del color de su piel, de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

º º º º

Nº 3.-

85.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

º º º º

86.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpórase en el artículo 84 de la ley Nº 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº 29, del 16 de marzo de 2005, del Ministerio de Hacienda, la siguiente letra m) nueva:

“m) Realizar actos u omisiones de discriminación arbitraria en los términos señalados en el artículo 3º de la ley que establece medidas contra la discriminación.”.”.

º º º º

87.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpóranse a la ley Nº 19.880 las siguientes modificaciones:

1.- Intercalar en la letra e) del artículo 17 entre la palabra “diferencia” y la letra “y”, la frase “sin discriminación alguna”.

2.- Reemplazar el actual inciso cuarto del artículo 10 por el siguiente nuevo texto:

“En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respecto a los principios de contradicción, igualdad y no discriminación de los interesados en el proceso.”.”.

º º º º

88.-De los Honorables Senadores señores Girardi, Navarro y Ominami, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpóranse las siguientes modificaciones al Código Civil:

1.- Agrégase el siguiente nuevo inciso cuarto al artículo 225, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:

“No se comprenderá dentro de las inhabilidades para ejercer el cuidado personal del menor, la orientación sexual diversa del padre o de la madre que ejerza o pueda ejercer, de acuerdo con las reglas generales, este cuidado, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

2.- Agrégase el siguiente nuevo inciso final al artículo 226:

“No constituirá inhabilidad para esta designación la circunstancia descrita en el inciso cuarto del artículo precedente.”.

3.- Agrégase el siguiente inciso final nuevo al artículo 229:

“No será causal fundada para suspender o restringir este derecho, la orientación sexual diversa del padre o la madre, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

4.- Agrégase el siguiente nuevo inciso cuarto al artículo 244, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:

“No será causal para restringir o privar de este derecho la orientación sexual diversa del padre o de la madre, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

5.- Agrégase la siguiente parte final al inciso primero del artículo 267:

“No será causal para suspenderla la orientación sexual diversa del padre o de la madre que la detente, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.”.

º º º º

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

BOLETÍN Nº 3815-07

17.07.06

INDICACIONES

ARTÍCULO 1º

1.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona.”.

2.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda acción de discriminación arbitraria, que amenace, perturbe o prive a una persona del goce o ejercicio de alguno de los derechos esenciales consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

3.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

4.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimir la palabra “prevenir”.

5.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar la palabra “eliminar” por “sancionar”.

6.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación de las palabras “cualquier persona”, la frase “o grupo de personas”.

7.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de las palabras “cualquier persona que”, la expresión “no reconozca”.

8.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para sustituir la frase “que suprima o menoscabe” por “que suprima, menoscabe o inhabilite el pleno ejercicio de”.

ARTÍCULO 2º

9.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

10.-Del Honorable Senador señor Núñez, para intercalar, en su inciso primero, entre las palabras “para” y “garantizar”, la expresión “promover y”.

11.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “igualitario”, el término “reconocimiento”.

12.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

“Las distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, serán objeto de leyes en los términos que establece la Constitución Política de la República.”.

12bis.-Del Honorable Senador señor Chadwick, en subsidio de la indicación Nº 12, para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal y en caso alguno podrá exceder de cuatro años. Con todo, dicha distinción o preferencia deberá ser informada a la comisión o comisiones pertinentes del Congreso Nacional por el Ministerio encargado de su implementación cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”.

13.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para reemplazar sus incisos segundo y tercero por el siguiente:

“Corresponde a los poderes públicos del Estado y los demás que emanen de ellos, garantizar las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Sus respectivas entidades y dependencias deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de los particulares en la prevención de dichos obstáculos.”.

14.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituir, en su inciso segundo, la expresión “el Estado” por “la ley”.

15.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para suprimir, en su inciso segundo, la frase “, en los términos que establece la Constitución Política de la República”.

16.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazar su inciso tercero por el siguiente:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”.

17.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituir su inciso tercero por el siguiente:

“Asimismo, el contenido de las medidas que se adopten en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.”.

18.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazar su inciso cuarto por el siguiente:

“Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad a los incisos anteriores, estarán regidas directamente a aquellas personas o grupos de personas, que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y deberán tener como propósito superar dicha desventaja específica.”.

19.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituir, en su inciso cuarto, la expresión “el Estado” por “la ley”.

ARTÍCULO 3º

20.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de ideología, religión o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio, de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

21.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricciones o preferencia basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión o creencias, nacionalidad o ascendencia nacional, origen social y o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, comunales o instituciones públicas o privadas o cualquier otra condición social o individual que tenga por objeto privar, perturbar o amenazar, el legítimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

22.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y el correspondiente recurso de protección que se encuentra consagrado en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, se entenderá, entre otros, por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, de carácter arbitrario, basadas en motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, religión o creencias, antisemitismo, nacionalidad o ascendencia nacional, origen social y o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, que tengan por objeto privar, perturbar o amenazar, el legítimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

23.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, color, etnia, idioma o lengua, edad, sexo, género u orientación sexual, religión o creencias, ideología, nacionalidad, origen nacional, socio económico o cultural, opinión política, lugar de residencia o zona geográfica de origen, enfermedad, discapacidad, descendencia, apariencia, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

24.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de raza o etnia, religión o creencias, nacionalidad, origen cultural o socio económico, en una enfermedad o discapacidad, apariencia física, lugar de residencia, en el género u orientación sexual, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual, que prive, perturbe o amenace el goce o ejercicio de los derechos esenciales de toda persona consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

25.-De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, y 26.- señores Chadwick y Girardi, para intercalar, a continuación de “xenofobia”, la palabra “antisemitismo”.

27.-Del Honorable Senador señor Núñez, para sustituir la palabra “apariencia” por “imagen o apariencia personal”.

28.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de “apariencia”, las palabras “lenguaje y cultura”.

29.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación de la frase “de los derechos esenciales a toda persona humana”, la expresión “o grupo de personas”.

30.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para agregar, entre las causales de discriminación, el estado civil o filiación de las personas.

31.-De los Honorables Senadores señores Chadwick, Girardi y Kuschel, para incluir “lugar de residencia” entre creencia, y opinión política.

32.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para consultar, como inciso segundo, el siguiente:

“La acción de discriminación arbitraria se transformará inmediatamente en causa de acción civil cuando la persona o el grupo de personas directamente afectada, no obtenga el cumplimiento del derecho consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política y se desconozcan los antecedentes formales y públicos que la transformaron en requisito, garantía, cualidad o distinción según las prácticas referidas en el artículo 4º.”.

ARTÍCULO 4º

33.-De S.E. la señora Presidenta de la República, y 34.- del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirlo.

letra a)

35.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para reemplazar la frase “Las distinciones basadas en” por “Las distinciones, debidamente expresadas y a disposición del conocimiento público, basadas en”.

36.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituir la palabra “capacidades” por “la capacidad, idoneidad”.

letra b)

37.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para agregar la siguiente frase final: “debidamente señalizados y expuestos públicamente a los interesados”.

letra c)

38.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Las que establezca la ley como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público, así como otras disposiciones vigentes o que se incorporen a los ordenamientos legales.”.

39.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirla por la siguiente:

“c) El establecimiento legal de requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público.”.

º º º º

40.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para intercalar, a continuación de la letra c), la siguiente, nueva:

“...) El establecimiento de requisitos de ingreso o permanencia en una organización de la sociedad civil, establecidos en sus respectivos estatutos aprobados de conformidad a la ley.”.

º º º º

letra d)

41.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que establezca la ley entre ciudadanos y no ciudadanos, así como las que se realicen en consideración de algún requisito o condición especial prevista en la ley.”.

º º º º

41bis.-Del Honorable Senador señor Muñoz Aburto, para agregar la siguiente letra nueva:

“...) Las que resulten de la aplicación de beneficios, incentivos, subsidios, franquicias y cualquier otra medida destinada a favorecer a los habitantes de las zonas extremas o apartadas del país, y”.

º º º º

letra e)

42.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirla por la siguiente:

“e) En general, todas las que no priven, perturben o amenacen el goce o ejercicio de los derechos esenciales de toda persona consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

43.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para reemplazarla por la siguiente:

“e) En general todas aquellas acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades. Dichas acciones tendrán un carácter temporal y no podrán mantenerse después de alcanzados los objetivos para los cuales fueron diseñadas.”.

º º º º

44.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para consultar la siguiente letra nueva:

“...) Las preferencias que se establezcan a favor de una persona o grupo en razón de su pertenencia a alguno de los pueblos originarios del país.”.

º º º º

45.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación del artículo 4º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- En caso de que cualquier disposición de la ley o de los tratados internacionales aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones, se deberá preferir aquélla que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos en situación de vulnerabilidad.”.

º º º º

TÍTULO II

Acción especial de no discriminación

46.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

ARTÍCULO 5º

47.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

48.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de tres meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, existiendo un vínculo de subordinación o dependencia entre la persona afectada y el denunciado de cometer la conducta discriminatoria, el plazo señalado en el inciso precedente se contará desde el momento en que cese dicho vínculo. Pero nunca podrá impetrarse transcurrido un año desde que se cometió el acto o incurrido en la omisión discriminatoria.

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado.

La Corte podrá, a petición fundada, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurrido pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Esta acción especial de no discriminación gozará de preferencia en su vista y fallo.

La vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez, siempre que así se solicite, independiente del número de partes del recurso. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el artículo 6º.

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos.”.

49.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los hechos que constituyan una discriminación arbitraria, en los términos establecidos en el artículo 3º de esta ley, de acuerdo al procedimiento que se señala en los incisos siguientes.

La acción podrá interponerse dentro de los seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción, o se hubiere tenido conocimiento de aquélla por parte del ofendido si esto hubiera ocurrido con posterioridad, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido la infracción, la que conocerá de ella en primera instancia. Deducida la acción en el plazo señalado, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando la infracción denunciada pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

La Corte requerirá que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas denunciadas de cometer la infracción, fijándole un plazo breve y perentorio para emitirlo. Evacuado el informe, o vencido el plazo para emitirlo, el tribunal ordenará traer los autos en relación y se agregará extraordinariamente la causa en la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la sala, si corresponde. Sin perjuicio de lo anterior, evacuado el informe, se podrá recibir la causa a prueba y escuchar los alegatos de las partes. Una vez concluida la vista de la causa, el tribunal podrá decretar medidas probatorias para el mejor acierto del fallo.

En todo lo no previsto en este artículo, la acción especial de no discriminación se regirá por el procedimiento establecido para la tramitación del recurso de protección.”.

50.-Del Honorable Senador señor Chadwick, en subsidio de la indicación Nº 47, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra. Será competente para conocer de este recurso la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se hubiere cometido el acto u omisión a que se refiere el presente artículo, dentro del plazo fatal de 15 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

51.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para sustituir su inciso primero por el siguiente, nuevo:

“Artículo 5º.- El o los directamente afectados, por sí o cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra o en contra del grupo a que pertenezcan.”.

51bis.-De los Honorables Senadores señor Muñoz Aburto, y 51ter.- señor Núñez, para agregar, al inciso primero, la siguiente frase y oración finales: “, a su arbitrio ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción hubieren ocurrido o la de su domicilio. El procedimiento descrito en el presente título será aplicable a los casos señalados en el inciso sexto del artículo segundo del Código del Trabajo.”.

º º º º

52.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de su inciso primero, el siguiente, nuevo:

“La acción podrá impetrarse dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.”.

º º º º

ARTÍCULO 6º

53.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

54.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 6º.- Deducida la acción, la Corte de Apelaciones deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles para formular observaciones.

El informe deberá justificar suficientemente, en forma objetiva y razonada, que la acción u omisión discriminatoria no es arbitraria.

Hasta el vencimiento del plazo para evacuar el informe, podrá el afectado convenir con el denunciante una fórmula reparatoria por el agravio causado mediante la conducta discriminatoria. El acuerdo suspenderá la prosecución de la tramitación de la acción, por el término que las partes establezcan, el que, en todo caso, no podrá exceder de 6 meses, contados desde la fecha del acuerdo.

Dicho acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte hasta antes de la dictación de la sentencia para su aprobación. El acuerdo contendrá, además de la reparación del mal causado, el reconocimiento del acto discriminatorio por parte del ofensor.

Con todo, no podrá haber acuerdo si el hecho denunciado es constitutivo de delito.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso cuarto, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento.

Si hubiere controversia sobre los hechos, la Corte abrirá un término probatorio que no podrá exceder de ocho días. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.”.

55.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 6º.- La Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En tal caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente la determinación de los perjuicios que procedieren. La determinación del monto será determinado en procedimiento breve y sumario, considerando la gravedad del hecho, acto o práctica discriminatoria.

Si la sentencia estableciera fundadamente que la denuncia carece de toda base o se hubiere hecho aportado antecedentes falsos o inexistentes, el actor será responsable de las costas y de los perjuicios que hubiere causado. Los perjuicios se perseguirán ante el tribunal civil competente, en procedimiento breve y sumario.

En los casos de las denuncias señaladas en el inciso anterior, la Corte podrá establecer el pago de una multa por parte del demandante, a beneficio fiscal, de entre 50 a 100 UTM.”.

º º º º

56.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación del inciso segundo, el siguiente, nuevo:

“Todos los órganos públicos, autoridades estatales y municipales, incluso aquéllos que no hubieren intervenido en los actos u omisiones materia de la investigación, pero que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información y documentación, deberán haberlo de manera veraz y oportuna según se lo requiera la Corte de Apelaciones a petición de las partes o como una medida para mejor resolver.”.

º º º º

57.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazar su inciso tercero por el siguiente:

“Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días hábiles, y escuchar los alegatos de las partes. Una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.”.

º º º º

58.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para agregar, como inciso final, el siguiente, nuevo:

“No procederá recurso alguno en contra de esta sentencia.”.

º º º º

ARTÍCULO 7º

59.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 7º.- El afectado por una acción discriminatoria, en los términos que establece el artículo 3º de esta ley, podrá interponer indistintamente, respecto de los hechos que configuran la presunta infracción, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, o bien, la acción especial a que se refiere el artículo anterior. La interposición de alguna de estas acciones hará que no pueda intentarse posteriormente la otra.”.

60.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimir su inciso primero.

61.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de “protección del afectado”, la frase “o grupo de personas afectadas”.

62.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “afectado,” la palabra “tales”, y reemplazar la frase “acto de discriminatorio” por “acto discriminatorio”.

63.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

“Acogido el recurso de protección procedente, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.”.

ARTÍCULO 8º

64.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para suprimirlo.

65.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8º.- Acogida la acción y comprobada la comisión de actos u omisiones de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, el responsable será sancionado con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

El máximo señalado en el inciso precedente podrá aumentarse en el doble en caso que el responsable hubiere sido sancionado por otros actos u omisiones discriminatorias dentro de los doce meses precedentes.”.

66.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 8º.- En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, deberá sancionarse al organismo al que pertenece el infractor con multa de 50 a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada en la que se presente servicios de utilidad pública, el responsable también deberá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

En todo otro caso de declararse por parte de la Corte de Apelaciones, que se ha cometido actos de discriminación arbitraria, el infractor deberá ser sancionado con una multa acorde al mérito del proceso.

El dinero recaudado por este tipo de multa irá a un fondo para ser repartido entre las diversas instituciones que trabajan a favor de los sectores más discriminados.”.

67.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de “persona natural o jurídica”, la frase “o respecto de un grupo de personas”.

68.-Del Honorable Senador señor Núñez, para agregar, a su inciso primero, la siguiente oración: “En tal caso, se deberá instruir sumario administrativo en contra del funcionario público responsable.”.

º º º º

69.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo.

La vista de la causa se podrá suspender por una sola vez cuando sea solicitada por las partes y cuando la Corte Suprema la califique como fundada.”.

º º º º

70.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Del reconocimiento de persona

Artículo...- Toda persona tiene derecho a ser reconocida como tal por el Estado. Toda persona tiene derecho a un nombre que la distinga y le atribuya personalidad.

Artículo...- Cualquier persona mayor de edad podrá requerir al Registro Civil de su domicilio, la inscripción en el Registro de Nacimientos y de Defunción de un recién nacido que haya sido encontrado muerto, y sin que conste que haya sido inscrito anteriormente.

Para que proceda esta inscripción, el Servicio Médico Legal debe certificar que el menor no nació antes de 60 días de su fecha estimada de fallecimiento.

Artículo...- Para proceder a la inscripción antes indicada, la persona interesada deberá hacer una declaración ante el Oficial del Registro Civil que corresponda, en la que manifieste su voluntad de inscribir al menor, indicando el nombre con el que le quiere inscribir.

Dicha declaración deberá ser acompañada con copia del informe del Servicio Médico Legal que acredite la edad estimada del menor fallecido y su fecha estimada de fallecimiento, y con un certificado de Carabineros de Chile que acredite las circunstancias del descubrimiento del cadáver.

Artículo...- Transcurridos 60 días desde la fecha de descubrimiento del cadáver del menor, sin que nadie haya ejercido la facultad contemplada en el artículo 10 de esta ley, el Director Regional del Servicio Médico Legal deberá proceder a requerir la inscripción en la forma dispuesta por esta ley.

El Servicio Médico Legal dispondrá la sepultura del menor dentro del menor plazo posible, en un cementerio de la ciudad donde fue hallado el cadáver y dejando constancia del nombre del menor en dicha sepultura.

Artículo...- Efectuada la inscripción de nacimiento, el Registro Civil procederá, de oficio, a inscribir el fallecimiento del menor, anotando como fecha de fallecimiento la que indique el certificado del Servicio Médico Legal.

Artículo...- La inscripción de menores en la forma establecida en esta ley no otorga al requirente de la inscripción derecho alguno sobre los eventuales bienes del menor inscrito.”.

º º º º

71.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Políticas Públicas contra la Discriminación

Artículo...- Las políticas públicas contra la discriminación tenderán prioritariamente a prevenir la ocurrencia de las conductas previstas en el artículo 3º.

Al efecto, deberán contemplar acciones educativas dirigidas a los funcionarios, así como al público en general, en orden a afirmar y difundir la importancia de los valores del respeto recíproco, la tolerancia, la diversidad, la paz y la no violencia.

Asimismo, tales políticas deberán promover e incentivar el desarrollo de las organizaciones de personas que sufren habitualmente alguna de las conductas señaladas en el artículo 3º, o que sean particularmente vulnerables a ellas.”.

º º º º

72.-Del Honorable Senador señor Núñez, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Políticas Públicas contra la Discriminación

Artículo...- Las políticas públicas contra la discriminación tenderán prioritariamente a prevenir la ocurrencia de las conductas ilícitas previstas en el artículo 3º.

Al efecto, las políticas públicas deberán contemplar acciones educativas destinadas a sus funcionarios, así como al público en general, en orden a relevar la importancia de los valores del respeto recíproco, la paz y la no violencia, de la diversidad y la tolerancia para una sociedad democrática.

Asimismo, tales políticas deberán promover a incentivar el desarrollo de las organizaciones de personas que sufren habitualmente alguna de las conductas señaladas en el artículo 3º o que sean particularmente vulnerables a ellas.

Artículo...- Corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno la función de promover y hacer un seguimiento de la coordinación intersectorial a nivel nacional y regional de las políticas públicas antidiscriminatorias, debiendo elaborar un informe anual de sus resultados.”.

º º º º

73.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Concejo para la Prevención y Eliminación de las

Formas de la Discriminación

Artículo...- Se creará un concejo para la prevención y eliminación de las formas de la discriminación. Será un organismo público autónomo, de participación ciudadana, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Para el cumplimiento de sus fines recibirá un presupuesto que le asigne la ley respectiva, pudiendo además obtener aportes de particulares y organizaciones no gubernamentales. Tendrá a su cargo prevenir y eliminar las formas de discriminación, mediante la promoción de políticas públicas y la elaboración de proyectos y propuestas a las instancias correspondientes que tiendan a fomentar la igualdad de oportunidades y de trato, así como idear medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades, para ser llevadas a cabo por el organismo correspondiente.

Este consejo constará de doce miembros:

a) Un concejero elegido por cada uno de los tres poderes del Estado;

b) Cuatro concejeros elegidos de entre las instituciones gubernamentales que tengan trabajo con grupos vulnerables.

c) Cinco concejeros elegidos de entre las instituciones no gubernamentales que trabajen con grupos de vulnerabilidad social.”.

º º º º

74.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para intercalar, a continuación del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto: “naturaleza humana, la igualdad y no discriminación, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.”.

º º º º

75.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para intercalar, a continuación del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Agrégase en la letra l) del artículo 84 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras “acoso sexual” las siguientes: “y la discriminación arbitraria”, y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la frase “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y el segundo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la ley que establece medidas en contra de la discriminación”.”.

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ARTÍCULO 10

76.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para suprimirlo.

77.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Agrégase en el artículo 12 del Código Penal el siguiente numeral:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, su etnia o nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o enfermedad que padezca.”.”.

78.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21º Cometer el delito, manifiestamente motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

“1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 13

7 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes manifiestamente motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Cuando se trate de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.”.”.

Nº 1.-

79.-De los Honorables Senadores señores Chadwick y Girardi, para reemplazar el numeral 21º propuesto por el siguiente:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza, o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.

80.-De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para sustituir el numeral 21º propuesto por el siguiente:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.

Nº 2.-

81.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para intercalar, en el inciso primero del artículo 137 bis propuesto, a continuación de la frase “causar daño a personas”, las palabras “su honra”.

82.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para reemplazar la frase inicial del inciso segundo del artículo 137 bis propuesto “Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero”, por la siguiente: “Cuando se tratare de asociaciones que alienten o promuevan el odio o la violencia, así como aquéllos que omitan las acciones efectivas para su erradicación”.

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83.-De los Honorables Senadores señores Chadwick y Girardi, para agregar al Código Penal el siguiente artículo 137 ter:

“Artículo 137 ter.- El que por cualquier medio, realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento, respecto de personas o colectividades en razón del color de su piel, de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien Unidades Tributarias Mensuales.”.

º º º º

84.-De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para agregar al Código Penal el siguiente artículo 137 ter:

“Artículo 137 ter.- El que por cualquier medio realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentación, respecto de personas o colectividades en razón del color de su piel, de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

º º º º

Nº 3.-

85.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

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86.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpórase en el artículo 84 de la ley Nº 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº 29, del 16 de marzo de 2005, del Ministerio de Hacienda, la siguiente letra m) nueva:

“m) Realizar actos u omisiones de discriminación arbitraria en los términos señalados en el artículo 3º de la ley que establece medidas contra la discriminación.”.”.

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87.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpóranse a la ley Nº 19.880 las siguientes modificaciones:

1.- Intercalar en la letra e) del artículo 17 entre la palabra “diferencia” y la letra “y”, la frase “sin discriminación alguna”.

2.- Reemplazar el actual inciso cuarto del artículo 10 por el siguiente nuevo texto:

“En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respecto a los principios de contradicción, igualdad y no discriminación de los interesados en el proceso.”.”.

º º º º

88.-De los Honorables Senadores señores Girardi, Navarro y Ominami, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpóranse las siguientes modificaciones al Código Civil:

1.- Agrégase el siguiente nuevo inciso cuarto al artículo 225, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:

“No se comprenderá dentro de las inhabilidades para ejercer el cuidado personal del menor, la orientación sexual diversa del padre o de la madre que ejerza o pueda ejercer, de acuerdo con las reglas generales, este cuidado, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

2.- Agrégase el siguiente nuevo inciso final al artículo 226:

“No constituirá inhabilidad para esta designación la circunstancia descrita en el inciso cuarto del artículo precedente.”.

3.- Agrégase el siguiente inciso final nuevo al artículo 229:

“No será causal fundada para suspender o restringir este derecho, la orientación sexual diversa del padre o la madre, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

4.- Agrégase el siguiente nuevo inciso cuarto al artículo 244, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:

“No será causal para restringir o privar de este derecho la orientación sexual diversa del padre o de la madre, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

5.- Agrégase la siguiente parte final al inciso primero del artículo 267:

“No será causal para suspenderla la orientación sexual diversa del padre o de la madre que la detente, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.”.

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88bis.-De los Honorables Senadores señor Muñoz Aburto, y 88ter.- señor Núñez, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Agrégase, en el inciso sexto del artículo 2º del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1 de 2002, entre la expresión “cuarto” y el punto aparte (.) que le sucede las siguientes frases y oración: “y el requerimiento o aceptación, en los concursos de ingreso, selección y promoción de personal, de currículum vitae o reseñas biográficas que soliciten del postulante sus nombres, dirección, sexo, estado civil u otra identificación que no sean sus apellidos o pseudónimo y un número telefónico, casilla electrónica o similar para efectos de la comunicación durante el proceso. La inclusión de una fotografía sólo será permitida en tanto ella se ajuste a lo previsto en el inciso precedente”.

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?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación.

BOLETÍN N° 3.815-07.

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HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de presentaros su segundo informe sobre el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de "simple".

A algunas de las sesiones en que vuestra Comisión trató este proyecto asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín, Hosain Sabag Castillo y Juan Pablo Letelier Morel.

Concurrieron, asimismo, especialmente invitados, por el Ministerio Secretaría General de Gobierno: el Subsecretario, señor Carlos Maldonado; el Director Jurídico, señor Ernesto Galaz; el Director de la División de Organizaciones Sociales, señor Francisco Javier Estévez; su Jefe de Gabinete, señor Carlos Zanzi y el Encargado del Departamento de Tolerancia y No Discriminación, señor Fabricio Jiménez, y los asesores señora Soledad Rojas y señor Orlando Garrido.

Del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam: la Ministra señora Laura Albornoz; el Jefe de Gabinete señor Patricio Reinoso y el Jefe del Departamento Reformas Legales, señor Marco Rendón; la asesora señora Mariana George-Nascimento y la abogada del Departamento de Reformas Legales, señora Paulina Maturana.

Del Ministerio de Justicia, la Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos, señora Nelly Salvo y el asesor de la División Jurídica, señor Rodrigo García.

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Cabe dejar constancia de que los artículos 4º, 5° 6° y 9º que se proponen en el texto que os presentamos son materia de ley orgánica constitucional y deberán ser aprobados con quórum especial, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República. Las tres primeras en virtud de lo dispuesto por el artículo 77, inciso primero, y la última en conformidad al artículo 19, Nº 11, inciso final, de la Ley Fundamental.

Es preciso señalar que con ocasión del primer informe, vuestra Comisión hizo presente que los artículos 5º y 7º del texto aprobado por la Cámara de origen tenían rango de ley orgánica constitucional. Asimismo, en relación con lo anterior, es necesario consignar que durante el debate en el primer trámite constitucional los incisos que específicamente atribuían competencia a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema para conocer de la acción especial de no discriminación, contenidas en los artículos 5º y 9º, del texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de dicha Corporación, y el artículo 10, del mismo, que modifica la Ley Orgánica de Enseñanza, fueron rechazados por no haber sido aprobados con el quórum constitucional requerido.

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Vuestra Comisión por oficio Nº DH/259/2006, del 19 de diciembre de 2006, consultó a la Excma. Corte Suprema en relación con los artículos 4º, 5°, 6° y 9º del texto que se os propone, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Es dable señalar, asimismo, que, al iniciarse la tramitación del proyecto en la Corporación, el señor Presidente del Senado, por oficio N° 26.003, del 12 de octubre de 2005, solicitó la opinión de aquella Alta Magistratura, en relación con el texto aprobado por la Cámara de Origen, la que en su oficio Nº 168, del 15 de noviembre de 2005, señaló que como "el proyecto en análisis no altera sustancialmente el contenido de la acción especial de no discriminación ya analizada por esta Corte, es necesario informar el presente proyecto, en los mismos términos negativos que se expresaron en el oficio Nº 58 antes aludido".

Como antecedente adicional y para una mejor ilustración, el oficio N° 58, al que se hace mención, expuso a la Honorable Cámara de Diputados, el 3 de mayo de 2005: "este tribunal es de opinión que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo".

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Dejamos constancia de las siguientes materias, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: ninguno.

II.- Indicaciones aprobadas: Nos. 16, 33, 34, 62 y 85.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: Nos. 1, 6, 10, 18, 48, 51, 54, 65, 69, 74, 75, 79, 83, 84 y 87.

IV.- Indicaciones rechazadas: Nos. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 12 bis, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51 bis, 51 ter, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 81, 82, 88, 88 bis y 88 ter.

V.- Indicaciones retiradas: Nos. 11, 13, 17, 21, 23, 24, 28, 32, 49, 50, 52, 56, 58, 59, 66, 67, 80 y 86.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Nº 73.

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Durante el lapso que la Sala fijó para presentar indicaciones al proyecto aprobado en general, vuestra Comisión invitó a distintas personas a exponer sus puntos de vista. En este marco, fueron escuchados la señora Leonor Cifuentes, Jefa del Departamento Jurídico y actual Directora Ejecutiva, del Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis, y el académico señor Rodolfo Figueroa, Profesor Auxiliar del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y del Diplomado en Recurso de Protección de la Universidad Diego Portales.

En el mismo marco, expusieron el señor Manuel Hidalgo, Director de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe, APILA; la señora Andrea Cáceres, Presidenta de la Asociación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos, AFAP, y el representante de esa entidad señor Hugo Cáceres; la Directora Ejecutiva de la Corporación Genera, Ideas y Acciones Colectivas señora María Eugenia Díaz y la Encargada de Comunicaciones señora Nicole Frisk; el señor Rolando Jiménez, Presidente del Movimiento de Integración y Liberación de Homosexuales, Móvil, y el vocero del Comité Antifascista 16 de Abril, don Cristian Vera Campos.

Debido al interés de distintas instituciones por exponer sus puntos de vista sobre la iniciativa en informe, vuestra Comisión destinó una sesión especial para conocer sus opiniones, críticas y sugerencias al proyecto, la que se llevó acabo el 5 de junio de 2006, cuyos planteamientos y observaciones se consignan, en síntesis, en un anexo a este informe. En dicha oportunidad expusieron: del Ministerio de Planificación y Cooperación, la Asesora señora Carolina Riveros; del Programa Jurídico de la Discapacidad, Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, la académica señora María Soledad Cisternas; de la Ilustre Municipalidad de Chaitén, su Alcalde, señor Luis Gallardo; de la Asociación Ciudadanía Real de Sordos de Chile, la señora Carmen Gloria Uribe.

También lo hicieron el entonces Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis, don Carlos Kaiser; la señora Carmen Torres de la Fundación Instituto de la Mujer; la señora Natacha Salazar de la Coordinadora de Organizaciones de Familiares y Usuarios con Afecciones a la Salud Mental Corfausam; el señor Raul Zarzuri del Centro de Estudios Socioculturales, CESC; la señora Patricia Cardemil de la Fundación Ideas y la señora Rosario Puga de la Corporación La Morada.

Concurrieron, asimismo, el Instituto Libertad, representado por la señora Lorena Recabarren; por la agrupación “Padres Adoptivos por la Vida”, la señora Bernarda Gallardo y el señor Ronald Schirmer, y por la Fundación Jaime Guzmán, la señora Beatriz Corbo.

Fueron, también, oídos en dicha sesión los siguientes personeros: del Consejo Nacional Aymará el señor Eliseo Huanta; de Genera Ideas y Acciones Colectivas, el señor Francisco Carrera; del Movimiento Obesos Mórbidos, MOM Chile, la señora María Eugenia Fuentes; de la Ilustre Municipalidad de Lampa: el Concejal señor Felipe González; de Vivo Positivo: el señor Vasily Deliyanis; del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Móvil, el señor Rolando Jiménez. de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, Sidacción, el señor Marco Becerra; del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, MUMS, doña Iris Hernández; del Servicio Evangélico para el Desarrollo, Sepade, el señor Juan Sepúlveda; de la Organización Judía B`nai Birth, el señor Isaac Frenkel; del Pueblo Rom Gitano, el señor Hugo Aristich y de la Asociación Aymara “Pukara”, los señores Alfredo Chipana y Luis Jiménez.

Con posterioridad a aquella sesión especial, fueron recibidas en audiencia las siguientes instituciones: Agrupación Acción Familia, los Directores, señores Juan Antonio Montes y Alfredo Mac Hale; Investigación, Formación y Estudios sobre la Mujer, ISFEM, la Presidenta señora Ismini Anastassiou y la Directora señora Rebeca Garcés; Movimiento Mundial de Madres: la abogada señora Sara Navas; Centro Libertad Religioso, CELIR, la Directora abogada Ana María Celis: Familia Viva, Asociación de Orientadores y Mediadores Familiares: la Directora y Secretaria General del Colegio Almendral de la Pintana, señora Mila Ferrada.

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Al iniciar el debate en particular, el señor Presidente de la Comisión propuso, como criterio de ordenación, considerar, en primer lugar, las indicaciones de S. E. la señora Presidenta de la República por cuanto, en una medida importante, modifican el proyecto, y en relación con éstas, proceder al examen de las demás indicaciones formuladas. Asimismo, se concordó que con el asentimiento unánime de los miembros de la Comisión se revisarían los acuerdos adoptados en el ánimo de facilitar el despacho en particular de las disposiciones del proyecto.

La Ministra Directora del Sernam señora Albornoz refirió que las indicaciones del Ejecutivo reponen una serie de reglas procesales que en la Cámara de origen no consiguieron el quórum requerido por el precepto constitucional; éstas, precisó, conforme al criterio del Gobierno son indispensables para la adecuada regulación de la acción judicial que concede el proyecto. Asimismo, expresó, reafirman el compromiso de prevenir y sancionar formas de discriminación en contra de las personas, tan diversas como recurrentes, abriéndoles un procedimiento, ante un órgano jurisdiccional, para restablecer el imperio del Derecho. A la par de lo anterior, explicó, se propone incorporar un título relativo a políticas públicas orientadas a promover conductas no discriminatorias en el funcionamiento y la actuación de los diversos órganos del Estado.

A su vez, el Subsecretario General de Gobierno señor Maldonado enfatizó que las indicaciones del Ejecutivo ponen de manifiesto la importancia de contar con este cuerpo legal en un plazo razonable, tal como lo expresara S. E. la señora Presidenta de la República en su cuenta del estado político y administrativo de la Nación. Con tal propósito, detalló sus aspectos esenciales: la indicación que recae en el artículo 1°, precisa que uno de los objetivos de la iniciativa es sancionar las conductas discriminatorias, para lo cual sustituye el verbo eliminar en dicho precepto; en el artículo 3°, se perfecciona la descripción de lo que se entiende por discriminación; se propone suprimir el artículo 4°, referente a las hipótesis de discriminación legítima, y se deja su determinación al criterio jurisprudencial, atendido que la ley sólo fija el marco apto para discernir lo que es legítimo de lo que no lo es, en este ámbito. En los aspectos procesales, que conforman el Título II del Proyecto, concluyó, la indicación del Ejecutivo atiende a regular de mejor manera la necesidad de contar con un recurso específico.

El Honorable Senador señor Chadwick estimó oportuno clarificar, antes de proceder a la discusión en particular de las indicaciones, la lógica de las que son de su autoría. En este contexto, distinguió tres ámbitos en el proyecto. El primero consiste en la incorporación de un elemento activo al Estado, como es la conducta de prevención del evento discriminatorio, punto cuyo debate tenderá a precisar de qué manera se materializa esta función. Una segunda área corresponde a la entrega de una nueva acción para que la persona afectada por una discriminación arbitraria pueda reclamar ante los tribunales de justicia. Por último, la incorporación de figuras penales para los efectos de su sanción.

Sin perjuicio de las visiones diferentes a que da lugar el proyecto, estimó que, desde un punto de vista de técnica jurídica, lo más complejo radica en la decisión de crear una acción nueva, puesto que la Constitución establece un recurso de protección de mayor entidad normativa, tanto por la jerarquía del tribunal llamado a conocerlo como porque su procedimiento está ya regulado. Agregó que, según la idea que durante el debate en general pudo formarse respecto de las objeciones que se formulan al recurso de protección, el reproche apunta al reducido número de casos que se han promovido por causales de discriminación y a la estrechez de los criterios jurisdiccionales que no han incorporado todos los elementos que hoy en día se ven como fuentes o factores de discriminación.

Su Señoría exteriorizó una alternativa a la creación de una acción nueva, dado que ésta supone cuestiones sumamente complejas como la de determinar qué acción ha de prevalecer, cuáles son los efectos de la concurrencia de dos acciones distintas respecto de un mismo evento discriminatorio, qué pasa si se presentan dos acciones en un sentido distinto, o cómo resolver cuál fallo debe primar en caso de pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios. En previsión de lo anterior, anunció que ha presentado una indicación que se inscribe, de alguna manera, en la lógica de una ley interpretativa de la Constitución que, manteniendo la estructura del artículo 19 N° 2° y el recurso de protección de esta garantía constitucional, señala cómo interpretar aquel precepto para efectos de que la jurisprudencia considere en el recurso de protección los elementos que hoy día son fuente de discriminación. Sistematizó su proposición: más que crear una nueva acción, fortalecer el recurso de protección, por esta vía. Destacó que ha estimado imprescindible explicitarlo en forma previa porque, si bien su propuesta discurre conforme a una lógica jurídica distinta, sus resultados puede ser tanto o más eficaces que los alcanzables con la nueva acción, y con la ventaja de evitar los conflictos jurídicos que originarían dos acciones sobre una misma materia, que se presentan ante órganos jurisdiccionales diferentes.

El Jefe del Departamento Reformas Legales de Sernam señor Rendón consultó si esta acción, o más propiamente la ley interpretativa, se sujetará al mismo procedimiento de la acción de amparo.

El Honorable Senador señor Chadwick ratificó que el objetivo de su propuesta no es crear una nueva acción sino mantener el recurso de protección y generar una fuente de interpretación para la jurisprudencia, que la obligue a considerar estos elementos de conductas discriminatorias. Recordó que en la discusión en general del proyecto, cuando preguntó qué ocurría con el recurso de protección, lo hacía porque las conductas de desigualdad arbitraria contravienen una garantía constitucional. Hizo hincapié en que la respuesta se centró, entonces, en el reducido número de recursos presentados en la materia y en el criterio restrictivo de la protección jurisdiccional, evidenciador de la falta de una comprensión cabal del fenómeno de la discriminación en sus diversas facetas, razonamiento que le llevó a proponer, manteniendo el recurso de protección, generar una norma interpretativa de la Constitución que obligue al tribunal que conoce del recurso de protección a incorporar estos criterios como elementos de desigualdad ante la ley. Reiteró que la coexistencia de dos acciones distintas puede generar conflictos jurídicos arduos.

El Honorable Senador señor Zaldívar evocó que, cuando el proyecto en general fue debatido en la Sala, le cupo hacer un alcance a la señora Ministra Directora de Sernam, que es importante traer a consideración: el bien jurídico protegido por esta norma es la dignidad de la persona, y donde no existe ésta, ni siquiera es posible ejercer los derechos. Agregó que de llevar la regulación al extremo, aquel bien debería tener un grado de protección superior al de la libertad personal, sustento de todo el andamiaje jurídico de la sociedad. Destacó que el recurso de protección es distinto desde su origen porque atiende a cautelar todos los otros bienes jurídicos, excluida la libertad personal, que es materia del recurso de amparo. En consecuencia, con esta iniciativa, previno, se iría en dirección a una tercera acción, reflexión que le acerca a la posición de Su Señoría.

Analizó, asimismo, que al señalar el precepto que el recurso podrá ser intentado directamente por el afectado, o por cualquiera a su nombre, se lo convierte en una especie de acción personalísima, dado que no hay un tercero, ni un interés público o un interés familiar, y llamó a pensar en que toda persona puede ser discriminada, lo que ejemplificó con un niño en un colegio. Estimó imprescindible reflexionar sobre este particular porque, una vez que esto se desencadene, al ordenamiento institucional chileno no le resultará indiferente la yuxtaposición de acciones, en este sentido. Lo más grave, le parece, es que sea una acción personal.

El señor Subsecretario General de Gobierno insistió en que la indicación del Ejecutivo regula aspectos procesales de la acción especial de discriminación cuyas características diversas le hacen diferir en forma sustantiva de la tramitación de un recurso de protección. En ese sentido, señaló, les interesaría que, en su momento, se analice dicha propuesta porque recoge aspectos importantes en función del bien jurídico que se procura proteger y por la especial situación en que suelen estar las personas afectadas por actos de discriminación, lo que lleva a establecer plazos distintos para su interposición y posibilidades de acuerdo que enervan la acción; también, hay lugar a la imposición de multas por la Corte de Apelaciones o a la ejecución de conductas que sean socialmente ejemplares en contra de la discriminación. Este es el argumento que funda la necesidad de una acción especial, pero, por cierto, será preciso examinarlo en la oportunidad correspondiente.

La señora Ministra Directora del Sernam recordó que se han realizado numerosos estudios acerca de la utilización del recurso de protección, el más reciente de los cuales, desarrollado por la Universidad Diego Portales, indica que en el 74% de los casos se procura salvaguardar exclusivamente derechos patrimoniales, y si bien cabría pensar que la discriminación de la dignidad de la persona puede tener, también, una apreciación pecuniaria, lo cierto es que son bienes de otra índole los que se resguardan por vía del recurso de protección. Lo anterior, agregó, demuestra la necesidad de esta acción especial.

El Director de la División de Organizaciones Sociales señor Estévez hizo presente que el proyecto se estructura sobre partes distintas. Postuló que, en una secuencia lógica, lo conveniente es partir por el artículo 3°, que define los motivos por los cuales no se puede discriminar, al tenor de esta ley; en un segundo paso, el proyecto entra a considerar la acción especial de no discriminación, y en ese trance es pertinente debatir lo que plantea el Honorable Senador señor Chadwick. Un tercer hito lo marcan las normas que se refieren a la responsabilidad que tiene el Estado en materia de prevención de situaciones de discriminación. Finalmente, procede el examen de las figuras penales que la ley consulta. Instó a que el estudio del proyecto se encauce conforme al orden consecutivo lógico del proyecto, entendiendo la prevención de Su Señoría respecto del segundo de los temas en discusión.

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas, explicándose las disposiciones en que inciden, así como los acuerdos adoptados sobre las mismas.

Artículo 1º

Define como objeto de esta ley la prevención y eliminación de toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona cuando suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en los que Chile sea parte.

En relación con este precepto fueron presentadas ocho indicaciones, de las cuales las tres primeras son de índole sustitutiva.

En efecto, la indicación número 1 de S. E. la señora Presidenta de la República, propone sustituir el artículo en examen por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona.”.

A su vez, la indicación número 2 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, reemplaza el precepto en examen por el siguiente:

“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda acción de discriminación arbitraria, que amenace, perturbe o prive a una persona del goce o ejercicio de alguno de los derechos esenciales consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Con la indicación número 3, el Honorable Senador señor Chadwick propone sustituir el artículo, por uno del tenor siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

La indicación número 4 del Honorable Senador señor Chadwick suprime la palabra “prevenir”.

Seguidamente, la indicación número 5 del Honorable Senador señor Kuschel reemplaza la palabra “eliminar” por “sancionar”.

Mediante la indicación número 6 del Honorable Senador señor Naranjo se intercala, a continuación de las palabras “cualquier persona”, la frase “o grupo de personas”.

La indicación número 7 del Honorable Senador señor Kuschel tiene por objetivo incorporar en la disposición una nueva hipótesis de conducta constitutiva de discriminación arbitraria, para lo cual propone intercalar, a continuación de las palabras “cualquier persona que”, la expresión “no reconozca”.

Por último, la indicación número 8 de los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez sustituye la frase “que suprima o menoscabe” por la siguiente: “que suprima, menoscabe o inhabilite el pleno ejercicio de”, con lo cual quedarían cubiertas, también, las formas de discriminación arbitraria cuyo alcance conduzca a la inhabilitación del pleno ejercicio de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en que Chile sea parte.

El Jefe del Departamento Reformas Legales de Sernam, señor Rendón, explicó que la indicación del Ejecutivo busca definir el objeto de la ley, acotándolo a prevenir y sancionar la discriminación, y deja al artículo 3°, que define la discriminación, aquellos aspectos que pudieran entrabar la discusión en este punto, esto es, no determina qué derechos ampara la no discriminación o cuáles se entienden vulnerados, sino que defiere este aspecto a dicha disposición. Al mismo tiempo, llamó la atención sobre el sentido de la indicación del Honorable Senador señor Chadwick que propone eliminar el carácter preventivo, dado que el Ejecutivo plantea, también, dentro de sus indicaciones la incorporación de un título sobre políticas públicas que, de acogerse, cumple dicho sentido.

El Honorable Senador señor Naranjo manifestó su acuerdo con el contenido de la indicación propuesta por S. E. la señora Presidenta de la República, sin perjuicio de lo cual enfatizó que le parece relevante incorporar la situación de los “grupos de personas” que son afectados por actos de discriminación arbitraria, para lo cual propone complementar la indicación del Ejecutivo con la número 6, de su autoría.

El Subsecretario de Gobierno señor Maldonado concordó en la importancia del alcance a que se refiere Su Señoría, pues resulta coherente con los propósitos de la ley. Además, estimó, es consistente con el carácter preventivo que inspira a este cuerpo legal.

El Honorable Senador señor Chadwick estimó indispensable explicitar su punto de vista en lo que se refiere a la prevención; en particular, hizo presente que esta ley no tiene un carácter declarativo sino que procura generar acciones positivas e incluso la posibilidad de abrir un procedimiento para entablar reclamaciones judiciales, si se llega a concordar la forma de avanzar en esta línea. Refirió que al conferirle al Estado facultades de prevenir toda acción de discriminación se le dota de una potestad cuya extensión puede ser amplísima, e instó a precisar los límites que ésta tiene y cuál será su marco de ejercicio.

El Director de la División de Organizaciones Sociales señor Estévez hizo notar que el Estado desarrolla, desde hace mucho tiempo, políticas de prevención de la discriminación, a las que el Congreso Nacional le ha prestado su aprobación, leyes que crearon instituciones públicas cuya misión principal es entregar apoyo a grupos que son considerados vulnerables. Evocó que así fue creada una institucionalidad para los pueblos indígenas, al igual que para las personas a quienes se llama discapacitadas o para los adultos mayores. Argumentó cuán lógico resulta que el Estado democrático quiera proteger a las personas más expuestas a ser discriminadas mediante acciones preventivas.

Aceptó que el alcance del precepto puede ser amplio, como lo son las responsabilidades públicas en este campo, pero en términos generales estima que el Estado ha mostrado prudencia en la forma en que desarrolla estas políticas; agregó que la sociedad moderna le pide al Estado hacerse cargo de iniciativas en favor de las personas que son discriminadas, y si le fueran quitadas estas facultades no habrá organismos especializado en materias como la discapacidad.

La Ministra Directora de Sernam señora Albornoz acotó que son numerosos los tratados internacionales que le imponen al Estado la obligación de prevenir actos de discriminación contra la mujer y de determinados grupos minoritarios. Enunció, en este contexto, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en Belén do’ Pará, y ratificada por Chile el 15 de noviembre de 1996, que establece una carga similar. Indicó que el proyecto, en el título acerca de políticas públicas, establece claramente que en la esfera de la prevención se consultan las dirigidas a acciones educativas y a funcionarios. Estimó que al revisarlas será posible disipar la preocupación de Su Señoría.

El Honorable Senador señor Chadwick precisó que no está en contra de que el Estado desarrolle políticas de prevención, pues lo hace en todo orden de materias, pero siempre en virtud de cuerpos legales específicos que sientan una regla especial en materia de prevención; sea en relación con la mujer, con la discapacidad o con el mundo indígena, pero sin que se le otorgue en la ley una labor de prevención que no esté convenientemente especificada. El propósito de su indicación es delimitar las materias en que el Estado desplegará su acción de prevención, las que identificó, básicamente, en el ámbito educacional.

El Honorable Senador señor Naranjo consultó cuál es el riesgo que se podría correr si se expresara en forma tan amplia dicha facultad.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que se podría demandar al Estado por falta de servicio.

El señor Subsecretario General de Gobierno destacó que el artículo define los objetivos de la ley y le parece que no debería haber disenso en que uno de éstos sea la acción preventiva de la discriminación. Planteó que más allá de las políticas públicas que específicamente tiendan a prevenir la ocurrencia de este tipo de hechos, la existencia de una ley sobre la materia cumple, también, una finalidad preventiva, por lo tanto comparte la inquietud del Senador Chadwick, en el sentido de que la facultad que se entrega al Estado sea específica, y le parece un principio valido que haya claridad acerca de lo que aquél debe y puede hacer, y esto se detalla en otras disposiciones de la ley y en las indicaciones formuladas.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su acuerdo con la indicación del Senador señor Naranjo y discrepó del planteamiento expuesto por el Honorable Senador señor Chadwick. Agregó que si no se establece el género se debe estar a las especificidades, lo cual implicaría un contrasentido; estimó que el término prevención ordena y regula el resto del articulado, por lo que considera indispensable que forme parte del artículo 1° del proyecto.

El Director Jurídico del Ministerio Secretaría General de Gobierno señor Galaz hizo notar que la indicación del Ejecutivo sustituye el verbo eliminar y lo remplaza por el criterio normativo de sancionar las conductas discriminatorias. Agregó que desde el punto de vista jurídico le parece razonable el planteamiento del Honorable Senador señor Chadwick. En este contexto, observó, se deberá entender la facultad que se otorga al Estado para que determine medidas encauzadas a prevenir las conductas discriminatorias de terceros, entendiendo que las medidas para evitar la discriminación no sólo vienen del Gobierno Central sino que del conjunto de los entes del Estado en sus distintos niveles, desde la municipalidad hasta los de mayor descentralización, como sucede con una ordenanza municipal o con un auto acordado o un dictamen, y recordó que el marco último al cual debe ajustarse toda norma del ordenamiento jurídico es la norma constitucional, y en ese sentido lo que está dentro de esta norma es válido.

El Honorable Senador señor Ávila manifestó que, ante este tipo de conductas, el Estado tiene la obligación de prevenir; le parece inconcebible un texto que no consultase dicho aspecto; lo anterior, admitió, no excluye que se busquen fórmulas de acotamiento, pero en la disposición que señala los objetivos de la ley no cabe una omisión del aspecto preventivo de las políticas.

El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que podría buscarse una redacción que señalara que el objetivo de prevención y sanción es en el marco de esta ley; agregó que revisando la indicación le parece preferible mantener la disposición original del proyecto, en cuanto delimita un marco jurídico que regula la amplitud de la facultad que se entrega.

En consecuencia, la Comisión concordó en poner a votación la indicación número 1, en conjunto con la indicación número 6, entendiéndose que la frase “o grupo de personas” cuya intercalación propone el Honorable Senador señor Naranjo, lo será antes del punto final del texto propuesto por el Ejecutivo.

En votación las indicaciones números 1 y 6, en la forma descrita en el párrafo precedente, fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

Las indicaciones números 2, 3, 4, 5, 7 y 8, fueron rechazadas con la misma votación precedente.

Artículo 2º

Dispone, en su inciso primero, que le corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

En su inciso segundo faculta al Estado para establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.

El inciso tercero, regula que aquellas distinciones o preferencias deberán siempre tener un carácter temporal, para lo cual preceptúa que cesarán en cuanto se logre el objetivo que las justificó y les fija el límite de que su aplicación no podrá derivar al mantenimiento de estándares o derechos desiguales.

Mediante el inciso final, prescribe que el contenido de las medidas que el Estado adopte en conformidad a este artículo deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar esa desventaja determinada.

En lo que atañe a esta disposición del proyecto fueron presentadas, en total, doce indicaciones.

La indicación número 9 del Honorable Senador señor Chadwick tiene por finalidad suprimir el artículo.

El Honorable Senador señor Chadwick, al fundamentar su indicación distinguió dos elementos respecto del artículo: por una parte, el inciso primero, de carácter meramente declarativo y que podría reputarse innecesario ya que su objetivo está contenido en la Constitución y en el propio artículo 1° de esta iniciativa; por otra parte, los incisos siguientes, en los que incide el fondo de su cuestionamiento, implican el otorgamiento de autorizaciones genéricas para desarrollar políticas de discriminación positiva. Explicó que el ordenamiento jurídico chileno reserva a la potestad de la ley la autorización de los casos específicos en que procede establecer distinciones o preferencias en favor de las personas o grupos de personas.

El Honorable Senador señor Zaldívar disintió en parte del punto de vista planteado por Su Señoría ya que no advierte inconveniente en el contenido del inciso primero, dado que es de la esencia de las funciones del Estado la elaboración de políticas y el arbitrio de las acciones necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el goce y ejercicio igualitarios de sus derechos y libertades; por consiguiente, si esa declaración no pudiera hacerse, carecería de sentido y de objeto la ley. Admitió que considera razonable que la definición de los ámbitos de acción en que se materializará la discriminación positiva deba concederse por medio de una autorización legal específica.

El señor Subsecretario General de Gobierno resaltó la importancia de conservar el principio contenido en el inciso primero de este artículo, y sugirió que, dada la existencia de indicaciones subsidiarias del Honorable Senador señor Chadwick y del Ejecutivo, se podría mejorar su redacción, y despejar así las inquietudes de Su Señoría.

Sometida a votación la indicación número 9, fue rechazada por tres votos en contra y dos a favor. Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y por su aprobación, los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

Al efecto de una mejor inteligencia del debate a continuación, la exposición del mismo se ordenará conforme a los cuatro incisos de este artículo.

Inciso primero

La indicación número 10 del Honorable Senador señor Núñez, que recae en el inciso primero, intercala, entre las palabras “para” y “garantizar”, la expresión “promover y”, lo cual incide en una ampliación de los contenidos de las políticas y acciones que la ley pone a cargo del Estado.

El señor Subsecretario General de Gobierno coincidió con la indicación número 10, en razón de que incorporar las conductas destinadas a promover las políticas y acciones que son de cargo del ente estatal, contribuye a mejorar y hacer más comprensiva la regulación.

Asimismo, la Comisión acordó una adecuación formal de redacción, que consiste en eliminar la expresión “sin discriminación alguna” porque se entiende que si en la disposición se establece que al Estado le corresponde elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades, es claro y manifiesto que el adjetivo “igualitario” presupone que no puede haber lugar a una discriminación arbitraria, lo cual la hace redundante.

En relación con lo expuesto, el Honorable Senador señor Chadwick consultó si el Ejecutivo entiende que de esta norma nace una acción en contra del Estado para hacer efectiva la responsabilidad de éste.

El Jefe del Departamento Reformas Legales manifestó que se entiende que es un deber que, en general, el Estado ya lo tiene, en conformidad a los instrumentos internacionales y a la Constitución Política de la República que garantiza determinados derechos a las personas, y la responsabilidad del Estado podrá ser perseguida con la acción que se crea en este proyecto.

En virtud de lo expuesto, la indicación número 10 fue aprobada, con modificaciones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y el rechazo de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

La indicación número 11 del Honorable Senador señor Kuschel intercala, en el inciso en referencia, a continuación de la palabra “igualitario”, el término “reconocimiento”, de forma tal que el efecto es que la elaboración de políticas y el arbitrio de acciones están destinados a garantizar, además del goce y ejercicio efectivo de los derechos y libertades, el reconocimiento de los mismos.

El Jefe del Departamento Reformas Legales de Sernam manifestó que el contenido de la indicación número 11, se vincula a la número 70, que propone intercalar un título nuevo referente al reconocimiento como persona de los recién nacidos que fallecen antes de que su nacimiento haya sido inscrito, materia cuya reglamentación el Ejecutivo tiene disposición a revisar, y le parece, en consecuencia, que cabría pronunciarse en lo que atañe a la pertinencia de este conjunto de indicaciones en el marco del análisis de ese tema específico, pues se entiende que habría un tema de índole reglamentario que pudiera subsanarse en dicho contexto.

El Honorable Senador Kuschel retiró su indicación número 11.

Inciso segundo

Le fueron formuladas cinco indicaciones, de las cuales las dos primeras proponen su sustitución total, y la tercera reemplaza los actuales incisos segundo y tercero por un inciso segundo nuevo.

En efecto, la indicación número 12 del Honorable Senador señor Chadwick reemplaza el inciso segundo por el siguiente:

“Las distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, serán objeto de leyes en los términos que establece la Constitución Política de la República.”.

Con el carácter de subsidiaria de la precedente, la indicación número 12 bis del Honorable Senador señor Chadwick, propone sustituir el mismo inciso segundo por uno del tenor siguiente:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal y en caso alguno podrá exceder de cuatro años. Con todo, dicha distinción o preferencia deberá ser informada a la comisión o comisiones pertinentes del Congreso Nacional por el Ministerio encargado de su implementación cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”.

El Jefe del Departamento Reformas Legales de Sernam expuso que el razonamiento del Gobierno sustenta que toda política pública implica una cierta distinción o preferencia orientada al reconocimiento o al ejercicio de derechos por parte de la población: En consecuencia, prosiguió, si se requiriera siempre de una habilitación previa del legislador, se afectaría, en la práctica, el ejercicio de la función de gobierno propiamente tal, por lo que la indicación plantearía un asunto de constitucionalidad discutible.

El Honorable Senador señor Chadwick aclaró que las autorizaciones a que se refiere la indicación serán objeto de leyes en los términos que establece la Constitución Política de la República, esto es, que se trate de materias propias de ley. Agregó que la indicación número 12 refleja su planteamiento original de suprimir el artículo 2°.

Las indicaciones números 12 y 12 bis fueron rechazadas por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y dos a favor, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

A su vez, la indicación número 13 del Honorable Senador señor Naranjo reemplaza los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“Corresponde a los poderes públicos del Estado y los demás que emanen de ellos, garantizar las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Sus respectivas entidades y dependencias deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de los particulares en la prevención de dichos obstáculos.”.

La indicación número 13 fue retirada por su autor.

Las dos indicaciones restantes implican enmiendas de orden conceptual al texto aprobado en general.

La indicación número 14 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel apunta a sustituir, en su inciso segundo, la expresión “el Estado” por “la ley”.

La indicación número 14 fue rechazada por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y dos a favor, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

La indicación número 15 de S. E. la señora Presidenta de la República suprime, en el mismo inciso segundo, la frase “, en los términos que establece la Constitución Política de la República”.

El señor Subsecretario General de Gobierno, respecto de la indicación del Ejecutivo, argumentó que la parte final del inciso que se propone suprimir, genera la apariencia de que se precisa una autorización explícita del constituyente. Lo anterior, puntualizó, no impugna que el Estado debe actuar siempre en el marco de los preceptos de la Ley Fundamental, y es innecesaria una declaración sobre el particular.

El Honorable Senador señor Zaldívar expuso que, por las mismas razones expuestas por el representante del Ejecutivo, es contrario a aprobar la modificación contenida en la indicación ya que podría estimarse que le es lícito al Estado actuar al margen de los términos de la Constitución.

Puesta en votación la indicación número 15, fue rechazada por mayoría; votaron en contra de la misma, los Honorables Senadores señores Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar, y a favor, lo hizo el Honorable Senador señor Ávila.

El señor Subsecretario General de Gobierno precisó que, siendo la intención evitar que se pueda establecer una restricción seria a las facultades del Estado, no descarta una redacción distinta. Al respecto, propuso sustituir la oración “en los términos que establece” por la frase “de conformidad a”, sugerencia que fue recogida por la Comisión.

En razón del acuerdo precedente, vuestra Comisión concordó, en virtud del artículo 125 del Reglamento del Senado, reabrir el debate acerca del inciso segundo, con la finalidad de introducir dos modificaciones en su texto. La primera consiste en sustituir la palabra “destinadas” por “orientadas”, y la segunda, reemplazar la oración “en los términos que establece” por la frase “de conformidad a”.

Las modificaciones expuestas fueron acordadas con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Ávila, Kuschel, Naranjo y Zaldívar, y el voto en contra del Honorable Senador señor Chadwick.

Inciso tercero

Le fueron presentadas dos indicaciones de naturaleza sustitutiva.

La indicación número 16 de S. E. la señora Presidenta de la República tiene como propósito reemplazar aquél por el siguiente:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”.

Mediante la indicación número 17 del Honorable Senador señor Chadwick se sustituye el inciso tercero por el siguiente:

“Asimismo, el contenido de las medidas que se adopten en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.”.

Por mayoría de sus miembros, Honorables Senadores señores Ávila, Kuschel, Naranjo y Zaldívar, y el voto en contra del Honorable Senador señor Chadwick, vuestra Comisión aprobó sin modificaciones la indicación número 16.

El Honorable Senador señor Chadwick retiró la indicación número 17.

Inciso cuarto

La indicación número 18 de S. E. la señora Presidenta de la República reemplaza el inciso cuarto del artículo 2º, por el siguiente:

“Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad a los incisos anteriores, estarán dirigidas directamente a aquellas personas o grupos de personas, que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y deberán tener como propósito superar dicha desventaja específica.”.

Finalmente, la indicación número 19 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel sustituye, en el inciso cuarto, la expresión “el Estado” por “la ley”.

El Honorable Senador señor Zaldívar estimó, a propósito de la indicación número 18, que la idea contenida en la frase final “superar dicha desventaja específica” debería ser expresada en forma positiva.

En ese contexto, el Honorable Senador señor Ávila sugirió la oración “lograr la igualdad en el ejercicio de sus derechos”.

La indicación número 18 fue aprobada, con la enmienda precedentemente indicada, por cuatro votos a favor de los Honorables Senadores señores Ávila, Kuschel, Naranjo y Zaldívar, y el voto en contra del Honorable Senador señor Chadwick.

La indicación número 19 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y por su aprobación los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

Artículo 3°

Define este precepto, para los efectos de esta ley, a la discriminación arbitraria como toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, por el género u orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

De las trece indicaciones formuladas a este precepto, cinco son de carácter sustitutivo.

La indicación número 20 de S. E. la señora Presidenta de la República propone su reemplazo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de ideología, religión o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio, de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

La indicación número 21 del Honorable Senador señor Chadwick fue retirada.

La indicación número 22 del Honorable Senador señor Chadwick reemplaza el precepto en examen por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y el correspondiente recurso de protección que se encuentra consagrado en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, se entenderá, entre otros, por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, de carácter arbitrario, basadas en motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, religión o creencias, antisemitismo, nacionalidad o ascendencia nacional, origen social y o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, que tengan por objeto privar, perturbar o amenazar, el legítimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Cabe consignar que la especificidad de esta indicación, consiste en que está circunscrita al ámbito del derecho a la igualdad ante la ley y al amparo de esta garantía constitucional por el recurso de protección; asimismo, que la enunciación de los actos o conductas constitutivos de discriminación arbitraria no es taxativa puesto que pueden serlo todas las formas de distinción, exclusión, restricción o preferencia cuyo objeto sea la privación, perturbación o amenaza del legítimo goce y ejercicio de los derechos esenciales a la persona humana, protegidos por la Carta Fundamental o por los tratados internacionales a que se refiere la indicación.

La indicación número 23 del Honorable Senador señor Kuschel lo sustituye en los términos siguientes:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, color, etnia, idioma o lengua, edad, sexo, género u orientación sexual, religión o creencias, ideología, nacionalidad, origen nacional, socio económico o cultural, opinión política, lugar de residencia o zona geográfica de origen, enfermedad, discapacidad, descendencia, apariencia, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Mediante la indicación número 24 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel se propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de raza o etnia, religión o creencias, nacionalidad, origen cultural o socio económico, en una enfermedad o discapacidad, apariencia física, lugar de residencia, en el género u orientación sexual, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual, que prive, perturbe o amenace el goce o ejercicio de los derechos esenciales de toda persona consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

En relación con la definición legal de la discriminación arbitraria y de las indicaciones recaídas en ellas, intervino en primer término el señor Subsecretario General de Gobierno quien explicó que la indicación del Ejecutivo procura, además de mejorar la redacción de la norma, integrar las principales causas por las cuales se incurre en una conducta de discriminación arbitraria, tanto en nuestra sociedad como a la luz del Derecho Comparado. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró, se trata de una cláusula abierta que, por homologación, permitiría aplicar la ley a circunstancias similares no enumeradas. Refirió que la importancia de que determinadas circunstancias se expresen en la norma es porque constituyen un indicio vehemente para la judicatura, así como para las políticas públicas que se impulsen en este tipo de materias. Destacó que en lo conceptual esta disposición es la estructura central de la ley.

Planteó, en consecuencia, la necesidad de distinguir dos niveles de análisis: uno de ellos incide en si la enumeración propuesta es suficiente o si es preciso complementarla con otras menciones que se refieran a materias en las que ordinariamente puedan ocurrir actos de discriminación; el otro atañe a la discusión de fondo de si se establece una acción especial o no, aspecto que se pensaba abordar en profundidad a propósito de la regulación procesal de esta institución. Especificó que para el Ejecutivo la normativa en contra de la discriminación arbitraria, desprovista de una acción especial pierde mucho de su sentido y de su probable utilidad práctica, en especial, si se toma en consideración que el recurso que se propone, en sus características procesales, difiere abiertamente del recurso de protección. Explicó que tanto la especial materia que se regula como la sólita vulnerabilidad de los afectados, requieren de plazos, normas de competencia especiales, además de acuerdos y otras modalidades que justifican el establecimiento de un recurso especial.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló que su indicación recoge su planteamiento durante el debate en general del proyecto, en cuanto considera complejo que una misma materia quede regulada por dos recursos distintos. Contrastó que la Constitución Política de la República consagra, en el artículo 19, N° 2°, la no discriminación arbitraria y establece el recurso de protección, mientras que la iniciativa en debate crea un nuevo recurso jurisdiccional, por la misma materia. Se trata, en lo fundamental, describió, de un problema técnico, cuyas consecuencias inciden en cuál de ellos deberá ser priorizado y a los conflictos a que dará lugar la existencia eventual de resoluciones distintas en uno y otro.

Recordó, asimismo, que en la discusión en general se planteó que el recurso de protección tenía poca aplicación práctica en relación con la garantía del artículo 19, N° 2°, por falta de una cultura jurisprudencial, que abordara el tema de la discriminación arbitraria. Sintetizó que su indicación propone, en el fondo, una norma interpretativa del artículo citado de la Constitución, que señale qué conductas deben ser consideradas como discriminación arbitraria, y mantener el recurso de protección. La finalidad, aseveró, es darle mayor aplicabilidad a la norma constitucional y no generar la complejidad de tener dos recursos sobre una misma materia que puedan entrar en choque o contradicción.

El Director de la División de Organizaciones Sociales observó que data desde hace tiempo la idea de incorporar en el ordenamiento jurídico chileno una normativa que proteja a las personas de las conductas discriminatorias, y refirió que su primera expresión fue una iniciativa de reforma constitucional, que no prosperó. Señaló que, en su momento, también, se pudo haber optado por el camino de una ley interpretativa de la Constitución, pero no fue así, e ingresó a la Cámara de Diputados un Mensaje cuyas características no es el de proponer una ley de carácter interpretativo sino que una ley específica que regula medidas contra la discriminación arbitraria y establece un recurso especial, y ese fue el proyecto que debatió la Cámara de Diputados y aprobó con las reformas que están señaladas en el texto aprobado en general por el Senado. Insistió en que, teóricamente, el camino de la reforma constitucional o el de la ley interpretativa del precepto constitucional pudieron haber sido buenas opciones, pero lo real y concreto es que se está en la tarea de construir un proyecto específico para hacerse cargo de un problema que desde hace mucho tiempo preocupa a Chile: la ausencia de una norma específica que proteja a las personas de las conductas discriminatorias.

El Honorable Senador señor Chadwick, al responder a una consulta del representante del Ejecutivo señor Estévez acerca del alcance de su votación a favor de la idea de legislar sobre la materia, puntualizó que su voto se funda en la convicción de que se requiere precisar y perfeccionar jurídicamente la defensa de la no discriminación, y cuando se produjo aquella discusión advirtió esta alternativa, y en su curso se fue convenciendo de que era mejor fortalecer el recurso de protección y la igualdad de la ley, por esta vía, que crear una acción especial, camino que percibe que jurisdiccionalmente será fuente de numerosos problemas.

A continuación, planteó que le interesa conocer la opinión del Ejecutivo respecto de otro elemento de la definición del artículo 3°, pues al enunciar las distintas situaciones, aparentemente cualquiera de éstas que importe una restricción o una exclusión en función de los factores consignados en la disposición es, en sí misma, arbitraria. Mencionó que la indicación preceptúa lo que se entiende por discriminación arbitraria, pero se requiere despejar si la arbitrariedad debe estar presente, en forma necesaria, o si el Ejecutivo procura evitar esa precisión.

El señor Subsecretario General de Gobierno explicó que, con ocasión del análisis de las indicaciones, se concluyó que en el texto propuesto por el Ejecutivo falta una expresión que haga posible discernir las conductas ilegítimas de aquellos actos de discriminación que no son susceptibles de reproche jurídico. Agregó que en forma consonante con lo expuesto, consideran pertinente, también, sustituir, en la indicación del Ejecutivo, la oración “cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en”, por la siguiente: “que prive, perturbe o amenace”, por corresponder a los términos que para este tipo de materias usa la Constitución.

El Asesor de la División Jurídica del Ministerio de Justicia señor García corroboró, en relación con el artículo 3°, que el Ejecutivo no pretende que cualquiera restricción o exclusión que se haga con base en las categorías sospechosas, sea considerada directa e incondicionalmente ilegítima, en términos de una discriminación arbitraria. Desde luego, postuló, la disposición se refiere a la restricción que se funde en las categorías sospechosas, y que prive, perturbe o amenace algunos de los derechos, con lo cual ya no toda situación de restricción o exclusión será, per se, ilegítima de cara a esta ley; razones pedagógicas, continuó, inducen a morigerar aun más este carácter e introducir alguna expresión que diga, por ejemplo, que las distinciones arbitrarias deben ser injustificadas.

El Honorable Senador señor Naranjo consultó cuál suele ser el criterio jurisdiccional respecto de aquellas situaciones de discriminación que sólo se expresan de un modo genérico. Hizo notar a este respecto, por ejemplo, el caso de la filiación, dada la restricción para el ingreso a las Fuerzas Armadas y de Orden que afecta a las personas que no han sido reconocidas por sus padres.

El señor Director de la División de Organizaciones Sociales contextualizó los criterios de inclusión en la norma y refirió que si hay experiencias, diagnósticos o resoluciones fundadas que evidencian que se está discriminando por alguna razón específica es mejor mencionarla. Planteó que, efectivamente, la disposición consigna un conjunto de menciones centrales por las cuales no se puede discriminar de una manera arbitraria, pero también en las indicaciones de los señores Senadores hay motivos o razones que es relevante tener presente para que el artículo quede lo más completo posible.

El señor Subsecretario General de Gobierno precisó que del examen de las indicaciones recaídas en el artículo surge la convicción de que existen en ellas materias que podrían agregarse para afinar el sentido y alcance de la norma. Dentro de esta clase, identificó a las que han presentado, separadamente, los Honorables Senadores señores Naranjo y Chadwick, referentes al estado civil y a la filiación, o la del segundo de los Senadores nombrados que propone incorporar “la sindicación o participación en asociaciones gremiales”.

El Honorable Senador señor Chadwick sugirió, para ordenar el procedimiento, votar, en primer término, si se va por el camino del recurso especial o por el de una ley interpretativa, y después, según el resultado de esa votación, pronunciarse sobre los elementos ya propios de la definición del artículo.

Puesta en votación la indicación número 20, se produjo un doble empate. Por la aprobación de ésta, votaron los Honorables Senadores Ávila y Naranjo, y por su rechazo los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

En votación, en la sesión siguiente, la indicación número 20 quedó rechazada, al subsistir el empate. Votaron por la aprobación de aquélla los Honorables Senadores señores Ávila y Naranjo y por el rechazo los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

La indicación número 22 fue rechazada por mayoría. En contra de la misma, votaron los Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y por su aprobación, los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

Con arreglo al artículo 125, inciso final, del Reglamento, vuestra Comisión acordó reabrir el debate sobre el artículo 3° del proyecto aprobado en general, con la finalidad de estudiar una proposición de los Honorables Senadores señores Ávila y Naranjo, la que es del tenor siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Sin perjuicio de su discrepancia con la proposición en debate, el Honorable Senador señor Chadwick hizo presente que su texto debería señalar que la distinción, exclusión o restricción, se entiende discriminación arbitraria, cuando injustificadamente prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. En caso contrario, advirtió, da lugar a entender que cualquier privación, perturbación o amenaza es una discriminación arbitraria.

El señor Subsecretario General de Gobierno manifestó que el Ejecutivo está consciente de que el artículo necesita un término que signifique el reproche a la discriminación en que se incurre, y esa nota es incorporada con el adjetivo calificativo “legítimo”, en cuanto éste denota que la distinción, exclusión o restricción constituye una discriminación arbitraria cuando importa una privación, una perturbación o una amenaza al legítimo ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo en examen. Con lo anterior, se pone el acento en el derecho que la persona quiere ejercer, y es la legitimidad de su ejercicio o la falta de la misma, lo que permite calificar si es justificada o no la distinción, exclusión o preferencia que se hizo en el caso particular. Anticipó que en los artículos referentes al procedimiento de la acción especial de reclamación se contempla un examen de razonabilidad y objetividad de la distinción de que se trate, facultad que es de competencia de la Corte que conoce del recurso.

El Director Jurídico del Ministerio Secretaría General de Gobierno señaló que no existe una discriminación que pueda ser justificada ya que cuando un Estado legisla y concede un favor en beneficio de un grupo o categoría, lo hace en virtud de la soberanía del pueblo y, por lo tanto, determina una forma de convivencia. Agregó que si una ley o una ordenanza reglamentaria faculta a determinada situación, como sería la segregación de filas para los titulares de pasaporte del Mercosur y quienes no lo son, ésa no es una discriminación justificada sino un acto soberano del Estado que, al desarrollar su facultad ordenadora, fija la conducta a seguir, pero sí podría haber discriminación, en el caso propuesto, si a personas que, no obstante ser portadores de un pasaporte Mercosur, se les negara el acceso por un determinado origen racial o tener una confesión religiosa. Advirtió que en ese contexto la discriminación jamás puede ser entendida como legítima.

El Honorable Senador señor Chadwick estimó necesario plantear una situación de mayor complejidad para el efecto de entender el alcance de la definición aprobada. Si un sostenedor establece un colegio musulmán y niega la inscripción de un niño que no profesa esa religión, con el argumento de que el establecimiento va a impartir una educación musulmana, con lo cual sienta una diferencia en razón de una creencia religiosa, ¿hay o no una discriminación arbitraria?

El Director Jurídico del Ministerio Secretaría General de Gobierno hizo presente que la Constitución le permite a ese sostenedor decidir cuál va a ser la orientación del establecimiento, y aun si percibiera subvención, si el legislador así lo estableciese, no cabría entender que se trate de una discriminación arbitraria.

El Honorable Senador señor Chadwick concluyó que es muy difícil establecer por la vía de la ley si algo es o no discriminatorio porque siempre se requiere un análisis para determinar si la discriminación es o no arbitraria. No se trata de que se busque una justificación, prosiguió, pues la vida cotidiana es pródiga en desigualdades y diferencias. Concordó en que es evidente que el ordenamiento jurídico fija el límite, pero siempre hay elementos de diferenciación que examinar para saber si se está o no ante una arbitrariedad, y esa es la razón por la que la Constitución utiliza otros términos. Indicó que lo anterior hace complejo definir qué es discriminación arbitraria, y de allí deriva su insinuación de que se introdujera un elemento que permita determinar si la conducta es o no discriminatoria.

El Subsecretario General de Gobierno recordó que la pretensión del Ejecutivo es entregar las herramientas para que tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como de la actividad de los tribunales se prevengan y sancionen, de acuerdo con la ley, las conductas discriminatorias. En una perspectiva de mayor alcance, señaló, el propósito es que se configure un estándar de cuándo la discriminación es o no arbitraria, y en este contexto, afirmó, el Ejecutivo comparte la validez de la inquietud planteada, ya que alude a un criterio que se determinará en el marco establecido por la ley, caso a caso. Auguró que el enfoque evolucionará en el transcurso del tiempo, y es probable que lo que se considera no discriminatorio hoy día, sí lo sea en el futuro.

El señor Director de la División de Organizaciones Sociales insistió en que la arbitrariedad de la discriminación la determina el juez, y esa es la característica del recurso que el proyecto considera, sin que esté predeterminado legalmente si una conducta es arbitraria o no. Sin perjuicio de lo anterior, acotó, se señala que cuando se actúa en contra de ciertos derechos que las personas tienen, a partir de desconocer sus identidades personales u otras, se está en una situación indiciaria de que probablemente se ha cometido un acto discriminatorio, pero la decisión, en definitiva, le compete sólo al juez.

En virtud del artículo 125 del Reglamento del Senado, la indicación sustitutiva del artículo 3° fue aprobada sin modificaciones, por mayoría de votos. Estuvieron por su aprobación los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y por el rechazo, los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

Las indicaciones números 23 y 24 fueron retiradas por sus autores.

A continuación se describen las restantes indicaciones formuladas al artículo 3º y los acuerdos recaídos en ellas.

Las indicaciones números 25 de los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, y 26 de los señores Chadwick y Girardi, son coincidentes en orden a intercalar, a continuación de “xenofobia”, la palabra “antisemitismo”.

El señor Director de la División de Organizaciones Sociales refirió que el artículo 3° que aprobó esta Comisión señala los motivos por los cuales no se puede discriminar, los cuales son conceptualmente distintos a las motivaciones, y hace presente que la xenofobia es una motivación, mientras que el origen nacional es el motivo. Agregó que el antisemitismo es, también, una motivación, y el motivo es que la persona profese la religión judía. Entonces, planteó, la lógica del artículo no toma en consideración las motivaciones sino las razones por los cuales no se puede discriminar.

El señor Subsecretario General de Gobierno expuso que, desde un punto de vista técnico, el Ejecutivo postula una forma distinta de legislar al que proponen estas indicaciones, pues éstas ponen el acento en la intencionalidad o motivación de quien discrimina, mientras que el proyecto apunta a señalar los factores de vulnerabilidad, esto es, las causas por las que la persona puede ser discriminada.

Puestas en votación, conjuntamente, las indicaciones números 25 y 26 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de vuestra Comisión, Honorables Senadores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

La indicación número 27 del Honorable Senador señor Núñez sustituye la palabra “apariencia” por “imagen o apariencia personal”.

La indicación número 27 fue rechazada con la misma votación, en consideración a estar parcialmente recogida en el texto aprobado para este artículo.

La indicación número 28 del Honorable Senador señor Kuschel intercala, a continuación del término “apariencia”, las palabras “lenguaje y cultura”.

La indicación número 28 fue retirada por su autor.

La indicación número 29 del Honorable Senador señor Naranjo intercala, a continuación de la frase “de los derechos esenciales a toda persona humana”, la expresión “o grupo de personas”.

La indicación número 29 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

La indicación número 30 del Honorable Senador señor Naranjo agrega, entre las causales de discriminación, el estado civil o filiación de las personas.

La indicación número 31 de los Honorables Senadores señores Chadwick, Girardi y Kuschel propone incluir la frase “lugar de residencia” entre los términos “creencia” y “opinión política”.

Asimismo, las indicaciones números 30 y 31 fueron rechazadas con idéntica votación que la precedente, en virtud del texto aprobado para este artículo.

La indicación número 32 de los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez consulta un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor

“La acción de discriminación arbitraria se transformará inmediatamente en causa de acción civil cuando la persona o el grupo de personas directamente afectada, no obtenga el cumplimiento del derecho consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política y se desconozcan los antecedentes formales y públicos que la transformaron en requisito, garantía, cualidad o distinción según las prácticas referidas en el artículo 4º.”.

El señor Subsecretario General de Gobierno, observó que al estar referida al artículo 4°, carece de objeto, por haberse acordado la supresión de dicha disposición, como se explica en la parte pertinente de este informe.

El Asesor de la División Jurídica del Ministerio de Justicia señor García, a su vez, indicó que parte del contenido de esa indicación se recoge en la materia que dice relación con indemnizaciones por daño patrimonial y moral.

La indicación número 32 fue retirada por el Honorable Senador señor Ávila.

Artículo 4º

Enuncia las conductas que por expresa disposición legal no se considerarán discriminatorias. El literal a) atañe a las distinciones fundadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada; el b) se refiere a los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad, en el ámbito de la educación; la letra c) corresponde a los requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales; materia del literal d) son las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias entre ciudadanos y no ciudadanos, y, por último, en el párrafo individualizado con la letra e) se engloban todas las conductas que no tengan el propósito de suprimir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Las indicaciones números 33 de S. E. la señora Presidenta de la República, y 34 del Honorable Senador señor Kuschel tienen idéntica finalidad: suprimirlo.

Puestas en votación las indicaciones números 33 y 34 fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

letra a)

La indicación número 35 de los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, reemplaza la frase “Las distinciones basadas en” por “Las distinciones, debidamente expresadas y a disposición del conocimiento público, basadas en”.

La indicación número 36 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, sustituye la palabra “capacidades” por “la capacidad, idoneidad”.

letra b)

Mediante la indicación número 37 de los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, se propone agregar, como frase final: “debidamente señalizados y expuestos públicamente a los interesados”.

letra c)

La indicación número 38 de los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, la reemplaza por la siguiente:

“c) Las que establezca la ley como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público, así como otras disposiciones vigentes o que se incorporen a los ordenamientos legales.”.

La indicación número 39 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, la sustituye por la siguiente:

“c) El establecimiento legal de requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público.”.

º º º º

La indicación número 40 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel tiene por objeto intercalar, a continuación de la letra c), la siguiente, nueva:

“...) El establecimiento de requisitos de ingreso o permanencia en una organización de la sociedad civil, establecidos en sus respectivos estatutos aprobados de conformidad a la ley.”.

º º º º

letra d)

La indicación número 41 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel la reemplaza por la que se transcribe a continuación:

“d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que establezca la ley entre ciudadanos y no ciudadanos, así como las que se realicen en consideración de algún requisito o condición especial prevista en la ley.”.

º º º º

La indicación número 41 bis del Honorable Senador señor Muñoz Aburto agrega una letra nueva, cuyo texto se transcribe a continuación:

“...) Las que resulten de la aplicación de beneficios, incentivos, subsidios, franquicias y cualquier otra medida destinada a favorecer a los habitantes de las zonas extremas o apartadas del país, y”.

º º º º

letra e)

La indicación número 42 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel la sustituye por la siguiente:

“e) En general, todas las que no priven, perturben o amenacen el goce o ejercicio de los derechos esenciales de toda persona consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

La indicación número 43 del Honorable Senador señor Naranjo propone reemplazar esta letra por la siguiente:

“e) En general todas aquellas acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades. Dichas acciones tendrán un carácter temporal y no podrán mantenerse después de alcanzados los objetivos para los cuales fueron diseñadas.”.

º º º º

La indicación número 44 del Honorable Senador señor Naranjo, para consultar la siguiente letra nueva:

“...) Las preferencias que se establezcan a favor de una persona o grupo en razón de su pertenencia a alguno de los pueblos originarios del país.”.

En virtud de la aprobación prestada a las indicaciones números 33 y 34, que suprimen este artículo 4º, las signadas bajo los números 35, 36, 37, 38, 39 40, 41, 41 bis, 42, 43 y 44 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

º º º º

La indicación número 45 del Honorable Senador señor Naranjo intercala, a continuación del artículo 4º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- En caso de que cualquier disposición de la ley o de los tratados internacionales aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones, se deberá preferir aquélla que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos en situación de vulnerabilidad.”.

La indicación número 45 fue rechazada por los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

º º º º

TÍTULO II

Acción especial de no discriminación

Lo conforman cuatro artículos cuyo objetivo es regular los aspectos fundamentales de la acción que consagra el legislador como instancia de amparo al derecho de las personas a no ser discriminadas.

La indicación número 46 del Honorable Senador señor Chadwick suprime en su totalidad el título.

El Honorable Senador señor Chadwick expuso que esta indicación se explica por su concepción general respecto de las dificultades que traerá consigo el establecimiento de una acción de esta naturaleza y características.

Vuestra Comisión rechazó la indicación número 46 por mayoría de votos. En contra de la indicación, votaron los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y a su favor los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

Artículo 5º

(pasa a ser 4°)

Legitima al directamente afectado para que, por sí o por cualquiera a su nombre, pueda denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra.

El inciso segundo prescribe que la Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurridos pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Cabe señalar que a este precepto le fueron formuladas ocho indicaciones, de las cuales tres proponen su supresión. De las restantes, dos procuran reemplazar en su totalidad el inciso primero de este artículo; otras dos enmiendan el texto del mismo inciso, y la última tiene por finalidad intercalar un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero. A continuación de describen las indicaciones mentadas.

La indicación número 47 del Honorable Senador señor Chadwick, propone suprimir el artículo en examen.

Esta indicación fue rechazada por mayoría de votos. En contra de ella, lo hicieron los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y votaron a favor los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

La indicación número 48 de S. E. la señora Presidenta de la República lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de tres meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, existiendo un vínculo de subordinación o dependencia entre la persona afectada y el denunciado de cometer la conducta discriminatoria, el plazo señalado en el inciso precedente se contará desde el momento en que cese dicho vínculo. Pero nunca podrá impetrarse transcurrido un año desde que se cometió el acto o incurrido en la omisión discriminatoria.

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado.

La Corte podrá, a petición fundada, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurrida pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Esta acción especial de no discriminación gozará de preferencia en su vista y fallo.

La vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez, siempre que así se solicite, independiente del número de partes del recurso. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el artículo 6º.

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos.”.

La indicación número 49 formulada por los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel lo sustituye por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los hechos que constituyan una discriminación arbitraria, en los términos establecidos en el artículo 3º de esta ley, de acuerdo al procedimiento que se señala en los incisos siguientes.

La acción podrá interponerse dentro de los seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción, o se hubiere tenido conocimiento de aquélla por parte del ofendido si esto hubiera ocurrido con posterioridad, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido la infracción, la que conocerá de ella en primera instancia. Deducida la acción en el plazo señalado, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando la infracción denunciada pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

La Corte requerirá que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas denunciadas de cometer la infracción, fijándole un plazo breve y perentorio para emitirlo. Evacuado el informe, o vencido el plazo para emitirlo, el tribunal ordenará traer los autos en relación y se agregará extraordinariamente la causa en la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la sala, si corresponde. Sin perjuicio de lo anterior, evacuado el informe, se podrá recibir la causa a prueba y escuchar los alegatos de las partes. Una vez concluida la vista de la causa, el tribunal podrá decretar medidas probatorias para el mejor acierto del fallo.

En todo lo no previsto en este artículo, la acción especial de no discriminación se regirá por el procedimiento establecido para la tramitación del recurso de protección.”.

La indicación número 50 del Honorable Senador señor Chadwick, formulada en subsidio de la indicación Nº 47, reemplaza el actual inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra. Será competente para conocer de este recurso la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se hubiere cometido el acto u omisión a que se refiere el presente artículo, dentro del plazo fatal de 15 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

Con un objetivo similar, la indicación número 51 del Honorable Senador señor Naranjo sustituye su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5º.- El o los directamente afectados, por sí o cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra o en contra del grupo a que pertenezcan.”.

Con las indicaciones número 51 bis de los Honorables Senadores señor Muñoz Aburto, y 51 ter del señor Núñez, agregan, al inciso primero, la siguiente frase y oración finales: “, a su arbitrio ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción hubieren ocurrido o la de su domicilio. El procedimiento descrito en el presente título será aplicable a los casos señalados en el inciso sexto del artículo segundo del Código del Trabajo.”.

º º º º

La indicación número 52 del Honorable Senador señor Kuschel intercala, a continuación del primero, el siguiente inciso, nuevo:

“La acción podrá impetrarse dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.”.

º º º º

El Director de la División de Organizaciones Sociales sugirió, compartiendo el contenido de la indicación número 51 del Honorable Senador señor Naranjo, aprobar la indicación número 48 e incluir en el inciso primero la hipótesis de una pluralidad de afectados, esto es, de legitimados activos, para lo cual se sustituiría, en aquél la frase “El directamente afectado” por “El o los directamente afectados”.

El Honorable Senador señor Naranjo planteó que su indicación es de carácter más amplio.

Ante una consulta del representante del Ejecutivo señor Rendón, los miembros de la Comisión expresaron que se trata sólo de un litis consorcio activo, que se ajusta a las reglas generales de todo procedimiento, y que no se está estableciendo una acción colectiva.

En relación con la indicación número 51, el Honorable Senador señor Zaldívar consideró que carece de sentido la frase “o en contra del grupo a que pertenezcan”, que antecede al punto final de la misma, ya que sean uno o más los actores que denuncien una discriminación arbitraria, sólo podrán hacerlo por la que se hubiere cometido en contra de su persona, y no por la que se refiera al grupo del cual formen parte. En consecuencia, agregó, debe ser eliminada.

La mayoría de los miembros de la Comisión estuvo por aprobar la indicación número 48, conjuntamente con la indicación número 51 con el alcance señalado por Su Señoría en el párrafo precedente.

Asimismo, la Comisión acordó introducir diversas modificaciones de índole meramente formal al texto de la indicación número 48. En efecto, en el inciso tercero se reemplaza la palabra “incurrido” por la conjugación verbal “se incurrió”, para la debida concordancia y armonía. En el inciso quinto de la misma indicación se sustituye la palabra “recurrido” por “denunciado”; en el inciso séptimo sustituir el adverbio modal “independiente” por independientemente” y la expresión “del recurso” por “de la causa”, y en el inciso final, se antepone a la palabra interpuesta” la expresión “una vez”.

También, se convino, a sugerencia del Ejecutivo, en trasladar los incisos sexto y séptimo de la indicación número 48 como incisos noveno y décimo nuevos del artículo siguiente de la presente iniciativa, en función del criterio de sistematización técnica, consistente en reagrupar en un solo precepto las diversas normas de ordenación procesal. Como consecuencia de esta modificación, queda con sólo seis incisos el artículo 5° del proyecto que, en lo sucesivo, pasa a ser 4°.

En mérito de lo expuesto, la indicación número 48 fue aprobada con las modificaciones señaladas con los votos favorables de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y el rechazo de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

Con la misma votación anterior, fue aprobada con modificación la indicación número 51.

Las indicaciones números 49, 50 y 52 fueron retiradas por sus autores.

Las indicaciones números 51 bis y 51 ter fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

Artículo 6º

(pasa a ser 5°)

El inciso primero dispone que, una vez deducida la acción, el tribunal deberá desplegar el principio de oficialidad investigando la denuncia y darle curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

Faculta el inciso segundo a la Corte para requerir informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio, y fija un plazo de diez días hábiles para que aquella formule sus observaciones.

El inciso tercero regula los aspectos procesales de tramitación del recurso, concernientes a la oportunidad para ordenar que se traigan los autos en relación; su agregación a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala; el término en el cual se podrá rendir la prueba y la facultad, vencido éste, de decretar las medidas para mejor resolver que estime necesarias.

En su último inciso, establece un plazo de15 días para que el tribunal dicte su sentencia.

A esta disposición del proyecto le fueron presentadas, en total, seis indicaciones. Una de índole supresiva; otras dos de carácter sustitutivas; las dos siguientes tienen por objeto reemplazar, respectivamente, los incisos segundo y tercero del precepto, y con la última se propone agregar un inciso final nuevo a la disposición en comento.

A continuación, se consignan las indicaciones aludidas, en forma pormenorizada.

La indicación número 53 del Honorable Senador señor Chadwick, lo suprime.

El Honorable Senador señor Chadwick afirmó que su indicación sigue la lógica de su posición durante el debate en particular del proyecto, por cuanto le parece inapropiada la acción civil especial propuesta y, por el contrario, postula perfeccionar el recurso de protección.

En votación la indicación 53 se produjo un doble empate, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel y por la negativa los Honorables Senadores señores Ávila y Zaldívar.

En la sesión siguiente, la indicación número 53 fue rechazada por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y por dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

La indicación número 54 de S. E. la señora Presidenta de la República, reemplaza el artículo en examen por el siguiente:

“Artículo 6º.- Deducida la acción, la Corte de Apelaciones deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles para formular observaciones.

El informe deberá justificar suficientemente, en forma objetiva y razonada, que la acción u omisión discriminatoria no es arbitraria.

Hasta el vencimiento del plazo para evacuar el informe, podrá el afectado convenir con el denunciante una fórmula reparatoria por el agravio causado mediante la conducta discriminatoria. El acuerdo suspenderá la prosecución de la tramitación de la acción, por el término que las partes establezcan, el que, en todo caso, no podrá exceder de 6 meses, contados desde la fecha del acuerdo.

Dicho acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte hasta antes de la dictación de la sentencia para su aprobación. El acuerdo contendrá, además de la reparación del mal causado, el reconocimiento del acto discriminatorio por parte del ofensor.

Con todo, no podrá haber acuerdo si el hecho denunciado es constitutivo de delito.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso cuarto, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento.

Si hubiere controversia sobre los hechos, la Corte abrirá un término probatorio que no podrá exceder de ocho días. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.”.

A su vez, los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, mediante la indicación número 55, lo sustituyen por el siguiente:

“Artículo 6º.- La Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En tal caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente la determinación de los perjuicios que procedieren. La determinación del monto será determinado en procedimiento breve y sumario, considerando la gravedad del hecho, acto o práctica discriminatoria.

Si la sentencia estableciera fundadamente que la denuncia carece de toda base o se hubiere hecho aportado antecedentes falsos o inexistentes, el actor será responsable de las costas y de los perjuicios que hubiere causado. Los perjuicios se perseguirán ante el tribunal civil competente, en procedimiento breve y sumario.

En los casos de las denuncias señaladas en el inciso anterior, la Corte podrá establecer el pago de una multa por parte del demandante, a beneficio fiscal, de entre 50 a 100 UTM.”.

º º º º

La indicación número 56 del Honorable Senador señor Naranjo intercala, a continuación del inciso segundo, el siguiente, nuevo:

“Todos los órganos públicos, autoridades estatales y municipales, incluso aquéllos que no hubieren intervenido en los actos u omisiones materia de la investigación, pero que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información y documentación, deberán haberlo de manera veraz y oportuna según se lo requiera la Corte de Apelaciones a petición de las partes o como una medida para mejor resolver.”.

º º º º

La indicación número 57 del Honorable Senador señor Chadwick reemplaza el inciso tercero actual por el siguiente:

“Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días hábiles, y escuchar los alegatos de las partes. Una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.”.

º º º º

La indicación número 58, formulada por el Honorable Senador señor Chadwick agrega, como inciso final, el siguiente, nuevo:

“No procederá recurso alguno en contra de esta sentencia.”.

º º º º

El Honorable Senador señor Zaldívar en relación con la indicación número 54, hizo presente que su tenor revela un contrasentido, por cuanto si el hecho es constitutivo de delito, la Corte se debe declarar incompetente ya que el arbitrio del procedimiento no puede quedar entregado a las partes.

El Director de la División de Organizaciones Sociales señaló que del estudio en profundidad de la indicación número 54 habían surgido algunas observaciones tendientes a perfeccionar el procedimiento contenido en la indicación presentada. Detalló que en la primera oración del inciso segundo cabría precisar que la resolución que debe notificarse por oficio a la persona denunciada es aquella que ordena el informe. En la segunda oración del mismo inciso es pertinente aclarar que el plazo de 10 días hábiles, contado desde la notificación, es el término legal de que dispone el requerido para evacuar el informe ordenado por el tribunal.

En el inciso tercero, prosiguió, se exige que el informe del denunciado debe justificar en forma objetiva y razonable que la acción u omisión discriminatoria no es arbitraria. A este respecto, enfatizó la importancia de puntualizar la característica primordial del informe: que la persona denunciada por un acto de discriminación, señale que ello no es así y que tiene razones objetivas y razonables para demostrar que no hubo una conducta arbitraria.

En el inciso siguiente se requiere una ampliación en materia de oportunidad, para lo cual, se sugiere señalar que el convenio de reparación por el agravio causado con la conducta discriminatoria podrá perfeccionarse hasta antes de la vista de la causa, y para el caso de que el acuerdo sea cumplido por las partes, el inciso quinto prescriba que la Corte estará facultada para dejar sin efecto la vista de la causa y ordenar que se archiven los antecedentes. Si el plazo convenido transcurre y no hay acuerdo, lo que corresponde es proseguir con la tramitación de la acción deducida.

Además, por un criterio técnico de economía regulatoria, se propone incorporar en este artículo, los dos incisos que configuran la indicación número 69 de S. E. la señora Presidenta de la República; el primero de los cuales, concede el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, el cual deberá interponerse en un plazo de cinco días para ante la Corte Suprema, mientras que el siguiente, le otorga al recurso preferencia para su vista y fallo, y regula la suspensión de la vista de la causa en el tribunal de alzada.

Resumió que todas las anteriores son modificaciones de procedimiento, y ponderó la proposición que en su oportunidad hiciera el Honorable Senador señor Zaldívar en cuanto a que sea la propia Corte quien califique si el hecho denunciado es constitutivo de delito.

El Honorable Senador señor Chadwick reiteró su posición inicial de mantener el recurso de protección y, en todo caso, las normas generales de Derecho para este tipo de procedimiento. Subrayó que es inconcebible establecer un desequilibrio entre el denunciante y el denunciado porque, en caso de hacerlo, se violarían las normas del debido proceso; se requiere que exista una igualdad de derechos de las partes en el juicio, de acuerdo con normas generales y básicas de todo procedimiento jurisdiccional. Advirtió que las mismas se vulneran, en cuanto el texto señala que por la mera denuncia a una persona, como autor de una presunta infracción, sea ella quien debe probar su inocencia, tal como lo prescribe el inciso tercero.

En el marco del Derecho, precisó, si hay una denuncia, acto procesal que en un procedimiento civil corresponde a la demanda, el trámite consecutivo es la contestación, y sólo después de establecidos los hechos procede la resolución de la controversia, sin que sea legítimo poner el peso de la prueba sobre el denunciado, a quien se le debe presumir su inocencia. Especificó que un procedimiento como el propuesto probablemente será rechazado por el Tribunal Constitucional; insistió en que se apliquen las normas generales del Derecho.

La señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer indicó que en numerosos procedimientos se altera la carga de la prueba, sin que lo anterior le genere perjuicios al demandado; comparte que se puede corregir la redacción en lo que atañe a la exigencia de que el informe deberá justificar suficientemente la acción u omisión que se reclama como arbitraria. En efecto, agregó, la pretensión es que aquél contenga información suficiente que demuestre que la acción no es discriminatoria, y en ese sentido se puede modificar la palabra justificar, pero la carga de la prueba, reiteró, en numerosos procedimientos se invierte a favor del demandado o del demandante sin que con ello se vulneren los principios del Derecho Procesal.

El Asesor de la División Jurídica del Ministerio de Justicia señor García manifestó que las sugerencias a la indicación revelan que el Ejecutivo ha modificado algunos aspectos, particularmente al retirar del texto de la norma la expresión “suficientemente”, que alienta la percepción de que se le impone a una de las partes una carga procesal onerosa o excesiva; además, sustituye la expresión “razonada” por “razonable”.

Instó a no centrar el debate en la inversión de la carga probatoria porque, luego, se abre un término para rendirla y será el tribunal competente quien determine si lo informado fue lo suficientemente objetivo o razonable. Argumentó que la indicación del Ejecutivo comparte la aprensión de Su Señoría, y que la norma posibilita que la persona denunciada demuestre que es lícito hacer discriminaciones por esos capítulos, porque lo que prohíbe la Constitución son las discriminaciones arbitrarias. En consecuencia, afirmó, el procedimiento da la oportunidad tanto de decir que no hubo una discriminación -lo que se da por sentado en la norma-, como de decir que la discriminación fue fundada en una categoría legal. En ese sentido, sostuvo, es la oportunidad para que el denunciado haga valer las razones que justifican la discriminación.

El Honorable Senador señor Chadwick indicó que el proyecto regula una acción civil porque esa es la naturaleza de la que se está creando, y no cabe presumir que si la respuesta a la demanda no justifica plenamente la conducta reprochada de arbitraria o si no desvirtúa la denuncia, sea lo anterior un hecho habilitante para imponerle un punto de culpabilidad al demandado. Agregó que entiende la idea que incide en dicha norma de procedimiento, pero si el Ejecutivo procura un cierto control de admisibilidad por parte de la Corte, respecto de lo razonable de la denuncia, lo mejor es señalarlo directamente. Recordó que cuando se entra a la etapa del proceso, éste tiene una secuencia lógica: demanda, contestación de la misma o demanda reconvencional, controversia y sentencia, y si el propósito es un filtro para evitar que haya una denuncia absolutamente irracional, por economía procesal se debiera poner un filtro de admisibilidad, como en los recursos de casación; eso es distinto, apuntó. De lo contrario, puede operar como un filtro o como una doble carga.

El Honorable Senador Zaldívar expresó que con los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, tiende a compartir lo planteado por Su Señoría, y se pregunta qué lógica tendría si la Corte fallara en contra del denunciado aunque su informe sea razonado y suficiente. Mirado así el problema, continuó, el acto discriminatorio arbitrario se produciría para la persona denunciada.

Estimó, en consecuencia, que lo procedente es darle un plazo al denunciado para que evacue sus descargos, en la forma más circunstanciada, con el objeto de que el tribunal califique o tome la resolución, en definitiva, y si hay una posibilidad de avenimiento, la promueva, con la salvedad de si la conducta fuera constitutiva de un delito. Sugirió que el precepto mande que el denunciado señale en la forma más pormenorizada posible las razones de hecho y de derecho que tuvo para tomar su decisión, sin que el legislador prejuzgue. Propuso una redacción en los siguientes términos: El denunciado deberá entregar su informe en forma circunstanciada y basada en las normas legales que tuvo para tomarla.

El Honorable Senador señor Chadwick se manifestó partidario de una acción eficaz y un procedimiento rápido recurriendo a las normas generales del proceso civil, y agrega que, de no establecerse en esta ley el acuerdo o avenimiento, no habrá inconveniente para materializarlo, pues el mismo será siempre posible en conformidad a las normas generales. En el caso de que hubiera una situación de delito, indicó, al tribunal sólo le cabe declararse incompetente. Si el Ejecutivo pretende una acción rápida, lo puede lograr por la vía de los plazos y no de la sustanciación del proceso. Pronosticó que la vía procesal elegida será fuente de problemas ya que el Tribunal Constitucional es muy estricto en materias que involucran las normas del debido proceso.

El Jefe del Departamento Reformas Legales de Sernam dijo que esta norma en los países que cuentan con leyes contra la discriminación ha sido un punto de ardua discusión, pero es esencial considerar las categorías que el Derecho Internacional define como sospechosas de discriminación, como las relativas al sexo, aunque, apuntó, no lo son todas las que menciona el artículo 3º del proyecto. Explicitó que la intención del Ejecutivo, es que se dé una explicación de los fundamentos de la conducta denunciada, para que el tribunal tenga un conocimiento de los hechos que motivan la distinción, y no sólo un control de admisibilidad.

El señor Director de la División de Organizaciones Sociales hizo referencia al objetivo pedagógico de esta legislación. Enfatizó, por otra parte, que la diferencia de este procedimiento con el recurso de protección consiste en que si la Corte establece la efectividad de un acto de discriminación, además de adoptar las providencias para restablecer el imperio del derecho, puede, también, declarar la procedencia de indemnizaciones.

Aseveró que el acto discriminatorio no reviste un alcance estrictamente privado sino que tiene una connotación social inmediata cuyo efecto es que la persona queda en una situación de desmedro ante su comunidad. Consideró que si efectivamente existe la voluntad de reparar el daño, el puro acuerdo privado no basta y es menester que, ante la comunidad donde se materializó aquél, la persona que cometió el acto discriminatorio, así lo señale y reconozca ese carácter. Aseguró que dentro del móvil pedagógico de la ley el reconocimiento no debe concebirse como un castigo para la persona que ha efectuado la discriminación.

El Honorable Senador señor Chadwick hizo notar que, aun entendiendo el afán didáctico del proyecto, si el interés práctico es generar un incentivo al acuerdo, no parece razonable exigir el reconocimiento del acto discriminatorio porque el incentivo del acuerdo consiste en que se repare el daño aunque no se reconozca el acto. En caso contrario, consideró, parecería más lógico que el denunciado opte por esperar que se dicte sentencia. Por lo anterior, si bien concuerda en el objetivo, puntualizó que la indicación número 63, dentro de la lógica del recurso de protección, propone como un ingrediente adicional y específico que la Corte declare procedente la indemnización e ir a la sede civil. Reiteró que las normas generales permiten, siempre, alcanzar un acuerdo, para lo cual basta con retirar la denuncia. Insistió que todo lo normado por el artículo 6º es innecesario. Apuntó que el verdadero sentido de la acción es que el pronunciamiento de la Corte genere una acción indemnizatoria. La diferencia está en que el recurso de protección restablece el imperio del Derecho, pero no señala que corresponde una indemnización, la que se debe demandar; considera que en este punto debe poner el énfasis del proyecto.

Manifestó que entiende el fondo del argumento del representante del Ejecutivo, pero es probable que la persona agraviada aspire a una reparación oportuna y satisfactoria, sin necesidad de un juicio y quizás la mejor forma de reparación sea generar la posibilidad para que ello sea así. Probablemente, señaló, la norma pueda establecerse en una forma facultativa, sin subrogarse en la decisión a la persona agraviada.

La Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia doña Nelly Salvo planteó que consistiendo el problema en reparar el daño causado, por lo menos, en la dogmática supone partir de la base de un acercamiento entre las partes, pero por intermedio de un reconocimiento del mal causado lo que implica una especie de arrepentimiento, y ese es el sentido simbólico derivado de sus repercusiones sociales. Transformarlo sólo en una reparación económica del mal causado y dejar de lado la sanción de admonición, implicaría pasar a una causación objetiva sin el elemento subjetivo de haber querido causar ese daño. Señaló que sería posible buscar una fórmula intermedia, como la consistente en reconocer los elementos intermedios de la acción.

El Honorable Senador señor Zaldívar respecto del nuevo recurso, indicó, concuerda en que está bien proteger los derechos y la dignidad de las personas, y estima que incluso debería haber sido anterior al recurso de protección, pero no le parece esta suerte de prejuzgamiento, el que la norma diga que “deberá justificar suficientemente”; a su juicio basta que la persona diga los hechos en que se basa y que afirme que su comportamiento se adecua a las normas legales vigentes. En este punto, enfatizó, se aparta del razonamiento del Honorable Senador señor Chadwick, por cuanto estima que es bueno educar a quien toma una decisión en este sentido, para que sepa que debe dar razón de sus dichos o de sus hechos. Por ello, le parece razonable que exista un recurso especial, ya que en una prelación de derechos, aquél debiera estar ubicado después de la libertad o coetáneo con ella, ya que si se discrimina a una persona por alguna de estas causas, tampoco puede ejercer ninguna libertad al respecto. Diría, agregó, que debería ser el primer recurso para proteger la integridad personal, pero sin ánimo de prejuzgar.

El señor Subsecretario General de Gobierno indicó que la proposición del Honorable Senador señor Chadwick facilita el acuerdo ya que la reparación del agravio causado es, efectivamente, el contenido ineludible del acuerdo, implica un cierto grado de reconocimiento tácito, y le parece que la exclusión de dicha exigencia contribuiría a hacer más expedita la posibilidad de acuerdo. Señalo que, sin desmedro del punto de vista de otras instituciones públicas, al Ministerio Secretaría General de Gobierno concurre al criterio de que el acuerdo puede satisfacerse con la sola reparación del agravio.

El Honorable Senador señor Naranjo calificó de pertinente la proposición que ha hecho el Honorable Senador señor Chadwick, pues es obvio que si hay un acuerdo es porque alguna persona ofendió porque, en caso contrario, no habría razón lógica para aquél. El solo hecho de aceptar el mismo lleva implícito el reconocimiento de que hubo una ofensa o una discriminación; estimó que exigirle, además, un reconocimiento expreso está demás.

El Honorable Senador señor Ávila concordó con este parecer y sugirió que al redactarse la norma se refundieran las dos primeras oraciones del texto actual, y quedara redactada, su primera parte, en la forma siguiente: “Dicho acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte para su aprobación y contendrá la reparación satisfactoria del mal causado.”. A continuación de lo cual, dijo, se mantendría idéntico el texto de la última oración.

El señor Subsecretario General de Gobierno señaló que, desde un punto de vista estrictamente técnico, sería posible suprimir íntegra la segunda oración porque, en realidad, sólo reitera el precepto contenido en el inciso tercero.

El señor Director de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno solicitó que se exprese en el informe que él había tenido una opinión diferente sobre el particular.

El Honorable Senador señor Ávila observó que en el inciso cuarto mejoraría la redacción si se elimina cierta cacofonía observable y se señala, lisa y llanamente, que “el acuerdo suspende el trámite de la acción”.

El Asesor de la División Jurídica del Ministerio de Justicia señor García hizo presente que si bien es razonable la observación eufónica de Su Señoría, es necesario prevenir cualquiera confusión interpretativa, para lo cual propone dejar constancia de que el sustantivo trámite no significa que la acción especial de discriminación no esté ya iniciada -pues, lo está desde su interposición-, y que a su respecto no cabe entender que el acuerdo reparatorio tenga que ver con la admisibilidad de aquélla –como sí sucede, por ejemplo, en el recurso de protección, que requiere ser declarado admisible-, en circunstancias que esta norma presupone que la acción está en curso y como el acuerdo, por producirse antes de la vista de la causa, genera un efecto suspensivo del procedimiento.

A expresa sugerencia del Ejecutivo, la indicación número 54, en consecuencia, fue sometida a votación con las siguientes modificaciones, resultantes del debate:

a) En el inciso primero, suprimir la expresión “investigar la denuncia y”, porque tratándose de una acción civil por su naturaleza, podría dar pie a que se le asignara a la infracción de discriminación un carácter penal; consideración, a la cual se agrega que la investigación es una potestad radicada, constitucionalmente, en el Ministerio Público.

b) En la primera oración del inciso segundo, sustituir la palabra “notificándola” por notificando, e intercalar entre la palabra “oficio” y el punto seguido (.), la frase “la resolución que así lo ordena”.

c) Sustituir la segunda oración de aquel inciso, en su totalidad, por la que sigue: “El informe deberá ser evacuado por el requerido dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la notificación.”.

d) Sustituir el inciso tercero de la indicación por el que se transcribe a continuación: “El denunciado deberá señalar en su informe, las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho, en virtud de los cuales estima que la acción u omisión no es constitutiva de una discriminación arbitraria.”.

e) En la primera parte del inciso cuarto, sustituir la oración “el vencimiento del plazo para evacuar el informe, podrá el afectado convenir con el denunciante una fórmula reparatoria” por la que sigue: “antes de la vista de la causa las partes podrán convenir una fórmula de reparación”. Asimismo, con una finalidad análoga de mejorar la sistematización del precepto, en la segunda parte del mismo inciso se intercala, a continuación de la expresión “El acuerdo”, una norma originalmente contenida en el inciso quinto de la indicación en mención, consistente en que aquél “deberá ponerse en conocimiento de la Corte para su aprobación y“, lo que es armónico con la regulación de los efectos del acuerdo reparatorio, la que mantiene su redacción original con dos adecuaciones de índole estrictamente formal, como lo son reemplazar, por una razón de eufonía, la frase “la prosecución de la tramitación” por “el trámite”, y sustituir por la frase “de su aprobación” la expresión “de aprobación del acuerdo”, que antecede al punto final del inciso, por ser inequívoco, contextualmente, que el cómputo del plazo se inicia al aprobarse la fórmula de reparación convenida por las partes.

f) En consecuencia, el inciso quinto de la indicación número 54 queda suprimido.

g) Anteponer dos incisos al inciso sexto actual que pasa a ser séptimo y conserva su redacción original.

h) El inciso séptimo de la indicación pasa a ser quinto, con dos modificaciones, consistentes, la primera, en sustituir por el adjetivo “precedente” el ordinal “cuarto” que en el texto de la misma sigue a la palabra “inciso”, como consecuencia del cambio de ubicación de este inciso, y la segunda, en intercalar, antes del punto y aparte (.), la expresión: “o se prosiga con la tramitación de la acción deducida.”.

i) Incorporar como un inciso sexto nuevo la norma siguiente: “Cumplido que sea éste, la Corte dejará sin efecto la vista de la causa y mandará archivar los antecedentes.”.

j) En el inciso octavo sustituir su texto original por el que sigue: “Si hubiere controversia sobre los hechos, la Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver. Ordenará, asimismo, traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la Sala que corresponda para el día subsiguiente, en donde oirá los alegatos que las partes ofrezcan.”.

k) En virtud del acuerdo recaído en el debate de la indicación número 48, los incisos sexto y séptimo de ésta se intercalan en el presente artículo, como incisos noveno y décimo, nuevos. Por efecto de lo anterior, el inciso noveno y final del texto de la indicación en examen pasa a ser undécimo.

Puesta en votación la indicación número 54, fue aprobada con las enmiendas expresadas, por mayoría de votos, Estuvieron por la aprobación de la misma, los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y por su rechazo los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

En virtud del acuerdo precedente, fueron rechazadas las indicaciones números 55 y 57 con los votos en contra de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y a favor de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

Las indicaciones números 56 y 58 fueron retiradas por sus autores, respectivamente, los Honorables Senadores señores Naranjo y Chadwick.

Se deja constancia que, con arreglo al artículo 121 del Reglamento del Senado, se reabrió el debate sobre esta disposición y hubo acuerdo para incorporar como incisos duodécimo y decimotercero, el texto de la indicación 69 de S. E. la señora Presidenta de la República, como se explica en la parte pertinente del informe.

Artículo 7º

(pasa a ser 6°)

El artículo 7° del texto aprobado en general, consta de tres incisos. En el primero, dispone que la Corte de Apelaciones respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, así como las que sean menester para dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

En el segundo, faculta a ese tribunal para que declare la procedencia de indemnizaciones que, en su caso, correspondan para reparar el daño moral y material ocasionado. Dispone, asimismo, que el afectado demandará, ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de perjuicios que procediera. Ordena que el monto de la indemnización se determine en un procedimiento breve y sumario.

Manda, en el inciso final, que si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia ha carecido de toda base, la Corte declare que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil competente, con arreglo al procedimiento sumario.

La indicación número 59 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, tiene por objeto que se sustituya el precepto actual por el siguiente:

“Artículo 7º.- El afectado por una acción discriminatoria, en los términos que establece el artículo 3º de esta ley, podrá interponer indistintamente, respecto de los hechos que configuran la presunta infracción, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, o bien, la acción especial a que se refiere el artículo anterior. La interposición de alguna de estas acciones hará que no pueda intentarse posteriormente la otra.”.

El Honorable Senador señor Chadwick advirtió que por vía de la ley no se puede prohibir un recurso constitucional.

El Asesor de la División Jurídica del Ministerio de Justicia señor García concordó en que no es posible incorporar un precepto en ese sentido. Observó que si bien la ley no puede denegar el acceso al recurso de protección, para evitar una proliferación excesiva de la acción especial es posible, tal como lo hace la indicación número 48 del Ejecutivo, restringirle el ejercicio de la acción especial a quien haya interpuesto el recurso constitucional, cuando aquélla se funde en los mismo hechos que motivaron éste. Agregó que esto se hace extensivo al procedimiento de tutela especial del trabajo por la acción de no discriminación u otras de carácter legal que amparen derechos fundamentales, y su finalidad es prevenir la jurisprudencia contradictoria a que se refiere Su Señoría.

La indicación número 59 fue retirada.

La indicación número 60 del Honorable Senador señor Chadwick, suprime su inciso primero.

Votada la indicación número 60, fue rechazada, por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y dos a favor, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

La indicación número 61 del Honorable Senador señor Naranjo intercalar, en su inciso primero, a continuación de “protección del afectado”, la frase “o grupo de personas afectadas”.

El Jefe del Departamento Reformas Legales de Sernam señor Rendón precisó que la indicación de Su Señoría incide en que el tribunal competente pueda asegurar la debida protección del afectado o de un “grupo de personas afectadas”, lo que es distinto del hecho de que se pueda actuar por si o en representación de un grupo. Refirió que la Comisión ha entendido, hasta ahora, que es posible reclamar discriminaciones que afecten a una persona o a un grupo de personas, pero la relación procesal alcanza a quienes accionan en el caso sublite, y no se ha diseñado una acción masiva. Indicó que el Ejecutivo entiende que el problema pueda afectar a un colectivo de personas, pero es menester que accionen las personas que componer ese grupo, por sí o debidamente representadas, lo cual lo especifica y precisa qué acciones indemnizatorias se pueden extender a ellos, quiénes son efectivamente los representantes, cuál es el límite del mandato, entre otros aspectos. Señaló que la indicación parece exceder la regulación procesal existente, y en ese sentido no la comparten.

Puesta en votación la indicación número 61, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Zaldívar.

La indicación número 62 de S. E. la señora Presidenta de la República intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “afectado,” la palabra “tales”, y reemplaza la frase “acto de discriminatorio” por “acto discriminatorio”, con lo cual enmienda un error de redacción.

La Comisión aprobó la indicación número 62 con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Zaldívar.

La indicación número 63 del Honorable Senador señor Chadwick sustituye su inciso segundo por el siguiente:

“Acogido el recurso de protección procedente, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.”.

Su Señoría destacó la relevancia de esta indicación para la lógica de regulación que sustenta: amparar el derecho a la igualdad ante la ley con el recurso de protección; corresponde, precisamente, a la diferencia que falta. El recurso de protección, recordó, no se pronuncia respecto de si corresponde o no una indemnización, y le parece que de la acción civil propuesta por el Ejecutivo es lo más importante, por ello la incorpora como una indicación. Desestimó el juicio de los representantes del Ejecutivo en lo que se refiere a que este aspecto está contenido dentro del proyecto de ley, porque si bien esto es así para la acción especial no lo es en el caso del recurso de protección, por la razón precedentemente mencionada.

Al votarse la indicación número 63, se produce un doble empate, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel y por la negativa los Honorables Senadores señores Ávila y Zaldívar, quedando, en consecuencia, pendiente su resolución para la sesión siguiente.

Al dirimirse el empate, fue rechazada la indicación número 63 por mayoría, en contra de su aprobación se manifestaron los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y a favor de la misma, los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel. .

En virtud del artículo 125 del Reglamento del Senado, la Comisión reabrió el debate sobre los incisos segundo y final del artículo 7°. Sobre este particular, el Asesor de la División Jurídica del Ministerio de Justicia señor García explicó que la expresión “daño material” es difusa y en un sentido técnico se utiliza el concepto de daño patrimonial versus daño moral, para distinguir las especies de daños que son indemnizables.

El Jefe del departamento Reformas Legales de Sernam señor Rendón, por su parte, hizo mención a que en el inciso final del artículo 7° cabría considerar la alternativa de regular la responsabilidad del denunciante por las reglas generales que rigen la materia, y no establecer las normas especiales que consulta el precepto aprobado por la Cámara de origen.

El señor Subsecretario General de Gobierno coincidió en que la redacción aprobada por la Cámara de origen es imprecisa y sugirió, con la finalidad de dar certeza, acotar la responsabilidad del denunciante a los casos en que exista dolo o malicia, debido al aporte de antecedentes falsos o inexistentes y en que, además, la Corte hubiera declarado la falta de un motivo plausible, lo que generaría las obligaciones de pagar las costas e indemnizar los perjuicios causados. Argumentó que socialmente es más dañino limitar el ejercicio de la acción a la persona que se siente discriminada que permitírselo. Lo anterior, manifestó, se explica porque los grupos vulnerables a la discriminación resienten los efectos de una regulación demasiado rigurosa ante responsabilidades eventuales derivadas de una acción que desechar el tribunal, perspectiva que podría limitar el ejercicio de aquélla.

El señor Jefe de la División de Organizaciones Sociales indicó que la intención es distinguir entre dos situaciones. Una, la de quien se sintió discriminado e interpone la acción especial por una causa que la Corte considera, finalmente, carente de toda base, y cuyo efecto es ser perseguido civilmente y soportar una carga pecuniaria, aunque en la hipótesis no haya habido intención maliciosa. La otra situación, que sí se procura sancionar, es la denuncia que intenta dañar a una persona o institución atribuyéndole un acto discriminatorio aportando elementos falsos o tendenciosos. Se trata, explicitó, de evitar que ante la amenaza de que la Corte señale que no hay ninguna base para una acción de esta naturaleza, las personas se inhiban de presentarla por temor.

Aseveró que esta legislación debe proteger a las personas que se sientan genuinamente discriminadas puedan presentar una acción de esta naturaleza sin temor a que serán castigadas económicamente. Frente a situaciones que, en algunos casos, suelen ser muy asimétricas, la única opción de la persona que ha sido afectada por un acto discriminatorio se atreva a accionar es que no tenga temor a una represalia económica. Indicó que el fallo no incide en una demanda civil sino que deniega un recurso, y que no sería concebible que, al hacer esto, se dé pie a una persecución económica en contra la persona que impulsó el procedimiento.

El Honorable Senador señor Chadwick disintió de la idea esbozada por los representantes del Ejecutivo porque para que la Corte, bajo este supuesto, pueda declarar la ausencia de motivo plausible en el ejercicio de la acción se requiere una denuncia maliciosa sustentada en el aporte de antecedentes falsos o inexistentes. Señaló que existen reglas generales que son aplicables, y que la persona que es llevada ante un tribunal, sin que haya plausibilidad, tiene derecho, a lo menos, a que el denunciante temerario sea obligado a pagar las costas del juicio; no existe razón alguna para compeler al ciudadano a pagar una defensa procesal sólo porque al denunciante se le ocurrió. En la medida que se trata de hacer derechos específicos, estimó, se incurre en tremendas desigualdades ante la ley, las que afectan no a las grandes corporaciones sino que a personas concretas. Expuso que si el denunciante aporta antecedentes falsos, se estará ante la comisión de un delito, y se hace una demanda infundada, los tribunales tienen una dilatada experiencia en materia de condena o absolución del pago de las costas. Aclaró que la opción del Ejecutivo fue la de que no fuese un recurso sino una acción, y la diferencia entre una y otra vía es que la primera restablece el imperio del Derecho, mientras que la segunda abre la posibilidad de una eventual indemnización de perjuicios.

El señor Subsecretario General de Gobierno expresó que, ante las dificultades interpretativas que suscita la idea esbozada, al ser la idea que haya una aplicación plena de las reglas generales del Derecho, el Ejecutivo no advierte dificultad que si para materializar dicha aplicación sea necesario suprimir el inciso final del precepto aprobado en general.

Puesto en votación el inciso segundo del texto aprobado en general, la Comisión lo aprobó, por mayoría de votos, con la sola enmienda de sustituir el adjetivo “material” por “patrimonial”. Votaron por la aprobación los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y por rechazarla los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

En virtud del artículo 125 del Reglamento de la Corporación, la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar, suprimió el inciso final del mismo artículo.

Artículo 8º

(pasa a ser incisos tercero y cuarto del artículo 6°)

El inciso primero del precepto aprobado por la Cámara de origen regula el caso en que la Corte declare que un funcionario público, en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3° de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

Prescribe, en el inciso segundo, que si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

La indicación número 64 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, lo suprime.

Vuestra Comisión rechazó la indicación número 64 por mayoría de votos; por su rechazo votaron los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y por su aprobación los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

Con la indicación número 65 de S. E. la señora Presidenta de la República, se reemplaza el precepto en examen por el siguiente:

“Artículo 8º.- Acogida la acción y comprobada la comisión de actos u omisiones de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, el responsable será sancionado con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

El máximo señalado en el inciso precedente podrá aumentarse en el doble en caso que el responsable hubiere sido sancionado por otros actos u omisiones discriminatorias dentro de los doce meses precedentes.”.

El señor Subsecretario General de Gobierno manifestó que la indicación del Ejecutivo atiende a un objetivo capital del proyecto en cuanto recoge, efectivamente, el carácter social de la discriminación cuyo daño afecta a la sociedad, en su conjunto, y, por lo tanto, corresponde no sólo la reparación al ofendido directo sino que una reparación social por medio de la aplicación de una multa, que puede incrementarse en caso de reincidencia. Agregó que la sanción es aplicable no sólo a los funcionarios públicos sino a todas las personas que incurran en actos discriminatorios, a la vez que si bien elevó el monto máximo de aquélla, se amplió la latitud de la misma pues el tribunal podrá moverse en el rango de mayor amplitud concebible.

También, señaló que es la Corte respectiva quien, en su sentencia, determina si ocurrieron los hechos, si procede o no la indemnización, además de aplicar y determinar la multa.

Puesta en votación, la indicación número 65 fue aprobada por mayoría de votos con enmiendas formales. Estuvieron por aprobarla los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y con la abstención de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

Al revisar la redacción final de las disposiciones del proyecto, a instancias del Ejecutivo, se reabrió el debate sobre este artículo con la expresa finalidad de refundirlo con el artículo 6º ya aprobado, como resultado de lo cual sus dos incisos pasan a ser tercero y cuarto de aquél.

El Honorable Senador señor Chadwick previno que tiene una duda en cuanto a la facultad de un tribunal para aplicar sanciones sin que intervenga el Ministerio Público. Estima que se podría estar pasando desde un procedimiento civil a un procedimiento sancionatorio.

El Jefe del Departamento Reformas Legales de Sernam manifestó que, en su concepto, se trata de un procedimiento de naturaleza contravencional, y expuso que no sólo en el proceso penal es posible aplicar multas sino que hay organismos administrativos facultados para hacerlo, y se tuvo a la vista esta categoría institucional distinta a las faltas, que habilita a ciertos órganos del Estado a aplicar multas sin que medie la hipótesis de imposición de una pena.

En mérito de lo expuesto, la Comisión acordó suprimir este artículo y trasladar el contenido de sus dos incisos al artículo 6º, en consecuencia se aprueba la indicación número 65 con modificaciones, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y con la abstención de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

La indicación número 66 del Honorable Senador señor Naranjo propone sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 8º.- En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, deberá sancionarse al organismo al que pertenece el infractor con multa de 50 a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada en la que se presente servicios de utilidad pública, el responsable también deberá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

En todo otro caso de declararse por parte de la Corte de Apelaciones, que se ha cometido actos de discriminación arbitraria, el infractor deberá ser sancionado con una multa acorde al mérito del proceso.

El dinero recaudado por este tipo de multa irá a un fondo para ser repartido entre las diversas instituciones que trabajan a favor de los sectores más discriminados.”.

La indicación número 67 del Honorable Senador señor Naranjo intercala, en el inciso primero del artículo en examen, a continuación de “persona natural o jurídica”, la frase “o respecto de un grupo de personas”.

Las indicaciones número 66 y 67 fueron retiradas por su autor.

Por su parte, la indicación número 68 del Honorable Senador señor Núñez agrega, a su inciso primero, la siguiente oración: “En tal caso, se deberá instruir sumario administrativo en contra del funcionario público responsable.”.

La indicación número 68, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

º º º º

La indicación número 69 de S.E. la señora Presidenta de la República persigue intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo.

La vista de la causa se podrá suspender por una sola vez cuando sea solicitada por las partes y cuando la Corte Suprema la califique como fundada.”.

La indicación 69 fue aprobada por tres votos a favor de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar y dos en contra de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel, con la enmienda de que, para una mejor sistematización, sus dos incisos se insertarán, como incisos duodécimo y décimotercero, nuevos, del artículo 6° que ha pasado a ser 5°.

º º º º

Con la indicación número 70 del Honorable Senador señor Kuschel se propone intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente título nuevo:

“TÍTULO...

Del reconocimiento de persona

Artículo...- Toda persona tiene derecho a ser reconocida como tal por el Estado. Toda persona tiene derecho a un nombre que la distinga y le atribuya personalidad.

Artículo...- Cualquier persona mayor de edad podrá requerir al Registro Civil de su domicilio, la inscripción en el Registro de Nacimientos y de Defunción de un recién nacido que haya sido encontrado muerto, y sin que conste que haya sido inscrito anteriormente.

Para que proceda esta inscripción, el Servicio Médico Legal debe certificar que el menor no nació antes de 60 días de su fecha estimada de fallecimiento.

Artículo...- Para proceder a la inscripción antes indicada, la persona interesada deberá hacer una declaración ante el Oficial del Registro Civil que corresponda, en la que manifieste su voluntad de inscribir al menor, indicando el nombre con el que le quiere inscribir.

Dicha declaración deberá ser acompañada con copia del informe del Servicio Médico Legal que acredite la edad estimada del menor fallecido y su fecha estimada de fallecimiento, y con un certificado de Carabineros de Chile que acredite las circunstancias del descubrimiento del cadáver.

Artículo...- Transcurridos 60 días desde la fecha de descubrimiento del cadáver del menor, sin que nadie haya ejercido la facultad contemplada en el artículo 10 de esta ley, el Director Regional del Servicio Médico Legal deberá proceder a requerir la inscripción en la forma dispuesta por esta ley.

El Servicio Médico Legal dispondrá la sepultura del menor dentro del menor plazo posible, en un cementerio de la ciudad donde fue hallado el cadáver y dejando constancia del nombre del menor en dicha sepultura.

Artículo...- Efectuada la inscripción de nacimiento, el Registro Civil procederá, de oficio, a inscribir el fallecimiento del menor, anotando como fecha de fallecimiento la que indique el certificado del Servicio Médico Legal.

Artículo...- La inscripción de menores en la forma establecida en esta ley no otorga al requirente de la inscripción derecho alguno sobre los eventuales bienes del menor inscrito.”.

El Honorable Senador señor Kuschel explicó que el contenido de esta indicación se afinca en que toda persona tiene derecho a ser reconocida como tal por el Estado, así como el derecho a un nombre que la distinga y le atribuya personalidad. Evocó que el origen de la proposición se explica por el hallazgo en un basural de Puerto Montt de dos criaturas muertas y que un matrimonio quiso adoptarlas, ponerles un nombre y sepultarlas, gestión en la cual demoraron tres años. Con la intención de regular esta materia, plantea que, en las circunstancias muy excepcionales que precisa la indicación, exista la posibilidad de inscribir el nacimiento, a instancia de la persona interesada,

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que el concepto de personalidad aplicado a la realidad que describe la indicación es excesivo.

El señor Subsecretario de Gobierno manifestó que el Ejecutivo entiende la bondad de la idea, pero se suscita la duda de si una regulación de carácter tan especial tiene cabida en el proyecto de ley en estudio. Señaló, además, que sería conveniente explorar si existe otra vía legal para resolver esta situación. Advirtió que hay otras indicaciones que, al igual que ésta, inciden en situaciones de discriminación específica, y a este respecto, abogó por mantener el proyecto en el marco de una regulación general.

El Jefe del Departamento Reformas Legales de Sernam señor Rendón manifestó que se le solicitó una opinión al Servicio de Registro Civil e Identificación, y en su respuesta, éste expone que, efectivamente, la situación se presenta en casos de muertes traumáticas en los que no se ha practicado la inscripción de nacimiento, y que el retardo deriva de encontrarse el hecho en conocimiento de los tribunales de justicia. Expuso que están conscientes de que el goce de derechos fundamentales de la persona no depende de un acto administrativo, pero, aun así, esta clase de situaciones es materia de la potestad reglamentaria.

El Honorable Senador señor Ávila planteó que una consideración del tenor de la consignada en el primero de los artículos propuestos en la indicación no procede en un proyecto de ley. Desde luego, prosiguió, el precepto aludido, de una u otra manera, dimana de declaraciones constitucionales expresas y de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que ninguno de sus supuestos es ajeno a los principios que impregnan toda la legislación chilena. Estimó que señalarlos en un proyecto específico como el que se debate, está fuera de lugar.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que el concepto de personalidad aplicado a la realidad que describe la indicación es excesivo porque en su Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, la Constitución Política de la República consagra los conceptos que invoca la indicación en forma indubitada. Observó que la referencia debe entenderse hecha a la individualidad, desde el momento de la concepción, pero la personalidad propiamente tal es diferente.

El señor Director de la División de Organizaciones Sociales coincidió con el Honorable Senador señor Kuschel en que el caso de los menores importa una discriminación; aun así, la calificó de una materia específica que podría suscitar dudas, en cuanto a si la misma debiera ser objeto de una reglamentación o de una ley, no obstante lo anterior, estima que resulta claro que es inadecuado incluir la indicación en comento, así como otras varias propuestas, en esta ley, que es de términos generales.

El Honorable Senador señor Chadwick hizo notar que si bien el precepto analizado podría ser innecesario, en el fondo, la indicación se refiere a que la inscripción de un niño debe ser requerida por el padre o la madre, y que, cuando está muerto, y al desconocerse el padre o la madre es preciso esperar un procedimiento judicial para determinar su inscripción, y lo que se propone es generar una especie de inscripción provisoria. Estimó que se trata de un asunto de carácter administrativo que podría regularse en la Ley del Registro Civil.

La indicación número 70 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y por la aprobación, los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

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La indicación número 71 de S. E. la señora Presidenta de la República procura intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente título nuevo:

“TÍTULO...

Políticas Públicas contra la Discriminación

Artículo...- Las políticas públicas contra la discriminación tenderán prioritariamente a prevenir la ocurrencia de las conductas previstas en el artículo 3º.

Al efecto, deberán contemplar acciones educativas dirigidas a los funcionarios, así como al público en general, en orden a afirmar y difundir la importancia de los valores del respeto recíproco, la tolerancia, la diversidad, la paz y la no violencia.

Asimismo, tales políticas deberán promover e incentivar el desarrollo de las organizaciones de personas que sufren habitualmente alguna de las conductas señaladas en el artículo 3º, o que sean particularmente vulnerables a ellas.”.

El Director de la División de Organizaciones Sociales planteó que la indicación atañe a un punto principal de la ley: la experiencia internacional comprueba que enfrentar la discriminación requiere de estrategias complementarias: una de ellas, la sanción, no modifica los comportamientos culturales más profundos, mientras que la otra, educativa, procura el cambio cultural. Afirmó que a un Estado de Derecho y democrático le es consustancial prevenir las conductas discriminatorias. De hecho, prosiguió, actualmente, hay un conjunto de organizaciones del Estado cuya órbita de competencia es la discapacidad, la tercera edad, las poblaciones originarias, los derechos de género o la igualdad de oportunidades, entre otras.

Junto con lo anterior, planteó, se requiere educar a la sociedad respecto de la gravedad que implica la ocurrencia de conductas como las señaladas en el artículo 3° de la ley, y a esto atiende la indicación en estudio que contempla acciones educativas dirigidas tanto a los funcionarios de la Administración del Estado como al público en general, para realzar los valores de respeto, tolerancia, diversidad, paz y no violencia. Por último, enfatizó la importancia de estimular las organizaciones, como las de padres de niños autistas o con déficit atencional, y de numerosas otras organizaciones que coadyuvan a la defensa de las personas que habitualmente sufren alguna discriminación.

Se está, refirió, ante un tema de gran debate en los últimos años, que atañe a si debe haber o no un apoyo de políticas públicas, más allá de la campaña Teletón. Postuló que esta norma afirma la existencia de un compromiso público de apoyo a aquellas organizaciones. Su expresión en la ley, enfatizó, es el complemento perfecto a la declaración inicial de que no es lícito discriminar y que establece las sanciones a las conductas infractoras. En este título, complementó, se prescribe que es preocupación pública preferente educar en la no discriminación.

El señor Subsecretario General de Gobierno invitó a tener presente que este titulo pone énfasis en la actitud preventiva y educativa, lo cual no obsta a reconocer que el artículo 2° es más amplio en términos de las facultades y obligaciones que establece para el Estado. Contrastó el momento sancionatorio de la regulación, que asume los problemas del presente, con esta otra faceta que encara lo por venir, en el mediano y largo plazo. En aquel contexto, precisó, interesa explicitar que es deber del Estado realizar conductas educativas y preventivas.

El Honorable Senador señor Ávila estimó razonables las opiniones que postulan que todo esto se encuentra recogido en este mismo texto legal y en otros, pero como lo destaca el señor Subsecretario la indicación favorece su actualización en políticas públicas concretas y específicas.

La indicación número 71 fue rechazada por tres votos en contra, de los Honorables Senadores Chadwick, Naranjo y Zaldívar, el voto a favor del señor Ávila y la abstención del señor Kuschel.

º º º º

La indicación número 72 del Honorable Senador señor Núñez persigue, igualmente, intercalar, a continuación del artículo 8º, un título nuevo que es el siguiente:

“TÍTULO...

Políticas Públicas contra la Discriminación

Artículo...- Las políticas públicas contra la discriminación tenderán prioritariamente a prevenir la ocurrencia de las conductas ilícitas previstas en el artículo 3º.

Al efecto, las políticas públicas deberán contemplar acciones educativas destinadas a sus funcionarios, así como al público en general, en orden a relevar la importancia de los valores del respeto recíproco, la paz y la no violencia, de la diversidad y la tolerancia para una sociedad democrática.

Asimismo, tales políticas deberán promover a incentivar el desarrollo de las organizaciones de personas que sufren habitualmente alguna de las conductas señaladas en el artículo 3º o que sean particularmente vulnerables a ellas.

Artículo...- Corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno la función de promover y hacer un seguimiento de la coordinación intersectorial a nivel nacional y regional de las políticas públicas antidiscriminatorias, debiendo elaborar un informe anual de sus resultados.”.

Por tres votos en contra, de los Honorables Senadores Chadwick, Naranjo y Zaldívar, el voto a favor del señor Ávila y la abstención del señor Kuschel, fue rechazada la indicación número 72.

º º º º

La indicación número 73 del Honorable Senador señor Naranjo, plantea intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Consejo para la Prevención y Eliminación de las

Formas de la Discriminación

Artículo...- Se creará un consejo para la prevención y eliminación de las formas de la discriminación. Será un organismo público autónomo, de participación ciudadana, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Para el cumplimiento de sus fines recibirá un presupuesto que le asigne la ley respectiva, pudiendo además obtener aportes de particulares y organizaciones no gubernamentales. Tendrá a su cargo prevenir y eliminar las formas de discriminación, mediante la promoción de políticas públicas y la elaboración de proyectos y propuestas a las instancias correspondientes que tiendan a fomentar la igualdad de oportunidades y de trato, así como idear medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades, para ser llevadas a cabo por el organismo correspondiente.

Este consejo constará de doce miembros:

a) Un consejero elegido por cada uno de los tres poderes del Estado;

b) Cuatro consejeros elegidos de entre las instituciones gubernamentales que tengan trabajo con grupos vulnerables.

c) Cinco consejeros elegidos de entre las instituciones no gubernamentales que trabajen con grupos de vulnerabilidad social.”.

La indicación número 73 fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión.

TÍTULO II

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 7° nuevo

Por su parte, la indicación número 75 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel tiene como finalidad intercalar, a continuación del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Agrégase en la letra l) del artículo 84 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras “acoso sexual” las siguientes: “y la discriminación arbitraria”, y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la frase “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y el segundo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la ley que establece medidas en contra de la discriminación”.”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada en forma unánime sin modificaciones por los Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

Reabierto el debate por la Comisión en virtud del artículo 121 del Reglamento de la Corporación, se aprobaron dos enmiendas de redacción formal al texto de la indicación. Asimismo, la Comisión aprobó intercalar este artículo, a continuación del epígrafe del Título Tercero del proyecto, como artículo 7° nuevo.

En consecuencia, la indicación número 75 fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

º º º º

Artículo 9°

(pasa a ser 8°)

A este artículo no se le formularon indicaciones.

El objeto del precepto aprobado por la Cámara de origen es introducir una modificación al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, del tenor que se transcribe:

“Artículo 9º.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras “acoso sexual” las siguientes “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por “entendido por el primero lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo y por lo segundo lo expresado en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”.

La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo, aprobaron modificaciones formales al artículo 9° que pasa ser 8°.

º º º

Artículo 9° nuevo

La indicación número 74 de los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez intercala el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo...- Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto: “naturaleza humana, la igualdad y no discriminación, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.”.

El Honorable Senador señor Chadwick sugirió sustituir la frase “la igualdad”, antecedida por una coma (,) por “”el derecho a la igualdad”.

Con la enmienda sugerida, vuestra Comisión aprobó la indicación número 74, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

º º º º

Artículo 10

Su finalidad es incorporar, mediante tres numerales, sendas modificaciones a preceptos del Código Penal.

El texto que fue aprobado en general por la Sala, en el primer trámite reglamentario, es el siguiente:

“Artículo 10°.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21º Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra de la Discriminación.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

"1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

3.- Agrégase el siguiente artículo 274 bis:

"Artículo 274 bis.- Incurrirá en la pena de multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales el que, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, respecto de una persona natural, cuando ella consista en rehusar el suministro de un bien o servicio que ofreciere y a que el ofendido tenga derecho, o en subordinarlo a la concurrencia o ausencia de alguno de los motivos de discriminación señalados en el citado artículo 3º.”.”.

Al conjunto de este precepto le fueron presentadas tres indicaciones, una de índole supresiva y las otras dos de carácter sustitutivo. Las restantes indicaciones fueron formuladas a numerales específicos, y su exposición se desagrega en función de este criterio.

En efecto, la indicación número 76 de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, suprime el artículo.

Sometida a votación la indicación número 76, fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Ávila, Naranjo y Zaldívar, y dos votos a favor de los Honorables Senadores señores Chadwick y Kuschel.

La indicación número 77 de S. E. la señora Presidenta de la República tiene por objetivo sustituir el actual número 1 de esta disposición y suprimir los dos numerales restantes, En consecuencia, reemplaza la disposición aprobada en el primer trámite reglamentario, por la siguiente:

“Artículo 10.- Agrégase en el artículo 12 del Código Penal el siguiente numeral:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, su etnia o nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o enfermedad que padezca.”.”.

Con el fundamento de la aprobación prestada a la indicación número 79, que se explica en su oportunidad, fue rechazada la indicación número 77 por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

La indicación número 78 del Honorable Senador señor Chadwick introduce, al artículo 10 en referencia, una enmienda de contenido al precepto que incorpora al Código Penal el numeral 1, conserva el texto de su número 2 y suprime su numeral 3. Como resultado de lo anterior, el precepto en examen es sustituido por el siguiente:

“Artículo 10.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21º Cometer el delito, manifiestamente motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

“1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes manifiestamente motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Cuando se trate de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.”.”.

La indicación número 78 fue rechazada con el voto unánime de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar, en razón de los acuerdos recaídos en la indicación número 79 que se explica en la parte pertinente de este informe.

Nº 1

Este numeral, como se ha expuesto, agrega en el artículo 12 del Código Penal, una circunstancia agravante de responsabilidad criminal cuya numeración ordinal es la 21a, del siguiente tenor:

"21º Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra de la Discriminación.”.

La indicación número 79 de los Honorables Senadores señores Chadwick y Girardi, reemplaza el numeral 21º propuesto por el siguiente:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza, o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.

La indicación número 80 de los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para sustituir el numeral 21º propuesto por el siguiente:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.

La Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia señora Salvo explicó que hoy efectivamente existe una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, la que está referida a la fuerza, y se determina por la superioridad física o del sexo. En este caso, continuó, la agravante va en el sentido de aquellos individuos en que obviamente el verbo rector no sea la discriminación, cuando, además, ha habido una motivación discriminatoria cuyo fundamento es el sexo de la víctima. En esto radica su diferencia con la circunstancia agravante precedentemente mencionada.

El Honorable Senador señor Chadwick explicó que la indicación de su autoría agrega los motivos “antisemitas” como constitutivos de una circunstancia agravante porque, según les fue explicado, en la legislación internacional se entiende que dicho término es distinto a la raza porque incorpora en ella los factores religiosos y culturales.

La representante del Ejecutivo hizo valer dos observaciones respecto del texto de la indicación número 79, los cuales fueron aprobados por la Comisión: primero, que en la legislación europea se utiliza la expresión antisemita por razones de índole histórica, pero la verdad es que la realidad regional recurre al calificativo de racismo, en términos genérico, debido a lo distinto que son las realidades, y la segunda es que se habla de minusvalía, y la expresión correcta es la de discapacidad.

La indicación número 79 fue aprobada con las enmiendas sugeridas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

La indicación número 80 fue retirada por su autor.

Vuestra Comisión, en virtud del artículo 121 del Reglamento de la Corporación, reabrió el debate sobre este numeral, con el objetivo de incorporar, a sugerencia de la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, entre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal la comisión del delito fundado en el género de la víctima.

El Honorable Senador señor Chadwick mencionó que le asiste la duda de si los motivos que se incorporan en la nueva circunstancia agravante del artículo 10 del Código Penal no deberían ser las mismas causas que menciona el artículo 137 bis, que se ha acordado incorporar en el número 2 de este mismo artículo del proyecto, como se explicita en la parte pertinente de este informe. Indicó que parece complejo que la discriminación por ideología sea una agravante y que no sea delito, y razonó que si hay algún problema que ha generado violencia es precisamente la discriminación en razón de la ideología.

El Asesor de la División Jurídica del Ministerio de Justicia señor García indicó que se trata de una omisión ex profeso atendido a que un tipo penal fundado en la ideología implica una figura muy amplia. Indicó que en el caso de la nueva circunstancia agravante está construida sobre la idea de que se ha cometido un delito, en cambio en el artículo 137 bis crea un delito que, en cierto sentido, restringe la libertad de expresión –la cual, desde luego, puede ser restringida-, pero no deja de ser peligroso el uso de un término de un contenido tan amplio como el de ideología, lo cual contrasta con las otras categorías utilizadas en la descripción de la figura delictiva que son de mayor precisión.

El Honorable Senador señor Ávila manifestó que no advierte razón alguna para que no se incluya la realización de manifestaciones o expresiones destinadas a promover el odio o la violencia respecto de un grupo o colectividad en razón de su ideología.

La señora Ministra Directora de Sernam planteó un alcance en relación con el empleo de la expresión “sexo u orientación sexual”, por estimar que no cabe el empleo de la preposición sino de una coma (,). Llamó también la atención en el hecho que la definición del artículo 3° considera discriminación arbitraria, también, a la que se funda en el género y que se advierte una omisión de esta categoría tanto en la indicación que se refiere a la circunstancia agravante que se incorpora al artículo 12 como a la figura nueva que describe y penaliza el artículo 137 bis, disposiciones ambas del Código Penal. Indicó que aunque el Derecho Penal no reconoce el género para efectos de la descripción de la tipificación, en el marco de una legislación contra la discriminación esta realidad debe ser reconocida.

Agregó que el género es reconocido como un criterio de elaboración de políticas públicas, y esta legislación está orientada, en forma precisa, a sancionar conductas que discriminan en razón del género. Absolviendo una consulta, expuso que el género es una realidad distinta al sexo o a la orientación sexual, al que caracterizó como la socialización del sexo, lo que se espera que las personas de un determinado sexo realicen su desarrollo en la sociedad, la construcción cultural sobre lo que debe ser un hombre o una mujer.

El Asesor de la División Jurídica del Ministerio de Justicia señor García advirtió que en el artículo 3° se incluyen numerosas categorías, sin embargo, para efectos, del ejercicio del jus puniendi, se opta por la enumeración restrictiva contenida en las disposiciones que fueron aprobadas por la Comisión. Hizo notar que el caso de un crimen pasional no queda comprendido en la agravante, atendida la distinción trazada entre motivo y motivación, pues se requiere una motivación especial que sea parte de la culpabilidad, objetivable o que, a lo menos, no sea incompatible con algún tipo de objetividad.

Se aprobó, en consecuencia, agregar la categoría “género” en los dos numerales de esta disposición, con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

Nº 2

Tal como se consignara precedentemente, el propósito del numeral 2 es incorporar un párrafo 1 bis nuevo, referente a los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos, en el Título III del Libro II del Código Penal, que describe y sanciona a los crímenes y simples delitos que afectan derechos garantizados por la Constitución, tipificación penal que es materia del artículo 173 bis propuesto.

La indicación número 81 del Honorable Senador señor Chadwick, intercala, en el inciso primero del artículo 137 bis propuesto, a continuación de la frase “causar daño a personas”, las palabras “su honra”.

La indicación número 82 de los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, reemplaza la frase inicial del inciso segundo del artículo 137 bis propuesto “Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero”, por la siguiente: “Cuando se tratare de asociaciones que alienten o promuevan el odio o la violencia, así como aquéllos que omitan las acciones efectivas para su erradicación”.

º º º º

Las indicaciones números 83 y 84 proponen incorporar dentro del mismo párrafo 1 bis, al que se ha hecho referencia una figura delictiva nueva, materia de un artículo 173 ter propuesto, cuya descripción es prácticamente idéntica.

La indicación número 83 de los Honorables Senadores señores Chadwick y Girardi, para agregar al Código Penal el siguiente artículo 137 ter:

“Artículo 137 ter.- El que por cualquier medio, realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento, respecto de personas o colectividades en razón del color de su piel, de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien Unidades Tributarias Mensuales.”.

º º º º

La indicación número 84 de los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, agrega al Código Penal el siguiente artículo 137 ter:

“Artículo 137 ter.- El que por cualquier medio realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentación, respecto de personas o colectividades en razón del color de su piel, de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

º º º º

En relación con la proposición de consultar una o más disposiciones que penalicen los delitos cometidos en contra del bien jurídico consistente en la igualdad de las personas, en dignidad y derechos, se planteó un debate que requiere ser sistematizado.

La Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia aclaró que esta Cartera no está en contra de la incorporación de tipos penales referidos a la discriminación, sino que aboga por un criterio de sistematización rigurosa. Anunció que el próximo año el Ministerio de Justicia presentará un anteproyecto que, entre otras disposiciones, incorporará las figuras referidas a la discriminación. En consecuencia, como postura global, planteó que sería preferible tratarlo en el marco de una modificación al Código Penal.

El Honorable Senador señor Chadwick consultó si ello implica eliminar todos los tipos penales.

El Señor Subsecretario General de Gobierno ratificó que el Ejecutivo tiene, efectivamente, aquella posición global respecto de la incorporación de figuras delictivas. Sin perjuicio de lo anterior, sugirió que la Comisión estudie la posibilidad de establecer un tipo penal general sobre la incitación al odio o la violencia por razones discriminatorias.

La Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia concordó en que si la Comisión estimara necesario se podrían formular algunas observaciones al tenor de las indicaciones números 83 y 84, con la finalidad de depurar la descripción de la conducta típica penada. Enfatizó que la justificación para consagrar la conducta penal que sugirió el señor Subsecretario radica en el hecho de que la nueva circunstancia agravante es aplicable a todos los delitos; lo anterior significa, que no habría un tipo penal cuyo verbo rector esté referido a la discriminación, agregó que dada la razonabilidad de la penalidad, la propuesta es idónea para salvar esa laguna.

El Director Jurídico del Ministerio Secretaría General de Gobierno señor Galaz ensayó una reflexión de alcance más general sobre el tema, que no se circunscribe a un asunto de mera técnica legislativa. A este propósito, planteó que una acción discriminatoria no es sólo un problema entre particulares sino que también afecta en grado muy importante a la sociedad y, por lo tanto, el reproche penal es una señal clara a la sociedad de que la discriminación no es buena, y si aquél no tiene cabida en una ley que establece medidas contra la discriminación, significa reducir ésta a un asunto entre particulares. Calificó esta opción de peligrosa y preocupante para la sociedad; además, recomendó tener presente que estas disposiciones fueron incorporadas durante el debate en la Cámara de origen, razón por la cual es previsible suponer que su exclusión dará lugar a un tercer trámite constitucional.

El Honorable Senador señor Zaldívar consideró necesario precisar el punto en debate porque la promoción del odio y la violencia en sí debería ser una conducta castigada, y la idea sobre la cual se discute implica castigar la promoción del odio y la violencia respecto de ciertos objetos específicos. Aclaró que aquel sujeto pasivo es la humanidad; señaló que una promoción del odio como la que hace Nietzsche, contextualizada históricamente en la antesala del nacismo, si hubiera tenido al menos un rechazo cultural, aunque el punto es teórico, de haberse contado con la protección penal contra la promoción del odio y la violencia impediría que se hiciera uso per se de aquellas conductas.

La Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia resaltó que es esencial al tipo penal la existencia de una víctima y de un victimario, pues la sola promoción del odio o de la violencia si no está referida a una cierta víctima no puede ser albergada dentro del Derecho Penal. En primer término, refirió, en un contexto de discriminación, es indispensable que la figura que se plasme está relacionada con actos discriminatorios, y agregó que el sujeto pasivo debe estar determinado por su pertenencia a un determinado colectivo ya que, de no existir ésta, no cabe el establecimiento de una pena. Se trata, en suma, dijo, de características generales del sujeto pasivo, no personales. Además, complementó, el tipo de delitos al que alude Su Señoría dicen relación con bienes jurídicos institucionales, esto es, con las bases mismas sobre las cuales se construye una sociedad; en verdad, consisten en delitos contra la Nación cuya ubicación sistemática está en otro apartado de la compilación penal y no el Título III referente a los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución. Precisó que lo que distingue al Derecho Penal actual es justamente ser un ordenamiento punitivo de actos, y no de autores.

El Director Jurídico del Ministerio Secretaría General de Gobierno especificó, que este artículo se recoge, de una u otra manera, en la Ley de Prensa, pues lo que se pena es la promoción de odio o violencia, pero no una acción discriminatoria. Con base en lo anterior, preconizó que el artículo propuesto no resuelve qué tipos penales han de incorporarse en una ley de esta naturaleza.

Los Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick y Naranjo formularon una proposición que recoge los criterios planteados por los representantes del Ejecutivo en relación con el contenido del numeral 2 en examen, y propone agregar un artículo nuevo del tenor siguiente:

“Artículo 173 bis.- El que por cualquier medio, realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover el odio o la violencia, respecto de un grupo o colectividad en razón de su etnia, de su raza, ideología, sexo, orientación sexual, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio”.

Sometida a votación, la proposición de Sus Señorías fue aprobada con una adecuación formal, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Naranjo y Zaldívar, y la abstención del Honorable Senador señor Kuschel.

En virtud del acuerdo precedente, las indicaciones números 83 y 84 fueron aprobadas con modificaciones con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Naranjo y Zaldívar, y la abstención del Honorable Senador señor Kuschel.

Las indicaciones números 81 y 82 fueron rechazadas con el voto unánime de los miembros de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

Nº 3

La indicación número 85 del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

En razón de los acuerdos precedentes, vuestra Comisión aprobó la indicación número 85 por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

º º º º

La indicación número 86 de S. E. la señora Presidenta de la República, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpórase en el artículo 84 de la ley Nº 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº 29, del 16 de marzo de 2005, del Ministerio de Hacienda, la siguiente letra m) nueva:

“m) Realizar actos u omisiones de discriminación arbitraria en los términos señalados en el artículo 3º de la ley que establece medidas contra la discriminación.”.”.

Fue retirada la indicación número 86, en atención a que la aprobación prestada a la indicación número 75 versa sobre la misma materia.

º º º º

Artículo 11 nuevo

La indicación número 87 de los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, tiene por finalidad agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpóranse a la ley Nº 19.880 las siguientes modificaciones:

1.- Intercalar en la letra e) del artículo 17 entre la palabra “deferencia” y la letra “y”, la frase “sin discriminación alguna”.

2.- Reemplazar el actual inciso cuarto del artículo 10 por el siguiente nuevo texto:

“En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respecto a los principios de contradicción, igualdad y no discriminación de los interesados en el proceso.”.”.

Respecto del número 1, se consideró razonable la indicación, sin perjuicio de especificar que la frase sustitutiva debe ser “sin discriminación arbitraria”, y que para su adecuada inteligencia se debe reemplazar la conjunción “y” que antecede a la palabra “respeto” por una coma (,), y que la antedicha conjunción debe ser intercalada entre las palabras “respeto” y “sin”.

En lo que concierne al numeral 2, se estimó indispensable especificar que la referencia a la discriminación que se contiene en el nuevo inciso cuarto del artículo 10 de la ley N° 19.880, sea, en forma precisa la de “discriminación arbitraria”.

Puesta en votación, la indicación 87 fue aprobada con las modificaciones expresadas, con el voto unánime de sus miembros Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar.

º º º º

La indicación número 88 de los Honorables Senadores señores Girardi, Navarro y Ominami, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo..- Incorpóranse las siguientes modificaciones al Código Civil:

1.- Agrégase el siguiente nuevo inciso cuarto al artículo 225, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:

“No se comprenderá dentro de las inhabilidades para ejercer el cuidado personal del menor, la orientación sexual diversa del padre o de la madre que ejerza o pueda ejercer, de acuerdo con las reglas generales, este cuidado, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

2.- Agrégase el siguiente nuevo inciso final al artículo 226:

“No constituirá inhabilidad para esta designación la circunstancia descrita en el inciso cuarto del artículo precedente.”.

3.- Agrégase el siguiente inciso final nuevo al artículo 229:

“No será causal fundada para suspender o restringir este derecho, la orientación sexual diversa del padre o la madre, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

4.- Agrégase el siguiente nuevo inciso cuarto al artículo 244, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:

“No será causal para restringir o privar de este derecho la orientación sexual diversa del padre o de la madre, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

5.- Agrégase la siguiente parte final al inciso primero del artículo 267:

“No será causal para suspenderla la orientación sexual diversa del padre o de la madre que la detente, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.”.

El Subsecretario General de Gobierno señaló que el tenor de cado una los numerales de esta indicación excede el contenido de lo que el Ejecutivo espera como partes del proyecto, que es contar con una legislación general contra la discriminación que permita, por la vía jurisprudencial, la consolidación del concepto correspondiente, más que entrar a regular materias específicas; predicamento que compartieron los miembros de la Comisión, a excepción del Honorable Senador señor Ávila quien anunció que votará a favor de la indicación para permitir que sus autores puedan plantear los fundamentos de las modificaciones y propiciar un debate legislativo sobre estas instituciones.

Puesta en votación, la indicación 88 fue rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar, y el voto a favor del Honorable Senador señor Ávila.

º º º º

Las indicaciones números 88 bis y 88 ter de los Honorables Senadores señor Muñoz Aburto, y señor Núñez, respectivamente, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Agrégase, en el inciso sexto del artículo 2º del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1 de 2002, entre la expresión “cuarto” y el punto aparte (.) que le sucede las siguientes frases y oración: “y el requerimiento o aceptación, en los concursos de ingreso, selección y promoción de personal, de currículum vitae o reseñas biográficas que soliciten del postulante sus nombres, dirección, sexo, estado civil u otra identificación que no sean sus apellidos o pseudónimo y un número telefónico, casilla electrónica o similar para efectos de la comunicación durante el proceso. La inclusión de una fotografía sólo será permitida en tanto ella se ajuste a lo previsto en el inciso precedente”.

En votación, las indicaciones 88 bis y 88 ter, fueron rechazadas, con el voto en contra de los Honorables Senadores señores Chadwick, Kuschel, Naranjo y Zaldívar, y a favor del Honorable Senador Ávila.

º º º º

MODIFICACIONES PROPUESTAS

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.”. (Indicaciones Nºs 1 y 6, unanimidad 5x0)

Artículo 2º

Inciso primero

Reemplazar la oración “garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.”, por la siguiente “promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas.”. (Indicación Nº 10, mayoría de votos 3x2).

Inciso segundo

Reemplazar la palabra “destinadas” por la expresión “orientadas”, y la frase ·”en los términos que establece” por “de conformidad a”. (Art. 125 Reglamento, mayoría 4x1).

Inciso tercero

Sustituirlo por el siguiente:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”. (Indicación Nº 16, mayoría 4x1).

Inciso cuarto

Reemplazarlo por el siguiente:

“Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad a los incisos anteriores, estarán dirigidas directamente a aquellas personas o grupos de personas, que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y deberán tener como propósito específico lograr la igualdad en el ejercicio de sus derechos.”. (Indicación Nº 18, mayoría 4x1 en contra).

Artículo 3º

Sustituirlo por el siguiente

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”. (Artículo 125 Reglamento, mayoría 3x2).

Artículo 4º

Suprimirlo

(Indicaciones Nºs 33 y 34, unanimidad 4x0).

Artículo 5º

Pasa a ser artículo 4º, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 4º.- El o los directamente afectados, por sí o cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de tres meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, existiendo un vínculo de subordinación o dependencia entre la persona afectada y el denunciado de cometer la conducta discriminatoria, el plazo señalado en el inciso precedente se contará desde el momento en que cese dicho vínculo. Pero nunca podrá impetrarse transcurrido un año desde que se cometió el acto o se incurrió en la omisión discriminatoria.

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado.

La Corte podrá, a petición fundada, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión denunciada pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos. (Indicaciones Nºs 48 y 51, mayoría de votos 3x2).

Artículo 6º

Pasa a ser artículo 5º, sustituido por el siguiente:

“Artículo 5º.- Deducida la acción, la Corte de Apelaciones deberá dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificando por oficio la resolución que así lo ordene. El informe deberá ser evacuado por el requerido dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación.

El denunciado deberá señalar en su informe, las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho, en virtud de los cuales estima que la acción u omisión no es constitutiva de una discriminación arbitraria.

Hasta antes de la vista de la causa las partes podrán convenir una fórmula de reparación por el agravio causado mediante la conducta discriminatoria. El acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte para su aprobación y suspenderá el trámite de la acción por el término que las partes establezcan, el que, en todo caso, no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de su aprobación.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento o prosiga con la tramitación de la acción deducida.

Cumplido que sea el acuerdo, la Corte dejará sin efecto la vista de la causa y mandará archivar los antecedentes.

Con todo, no podrá haber acuerdo si el hecho denunciado es constitutivo de delito.

Si hubiere controversia sobre los hechos, la Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver. Ordenará, asimismo, traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la Sala que corresponda para el día subsiguiente, en donde oirá los alegatos que las partes ofrezcan.

Esta acción especial de no discriminación gozará de preferencia en su vista y fallo.

La vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez, siempre que así se solicite, independientemente del número de partes de la causa. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el inciso cuarto de este artículo.

La Corte dictará fallo dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo.

La vista de la causa se podrá suspender por una sola vez cuando sea solicitada por las partes y cuando la Corte Suprema la califique de fundada.”. (Indicaciones Nºs 48, 54 y 69, mayoría de votos 3x2).

Artículos 7º y 8º

Pasan a ser artículo 6º, sustituido por el siguiente:

Artículo 6º.- La Corte respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, cuando correspondan, para reparar el daño moral y patrimonial ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Acogida la acción y comprobada la comisión de actos u omisiones de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, la Corte sancionará al responsable con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 unidades tributarias mensuales.

El máximo señalado en el inciso precedente podrá aumentarse en el doble en caso que el responsable hubiere sido sancionado por otros actos u omisiones discriminatorias dentro de los doce meses precedentes.”. (Indicación Nº 62, unanimidad 4x0; Indicación Nº 65, 3x2 abstenciones y artículo 125 Reglamento, 3x2 en contra).

º º º

Intercalar, a continuación del Título III Disposiciones finales, el siguiente artículo 7º, nuevo:

Artículo 7º.- Agréguese en la letra l) del artículo 84 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras “acoso sexual” las siguientes “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la segunda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”. (Indicación Nº 75, unanimidad 4x0).

º º º

Artículo 9º

Pasa a ser artículo 8º, con el siguiente texto:

“Artículo 8º.- Agréguese en la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras “acoso sexual” la siguiente frase “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido por el aquél lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por ésta lo expresado en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”. (Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

º º º

Intercalar el siguiente artículo 9º, nuevo:

“Artículo 9º.- Reemplácese en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto “naturaleza humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, fomentar la paz, estimular la investigación científica”. (Indicación Nº 74, unanimidad 5x0).

º º º

Artículo 10

Reemplazar en el encabezamiento la palabra “Incorpóranse” por “Incorpórense”. (Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Nº 1

Sustituirlo por el siguiente:

“1.- Agréguese en el artículo 12, el siguiente numeral:

21ª Cometer el delito por motivos de discriminación fundados en la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, género, orientación sexual, o la enfermedad o discapacidad que padezca.”. (Indicación Nº 79, unanimidad 5x0 y artículo 121 del Reglamento 4x0).

Nº 2

Sustituir en el enunciado, la palabra “Incorpórase” por “Incorpórese”. (Artículo 121 Reglamento, unanimidad 5x0).

Reemplazar el artículo 137 bis, por el siguiente:

“Artículo 137 bis. El que por cualquier medio, realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover el odio o la violencia, respecto de un grupo o colectividad en razón de su etnia, de su raza, sexo, género, orientación sexual, religión, ideología o nacionalidad, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio.”. (Indicaciones Nºs 83 y 84 y artículo 125 Reglamento, mayoría de votos 4x1 abstención).

Nº 3

Suprimirlo

(Indicación Nº 85, unanimidad 5x0).

º º º

Agregar el siguiente artículo 11, nuevo:

“Artículo 11.- Incorpórense en la ley Nº 19.880 las siguientes modificaciones:

1.- Reemplácese el inciso cuarto del artículo 10 por el siguiente:

“En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción, igualdad y no discriminación arbitraria de los interesados en el procedimiento.”.

2.- Sustitúyase en la letra e), del artículo 17 la conjunción “y” que antecede a la palabra “respeto” por una coma (,), y agréguese a continuación del término “deferencia” la frase “y sin discriminación arbitraria”.”. (Indicación Nº 87, unanimidad 5x0).

- - -

Como consecuencia de las modificaciones propuestas, el texto del proyecto queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.

Artículo 2º.- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas.

El Estado podrá establecer distinciones o preferencias orientadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, de conformidad a la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.

Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad a los incisos anteriores, estarán dirigidas directamente a aquellas personas o grupos de personas, que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y deberán tener como propósito específico lograr la igualdad en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Título II

Acción especial de no discriminación

Artículo 4º.- El o los directamente afectados, por sí o cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de tres meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, existiendo un vínculo de subordinación o dependencia entre la persona afectada y el denunciado de cometer la conducta discriminatoria, el plazo señalado en el inciso precedente se contará desde el momento en que cese dicho vínculo. Pero nunca podrá impetrarse transcurrido un año desde que se cometió el acto o se incurrió en la omisión discriminatoria.

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado.

La Corte podrá, a petición fundada, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión denunciado pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos.

Artículo 5º.- Deducida la acción, la Corte de Apelaciones deberá dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificando por oficio la resolución que así lo ordene. El informe deberá ser evacuado por el requerido dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación.

El denunciado deberá señalar en su informe, las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho, en virtud de los cuales estima que la acción u omisión no es constitutiva de una discriminación arbitraria.

Hasta antes de la vista de la causa las partes podrán convenir una fórmula de reparación por el agravio causado mediante la conducta discriminatoria. El acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte para su aprobación y suspenderá el trámite de la acción por el término que las partes establezcan, el que, en todo caso, no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de su aprobación.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento o prosiga con la tramitación de la acción deducida.

Cumplido que sea el acuerdo, la Corte dejará sin efecto la vista de la causa y mandará archivar los antecedentes.

Con todo, no podrá haber acuerdo si el hecho denunciado es constitutivo de delito.

Si hubiere controversia sobre los hechos, la Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver. Ordenará, asimismo, traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la Sala que corresponda para el día subsiguiente, en donde oirá los alegatos que las partes ofrezcan.

Esta acción especial de no discriminación gozará de preferencia en su vista y fallo.

La vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez, siempre que así se solicite, independientemente del número de partes de la causa. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el inciso cuarto de este artículo.

La Corte dictará fallo dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo.

La vista de la causa se podrá suspender por una sola vez cuando sea solicitada por las partes y cuando la Corte Suprema la califique de fundada.

Artículo 6º.- La Corte respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, cuando correspondan, para reparar el daño moral y patrimonial ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Acogida la acción y comprobada la comisión de actos u omisiones de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, la Corte sancionará al responsable con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 unidades tributarias mensuales.

El máximo señalado en el inciso precedente podrá aumentarse en el doble en caso que el responsable hubiere sido sancionado por otros actos u omisiones discriminatorias dentro de los doce meses precedentes.

Título III

Disposiciones finales

Artículo 7º.- Agréguese en la letra l) del artículo 84 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras “acoso sexual” las siguientes “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la segunda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación”.

Artículo 8º.- Agréguese en la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras “acoso sexual” la siguiente frase “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido por el aquél lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por ésta lo expresado en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”.

Artículo 9º.- Reemplácese en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto “naturaleza humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.

Artículo 10.- Incorpórense al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agréguese en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21ª Cometer el delito por motivos de discriminación fundados en la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, género, orientación sexual, o la enfermedad o discapacidad que padezca.”.

2.- Incorpórese un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

Ҥ1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que por cualquier medio, realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover el odio o la violencia, respecto de un grupo o colectividad en razón de su etnia, de su raza, sexo, género, orientación sexual, religión, ideología o nacionalidad, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio.”.

Artículo 11.- Incorpórense en la ley Nº 19.880 las siguientes modificaciones:

1.- Reemplácese el inciso cuarto del artículo 10 por el siguiente:

“En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción, igualdad y no discriminación arbitraria de los interesados en el procedimiento.”.

2.- Sustitúyase en la letra e), del artículo 17 la conjunción “y” que antecede a la palabra “respeto” por una coma (,), y agréguese a continuación del término “deferencia” la frase “y sin discriminación arbitraria”.

- - -

Acordado en las sesiones celebradas los días 19 de abril, 3 y 10 de mayo y 5 de junio de 2006, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Ignacio Kuschel Silva, Presidente, (Antonio Horvath Kiss), Andrés Chadwick Piñera (Jorge Arancibia Reyes), Guido Girardi Lavín, Jaime Naranjo Ortiz y Adolfo Zaldívar Larraín (Hosaín Sabag Castillo); y en las sesiones celebradas los días 14 y 21 de junio, 19 de julio, 9 y 30 de agosto, 4, 11 y 30 de octubre, 6, 13 y 29 de noviembre y 6 y 13 diciembre de 2006, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Ignacio Kuschel Silva, Presidente, Nelson Ávila Contreras, Andrés Chadwick Piñera (Hernán Larraín Fernández), Jaime Naranjo Ortiz y Adolfo Zaldívar Larraín (Hosaín Sabag Castillo).

Sala de la Comisión, a 2 de enero de 2007.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

BOLETÍN N° 3.815-07

I.- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO:

1. Fija como un deber del Estado la elaboración de políticas y el arbitrio de las acciones necesarias para garantizar a las personas la prevención y la sanción de las conductas que importen una discriminación arbitraria en el efectivo goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

2. Delimita el concepto de discriminación arbitraria, sobre la base de cuatro variables. La primera, enuncia las modalidades que ésta puede adoptar; la segunda, prescribe que las distinciones, exclusiones o restricciones deberán basarse en algún motivo objetivo; la tercera explicita que la conducta discriminatoria se asocia a una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico nacional o por los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República de Chile, y, finalmente, constituye una cláusula abierta.

3. Instituye una acción especial de no discriminación para reclamar por las discriminaciones arbitrarias ante los tribunales de Justicia, y regula las reglas de procedimiento que le son aplicables.

4. Incluye a la discriminación arbitraria en la prohibición estatutaria de realizar actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, que afecta a los empleados públicos y municipales.

5. Modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de la Enseñanza, para establecer como deber del Estado en todos los niveles educacionales, en especial, en el de parvularia, la promoción del estudio y el conocimiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación.

6. Incluye normas penales, en especial una circunstancia agravante de responsabilidad criminal y una figura delictiva encuadrada dentro de un párrafo nuevo de los delitos contra la igualdad de las personas en divinidad y derechos, en el Título III del Libro II del Código del ramo.

7. Modifica la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, con el propósito de proteger el derecho de las personas a no ser discriminados por el Estado (artículo 17) y de evitar la discriminación arbitraria en la acción de los órganos administrativos (artículo 10).

II.- ACUERDOS:

Indicación N° 1: Aprobada con modificaciones 5x0.

Indicaciones Nos. 2, 3, 4 y 5: Rechazadas 5x0.

Indicación N° 6: Aprobada con modificaciones 5x0

Indicación N° 7: Rechazada 5x0.

Indicación N° 8: Rechazada 5x0.

Indicación N° 9: Rechazada 3x2.

Indicación N° 10: Aprobada con modificaciones 3x2.

Indicación N° 11: Retirada.

Indicaciones Nos.12 y 12bis: Rechazadas 3x2.

Indicación N° 13: Retirada.

Indicación N° 14: Rechazada 3x2.

Indicación N° 15: Rechazada 4x1.

Indicación N° 16: Aprobada 4x1.

Indicación N° 17: Retirada.

Indicación N° 18: Aprobada con modificaciones 4x1.

Indicación N° 19: Rechazada 3x2.

Indicación N° 20: Rechazada por doble empate 2x2.

Indicación N° 21: Retirada.

Indicación N° 22: Rechazada 3x2.

Indicaciones Nos.23 y 24: Retiradas.

Indicaciones Nos.25 y 26: Rechazadas 5x0.

Indicación N° 27: Rechazada 5x0.

Indicación N° 28: Retirada.

Indicación N° 29: Rechazada 5x0.

Indicaciones Nos.30 y 31: Rechazadas 5x0.

Indicación N° 32: Retirada.

Indicaciones Nos.33 y 34: Aprobadas 4x0.

Indicaciones Nos.35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 41bis, 42,

43 y 44: Rechazadas 4x0.

Indicación N° 45: Rechazada 4x0.

Indicación N° 46: Rechazada 3x2.

Indicación N° 47: Rechazada 3x2.

Indicación N° 48: Aprobada con modificaciones 3x2.

Indicaciones Nos.49 y 50: Retiradas.

Indicación N° 51: Aprobada con modificaciones 3x2.

Indicaciones Nos.51bis y 51ter: Rechazadas 5x0.

Indicación N° 52: Retirada.

Indicación N° 53: Rechazada 3x2.

Indicación N° 54: Aprobada con modificaciones 3x2.

Indicación N° 55: Rechazada 3x2.

Indicación N° 56: Retirada.

Indicación N° 57: Rechazada 3x2.

Indicación N° 58: Retirada.

Indicación N° 59: Retirada.

Indicación N° 60: Rechazada 3x2

Indicación N° 61: Rechazada 4x0.

Indicación N° 62: Aprobada 4x0.

Indicación N° 63: Rechazada 3x2.

Indicación N° 64: Rechazada. 3x2.

Indicación N° 65: Aprobada con modificaciones 3x2 abstenciones.

Indicaciones Nos.66 y 67: Retiradas.

Indicación N° 68: Rechazada 5x0.

Indicación N° 69: Aprobada con modificaciones 3x2.

Indicación N° 70: Rechazada 3x2.

Indicación N° 71: Rechazada 3x1x1.

Indicación N° 72: Rechazada 3x1x1.

Indicación N° 73: Inadmisible.

Indicación N° 74: Aprobada con modificaciones 5x0.

Indicación N° 75: Aprobada con modificaciones 4x0.

Indicación N° 76: Rechazada 3x2.

Indicaciones Nos.77 y 78: Rechazadas 5x0.

Indicación N° 79: Aprobada con modificaciones 5x0.

Indicación N° 80: Retirada

Indicaciones Nos.81 y 82: Rechazadas 5x0.

Indicaciones Nos.83 y 84: Aprobadas con modificaciones 4x1 abstención.

Indicación N° 85: Aprobada 5x0.

Indicación N° 86: Retirada.

Indicación N° 87: Aprobada con modificaciones 5x0.

Indicación N° 88: Rechazada 4x1.

Indicaciones Nos.88bis y 88ter: Rechazadas 4x1.

III.-ESTRUCTURA DEL PROYECTO: el proyecto consta de 11 artículos permanentes.

IV.-NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 4º, 5º, 6º y 9º son normas de rango orgánico constitucionales, los tres primeros en virtud del artículo 77 de la Constitución Política de la República, y el último, lo es en conformidad al artículo 19 N° 11 de la misma Ley Fundamental.

V.-URGENCIA: Simple.

VI.-ORIGEN DE LA INICIATIVA: Mensaje de S. E. el Presidente de la República.

VII.-TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII.APROBACION POR LA CAMARA DE DIPUTADOS: aprobación en general: votaron 50 por la afirmativa; 24 por la negativa, 3 abstenciones.

IX.INICIO TRAMITACION EN EL SENADO: 12 de octubre de 2005.

X.-TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI.-LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

Constitución Política de la República, en especial sus artículos 5° inciso segundo, 19 N° 2°, y 20.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica", promulgada por el decreto supremo Nº 873, de Relaciones Exteriores, de 1990, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”, promulgada por el decreto supremo N° 747, de Relaciones Exteriores, de 1971, publicado en el Diario Oficial del 12 de noviembre de 1971.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, promulgado por el decreto supremo Nº 778, de Relaciones Exteriores, de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante la resolución 39/46, del 10 de diciembre de 1984 promulgada por el decreto supremo N° 808, de Relaciones Exteriores, de 1988, publicado en el Diario Oficial del 10 de diciembre del año precedentemente indicado.

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, cuya promulgación se hizo por el decreto supremo N° 789, de Relaciones Exteriores, de 1989, que se publicó en el Diario Oficial del 9 de diciembre del mismo año.

Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,; promulgada por el decreto supremo N° 830, de Relaciones Exteriores, de 1990, que se publicó en el Diario Oficial del 27 de septiembre de ese mismo año.

Convenio N° 111, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, adoptado en la 42ª Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el 25 de junio de 1958, promulgado por decreto supremo N° 733, de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 13 de noviembre de 1971.

Convenio N° 100, relativo a la Igualdad de Remuneraciones entre Mano de Obra Masculina y Mano de Obra Femenina, por el Trabajo de Igual Valor, de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue promulgado por el decreto supremo N° 732, de Relaciones Exteriores, de 1971, publicado en el Diario Oficial del 12 de noviembre 1971.

Convenio N° 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares.

Valparaíso, 2 de enero de 2007.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

INDICE

Constancias reglamentarias...3

Discusión en particular...5

Modificaciones propuestas...78

Resumen ejecutivo...92

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INFORME PROYECTO LEY 65-2006

Oficio N° 27

Antecedente: Boletín N° 3815-07

Santiago, 23 de enero de 2007

Por Oficio N° DH/259/2006 de 19 de diciembre de 2006, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.918 y lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín N° 3815-07, que establece medidas contra la discriminación.

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 19 de enero del presente, presidida por el subrogante don Ricardo Calvez Blanco, y con la asistencia de los ministros señores Alberto Chaigneau del Campo, Jorge Rodríguez Ariztía, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Fajardo, señora Margarita Herreros Martínez y señores Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman y Pedro Pierry Arrau, acordó informar favorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones:

AL SEÑOR

PRESIDENTE

COMISIÓN DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

HONORABLE SENADO

CARLOS KUSCHEL SILVA

VALPARAÍSO

I Antecedentes

El proyecto fue informado por esta Corte Suprema, desfavorablemente, el 3 de mayo de 2005 (Oficio N° 58). A juicio del tribunal, en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República "se regula de algún modo la no discriminación y, frente a la amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de este derecho, se concede el recurso de protección". Además, señaló:

"(...) este Tribunal es de opinión que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo".

En esa oportunidad 7 ministros fueron de opinión de informar favorablemente el proyecto, "por estimar que la iniciativa resultaría un complemento necesario al derecho constitucional de la igualdad ante la ley y la prohibición que se le impone a la ley o cualquiera autoridad para establecer diferencias arbitrarias".

La Corte informó por segunda vez el proyecto, también desfavorablemente, el 15 de noviembre de 2005 (Oficio N° 168), a partir de las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados al texto enviado por el Ejecutivo. En particular, se pronunció sobre:

- La eliminación del plazo de 30 días para interponer la acción, lo que a su juicio importaba un serio reparo respecto a la seguridad jurídica.

- La no referencia a norma de competencia territorial alguna, pues el proyecto hablaba de "Corte respectiva". A juicio del máximo tribunal: "(...) en este panorama al no existir regla general, cualquiera Corte de Apelaciones podría ser competente, sin referirse a lo menos al lugar en que se hubiese cometido el acto u omisión arbitrarios".

- La eliminación de la disposición que facultaba a la Corte Suprema para regular, a través de un auto acordado, los aspectos necesarios para la debida sustanciación de la acción. Dicha eliminación se mantiene en el texto-sometido actualmente a la consideración de la Corte. No obstante lo anterior, y como señaló el máximo tribunal en su anterior informe, esa eliminación no le impide, dentro de sus facultades, dictar instrucciones de carácter económico sobre la materia.

- La eliminación de la procedencia del recurso de apelación, respecto del texto informado la primera vez.

En rigor, el rechazo del proyecto ha sido fundamentado por esta Corte porque, en su opinión, el derecho que se pretende amparar "la no discriminación" se encuentra consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política al tratar de la igualdad ante la ley y debidamente tutelado por la acción de protección, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para ser resguardado. Se observaron, además, otras cuestiones de orden procesal que a esta Corte le preocupan y que se puso en conocimiento del Honorable Senado por oficio 168 de 15 de noviembre de 2.005.

A lo anterior es necesario manifestar el deterioro que le parece a esta Corte, se produce con respecto de la eficacia de la acción de protección como tutela efectiva de las garantías constitucionales, al crearse otros mecanismos que cumplirían el mismo rol. Son los casos del amparo económico, regulado por la ley 18.971 y el procedimiento de tutela laboral contenido en el artículo 485 del Código del Trabajo.

Sin embargo, como se ha insistido en la creación de esta acción especial, pese a los reparos formulados por este tribunal, es necesario enfatizar que este último proyecto mejora ostensiblemente los aspectos sustantivos y procesales que le merecieron también objeción a esta Corte.

En lo sustancial se describe casuísticamente el marco legal de la tutela al derecho de no ser discriminado, complementando de este modo la garantía prevista en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Así el artículo 3° del proyecto entiende por discriminación arbitraria: "...toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes."

En cuanto a la aplicación de las multas se innova en el sentido de simplificar la forma de imponerlas, según el artículo 6°, determinándose un monto máximo para sancionar al responsable, con posibilidad de ampliar al doble la cantidad de la multa por situaciones de reincidencia, todo a discreción del tribunal.

En los aspectos procesales se advierte también una corrección sobre la materia, acogiendo en parte las objeciones que en este sentido formuló este tribunal en informes anteriores, sobre el mismo proyecto de ley.

II. Contenido de las Modificaciones:

Estas modificaciones dicen relación con las siguientes materias:

1. Incompatibilidad de la acción especial de no discriminación con el recurso de protección

Se hace presente, en el inciso final del artículo 4°, que la acción de discriminación no es compatible con el recurso de protección u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos:

"Artículo 4° (...)

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos".

Cabe tener presente que en su informe de 15 de noviembre de 2005, la Corte señaló: "(...) el derecho que se pretende amparar ya se encuentra consagrado en el N° 2 del artículo 19 del la Constitución Política de la República, al tratar de la igualdad ante la ley, para cuya tutela jurídica existe el recurso de protección".

De este modo, resulta alentador el privilegio normativo que se hace de la acción constitucional por otra, de carácter especial y legal.

2. Plazo para deducir la acción

Se subsanan los defectos de ausencia de plazo para deducir la acción, estableciéndose en el inciso segundo del artículo 4° un plazo de tres meses:

"Artículo 4° (...)

La acción podrá impetrarse dentro de tres meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos".

En su informe de 15 de noviembre de 2005, la Corte señaló que la ausencia de plazo dejaba sin un término determinado la posibilidad de recurrir, lo cual importaba "un serio reparo con respecto a la seguridad jurídica".

3. Competencia territorial

Se establecen y precisan normas sobre competencia territorial. En efecto, el inciso cuarto del artículo 4° dispone:

"Artículo 4° (...)

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado".

La Corte, en su anterior informe, y ante la ausencia de norma alguna de competencia territorial, había advertido: "en este panorama al no existir regla general, cualquiera Corte de Apelaciones podría ser competente, sin referirse a lo menos al lugar en que se hubiese cometido el acto u omisión arbitrarios".

4. Recurso de Apelación

Se establece, en el inciso duodécimo del artículo 5°, la procedencia del recurso de apelación, en los siguientes términos:

"Artículo 5° (...)

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo".

En su informe anterior, el máximo tribunal había advertido que la eliminación en el proyecto de la procedencia del recurso de apelación: "podría permitir que el agraviado pueda interponer el recurso de queja, según los requisitos que se establecen en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, para lo cual sería conveniente expresar que, en contra del fallo definitivo de la Corte de Apelaciones, no procederá recurso alguno".

Para concordar esta materia con el Auto Acordado de esta Corte sobre recurso de protección, sería conveniente que la apelación se conociera en cuenta, sin perjuicio de la facultad del tribunal para traer los autos en relación. Para lo anterior, en las conclusiones del presente informe, se sugiere la pertinente redacción.

5. Procedimiento

Se reduce el carácter inquisitivo del procedimiento propuesto, manteniéndose el principio dispositivo en el proceso. Además, se acogen ciertas prevenciones contenidas en el primer informe de la Corte, en cuanto a regular ciertos vacíos en el procedimiento, perfeccionando su tramitación. La tramitación de la acción está regulada entre los incisos primero a tercero y octavo a decimotercero del artículo 5° del proyecto:

"Artículo 5°.- Deducida la acción, la Corte de Apelaciones deberá dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificando por oficio la resolución que así lo ordene. El informe deberá ser evacuado por el requerido dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación.

El denunciado deberá señalar en su informe, las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho, en virtud de los cuales estima que la acción u omisión no es constitutiva de una discriminación arbitraria.

(...) Si hubiere controversia sobre los hechos, la Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver. Ordenará, asimismo, traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la Sala que corresponda para el día subsiguiente, en donde oirá los alegatos que las partes ofrezcan.

Esta acción especial de no discriminación gozará de preferencia en su vista y fallo.

La vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez, siempre que así se solicite, independientemente del número de partes de la causa. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el inciso cuarto de este artículo.

La Corte dictará fallo dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo.

La vista de la causa se podrá suspender por una sola vez cuando sea solicitada por las partes y cuando la Corte Suprema la califique de fundada".

En el primer informe el voto de minoría, favorable al proyecto, había hecho presente lo siguiente: "en relación a la prueba, el proyecto permite a la Corte abrir un término probatorio, lo cual, según la redacción del inciso 3° del artículo 5°, debiera decidirse al concluir la vista de la causa. Pareciera más razonable reducir el efecto inquisitivo de investigación del mismo tribunal que va a resolver, en una fórmula más simple: que la recepción de la causa a prueba fuera decidida, si el trámite fuere procedente, como es lo regular, una vez evacuado el informe y, luego, concluida la vista de la causa, se facultara al tribunal para decretar medidas probatorias para el mejor acierto del fallo".

6. Acuerdos reparatorios

En los incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 5° del proyecto, se establece la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios, suspendiéndose la vista de la causa:

"Artículo 5° (...)

Hasta antes de la vista de la causa las partes podrán convenir una fórmula de reparación por el agravio causado mediante la conducta discriminatoria. El acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte para su aprobación y suspenderá el trámite de la acción por el término que las partes establezcan, el que, en todo caso, no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de su aprobación.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento o prosiga con la tramitación de la acción deducida.

Cumplido que sea el acuerdo, la Corte dejará sin efecto la vista de la causa y mandará archivar los antecedentes.

Con todo, no podrá haber acuerdo si el hecho denunciado es constitutivo de delito”.

III Conclusiones

De esta manera, pese a que este Tribunal, en el proyecto original y en otra modificación sobre el asunto, no estuvo de acuerdo con la acción especial que contempla, por estimar que era suficiente la acción constitucional de protección, ante la insistencia sobre su procedencia y como se advierte en lo sustantivo, que se clarifica el ámbito de aplicación de este arbitrio especial contra la discriminación y, en lo procesal, se expresa que interpuesta la acción de protección precluye el ejercicio de la que contempla la iniciativa legal, privilegiando de este modo el estatuto constitucional y corregidos, además, los otros reparos adjetivos advertidos por esta Corte, es que se emite un pronunciamiento favorable al proyecto en estudio, haciendo presente lo siguiente:

1. Con el objeto de precisar aún más la incompatibilidad de la acción especial de no discriminación con el recurso de protección y con otras acciones judiciales contenidas en leyes especiales, se propone la siguiente redacción para el inciso final del artículo 4° de la iniciativa:

"Artículo 4° (...)

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos y se archivara en caso de haberse ya deducidos".

2. En cuanto a la tramitación de la acción, se propone la siguiente redacción para los incisos 11 y 12 del artículo 5° de la iniciativa:

"(...) La Corte apreciará la prueba conforme a la sana crítica y dictará fallo dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo. Este Tribunal conocerá el asunto en cuenta, sin perjuicio de ordenar traer los autos en relación si existieren motivos fundados para ello".

3. Las modificaciones señaladas con respecto al Estatuto Administrativo, de la Ley 18.834; Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, de la Ley 18.883; de la Ley 18.962, 19.880 y Código Penal, no tienen el carácter de orgánicas relacionadas con la organización y atribuciones de los tribunales.

4. Finalmente, se hace presente que será necesario considerar en el presupuesto del Poder Judicial los fondos necesarios para atender el mayor costo que representaría esta ley.

Lo anterior es todo cuanto puedo informar.

Dios guarde a V.S

Ricardo Gálvez Blanco

Presidente Subrogante

Carlos Meneses Pizarro

Secretario

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

BOLETÍN Nº 3815-07

19.11.07

CON NUEVAS INDICACIONES

ARTÍCULO 1º

1.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona.”.

2.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda acción de discriminación arbitraria, que amenace, perturbe o prive a una persona del goce o ejercicio de alguno de los derechos esenciales consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

3.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

3BIS.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria.”.

4.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimir la palabra “prevenir”.

5.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar la palabra “eliminar” por “sancionar”.

6.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación de las palabras “cualquier persona”, la frase “o grupo de personas”.

7.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de las palabras “cualquier persona que”, la expresión “no reconozca”.

8.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para sustituir la frase “que suprima o menoscabe” por “que suprima, menoscabe o inhabilite el pleno ejercicio de”.

8BIS.-Del Honorable Senador señor Vásquez, para reemplazar el punto (.) por una coma (,) y agregar “en abierta contravención a las normas legales vigentes”.

ARTÍCULO 2º

9.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

10.-Del Honorable Senador señor Núñez, para intercalar, en su inciso primero, entre las palabras “para” y “garantizar”, la expresión “promover y”.

11.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “igualitario”, el término “reconocimiento”.

11BIS.-De los Honorables Senadores señores Chadwick, y 11TER.- Espina y Kuschel, para suprimir sus incisos segundo, tercero y cuarto.

11QUÁTER.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para suprimir sus incisos tercero y cuarto.

12.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

“Las distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, serán objeto de leyes en los términos que establece la Constitución Política de la República.”.

12bis.-Del Honorable Senador señor Chadwick, en subsidio de la indicación Nº 12, para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal y en caso alguno podrá exceder de cuatro años. Con todo, dicha distinción o preferencia deberá ser informada a la comisión o comisiones pertinentes del Congreso Nacional por el Ministerio encargado de su implementación cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”.

13.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para reemplazar sus incisos segundo y tercero por el siguiente:

“Corresponde a los poderes públicos del Estado y los demás que emanen de ellos, garantizar las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Sus respectivas entidades y dependencias deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de los particulares en la prevención de dichos obstáculos.”.

14.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituir, en su inciso segundo, la expresión “el Estado” por “la ley”.

14BIS.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para agregar, en su inciso segundo, la frase “legislación vigente y la” entre los términos “la” y “Constitución”.

15.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para suprimir, en su inciso segundo, la frase “, en los términos que establece la Constitución Política de la República”.

16.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazar su inciso tercero por el siguiente:

“El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”.

17.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituir su inciso tercero por el siguiente:

“Asimismo, el contenido de las medidas que se adopten en este sentido, deberá estar relacionado directamente con las personas o grupo de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y destinado específicamente a superar dicha determinada desventaja.”.

17BIS.-Del Honorable Senador señor Vásquez, para reemplazar el punto aparte (.) por uno seguido (.) y agregar “En todo caso, dichas distinciones o preferencias deberán ser establecidas por un plazo determinado, el que no podrá ser superior a diez años, renovable por una vez mediante resolución fundada por el mismo organismo que las estableció.”.

18.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazar su inciso cuarto por el siguiente:

“Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad a los incisos anteriores, estarán regidas directamente a aquellas personas o grupos de personas, que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y deberán tener como propósito superar dicha desventaja específica.”.

19.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituir, en su inciso cuarto, la expresión “el Estado” por “la ley”.

ARTÍCULO 3º

20.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de ideología, religión o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio, de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

20BIS.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión o restricción, cometida por agentes del Estado o particulares, fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socio económica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.”.

21.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricciones o preferencia basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión o creencias, nacionalidad o ascendencia nacional, origen social y o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, comunales o instituciones públicas o privadas o cualquier otra condición social o individual que tenga por objeto privar, perturbar o amenazar, el legítimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

21BIS.-De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República.”.

21TER.- De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República”.

21QUÁTER.- Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricciones o preferencias, que tenga por objeto privar, perturbar o amenazar, el legitimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

22.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y el correspondiente recurso de protección que se encuentra consagrado en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, se entenderá, entre otros, por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, de carácter arbitrario, basadas en motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, religión o creencias, antisemitismo, nacionalidad o ascendencia nacional, origen social y o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, que tengan por objeto privar, perturbar o amenazar, el legítimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

23.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, color, etnia, idioma o lengua, edad, sexo, género u orientación sexual, religión o creencias, ideología, nacionalidad, origen nacional, socio económico o cultural, opinión política, lugar de residencia o zona geográfica de origen, enfermedad, discapacidad, descendencia, apariencia, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

24.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de raza o etnia, religión o creencias, nacionalidad, origen cultural o socio económico, en una enfermedad o discapacidad, apariencia física, lugar de residencia, en el género u orientación sexual, edad, opinión política o cualquiera otra condición social o individual, que prive, perturbe o amenace el goce o ejercicio de los derechos esenciales de toda persona consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

24BIS.-Del Honorable Senador señor Vásquez, para intercalar, entre las palabras “restricción” y “fundada”, el término “antojadiza”.

25.-De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, y 26.- señores Chadwick y Girardi, para intercalar, a continuación de “xenofobia”, la palabra “antisemitismo”.

27.-Del Honorable Senador señor Núñez, para sustituir la palabra “apariencia” por “imagen o apariencia personal”.

28.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de “apariencia”, las palabras “lenguaje y cultura”.

29.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación de la frase “de los derechos esenciales a toda persona humana”, la expresión “o grupo de personas”.

30.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para agregar, entre las causales de discriminación, el estado civil o filiación de las personas.

31.-De los Honorables Senadores señores Chadwick, Girardi y Kuschel, para incluir “lugar de residencia” entre creencia, y opinión política.

32.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para consultar, como inciso segundo, el siguiente:

“La acción de discriminación arbitraria se transformará inmediatamente en causa de acción civil cuando la persona o el grupo de personas directamente afectada, no obtenga el cumplimiento del derecho consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política y se desconozcan los antecedentes formales y públicos que la transformaron en requisito, garantía, cualidad o distinción según las prácticas referidas en el artículo 4º.”.

32BIS.-Del Honorable Senador señor Vásquez, para agregarle el siguiente inciso nuevo:

“No se considerarán discriminatorios las expresiones, opiniones, afirmaciones o comentarios fundados en los textos que constituyen libros sagrados o sirven de fundamento a las iglesias, confesiones religiosas o a instituciones esencialmente éticas, expresados o manifestados oral o visualmente en templos, lugares de culto o sedes de dichas instituciones o fuera de ellos, salvo que dichos comentarios, expresiones, opiniones o afirmaciones promuevan o inciten el odio o la violencia, la agresión física, verbal o sicológica contra personas o grupos, la alteración del orden público o a la seguridad del Estado.”.

32TER.- Del Honorable Senador señor Letelier, para agregarle el siguiente inciso nuevo:

“Se entenderá expresamente que existe discriminación respecto de la apariencia personal en alguna institución educacional, cualquiera sea su naturaleza, cuando se prohíba el ingreso o no se permita la continuidad de algún alumno como consecuencia de su pelo o vestimenta.”.

º º º º

32QUÁTER.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 3º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- El o los directamente afectados podrán ocurrir con un recurso de protección por sí o por cualquiera a su nombre por las distinciones, exclusiones o restricciones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra.

El recurso de protección por discriminación arbitraria deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiera al domicilio del afectado.

En la tramitación de este recurso de Protección, la Corte, si hubiera controversia sobre los hechos, y lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.”.

º º º º

ARTÍCULO 4º

33.-De S.E. la señora Presidenta de la República, 34.- del Honorable Senador señor Kuschel, y 34BIS.- de los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para suprimirlo.

34TER.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo...- Acogido el recurso de protección en los términos señalados en el artículo anterior, la Corte sancionará, al responsable del acto u omisión de discriminación arbitraria, con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales, pudiendo aumentarse hasta el doble dicho máximo en caso de reincidencia de la práctica discriminatoria.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso corresponda, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.”.

34QUÁTER.- De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo...- El o los directamente afectados, por sí o por cualquiera a su nombre capaz de comparecer en juicio, podrán denunciar en forma escrita, los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria cometida en su contra, en los términos a que se refiere el artículo 3º de esta ley.

La acción deberá deducirse dentro del plazo de tres meses, contado desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, existiendo un vínculo de subordinación o dependencia entre la persona afectada y el denunciado de cometer la conducta discriminatoria, el plazo señalado en el inciso precedente se contará desde el momento en que cese dicho vínculo. En ningún caso, la acción podrá deducirse transcurrido un año desde que se cometió el acto o se incurrió en la omisión discriminatoria.

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado.

Presentada la acción, el tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesta en tiempo y si se mencionan hechos que puedan constituir una discriminación arbitraria. Si su presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir una discriminación arbitraria, la declarará inadmisible por resolución fundada, la que sólo será susceptible del recurso de reposición ante el mismo tribunal, el que deberá interponerse dentro de tercero día.

La Corte podrá, de oficio o a petición fundada, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión denunciado pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Interpuesto el recurso de protección a que se refiere el artículo 20º de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales, no podrá deducirse la acción regulada en el presente Título, siempre que se refiera a los mismos hechos y a las mismas partes.”.

letra a)

35.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para reemplazar la frase “Las distinciones basadas en” por “Las distinciones, debidamente expresadas y a disposición del conocimiento público, basadas en”.

36.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituir la palabra “capacidades” por “la capacidad, idoneidad”.

letra b)

37.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para agregar la siguiente frase final: “debidamente señalizados y expuestos públicamente a los interesados”.

letra c)

38.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Las que establezca la ley como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público, así como otras disposiciones vigentes o que se incorporen a los ordenamientos legales.”.

39.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirla por la siguiente:

“c) El establecimiento legal de requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público.”.

º º º º

40.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para intercalar, a continuación de la letra c), la siguiente, nueva:

“...) El establecimiento de requisitos de ingreso o permanencia en una organización de la sociedad civil, establecidos en sus respectivos estatutos aprobados de conformidad a la ley.”.

º º º º

letra d)

41.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que establezca la ley entre ciudadanos y no ciudadanos, así como las que se realicen en consideración de algún requisito o condición especial prevista en la ley.”.

º º º º

41bis.-Del Honorable Senador señor Muñoz Aburto, para agregar la siguiente letra nueva:

“...) Las que resulten de la aplicación de beneficios, incentivos, subsidios, franquicias y cualquier otra medida destinada a favorecer a los habitantes de las zonas extremas o apartadas del país, y”.

º º º º

letra e)

42.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirla por la siguiente:

“e) En general, todas las que no priven, perturben o amenacen el goce o ejercicio de los derechos esenciales de toda persona consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

43.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para reemplazarla por la siguiente:

“e) En general todas aquellas acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades. Dichas acciones tendrán un carácter temporal y no podrán mantenerse después de alcanzados los objetivos para los cuales fueron diseñadas.”.

º º º º

44.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para consultar la siguiente letra nueva:

“...) Las preferencias que se establezcan a favor de una persona o grupo en razón de su pertenencia a alguno de los pueblos originarios del país.”.

º º º º

45.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación del artículo 4º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- En caso de que cualquier disposición de la ley o de los tratados internacionales aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones, se deberá preferir aquélla que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos en situación de vulnerabilidad.”.

º º º º

TÍTULO II

Acción especial de no discriminación

46.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

ARTÍCULO 5º

47.-Del Honorable Senador señor Chadwick, 47BIS.- de S.E. la señora Presidenta de la República, y 47TER.-, de los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para suprimirlo.

48.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de tres meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, existiendo un vínculo de subordinación o dependencia entre la persona afectada y el denunciado de cometer la conducta discriminatoria, el plazo señalado en el inciso precedente se contará desde el momento en que cese dicho vínculo. Pero nunca podrá impetrarse transcurrido un año desde que se cometió el acto o incurrido en la omisión discriminatoria.

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado.

La Corte podrá, a petición fundada, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión recurrido pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Esta acción especial de no discriminación gozará de preferencia en su vista y fallo.

La vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez, siempre que así se solicite, independiente del número de partes del recurso. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el artículo 6º.

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos.”.

49.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los hechos que constituyan una discriminación arbitraria, en los términos establecidos en el artículo 3º de esta ley, de acuerdo al procedimiento que se señala en los incisos siguientes.

La acción podrá interponerse dentro de los seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción, o se hubiere tenido conocimiento de aquélla por parte del ofendido si esto hubiera ocurrido con posterioridad, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido la infracción, la que conocerá de ella en primera instancia. Deducida la acción en el plazo señalado, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.

La Corte podrá, a petición fundada del interesado, decretar orden de no innovar, cuando la infracción denunciada pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

La Corte requerirá que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas denunciadas de cometer la infracción, fijándole un plazo breve y perentorio para emitirlo. Evacuado el informe, o vencido el plazo para emitirlo, el tribunal ordenará traer los autos en relación y se agregará extraordinariamente la causa en la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la sala, si corresponde. Sin perjuicio de lo anterior, evacuado el informe, se podrá recibir la causa a prueba y escuchar los alegatos de las partes. Una vez concluida la vista de la causa, el tribunal podrá decretar medidas probatorias para el mejor acierto del fallo.

En todo lo no previsto en este artículo, la acción especial de no discriminación se regirá por el procedimiento establecido para la tramitación del recurso de protección.”.

49BIS.-De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo...- Acogida a tramitación la acción, la Corte de Apelaciones deberá dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificando por oficio la resolución que así lo ordene. El informe deberá ser evacuado por el requerido dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación.

El denunciado deberá señalar en su informe las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho, en virtud de los cuales estima que la acción u omisión no es constitutiva de una discriminación arbitraria.

Hasta antes de la vista de la causa las partes podrán celebrar un acuerdo reparatorio respecto del agravio causado con motivo de la conducta discriminatoria, sólo en aquellos casos en que el hecho denunciado no sea constitutivo de delito. El acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte para su aprobación y suspenderá el procedimiento por el término que las partes establezcan, el que no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de su aprobación.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento o prosiga con la tramitación de la acción deducida.

Cumplido que sea el acuerdo, la Corte dejará sin efecto la vista de la causa y mandará archivar los antecedentes.

La Corte, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la causa a prueba sólo si hubiere controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente. El término probatorio será de ocho días. Recibido el informe y los antecedentes requeridos, la Corte ordenará traer los autos en relación.

Tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema, la vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez a petición del denunciante, independientemente del número de partes de la causa, y respecto del denunciado, aunque fuere más de una la persona afectada, sólo cuando el Tribunal estimare el fundamento de su solicitud muy calificado. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el inciso cuarto de este artículo.

La Corte dictará fallo dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

La sentencia se notificará personalmente o por el estado diario a la persona que hubiere deducido la acción y a los denunciados que se hubieren hecho parte en él.”.

49TER.- Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo...- El que por causa de actos u omisiones, sufra una discriminación arbitraria o ilegal podrá interponer la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política.”.

50.-Del Honorable Senador señor Chadwick, en subsidio de la indicación Nº 47, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5º.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra. Será competente para conocer de este recurso la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se hubiere cometido el acto u omisión a que se refiere el presente artículo, dentro del plazo fatal de 15 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

51.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para sustituir su inciso primero por el siguiente, nuevo:

“Artículo 5º.- El o los directamente afectados, por sí o cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra o en contra del grupo a que pertenezcan.”.

51bis.-De los Honorables Senadores señor Muñoz Aburto, y 51ter.- señor Núñez, para agregar, al inciso primero, la siguiente frase y oración finales: “, a su arbitrio ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción hubieren ocurrido o la de su domicilio. El procedimiento descrito en el presente título será aplicable a los casos señalados en el inciso sexto del artículo segundo del Código del Trabajo.”.

º º º º

52.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de su inciso primero, el siguiente, nuevo:

“La acción podrá impetrarse dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.”.

º º º º

52BIS.-Del Honorable Senador señor Vásquez, para reemplazar el inciso séptimo por el siguiente:

“Con todo, aún cuando exista acuerdo entre las partes, en caso que sea posible estimar que los hechos pueden llegar a ser constitutivos de delito, la Corte ordenará remitir los antecedentes a la Fiscalía competente.”.

º º º º

ARTÍCULO 6º

53.-Del Honorable Senador señor Chadwick, 53BIS.- de S.E. la señora Presidenta de la República, y 53TER.- de los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para suprimirlo.

54.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 6º.- Deducida la acción, la Corte de Apelaciones deberá investigar la denuncia y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificándola por oficio. Ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles para formular observaciones.

El informe deberá justificar suficientemente, en forma objetiva y razonada, que la acción u omisión discriminatoria no es arbitraria.

Hasta el vencimiento del plazo para evacuar el informe, podrá el afectado convenir con el denunciante una fórmula reparatoria por el agravio causado mediante la conducta discriminatoria. El acuerdo suspenderá la prosecución de la tramitación de la acción, por el término que las partes establezcan, el que, en todo caso, no podrá exceder de 6 meses, contados desde la fecha del acuerdo.

Dicho acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte hasta antes de la dictación de la sentencia para su aprobación. El acuerdo contendrá, además de la reparación del mal causado, el reconocimiento del acto discriminatorio por parte del ofensor.

Con todo, no podrá haber acuerdo si el hecho denunciado es constitutivo de delito.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso cuarto, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento.

Si hubiere controversia sobre los hechos, la Corte abrirá un término probatorio que no podrá exceder de ocho días. La Corte, una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, desde que quede en estado de sentencia.”.

55.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 6º.- La Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En tal caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente la determinación de los perjuicios que procedieren. La determinación del monto será determinado en procedimiento breve y sumario, considerando la gravedad del hecho, acto o práctica discriminatoria.

Si la sentencia estableciera fundadamente que la denuncia carece de toda base o se hubiere hecho aportado antecedentes falsos o inexistentes, el actor será responsable de las costas y de los perjuicios que hubiere causado. Los perjuicios se perseguirán ante el tribunal civil competente, en procedimiento breve y sumario.

En los casos de las denuncias señaladas en el inciso anterior, la Corte podrá establecer el pago de una multa por parte del demandante, a beneficio fiscal, de entre 50 a 100 UTM.”.

º º º º

56.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación del inciso segundo, el siguiente, nuevo:

“Todos los órganos públicos, autoridades estatales y municipales, incluso aquéllos que no hubieren intervenido en los actos u omisiones materia de la investigación, pero que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información y documentación, deberán haberlo de manera veraz y oportuna según se lo requiera la Corte de Apelaciones a petición de las partes o como una medida para mejor resolver.”.

º º º º

57.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazar su inciso tercero por el siguiente:

“Evacuado el informe, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días hábiles, y escuchar los alegatos de las partes. Una vez concluido el término probatorio, estará facultada para decretar las medidas probatorias que estime necesarias para mejor resolver.”.

º º º º

57BIS.-De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para agregar, a continuación de su inciso cuarto, los siguientes, nuevos:

“En contra de la sentencia que expida la Corte de Apelaciones no procederá el recurso de casación.

Todas las notificaciones que deban practicarse en la Corte Suprema se harán por el estado diario.

Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, cuando lo estimen procedente, podrán imponer la condenación en costas.”.

º º º º

58.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para agregar, como inciso final, el siguiente, nuevo:

“No procederá recurso alguno en contra de esta sentencia.”.

º º º º

ARTÍCULO 7º

59.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 7º.- El afectado por una acción discriminatoria, en los términos que establece el artículo 3º de esta ley, podrá interponer indistintamente, respecto de los hechos que configuran la presunta infracción, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, o bien, la acción especial a que se refiere el artículo anterior. La interposición de alguna de estas acciones hará que no pueda intentarse posteriormente la otra.”.

60.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimir su inciso primero.

61.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de “protección del afectado”, la frase “o grupo de personas afectadas”.

62.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “afectado,” la palabra “tales”, y reemplazar la frase “acto de discriminatorio” por “acto discriminatorio”.

63.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

“Acogido el recurso de protección procedente, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.”.

ARTÍCULO 8º

64.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para suprimirlo.

65.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8º.- Acogida la acción y comprobada la comisión de actos u omisiones de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, el responsable será sancionado con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

El máximo señalado en el inciso precedente podrá aumentarse en el doble en caso que el responsable hubiere sido sancionado por otros actos u omisiones discriminatorias dentro de los doce meses precedentes.”.

66.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 8º.- En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, respecto de una persona natural o jurídica, consistente en rehusar el suministro de un bien o servicio a que ésta tenga derecho, deberá sancionarse al organismo al que pertenece el infractor con multa de 50 a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada en la que se presente servicios de utilidad pública, el responsable también deberá ser sancionado con multa igual a la establecida en el inciso anterior.

En todo otro caso de declararse por parte de la Corte de Apelaciones, que se ha cometido actos de discriminación arbitraria, el infractor deberá ser sancionado con una multa acorde al mérito del proceso.

El dinero recaudado por este tipo de multa irá a un fondo para ser repartido entre las diversas instituciones que trabajan a favor de los sectores más discriminados.”.

67.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de “persona natural o jurídica”, la frase “o respecto de un grupo de personas”.

68.-Del Honorable Senador señor Núñez, para agregar, a su inciso primero, la siguiente oración: “En tal caso, se deberá instruir sumario administrativo en contra del funcionario público responsable.”.

º º º º

69.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo.

La vista de la causa se podrá suspender por una sola vez cuando sea solicitada por las partes y cuando la Corte Suprema la califique como fundada.”.

º º º º

70.-Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Del reconocimiento de persona

Artículo...- Toda persona tiene derecho a ser reconocida como tal por el Estado. Toda persona tiene derecho a un nombre que la distinga y le atribuya personalidad.

Artículo...- Cualquier persona mayor de edad podrá requerir al Registro Civil de su domicilio, la inscripción en el Registro de Nacimientos y de Defunción de un recién nacido que haya sido encontrado muerto, y sin que conste que haya sido inscrito anteriormente.

Para que proceda esta inscripción, el Servicio Médico Legal debe certificar que el menor no nació antes de 60 días de su fecha estimada de fallecimiento.

Artículo...- Para proceder a la inscripción antes indicada, la persona interesada deberá hacer una declaración ante el Oficial del Registro Civil que corresponda, en la que manifieste su voluntad de inscribir al menor, indicando el nombre con el que le quiere inscribir.

Dicha declaración deberá ser acompañada con copia del informe del Servicio Médico Legal que acredite la edad estimada del menor fallecido y su fecha estimada de fallecimiento, y con un certificado de Carabineros de Chile que acredite las circunstancias del descubrimiento del cadáver.

Artículo...- Transcurridos 60 días desde la fecha de descubrimiento del cadáver del menor, sin que nadie haya ejercido la facultad contemplada en el artículo 10 de esta ley, el Director Regional del Servicio Médico Legal deberá proceder a requerir la inscripción en la forma dispuesta por esta ley.

El Servicio Médico Legal dispondrá la sepultura del menor dentro del menor plazo posible, en un cementerio de la ciudad donde fue hallado el cadáver y dejando constancia del nombre del menor en dicha sepultura.

Artículo...- Efectuada la inscripción de nacimiento, el Registro Civil procederá, de oficio, a inscribir el fallecimiento del menor, anotando como fecha de fallecimiento la que indique el certificado del Servicio Médico Legal.

Artículo...- La inscripción de menores en la forma establecida en esta ley no otorga al requirente de la inscripción derecho alguno sobre los eventuales bienes del menor inscrito.”.

º º º º

71.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Políticas Públicas contra la Discriminación

Artículo...- Las políticas públicas contra la discriminación tenderán prioritariamente a prevenir la ocurrencia de las conductas previstas en el artículo 3º.

Al efecto, deberán contemplar acciones educativas dirigidas a los funcionarios, así como al público en general, en orden a afirmar y difundir la importancia de los valores del respeto recíproco, la tolerancia, la diversidad, la paz y la no violencia.

Asimismo, tales políticas deberán promover e incentivar el desarrollo de las organizaciones de personas que sufren habitualmente alguna de las conductas señaladas en el artículo 3º, o que sean particularmente vulnerables a ellas.”.

º º º º

72.-Del Honorable Senador señor Núñez, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Políticas Públicas contra la Discriminación

Artículo...- Las políticas públicas contra la discriminación tenderán prioritariamente a prevenir la ocurrencia de las conductas ilícitas previstas en el artículo 3º.

Al efecto, las políticas públicas deberán contemplar acciones educativas destinadas a sus funcionarios, así como al público en general, en orden a relevar la importancia de los valores del respeto recíproco, la paz y la no violencia, de la diversidad y la tolerancia para una sociedad democrática.

Asimismo, tales políticas deberán promover a incentivar el desarrollo de las organizaciones de personas que sufren habitualmente alguna de las conductas señaladas en el artículo 3º o que sean particularmente vulnerables a ellas.

Artículo...- Corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno la función de promover y hacer un seguimiento de la coordinación intersectorial a nivel nacional y regional de las políticas públicas antidiscriminatorias, debiendo elaborar un informe anual de sus resultados.”.

º º º º

73.-Del Honorable Senador señor Naranjo, para intercalar, a continuación del artículo 8º, el siguiente Título nuevo:

“TÍTULO...

Concejo para la Prevención y Eliminación de las

Formas de la Discriminación

Artículo...- Se creará un concejo para la prevención y eliminación de las formas de la discriminación. Será un organismo público autónomo, de participación ciudadana, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Para el cumplimiento de sus fines recibirá un presupuesto que le asigne la ley respectiva, pudiendo además obtener aportes de particulares y organizaciones no gubernamentales. Tendrá a su cargo prevenir y eliminar las formas de discriminación, mediante la promoción de políticas públicas y la elaboración de proyectos y propuestas a las instancias correspondientes que tiendan a fomentar la igualdad de oportunidades y de trato, así como idear medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades, para ser llevadas a cabo por el organismo correspondiente.

Este consejo constará de doce miembros:

a) Un concejero elegido por cada uno de los tres poderes del Estado;

b) Cuatro concejeros elegidos de entre las instituciones gubernamentales que tengan trabajo con grupos vulnerables.

c) Cinco concejeros elegidos de entre las instituciones no gubernamentales que trabajen con grupos de vulnerabilidad social.”.

º º º º

ARTÍCULO 9º

73BIS.-Del Honorable Senador señor Vásquez, para agregar el artículo 9º de la ley Nº 18.962, a continuación de la expresión “la no discriminación”, la palabra “arbitraria”.

74.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para intercalar, a continuación del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto: “naturaleza humana, la igualdad y no discriminación, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.”.

º º º º

75.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, para intercalar, a continuación del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Agrégase en la letra l) del artículo 84 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras “acoso sexual” las siguientes: “y la discriminación arbitraria”, y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la frase “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y el segundo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la ley que establece medidas en contra de la discriminación”.”.

º º º º

ARTÍCULO 10

76.-De los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel, y 76BIS.- de los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para suprimirlo.

77.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Agrégase en el artículo 12 del Código Penal el siguiente numeral:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, su etnia o nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o enfermedad que padezca.”.”.

78.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21º Cometer el delito, manifiestamente motivado por discriminación arbitraria, en los términos descritos en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

“1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 13

7 bis. El que cometiere o incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes manifiestamente motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Cuando se trate de asociaciones con los objetivos del inciso primero, la pena será de reclusión menor en su grado medio y a los fundadores o que ejercieren mando en la asociación, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo.”.”.

Nº 1.-

78BIS.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

21º: Cometer el delito fundado por motivo de discriminación arbitraria.”.

79.-De los Honorables Senadores señores Chadwick y Girardi, para reemplazar el numeral 21º propuesto por el siguiente:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza, o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.

80.-De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para sustituir el numeral 21º propuesto por el siguiente:

“21º Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.

Nº 2.-

80BIS.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

80TER.- Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“2.- Agrégase al artículo 494 del Código Penal un nuevo Nº 22:

22) El que incitare a otros a cometer delitos en contra de las personas o sus bienes, motivados por conductas que importen una discriminación arbitraria.”.

81.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para intercalar, en el inciso primero del artículo 137 bis propuesto, a continuación de la frase “causar daño a personas”, las palabras “su honra”.

81BIS.-Del Honorable Senador señor Vásquez, para reemplazar, en el artículo 137bis.- la frase “promover el odio o la violencia,” por “promover o incitar el odio o la violencia, la agresión física, verbal o sicológica contra personas, grupo o colectividad,”.

81TER.- Del Honorable Senador señor Vásquez, para agregar, después de “nacionalidad,” la frase “o promover o instigar la alteración del orden público o la seguridad del Estado en función de las mismas razones,”.

82.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para reemplazar la frase inicial del inciso segundo del artículo 137 bis propuesto “Cuando se tratare de asociaciones con los objetivos del inciso primero”, por la siguiente: “Cuando se tratare de asociaciones que alienten o promuevan el odio o la violencia, así como aquéllos que omitan las acciones efectivas para su erradicación”.

º º º º

83.-De los Honorables Senadores señores Chadwick y Girardi, para agregar al Código Penal el siguiente artículo 137 ter:

“Artículo 137 ter.- El que por cualquier medio, realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento, respecto de personas o colectividades en razón del color de su piel, de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien Unidades Tributarias Mensuales.”.

º º º º

84.-De los Honorables Senadores señores Ávila y Vásquez, para agregar al Código Penal el siguiente artículo 137 ter:

“Artículo 137 ter.- El que por cualquier medio realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentación, respecto de personas o colectividades en razón del color de su piel, de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

º º º º

Nº 3.-

85.-Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

º º º º

86.-De S.E. la señora Presidenta de la República, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpórase en el artículo 84 de la ley Nº 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº 29, del 16 de marzo de 2005, del Ministerio de Hacienda, la siguiente letra m) nueva:

“m) Realizar actos u omisiones de discriminación arbitraria en los términos señalados en el artículo 3º de la ley que establece medidas contra la discriminación.”.”.

º º º º

87.-De los Honorables Senadores señores Ávila, Gómez y Vásquez, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpóranse a la ley Nº 19.880 las siguientes modificaciones:

1.- Intercalar en la letra e) del artículo 17 entre la palabra “diferencia” y la letra “y”, la frase “sin discriminación alguna”.

2.- Reemplazar el actual inciso cuarto del artículo 10 por el siguiente nuevo texto:

“En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respecto a los principios de contradicción, igualdad y no discriminación de los interesados en el proceso.”.”.

º º º º

88.-De los Honorables Senadores señores Girardi, Navarro y Ominami, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Incorpóranse las siguientes modificaciones al Código Civil:

1.- Agrégase el siguiente nuevo inciso cuarto al artículo 225, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:

“No se comprenderá dentro de las inhabilidades para ejercer el cuidado personal del menor, la orientación sexual diversa del padre o de la madre que ejerza o pueda ejercer, de acuerdo con las reglas generales, este cuidado, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

2.- Agrégase el siguiente nuevo inciso final al artículo 226:

“No constituirá inhabilidad para esta designación la circunstancia descrita en el inciso cuarto del artículo precedente.”.

3.- Agrégase el siguiente inciso final nuevo al artículo 229:

“No será causal fundada para suspender o restringir este derecho, la orientación sexual diversa del padre o la madre, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

4.- Agrégase el siguiente nuevo inciso cuarto al artículo 244, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:

“No será causal para restringir o privar de este derecho la orientación sexual diversa del padre o de la madre, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.

5.- Agrégase la siguiente parte final al inciso primero del artículo 267:

“No será causal para suspenderla la orientación sexual diversa del padre o de la madre que la detente, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo.”.”.

º º º º

88bis.-De los Honorables Senadores señor Muñoz Aburto, y 88ter.- señor Núñez, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Agrégase, en el inciso sexto del artículo 2º del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1 de 2002, entre la expresión “cuarto” y el punto aparte (.) que le sucede las siguientes frases y oración: “y el requerimiento o aceptación, en los concursos de ingreso, selección y promoción de personal, de currículum vitae o reseñas biográficas que soliciten del postulante sus nombres, dirección, sexo, estado civil u otra identificación que no sean sus apellidos o pseudónimo y un número telefónico, casilla electrónica o similar para efectos de la comunicación durante el proceso. La inclusión de una fotografía sólo será permitida en tanto ella se ajuste a lo previsto en el inciso precedente”.

º º º º

?INFORME COMPLEMENTARIO DEL SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación.

BOLETÍN Nº 3.815-07

________________________________________

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de someter a vuestra consideración su informe complementario del segundo informe relativo al proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

Cabe consignar que la Sala, en sesión 51ª, ordinaria, de martes 11 de septiembre de 2007, acordó enviar esta iniciativa de ley a informe complementario de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y a informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y que en sesión 60ª, ordinaria de 30 de octubre de 2007, abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, lo que realizó nuevamente en la sesión 4ª, ordinaria, de 19 de marzo de 2008, ratificando el acuerdo adoptado por los Comités en tal sentido.

A algunas de las sesiones en que vuestra Comisión trató este proyecto concurrieron, especialmente invitados, por el Ministerio Secretaría General de Gobierno: el Director de la División de Organizaciones Sociales, señor Francisco Javier Estévez, y su Jefe de Gabinete, señor Carlos Zanzi; del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam: la Ministra, señora Laura Albornoz; el Jefe de Gabinete, señor Patricio Reinoso; el Jefe del Departamento Reformas Legales, señor Marco Rendón, y la abogada señora Rosa Muñoz Pizarro.

Del Ministerio Secretario General de la Presidencia, el Ministro, señor José Antonio Viera-Gallo, el Subsecretario, señor Edgardo Riveros, y la abogado señorita Josefina Court.

Del Ministerio de Justicia: la Jefa del Departamento de Estudios, señora Nelly Salvo, y la Asesora Legislativa señora Javiera Ascencio.

Asistió, además, el señor Rolando Jiménez, del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Cabe dejar constancia de que los artículos 4º, 5° y 8º que se proponen en el texto que os presentamos son materia de ley orgánica constitucional y deben ser aprobados con el quórum previsto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso primero, respecto de los artículos 4° y 5°, y al inciso final del N° 11 del artículo 19, de la Carta Fundamental, en el caso del artículo 8°.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de lo siguiente:

1.- Artículos del proyecto que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones en este informe complementario: No hay.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 11 bis, 11 ter, 11 quáter, 11 quinquies, 20 ter, 32 quáter, 32 quinquies, 47 bis, 47 ter, 53 bis, 53 ter, 73 bis, 73 ter y 78 bis.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: N° 3 bis, 34 bis, 49 quáter, 75 bis, 75 ter y 78 ter.

4.- Indicaciones rechazadas: 8 bis, 14 bis, 17 bis, 20 bis, 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21 quinquies, 21 sexies, 24 bis, 24 ter, 32 bis, 32 ter, 34 ter, 34 quáter, 34 quinquies, 34 sexies, 34 septies, 49 bis, 49 ter, 49 quinquies, 52 bis, 57 bis, 76 bis, 81 bis y 81 ter.

5.- Indicaciones retiradas: 80 bis y 80 ter.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: No hay.

Se hace presente que esta constancia es complementaria del cuadro reglamentario contenido en el segundo informe de la Comisión, y sólo dice relación con el trámite cumplido ante ella para su informe complementario.

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DISCUSIÓN PARTICULAR

En el plazo fijado por la Sala se presentaron 33 indicaciones, correspondientes a las signadas con los números 3 bis; 8 bis; 11 bis; 11 ter; 14 bis; 11 quáter; 17 bis; 20 bis; 21 bis; 21 ter; 21 quáter; 24 bis; 32 bis; 32 ter; 32 quáter, 34 bis; 34 ter; 34 quáter; 47 bis, 47 ter; 49 bis; 49 ter; 52 bis: 53 bis; 53 ter; 57 bis; 73 bis; 76 bis; 78 bis; 80 bis; 80 ter, 81 bis, y 81 ter.

Posteriormente, en sesión de 19 de marzo de 2008, la Sala, ratificando el acuerdo adoptado por los Comités en tal sentido, fijó un nuevo plazo para presentar indicaciones, recibiéndose 15 indicaciones en la Secretaria de la Comisión, correspondientes a las números 11 quinquies; 20 ter; 21 quinquies; 21 sexies; 24 ter; 32 quinquies; 34 quinquies; 34 sexies; 34 septies; 49 quáter; 49 quinquies; 75 bis; 75 ter; 73 ter y 78 ter.

A continuación, se efectúa una relación de los artículos en que recaen las respectivas indicaciones y de las indicaciones presentadas, así como los acuerdos adoptados sobre las mismas.

ARTÍCULO 1°

La norma despachada en el segundo informe determina que las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones 3 bis y 8 bis.

Indicación N° 3 bis

Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria.”.

En discusión, hace uso de la palabra el Honorable Senador señor Chadwick, quien hace presente que la indicación busca establecer claramente el propósito de la ley propuesta, que no es el de sancionar, sino que el de prevenir y tender a la eliminación de las discriminaciones arbitrarias.

Agregó que la eventual sanción del discriminador no es el fin de la ley, sino que es una consecuencia de su infracción o inobservancia, y que entiende que el propósito tenido en consideración para legislar es evitar que se produzca la discriminación arbitraria, es proteger a las personas ante tal posibilidad y, en definitiva, restaurar el imperio del derecho que se quebranta con la práctica de tales conductas, lo cual no es obstáculo a que los tribunales puedan aplicar las sanciones que correspondan, de acuerdo con las modalidades y el procedimiento contemplado en otras normas del proyecto.

El señor Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Viera-Gallo manifestó que, teniendo en consideración que el artículo 1° es una norma declarativa de índole pedagógica, ya que lo sustantivo es el resto del articulado, no tenía inconvenientes con la aprobación de la indicación, sin perjuicio de lo cual estimó adecuado mantener la referencia a las personas que se incluía en la disposición aprobada en el segundo informe de la Comisión.

El Honorable Senador señor Naranjo hace presente que comparte la observación planteada, y somete a votación la indicación incorporando la expresión final “en contra de cualquier persona o grupo de personas”.

- Sometida a votación la indicación número 3 bis, modificada en la forma antes indicada, es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

Indicación N° 8 bis

Del Honorable Senador señor Vásquez, para agregar, como frase final del artículo 1°, la siguiente: “en abierta contravención a las normas legales vigentes”.

Ofrecida la palabra, en el seno de vuestra Comisión se produjo consenso en el sentido que, con la aprobación de la anterior indicación, se logró acuerdo respecto de la redacción del artículo 1°, cuya redacción se prefirió no modificar.

- Sometida a votación, la indicación número 8 bis es rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

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ARTÍCULO 2°

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones 11 bis, 11 ter, 11 quáter, 14 bis y 17 bis.

El artículo propuesto en el segundo informe de vuestra Comisión es el siguiente:

“Artículo 2º.- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas.

El Estado podrá establecer distinciones o preferencias orientadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, de conformidad a la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.

Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad a los incisos anteriores, estarán dirigidas directamente a aquellas personas o grupos de personas, que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y deberán tener como propósito específico lograr la igualdad en el ejercicio de sus derechos.”.

Las indicaciones presentadas respecto de este artículo son las siguientes:

Indicaciones N° 11 bis y 11 ter

De los Honorables Senadores señores Chadwick, la primera, y Espina y Kuschel, la segunda, para suprimir sus incisos segundo, tercero y cuarto.

Indicación N° 11 quáter

De Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para suprimir sus incisos tercero y cuarto.

Indicación N° 14 bis

De Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para agregar, en su inciso segundo, la frase “legislación vigente y la” entre los términos “la” y “Constitución”.

Indicación N° 17 bis

Del Honorable Senador señor Vásquez, para reemplazar el punto aparte (.) por uno seguido (.) y agregar “En todo caso, dichas distinciones o preferencias deberán ser establecidas por un plazo determinado, el que no podrá ser superior a diez años, renovable por una vez mediante resolución fundada por el mismo organismo que las estableció.”.

En discusión, hace uso de la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, quién hace presente que, después de analizar la norma aprobada en el segundo informe y las indicaciones en debate, concuerda con que es suficiente el mantener el enunciado genérico de la disposición contenido en su inciso primero, que contiene una norma programática que se enmarca en el Orden Constitucional y en los Tratados Internacionales suscritos por el país.

Agregó que la enumeración, contenida en los siguientes incisos, relativa, por ejemplo, a la forma en que es posible establecer diferencias o a la duración de las respectivas políticas, resulta muy compleja, ya que resulta evidente que algunas diferencias no se subsanan en el tiempo y que las políticas respectivas deben ser indefinidas, como ocurre con la situación de los menores de edad y sus normas de protección, respectivamente.

En el seno de vuestra Comisión se concordó respecto de las dificultades que para la aprobación y aplicación de la ley generarían los incisos que las indicaciones proponen suprimir, y se manifestó acuerdo en mantener el inciso primero aprobado en el segundo informe.

Recabada la opinión de los integrantes de la Comisión, el señor Presidente somete a votación las indicaciones 11 bis, 11 ter y 11 quáter, siendo aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

Enseguida, el señor Presidente anuncia que someterá a votación las indicaciones 14 bis y 17 bis, recaídas en dos de los incisos que, en virtud de las indicaciones antes aprobadas, se han suprimido.

Sometidas a votación, las indicaciones 14 bis y 17 bis son rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

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Como se deja constancia al inicio de la discusión particular de este informe, con fecha 19 de marzo de 2008 la Sala abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, oportunidad en que respecto de este artículo se formuló la siguiente indicación:

“11 Quinquies.- Del Honorable Senador señor Novoa, para suprimir sus incisos segundo, tercero y cuarto.”.

Ofrecida la palabra, se hace presente que concuerda con las indicaciones ya aprobadas por la Comisión.

Sometida a votación, la indicación 11 quinquies fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

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ARTÍCULO 3°

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones 20 bis, 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 24 bis, 32 bis y 32 ter.

El artículo propuesto en el segundo informe de vuestra Comisión es el siguiente:

Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Las indicaciones presentadas son las siguientes:

Indicación N° 20 bis

De Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión o restricción, cometida por agentes del Estado o particulares, fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socio económica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.”.

Indicación N° 21 bis

De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República.”.

Indicación N° 21 ter

De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República”.

Indicación N° 21 quáter

Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricciones o preferencias, que tenga por objeto privar, perturbar o amenazar, el legitimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Indicación N° 24 bis

Del Honorable Senador señor Vásquez, para intercalar, entre las palabras “restricción” y “fundada”, el término “antojadiza”.

Indicación N° 32 bis

Del Honorable Senador señor Vásquez, para agregarle el siguiente inciso nuevo:

“No se considerarán discriminatorios las expresiones, opiniones, afirmaciones o comentarios fundados en los textos que constituyen libros sagrados o sirven de fundamento a las iglesias, confesiones religiosas o a instituciones esencialmente éticas, expresados o manifestados oral o visualmente en templos, lugares de culto o sedes de dichas instituciones o fuera de ellos, salvo que dichos comentarios, expresiones, opiniones o afirmaciones promuevan o inciten el odio o la violencia, la agresión física, verbal o sicológica contra personas o grupos, la alteración del orden público o a la seguridad del Estado.”.

Indicación N° 32 ter

Del Honorable Senador señor Letelier, para agregarle el siguiente inciso nuevo:

“Se entenderá expresamente que existe discriminación respecto de la apariencia personal en alguna institución educacional, cualquiera sea su naturaleza, cuando se prohíba el ingreso o no se permita la continuidad de algún alumno como consecuencia de su pelo o vestimenta.”.

Como se deja constancia al inicio de la discusión particular de este informe, con fecha 19 de marzo de 2008 la Sala abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, oportunidad en que respecto de este artículo se formularon las indicaciones signadas como 20 ter; 21 quinqies; 21 sexies; 24 ter y 32 quinquies, del siguiente tenor:

Indicación 20 ter

De Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 2° de la ley N° 19.638, las distinciones que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.”.

Indicación 21 quinquies

Del Honorable Senador señor Novoa, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3°.- Se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción injustificada, en contra de una persona o de un grupo de personas que se encuentren en una misma situación, que los prive, perturbe o amenace en el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.”.

Indicación 21 sexies

Del Honorable Senador señor Orpis, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de ideología, religión o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, descendencia, edad, opinión política o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual propias de la dignidad del ser humano, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio, de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Indicación 24 ter

De los Honorables Senadores señores Sabag, Chadwick y Romero, para suprimir del artículo las expresiones “orientación sexual”.

En discusión, hace uso de la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia quien expresó que, mediante la presentación de la indicación 20 ter, el Ejecutivo ha recogido las principales preocupaciones expuestas respecto del artículo aprobado en el segundo informe.

Agregó que la misma contiene dos modificaciones centrales. La primera, señaló, consiste en especificar que la conducta de discriminación arbitraria, que la ley busca evitar, es aquella forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia.

La segunda, expresó, consiste en incorporar un inciso segundo, nuevo, que señala expresamente que las distinciones que realicen las entidades religiosas, en el ejercicio de sus actividades propias, no se considerarán arbitrarias.

Este último tema, indicó, ha sido un motivo central de preocupación por parte de las iglesias, que se encontraban angustiadas ante la suposición que se verían limitadas en la propagación de sus credos, o en la manifestación de sus doctrinas.

Por ejemplo, agregó, un tema recurrentemente planteado es que para algunas iglesias la homosexualidad es un pecado, y estimaban que no era claro si ellas podrían continuar enseñando sus doctrinas sobre la materia. En tal sentido, indicó, la ley no obstaculiza la difusión de su credo y su doctrina.

Otra cosa es si los pastores o sacerdotes llaman públicamente a quemar en la plaza pública, por ejemplo, a las brujas, pues si lo hacen por los medios de comunicación social cometerían un delito, de acuerdo a la ley vigente, en cuanto inciten al odio contra personas.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Chadwick, en virtud de lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Corporación, solicitó votar separadamente el inciso segundo de la indicación número 20 ter, norma que estimó apropiada en su propio mérito, votando posteriormente la norma del inciso primero, que no comparte.

- Sometido a votación separada el inciso segundo del artículo 3º propuesto en la indicación número 20 ter, es aprobado, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

- Sometido a votación el inciso primero, votan por su aprobación los Honorables Senadores señores Ávila y Naranjo, por su rechazo el Honorable Senador señor Chadwick, y se abstiene el Honorable Senador señor Cantero.

Enseguida, el señor Presidente anuncia que se repetirá la votación, haciendo presente que, de mantenerse, la abstención deberá considerarse como favorable a la posición que haya obtenido mayor número de votos.

Repetida la votación se obtiene el mismo pronunciamiento y, conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Corporación, resulta aprobado el inciso primero por tres votos a favor y uno en contra.

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El señor Presidente hace presente que entre las restantes indicaciones presentadas al artículo es posible distinguir entre las que formulan una descripción detallada de los eventuales fundamentos de las conductas de discriminación, un segundo grupo que realiza tal descripción y elimina como fundamento, básicamente, el género u orientación sexual, y un tercero, que no hace tal descripción sino que se refiere a los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico, la Constitución Política y tratados internacionales.

Respecto de este último grupo, constituido por las indicaciones Nos 21 bis, 21 quáter y 21 quinquies, recaba y obtiene el acuerdo de la Comisión para votarlas conjuntamente.

Sometidas a votación las indicaciones Nos 21 bis, 21 quáter y 21 quinquies, son rechazadas por tres votos en contra y uno a favor. Votan por su rechazo los Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, y Naranjo, y por su aprobación el Honorable Senador señor Chadwick.

Sometidas a votación las indicaciones Nos 20 bis, 21 ter, 21 sexies, 24 bis, 24 ter, 32 bis y 32 ter, son rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

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o o o

Artículo nuevo

Indicación N° 32 quáter

De Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 3º, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- El o los directamente afectados podrán ocurrir con un recurso de protección por sí o por cualquiera a su nombre por las distinciones, exclusiones o restricciones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra.

El recurso de protección por discriminación arbitraria deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiera al domicilio del afectado.

En la tramitación de este recurso de Protección, la Corte, si hubiera controversia sobre los hechos, y lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.”.

En discusión, hace uso de la palabra el Ministro Secretario General de la Presidencia, quien hace presente que la norma que se propone es concordante con las opiniones vertidas en la Comisión, señalando que su aprobación permitiría suprimir la acción especial de no discriminación, contenida en el Título II del proyecto aprobado en el segundo informe, Título que ha sido objeto de numerosas indicaciones.

Agregó que, de esta forma, se considera la inquietud planteada en el sentido de no establecer una acción y un procedimiento judicial especial, todo lo cual resulta muy complejo regular con ocasión del actual estado de tramitación del proyecto.

El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que, durante el debate del proyecto, en la Comisión se había generado cierto acuerdo en el sentido de establecer un procedimiento semejante al del recurso de protección, como forma de garantizar el derecho a la no discriminación, y señaló que concurriría a su aprobación, sin perjuicio de estimar necesario precisar que no se pretende modificar el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, como podría entenderse por su denominación. .

- Sometida a votación, la indicación número 32 quáter es aprobada, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

Como se dejó constancia al inicio de la discusión particular de este informe, con fecha 19 de marzo de 2008 la Sala abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, oportunidad en que respecto de este artículo, nuevo, se formuló la siguiente indicación:

“32 quinquies.- De Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para modificar su indicación 32 quáter en los siguientes términos:

Reemplazar, la expresión “con un recurso de protección”, de su inciso primero; “El recurso de protección por discriminación arbitraria”, en su inciso segundo, y “este recurso de Protección” en su inciso tercero, por las siguientes: “mediante una acción por discriminación arbitraria”, en su inciso primero, “La acción señalada”, en su inciso segundo y “esta acción”, en su inciso tercero.”.

En discusión, hace uso de la palabra el Ministro Secretario General de la Presidencia, quién hace presente que la indicación tiene el propósito de modificar el nombre del recurso.

Explicó que de esta forma acoge las observaciones planteadas en el sentido que el Recurso de Protección se encuentra consagrado y regulado en la Carta Fundamental y que, al extender sus causales, podría entenderse que mediante la ley se pretende modificar la Constitución Política de la República, y que para superar las objeciones se ha estimado preferible denominarlo “acción por discriminación arbitraria”.

- Sometida a votación, la indicación número 32 quinquies es aprobada por la unanimidad de los miembros de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

Posteriormente, en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 121 del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión analizó nuevamente el texto de la norma aprobada como artículo 4°, nuevo, concordando en la conveniencia de incorporar dos enmiendas al inciso primero de la disposición: la primera, para precisar que al ejercer la acción se puede ocurrir “a la Corte de Apelaciones respectiva” y, la segunda, para incorporar al final del inciso una oración, como la contenida en el artículo 6° del texto propuesto en su segundo informe, que indica el propósito de la acción, cual es el que la Corte adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Las referidas modificaciones fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

o o o

ARTÍCULO 4°

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones 34 bis, 43 ter y 34 quáter.

El artículo propuesto en el segundo informe de vuestra Comisión es el siguiente:

“Artículo 4º.- El o los directamente afectados, por sí o cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra.

La acción podrá impetrarse dentro de tres meses, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, existiendo un vínculo de subordinación o dependencia entre la persona afectada y el denunciado de cometer la conducta discriminatoria, el plazo señalado en el inciso precedente se contará desde el momento en que cese dicho vínculo. Pero nunca podrá impetrarse transcurrido un año desde que se cometió el acto o se incurrió en la omisión discriminatoria.

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado.

La Corte podrá, a petición fundada, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión denunciado pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos.”.

Las indicaciones presentadas respecto de este artículo son las siguientes:

Indicación N° 34 bis

De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para suprimirlo.

Indicación N° 34 ter

De Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo...- Acogido el recurso de protección en los términos señalados en el artículo anterior, la Corte sancionará, al responsable del acto u omisión de discriminación arbitraria, con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales, pudiendo aumentarse hasta el doble dicho máximo en caso de reincidencia de la práctica discriminatoria.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso corresponda, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.”.

Indicación N° 34 quáter

De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo...- El o los directamente afectados, por sí o por cualquiera a su nombre capaz de comparecer en juicio, podrán denunciar en forma escrita, los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria cometida en su contra, en los términos a que se refiere el artículo 3º de esta ley.

La acción deberá deducirse dentro del plazo de tres meses, contado desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, existiendo un vínculo de subordinación o dependencia entre la persona afectada y el denunciado de cometer la conducta discriminatoria, el plazo señalado en el inciso precedente se contará desde el momento en que cese dicho vínculo. En ningún caso, la acción podrá deducirse transcurrido un año desde que se cometió el acto o se incurrió en la omisión discriminatoria.

La acción especial de no discriminación se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o en aquélla que correspondiere al domicilio del presunto afectado.

Presentada la acción, el tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesta en tiempo y si se mencionan hechos que puedan constituir una discriminación arbitraria. Si su presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir una discriminación arbitraria, la declarará inadmisible por resolución fundada, la que sólo será susceptible del recurso de reposición ante el mismo tribunal, el que deberá interponerse dentro de tercero día.

La Corte podrá, de oficio o a petición fundada, decretar orden de no innovar, cuando el acto u omisión denunciado pudiese causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la pretensión.

Interpuesto el recurso de protección a que se refiere el artículo 20º de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales, no podrá deducirse la acción regulada en el presente Título, siempre que se refiera a los mismos hechos y a las mismas partes.”.

En discusión, hace uso de la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, quién hace presente su opinión en el sentido que la aprobación del artículo nuevo, que se incorpora como artículo 4°, establece la acción por discriminación arbitraria, lo que debiera determinar la supresión del Título II del proyecto, denominado acción especial de no discriminación, y sus artículos 4° a 6°.

Sin perjuicio de lo anterior, agregó, es necesario considerar una norma similar a la contenida en la indicación 34 ter, como complemento necesario de la nueva disposición contenida en el artículo 4°, nuevo, antes mencionado.

Además, señaló, el artículo propuesto en la indicación 34 ter debe ser perfeccionado, pues resulta discutible la obligación de sancionar que a la Corte impone cuando acoge el recurso, o la acción especial, sin tener en consideración que no merece igual reproche la discriminación resultante de un simple descuido, negligencia u olvido, que aquella que es fruto de un acto deliberado o doloso. En tal sentido, expresó, es preferible facultar a la Corte para sancionar cuando la discriminación sea grave y deliberada.

El Honorable Senador señor Chadwick coincidió con el señor Ministro en cuanto a que la norma busca complementar el artículo 4ª, nuevo, antes aprobado. Sin embargo, señaló, la norma de la indicación 34 ter contiene un conflicto y genera una contradicción, pues ocurriendo ante la Corte para efectos de hacer efectiva la garantía de un derecho ésta termina estableciendo una sanción y, además, declarando la procedencia de indemnizaciones, lo que estimó ajeno a esa instancia y a la naturaleza del recurso.

Sobre el particular, la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Laura Albornoz, manifestó su opinión discrepante, haciendo presente que debiera sancionarse siempre que se establezca la existencia de un acto u omisión que importen discriminación arbitraria, ya que dificultad de su prueba hace pretencioso el requerir el dolo en una actuación de discriminación.

La mayor parte de los casos de discriminación, prosiguió expresando, no son el resultado de una intención positiva de causar un daño, sino que la consecuencia de prejuicios arraigados en la cultura de parte de la población.

En similar sentido, el señor Director de Organizaciones Sociales, don Francisco Estévez, resaltó las dificultades que generaría el juzgar la intención del responsable del acto u omisión que ha generado la discriminación arbitraria, y que la exigencia de establecer la intención del autor haría imposible su sanción.

En cuanto a la propuesta de hacer facultativa para la Corte la sanción, eliminando su carácter obligatorio, la estimó apropiada, pues tal labor corresponde a los jueces, que pueden no sancionar si se forman el convencimiento de no haber existido voluntariedad o mala intención, ya que el criterio del juez es el que en definitiva determina si corresponde sancionar o si la discriminación carece de justificación.

Enseguida, el Presidente de la Comisión. Honorable Senador señor Naranjo, hace presente que el señor Ministro Secretario General de la Presidencia ha solicitado modificar la indicación 34 bis, en el sentido de suprimir el Título II del proyecto aprobado en el segundo informe de la Comisión, que comprende los artículos cuarto a sexto, inclusive, resaltando que se han presentado indicaciones que proponen suprimir los artículos 4°, 5° y 6° del proyecto despachado en el segundo informe de la Comisión, que corresponden a los artículos 5°, 6°, 7° y 8° del proyecto aprobado en general por la Sala del Senado.

Ofrecida la palabra, los miembros de vuestra Comisión coinciden con someter a votación la indicación 34 bis, modificada en el sentido de suprimir el Título II del proyecto aprobado en general.

- Sometida a votación, la indicación número 34 bis, modificada en la forma antes expuesta, es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

Como consecuencia de la aprobación anterior, y con igual votación, son aprobadas las indicaciones Nos 47 bis y 47 ter, y 53 bis y 53 ter, que suprimen los artículos 5° y 6°, respectivamente, y rechazadas las indicaciones Nos 34 ter, 34 quáter, 49 bis, 49 ter, 52 bis y 57 bis.

Como se dejó constancia al inicio de la discusión particular de este informe, con fecha 19 de marzo de 2008 la Sala abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, oportunidad en que respecto de este artículo se formularon las siguientes indicaciones:

Inciso primero

34 quinquies.- Del Honorable Senador señor Novoa, para eliminar los términos “por sí o cualquiera a su nombre”.

Inciso tercero

34 sexies.- Del Honorable Senador señor Novoa, para sustituir las palabras “transcurrido un año” por “transcurridos seis meses”.

Inciso final, nuevo

34 septies.- Del Honorable Senador señor Novoa, para incorporar como inciso final, nuevo, el siguiente:

“La misma acción procederá en contra del Estado, por las acciones u omisiones que importen una discriminación arbitraria, incluidos aquellos que importen una exclusión injustificada de alguna de las políticas o acciones a que se refiere el artículo 2°. En caso que las personas afectadas sumen cincuenta o más, podrán recurrir en contra del Estado en conformidad al procedimiento que contempla el párrafo 2° del Título IV de la ley N° 19.496.”.

Ofrecida la palabra se hace presente que la Comisión aprobó la supresión del artículo 4°, en que recaen las nuevas indicaciones, estimándose necesario rechazarlas.

Sometidas a votación, las indicaciones 34 quinquies, 34 sexies y 34 septies, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

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ARTÍCULO 5°

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones 47 bis, 47 ter, 49 bis, 49 ter y 52 bis.

El artículo propuesto en el segundo informe de vuestra Comisión es el siguiente:

“Artículo 5º.- Deducida la acción, la Corte de Apelaciones deberá dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificando por oficio la resolución que así lo ordene. El informe deberá ser evacuado por el requerido dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación.

El denunciado deberá señalar en su informe, las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho, en virtud de los cuales estima que la acción u omisión no es constitutiva de una discriminación arbitraria.

Hasta antes de la vista de la causa las partes podrán convenir una fórmula de reparación por el agravio causado mediante la conducta discriminatoria. El acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte para su aprobación y suspenderá el trámite de la acción por el término que las partes establezcan, el que, en todo caso, no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de su aprobación.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento o prosiga con la tramitación de la acción deducida.

Cumplido que sea el acuerdo, la Corte dejará sin efecto la vista de la causa y mandará archivar los antecedentes.

Con todo, no podrá haber acuerdo si el hecho denunciado es constitutivo de delito.

Si hubiere controversia sobre los hechos, la Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver. Ordenará, asimismo, traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la Sala que corresponda para el día subsiguiente, en donde oirá los alegatos que las partes ofrezcan.

Esta acción especial de no discriminación gozará de preferencia en su vista y fallo.

La vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez, siempre que así se solicite, independientemente del número de partes de la causa. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el inciso cuarto de este artículo.

La Corte dictará fallo dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo.

La vista de la causa se podrá suspender por una sola vez cuando sea solicitada por las partes y cuando la Corte Suprema la califique de fundada.”.

Las indicaciones presentadas respecto de este artículo son las siguientes:

Indicaciones Nos 47 bis y 47 ter

De Su Excelencia la señora Presidente de la República, la primera, y de los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, la segunda, para suprimirlo.

Indicación N° 49 bis

De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo...- Acogida a tramitación la acción, la Corte de Apelaciones deberá dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.

La Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificando por oficio la resolución que así lo ordene. El informe deberá ser evacuado por el requerido dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación.

El denunciado deberá señalar en su informe las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho, en virtud de los cuales estima que la acción u omisión no es constitutiva de una discriminación arbitraria.

Hasta antes de la vista de la causa las partes podrán celebrar un acuerdo reparatorio respecto del agravio causado con motivo de la conducta discriminatoria, sólo en aquellos casos en que el hecho denunciado no sea constitutivo de delito. El acuerdo deberá ponerse en conocimiento de la Corte para su aprobación y suspenderá el procedimiento por el término que las partes establezcan, el que no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de su aprobación.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, sin que el obligado hubiere dado cumplimiento al acuerdo, el denunciante podrá solicitar al tribunal que ordene su cumplimiento o prosiga con la tramitación de la acción deducida.

Cumplido que sea el acuerdo, la Corte dejará sin efecto la vista de la causa y mandará archivar los antecedentes.

La Corte, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la causa a prueba sólo si hubiere controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente. El término probatorio será de ocho días. Recibido el informe y los antecedentes requeridos, la Corte ordenará traer los autos en relación.

Tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema, la vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez a petición del denunciante, independientemente del número de partes de la causa, y respecto del denunciado, aunque fuere más de una la persona afectada, sólo cuando el Tribunal estimare el fundamento de su solicitud muy calificado. En ningún caso procederá la suspensión de común acuerdo, salvo que se solicite en base al eventual acuerdo reparatorio a que se refiere el inciso cuarto de este artículo.

La Corte dictará fallo dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

La sentencia se notificará personalmente o por el estado diario a la persona que hubiere deducido la acción y a los denunciados que se hubieren hecho parte en él.”.

Indicación N° 49 ter

Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo...- El que por causa de actos u omisiones, sufra una discriminación arbitraria o ilegal podrá interponer la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política.”.

Indicación N° 52 bis

Del Honorable Senador señor Vásquez, para reemplazar el inciso séptimo por el siguiente:

“Con todo, aún cuando exista acuerdo entre las partes, en caso que sea posible estimar que los hechos pueden llegar a ser constitutivos de delito, la Corte ordenará remitir los antecedentes a la Fiscalía competente.”.

Como se indicó en su oportunidad, con ocasión de la aprobación de la indicación 34 bis, vuestra Comisión aprobó las indicaciones Nos 47 bis y 47 ter, que proponen suprimir este artículo, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

Consecuencialmente, y con igual votación, vuestra Comisión rechazó las indicaciones Nos 49 bis, 49 ter y 52 bis.

Como se dejó constancia al inicio de la discusión particular de este informe, con fecha 19 de marzo de 2008 la Sala abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, oportunidad en que respecto de este artículo se formularon las siguientes indicaciones:

49 quáter.- De Su Excelencia la señora Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 5º.- Acogida la acción en los términos señalados en el artículo anterior, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso corresponda, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente, la determinación de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.”.

49 quinquies.- Del Honorable Senador señor Novoa, a su inciso segundo, para sustituir el término “diez” por “quince”.

En discusión, hace uso de la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, quien expresa que la indicación 49 quáter da cuenta de la discusión suscitada al suprimir el Título II del proyecto, especialmente al considerar la indicación 34 ter.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Naranjo expresó que la indicación señala que el monto de la indemnización se determinará en un procedimiento breve y sumario, cuando la idea era que todo el procedimiento fuera rápidamente tramitado. Con tal propósito, sugirió sustituir las dos últimas oraciones del inciso primero por la siguiente: “En dicho caso, él o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente los perjuicios e indemnizaciones que correspondieran en procedimiento breve y sumario.”.

El señor Presidente hace presente que existe acuerdo en el sentido que la demanda de indemnización de perjuicios se entable ante el tribunal competente; que su tramitación se realice en un procedimiento breve y sumario, y en establecer la posibilidad de aplicar una multa, adicional a la indemnización.

De acuerdo a ello, somete a consideración de la Comisión la siguiente redacción, para la norma contenida en la indicación 49 Quáter:

“Artículo 5º.- Acogida la acción en los términos señalados en el artículo anterior, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente la indemnización de perjuicios para reparar el daño ocasionado por la discriminación arbitraria.

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.”.

Sobre el particular, el Director de Organizaciones Sociales hizo presente que en la redacción original de la indicación era la Corte la que declaraba la procedencia de las indemnizaciones que, estimó, era el punto central de la discusión en cuanto establecer una acción especial o el recurso de protección. Agregó que el sentido era que la persona afectada por la discriminación arbitraria pudiera, adicionalmente, después de recurrir a la Corte, ir a los tribunales para que fijaran el monto de la indemnización. La norma propuesta en la indicación, señaló, buscaba que la Corte estableciera que se había cometido una discriminación y que procedía que el tribunal civil competente determinara cuál era la indemnización o reparación correspondiente.

El señor Ministro Secretario General de la Presidencia estimó que la propuesta cumple con los objetivos perseguidos, ya que en la práctica puede resultar la multa el método apropiado para evitar la discriminación. Respecto de quien fija la procedencia de la indemnización, señaló que la propuesta contiene un elemento de realismo, pues en definitiva es el juez el que se pronuncia sobre su procedencia y monto, y que el hecho de que la Corte la declare pertinente, como señalaba la indicación original, no asegura que en su determinación el juez comparta tal criterio, pudiendo fijar un monto irrisorio.

El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que la proposición guarda relación con una norma general, como es que el tribunal ordinario se pronuncie sobre la procedencia de una indemnización y determina su monto, y que el ha aceptado que la multe la fije la Corte, sólo en atención a los acuerdos alcanzados en la Comisión respecto de la acción por discriminación arbitraria.

El Honorable Senador señor Naranjo señaló coincidir con el último texto propuesto, que le parece concordante con los procedimientos generales, ya que le parece razonable que si la Corte acoge la acción pueda aplicar una multa, y que ante el tribunal ordinario se acredite el perjuicio y se demande la indemnización, instancia en la que contará con el fallo de la Corte como un valioso antecedente.

Además, estimó que para que la indemnización no sea ilusoria era necesario que fuera oportuna, para la cual propuso votar el último texto propuesto incorporando, a su inciso primero, la siguiente frase final: “la que se tramitará en un procedimiento breve y sumario”.

Sometida a votación la indicación 49 quáter, modificado su artículo 5º en la forma antes referida, es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

Con igual votación es rechazada la indicación 49 quinquies.

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ARTÍCULO 6°

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones 53 bis, 53 ter y 57 bis.

El artículo propuesto en el segundo informe de vuestra Comisión es el siguiente:

“Artículo 6º.- La Corte respectiva en su sentencia adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, cuando correspondan, para reparar el daño moral y patrimonial ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.

Acogida la acción y comprobada la comisión de actos u omisiones de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo 3º de esta ley, la Corte sancionará al responsable con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 unidades tributarias mensuales.

El máximo señalado en el inciso precedente podrá aumentarse en el doble en caso que el responsable hubiere sido sancionado por otros actos u omisiones discriminatorias dentro de los doce meses precedentes.”.

Las indicaciones presentadas respecto de este artículo, son del siguiente tenor:

Indicaciones Nos 53 bis y 53 ter

De Su Excelencia la señora Presidente de la República, la primera, y de los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, la segunda, para suprimirlo.

Indicación N° 57 bis

De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para agregar, a continuación de su inciso cuarto, los siguientes incisos, nuevos:

“En contra de la sentencia que expida la Corte de Apelaciones no procederá el recurso de casación.

Todas las notificaciones que deban practicarse en la Corte Suprema se harán por el estado diario.

Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, cuando lo estimen procedente, podrán imponer la condenación en costas.”.

Como se indicó en su oportunidad, con ocasión de la aprobación de la indicación 34 bis, vuestra Comisión aprobó las indicaciones Nos 53 bis y 53 ter, que proponen suprimir este artículo, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

Asimismo, y con igual votación, vuestra Comisión rechazó la indicación N° 57 bis.

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ARTÍCULO 7°

Respecto de este artículo se presente la indicación 75 bis.

La norma aprobada por vuestra Comisión en su segundo informe, es la que sigue:

·”Artículo 7º.- Agréguese en la letra l) del artículo 84 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, a continuación de las palabras “acoso sexual” las siguientes “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la segunda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación”.”.

Indicación 75 bis

Del Honorable Senador señor Novoa, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 7°.- Agréguese en la letra l) del artículo 84 de la ley N° 18.834, después de las palabras “del Código del Trabajo” lo siguiente: “y la discriminación arbitraria.”.

Al analizar la indicación, en el seno de vuestra Comisión se tuvo en consideración que el día 16 de marzo de 2005 se publicó en el Diario Oficial el decreto con fuerza de ley Nº 29, de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Dos días después, el 18 de marzo de 2005, se publicó la ley Nº 20.005, sobre acoso sexual, que modificaba, entre otros cuerpos legales, la ley Nº 18.834, incorporando una letra l), nueva, a su artículo 78.

Sin embargo, dicha letra l), nueva, no quedó incorporada al texto del artículo 78 de la ley N° 18.834, pues en el texto refundido, contenido en el referido decreto con fuerza de ley Nº 29, las disposiciones contempladas en su artículo 78 se habían considerado en el artículo 84.

En consecuencia, vuestra Comisión concordó en la conveniencia de aprobar la indicación con modificaciones, a fin de incorporar formalmente la referida letra l) al actual artículo 84 del Estatuto Administrativo, para lo cual se propuso el siguiente texto:

“Artículo 6°.- Modifícase el artículo 2° de la ley 20.005, en el siguiente sentido:

1) En su encabezamiento, reemplázase la expresión “en la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo” por “en el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”;

2) En su letra a), sustitúyese la referencia al “artículo 78” por “artículo 84”;

3) Agréguese en la letra l) contenida en su número 3. a continuación de las palabras “acoso sexual” la expresión “y la discriminación arbitraria”, y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”, y

4) En su letra b), sustitúyanse los guarismo “119” por “125”, y “78” por “84”, respectivamente.”.

Sometida a votación la indicación 75 bis, modificada en la forma antes expuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

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ARTÍCULO 8°

Respecto de este artículo se presentó la indicación 75 ter.

El texto del artículo propuesto en el segundo informe de la Comisión es el siguiente:

“Artículo 8º.- Agréguese en la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras “acoso sexual” la siguiente frase “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido por el aquél lo señalado por el artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo y por ésta lo expresado en el artículo 3º de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.”.”.

Indicación 75 ter

Del Honorable Senador señor Novoa, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 8°.- agréguese en la letra l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, después de las palabras “del Código del Trabajo” lo siguiente: “y la discriminación arbitraria.”.

En discusión, en el seno de vuestra Comisión se concordó en que la indicación perfecciona la norma, evitando introducir en ella una nueva referencia a otro cuerpo legal.

Sometida a votación, la indicación 75 ter fue aprobada, con enmiendas formales, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

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ARTÍCULO 9°

Respecto de este artículo se presentó la indicación signada como 73 bis.

El artículo propuesto en el segundo informe de vuestra Comisión es el siguiente:

Artículo 9º.- Reemplácese en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto “naturaleza humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.

Indicación N° 73 bis

Del Honorable Senador señor Vásquez, para agregar el artículo 9º de la ley Nº 18.962, a continuación de la expresión “la no discriminación”, la palabra “arbitraria”.

En discusión, en el seno de vuestra Comisión se hace presente que propone enmiendas al artículo 9º del proyecto propuesto en el segundo informe, que modifica el artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

- Sometida a votación, la indicación número 73 bis es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.

Como se deja constancia al inicio de la discusión particular de este informe, con fecha 19 de marzo de 2008 la Sala abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, oportunidad en que respecto de este artículo se formuló la siguiente indicación:

Indicación 73 ter

Del Honorable Senador señor Novoa, para sustituir los términos “naturaleza humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por los términos “naturaleza humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria, fomentar la paz, estimula la investigación científica”.

En discusión, en el seno de vuestra Comisión se hace presente que esta indicación propone idéntico cambio al artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que el que propone la indicación 73 bis.

- Sometida a votación, la indicación número 73 ter es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

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ARTÍCULO 10

Respecto de este artículo se presentaron las indicaciones 76 bis, 78 bis, 80 bis, 80 ter, 81 bis y 81 ter.

El artículo propuesto en el segundo informe de vuestra Comisión es el siguiente:

“Artículo 10.- Incorpórense al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agréguese en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21ª. Cometer el delito por motivos de discriminación fundados en la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, género, orientación sexual, o la enfermedad o discapacidad que padezca.”.

2.- Incorpórese un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

Ҥ1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que por cualquier medio, realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover el odio o la violencia, respecto de un grupo o colectividad en razón de su etnia, de su raza, sexo, género, orientación sexual, religión, ideología o nacionalidad, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio.”.”.

Las indicaciones presentadas son del siguiente tenor:

Indicación No 76 bis

De los Honorables Senadores señores Espina y Kuschel, para suprimirlo.

N° 1

Indicación N° 78 bis

Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

21º: Cometer el delito fundado por motivo de discriminación arbitraria.”.

N° 2

Indicación N° 80 bis

Del Honorable Senador señor Chadwick, para suprimirlo.

Fue retirada por su autor.

Indicación N° 80 ter

Del Honorable Senador señor Chadwick, para reemplazarlo por el siguiente:

“2.- Agrégase al artículo 494 del Código Penal un nuevo Nº 22:

22) El que incitare a otros a cometer delitos en contra de las personas o sus bienes, motivados por conductas que importen una discriminación arbitraria.”.

Fue retirada por su autor.

Indicación N° 81 bis

Del Honorable Senador señor Vásquez, para reemplazar, en el artículo 137bis.- la frase “promover el odio o la violencia,” por “promover o incitar el odio o la violencia, la agresión física, verbal o sicológica contra personas, grupo o colectividad,”.

Indicación N° 81 ter

Del Honorable Senador señor Vásquez, para agregar, después de “nacionalidad,” la frase “o promover o instigar la alteración del orden público o la seguridad del Estado en función de las mismas razones,”.

Vuestra Comisión analizó en conjunto la agravante de responsabilidad penal y el tipo penal que se proponen incorporar, mediante este artículo, al Código Penal.

El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que mediante las modificaciones se busca establecer un delito que sancione la exacerbación de la discriminación, pero que la agravante tiene una connotación distinta, pues ella busca aumentar la responsabilidad penal del autor de cualquier delito.

En tal sentido, agregó, la indicación 78 bis no enumera las razones de la discriminación, sino que agrava los delitos que se cometen con tal fundamento.

El señor Ministro Secretario General de la Presidencia hace presente que la redacción del tipo penal aprobado en el segundo informe no le parece adecuada, porque el sancionar al que “por cualquier medio realizare manifestaciones o expresiones destinadas a” puede resultar una limitación a la libertad de expresión.

Esa redacción, agregó, podría dar pábulo a que alguien manifieste algo que alguien pudiera pensar que esta destinado a promover el odio, todo lo cual se parece a la norma que antes contemplaba la Carta Fundamental en su artículo octavo.

El Director de Organizaciones Sociales indicó que Naciones Unidas ha sostenido que la libertad de expresión no permite promover el odio por raza, etnia, religión o nacionalidad, aspectos que son frecuente fuente de tensión, y explicación de muchas guerras. Tales conceptos, estimó, deben mantenerse en el tipo penal, quedando los restantes motivos de discriminación protegidos por el artículo 3º.

La señora Ministro Directora del Servicio Nacional de la Mujer, expresó que la redacción del tipo penal resulta de su particular interés, pues en su discusión, en definitiva, se debe decidir en qué medida el respeto de la libertad de expresión u opinión puede llegar a permitir acciones que induzcan a la violencia de género, a la discriminación de la mujer, o a su utilización como un bien apropiable.

Sobre el particular, agregó, parece pertinente tener en consideración la agravante de responsabilidad criminal que, en el artículo 22 de su Código Penal, contempla la legislación española, la que se configura al cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.

Posteriormente, como se deja constancia al inicio de la discusión particular de este informe, con fecha 19 de marzo de 2008 la Sala abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, oportunidad en que respecto de este artículo se formuló la siguiente indicación:

Indicación 78 ter

De Su Excelencia la señora Presidente de la República, para sustituir el número 2 por el siguiente:

“2) Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II, y el siguiente artículo:

“1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que públicamente y por cualquier medio hiciera apología del odio nacional, racial o religioso, incitando a la discriminación, la hostilidad o la violencia en contra de una persona, grupo de personas o colectividad será penado con presidio menor en su grados mínimos a medio.”.”.

En discusión, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia señala que la nueva proposición, de acuerdo al debate sostenido en la Comisión, limita el tipo a la realización de la apología de odio nacional, racial o religioso, sin perjuicio que estimó necesario modificar la redacción para eliminar expresiones tales como “el que por cualquier medio”.

En una sesión posterior, el señor Ministro propone el siguiente texto para el artículo 137 bis del Código Penal: “El que promueva el odio u hostilidad en contra de una persona o un grupo de personas en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.”.

Agregó que la nueva redacción es fruto del análisis del derecho comparado y, particularmente, de la ley de prensa, que contiene una norma similar, de la cual se ha eliminado su oración inicial “El que por cualquier medio de comunicación social realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades…”.

El Honorable Senador señor Chadwick expresó que, de esta forma, si la conducta se realiza utilizando un medio de comunicación social se aplicará la ley de prensa, que contempla una sanción mayor, atendida la extensión y mayor peligrosidad de la misma.

El Honorable Senador señor Ávila hace suya la redacción propuesta por el señor Ministro, y solicita votar la indicación 78 ter, incluyendo dicho texto como el del artículo 137 bis,

Sometida a votación la indicación 78 ter, modificada en la forma antes expuesta, es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

Sometida a votación la indicación 78 bis, es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

Sometidas a votación las indicaciones Nos 76 bis, 81 bis y 81 ter, son rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, Honorables Senadores señores Ávila, Cantero, Chadwick y Naranjo.

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Artículo 11

Con ocasión de su segundo informe, vuestra Comisión incorporó como artículo 11, nuevo, una norma que modifica la ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Las modificaciones que propone son al inciso cuarto del artículo 10, y a la letra e) de su artículo 17, respectivamente.

El referido inciso cuarto señala:

“En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.”.

Respecto de este inciso, el numero 1) del artículo 11 del proyecto despachado por vuestra Comisión en su segundo informe, sustituye la expresión “contradicción y de igualdad”, por “contradicción, igualdad y no discriminación arbitraria”.

La modificación contenida en el número 2) de este artículo, dice relación con el artículo 17 de la ley Nº 19.880, relativo a los derechos que tienen las personas en sus relaciones con la administración, y altera su letra e), que establece que las personas tienen derecho a “Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios…”, sustituyendo la expresión “respeto y deferencia” por respeto, deferencia y sin discriminación arbitraria”.

El artículo 11 no fue objeto de indicaciones. Sin embargo, durante el análisis del proyecto, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia manifestó su opinión en el sentido que la modificación contenida en su numeral 1) no era adecuada.

Explicó que el artículo 10 la ley Nº 19.880, cuyo inciso cuarto se propone modificar, se refiere a la alegaciones que pueden hacer los interesados en el procedimiento administrativo, procedimiento en que de acuerdo a la propia ley las partes deben estar en condiciones de igualdad y, por lo tanto, de no discriminación.

Después de analizarse por vuestra Comisión el planteamiento formulado se concordó con su eliminación.

En virtud de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado, la Comisión, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo, acordó suprimir el señalado número 1).

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MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos adoptados con ocasión de su segundo informe y de este informe complementario, vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1°

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.”.

(Indicación N° 3 bis, unanimidad 4x0).

Artículo 2º

Inciso primero

Reemplazar la oración “garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.”, por la siguiente “promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas.”.

(Indicación Nº 10, mayoría de votos 3x2).

Inciso segundo

Suprimirlo. (Indicaciones Nos 11 bis, 11 ter y 11 quinquies, unanimidad 4x0).

Incisos tercero y cuarto

Suprimirlos. (Indicaciones Nos 11 bis, 11 ter, 11 quáter y 11 quinquies, unanimidad 4x0).

Artículo 3º

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.638, las distinciones que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.”.

(Indicación número 20 ter, inciso primero 3x1,

inciso segundo, unanimidad, 4x0).

o o o

Incorporar, a continuación del artículo 3°, como artículo 4°, nuevo, el siguiente:

“Artículo 4°.- El o los directamente afectados podrán ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva mediante una acción por discriminación arbitraria, por sí o por cualquiera a su nombre, por las distinciones, exclusiones o restricciones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

La acción señalada deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o la correspondiente al domicilio del afectado.

En la tramitación de esta acción, la Corte, si hubiera controversia sobre los hechos, y lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.”.

(Indicaciones 32 quáter y 32 quinquies, unanimidad 4x0 y 5x0, respectivamente, y artículo 121 del Reglamento 4x0).

o o o

Eliminar el epígrafe “Titulo II Acción especial de no discriminación”.

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ARTÍCULO 4°

Suprimirlo. (Indicaciones Nos 33 y 34, unanimidad 4x0).

ARTÍCULO 5°

Suprimirlo. (Indicación N° 34 bis, modificada, unanimidad 4x0).

ARTÍCULO 6°

Suprimirlo. (Indicaciones Nos 34 bis, modificada, unanimidad 4x0; 47 bis y 47 ter, unanimidad 4x0).

ARTÍCULO 7°

Suprimirlo. (Indicaciones Nos 34 bis, modificada, unanimidad 4x0; 53 bis y 53 ter, unanimidad 4x0).

ARTÍCULO 8°

Suprimirlo. (Indicación No 34 bis, modificada, unanimidad 4x0).

o o o

Incorporar, como artículo 5°, nuevo, el siguiente:

“Artículo 5º.- Acogida la acción en los términos señalados en el artículo anterior, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente la indemnización de perjuicios para reparar el daño ocasionado por la discriminación arbitraria, la que se tramitará en un procedimiento breve y sumario.

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.”.

(Indicación 49 quáter, modificada 4x0).

o o o

Reemplazar el epígrafe “Titulo III Disposiciones Finales” por Título II Disposiciones finales”.

o o o

Incorporar como artículo 6º, nuevo, el siguiente:

“Artículo 6°.- Modifícase el artículo 2° de la ley 20.005, en el siguiente sentido:

1) En su encabezamiento, reemplázase la expresión “en la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo” por “en el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”;

2) En su letra a), sustitúyese la referencia al “artículo 78” por “artículo 84”;

3) Agrégase en la letra l), contenida en su número 3, a continuación de las palabras “acoso sexual” la expresión “y la discriminación arbitraria”, y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”, y

4) En su letra b), sustitúyense los guarismos “119” por “125”, y “78” por “84”, respectivamente.”.

(Indicación 75 bis y artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

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ARTÍCULO 9º

Psa a ser artículo 7º.

Reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 7º.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras “acoso sexual” la siguiente frase “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”.”.

(Indicación 75 ter y artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

o o o

Incorporar como artículo 8º, nuevo, el siguiente:

“Artículo 8º.- Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto “naturaleza humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.”.

(Indicaciones números 73 bis y 73 ter, unanimidad, 4x0).

o o o

Artículo 10

Pasa a ser artículo 9º, con las siguientes enmiendas:

Nº 1

Reemplazar el numeral 21º que propone incorporar, por el que sigue:

“21º: Cometer el delito fundado por motivo de discriminación arbitraria.”.

(Indicación 78 bis, unanimidad 4x0).

Nº 2

Sustituir en el enunciado la palabra “Incorpórase” por “Incorpórese”, y

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Reemplazar el artículo 137 bis, por el siguiente:

“Artículo 137 bis. El que promueva el odio u hostilidad en contra de una persona o un grupo de personas en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.”.

(Indicación 78 ter, unanimidad 4x0).

o o o

Incorporar como artículo 10, nuevo, el siguiente:

“Artículo 10.- Sustitúyese en la letra e) del artículo 17 de la ley N° 19.880 la conjunción “y” que sigue a la palabra “respeto” por una coma (,), y agrégase a continuación del término “deferencia” la frase “y sin discriminación arbitraria”.”.

(Indicación 87, unanimidad 5x0).

(121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

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En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley que da como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.

Artículo 2º.- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.638, las distinciones que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.

Artículo 4°.- El o los directamente afectados podrán ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva mediante una acción por discriminación arbitraria, por sí o por cualquiera a su nombre, por las distinciones, exclusiones o restricciones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

La acción señalada deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o la correspondiente al domicilio del afectado.

En la tramitación de esta acción, la Corte, si hubiera controversia sobre los hechos, y lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.

Artículo 5º.- Acogida la acción en los términos señalados en el artículo anterior, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente la indemnización de perjuicios para reparar el daño ocasionado por la discriminación arbitraria, la que se tramitará en un procedimiento breve y sumario.

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Título II

Disposiciones finales

Artículo 6°.- Modifícase el artículo 2° de la ley 20.005, en el siguiente sentido:

1) En su encabezamiento, reemplázase la expresión “en la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo” por “en el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”;

2) En su letra a),sustitúyese la referencia al “artículo 78” por “artículo 84”;

3) Agrégase en la letra l), contenida en su número 3, a continuación de las palabras “acoso sexual” la expresión “y la discriminación arbitraria”, y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”, y

4) En su letra b), sustitúyense los guarismos “119” por “125”, y “78” por “84”, respectivamente.

Artículo 7º.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras “acoso sexual” la siguiente frase “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”.

Artículo 8º.- Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto “naturaleza humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.

Artículo 9°.- Incorpórense al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21º: Cometer el delito fundado por motivo de discriminación arbitraria.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

Ҥ1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que promueva el odio u hostilidad en contra de una persona o un grupo de personas en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.”.

Artículo 10.- Sustitúyese en la letra e) del artículo 17 de la ley N° 19.880 la conjunción “y” que sigue a la palabra “respeto” por una coma (,), y agrégase a continuación del término “deferencia” la frase “y sin discriminación arbitraria”.”.

-.-.-

Acordado en sesiones celebradas los días 12 de diciembre de 2007, y 16 de enero, 5 y 19 de marzo, 7 y 14 de mayo de 2008, con asistencia de los Honorables Senadores señores Nelson Ávila Contreras, Andrés Chadwick Piñera (Presidente), Carlos Cantero Ojeda (Adolfo Zaldívar Larraín), Carlos Ignacio Kuschel Silva y Jaime Naranjo Ortiz.

Sala de la Comisión, a 3 de junio de 2008.

JUAN PABLO DURÁN GONZÁLEZ

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME COMPLEMENTARIO DEL SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (BOLETÍN Nº 3.815-07)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Prevenir y buscar eliminar la discriminación arbitraria; Crear una acción que permita, ante toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, recurrir a la Corte para restablecer el imperio del derecho; Sancionar al responsable del acto u omisión arbitraria, y promover el estudio de la materia en los diversos niveles de la educación.

II. ACUERDOS: Indicaciones:

Números

3 bis aprobada con modificaciones 4x0.

8 bis rechazada 4x0.

11 bis aprobada 4x0.

11 ter aprobada 4x0.

11 quáter aprobada 4x0.

11 quinquies aprobada 4x0.

14 bis rechazada 4x0.

17 bis rechazada 4x0.

20 bis rechazada 4x0.

20 ter aprobada. Inciso primero 3x1; inciso segundo 4x0.

21 bis rechazada 3x1.

21 ter rechazada 4x0.

21 quáter rechazada 3x1.

21 quinquies rechazada 3x1.

21 sexies rechazada 4x0.

24 bis rechazada 4x0.

24 ter rechazada 4x0.

32 bis rechazada 4x0.

32 ter rechazada 4x0.

32 quáter aprobada 4x0.

32 quinquies aprobada 4x0.

34 bis aprobada con modificaciones 4x0.

34 ter rechazada 4x0.

34 quáter rechazada 4x0.

34 quinquies rechazada 4x0.

34 sexies rechazada 4x0.

34 septies rechazada 4x0.

47 bis aprobada 4x0.

47 ter aprobada 4x0.

49 bis rechazada 4x0.

49 ter rechazada 4x0.

49 quáter aprobada con modificaciones 4x0.

49 quinquies rechazada 4x0.

52 bis rechazada 4x0.

53 bis aprobada 4x0.

53 ter aprobada 4x0.

57 bis rechazada 4x0.

73 bis aprobada 4x0.

73 ter aprobada 4x0.

75 bis aprobada con modificaciones 4x0.

75 ter aprobada con modificaciones 4x0.

76 bis rechazada 4x0.

78 bis aprobada 4x0.

78 ter aprobada con modificaciones 4x0.

80 bis retirada.

80 ter retirada.

81 bis rechazada 4x0.

81 ter. rechazada 4x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 10 artículos permanentes, en dos Títulos.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 4º, 5° y 8º que se proponen en el texto que os presentamos son materia de ley orgánica constitucional y deben ser aprobados con el quórum previsto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso primero, respecto de los artículos 4° y 5°, y al inciso final del N° 11 del artículo 19, de la Carta Fundamental, en el caso del artículo 8°.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobación en general: votaron 50 por la afirmativa; 24 por la negativa, 3 abstenciones.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 12 de octubre de 2005.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe complementario del segundo informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

Ley 20.005, que tipifica y sanciona el acosos sexual;

Ley N° 18.834, cuto texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de Hacienda, de 2005;

Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales;

Ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, cuto texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de Educación, de 2006;

Ley N° 19.638, establece normas sobre la constitución jurídica de las Iglesias y organizaciones religiosas;

Código Penal, y

Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Valparaíso, a 3 de junio de 2008.

JUAN PABLO DURÁN GONZÁLEZ

Secretario

?Valparaíso, 11 de junio de 2.008

Oficio DDHH N° 006/2008.

Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, durante la tramitación del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, correspondiente al Boletín N° 3.815-07, ha acordado oficiar a la Excelentísima Corte Suprema, para recabar su parecer respecto de las disposiciones incorporadas como artículos 4° y 5° del referido proyecto, al emitir un informe complementario del segundo informe.

Además, cumplo con comunicar a Vuestra Excelencia que, la señora Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de la iniciativa, calificándola de “suma”, de la cual se dio cuenta en sesión del Senado de 3 de junio de 2008.

Adjunto remito el texto del proyecto despachado, con esta fecha, por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

Presidente

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

MINISTRO DON URBANO MARÍN VALLEJO

SANTIAGO

PROYECTO DE LEY

“Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.

Artículo 2º.- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.638, las distinciones que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.

Artículo 4°.- El o los directamente afectados podrán ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva mediante una acción por discriminación arbitraria, por sí o por cualquiera a su nombre, por las distinciones, exclusiones o restricciones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

La acción señalada deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o la correspondiente al domicilio del afectado.

En la tramitación de esta acción, la Corte, si hubiera controversia sobre los hechos, y lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.

Artículo 5º.- Acogida la acción en los términos señalados en el artículo anterior, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente la indemnización de perjuicios para reparar el daño ocasionado por la discriminación arbitraria, la que se tramitará en un procedimiento breve y sumario.

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Título II

Disposiciones finales

Artículo 6°.- Modifícase el artículo 2° de la ley 20.005, en el siguiente sentido:

1) En su encabezamiento, reemplázase la expresión “en la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo” por “en el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”;

2) En su letra a),sustitúyese la referencia al “artículo 78” por “artículo 84”;

3) Agrégase en la letra l), contenida en su número 3, a continuación de las palabras “acoso sexual” la expresión “y la discriminación arbitraria”, y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”, y

4) En su letra b), sustitúyense los guarismos “119” por “125”, y “78” por “84”, respectivamente.

Artículo 7º.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras “acoso sexual” la siguiente frase “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”.

Artículo 8º.- Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto “naturaleza humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.

Artículo 9°.- Incorpórense al Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21º: Cometer el delito fundado por motivo de discriminación arbitraria.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

Ҥ1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que promueva el odio u hostilidad en contra de una persona o un grupo de personas en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.”.

Artículo 10.- Sustitúyese en la letra e) del artículo 17 de la ley N° 19.880 la conjunción “y” que sigue a la palabra “respeto” por una coma (,), y agrégase a continuación del término “deferencia” la frase “y sin discriminación arbitraria”.”.

-.-.-

?INFORME PROYECTO LEY 17 - 2008

Oficio N° 96

Antecedente: Boletín N° 3815-07

Santiago, 23 de junio de 2008

Por oficio N° DDHH N° 006/2008, de 11 de junio de 2008, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado, remitió a la Corte Suprema, el proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que establece medidas contra la discriminación (Boletín N° 3815-07). Lo anterior, se ha solicitado al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 20 de junio del presente, presidida por el titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, señora Margarita Herreros Martínez, señores Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Pedro Pierry Arrau, señoras Gabriela Pérez Paredes, Sonia Araneda Briones y señor Carlos Künsemüller Loebenfelder, y el suplente señor Julio Torres Allú, acordó informar favorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones:

AL SEÑOR

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

PRESIDENTE

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

H. SENADO

VALPARAÍSO

I. Antecedentes:

El proyecto fue informado favorablemente por esta Corte Suprema mediante Oficio N° 27 de 23 de enero de 2007, pese a que este Tribunal, en el proyecto original y en otra modificación sobre el asunto, no estuvo de acuerdo con el establecimiento de esta acción especial, por estimar que era suficiente la acción constitucional de protección. En efecto, en este Oficio se expresaba lo siguiente:

“…ante la insistencia sobre su procedencia y como se advierte en lo sustantivo, que se clarifica el ámbito de aplicación de este arbitrio especial contra la discriminación y, en lo procesal, se expresa que interpuesta la acción de protección precluye el ejercicio de la que contempla la iniciativa legal, privilegiando de este modo el estatuto constitucional y corregidos, además, los otros reparos adjetivos advertidos por esta Corte, es que se emite un pronunciamiento favorable al proyecto en estudio, haciendo presente lo siguiente:

“1. Con el objeto de precisar aún más la incompatibilidad de la acción especial de no discriminación con el recurso de protección y con otras acciones judiciales contenidas en leyes especiales, se propone la siguiente redacción para el inciso final del artículo 4° de la iniciativa:

“Artículo 4° (…)

No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos y se archivara en caso de haberse ya deducidos”.

2. En cuanto a la tramitación de la acción, se propone la siguiente redacción para los incisos 11 y 12 del artículo 5° de la iniciativa:

“(…) La Corte apreciará la prueba conforme a la sana crítica y dictará fallo dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo. . Este Tribunal conocerá el asunto en cuenta, sin perjuicio de ordenar traer los autos en relación si existieren motivos fundados para ello”.

Con anterioridad, el proyecto había sido informado por esta Corte Suprema desfavorablemente, mediante Oficio N° 58 de 3 de mayo de 2005. A juicio del máximo tribunal, en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República “se regula de algún modo la no discriminación y, frente a la amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de este derecho, se concede el recurso de protección”. Además, señaló:

“(…) este Tribunal es de opinión que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo”.

En esa oportunidad 7 ministros fueron de opinión de informar favorablemente el proyecto, “por estimar que la iniciativa resultaría un complemento necesario al derecho constitucional de la igualdad ante la ley y la prohibición que se le impone a la ley o cualquiera autoridad para establecer diferencias arbitrarias”.

La Corte informó por segunda vez el proyecto, también desfavorablemente, el 15 de noviembre de 2005 (Oficio N° 168), a partir de las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados al texto enviado por el Ejecutivo. En particular, se pronunció sobre:

- La eliminación del plazo de 30 días para interponer la acción, lo que a su juicio importaba un serio reparo respecto a la seguridad jurídica.

- La no referencia a norma de competencia territorial alguna, pues el proyecto hablaba de “Corte respectiva”. A juicio del máximo tribunal: “(…) en este panorama al no existir regla general, cualquiera Corte de Apelaciones podría ser competente, sin referirse a lo menos al lugar en que se hubiese cometido el acto u omisión arbitrarios”.

- La eliminación de la disposición que facultaba a la Corte Suprema para regular, a través de un Auto Acordado, los aspectos necesarios para la debida sustanciación de la acción. Dicha eliminación se mantiene en el texto sometido actualmente a la consideración de la Corte. No obstante lo anterior, y como señaló el máximo tribunal en su anterior informe, esa eliminación no le impide, dentro de sus facultades, dictar instrucciones de carácter económico sobre la materia.

-La eliminación de la procedencia del recurso de apelación, respecto del texto informado la primera vez.

En esta oportunidad se someten a la Corte, para su pronunciamiento, las disposiciones incorporadas como artículos 4° y 5° del referido proyecto de ley. El texto corresponde a la versión final propuesta por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado, las que se originan en un informe complementario del segundo informe de esa Comisión, durante la tramitación del proyecto.

II. Contenido del Proyecto

En lo referente a la materia que al máximo tribunal le corresponde informar, el texto actual del proyecto en relación al texto que informó favorablemente en enero de 2007, innova en los siguientes aspectos:

1. Compatibilidad de la acción especial de no discriminación con el recurso de protección

Se elimina la mención que hacía el texto anterior del proyecto en el inciso final del artículo 4°, sobre la incompatibilidad entre la acción especial de no discriminación y el recurso de protección, de suerte que por omisión de alguna expresión sobre dicha incompatibilidad, o sobre la preferencia de la acción constitucional de protección, la compatibilidad entre ambas se deduce de manera tácita. Situación que este tribunal hizo presente para evitar la tramitación conjunta de acciones de similar naturaleza a las que podría incluirse la de tutela laboral.

2. Plazo para deducir la acción

Se modifica el plazo para deducir la acción, reduciéndose de 3 meses a 30 días según lo dispone el inciso segundo del artículo 4°:

“Artículo 4° (…)

La acción señalada deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos…”

El plazo que se propone ahora, resulta coincidente con el plazo del recurso de protección, modificado por el auto acordado sobre tramitación y fallo de éste, dictado por este Máximo Tribunal en año 2007.

3. Competencia territorial

Se precisa la competencia desde un punto de vista acumulativo, con opción de elegir el recurrente a la Corte de Apelaciones en que se hubiere producido el acto u omisión reclamados o a la del domicilio del afectado, aun con la imprecisión que se anota en el inciso primero:

“Artículo 4°

El o los directamente afectados podrán ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva mediante una acción por discriminación arbitraria, por sí o por cualquiera a su nombre, por las distinciones, , exclusiones o restricciones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese su realización.

La acción señalada deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o la correspondiente al domicilio del afectado”.

La contradicción se podría salvar reemplazando la palabra “respectiva” por “competente” en el inciso primero.

4. Apelación

Se elimina del artículo 5° del nuevo texto, la referencia a la procedencia del recurso de apelación y de cualquier otro. Lo cual hace que el asunto sea conocido en única instancia, lo que será un factor para que el afectado pueda deducir, por la doble instancia, la acción de protección constitucional.

5. Procedimiento

Al modificarse sustancialmente la redacción de los artículos 4° y 5° del proyecto, como se contenía en el texto informado a principios del año 2007, reaparecen los vacíos en el procedimiento.

La tramitación de la acción queda regulada exclusivamente en el inciso final del artículo 4° del proyecto, en los siguientes términos:

“En la tramitación de esta acción, la Corte, si hubiera controversia sobre los hechos, y lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver”.

6. Demanda de Indemnización de Perjuicios

El texto del artículo 5° trata dos materias: 1) procedencia de demanda de indemnización de perjuicios en el inciso primero y, 2) aplicación de multas, en el inciso final.

La disposición del artículo queda redactada en los siguientes términos:

“Artículo 5°

Acogida la acción en los términos señalados en el artículo anterior, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente la indemnización de perjuicios para reparar el daño ocasionado por la discriminación arbitraria, la que se tramitará en un procedimiento breve y sumario.

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales”.

El inciso primero hace procedente a favor del o los afectados, la acción civil por indemnización de perjuicios, en caso de acogerse por la Corte de Apelaciones competente, la acción por discriminación arbitraria.

De acuerdo al inciso primero de este artículo, se otorga competencia para conocer de esta demanda, al “juez de letras competente”. Al respecto y a la luz de la imprecisión del artículo 4° con respecto a la competencia para conocer de la acción por discriminación arbitraria, no se precisa si será el juez de letras del domicilio del afectado o del de la jurisdicción donde se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria.

7. Aplicación de multas

Se modifican las normas sobre aplicación de multas, contempladas en los incisos tercero y cuarto del artículo 6° del texto anterior del proyecto.

En el texto que se informa en el inciso final del artículo 5° se entrega a la Corte de Apelaciones la facultad de aplicar multa al infractor. Esta disposición establece lo siguiente:

“Artículo 5° (…)

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales”.

Esta disposición, por razones de técnica legislativa y tratándose de atribuciones que se otorgan a las Cortes de Apelaciones, es decir, al órgano jurisdiccional que conocerá de la acción, debiera contemplarse en el artículo 4° que precisamente regula el procedimiento de la acción en cuestión.

8. Acuerdos reparatorios

Se elimina en el nuevo texto del artículo 5° toda referencia a la posibilidad de convenir entre las partes, acuerdo reparatorios.

III. Conclusiones

1. El proyecto, en su redacción final propuesta por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado, no acoge las observaciones formuladas por las Corte en anteriores informes, en particular en los siguientes aspectos: i) Incompatibilidad de la acción por discriminación arbitraria con el recurso de protección; ii) Procedencia del recurso de apelación; iii)Reducción del carácter inquisitivo del procedimiento; iv) Apreciación de la prueba conforme a la sana crítica.

2. Se mantiene vigente la observación formulada por el máximo tribunal en su primer informe, relativa a la falta de concordancia entre el proyecto y la normativa sobre discriminación en materia laboral, contenida en el artículo 2° del Código del Trabajo (disposición reformada por la ley N° 19.759, de 5 de octubre de 2001). En efecto, de prosperar el proyecto habría diferentes tribunales que conocerían de la materia, a través de procedimientos igualmente disímiles.

Lo anterior, especialmente teniendo presente que debido a que las infracciones al Código del Trabajo en materia de discriminación son de competencia de los tribunales del ramo, a través del procedimiento de tutela laboral, y, en cambio, la acción especial de no discriminación sería conocida por las Cortes de Apelaciones.

Finalmente, se hace presente -como ha informado la Corte en proyectos anteriores- que se hará necesario suplementar los recursos que financian la actividad del Poder Judicial, atendida la mayor carga de trabajo que traerá consigo el aumento del ingreso de causas a los tribunales de justicia.

Lo anterior es todo cuanto puedo informar.

Saluda atentamente a V. S.

Urbano Marín Vallejo

Presidente

Beatriz Pedrals García de Cortázar

Secretaria Suplente

INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE LEY EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Boletín N° 3.815-07

13.10.08

Indicaciones recibidas en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (referidas al texto despachado por la Comisión de Derechos Humanos)

Artículo 1°

1.- De los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, para sustituir el artículo 1º propuesto, por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

2.- Del H. Senador señor Arancibia, para sustituir el artículo 1º propuesto, por el siguiente:

“Artículo 1°.- La presente ley interpretativa de la Constitución tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas”.

Artículo 2°

3.- De los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, para suprimir el artículo 2°.

Artículo 3°

4.- De los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, para sustituir el artículo 3º propuesto, por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y el correspondiente recurso de protección que se encuentra consagrado en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, se entenderá, entre otros, por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, de carácter arbitrario, basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión o creencias, nacionalidad o ascendencia nacional, origen social y o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, que tengan por objeto privar, perturbar o amenazar, el legítimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

5 .- De los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, en subsidio de la anterior, para sustituir el artículo 3º propuesto, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión o preferencia que sea contraria a la razón, la justicia o las leyes, y que tenga por objeto privar, perturbar o amenazar, el legitimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales de la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".

6. De S.E. la señora Presidenta de la República, para introducir las siguientes enmiendas al artículo 3°:

6.1. Reemplazar en su inciso primero, la frase “en motivos de” por la frase “en motivos tales como la”.

6.2. Agregar, a continuación de las palabras “ideología u opinión política”, las palabras “religión o creencia,”.

6.3. Agregar, en su inciso segundo, a continuación de la palabra “distinciones”, las siguientes palabras “exclusiones, restricciones o preferencias”.

7.- Del Honorable Senador señor Zaldívar, para introducir las siguientes enmiendas al artículo 3°:

7.1. Suprimir, en el inciso primero, las palabras “orientación sexual”, y la coma (,) que sigue, y

7.2. Agregar, como inciso segundo nuevo, el siguiente:

“Lo anterior no permitirá, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, autorizar vínculo matrimonial distinto del consagrado en el artículo 102 del Código Civil.”.

8.- Del Honorable Senador señor Arancibia, para introducir las siguientes enmiendas al artículo 3°:

8.1. Sustituir el inciso primero del artículo tercero por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, estado civil, edad o estado de desarrollo biológico a partir de la concepción o unión de los gametos masculino y femenino y en cualquiera de sus etapas posteriores, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.”.

8.2. En subsidio de la anterior, sustituir el inciso primero del artículo tercero por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada, caprichosa o irracional de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, cuando ello se produzca a raíz de una ponderación injusta o desproporcionada de los méritos o idoneidad de una persona o grupo de personas, en relación a los fines que corresponden de suyo a una actividad o que con ella razonablemente se pretenden alcanzar, sin desvirtuar su naturaleza.”.

8.3. Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo tercero: “Lo anterior no permitirá, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, autorizar vínculo matrimonial distinto del consagrado en artículo 102 del Código Civil.”.

8.4. Sustituir el inciso segundo del artículo tercero por el siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.638, las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.”.

8.5. Agregar la siguiente oración al inciso tercero del actual artículo tercero: “Lo anterior, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá afectar el derecho de los niños y adolescentes a vivir en una familia constituida por un vínculo matrimonial según la definición de matrimonio consagrada en el artículo 102 del Código Civil.”.

Artículo 4°

9.- De los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, para suprimir el artículo 4°.

10.- De los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, en subsidio de la anterior, para sustituir el inciso primero del artículo 4º propuesto, por el siguiente:

“Artículo 4°.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra. Para ello podrá interponer el recurso de protección.”.

11.- De los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, para eliminar los incisos segundo y tercero del artículo 4°.

12. De S.E. la señora Presidenta de la República, para introducir las siguientes enmiendas al artículo 4°:

12.1. Para reemplazar en su inciso primero, la palabra “respectiva”, por “competente”.

12.2. Para sustituir su inciso tercero por el siguiente:

“Deducida la acción, la Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificando por oficio la resolución que así lo ordene. El informe deberá ser evacuado por el requerido dentro de del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación.”.

12.3. Para agregar los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, nuevos:

“Si hubiere controversia sobre los hechos y, la Corte lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.

La Corte apreciará la prueba conforme a la sana crítica.

El fallo deberá dictarse dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia. La Corte deberá declarar la existencia o no de discriminación y ordenar, de persistir la discriminación al tiempo del fallo, su cese inmediato bajo apercibimiento de multa. Deberá además, indicar las medidas concretas dirigidas a reparar las consecuencias de la discriminación, adoptando las providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La Corte podrá, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo. Este tribunal conocerá del asunto en cuenta, sin perjuicio de ordenar traer los autos en relación si existieren motivos fundados para ello.”.

Artículo 5°

13.- De los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, para suprimir el artículo 5°.

14.- De S.E. la señora Presidenta de República, para modificar el artículo 5° de la siguiente manera:

14.1. Para agregar a continuación de la palabra “letras” la siguiente frase “del domicilio del demandado”.

14.2. Para eliminar su inciso segundo.

15.- De los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, para reemplazar el inciso primero del artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- Acogido el recurso de protección procedente, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.”.

° ° °

Artículo 6°

, nuevo

16.- De S.E. la señora Presidenta de República, para agregar el siguiente artículo sexto, nuevo, pasando el actual artículo sexto a ser séptimo, modificándose la numeración correlativa:

“Artículo 6º.- Ejercida la acción por discriminación en los términos que regula esta ley, no podrá impetrarse la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales, siempre que se refiera a los mismos hechos.”.

° ° °

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación.

BOLETÍN Nº 3.815-07

____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia.

Además de sus miembros, a una de las sesiones celebradas concurrió el Honorable Senador señor Letelier.

A las sesiones efectuadas por la Comisión durante la anterior Administración, asistieron el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo; el Subsecretario de dicha Cartera de Estado de esa época, señor Edgardo Riveros; la abogada de la División Jurídica Legislativa, señora Josefina Court, y el asesor, señor Marco Opazo.

Por parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno, concurrieron los entonces Subsecretarios, señores Augusto Prado y Neftalí Carabantes, y el Director de la División de Organizaciones Sociales, señor Francisco Estévez. Este último asistió, con posterioridad, en su calidad de investigador de la Fundación Ideas.

Participaron, además, la ex Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz; el entonces Jefe del Departamento de Reformas Legales de dicha Secretaría de Estado, señor Marco Rendón, y el Jefe de Gabinete, señor Patricio Reinoso.

Durante la actual Administración, concurrieron en representación de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministro señor Cristián Larroulet; el Coordinador de la División de Estudios, señor Claudio Oliva, y los asesores, señores Juan Pablo Rodríguez y Andrés Sotomayor. Participó, además, la abogada señora Carolina Infante.

Asimismo, asistió la nueva titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señora Ena von Baer, y sus asesoras, señoras Constanza Hube y Fernanda Somarriva.

En algunas de las sesiones celebradas participó, además, la asesora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Susan Ortega.

Especialmente invitados, concurrieron, en representación de la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas Une-Chile, los Pastores señores Francisco Rivera, Patricio Godoy y Manuel Ceballos. Por el Instituto de Estudios Evangélicos y el Movimiento Cristiano por Chile asistió su Secretario Ejecutivo, señor Francisco Bustos. Por parte de la ONG Acción Familia participó su Director, señor Juan Antonio Montes. De la Red por la Vida y Familia, intervinieron su Coordinadora, señora Patricia Gonnelle, y el abogado, señor Álvaro Ferrer, quien, además, se desempeña como investigador del Centro de Estudios para el Derecho y la Ética Aplicada, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Por la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales Acción, asistió el señor Álvaro Ramis. De la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, participó el profesor señor Arturo Fermandois. En representación de B´nai B´rith Chile, de la Comunidad Judía de Chile, participó su Directora de Asuntos Públicos, señora Claudia Kravetz. Igualmente, concurrieron por la Comunidad Judía de Chile, su Presidente, señor Gabriel Zaliasnik, y el señor Marcelo Isaacson.

En nombre de la Fundación Ideas, asistió su Directora, señora Patricia Cardemil, y, posteriormente, en calidad de investigador de esta Fundación, participó el señor Francisco Estévez. Por el Servicio Evangélico para el Desarrollo, concurrió el señor Juan Sepúlveda. Por parte del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, asistió el señor Rolando Jiménez, quien fue acompañado por el abogado y profesor señor Fernando Muñoz. De la Agrupación de Familiares de Enfermos Psiquiátricos, participó su representante, señora Andrea Cáceres. Intervino, asimismo, el abogado señor Ciro Colombara.

En representación de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, asistió el Consejero Superior, señor Diego Schalper. Por parte del Centro de Alumnos de Derecho de la misma Universidad, concurrió su Vicepresidente, señor Santiago Larraín.

En representación del Observatorio Parlamentario, concurrieron la abogada de la Corporación Humanas, señora Camila Maturana; la Investigadora del Centro de Estudios de la Mujer, señora Claudia Paz, y la Coordinadora Ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, señora Maira Feddersen.

Intervinieron, asimismo, los abogados de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Alejandra Voigt y señor Juan Pablo Cavada.

En una etapa posterior, la Comisión contó con la colaboración de los profesores señora Beatriz Corbo y señores Juan Domingo Acosta y Patricio Zapata.

En representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos asistieron los abogados señora señores Juan Pablo González y Federico Aguirre y la asesora señora Elvira Oyanguren.

Estuvieron presentes, finalmente, el asesor de la Honorable Senadora señora Alvear, señor Marcelo Drago, y el asesor del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, señor Fernando Dazarola.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL Y PARECER DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

Cabe dejar constancia que los artículos 3°, 6° y 13 del proyecto tienen el carácter de orgánico constitucionales por vincularse con las atribuciones de los tribunales. En consecuencia, en mérito de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, requieren, para su aprobación, del voto favorable de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio.

Igualmente, debe hacerse presente que, habiéndose introducido diversas enmiendas al texto despachado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en su último informe, que inciden en materia de atribuciones de los tribunales, vuestra Comisión puso nuevamente en conocimiento de la Excma. Corte Suprema el articulado que se consigna al final de este informe. Lo anterior, en mérito de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, y aun cuando en una etapa posterior de su trabajo la Comisión acordó reabrir el debate, lo que dio lugar a nuevos acuerdos y enmiendas al texto preliminarmente acordado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: no hubo.

2.-Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 3 y 13.

3.-Indicaciones aprobadas con modificaciones: 1, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 10 y 11.

4.-Indicaciones rechazadas: 2, 6, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9, 14, 14.1, 14.2, 15 y 16.

5.-Indicaciones retiradas: 4, 12, 12.1, 12.2 y 12.3.

6.-Indicaciones declaradas inadmisibles: no hubo.

Como se explicará, después de haberse pronunciado sobre las indicaciones presentadas, la Comisión resolvió reabrir el debate sobre la iniciativa, de manera de poder considerar un conjunto de nuevos antecedentes y proposiciones y alcanzar, de este modo, redacciones que dieran satisfacción en mejor forma a los propósitos que la iniciativa plantea.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión hubo de pronunciarse, una vez más, sobre algunas de las indicaciones presentadas al inicio de su trabajo, particularmente respecto de aquellas que dicen relación con las materias abordadas por el nuevo articulado que surgió en la fase final del debate. Además de lo anterior, se acogieron algunas nuevas disposiciones que se estimaron necesarias para alcanzar un texto que regule en forma armónica y coherente el objetivo de esta iniciativa.

Los acuerdos anteriores se adoptaron en mérito de lo dispuesto por los artículos 121, inciso final, y 185 del Reglamento de la Corporación.

ANTECEDENTES

Es dable informar que durante el mes de octubre de 2005, esta iniciativa ingresó al Senado en segundo trámite constitucional, disponiéndose por la Sala que pasara a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Evacuado el primer informe de la mencionada Comisión, la Sala aprobó en general el proyecto en sesión del día 2 de mayo de 2006.

Enseguida, la misma Comisión llevó a cabo la discusión en particular del mismo, evacuando su segundo informe en enero de 2007. Posteriormente, sin haber conocido este último informe, en septiembre del mismo año, la Sala resolvió recabar nuevos informes de la ya mencionada Comisión y también de la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En junio de 2008, la primera de las señaladas Comisiones evacuó un informe complementario de su segundo informe, radicándose entonces la iniciativa en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Esta última inició su trabajo resolviendo escuchar, en primer término, a las autoridades, instituciones y personas interesadas en expresar su parecer en relación a la iniciativa. A la vez, con fecha 30 de septiembre de 2008, la Sala abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones.

Finalizadas las audiencias celebradas por vuestra Comisión para oír las señaladas exposiciones, se procedió a revisar pormenorizadamente la normativa del proyecto y las indicaciones presentadas, adoptándose en relación con ellas los respectivos acuerdos.

En marzo del año 2011, considerando los nuevos antecedentes que se hicieron presente a la Comisión por diferentes personas e instituciones y teniendo en cuenta los planteamientos de las nuevas autoridades de Gobierno, se resolvió -como se ha señalado precedentemente- reabrir el debate, de manera de tener la posibilidad de reconsiderar los acuerdos anteriores y explorar fórmulas que resultaran satisfactorias para alcanzar de mejor forma los objetivos que persigue el proyecto. En esta etapa de su trabajo, la Comisión contó con la colaboración de un grupo de especialistas que formuló una serie de proposiciones en relación al articulado de la iniciativa, de las cuales derivaron los textos que se plantean en la parte final de este informe.

A raíz de este trabajo, se concordó, en definitiva, un nuevo articulado para este proyecto de ley.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión hubo de pronunciarse, una vez más, sobre algunas de las indicaciones presentadas al inicio del trabajo, particularmente respecto de aquellas que dicen relación con las materias abordadas por los nuevos preceptos y, además, se acogieron algunas nuevas disposiciones que se estimaron necesarias para alcanzar un texto que regule en forma armónica y coherente el propósito de esta iniciativa.

Estas decisiones se adoptaron en mérito de lo dispuesto por los artículos 121, inciso final, y 185 del Reglamento del Senado.

INFORME DE LA CORTE SUPREMA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008

Por recaer en el proyecto de ley aprobado en su último informe por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía -que fue considerado en el estudio de esta Comisión de Constitución- y en atención a que llegó al Senado con posterioridad a su despacho, a continuación se da cuenta del contenido del Oficio N° 96, de 23 de junio de 2008, del Máximo Tribunal.

En dicho oficio, la Excma. Corte Suprema expresa que, impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, acordó informarlo favorablemente, formulando algunas observaciones.

Hace presente que la iniciativa fue informada favorablemente por esa Corte mediante un oficio anterior, de 23 de enero de 2007, pese a que el Tribunal, en el proyecto original y en otra modificación sobre el asunto, no estuvo de acuerdo con el establecimiento de la acción especial que se propone, por estimar que era suficiente la acción constitucional de protección.

Manifiesta que en dicho Oficio se expresaba lo siguiente: “…ante la insistencia sobre su procedencia y como se advierte en lo sustantivo, que se clarifica el ámbito de aplicación de este arbitrio especial contra la discriminación y, en lo procesal, se expresa que interpuesta la acción de protección precluye el ejercicio de la que contempla la iniciativa legal, privilegiando de este modo el estatuto constitucional y corregidos, además, los otros reparos adjetivos advertidos por esta Corte, es que se emite un pronunciamiento favorable al proyecto en estudio, haciendo presente lo siguiente:

“1. Con el objeto de precisar aún más la incompatibilidad de la acción especial de no discriminación con el recurso de protección y con otras acciones judiciales contenidas en leyes especiales, se propone la siguiente redacción para el inciso final del artículo 4° de la iniciativa:

“Artículo 4° (…) No podrá interponerse la acción regulada en el presente Título, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales y siempre que se refiera a los mismos hechos y se archivará en caso de haberse ya deducido.”.

2. En cuanto a la tramitación de la acción, se propone la siguiente redacción para los incisos 11 y 12 del artículo 5° de la iniciativa:

“(…) La Corte apreciará la prueba conforme a la sana crítica y dictará fallo dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo. Este Tribunal conocerá el asunto en cuenta, sin perjuicio de ordenar traer los autos en relación si existieren motivos fundados para ello”.

Con anterioridad, el proyecto había sido informado por esta Corte Suprema desfavorablemente, mediante Oficio N° 58 de 3 de mayo de 2005. A juicio del Máximo Tribunal, en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República “se regula de algún modo la no discriminación y, frente a la amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de este derecho, se concede el recurso de protección”. Además, señaló:

“(…) este Tribunal es de opinión que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo”.

En esa oportunidad, siete ministros fueron de opinión de informar favorablemente el proyecto, “por estimar que la iniciativa resultaría un complemento necesario al derecho constitucional de la igualdad ante la ley y la prohibición que se le impone a la ley o cualquiera autoridad para establecer diferencias arbitrarias”.

La Corte informó por segunda vez el proyecto, también desfavorablemente, el 15 de noviembre de 2005 (Oficio N° 168), a partir de las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados al texto enviado por el Ejecutivo. En particular, se pronunció sobre:

- La eliminación del plazo de 30 días para interponer la acción, lo que a su juicio importaba un serio reparo respecto a la seguridad jurídica.

- La no referencia a norma de competencia territorial alguna, pues el proyecto hablaba de “Corte respectiva”. A juicio del máximo tribunal: “(…) en este panorama al no existir regla general, cualquiera Corte de Apelaciones podría ser competente, sin referirse a lo menos al lugar en que se hubiese cometido el acto u omisión arbitrarios”.

- La eliminación de la disposición que facultaba a la Corte Suprema para regular, a través de un Auto Acordado, los aspectos necesarios para la debida sustanciación de la acción. Dicha eliminación se mantiene en el texto sometido actualmente a la consideración de la Corte. No obstante lo anterior, y como señaló el máximo tribunal en su anterior informe, esa eliminación no le impide, dentro de sus facultades, dictar instrucciones de carácter económico sobre la materia.

- La eliminación de la procedencia del recurso de apelación, respecto del texto informado la primera vez.

En esta oportunidad, se someten a la Corte, para su pronunciamiento, las disposiciones incorporadas como artículos 4° y 5° del referido proyecto de ley. El texto corresponde a la versión final propuesta por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado, las que se originan en un informe complementario del segundo informe de esa Comisión, durante la tramitación del proyecto.

II. Contenido del proyecto.

En lo referente a la materia que al Máximo Tribunal le corresponde informar, el texto actual del proyecto en relación al texto que informó favorablemente en enero de 2007, innova en los siguientes aspectos:

1. Compatibilidad de la acción especial de no discriminación con el recurso de protección.

Se elimina la mención que hacía el texto anterior del proyecto en el inciso final del artículo 4°, sobre la incompatibilidad entre la acción especial de no discriminación y el recurso de protección, de suerte que por omisión de alguna expresión sobre dicha incompatibilidad, o sobre la preferencia de la acción constitucional de protección, la compatibilidad entre ambas se deduce de manera tácita. Situación que este tribunal hizo presente para evitar la tramitación conjunta de acciones de similar naturaleza a las que podría incluirse la de tutela laboral.

2. Plazo para deducir la acción.

Se modifica el plazo para deducir la acción, reduciéndose de 3 meses a 30 días según lo dispone el inciso segundo del artículo 4°:

“Artículo 4° (…)

La acción señalada deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos…”

El plazo que se propone ahora resulta coincidente con el plazo del recurso de protección, modificado por el auto acordado sobre tramitación y fallo de éste, dictado por este Máximo Tribunal en el año 2007.

3. Competencia territorial.

Se precisa la competencia desde un punto de vista acumulativo, con opción de elegir el recurrente a la Corte de Apelaciones en que se hubiere producido el acto u omisión reclamados o a la del domicilio del afectado, aún con la imprecisión que se anota en el inciso primero:

“Artículo 4°

El o los directamente afectados podrán ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva mediante una acción por discriminación arbitraria, por sí o por cualquiera a su nombre, por las distinciones, exclusiones o restricciones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese su realización.

La acción señalada deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o la correspondiente al domicilio del afectado.”.

La contradicción se podría salvar reemplazando la palabra “respectiva” por “competente” en el inciso primero.

4. Apelación.

Se elimina del artículo 5° del nuevo texto, la referencia a la procedencia del recurso de apelación y de cualquier otro. Lo cual hace que el asunto sea conocido en única instancia, lo que será un factor para que el afectado pueda deducir, por la doble instancia, la acción de protección constitucional.

5. Procedimiento.

Al modificarse sustancialmente la redacción de los artículos 4° y 5° del proyecto, como se contenía en el texto informado a principios del año 2007, reaparecen los vacíos en el procedimiento.

La tramitación de la acción queda regulada exclusivamente en el inciso final del artículo 4° del proyecto, en los siguientes términos:

“En la tramitación de esta acción, la Corte, si hubiera controversia sobre los hechos, y lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver”.

6. Demanda de indemnización de perjuicios.

El texto del artículo 5° trata dos materias: 1) procedencia de demanda de indemnización de perjuicios en el inciso primero y, 2) aplicación de multas, en el inciso final.

La disposición del artículo queda redactada en los siguientes términos:

“Artículo 5°

Acogida la acción en los términos señalados en el artículo anterior, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente la indemnización de perjuicios para reparar el daño ocasionado por la discriminación arbitraria, la que se tramitará en un procedimiento breve y sumario.

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales”.

El inciso primero hace procedente a favor del o los afectados, la acción civil por indemnización de perjuicios, en caso de acogerse por la Corte de Apelaciones competente, la acción por discriminación arbitraria.

De acuerdo al inciso primero de este artículo, se otorga competencia para conocer de esta demanda, al “juez de letras competente”. Al respecto y a la luz de la imprecisión del artículo 4° con respecto a la competencia para conocer de la acción por discriminación arbitraria, no se precisa si será el juez de letras del domicilio del afectado o del de la jurisdicción donde se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria.

7. Aplicación de multas.

Se modifican las normas sobre aplicación de multas, contempladas en los incisos tercero y cuarto del artículo 6° del texto anterior del proyecto.

En el texto que se informa en el inciso final del artículo 5° se entrega a la Corte de Apelaciones la facultad de aplicar multa al infractor. Esta disposición establece lo siguiente:

“Artículo 5° (…)

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales”.

Esta disposición, por razones de técnica legislativa y tratándose de atribuciones que se otorgan a las Cortes de Apelaciones, es decir, al órgano jurisdiccional que conocerá de la acción, debiera contemplarse en el artículo 4° que precisamente regula el procedimiento de la acción en cuestión.

8. Acuerdos reparatorios.

Se elimina en el nuevo texto del artículo 5° toda referencia a la posibilidad de convenir entre las partes, acuerdos reparatorios.

III. Conclusiones

1. El proyecto, en su redacción final propuesta por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado, no acoge las observaciones formuladas por la Corte en anteriores informes, en particular en los siguientes aspectos: i) Incompatibilidad de la acción por discriminación arbitraria con el recurso de protección; ii) Procedencia del recurso de apelación; iii) Reducción del carácter inquisitivo del procedimiento; iv) Apreciación de la prueba conforme a la sana crítica.

2. Se mantiene vigente la observación formulada por el Máximo Tribunal en su primer informe, relativa a la falta de concordancia entre el proyecto y la normativa sobre discriminación en materia laboral, contenida en el artículo 2° del Código del Trabajo (disposición reformada por la ley N° 19.759, de 5 de octubre de 2001). En efecto, de prosperar el proyecto habría diferentes tribunales que conocerían de la materia, a través de procedimientos igualmente disímiles.

Lo anterior, especialmente teniendo presente que debido a que las infracciones al Código del Trabajo en materia de discriminación son de competencia de los tribunales del ramo, a través del procedimiento de tutela laboral, y, en cambio, la acción especial de no discriminación sería conocida por las Cortes de Apelaciones.

Finalmente, se hace presente -como ha informado la Corte en proyectos anteriores- que se hará necesario suplementar los recursos que financian la actividad del Poder Judicial, atendida la mayor carga de trabajo que traerá consigo el aumento del ingreso de causas a los tribunales de justicia.”.

Como se señalara precedentemente, al finalizar su debate, la Comisión ofició una vez más al Máximo Tribunal para solicitar su parecer en relación con las enmiendas que la iniciativa en informe contempla en relación con las atribuciones de tribunales, las que difieren de aquellas planteadas por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

- - -

EXPOSICIONES ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN

Como se ha señalado, para desarrollar su trabajo, la Comisión estimó pertinente recibir a distintas personas y entidades interesadas en dar a conocer sus puntos de vista en relación con la iniciativa en estudio.

A continuación, se da cuenta de las opiniones que la Comisión escuchó en torno a la iniciativa en estudio, tanto al inicio de su trabajo como durante el desarrollo del debate.

1) En primer lugar, participaron en una de las sesiones de la Comisión, en representación de la Red por la Vida y la Familia, su Coordinadora, señora Patricia Gonnelle, y el abogado señor Álvaro Ferrer Del Valle, quien, además, se desempeña como investigador del Centro de Estudios para el Derecho y la Ética Aplicada, CEDAP-UC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El señor Ferrer dio a conocer a la Comisión el siguiente documento:

“Se encuentra en su segundo trámite constitucional, pendiente el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, Boletín Nº 3.815-07. Sobre éste, se presentan a continuación algunas consideraciones lógicas y jurídicas que, en su conjunto, cuestionan fundadamente su conveniencia.

Las observaciones, según se ha dicho, serán de dos tipos: lógicas, aquellas que evidencian las incoherencias internas o contradicciones del proyecto, tanto las que inciden en su calidad de instrumento regulador de conductas en la sociedad civil, como las que le restan toda eficacia respecto a la consecución de los fines que lo inspiran: proteger a las víctimas de la discriminación arbitraria; jurídicas, aquellas que ponen de manifiesto los puntos en que el proyecto de ley en comento adolece de vicios de inconstitucionalidad.

En el análisis que sigue se tendrán presentes tanto el texto del proyecto de ley según se contiene en el Informe Final de la Comisión de Derechos Humanos de fecha 11 de junio del año en curso (oficio Nº 13.209), como el Mensaje Nº 315-352 que S.E. el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, incluyera con el texto del proyecto el 14 de marzo de 2005, toda vez que dicho Mensaje manifiesta las razones e intenciones que justifican este esfuerzo legislativo, no obstante se hayan realizado importantes modificaciones al proyecto a lo largo de su tramitación.

A continuación, el análisis del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, en forma de conclusiones, cada una con sus respectivos fundamentos:

I. El proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación no importa un avance sustantivo en la protección de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley: entrega la protección de un bien jurídico relevante a la variabilidad de la contingencia; crea confusiones al establecer una superabundancia de cuerpos legales aplicables en la materia; deteriora el recurso de protección:

1) En efecto, nuestra Constitución Política de la República consagra en su artículo 19, número 2:

“La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”.

Como es sabido, se trata de una garantía que nuestra Constitución asegura a todas las personas y que protege a través de del recurso de protección, acción cautelar que procede siempre que cualquier titular de esta garantía sea objeto de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de su derecho en la especie.

2) No obstante, se ha pretendido introducir una nueva reglamentación, “que otorgue un tratamiento integral y más efectivo a la no discriminación”[1] . Como antecedente de esta afirmación se han citado diversos Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentran vigentes[2] , como también el hecho que en nuestro país se han introducido regulaciones legales sobre la materia aplicables a determinados sectores[3] . Con ello, se afirma “no hay razón alguna para evitar que se regule, por vía meramente legal, el mecanismo idóneo para proteger el principio de no discriminación”[4] . A mayor abundamiento, se sostiene que “la dinamicidad que suponen las normas de rango legal, permitirá una constante reformulación del contenido normativo del principio, acorde con los avances del mundo moderno. Ello no sucede con una norma de rango constitucional”[5] .

3) Pues semejantes razones no bastan para probar que, en la especie, una regulación legal sobre la materia, adicional a la contenida en nuestra Constitución Política, sea del todo necesaria y conveniente, ni menos que represente un avance considerable en la protección del bien jurídico de la igualdad ante la ley:

4) Primero, porque el principio que protege un bien jurídico relevante no puede quedar abandonado primordialmente a la variabilidad de la contingencia. La desigualdad injusta, evento que pretende evitarse con la presente regulación, no radica, en cuanto efecto de una acción, en su coincidencia con una determinada condición contingente. Más bien, tal resultado merecerá ser calificado como injusto o arbitrario cuando vulnere un sólido y permanente criterio sustantivo, cual es la igualdad ante la ley, principio consagrado y garantizado por la Constitución y tutelado por el recurso de protección. Y esto porque el análisis que permite al juez determinar si una acción merece la calificación jurídica de discriminación arbitraria se realiza siempre a posteriori. Por tanto, incluir categorías o criterios que a priori constituyen o pueden constituir en sí mismos indicios de discriminación sólo abre posibilidades de confusión[6] . si la contingencia y sus categorías se erigen como criterios o estándares para juzgar si existió o no discriminación arbitraria en un caso determinado, existirán tantas reglas de medida como la contingencia reclame y la norma legal incluya. Nada bueno puede esperarse de semejante regulación. En cambio, si existe un sólido y permanente criterio para juzgar las situaciones contingentes, se asegura mayor rigurosidad, uniformidad y seguridad jurídica. No puede ser de otro modo: una adecuada técnica legislativa, a la hora de consagrar estándares para evaluar la corrección de conductas, ha de privilegiar criterios formales antes que criterios materiales: principios determinantes antes que situaciones variables. Y, precisamente, eso es lo que actualmente consagra nuestra Constitución: la igualdad ante la ley a todas las personas y la prohibición de toda discriminación arbitraria, independiente de su forma, momento, lugar, agente o paciente.

5) Segundo, la superabundancia de cuerpos legales sobre la misma materia -contra lo que se espera- bien puede servir de causa para crear confusiones que, lejos de proteger con mayor fuerza el bien jurídico, determinan su desprotección. Así lo ha estimado nuestra Corte Suprema en los distintos oficios que ha remitido sobre la materia[7] . Si bien algunas de las indicaciones hechas por la Excelentísima Corte Suprema fueron incorporadas en el proyecto de ley en comento en etapas anteriores, el texto despachado por la Comisión de Derechos Humanos adolece en definitiva de los siguientes vicios:

i. La iniciativa legal es incongruente con las disposiciones que establece el artículo segundo del Código el Trabajo para impedir la discriminación en el ámbito laboral y que fueron perfeccionadas con la reforma que introdujo a ese precepto el N° 2 del artículo único de la ley N° 19.759, de 5 de octubre de 2001: se produce en los distintos términos en que ambos describen los actos de discriminación, como también en los diferentes tribunales que conocerían de la materia, a través de procedimientos igualmente disímiles. En efecto, las infracciones al Código del Trabajo son de competencia de los tribunales del ramo y se sujetan al procedimiento que regula el Libro V de este cuerpo legal y, en cambio, la acción para reclamar de la contravención de las normas del proyecto sería conocida por Cortes de Apelaciones mediante el procedimiento que prevé la misma iniciativa.

ii. La acción especial de no discriminación contenida en el proyecto despachado nada dice sobre su complementariedad respecto de otras acciones especiales; así, en materia laboral, en que precisamente hay mayor riesgo de discriminación, la iniciativa daría lugar a la existencia de dos regímenes paralelos y diferentes para impugnarla, tanto en aspectos sustantivos como especialmente en el plano judicial.

iii. Sobre esta idea, cabe agregar que el proyecto despachado nada dice ni regula sobre la posibilidad de interponer la acción especial de no discriminación y, sobre los mismos hechos, un recurso de protección. Así, la acción de discriminación es compatible con el recurso de protección u otra acción judicial contenida en leyes especiales, incluso cuando se refiera a los mismos hechos: la redundancia es evidente.

iv. El proyecto de ley no establece ningún tipo de examen o análisis de parte del tribunal competente para determinar en forma previa la admisibilidad de la acción especial de no discriminación. De ello cabe esperar no otra cosa sino una mayor cantidad de causas, muchas de ellas de naturaleza superflua y jurídicamente irrelevante, entorpeciendo la administración de justicia, toda vez que podrían haberse interpuesto y conocido a través de un recurso de protección.

6) Tercero, el proyecto despachado tutela en menor medida el bien jurídico que pretende proteger:

i. No contempla recurso de apelación para la acción especial de no discriminación. En cambio, el recurso de protección sí lo hace, otorgando así la garantía de una segunda instancia para las partes involucradas en un litigio sobre la especie.

ii. Tampoco contempla disposición alguna que faculte a la Corte Suprema para regular, a través de un auto acordado, los aspectos necesarios para la debida sustanciación de la acción (no obstante, tal silencio no le impide a la Corte Suprema, dentro de sus facultades, dictar instrucciones de carácter económico sobre la materia). El recurso de protección, por su parte, se encuentra plenamente regulado por el Auto Acordado para su tramitación y fallo, confiriendo a los agraviados mayor amplitud y facilidad para la defensa de las garantías constitucionales que les fueren conculcadas ilegal o arbitrariamente.

iii. Nada dice sobre la forma en que el tribunal competente deberá apreciar la prueba. Sólo se dice que, existiendo controversia sobre los hechos y si lo estimare pertinente, la Corte podrá abrir un término probatorio que no exceda de ocho días, pudiendo también decretar medidas para mejor resolver. Tratándose de una acción cautelar, debería darse a la Corte de Apelaciones facultades amplias, para apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica, tal como lo establece el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales.

iv. La acción puede interponerse sólo por el directamente afectado. El recurso de protección, en cambio, puede interponerse también por cualquiera a su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito, en papel simple y aún por telégrafo o télex.

v. A diferencia del recurso de protección, donde la Corte puede decretar orden de no innovar, en la acción especial de no discriminación sólo puede decretar medidas para mejor resolver.

7) Cuarto, el proyecto de ley en comento es causa de un deterioro en la acción de protección consagrada en la Constitución Política de la República:

i. La acción especial de no discriminación, además de generar confusión por la superabundancia de normas y la superposición de regímenes legales aplicables a la misma materia, importa un deterioro de la eficacia de la acción de protección como tutela efectiva de las garantías constitucionales, al crearse otros mecanismos que cumplirían el mismo rol. Así, el recurso de protección en la especie se vuelve redundante y, por tanto, innecesario (no obstante, como se ha señalado, tutelar en mayor y mejor medida la garantía constitucional de igualdad ante la ley).

8) Quinto, la descripción casuística del marco legal de la tutela al derecho de no ser discriminado, mediante la enumeración de criterios que representan condiciones individuales o sociales que remarcan algún grado de identidad –según reza el Mensaje del proyecto-, más que “acotar” el concepto de discriminación arbitraria para facilitar su reclamo, la acción jurisdiccional correspondiente y el posterior conocimiento y fallo de ésta por parte de la Corte de Apelaciones, antes bien restringe la protección del bien jurídico generando múltiples confusiones e injustificadas exclusiones:

i. El artículo 3° del proyecto en comento dice: “Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.”.

ii. El Mensaje del proyecto de ley analizado justifica la inclusión de estos criterios a fin de acotar el concepto de discriminación arbitraria[8] . Pues no se ve razón para esto: si la causa que justifica este nuevo cuerpo legal se funda en los cambios sociales que crean nuevas situaciones susceptibles de ser materias de discriminación arbitraria, una enumeración como la del artículo 3°, lejos de permitir una mayor protección restringe el ámbito de protección. Cierto es que la norma menciona dichos criterios como formas particulares susceptibles de discriminación arbitraria, permitiendo así que otras formas puedan ser materia de la misma protección y acción jurisdiccional. Pero no se ve por qué sólo esos criterios han de ser formas particulares susceptibles de discriminación injusta: existen múltiples alternativas adicionales que bien merecen ser incluidas como formas particulares objeto de potencial discriminación arbitraria, como el color de piel o la estructura genética.

iii. A mayor abundamiento, el Mensaje afirma que tales criterios representan “condiciones sociales o individuales que remarcan algún grado de identidad”. Pues bien, semejante aserto permite, por la vía interpretativa, que cualquier consideración subjetiva o de facto se reclame como constitutiva de “algún grado de identidad”. Así, dichos reclamos o expectativas -siguiendo el mismo raciocinio- merecerían ser incluidos dentro de las formas particulares susceptibles de discriminación arbitraria: donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Como puede verse, la descripción casuística del marco legal no parece conveniente: restringe las formas particulares susceptibles de discriminación arbitraria a un número reducido, dejando fuera –sin justificación- otras tantas de igual relevancia en cuanto “condiciones sociales o individuales que remarcan algún grado de identidad”.

iv. En la misma línea, el Mensaje del proyecto de ley analizado afirma que “se ha preferido diferenciar algunas situaciones análogas para evitar discusiones sobre si están o no comprendidas”[9] , como la separación entre los criterios de sexo, género y orientación sexual. Resulta, entonces, contradictorio incluir y separar criterios análogos –no hay prueba de tal analogía- para evitar discusiones sobre si están o no comprendidos, y en el mismo acto dejar fuera otros tantos que, por ello, generarán precisamente la discusión que se ha querido evitar.

v. El mismo artículo contiene criterios de diversa naturaleza, asumiendo sin prueba ni expresión de causa que todos ellos representan “condiciones sociales o individuales que remarcan algún grado de identidad”[10] . Una lectura atenta de los criterios contenidos permite concluir que ninguno de ellos es per se rasgo constitutivo de identidad: dependerá de cada persona, según su personal apreciación y valoración, determinar si para ella tal o cual de los criterios contenidos en la norma remarca en algún grado su identidad. Bien puede darse el caso de aquel que, participando en varios de dichos criterios a la vez, no considere a ninguno de ellos como relevante a efectos de remarcar su identidad personal. Ello no representa problema alguno. Pero sí es un problema grave el que el legislador imponga a la sociedad un número determinado de criterios que, a su personal parecer, remarcan la identidad de las personas. Si ha de hacerlo, tal empresa será razonable si y sólo si su resultado contiene, recoge y protege las notas que constituyen la esencia de toda persona y sus propiedades fundamentales. Así, extraña no encontrar dentro de los criterios susceptibles de discriminación arbitraria uno común a todos los ciudadanos, de especial relevancia y objeto de máxima protección para nuestra Constitución[11] , cual es la personalidad del nasciturus desde su concepción.

vi. Además, es del todo incoherente que se incluyan criterios en calidad de “condiciones sociales o individuales que remarcan algún grado de identidad” y, a la vez, se afirme que “se ha preferido diferenciar algunas situaciones análogas para evitar discusiones sobre si están o no comprendidas”[12] : no son equiparables, de ninguna forma, rasgos que constituyen identidad a meras situaciones. Los primeros se predican como propiedades –no pueden no estar en el sujeto-, los segundos como accidentes –pueden estar o no estar en el sujeto-. No corresponde a una adecuada técnica legislativa llamar igual a cosas distintas, menos regular de igual forma atributos tan disímiles en materia tan sensible e importante. Con todo, y concediendo el error, tal práctica sirve de argumento para todo tipo de reclamos con miras a la inclusión de nuevos criterios –sustantivos o accidentales- como formas particulares de discriminación arbitraria. Si ya se han incluido criterios de ambos tipos ¿por qué razón es justo excluir otros tantos de un tipo u otro?

vii. Salta a la vista la conveniencia de la actual regulación sobre la materia: según se ha explicado, un criterio sustantivo y permanente otorga mayor seguridad jurídica, permitiendo evaluar la corrección de cualquier tipo de acciones y situaciones, más allá de las variaciones de la contingencia que, además de inevitables, resultan imposibles de ser todas reconocidas e incluidas por el legislador como formas particulares susceptibles de discriminación arbitraria. En rigor, ¿existe algún ámbito de la existencia humana que no pueda ser materia de discriminación arbitraria?

II. El proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación importa, más bien, un retroceso sustantivo en la protección de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley: la inclusión de criterios como formas particulares de discriminación dificultan la prueba en los casos en que tal discriminación ocurra; en la práctica, determinan la relajación del estándar de prueba y la inversión de la carga de la prueba en los juicios por discriminación:

1) La inclusión de criterios que, a juicio del legislador, constituyen formas particulares de discriminación arbitraria, dificultan la prueba en los casos en que tal discriminación ocurra.

2) Un análisis de la actual redacción del artículo 3° del proyecto de ley comentado no permite concluir de otro modo: “Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.”.

i. La redacción del artículo afirma que habrá discriminación arbitraria cuando: 1) exista distinción, exclusión, restricción o preferencia injustificada; 2) cometida por agentes del Estado o particulares; 3) que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

ii. Como se ve, la norma requiere que cada uno de sus verbos rectores –distinguir, excluir, restringir, preferir- vaya necesariamente acompañado de un adjetivo –injustificado-. No puede ser de otra manera, dado que lo característico de la vulneración a la garantía de igualdad ante la ley radica en su irracionalidad: no basta que exista discriminación o trato diferente; es preciso que éste sea injusto, caprichoso, carente de justificación racional.

iii. Sobre 2) y 3): es correcto mencionar como potencial agente del trato injustamente discriminatorio al Estado o a los particulares, puesto que, además de ser ambos igualmente aptos para tal conducta, para el reproche jurídico es irrelevante quién sea el actor. Todo lo anteriormente expuesto no ofrece dificultades.

iv. Distinto es el caso cuando la norma expresa que habrá en particular conducta arbitrariamente discriminatoria cuando las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias injustificadas “se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad”. La redacción permite dos alternativas de interpretación: ¿la conducta discrimina arbitrariamente por ser injustificada? ¿o es injustificada por fundarse en alguno de los motivos que la norma enumera?

a) La primera interpretación –la conducta es discriminatoria por ser injustificada- añade a la carencia de justificación el hecho –siguiente o concomitante- de encontrarse la conducta fundada en alguno de los motivos expresados. Aquí existe separación entre la falta de justificación y el motivo fundante; este último sólo sirve para ilustrar y, de algún modo, aclarar formas “tipo” susceptibles de discriminación arbitraria, sin establecer identidad ni relación de causalidad entre tales motivos y la calificación jurídica de arbitrariedad: es decir, según esta interpretación la causa de la arbitrariedad radica primaria y primordialmente en la injustificación de la acción y no en el hecho de, además, encontrarse fundada en alguno de los motivos que la norma enumera. Pues bien, esta interpretación no ofrece mayores dificultades que las ya expuestas: reduce el ámbito de protección del bien jurídico generando confusiones y exclusiones. Paradojalmente –toda vez que se trata de formas particulares susceptibles de discriminación arbitraria que se pretender proteger especialmente-, AL REQUERIR QUE SE DEMUESTRE UN MOTIVO COMO FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN SE DIFICULTA LA PRUEBA, ya que es necesario evidenciar un elemento subjetivo en el actor de la conducta discriminatoria.

b) Según el Diccionario de la Real Academia Española, fundamento es “raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material”; motivo es “la causa o razón que mueve a algo”; y causa es “el principio que produce un efecto”. Con estas acepciones presentes para evitar equívocos, resulta que la prueba necesaria no es otra que la siguiente: demostrar que, en la especie, se ha distinguido, excluido, restringido o preferido NO SÓLO injustificadamente, sino que ADEMÁS de la falta de justificación, la acción (efecto) tuvo por causa o motivo desde su origen y raíz, y de forma preponderante –de donde arranca su mayor fuerza-, una aversión, rechazo, repugnancia, oposición, desprecio o resistencia: un prejuicio habitual o permanente hacia la raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, de donde la conducta o acción que se juzga no es más que una manifestación de esta habitual disposición.

c) ¿Por qué? Porque sólo de esta forma es posible configurar la arbitrariedad, toda vez que resulta innegable el hecho que existen múltiples acciones fundadas en los criterios enumerados donde la distinción, exclusión, restricción o preferencia resulta justa, razonable, necesaria y conveniente. Es decir, atribuir arbitrariedad a TODA acción fundada en dichos motivos es absurdo; sólo cabe atribuirla en aquellos casos donde la conducta manifiesta irracionalidad, y ello ocurrirá donde existe habitualmente una aversión injustificada hacia las categorías enumeradas en el proyecto de ley[13] , disposición que impide o rechaza, por ejemplo, juzgar los méritos para evaluar si una persona es o no un medio[14] idóneo para realizar un oficio.

d) Y esto es precisamente lo que se concluye a partir de esta interpretación: no basta a la norma que la acción sea injustificada. Además requiere que la conducta se FUNDAMENTE en dichos motivos. Esto conlleva la dificultad para la víctima de probar en el actor dicha falta de justificación –desproporción entre medios y fines- ADEMÁS DE una aversión permanente hacia uno u otro de los criterios contenidos en la norma.

e) Podrá decirse que no es necesario probar este elemento subjetivo, sino que, más bien, es necesario probar –según la norma establece- la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce y protege. De ser así, PIERDE TODO SENTIDO LA INCLUSIÓN DE LOS CRITERIOS EN COMENTO: basta probar una distinción irracional, injustificada, injusta que prive, perturbe o amenace el ejercicio de determinados derechos. Es irrelevante que el actor proceda o no con ánimo discriminatorio. Basta demostrar en el proceso la desviación de fines. Así lo afirma el mensaje del proyecto de ley analizado: “la discriminación debe ser arbitraria. No se exige, por tanto, la ilegalidad como factor de configuración, sino que la falta de fundamento o de proporcionalidad o de desviación de fin”[15] . Habrá, entonces, que atenerse a la naturaleza de las realidades incorporadas en la situación que se analiza, para determinar objetivamente si, según dicha naturaleza, se han considerado o no los medios en atención a sus méritos para alcanzar fin que se pretende. Como se ve, se trata de un análisis en concreto y puramente objetivo. Así, la inclusión de criterios como formas susceptibles de discriminación arbitraria resulta impertinente; más aún, el que la acción obedezca a dichos criterios como motivos fundantes queda excluido todo análisis de factores subjetivos.

f) A mayor abundamiento: no se comprende la necesidad de incluir estos criterios indicativos de discriminación arbitraria “en particular” si, como reza el Mensaje, se exige demostrar en el proceso la desviación de fines. Como recién se explicó, radicar la prueba en la desviación de fines transforma en innecesaria e irrelevante la demostración del elemento subjetivo. ¿De qué manera importa entonces si la acción se fundamenta en alguno de dichos motivos? De ninguna, salvo: 1) que se asuma o presuma que no existen fines incompatibles con los criterios enumerados; 2) que se asuma o presuma que los criterios enumerados constituyen fines en sí mismos, de modo tal que, existiendo identidad entre éstos y cualquier fin, jamás existirá incompatibilidad entre ellos. Pues ambos asertos, evidentemente, son falsos: la realidad muestra a diario situaciones donde la naturaleza de un fin resulta necesariamente incompatible con el sexo, la edad, el estado civil, etc. de cualquier persona –y, por tanto, la distinción fundada en dicho motivo será plenamente racional y conforme a Derecho-; no es posible pretender identificar, por ejemplo, la edad de una persona como el fin de la labor que ha de realizar: a todas luces su edad es condición –luego medio- para un fin determinado. Lo mismo cabe decir de todos y cada uno de los criterios enumerados en el proyecto de ley. Se concluye que, de radicar la prueba en la desproporción o desviación de los fines –como en verdad corresponde en estas materias- la inclusión de criterios indicativos per se de discriminación arbitraria en cuanto motivos fundantes de una distinción es irrelevante e impertinente.

La desviación de fines no ocurre cuando alguno de estos criterios es el fin en que radica la distinción: ello puede ser perfectamente legítimo. Más bien, ésta ocurre cuando existe una aversión o rechazo de tal condición o categoría o criterio en el que se encuentra una persona y tal estima o negación es injustificada respecto del fin que por naturaleza tiene la acción o derecho que se pretende ejercer. Como sería rechazar a un hombre casado, dejándolo sin trabajo, puesto que el empleador es soltero y no soporta a quien opta dedicar su vida a la familia, siendo que tal condición en nada afecta su desempeño laboral, existiendo entonces una desproporción o desviación entre la naturaleza del fin, la de los medios aptos o idóneos para alcanzarlo y la exigencia del empleador al empleado.

g) Distinto es el caso con el recurso de protección en la materia: basta probar la carencia de justificación en el caso particular, sea que exista o no un rechazo permanente hacia la condición o situación en que se encuentra la persona. No se requiere probar, necesariamente, un prejuicio habitual contrario a un determinado criterio; la acción es procedente cada vez que se demuestra que se ha distinguido, restringido, excluido o preferido de manera irracional: en el caso concreto, el medio o la condición evaluada no tiene vinculación objetiva y razonable con la naturaleza del fin que se pretende alcanzar.

Siguiendo el ejemplo anterior, no sería relevante la disposición subjetiva del empleador: que sienta afinidad o rechazo por aquellos que dedican su vida a la familia. Bastará probar que la exigencia a su empleado es desproporcionada en relación a la naturaleza de los medios objetivamente aptos para el desempeño eficiente de la labor encomendada.

h) La segunda interpretación radica la arbitrariedad primaria y primordialmente en el hecho de que la acción se fundamente en alguno de los motivos que la ley enumera: he aquí su falta de justificación. Pues bien, esta alternativa ofrece considerables dificultades:

i) Es, sencillamente, absurda: como ya se dijo, no es posible atribuir a priori la calificación jurídica de arbitrariedad a toda conducta que se funde en alguno de los motivos que enumera el proyecto de ley: la exclusión de un enfermo contagioso de labores donde la asepsia es condición necesaria no resulta irracional, todo lo contrario. Aquí la enfermedad es, precisamente, el motivo fundamental de la exclusión, pero tal acción jamás podrá considerarse arbitraria. Es el fin de la acción el único factor que permite juzgar si los medios son o no adecuados para su consecución. Luego, si una persona no cumple a cabalidad con las condiciones para calificar como un medio idóneo para la consecución de un fin, y no obstante su falta de idoneidad se funde en uno o varios de los criterios susceptibles de discriminación arbitraria en particular según la norma, la acción que distingue –discrimina- no será arbitraria: tiene plena justificación racional. Por tanto, identificar a priori arbitrariedad con cualquier acción que discrimina fundada en alguno de los motivos que enumera la norma es absurdo.

j) Enseguida, y según las razones anteriores, esta interpretación nuevamente obliga a demostrar un ánimo o prejuicio habitual contrario a los motivos que contiene la ley: así, habrá discriminación arbitraria cuando se pruebe la falta de justificación, y ello ocurrirá cuando se demuestre que se ha distinguido, excluido, restringido o preferido injustificadamente EN CUANTO la acción (efecto) tuvo por causa o motivo desde su origen y raíz, y de forma preponderante –de donde arranca su mayor fuerza-, una aversión, rechazo, repugnancia, oposición, desprecio o resistencia: un prejuicio habitual o permanente hacia la raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, de donde la conducta o acción que se juzga no es más que una manifestación de esta habitual disposición. Podrá existir, dado el caso, plena concordancia entre las partes respecto de los hechos ocurridos; restará probar la causa o motivo por el cual el demandado actuó de una manera determinada.

v. No obstante las razones anteriores, podría insistirse en la necesidad de incluir dichos criterios a modo de “indicadores” habituales o recurrentes de motivos o ánimos de distinciones indebidas e injustificadas. Semejante matiz, aunque bien intencionado, no ofrece garantía suficiente a efectos de la prueba. Antes bien, se presta fácilmente como ocasión para irregularidades que, en la práctica, importan una relajación del estándar de prueba u una inversión del onus probandi o carga de la prueba: en efecto, la excesiva ponderación de dichos criterios como simples indicadores bien puede traducirse en que, probado que una persona se encuentra dentro de la situación que dicho criterio comprende, se entienda que en su contra ha existido una distinción indebida. No es inverosímil presumir este escenario: el afectado podrá alegar que, por ejemplo, su estado civil –es casado y con muchos hijos- ha sido el criterio que el actor tuvo primordialmente a la vista para rechazarlo en un proceso de postulación a un trabajo, y que tal criterio es irrelevante en atención a la naturaleza del trabajo –el fin-, por lo cual ha existido desviación de fines, desproporción y, en síntesis, irracionalidad en la medida. El juez podrá analizar la naturaleza del trabajo y concluir que, tal como se alega, nada hay en éste que impida a un hombre casado y padre de familia numerosa realizarlo en forma satisfactoria. No existe justificación explícita de parte del empleador, por lo cual parece una medida injustificada. Además, parece estar fundada únicamente en el estado civil del demandante, condición que la norma asume como susceptible de discriminación arbitraria en particular. Pero de ello no cabe concluir que el actor efectivamente ha procedido con ánimo discriminatorio, ni siquiera que el estado civil del demandante fue el factor determinante de su exclusión. Se trataría de un non sequitur evidente[16] . El problema radica en la facilidad para el demandante de probar que, simplemente, está comprendido en alguna de las situaciones que la ley considera motivos particulares de discriminación arbitraria. Probado ello será el demandado quien deberá demostrar que en la especie no ha distinguido en razón de ese motivo, o que si lo ha hecho, tal decisión no es irracional. Como puede verse, es verosímil esperar una inversión en la carga de la prueba en situaciones semejantes. No es conveniente preparar el terreno a la confusión, asociando por determinación legal un motivo o ánimo discriminatorio con una condición de facto predicable de una persona: la constatación de tal hecho no es de suyo causa eficiente ni condición de discriminación arbitraria.

a) Es posible observar en la jurisprudencia comparada que lo ya razonado ha ocurrido efectivamente y por las mismas razones: se ha alterado el estándar de prueba y se ha invertido la carga de la prueba so pretexto de proteger más a las víctimas de discriminación arbitraria: el término estándar de prueba se refiere al grado de probabilidad con que deben demostrarse los hechos en el proceso para confirmarse o fundarse como verdaderos. A su vez, la carga de la prueba es la obligación legal de una parte de convencer al juez, según un determinado estándar, de que los hechos que alega son verdaderos.

b) La jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos o derechos fundamentales ha establecido cambios relevantes en relación al estándar y a la carga de la prueba. Fue a partir de las dificultades presentadas por el estándar de la “duda razonable” que surgieron las modificaciones: se ha sostenido que dicho estándar, que busca un grado de seguridad altísimo que impida al juez concebir cualquier tipo de duda justificada o razonable en contra de las pruebas ofrecidas en un proceso, resulta apropiado y adecuado en materia penal, pero no en el contexto de los derechos fundamentales, sobre todo cuando tal estándar debe alcanzarse en procesos donde resulta imprescindible probar un elemento subjetivo determinante en el actuar del demandado.

c) Ha sido posible observar como la jurisprudencia ha concluido a partir de inferencias, presunciones e incluso cambios o “giros” en la carga de la prueba. Estas prácticas han alcanzado consenso en Europa, particularmente en casos sobre derechos fundamentales relacionados con la discriminación del más débil.

La Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho: “la Convención Europea de Derechos Humanos pretende garantizar derechos no teóricos e ilusorios, sino prácticos y efectivos” (Artico vs. Italia, 1980).

Pero la aplicación del estándar de prueba “más allá de toda duda razonable” no permite alcanzar tal objetivo (Assenov vs. Bulgaria, 28 de octubre de 1999; Velikova vs. Bulgaria, 18 de mayo de 2000).

El caso más emblemático de este giro en torno al estándar y la carga de la prueba es la resolución de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Nachova y otros vs. Bulgaria: “La Corte ha establecido en variadas ocasiones que el estándar de prueba aplicable es aquel que excluye toda duda razonable en el sentenciador. No obstante, ha dejado en claro que tal estándar no debe interpretarse al modo como se lo utiliza en materia criminal (...). La Corte ya ha reconocido que determinados cambios en la valoración de la prueba pueden resultar necesarios en casos en que se alegan actos de violencia discriminatoria. Adicionalmente, se ha convertido en una visión común en Europa que la efectiva implementación de la prohibición de la discriminación, en cuanto constituye un atentado contra un derecho fundamental de toda persona humana, requiere el uso de medios especiales en consideración a la dificultad de la prueba en cuestión (...). En estas circunstancias, la Corte considera que la carga de la prueba gira hacia el demandado, quien debe satisfacer a la Corte en base a evidencia adicional o a una explicación de los hechos que demuestren razonablemente que los hechos demandados no se debieron a ninguna actitud o acción discriminatoria” (Nachova y otros vs. Bulgaria, Corte Europea de Derechos Humanos, aplicación Nº 43577/98, 43579/98, del 26 de febrero de 2004).

A partir de lo anterior, la Unión Europea estableció un nuevo estándar de prueba en relación a demandas sobre discriminación en su “Directriz sobre equidad racial”, obligatoria para los estados miembros desde el 19 de julio de 2003. Ésta estipula que: “UNA VEZ QUE LA DEMANDANTE ACREDITA CIERTOS HECHOS QUE SE PRESUMEN PUEDEN CONSTITUIR DISCRIMINACIÓN DIRECTA O INDIRECTA, la carga de la prueba corresponde al demandado, quien deberá probar que no se ha violado el principio de igualdad de trato” (Directiva de Consejo 2000/43/EC del 29 de julio de 2003, Official Journal L 180, 19/07/2000 p. 0022-0026).

Estados miembros de la Unión Europea aplican principios semejantes:

i. Así, en el Código Civil Alemán: “el empleado puede probar discriminación en su contra por una mera preponderancia de evidencia”.

ii. En Holanda, establece el respectivo Código de Procedimiento en su artículo 177: “la carga de la prueba puede cambiar hacia el empleador en razón de equidad para asegurar la igualdad entre las partes de un conflicto laboral”. Así lo confirmó la Corte Suprema holandesa en fallo del 10 de diciembre de 1982.

Incluso en Estados Unidos es posible encontrar el mismo principio en jurisprudencia de su Corte Suprema (Mc Donell Douglas Corp. Vs. Green, 411 US 792, 802, 1973; Griggs vs. Duke Power Co. 401 US, 424, 427, 1971) y en el Acta sobre Derechos Civiles de 1991 (sección 105(a)), que específicamente señala que la carga de la prueba recae sobre el empleador para demostrar que una diferenciación basada en raza, color, religión, sexo o nacionalidad está directamente vinculada y justificada según la naturaleza del puesto de trabajo y las necesidades de la empresa.

3) Así las cosas, la inclusión de criterios que, a juicio del legislador, constituyen formas particulares de discriminación arbitraria, sea obligando al demandante a demostrar un elemento subjetivo en el proceder del demandado –constituya o no un permanente ánimo discriminatorio-, sea obligando al demandado a probar que no ha distinguido injustificadamente –invirtiendo así la carga de la prueba en el proceso-, dificultan la prueba en los casos en que tal discriminación ocurra.

III. El proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación contiene graves vicios de inconstitucionalidad: la inversión de la carga de la prueba, entrega al demandado la alternativa de probar que no ha procedido con un ánimo discriminatorio permanente, lo cual siempre es posible; ello determina que los criterios contenidos en la norma -las simples situaciones de hecho- se consideren como configurativas de discriminación arbitraria; esto vulnera diversas garantías constitucionales:

1) La inclusión de criterios que, a juicio del legislador, constituyen formas particulares de discriminación arbitraria, en los hechos importa la imposición a los particulares de una determinada visión y concepción sobre los fines que es lícito dar a sus actividades, contrariando el legítimo ejercicio de las libertades que la Constitución les reconoce y protege y, asimismo, aunque tácitamente y por la misma vía, conlleva la imposición de los medios proporcionados y necesarios para alcanzar esos fines, constituyendo cuando menos una amenaza contra el legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución reconoce y garantiza a todas las personas en su artículo 19 Nºs 2, 6, 11, 16, 21 y 24.

i. En efecto, al incluir determinados criterios como motivos fundantes de discriminación arbitraria en particular, asumiendo cualquiera de las posibles interpretaciones del artículo 3° del proyecto de ley en análisis –sea que se entienda que la conducta ha de ser injustificada y además fundarse en alguno de los motivos enumerados, sea que se entienda que la conducta es injustificada sólo por fundarse en alguno de dichos motivos- en los hechos se impone a los particulares cuales deben ser y cuales no, los fines y los medios que han de dar y disponer a sus actividades.

ii. No es posible elegir un fin y, en el mismo acto, no elegir los medios: el fin es causa de los medios que, subordinados y proporcionados, permiten alcanzarlo. Por lo mismo, es la naturaleza del fin la que determina la naturaleza de los medios para conseguirlo.

Por ejemplo, quien abre un establecimiento educacional necesariamente dispondrá los pasos a seguir para su adecuada mantención; dentro de ellos determinará los perfiles profesionales y requisitos que el personal deberá cumplir para cumplir satisfactoriamente sus labores. Todo ello y más, dependerá exclusivamente del tipo de establecimiento que se quiera mantener y su proyecto educativo. Es decir, del fin que se pretende alcanzar.

iii. Así, elegido el fin se ha determinado la naturaleza de los medios. Esto es, las condiciones que los medios han de cumplir para servir al fin que se busca. Luego, las condiciones que se exigen a los medios han de evaluarse razonables y proporcionadas según la naturaleza del fin.

iv. ¿A quién corresponde determinar el fin que se pretende alcanzar mediante la realización de actividades lícitas? No hay dos respuestas: al titular del derecho que legítimamente se ejerce. Es siempre el titular del derecho quien determina el fin que con ese derecho pretende conseguir, por supuesto ejerciéndolo en forma lícita.

En el ejemplo anterior, no es al Estado ni a los apoderados ni a los docentes a quienes corresponde determinar el proyecto educativo, sino al dueño del establecimiento –cumpliendo la normativa vigente-, sin perjuicio que pueda permitir y requerir la participación de todos ellos para la determinación y perfeccionamiento del mismo proyecto; con todo, seguirá siendo una decisión suya.

v. Pero si resulta que el legislador prohibe o amenaza con sancionar a quien realice distinciones en razón de determinadas condiciones sociales o individuales que remarcan algún grado de identidad como las enumeradas en la norma, resulta que ya no será posible al particular elegir fines cuya naturaleza determine medios que, como condición, excluyan cualquiera de dichas condiciones.

vi. Así, quien determine libremente un fin para una actividad lícita cuya naturaleza exija o recomiende que los medios cumplan con determinadas condiciones, y dichas condiciones coincidan con alguno de los motivos enumerados en la ley, se expone directamente a ser demandado por incurrir en discriminación arbitraria.

Es el caso del dueño del mismo establecimiento educacional que, según la naturaleza del proyecto educativo, requiere contratar únicamente los servicios de docentes que profesen una determinada creencia religiosa, toda vez que dicho proyecto educativo sólo puede alcanzarse en la medida en que exista unidad discursiva, en fondo y forma, entre los responsables directos de la instrucción docente.

vii. Exponer a una sanción a quien determina un fin y unos medios implica imponerle una determinada visión sobre los fines y los medios que sus actividades pueden lícitamente perseguir y contemplar: al excluir de sus medios las condiciones que la norma considera como motivos particulares de discriminación arbitraria se le impone una visión particular y excluyente sobre los mismos; de la misma forma, se le impone el fin que con esos medios –y no con los que libremente quisiera- puede intentar alcanzar.

Si el mismo dueño se ve imposibilitado de realizar tales contrataciones, puesto que algunos terceros interesados en dichos puestos de trabajo no profesan esa creencia religiosa y amenazan demandarlo por discriminación arbitraria, en la práctica, a través de la imposición de la naturaleza de los medios –o de la negación de la libre determinación de los mismos- no se causa otro efecto sino la imposición del tipo de fin que la Corte de Apelaciones estima que lícitamente puede perseguir.

viii. Podrá sostenerse que el legislador sólo incluye estos criterios, según se ha dicho, como indicadores más o menos recurrentes de discriminación arbitraria, pero en caso alguno los impone como prueba de distinción indebida siempre y en todos los casos. Pues bien, probado que una persona se encuentra dentro de la situación que dicho criterio comprende, fácilmente puede entenderse que en su contra ha existido una distinción indebida. Esto, además de invertir la carga de la prueba según ya se explicó, equivale a dejar en manos del demandante la determinación de las condiciones que los medios han de cumplir y, por el mismo camino, la determinación de la naturaleza del fin que el titular del derecho puede y debe perseguir:

a) Ya no será, por ejemplo, el empleador quien determinará si en su empresa es conveniente que trabajen personas de un sexo determinado. El o la afectada, por el simple hecho de encontrarse de facto dentro de una de las situaciones enumeradas en la norma como indicadores o motivos particulares de discriminación arbitraria, podrá reclamar que ha sido objeto de una distinción injusta e injustificada, sólo por ser hombre o mujer. La demanda en la especie no tendrá otro resultado que forzar al empleador a adecuar las condiciones exigidas a sus medios, alterando así los fines que se había propuesto.

b) Esto importa traspasar a quien tiene una mera expectativa en orden a ejercer un derecho, la titularidad del mismo derecho, privando a su titular de la facultad de usar, gozar y disponer de su derecho a su entero arbitrio, persiguiendo fines lícitos en conformidad al ordenamiento jurídico vigente.

c) Pero no es otro sino quien posee la titularidad del derecho quien debe ejercer el dominio. Lo contrario implica, ya lo dijimos, trasformar meras expectativas en derechos, privando de ellos a sus legítimos titulares.

d) No debe confundirse la frustración de una expectativa legítima con una discriminación arbitraria: lo primero no es otra cosa sino la consecuencia no querida ni buscada de la facultad que toda persona tiene para libremente elegir los fines y disponer los medios más adecuados en el legítimo ejercicio de sus derechos, sin intervención del Estado ni de terceros interesados.

2) El razonamiento anterior permite ver cómo es que diversas garantías constitucionales se verán afectadas:

i. El artículo 19 Nº 2: pues si en Chile no hay persona ni grupo privilegiados, y ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, no es posible comprender cómo conciliar el precepto constitucional con una ley como la aquí comentada que: 1) considera como sujetos pasivos especiales de discriminación arbitraria a todos aquellos que caigan dentro de las categorías o grupos que incluye el artículo 3°, otorgándoles de esa forma una protección mayor, dejando fuera de tal privilegio particular –sin expresión de causa- al resto de la población, no obstante puedan existir personas o grupos cuyos rasgos personales también constituyan presupuestos de identidad personal que, dado el caso, puedan ser objeto de diferencias o exclusiones injustas.

ii. El artículo 19 Nº 6: pues si se asegura a todas las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, no es difícil constatar que tales libertades incluyen por cierto la facultad de escoger fines y disponer medios lícitos para la consecución de objetivos o proyectos dentro del marco de una creencia religiosa. Como se ha visto, el proyecto de ley aquí comentado priva al titular de un derecho de la facultad de disponer los medios más adecuados al fin lícito que persigue, entregando a quien tiene una mera expectativa la facultad de forzar la naturaleza de dichos medios mediante la judicialización de sus deseos legítimamente negados. Lo anterior cobra mayor relieve cuando se trata de la manifestación de las creencias religiosas: no es posible desconocer que tanto actividades profesionales como empresariales se enmarcan dentro del ejercicio de este derecho humano fundamental, por lo cual el campo de posibles vulneraciones a dicha garantía va mucho más allá que la práctica libre del culto religioso en los lugares dispuestos para ello, sean éstos públicos o privados, conforme establecen los artículos 6° y 7° de la ley N° 19. 638[17]

El mismo ejemplo ya citado: el dueño del establecimiento educacional, al no poder exigir la profesión de una determinada creencia religiosa entre las personas a contratar como docentes, se ve privado de perseguir un proyecto educativo que requiera tal característica como condición necesaria para alcanzar el fin anhelado. Así, no puede elegir el fin que libremente quisiera, con lo cual se ve privado o al menos perturbado de manifestar libremente sus creencias religiosas a través de esta actividad empresaria lícita.

iii. El artículo 19 Nº 11: por las mismas razones anteriores, otro caso de particular gravedad es la afectación a la libertad de enseñanza, derecho fundamental que se ejerce abriendo, organizando y manteniendo establecimientos educacionales, y todo ello según un proyecto educativo libremente escogido y determinado que, por ejemplo, bien puede establecer requisitos de contratación que, dado el caso, impliquen diferenciar o excluir a alguna persona que se encuentre comprendida dentro de los criterios de discriminación arbitraria que el proyecto de ley considera dignos de protección especial, sin que ello implique de suyo injusticia o capricho alguno de parte de quien niega la expectativa de un tercero.

iv. El artículo 19 Nº 16: pues la libertad de trabajo y su protección no prohibe discriminar en base a la capacidad e idoneidad personal, y no es posible negar que ambos criterios, según el fin que el trabajo persiga y la naturaleza de los medios adecuados para conseguirlo en mejor forma, muchas veces se determinan en razón del sexo, apariencia personal, edad o cualquiera de las situaciones o motivos de discriminación que incluye de modo casuístico el art. 3° del proyecto en comento. Además, la misma Constitución permite a la ley discriminar en razón de nacionalidad o edad, lo cual es contradictorio con lo establecido en el mismo art. 3° aquí analizado.

v. El artículo 19 Nº 21: pues el desarrollo de cualquier actividad económica implica necesariamente la búsqueda de un fin lícito y la determinación de los medios adecuados para alcanzarlo; así como no es posible negar a los particulares la libertad para determinar la naturaleza del fin económico que pretenden alcanzar mediante su iniciativa empresarial, tampoco es posible negarles la libre determinación de los medios para conseguirlo, y este proyecto de ley entrega al tercero interesado -no al titular del derecho- la posibilidad de forzar la determinación de los medios –y, en consecuencia, del fin- mediante la judicialización de sus expectativas frustradas.

vi. El artículo 19 Nº 24: pues nadie puede ser privado en caso alguno de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino por ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional. Como se ha dicho, es el titular de un derecho quien tiene dominio sobre el mismo, y puede, en consecuencia, libremente escoger el fin lícito que perseguirá mediante el ejercicio de ese derecho y, por ello, determinar los medios proporcionados para alcanzarlo. Así, y tal como se ha explicado en los casos anteriores, se vulnera el derecho de propiedad de una persona cuando se le impide escoger los medios para alcanzar el fin propio al ejercicio de sus derechos, como también cuando se le impone un determinado medio como obligatorio o necesario, siendo que tal condición corresponde más bien a las expectativas o deseos de un tercero interesado, y no a la naturaleza del fin lícito que el particular ha escogido conforme a sus derechos.

3) Por su parte, más allá de toda discusión sobre los posibles alcances del actual proyecto de ley en relación a las condiciones particulares de discriminación arbitraria, no es posible desconocer que la definición de discriminación arbitraria contenida en su artículo 3° es, a todas luces, una nueva interpretación, por vía legal, de la norma contenida en el artículo 19 Nº 2 de nuestra Constitución. Así, estamos frente a una ley interpretativa de la Constitución, que por su naturaleza, y según lo dispuesto en la misma Constitución en su artículo 66, requiere para su aprobación de las tres quintas partes de los Diputados y Senadores en ejercicio, cuestión que, al parecer, no ha sido advertida en su actual tramitación. Así, corresponde al Tribunal Constitucional realizar un control preventivo sobre la constitucionalidad del proyecto en trámite según dispone el artículo 93 Nº 1 de la Constitución.

i. De aprobarse la ley mediante quórum simple, sumado a los graves vicios de inconstitucionalidad ya referidos, dará lugar a un requerimiento al Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 Nº 3 de la Constitución; o dará lugar a un requerimiento ante el mismo Tribunal para que se declare su inaplicabilidad y posterior inconstitucionalidad, según disponen los numerales 6 y 7 del artículo 93 de la Constitución.

4) Finalmente, el proyecto de ley en comento establece en su artículo 9° una nueva agravante de la responsabilidad penal, incorporando el numeral 21 al artículo 12 del Código Penal, a saber: “cometer el delito fundado por motivos de discriminación arbitraria”. Esta redacción, al no definir qué conductas concretas se entenderán fundadas en tal motivo, ni de qué forma, constituye una agravante genérica, contraria al principio de tipicidad que garantiza el artículo 19 Nº 3 de nuestra Constitución. En efecto, la ley penal debe bastarse a sí misma, de modo que no quepan reglamentos ni disposiciones emanadas del Gobierno para desarrollarla: ninguna ley puede establecer penas sin que la conducta que se pretende sancionar esté expresa y completamente descrita en ella.

IV. CONCLUSIONES

I. El proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación no importa un avance sustantivo en la protección de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley:

1) Al ocupar una definición de discriminación arbitraria basada en la casuística y criterios materiales y contingentes, excluye diversas hipótesis de igual o mayor relevancia como susceptibles de discriminación arbitraria, entregando menor seguridad jurídica que un criterio sustantivo y formal, por tanto omni-comprensivo y aplicable a cualquier caso de desigualdad injusta, y por igual respecto de los posibles sujetos pasivos de discriminación injustificada, sin privilegiar a priori a ninguno.

2) Al causar una superabundancia de cuerpos legales aplicables en la materia, sin especificar si acaso son complementarios, excluyentes, unos previos a otros, generando confusión y duplicidad.

3) Al establecer una regulación sobre la materia menos eficiente que la del recurso de protección: no establece trámite de admisibilidad, no contempla recurso de apelación, nada dice sobre la apreciación de la prueba, nada dice sobre una eventual orden de no innovar, sólo permite ser interpuesta por el personalmente afectado.

4) Al disminuir la eficacia del recurso de protección en la materia.

5) Lo anterior, sumado al hecho que el Legislativo impone a la sociedad su particular visión sobre aquellas condiciones que constituyen la identidad personal de los ciudadanos.

II. Más bien, constituye un retroceso sustantivo en la protección de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley:

1) En cuanto dificulta la prueba: obliga al demandante a probar un elemento subjetivo –el ánimo discriminatorio de parte del demandado, sea éste particular o permanente- en vez de analizar la objetiva proporción o desproporción entre la naturaleza de los fines de una actividad y la de los medios idóneos para alcanzarlo; a través de la inclusión de hipótesis especiales susceptibles de discriminación arbitraria sirve de ocasión para que en el proceso se relaje el estándar de prueba y se invierta la carga de la prueba.

III. Finalmente, contiene graves vicios de inconstitucionalidad:

1) En concreto, y a través de la judicialización de la frustración o negación de intereses de terceros, priva al titular de un derecho de la esencial facultad de elegir por sí los fines legítimos que pretende alcanzar ejerciendo su mismo derecho, y de escoger los medios idóneos para tal objetivo, excluyendo de su elección -mediante la amenaza de una sanción- los medios que él no puede rechazar, no obstante tal rechazo pueda ser perfectamente justo y razonable en muchos casos.

2) Por ello, y más allá de las buenas intenciones y los discursos, entrega a los terceros interesados, titulares de meras expectativas, la titularidad de todo o parte de derechos ajenos, privando a sus verdaderos titulares de facultades esenciales de su derecho de dominio, afectando así numerosas garantías constitucionales.

3) Además, al incorporar una particular y poco conveniente definición de discriminación arbitraria, interpreta el artículo 19 Nº 2 de la Constitución, requiriendo así para su aprobación un quórum especial, dando lugar a futuros requerimientos de inconstitucionalidad y/o de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

4) Finalmente, el proyecto de ley en comento establece en su artículo 9° una nueva agravante de la responsabilidad penal, incorporando el numeral 21 al artículo 12 del Código Penal, a saber: “cometer el delito fundado por motivos de discriminación arbitraria”. Esta redacción, al no definir qué conductas concretas se entenderán fundadas en tal motivo, ni de qué forma, constituye una agravante genérica, contraria al principio de tipicidad que garantiza el artículo 19 Nº 3 de nuestra Constitución. En efecto, la ley penal debe bastarse a sí misma, de modo que no quepan reglamentos ni disposiciones emanadas del Gobierno para desarrollarla: ninguna ley puede establecer penas sin que la conducta que se pretende sancionar esté expresa y completamente descrita en ella.

IV. En razón de las tres conclusiones anteriores es posible decir que el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación y pretende proteger en mayor y mejor forma a las víctimas de discriminación arbitraria, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más unida y tolerante, paradojalmente logra exactamente lo contrario.

1) Pues tal como ha ocurrido en otros países, la judicialización de los conflictos sólo degenera en mayores exclusiones e intolerancias, profundizando las divisiones entre “vencedores y vencidos”. No es conveniente judicializar las diferencias porque en este tipo de relaciones surge inmediatamente la representación de un combate para obtener el reconocimiento de las propias convicciones frente al enemigo. El triunfo obtenido judicialmente y posteriormente auxiliado por la fuerza pública para que se respete su reconocimiento, necesariamente llega a juzgar que unos han ganado la batalla y los otros necesariamente la perdieron.

2) Porque ante la imposibilidad de determinar legislativamente todas las diversas conductas que comportarían un criterio discriminador y por ser estas conductas cambiantes según las sensibilidades imperantes, los jueces irán estableciendo con sus sentencias cuáles son las conductas discriminatorias.

3) La señal pública que producirá el anuncio de la creación de un recurso especial para eliminar las formas de discriminación generará altas expectativas respecto de quienes se consideren discriminados.

4) Sólo los grupos altamente organizados y asesorados debidamente alcanzarán el reconocimiento de sus pretensiones sobre los criterios de discriminación. Es posible predecir una campaña para obtener estos reconocimientos y, por tanto, el aumento de causas para lograr que la jurisprudencia recoja los criterios promovidos según los diversos intereses ideológicos.

5) Más eficaces para eliminar este tipo de conductas es la promoción positiva e inclusiva de ciertos grupos que se encuentran en la situación del trato injusto. Este camino es más largo y arduo, pero, en definitiva, permite mejorar niveles de sentimiento de pertenencia y, por tanto, de respeto por las diferencias legítimas que se reflejan en las vidas de los demás. La inclusión social y la paz social se ven entorpecidas, más bien, con la multiplicación de los recursos judiciales y, en definitiva, por la confianza en el criterio de los jueces en materia tan sensible, donde la incorporación de categorías susceptibles de formas de discriminación en particular alteran el razonamiento judicial, forzando la calificación jurídica de simple situaciones de hecho que no necesariamente atentan contra la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

2) A continuación, intervino ante la Comisión el Reverendo Francisco Javier Mardones, representante de la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas Une-Chile.

Su intervención se basó en la siguiente presentación escrita:

“Visto:

1.- Que el cristianismo, sus valores y principios son anteriores al Estado de Chile.

2.- Que la ley 19.638 garantiza la libertad de culto e igualdad jurídica de las entidades religiosas.

3.- Que este proyecto de ley pretende penalizar la discriminación arbitraria entre otras razones por motivos de ideología o creencia.

Considerando:

1.- Que el proyecto de ley en cuestión regirá para conductas manifestadas tanto en el ámbito público como privado.

2.- Que el cristianismo evangélico se predica, practica y promueve tanto en el ámbito público como en el privado.

3.- Que algunos de los principios escriturales que son inherentes a la doctrina evangélica son contrarios a algunas costumbres o conductas que algunas personas o grupo de ellas pudieran promover o practicar.

Proponemos:

1.- Incorporar al listado de los motivos de discriminación arbitraria descritos en el artículo 3º, la religión.

Hay que considerar que en la propuesta inicial de este proyecto de ley, presentada y aprobada en general por el Senado, la religión estaba incorporada entre los motivos de discriminación arbitraria.

Posteriormente, en la nueva proposición (segundo texto) de la Comisión de Derechos Humanos fue excluida.

En la gran mayoría de Documentos, Tratados Internacionales y Códigos de Ética, la religión es una de las causas que siempre aparecen, al igual que la nacionalidad, raza, etc., por lo cual es incomprensible su actual exclusión del artículo 3.

2.- Eliminar del listado de motivos de discriminación arbitraria descritos en el artículo 3º los términos género y orientación sexual, ya que, entre otras razones, ambos pueden considerarse contenidos en la palabra sexo, como acontece en muchos de los documentos internacionales que preservan los tipos de discriminación arbitraria.

Texto propuesto:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.”.

3.- Modificar el inciso segundo del artículo 3º del proyecto de ley en dos conceptos:

a.- En el inciso primero dice que se entenderá discriminación arbitraria toda forma injustificada, especificando que puede ser por distinción, exclusión, restricción o preferencia, y en el inciso segundo, donde se pretende eximir a las entidades religiosas de este punto la redacción actual sólo considera las distinciones.

b.- Eliminar la referencia en este inciso al artículo 2° de la ley N° 19.638 que dice:

“Ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de sus creencias religiosas, ni tampoco podrán éstas invocarse como motivo para suprimir, restringir o afectar la igualdad consagrada en la Constitución y la ley.”.

Por cuanto podría considerarse por algún juez la aplicación en el sentido contrario de lo que se pretende con este inciso, que es precisamente resguardar la libertad de predicar y enseñar las creencias religiosas, argumentando la segunda parte del artículo 2° que especifica que las creencias religiosas no pueden afectar la igualdad consagrada en las leyes.

Texto propuesto:

“Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias, que conforme a su doctrina, realicen las entidades religiosas en el ámbito de las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la ley Nº 19.638, no se considerarán discriminación arbitraria.”.

4.- En el artículo 9°, número 2, eliminar del artículo 137 bis que se proyecta incorporar al Título III del Libro II del Código Penal la palabra “hostilidad”, por cuanto el Diccionario de la Real Academia Española define la “hostilidad” como “cualidad de hostil” y “hostil” significa “contrario”, por lo que predicar o enseñar una creencia contraria a ciertos hábitos o costumbres que pueden practicar algunas personas podría ser considerado hostilidad y, por tanto, sujeto a penalidad.

Texto propuesto:

“Artículo 137 bis. El que promueva el odio en contra de una persona o un grupo de personas en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.”.

Nota: si se estimare necesario reforzar más el concepto se podría agregar después de promover el odio, las palabras “o la violencia”.

Santa Biblia

Reconocido es el énfasis de la Reforma Protestante en promover y divulgar la Biblia en los idiomas nativos, aseverando que es la fuente de donde emana la doctrina, las normas de fe y conducta.

Hoy está traducida en más de 2.000 lenguas y dialectos.

Los libros del Antiguo Testamento también los leen y enseñan los judíos en Sinagogas, hogares, Colegios y Universidades.

…lámpara es a mis pies

tu palabra

luz a mi camino…

Salmos 119:115

Los veintisiete libros que componen el Nuevo Testamento son reconocidos por todas las vertientes del cristianismo: católicos, protestantes, ortodoxos, coptos, evangélicos, etc.

Demandas podrían entablarse, como ya ha ocurrido en otros países, con la vigencia de una ley como la que se pretende, cuando se lea o se enseñe la Biblia, en forma privada o pública, donde hay principios, criterios y conceptos muy claros referente a temas que no practican o profesan otra gente.

Por ejemplo, al referirse a la zoofilia:

Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es perversión.

En ninguna de estas cosas os amancillaréis; pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada; . Levíticos 18:23-25.

A la bisexualidad:

No te echarás con varón como con mujer; es abominación. Levíticos 18:22.

Al travestismo:

No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio 22:5.

Definiciones:

Travesti o travestí: 1. com. Persona que, por inclinación natural o como parte de un espectáculo, se viste con ropas del sexo contrario.

Transexual: 1. adj. Dicho de una persona: Que se siente del otro sexo, y adopta sus atuendos y comportamientos. U. t. c. s. 2. adj. Dicho de una persona: que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. U. t. c. s.

Andrógino, na: 1. adj. hermafrodita. U. t. c. s. 2. adj. Dicho de una persona: cuyos rasgos externos no se corresponden definidamente con los propios de su sexo. U. t. c. s. 3. adj. Bot. monoico.

como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,

las cuales de la misma manera que aquéllos,

habiendo fornicado e ido en pos de

vicios contra naturaleza,

fueron puestas por ejemplo,

Judas 7

aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el

que es contra naturaleza,

y de igual modo también los hombres, dejando

el uso natural de la mujer,

se encendieron en su lascivia unos con otros,

cometiendo hechos vergonzosos

hombres con hombres,

y recibiendo en sí mismos la retribución

debida a su extravío.

Romanos 1:27

Las Santas Escrituras son claras en estas y muchas otras materias, como el adulterio, la estafa, el cohecho y un copioso listado de actitudes reprobables a los ojos de Dios, indicando asimismo que pueden ser conductas corregibles.

No erréis; ni los fornicarios,

ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los

afeminados, ni los que se echan con varones,

ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,

ni los maldicientes, ni los estafadores,

heredarán el reino de Dios.

Y esto érais algunos; mas ya habéis sido

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis

sido justificados en el nombre del Señor Jesús,

y por el Espíritu de nuestro Dios.

1 Corintios 6.9-11

Finalmente, hay que destacar que la actitud cristiana es de llamado al cambio de conducta con respeto, con mansedumbre, con amor.

No se pretende imponer a una sociedad pluralista nuestra visión, pero tampoco permitir que se impida la proclamación de las verdades bíblicas, dejando la decisión a la conciencia de cada individuo que deberá asumir la consecuencia de sus actos.

…los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos…

…no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento…

Mateo 9:12,13”.

3) Luego, hizo uso de la palabra el señor Juan Antonio Montes, representante de Acción Familia.

Señaló que esa institución ya tuvo oportunidad de presentar sus reparos al proyecto en estudio ante las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de ambas Cámaras y que, en esta oportunidad, se referiría en forma más directa a los reparos de constitucionalidad que, a su juicio, la iniciativa motiva, tanto desde el punto de vista de la forma cuanto del fondo.

Sus planteamientos están contenidos en el siguiente documento:

“I.- Un proyecto interpretativo de una garantía constitucional.

La Constitución Política en el Capítulo III establece los derechos y deberes ciudadanos y deja expresa constancia que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”. Por esta razón, la Corte Suprema ha respondido en tres oficios dirigidos al Poder Legislativo que no considera procedente legislar respecto de una garantía claramente expresada en la Constitución.

Igual opinión expresó en su momento el Sr. Alejandro Silva Bascuñán ante la Comisión Ortúzar, en el sentido de que "desde el momento en que se asegura la igualdad ante la ley a todos los habitantes de la República, quedan todos los casos [de discriminación arbitraria] cubiertos", lo cual vuelve superfluo el proyecto en referencia.

Sin embargo, tanto el Ejecutivo cuanto el Legislativo han insistido en su tramitación, entendiendo que el concepto de “discriminación arbitraria” no está suficientemente adecuado a la luz de las nuevas formas de discriminación que la sociedad ha generado.

En igual sentido se han pronunciado de modo casi unánime los Parlamentarios a lo largo de la tramitación. El Senador Andrés Chadwick, al informar a la Sala sobre el proyecto, expresó que: “este proyecto abre la oportunidad de poder estudiar a fondo cómo potenciamos el principio de no discriminación y cómo perfeccionamos la Constitución para consagrar esta garantía…”. En realidad, al hablar de “perfeccionar la Constitución”, el Senador expresó de modo claro el espíritu del proyecto que consiste en una reinterpretación de la Constitución. Sin embargo, no se entiende cómo se puede “perfeccionar” la Constitución sin reformarla. [18] 

Ahora, la Constitución establece en su artículo 66 que: “Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio”. [19] 

Por este motivo, el proyecto debe ser tratado en su calidad de interpretativo de la Constitución y deberá contar con el quórum exigido por ella para su aprobación. No estamos en presencia de una simple ley que pretenda ayudar a uno o a otro sector arbitrariamente discriminado, sino a un proyecto que busca definir lo que es la no discriminación arbitraria. Luego, se enmarca en el artículo 66 arriba citado.

II.- Consecuencias negativas para el concepto de familia como célula básica de la sociedad.

Aparte de la forma en la tramitación del proyecto, existe otro aspecto que nos parece importante destacar, que dice relación con su fondo.

El artículo 3° del proyecto incluye en la enumeración de los grupos a proteger a la llamada “orientación sexual”. La pregunta es si tal concepto de “orientación sexual” realmente constituye un derecho de las personas, decurrente de la propia naturaleza, pues en este caso ella estaría amparada en el artículo 5° de la Constitución.

Igualmente, debemos examinar si el amparo legal de las “orientaciones sexuales” se ordena al bien común de la sociedad y a la estabilidad de la familia, tutelada por su artículo 1°.

En resumen, lo que está en juego es determinar si la “orientación sexual” es un bien jurídico en sí, y si así fuere, establecer la necesidad de que tenga una protección especial dentro de nuestro ordenamiento legal.

Primera hipótesis: La “orientación sexual” es un Derecho Humano.

Aceptemos, argumentando gratia, el supuesto de que la “orientación sexual” constituya realmente un derecho humano. En tal caso, no sólo se debería conceder (a los homosexuales, transexuales, etc.) el derecho de no ser objeto de ninguna forma de discriminación, sino más bien se les debería otorgar todo el amparo de la ley, pues siendo una condición inherente a la dignidad humana, ella merecería el pleno goce de todos los derechos civiles.

Si así fuese, y en coherencia con el supuesto señalado, se le deberían conceder, sin perjuicio de otros que eventualmente se presenten, el reconocimiento de los siguientes derechos.

a) Derecho a constituir uniones matrimoniales o de convivencia.

No se entendería por qué motivos se les podría negar a dos personas que tienen la misma “orientación sexual”, de constituirse como un “matrimonio” o de tener una situación civil análoga y que ellas tuviesen de los mismos derechos y deberes, tales como comunidad de bienes, amparo mutuo, herencia, etc. [20] 

Es ilustrativa en este sentido la reciente resolución del Gobierno argentino que el pasado mes de agosto otorgó derecho de viudez a las parejas homosexuales “en base del principio de la no discriminación en razón de la orientación sexual”. [21] 

b) Derecho de adopción de menores.

Tampoco se podría negar a estas uniones libremente constituidas y reconocidas por la ley, que adoptasen menores de edad, toda vez que el legislador debe promover que estas uniones, estériles por naturaleza, alcancen una felicidad plena, adoptando hijos a los cuales puedan educar y sostener.

No se podría alegar que en este caso prima el derecho de los niños a tener padre y madre, ya que, una vez que se penalice la discriminación por “orientación sexual”, la ley no podría privilegiar las uniones heterosexuales sobre las homosexuales. Si lo hiciera, incurriría en una discriminación en relación a estas últimas.

Para tales efectos, se debería reformar la actual ley de adopciones.

c) Derecho a la libertad sexual sin límite de edad.

Igualmente se deberían suprimir los límites de edad para la satisfacción de esos derechos, pues si ellos derivan de la naturaleza, su ejercicio debe comenzar desde la más “temprana edad” y el Estado no podría discriminar por edad, conforme el proyecto marco de derechos sexuales y reproductivos. [22] 

d) Despenalización de la pedofilia.

En coherencia con lo anterior, se deberían permitir las relaciones sexuales con menores, pues ellas constituyen una de las “orientaciones sexuales” posibles, y siendo amparadas todas las “orientaciones sexuales” como un derecho natural, no se ve en virtud de qué razón puedan ser penalizadas cuando exista consentimiento independiente de la edad.

Así lo expresó el penalista De Rivacoba en la discusión de otro proyecto de no discriminación. El penalista sostuvo que la tendencia discriminatoria nacional se encuentra en una de las leyes penales aprobadas por el Congreso, “pues se sigue considerando delito a la sodomía”: si un varón, mayor de 14 años “tiene relaciones o acceso carnal con una mujer, que no sea en condiciones de violación, es un acto lícito”; mientras que “si ese mismo varón tiene relaciones libremente propuestas, aceptadas y consentidas con otro varón, incurre en delito”, lo que para él sería una discriminación por su orientación sexual”.

Por esta razón, de acuerdo al proyecto se deberían equiparar las edades para el libre consentimiento de las relaciones heterosexuales con las homosexuales, y ambas deberían comenzar cuando las partes libremente opten a ello [23] .

e) El Estado debería implementar políticas públicas de educación y salud que promuevan la libre elección de la “orientación sexual”.

El Ministerio de Educación debería impartir directrices a todos los establecimientos educacionales del país para que se enseñe desde los primeros años de colegio que las conductas homosexuales son perfectamente naturales y correctas. Estas conductas deberían ser privilegiadas a las heterosexuales, una vez que vivimos en una sociedad que ha penalizado arbitrariamente las conductas homosexuales. Tales iniciativas, que ya se encuentran en desarrollo antes mismo de la aprobación de este proyecto, se verían agravadas después de su aprobación. [24] .

f) Establecer penas aflictivas contra los discriminadores por “orientación sexual”.

De acuerdo al proyecto que se tramita, se debe sancionar a todas aquellas personas o instituciones que se opongan al libre ejercicio de tales “orientaciones sexuales”. Tal medida significa en la práctica una prohibición de expresión de la doctrina católica que considera respecto de las conductas homosexuales, que son “intrínsicamente desordenadas” [25] .

Por lo tanto, de incluirse las “orientaciones sexuales” dentro de las categorías a ser protegidas por la no discriminación, inevitablemente la moral cristiana pasará a ser considerada como discriminadora, y en cuanto tal, fuera de la ley, suscitando de este modo una verdadera persecución religiosa. [26] 

Para paliar parcialmente esta situación, la Presidenta de la República presentó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado una indicación al artículo 3° del proyecto, que pretende disminuir tales riesgos, estableciendo que “las distinciones que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.” [27] .

La referida indicación nos muestra nuevamente el carácter interpretativo y confuso del proyecto, una vez que se identifica el hecho de hacer “distinciones” con el de ser “arbitrario”. En el espíritu del proyecto, toda distinción es, en sí misma, arbitraria. Tal interpretación se contrapone con la garantía constitucional que al establecer la no discriminación arbitraria, deja sobreentendida la existencia de discriminaciones que no son arbitrarias y que, en cuanto tales, son perfectamente lícitas.

No es claro tampoco el alcance concreto de tal excepción, pues no se ve en virtud de qué disposiciones constitucionales las “entidades religiosas” podrán hacer “distinciones”, y quienes no pertenezcan a “entidades religiosas”, no podrán hacerlo.

Además, la indicación no precisa quienes estarían comprendidos dentro de “las entidades religiosas”: ¿la jerarquía?, ¿los fieles?, ¿los practicantes? La indicación del Ejecutivo introduce una excepción vaga y discriminatoria en el mismo proyecto de no discriminación.

De hecho, como es de público conocimiento, esta persecución, que la indicación intenta soslayar, ya se está dando en todos los países en que legislaciones similares han sido aprobadas. Para mayor información sobre el tema, recomendamos tomar conocimiento de las noticias que anexamos [28] . No se ve por qué razón las mismas causas podrían no producir los mismos efectos en Chile. [29] 

Segunda hipótesis: La orientación sexual no es un derecho humano.

La aprobación de este proyecto, como de las otras iniciativas señaladas que constituyen su consecuencia inevitable y que ya son materia de otros proyectos en tramitación y de políticas públicas, suponen la aceptación de un concepto de familia, que es opuesto al que la Constitución establece.

En efecto, si se acepta ese presupuesto, habría que aceptar todas sus consecuencias y ellas traerían aparejada la demolición de la célula básica de la sociedad conforme lo establece el artículo 1° de la Constitución: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.(…). Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta” [30] .

Tales medidas decurrentes del otorgamiento de derecho a las “orientaciones sexuales” vulnerarían, además, las siguientes garantías constitucionales: la libertad de conciencia (artículo 19 N° 6), pues el prestador de servicios no puede objetar la condición de homosexualidad para no otorgárselos; por ejemplo, el dueño de un hotel con relación a una pareja homosexual. Vulneraría también la libertad de enseñanza (19 N° 11), pues ningún colegio podría enseñar que tales conductas son reñidas con la moral y, finalmente, vulneraría el derecho de los padres a educar a sus hijos (19 N° 10 inciso segundo). [31] .

En consecuencia, se debe concluir que la interpretación de la garantía constitucional de “no discriminación arbitraria” que el proyecto intenta introducir, es contraria a la Constitución, una vez que sus consecuencias concretas se oponen a la unidad que se expresa en todos sus artículos y, en especial, en su Capítulo I, Bases de la Institucionalidad.

Es importante destacar que cuando la Constitución reconoce a la familia como “núcleo fundamental de la sociedad”, se está refiriendo al concepto cristiano y natural de familia, es decir, aquella formada por un hombre y una mujer, unidos para la perpetuación de la especie y para la educación de los hijos, derechos a los cuales se refiere posteriormente el artículo 19. [32] .

Se podrá preguntar si, de acuerdo a las normas constitucionales, pueden coexistir dos o más formas de familia. A eso respondemos negativamente, pues cuando la Constitución se refiere a la familia, lo hace entendiendo por ella la unión del hombre y de la mujer. Equiparar otro concepto de familia sería negar la unicidad del concepto familia, lo cual obviamente contradice el artículo 1° de la Constitución y daña seriamente el bien común.[33] 

No se puede objetar que si no se garantiza la no discriminación a las personas de conductas homosexuales éstas quedarían sin protección y a merced de violencia o injusticias pues, conforme a la opinión de la Corte Suprema ya citada, tal eventualidad no podría ocurrir una vez que la “no discriminación arbitraria” está garantizada por la propia Constitución.

Tercero: El Estado podrá hacer “distinciones”.

Para finalizar, conviene añadir a los anteriores reparos otra consideración que aumenta el carácter interpretativo que el proyecto pretende hacer de la Constitución. Es el hecho de que el proyecto establezca en su artículo 2° que “El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas.”.

Este artículo establece dos cosas que se contraponen con las normas de la Constitución. La primera es que, como ya lo expresamos, cualquier distinción o preferencia, sería “per se” arbitraria, toda vez que se deja expresa constancia que sólo el Estado podrá hacerlo. Tal afirmación contraría el sentido de la prohibición constitucional que se refiere exclusivamente a las discriminaciones arbitrarias.

En segundo lugar, si cualquier distinción fuera una “discriminación arbitraria”, conforme al proyecto el Estado tampoco podría establecer ningún tipo de distinción, pues ello contraría el artículo 19 de la Constitución, inciso segundo, que establece que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”.

En conclusión, si cualquier distinción es arbitraria el Estado no puede arrogarse un derecho que la Constitución le prohíbe. Y si no todas las discriminaciones son arbitrarias, no se entiende por qué el proyecto faculta sólo al Estado a establecer las distinciones o preferencias, excluyendo esta facultad constitucional al resto de la Nación.

Cuarto: Las “orientaciones sexuales” quedan en situación de privilegio.

El proyecto establece, con relación a las “orientaciones sexuales”, una forma de privilegio legal a las personas que digan tener una “orientación sexual” minoritaria y en razón de ella aleguen haber sido discriminadas. Las personas heterosexuales no podrán hacer valer su condición de tales para los efectos de la “no discriminación”. Tal diferencia viola lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 19 de la Constitución que establece: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.”.

Ejemplo de este carácter de privilegio para los homosexuales ha sido la propia tramitación del proyecto. Según informa el propio lobby homosexual: “(…) mientras Naranjo fue Presidente de la Comisión (de Derechos Humanos) invitó a todas las discusiones de los Honorables al Presidente del Movilh, sin solicitud de audiencia y preguntándoles delante de ellos, como si el líder gay fuera un Parlamentario más, si estaba o no de acuerdo con lo que se estaba planteando”. [34] 

La misma noticia informa que, una vez aprobado el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, el Senador Chadwick le dijo al activista homosexual: “Ya aprobamos tu ley”. Es decir, una ley privada que contraría, como ya lo señalamos, el artículo 19, número 2: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.”.

Quinto: Doctrina católica respecto a las leyes de no discriminación por “orientación sexual”.

Por último, nos parece oportuno recordar las disposiciones con relación a proyectos de ley anti discriminatorios emanadas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en julio de 1992, en documento titulado "Consideraciones para la respuesta católica a propuestas legislativas de no discriminación a homosexuales".

Con la firma del Cardenal Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI, la Iglesia enseña que “Se han hecho propuestas de ley en algunos Estados americanos que harían ilegal la discriminación basándose en la orientación sexual” y que “una de las tácticas utilizadas (por los grupos homosexuales) es la de afirmar, en tono de protesta, que cualquier crítica o reserva en relación con las personas homosexuales, con su actitud y con su estilo de vida, constituye simplemente una forma de injusta discriminación.”.

Sin embargo, el Papa enseña que “La "orientación sexual" no constituye una condición comparable a la raza, al grupo étnico, etc., porque, a diferencia de éstas, aquella es un desorden objetivo; (…)"existen áreas en las cuales no es una discriminación injusta tomar en cuenta la inclinación sexual; por ejemplo, en la adopción o el cuidado de los niños"; (…) “Los derechos al trabajo, a la habitación, etc., no son absolutos y pueden ser limitados por causa de desórdenes exteriores de conducta, para evitar el escándalo”; (…) y, sobre todo, que "no existe un derecho a la homosexualidad y, por lo tanto, no puede constituir una base judicial para reclamaciones.". [35]

En consecuencia de lo expuesto, solicitamos a la Honorable Comisión de Constitución del Senado reponer la indicación presentada a la Comisión de Derechos Humanos por los señores Senadores Arancibia, Novoa, Romero y Orpis de excluir del artículo 3° del proyecto la expresión “por orientación sexual”.

Solicitamos también que disponga la tramitación del proyecto de acuerdo a su condición de ley interpretativa de la Constitución Política de la República.”.

4) Enseguida, hizo uso de la palabra el Presidente de la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales Acción A.G., señor Alvaro Ramis, quien dio lectura al siguiente documento:

“Afirmar que nuestra sociedad es discriminadora no es novedad alguna. La literatura ha documentado las evidencias que nos

acusan de actuar como un país clasista, racista, xenófobo, machista, antisemita, prejuicioso y autoritario. Ya la novela del siglo XIX nos mostró una aristocracia conservadora que trata de mantener su poder hereditario sobre el “roterío”, mientras la composición de la sociedad colonial comienza a desgarrarse. Recordemos a Blest Gana, quien en su “Martín Rivas” testimonió un Chile rígidamente estamental, que es desafiado por una generación que no soporta la eternización de un orden absurdo. Más tarde, en el novecientos, la novela social de Rojas, Sabella, Lillo, González Vera, Durand o Brunet nos conmoverá con las penas y pesares de “los nadie”, que abarrotarán los conventillos santiaguinos, las minas de la cuenca del carbón, los fundos del valle central o los poblados desérticos de las salitreras. En la actualidad, el arte y la cultura continúan abordando de forma constante este mismo tópico. La polémica que este año desató “El Señor de la Querencia” nos ha recordado nuestro origen, que debe buscarse en un largo mestizaje forzado, en una hacienda que por centurias incubó una sociedad de castas, legitimada como un orden perfecto y aparentemente querido por Dios.

Tampoco resulta novedoso decir que este modelo aparentemente inmodificable ha debido enfrentar resistencias constantes a lo largo de los siglos. Lo que verdaderamente es nuevo es que, por primera vez en su historia, Chile está cerca de contar con una ley que expresamente se plantea abordar la discriminación como un problema de Estado y que busca el resguardo y la exigibilidad de derechos, que, aunque declarados en la Constitución y en los tratados internacionales, no cuentan con herramientas jurídicas específicas que aseguren su cumplimiento.

Por este motivo, la aprobación de la ley contra la discriminación que actualmente se tramita en el Congreso Nacional, debería ser un motivo de orgullo y alegría compartidos. Sin embargo, es triste constatar que esto no es así. Y más lamentable es que los mayores obstáculos y reservas a la ley provengan de las instituciones menos esperadas: una parte de las Iglesias Evangélicas. Esta situación paradojal e incomprensible sólo se puede explicar por el injustificable interés de quienes se sienten amenazados por la nueva legislación.

El pueblo evangélico ha sido largamente discriminado en nuestro país. Baste recordar su exclusión institucional hasta bien entrado el siglo XIX. Exclusión que llegaba a niveles aberrantes, como la imposibilidad de sepultar a sus deudos en los cementerios administrados en ese entonces por la Iglesia Católica. Cuando Benjamín Vicuña Mackenna inauguró las obras del Cerro Santa Lucía trató tímidamente de reparar esta afrenta, señalando en una placa su homenaje a los “expatriados del cielo y de la tierra”, que fueron sepultados indignamente en la ladera oriente de ese cerro. La Ley de Culto, de 1999, o la instauración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, en octubre de 2005, han sido pasos importantes, pero todavía insuficientes para garantizar la plena libertad religiosa en nuestro país.

¿Cuáles son los temores de una parte de las Iglesias Evangélicas ante esta ley? Algunos Pastores se han sentido amenazados, ya que eventualmente podrían ser penalizados si su predicación pública fomenta el odio y la violencia, en especial contra personas de otras religiones o contra quienes consideren pecadores, como homosexuales, prostitutas u otros grupos sociales. Si este tipo de temores ha surgido ¿podemos intuir que hoy por hoy se puede encontrar en una iglesia sermones que alientan el odio o la violencia contra grupos sociales específicos? ¿Es razonable avalar o justificar este tipo de prácticas? Aunque una Iglesia o Culto considere en su doctrina que la homosexualidad es un pecado o que las prostitutas son impuras o que los otros grupos religiosos están en el error y son despreciables, la sociedad no puede tolerar que esta convicción particular se traduzca en prácticas violentas o atentatorias de los derechos de un sector de la población. Si eso se permite, también deberíamos aceptar que en el futuro volviéramos a tener cementerios exclusivos para los ciudadanos de un credo religioso, o la instauración de “religiones de Estado”, como conoció nuestro país hasta la promulgación de la Constitución de 1925.

Esta polémica obliga a recordar que en el Evangelio de Mateo, Jesús rompió con la vanidad discriminatoria de los fariseos cuando afirmó: “yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron: en cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron”. Hoy parece ocurrir lo mismo. Quienes proclaman que no hay ya “ni judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno” no son los líderes de las Iglesias, sino los “despreciados y desechados entre los hombres”. Ese es el escándalo del Evangelio.”.

5) Enseguida, en representación de B’nai B’rith Chile, de la Comunidad Judía de Chile, hizo uso de la palabra su Directora de Asuntos Públicos, señora Claudia Kravetz.

Agradeció, en nombre de la mencionada Comunidad, la invitación a esta sesión, destacando la importancia de la iniciativa en estudio, que, dijo, ha sido largamente esperada y tiene una gran trascendencia política e impacto social.

Como consideración general, señaló que este proyecto constituye un evidente avance en materia de establecimiento de medidas en contra de la discriminación y que deja a Chile en sintonía con el Derecho Internacional y con los demás países latinoamericanos que han legislado en la materia.

De algún modo, expresó que se cumple con las obligaciones internacionales contraídas por Chile al ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Ésta, en su artículo 4º, prescribe que los Estados deben declarar como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, así como toda incitación a la discriminación racial. Agrega que deberán declarar ilegales y prohibir las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda que promuevan la discriminación racial “y reconocerán que la participación de tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley”.

Por otro lado, si bien se manifestó orgullosa de sentir que Chile está a la vanguardia en Latinoamérica, en muchos aspectos lamentó que en materia de medidas contra la discriminación, estemos muy por detrás de nuestros vecinos.

Recordó que hace veinte años que Argentina cuenta con una ley que sanciona actos discriminatorios. Hizo presente que en 1995 fue creado el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, que elabora políticas nacionales y medidas concretas para luchar contra la discriminación, llevando a cabo las acciones afines.

En el año 2004 Uruguay hizo lo suyo y dictó una ley contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, la cual creó la Comisión Honoraria, cuyas funciones – entre otras – son el monitorear el cumplimiento de la ley y elaborar políticas educativas tendientes al pluralismo cultural y social.

Otro vecino, Perú, en 2006 penalizó los actos discriminatorios con una modificación a su Código Penal, el que también contempla una agravante cuando la discriminación proviene de un funcionario público, consistente en la sanción adicional de inhabilitación.

Finalmente, mencionó la legislación mexicana. Señaló que desde el año pasado cuenta con una ley excelente, concebida como prevención a la discriminación y planteada en positivo. Algunos ejemplos: se habla de capacidades especiales en vez de discapacidad, de “compensación a favor de la igualdad de oportunidades” en vez de lucha contra las desigualdades, etc. Dicha ley, además, creó un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, órgano que debiera ser el siguiente paso a emular por Chile.

Enseguida, formuló algunas consideraciones especialmente relevantes para la comunidad judía en esta materia. En concreto, propuso las siguientes indicaciones al proyecto de ley:

Primero, reconocer expresamente el antisemitismo como una forma grave de discriminación.

Para ello, planteó incluir dentro del artículo 3º del proyecto, al final del primer inciso, la frase “También se considerará como discriminación arbitraria, el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.”.

A su juicio, el antisemitismo no queda cubierto adecuadamente por el conjunto de discriminaciones detalladas en este precepto. Se indican en dicho artículo, entre otras causales, los motivos de raza o etnia y los judíos no son una raza ni una etnia; los motivos de nacionalidad y los judíos no son extranjeros sino nacionales y ciudadanos chilenos plenos; la religión y el judaísmo son mucho más que una religión.

Sostuvo que son innegables las situaciones históricas y actuales de persecución a la comunidad judía y la propagación de ideologías nazistas en el mundo entero y lamentablemente también en Chile. Por ello, debe incluirse, sin dudas, la indicación del antisemitismo como una forma precisa e inaceptable de discriminación.

En segundo lugar, propuso agregar los vocablos “religión o creencia” e “identidad cultural” en el inciso primero del artículo 3° del proyecto.

Advirtió que el proyecto siempre contempló la religión y la identidad cultural como motivos de discriminación y que así ingresó a la Comisión de Derechos Humanos. Admitió que su exclusión podría deberse a una omisión involuntaria. Por lo mismo, solicitó enmendar dicho error.

Finalmente, propuso mantener el delito de hostilidad racial, tal cual está redactado en el artículo 9º, número 2, que incorpora un artículo 137 bis al Código Penal. Consideró prioritaria la incorporación de este delito de peligro abstracto, que sanciona los actos de hostilidad y odio en contra de colectivos o sus miembros. Además, es la forma en que Chile cumplirá con el compromiso establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial antes mencionado.

Expresó que confiaba en que luego de años de debate en el Parlamento el proyecto se transformará en ley de la República, que tenderá a una verdadera integración, donde todos los sectores de nuestro país puedan ejercer digna, igualitaria y libremente sus derechos y garantías fundamentales.

Afirmó que las indicaciones expuestas por la Comunidad Judía de Chile fortalecen el bien jurídico de la dignidad humana, en pro de una sociedad libre de temores y prejuicios.

6) A continuación, la Comisión escuchó al abogado señor Arturo Fermandois, Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Su intervención está recogida en las dos minutas que se transcriben a continuación:

“Minuta de Exposición

1.- Sobre la conveniencia constitucional de definir el concepto discriminación arbitraria (Artículo 3° del proyecto).

a) La discriminación arbitraria está asociada a un análisis de racionalidad o juicio de igualdad. Artículos 19, números 2; 22; 16; 7, letra i: “injustificadamente errónea o arbitraria”; 20 y 108 de la Constitución Política.

b) El análisis de racionalidad debe incorporar todos los elementos propios del juicio de igualdad. Tribunal Constitucional, desde el rol 53 (1988) hasta el rol 790 (2007).

i. Identificación del propósito de la decisión, distinción, exclusión o preferencia.

ii. El agrupamiento de los iguales: elemento esencial común de los destinatarios de la decisión.

iii Selección de los destinatarios de la decisión.

c) El juicio de igualdad exige recurrir al principio constitucional de proporcionalidad.

i. Alexy y Tribunal Federal Constitucional Alemán;

ii. Tribunal Constitucional de Chile: rol 790;

iii. Las tres máximas del principio. idoneidad, necesariedad y proporcionalidad propiamente tal.

d) El juicio de igualdad debe armonizar los diversos derechos fundamentales que concurren al caso o conflicto.

i. Ejemplo: la libertad de asociación – partido y pensamiento político. Artículo 19 N°15.

ii. La libertad de contratación y la idoneidad personal.

iii. La libertad religiosa y los derechos de la Ley de Cultos.

iv. La libertad de emitir opinión e informar, línea editorial y el ejercicio de los derechos de la ley N° 19.701.

e) El Juicio de Igualdad, por tanto, es intrínsecamente casuístico.

i. Corte Suprema de EE.UU.: caso Regents of UC Davis v. Bakke, 1978; Grutter v. Bollinger y Gratz v. Bollinger (2003). Análisis individualizado y no predeterminado por la ley.

ii. España.

f) El Juicio de Igualdad o Razonabilidad, en cuanto controversia, es parte esencial de las facultades jurisdiccionales de los tribunales. Artículo 76 de la Carta Fundamental.

g) El artículo 3° coloca en interdicción criterios diferenciadores descontextualizados de su entorno racional. Palabra “injustificadas”: insuficiente.

i. Ej. Acción afirmativa;

ii. Ej. Sexo y locales electorales.

2. Sobre si el artículo 3° del proyecto exige una Ley Interpretativa de la Constitución.

a) No toda definición de conceptos constitucionales la exige. Ejemplo: la “educación”, ley N° 18.962; el “correcto funcionamiento”, ley N° 18.838;

b) En este caso, diferencia: i. Constitución no encarga a la ley complemento alguno del concepto; ii. Concepto es del mayor grado constitucional de complejidad y jerarquía.

c) Conclusión: exige ley interpretativa.”.

El segundo documento es del tenor siguiente:

“Minuta de Exposición

1.- Sobre la conveniencia constitucional de definir el concepto de discriminación arbitraria (Artículo 3° del proyecto de ley)

El artículo 3° del proyecto de ley intenta una definición de “discriminación arbitraria” enunciándola como: “Toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Lo anterior sería acorde al concepto constitucional de discriminación arbitraria, ya que utiliza la expresión injustificada para referirse a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias hechas. Asimismo, el artículo 19 número 2, inciso segundo, de la Constitución proscribe las diferencias arbitrarias, es decir, las irracionales, sin una justificación razonable.

Sin embargo, a continuación, la norma señala motivos en particular de aquellas distinciones injustificadas. “En particular cuando ellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad”. Esta técnica de fijar eventos rígidos de discriminación no parece adecuada con los actuales criterios jurisprudenciales y doctrinales para identificar casos de discriminación arbitraria. En efecto, y como desarrollaremos a continuación, el análisis que permite identificar eventos de discriminación arbitraria es esencialmente casuístico y de racionalidad, pues requiere una ponderación altamente compleja de los elementos presentes en el caso concreto.

a) La discriminación arbitraria está asociada a un análisis de racionabilidad o juicio de igualdad.

Como señalábamos, no es recomendable fijar en la ley ciertos criterios rígidos que constituyen discriminación arbitraria per se, en todo evento. Esto se explica pues para identificar si existe tal discriminación es necesario un análisis individualizado y pormenorizado de las circunstancias específicas de cada caso concreto. En este análisis deben emplearse, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, algunos criterios científicos que se agrupan bajo el concepto de “juicio de igualdad o racionabilidad”.

En este sentido, conviene considerar que nuestra Carta Fundamental prohíbe aquellos juicios discriminatorios que no se ajustan a la racionalidad, no considerándolos irracionales de antemano, sino más bien permitiendo discriminaciones razonables. Veamos algunas disposiciones en este sentido.

El artículo 19 Nº 2, en su inciso segundo, enuncia esta garantía de manera general, señalando que: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”. La arbitrariedad, como sabemos, es precisamente lo contrario a la racionalidad.

El artículo 19 Nº 22 reitera esta regla constitucional en materia económica, asegurando a todas las personas: “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica”. El artículo 19 Nº 16, inciso tercero, por su parte, establece que “Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos”. Como vemos, se admite en materia laboral un juicio diferenciador en relación con las capacidades propias de cada sujeto, lo que parece del todo razonable.

El artículo 19 Nº 7, que consagra “El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual”, establece, en su letra i, una indemnización por parte del Estado a quien haya sido “sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria”. Finalmente, el artículo 20 establece el recurso de protección como medio de protección de ciertas garantías del artículo 19, evitando que sean afectadas, pero exige que el acto recurrido sea“arbitrario o ilegal”.

Vemos entonces que el criterio principal es que no se trate de una discriminación arbitraria. Por lo tanto, son constitucionalmente admisibles aquellas discriminaciones o diferenciaciones racionales. Pero ¿qué es una discriminación arbitraria? Como ya hemos señalado, la respuesta a esta pregunta exige un análisis pormenorizado de las circunstancias que concurren en un determinado caso concreto, ante los criterios de igualdad y proporcionalidad que analizaremos más adelante.

Una primera noción de arbitrariedad podemos encontrarla en la propia Constitución. En efecto, el artículo 109, relativo al Banco Central, nos entrega, en su inciso final, un criterio bastante útil para identificar la existencia de una discriminación arbitraria: “El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.”.

De este modo, parece claro que el juicio de igualdad no es estatuible en ciertos eventos que implican, siempre y en todos los casos, una discriminación arbitraria. En efecto, resulta imprescindible en estos casos un análisis individualizado, pormenorizado, caso a caso. Prescindir de este análisis por la vía de establecer eventos rígidos de discriminación arbitraria, implica presumir dicho vicio en muchos casos en que, atendidas las circunstancias concretas, la diferenciación aplicada es del todo razonable.

b) El análisis de racionalidad debe incorporar todos los elementos propios del juicio de igualdad. Tribunal Constitucional, desde el rol 53 (1988) hasta el rol 790 (2007).

Nuestro Tribunal Constitucional ha construido un concepto de igualdad que se basa fundamentalmente en criterios de razonabilidad, sustentado parcialmente en las definiciones del autor argentino don Segundo Linares Quintana. Este criterio tradicional fue expuesto en el caso “votaciones populares y escrutinios” de 1988 (Rol Nº 53)[36] , en que el Tribunal Constitucional señaló que:

“De esta manera, la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley a cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por tanto, la distinción razonable entre quienes se encuentren en la misma situación.”.

Y luego, en el considerando 73º de la misma sentencia:

“La razonabilidad es el cartabón o estándar de acuerdo al cual debe apreciarse la medida de la igualdad o la desigualdad.”.[37]

Como puede apreciarse, ya en esta sentencia el Tribunal Constitucional reconoce la necesidad de un juicio particularizado, concreto e individualizado para determinar la existencia de discriminaciones arbitrarias. Sobre esta idea, la doctrina ha avanzado ciertos criterios o pautas aplicables en este juicio particular de igualdad. Veamos.

i.Identificación del propósito de la distinción, exclusión, restricción o preferencia.

Primeramente, habrá que analizar, en los mismos términos de este proyecto, cuál es la intención al distinguir, excluir, restringir o preferir. Si ella es basada en criterios razonables y si se trata de manera similar a quienes se encuentran en la misma situación, entonces no existe arbitrariedad. Así, habrá que identificar la licitud del acto. Será necesario, por lo tanto, identificar quienes son los iguales.

ii.El agrupamiento de los iguales: elemento esencial común de los destinatarios de la decisión.

Nosotros propusimos un canon que busca especificar elementos que permitan al intérprete dar respuesta a la incógnita de quiénes son los iguales[38] . En principio, “iguales son los aquellos que gozan de la misma cualidad esencial; desiguales aquellos que poseen distintas cualidades esenciales”. Esto nos obligaría determinar desde un principio cuáles son las cualidades esenciales que vinculan a los iguales. Esta es, pues, la primera fase del juicio: efectuar una adecuada categorización entre quienes efectivamente están vinculados esencialmente.

iii.Selección de los destinatarios de la decisión.

Quienes han de ser tratados de forma igual, serán precisamente los esencialmente vinculados. La decisión deberá aplicarse a ellos, necesariamente, de manera igualitaria.

Como vemos, estos criterios deben aplicarse necesariamente en el juicio de igualdad, y dependerán de varios factores y elementos diversos (propósito que se persigue, número y cualidades de los afectados, etc). Estos factores son los que determinarán, finalmente, si existe o no discriminación arbitraria.

c) El juicio de igualdad exige recurrir al principio constitucional de proporcionalidad.

Agrupados los iguales, será necesario calificar la decisión misma a aplicar a éstos. En tal sentido, ésta debe ser analizada a la luz del “Principio de proporcionalidad”, el cual exige que la decisión sea útil, necesaria y proporcional en sentido estricto. Nuevamente, esto exige un análisis casuístico, de ponderación de los factores de cada caso.

i.Robert Alexy y el Tribunal Constitucional alemán.

Este principio ha sido reconocido y aplicado prácticamente en toda la doctrina y jurisprudencia mundial. Sin embargo, sus orígenes se encuentran en el Derecho alemán, donde ha penetrado intensamente en todo el Derecho Público. Surge como una herramienta para controlar el poder del Estado, generalmente al legislador, en sus operaciones de limitación de derechos fundamentales. Su objetivo fundamental es lograr que la actividad del Estado en pos del Bien Común se desarrolle siempre con el mínimo de intervención y afectación de los derechos fundamentales de las personas. Exige este principio, por lo tanto, un análisis profundo e individualizado de cada caso en que puedan afectarse los derechos de las personas, ponderando el grado de protección que merecen en concreto antes otros bienes jurídicos y derechos en juego.

ii.Tribunal constitucional de Chile: rol 790

El Rol 790, del Tribunal Constitucional de nuestro país (2007), reconoce y aplica expresamente el principio de proporcionalidad, como puede apreciarse en el Considerando 22°:

“…Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de México precisa que, para los efectos de considerar si, en un caso concreto, una discriminación está constitucionalmente vedada, debe determinar, “en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella ... Por último, es de importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad ...” (Sentencia 988/2004, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, p. 362…”

“…El Tribunal Constitucional de España ha señalado, específicamente, que “para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distorsión sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos”. (Sentencias 76/1990 y 253/2004)…”.

Como puede apreciarse, el Tribunal Constitucional reconoce que el análisis de la discriminación arbitraria exige considerar, entre otros factores, la finalidad que se persigue, la aptitud del medio elegido para alcanzar el fin, la licitud de este último y las consecuencias que genera. Así, exige un análisis individualizado, caso por caso, para determinar si se ha vulnerado o no la igualdad.

iii.Las tres máximas del principio. Idoneidad, necesariedad, proporcionalidad propiamente tal.

-Idoneidad. El acto que restringe los derechos debe ser el más apto, de entre los muchos posibles, para alcanzar el fin que se propone con tal limitación. Es decir, el acto limitativo debe tener la capacidad suficiente para alcanzar el fin, sin imponer restricciones adicionales.

-Necesariedad. El acto restrictivo debe ser el menos gravoso o lesivo de todos los medios idóneos (es decir, aptos), para alcanzar el fin. Este elemento ha sido recogido por diversos tribunales extranjeros, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional Alemán Federal, en el caso “Ley de Censo” (1982).

-Proporcionalidad propiamente tal. El gravamen impuesto por el acto limitativo de derechos no puede ser excesivo en relación a los beneficios que genera al bien común.

Estos tres criterios básicos del juicio de proporcionalidad nos revelan la alta complejidad del análisis de la arbitrariedad, por los variados factores que debe considerar y ponderar.

No parece adecuado, por lo tanto, prescindir de estos criterios doctrinales y jurisprudenciales modernos, útiles para identificar discriminaciones arbitrarias, por la vía de establecer eventos rígidos de discriminación arbitraria en abstracto, aplicables a todos los casos sin necesidad de atender a las características propias y específicas de éstos.

d) El juicio de igualdad debe armonizar los diversos derechos fundamentales que concurren al caso o conflicto.

Otro elemento que agrega complejidad al juicio de igualdad es que éste debe procurar armonizar los derechos que concurren y parecen estar en conflicto en el caso concreto. En efecto, existen varios ejemplos de derechos fundamentales, constitucionalmente garantizados, que facultan a sus titulares a adoptar decisiones y hacer diferenciaciones en base a criterios que de acuerdo con el artículo 3° del proyecto constituyen, per se, discriminación arbitraria.

Veamos algunos ejemplos:

i.Ejemplo: la libertad de asociación – partido y pensamiento político. Artículo 19 Nº 15.

Lógico y bueno es que un partido político para admitir militantes deba utilizar un criterio específico, como es “la ideología u opinión política”. Esto no es un acto arbitrario, sino plenamente razonable. Ello en la medida en que un partido es una asociación que tiene libertad para dotarse de un ideario propio y específico. Luego, es obvio que sea ese ideario el cartabón que le permita decidir en torno a sus militantes. Si el proyecto fuese aprobado en los términos señalados, los partidos –por ejemplo– no podrían practicar esa diferenciación sin infringir la ley. Cabe recordar que es perfectamente lícito a un cuerpo intermedio, como un partido político, expulsar a un miembro por conductas contrarias a los fines del mismo, precisamente respecto a su ideario político.

Resulta admisible, así, aplicar diferenciaciones en relación con el pensamiento político en las decisiones que adoptan los partidos políticos, siempre que sean razonables y proporcionales, lo que deberá analizarse en el caso concreto, atendiendo los factores y circunstancias presentes.

ii.La libertad de contratación y la idoneidad personal.

Al contratar a una persona, evidentemente se atiende a sus características personales y se discrimina razonablemente a quienes no poseen aquellas características. Así, por ejemplo, el idioma, que se nombra entre los casos particulares de discriminación en el art. 3°, puede ser lícitamente razón para discriminar cuándo se requiera a una persona que hable tal o cual idioma. Por ejemplo, no es arbitrario discriminar a alguien por no hablar el idioma inglés si lo que se busca es precisamente un intérprete inglés-español. Así, pueden nombrarse miles de casos en que la discriminación en materia laboral es necesaria. ¿Son injustificadas aquellas discriminaciones? No, y la ley no puede presumirlas como tales.

iii.La libertad religiosa y los derechos de la Ley de Cultos, N° 19.638.

El inciso final del artículo 3° señala que “las distinciones que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley (N° 19.638), no se considerarán arbitrarias”. Como vemos, en este caso el mismo proyecto reconoce que no conviene establecer eventos rígidos de discriminación, pues puede afectar otros derechos fundamentales. Por ello es que establece una excepción respecto de las entidades religiosas. Pese a ello, hace aplicable estos escenarios de discriminación a toda otra persona, sin considerar que en ciertos casos, en virtud de factores concurrentes, ciertas discriminaciones son constitucionalmente admisibles y amparadas por otros derechos constitucionales.

iv.La libertad de emitir opinión e informar, línea editorial y el ejercicio de los derechos de la ley N° 19.733.

En el mismo sentido que antes, la libertad de expresión ampara el derecho a adoptar una cierta línea editorial al dueño de un medio de comunicación social. En base a ello, podía éste decidir excluir a ciertas personas que se apartan de la línea editorial que se ha adoptado, lo que podría ser perfectamente admisible, dependiendo de las circunstancias concretas.

e) El juicio de igualdad, por tanto, es intrínsecamente casuístico.

Todos estos ejemplos nos demuestran que para determinar la existencia de discriminación arbitraria será siempre necesario analizar el caso concreto, quiénes son los afectados, qué derechos están en juego, cuál es el propósito o motivo de la decisión, cuáles son sus consecuencias, etc. Prescindir de este análisis por la vía de establecer eventos rígidos de discriminación no resulta admisible ante la Carta Fundamental ni ante los criterios doctrinales y jurisprudenciales imperantes.

f) Jurisprudencia constitucional comparada: respaldo al juicio casuístico e individualizado de igualdad.

i.Corte Suprema de EEUU: caso Regents of UC Davis v. Bakke, 1978; Grutter v. Bollinger y Gratz v. Bollinger (2003). Análisis individualizado y no predeterminado por la ley.

La Corte Suprema de los Estados Unidos es considerada como la líder y pionera en jurisprudencia de protección de derechos fundamentales, en especial, del derecho a no ser discriminado arbitrariamente, desde el caso Brown vs. Board of Education.

Respecto del derecho a la igualdad, famosos son los casos de universidades norteamericanas, que con el afán de incluir mayor diversidad entre su alumnado, han establecido cuotas reservadas a ciertas minorías para admisión, como puede ser la condición de afroamericano, latino, etc. Respecto de estas decisiones, existen varias sentencias cuyo objetivo fue impugnar o desafiar estos sistemas de admisión que privilegiaban la diversidad.

Así, el caso Regents of the University of California at Davis v. Bakke, de 1978, consideró inconstitucional la discriminación positiva de cuotas para minorías, ya que prescinde de una evaluación individualizada de los postulantes. En este sentido, señaló la Corte:

“It may be assumed that the reservation of a specified number of seats in each class for individuals from the preferred ethnic groups would contribute to the attainment of considerable ethnic diversity in the student body. But petitioner's argument that this is the only effective means of serving the interest of diversity is seriously flawed. In a most fundamental sense the argument misconceives the nature of the state interest that would justify consideration of race or ethnic background. It is not an interest in simple ethnic diversity, in which a specified percentage of the student body is in effect guaranteed to be members of selected ethnic groups, with the remaining percentage an undifferentiated aggregation of students. The diversity that furthers a compelling state interest encompasses a far broader array of qualifications and characteristics of which racial or ethnic origin is but a single though important element. Petitioner's special admissions program, focused solely on ethnic diversity, would hinder rather than further attainment of genuine diversity.…The experience of other university admissions programs, which take race into account in achieving the educational diversity valued by the First Amendment, demonstrates that the assignment of a fixed number of places to a minority group is not a necessary means toward that end. An illuminating example is found in the Harvard College program (…)

In such an admissions program, race or ethnic background may be deemed a "plus" in a particular applicant's file, yet it does not insulate the individual from comparison with all other candidates for the available seats. The file of a particular black applicant may be examined for his potential contribution to diversity without the factor of race being decisive when compared, for example, with that of an applicant identified as an Italian-American if the latter is thought to exhibit qualities more likely to promote beneficial educational pluralism. Such qualities could include exceptional personal talents, unique work or service experience, leadership potential, maturity, demonstrated compassion, a history of overcoming disadvantage, ability to communicate with the poor, or other qualifications deemed important. In short, an admissions program operated in this way is flexible enough to consider all pertinent elements of diversity in light of the particular qualifications of each applicant, and to place them on the same footing for consideration, although not necessarily according them the same weight. Indeed, the weight attributed to a particular quality may vary from year to year depending upon the "mix" both of the student body and the applicants for the incoming class.This kind of program treats each applicant as an individual in the admissions process. The applicant who loses out on the last available seat to another candidate eceiving a "plus" on the basis of ethnic background will not have been foreclosed from all consideration for that seat simply because he was not the right color or had the wrong surname. It would mean only that his combined qualifications, which may have included similar nonobjective factors, did not outweigh those of the other applicant. His qualifications would have been weighed fairly and competitively, and he would have no basis to complain of unequal treatment under the Fourteenth Amendment.

In summary, it is evident that the Davis special admissions program involves the use of an explicit racial classification never before countenanced by this Court. It tells applicants who are not Negro, Asian, or Chicano that they are totally excluded from a specific percentage of the seats in an entering class. No matter how strong their qualifications, quantitative and extracurricular, including their own potential for contribution to educatio al diversity, they are never afforded the chance to compete with applicants from the preferred groups for the special admissions seats. At the same time, the preferred applicants have the opportunity to compete for every seat in the class.

The fatal flaw in petitioner's preferential program is its disregard of individual rights as guaranteed by the Fourteenth Amendment. Shelley v. Kraemer, 334 U.S., at 22, 68 S.Ct., at 846. Such rights are not absolute. But when a State's distribution of benefits or imposition of burdens hinges on ancestry or the color of a person's skin, that individual is entitled to a demonstration that the challenged classification is necessary to promote a substantial state interest. Petitioner has failed to carry this burden. For this reason, that portion of the California court's judgment holding petitioner's special admissions program invalid under the Fourteenth Amendment must be affirmed.…In enjoining petitioner from ever considering the race of any applicant, however, the courts below failed to recognize that the State has a substantial interest that legitimately may be served by a properly devised admissions program involving the competitive consideration of race and ethnic origin. For this reason, so much of the California court's judgment as enjoins petitioner from any consideration of the race of any applicant must be reversed.

La principal lección de esta sentencia es que la Corte declaró inconstitucional el mecanismo cuando establece cuotas rígidas para minorías prescindiendo de un análisis individualizado y personalizado de los postulantes. Así, la Corte Suprema de los Estados Unidos reafirmó la necesidad y el valor de un análisis concreto y particularizado para determinar la existencia de discriminaciones arbitrarias.

La sentencia del caso Grutter v. Bollinger, del año 2003, mantuvo el precedente del caso anterior, al igual que el fallo Gratz v. Bollinger.

f) El juicio de igualdad o razonabilidad, en cuanto controversia, es parte esencial de las facultades jurisdiccionales de los tribunales. Artículo 76 de la Constitución.

Como hemos dicho, calificar de arbitraria una discriminación requiere de un análisis casuístico. Corresponde, por lo tanto, esencialmente a los tribunales, ya que estos califican caso por caso, debiendo hacer detalladamente todo el análisis de igualdad y proporcionalidad expuesto más arriba. No puede ser determinado a priori por la ley, la cual es de aplicación general. Se produce un conflicto en cada caso de una forma especial, la cual pertenece exclusivamente a los tribunales de justicia establecidos por ley calificar.”.

7) A continuación, intervino la Directora de la Fundación Ideas, señora Patricia Cardemil.

Ella expuso ante la Comisión un conjunto de antecedentes estadísticos que dan cuenta de la información recogida en la Tercera Encuesta Tolerancia y No Discriminación 2003.

Éstos son los siguientes:

No se saca nada con discutir con las personas de mayor edad, pues sus ideas no son adecuadas al mundo de hoy.

Un colegio adecuado para las niñas es aquel donde pueden aprender correctamente sus roles de madre y esposa.

Es normal que los hombres ganen más dinero que las mujeres, pues tienen una familia que mantener.

La obediencia y el respeto a la autoridad son las primeras virtudes que hay que enseñar a los niños.

Los jóvenes necesitan mano dura ya que le han perdido el respeto a todo.

Lo que necesita la juventud es autoridad, determinación y voluntad de trabajar y luchar por la familia y la patria.

Dada la situación actual, es inconveniente que se contraten jóvenes, pues se quejan demasiado y no valoran el trabajo.

Los médicos deben investigar las causas de la homosexualidad para evitar que sigan naciendo más.

En los tiempos actuales ya es hora de que en Chile se permita el matrimonio entre homosexuales.

Es triste admitirlo, pero las desigualdades sociales son necesarias para el funcionamiento de la economía.

Está bien que los empleadores pregunten por el lugar de residencia de quien busca trabajo, pues hay ciertos sectores donde se concentran los delincuentes y drogadictos.

Aunque hay excepciones, los pobres son pobres porque no se han esforzado por salir de su situación.

Chile es un país más desarrollado que sus países vecinos pues hay menos indígenas.

Los derechos humanos son importantes pero no son aplicables a los enemigos de la patria

Un país que permite muchas diferencias en las opiniones de la gente puede entrar en peligro de conflictos graves.

Encuesta Mujeres y Política 2007

Corporación Humanas

Discriminación hacia la mujer (%)

Malestar por Discriminación (%)

Discriminación a la mujer 2006-2007 (%)

Razones de Discriminación (%)

Oportunidad de las mujeres en el trabajo (%)

Frecuencia de violencia contra las mujeres (%)

8) Luego, intervino el representante del Servicio Evangélico para el Desarrollo, SEPADE, señor Juan Sepúlveda, quien puso a disposición de la Comisión el siguiente texto:

“El Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE) es una corporación privada de interés público, con trabajo en los campos de la participación ciudadana, la educación y el fomento productivo. En virtud de lo anterior, presta asesoría y apoyo a las iglesias y organizaciones evangélicas que lo requieran en materias de interés público, como ha ocurrido en el caso de la deliberación del proyecto que establece medidas contra la discriminación. En esta ocasión, más que fundamentar su propia opinión -que desde un principio ha sido favorable a esta iniciativa legal– SEPADE desea contribuir al procesamiento e interpretación de los planteamientos y preocupaciones de las iglesias evangélicas.

En el discurso dominante de la población evangélica en Chile existe una clara conciencia de pertenecer a un sector que ha sido históricamente discriminado o, utilizando su propio lenguaje, tratado como “ciudadanos de segunda clase”. Por esta razón, el liderazgo de las iglesias y organizaciones evangélicas se ha pronunciado general y unánimemente en contra de la discriminación. Sin embargo, en lo que respecta a esta iniciativa legal, las opiniones han estado divididas entre un sector bastante activo que tiene aprehensiones sobre eventuales consecuencias negativas para las iglesias evangélicas, y otro sector que la considera un avance para el conjunto de la sociedad chilena. A la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas le ha correspondido la compleja labor de representar ambas posiciones, apoyando la idea de legislar, pero proponiendo modificaciones específicas que neutralicen los riesgos que preocupan al primer grupo mencionado.

La principal preocupación se relaciona con la eventualidad de que algunos aspectos de sus doctrinas y enseñanzas, o distinciones que forman parte del orden interno de las iglesias, puedan, como resultado de esta ley, ser consideradas discriminatorias y, por lo tanto, quedar expuestas a la acción especial que considera el proyecto. Es precisamente en respuesta a esta preocupación que la ltima versión del proyecto aprobada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, agregó al artículo 3° el siguiente inciso:

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.638, las distinciones que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.”.

Al mismo tiempo, fueron suprimidos del listado de los motivos de las posibles acciones discriminatorias en el artículo 3º, los términos “religión o creencia”, probablemente al considerar que ese aspecto era abordado específicamente por el inciso recién citado.

Frente a estos cambios, la Mesa Ampliada ha solicitado la reposición del término “religión o creencia” –que estaba en el proyecto original- en el listado de motivos de discriminación. Nos parece que tal petición es perfectamente legítima, puesto que de lo contrario, no podrá recurrirse a la acción especial –al menos no explícitamente- cuando haya discriminación por motivos religiosos, lo que evidentemente debilitaría el apoyo a la iniciativa legal aún de los sectores evangélicos más favorables a ella. El inciso agregado se refiere a las distinciones que “no se considerarán arbitrarias”, por lo tanto, no cubre las que sí deben ser consideradas como tales.

La Mesa Ampliada pide, además, que en la redacción del segundo inciso del artículo 3° se use la misma definición de discriminación que contiene el primer inciso, es decir, detallando “distinción, exclusión, restricción o preferencia”. Nos parece que esto también puede ser aceptado, puesto que no cambia la sustancia del inciso y sí le da más coherencia con el primero.

Finalmente, la Mesa Ampliada ha solicitado que se elimine del inciso segundo la referencia al artículo 2º de la ley N° 19.638. En este caso, sin embargo, de aceptar la propuesta pierde coherencia todo un inciso que apunta precisamente a responder a las aprehensiones de las iglesias. Por lo tanto, parece recomendable que esta referencia se mantenga en la redacción del inciso.

La otra preocupación manifestada por sectores evangélicos se refiere a que la mención de la “orientación sexual” entre los motivos de discriminación, implica una legitimación moral de la conducta homosexual. En consecuencia, se ha propuesto que en lo que se refiere a las discriminaciones vinculadas a la condición sexual, se mencione en el listado solamente la palabra “sexo” (suprimiendo “género” y “orientación sexual”).

Al respecto, basta tener en cuenta que el listado de “motivos” mencionados en el artículo 3° no implica, en ninguno de los casos, semejante legitimación moral, para comprender que en este caso se trata de una preocupación infundada. El legislador debe tener en cuenta que los derechos de las personas, independientemente de sus creencias, conductas sexuales u otras características, están desde ya protegidos por la propia Constitución. Por lo tanto, no hay fundamentos jurídicos para excluir del listado una causal de discriminación, por más respetable que sea la opinión moral de un sector de la población evangélica.

En síntesis, si el Parlamento toma en cuenta aquellos planteamientos de las iglesias evangélicas que tienen apropiado fundamento legal y que refuerzan el texto del proyecto de ley, éstas se sentirán debidamente escuchadas y respetadas. Si al mismo tiempo perciben que algunos aspectos de sus opiniones y formas de ver la vida no han sido plenamente acogidas en la redacción final de la ley, comprenderán que tal es la situación normal en una situación democrática, donde los acuerdos implican siempre algún nivel de compromiso.

9) A su turno, hizo uso de la palabra el señor Rolando Jiménez, representante del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOVILH.

Entregó a la Comisión una exposición del siguiente tenor:

“Uno de los avances y comprensiones más importantes que están asumiendo las legislaciones y sus respectivos Estados en diversas partes del mundo en lo que respecta al combate o prevención de la discriminación, es la necesidad de visibilizar en las políticas públicas y en las leyes los diversos sectores que componen una determinada sociedad.

Ello, en el entendido de que la invisibilidad de cualquier grupo humano, potencia y/o deriva en algún tipo de discriminación y/o perjudica la efectiva prevención de este problema.

Es por ello que diversos países de todos los continentes que tenían incorporado en algunas de sus leyes, como las constituciones, legislaciones especiales o políticas públicas, el principio de la no discriminación, han avanzado hacia una especificación más acabada y concreta en las formas de expresión que ella tiene, de manera que todo aporte en la materia no se preste para la discrecionalidad.

Es el caso de Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, México, Canadá, por mencionar algunos del continente americano, pues en Europa ello es ya es regla general.

A esto se suma que todas las nuevas propuestas antidiscriminatorias que se están gestionando a nivel internacional se hacen eco del mismo espíritu, precisamente con el objeto de adecuarse a los cambios que los países están dando en esa línea. Ocurre, por ejemplo, con el caso de la Convención Interamericana Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, cuyo último borrador aprobado por todos los equipos técnicos de los países que integran la OEA, sostiene en su primer artículo que:

“Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, la descendencia, el origen nacional o étnico, el sexo, la edad, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, el idioma, la religión, las opiniones de cualquier naturaleza incluidas las opiniones políticas, el origen nacional, el origen social, la posición socio económica, la condición de migrante, la condición de refugiado, la condición de desplazado interno, el nacimiento, la condición infectocontagiosa estigmatizada, la característica genética, la discapacidad, el sufrimiento psíquico incapacitante, o cualquier otra condición social que tenga el objetivo de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados parte, en cualquier ámbito de la vida pública o privada, cuando un factor aparentemente neutro, como una disposición, criterio o práctica, puede ser fácilmente satisfecho o cumplido por personas que pertenecen a un grupo específico, o lo pone en desventaja, a menos que tal factor tenga un objetivo o justificación razonable.”.

Más aún, incluso se ha avanzado a nivel internacional en leyes, tratados, servicios, resoluciones y/o políticas más específicas que hacen referencia concreta y focalizada por cada sector que padece la discriminación en un determinado país, siendo ejemplos aportes en torno a las mujeres, los adultos, los mayores, los jóvenes, las minorías sexuales, las etnias, las personas con discapacidad y las minorías religiosas, entre otros.

En relación a Chile, ello es particularmente relevante, por cuanto si bien en algunas normas se explicita el principio de la no discriminación, ello no ha bastado para prevenirla en las distintas formas de expresión que tiene, ya sea porque se menciona desde la generalidad y/o se mencionan restrictivamente sus manifestaciones, situación que se presta para la arbitrariedad o amplia discrecionalidad en la aplicación de normas y/o políticas públicas.

De ahí que el artículo 3° del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación sea la columna vertebral de esta propuesta, pues da un salto cualitativo al establecer que “para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Por una parte, este artículo respeta precisamente el fin principal del proyecto, cual es la no discriminación, y en el mismo ángulo visibiliza no sólo las variadas formas de expresión de las exclusiones, sino que a los diversos sectores sociales que componen la sociedad, una parte de los cuales ni siquiera es mencionado en otras normas que hacen referencia a este fenómeno.

Con el objeto de ampliar esta mirada, se propone además a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que incorpore una nueva categoría, cual es la de religión, toda vez que no está expuesta en el articulado.”.

10) En una sesión posterior, la Comisión escuchó una vez más al señor Rolando Jiménez.

En esta oportunidad destacó la necesidad de avanzar en el despacho de la iniciativa en estudio, haciendo presente que el grupo de personas que representa, así como muchos otros, sufren la discriminación en forma directa y continua. Agregó que en esta tramitación también está en juego la fe pública en relación a los compromisos contraídos por el Estado de Chile ante distintos organismos internacionales.

En cuanto al mecanismo que el proyecto consagrará para reclamar de los actos de discriminación arbitraria, instó a que al menos se refuerce el recurso de protección. Hizo presente que en estos años se han presentado veintenas de estos recursos ante las Cortes de Apelaciones y que recién durante el año 2010 se acogió uno referido a un caso de discriminación por orientación sexual.

11) En la misma sesión en que la Comisión escuchó la segunda alocución del señor Jiménez, en representación del ya señalado Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOVILH, usó de la palabra el abogado señor Fernando Muñoz.

El mencionado profesional expresó que nuestra Carta Fundamental contempla la categoría de leyes interpretativas de los preceptos constitucionales, pues los textos constitucionales no se interpretan a sí mismos, sino que ello constituye una tarea del intérprete.

Evaluando si el precepto del proyecto que define los actos de discriminación arbitraria revestiría este carácter, señaló que según una interpretación amplia o expansiva, todo texto jurídico interpreta la Constitución y que para determinar qué leyes tienen esta naturaleza, es necesario acudir a los principios interpretativos que, en este caso, los proporcionará el proceso legislativo.

Opinó que en la situación en estudio, no habría justificación para aplicar la categoría de norma interpretativa a la disposición en estudio pues ella solamente estaría dando una mayor desarrollo al numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política, utilizando una redacción que, aun cuando puede perfeccionarse, parece satisfactoria.

Agregó que dicha norma estaría cerrando la falta de argumentos jurídicos para que las Cortes de Apelaciones dejen de conocer los recursos de protección que se presenten y que las imperfecciones de que adolece su redacción no parecen tan graves como para retrasar el despacho de esta importante iniciativa.

Refiriéndose a las aprensiones del Honorable Senador señor Espina en cuanto a que la redacción en estudio permitiría entender que es arbitraria una oferta de empleo orientada solamente a los varones, señaló que los textos normativos se interpretan según los valores culturales que existen y que no visualiza a ningún juez dando una interpretación extrema o absurda a esta regla. Añadió que los jueces hacen interpretaciones sensatas de la normativa jurídica y que no debe perderse de vista que en ello también está en juego su prestigio.

12) La Comisión también conoció algunas apreciaciones generales respecto de la iniciativa presentadas por el profesor señor Ciro Colombara, quien basó su exposición en la siguiente minuta:

“1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación de 14.03.05 (Mensaje Nº 315-352).

•La regulación a nivel legal y no constitucional se ha implementado en Chile sustantiva y sectorialmente (Ley de Discapacidad y Ley de Amparo Económico).

•Hay que regular legalmente un mecanismo para proteger el principio de no discriminación.

•Servicio Nacional de la Mujer, Comisión de Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de la Juventud, Fondo Nacional de la Discapacidad y Servicio del Adulto Mayor.

•Discurso tolerante y conductas abiertamente discriminatorias (Fundación Ideas).

•Se requieren mecanismos jurisdiccionales.

•Cuatro contenidos fundamentales:

•a) El deber del Estado: deber de elaborar políticas y arbitrar acciones necesarias para garantizar la no discriminación. El Estado debe evaluar y diseñar una política. El Estado puede establecer diferenciaciones legítimas.

•b) La discriminación arbitraria: concepto según cuatro variables. i) Definición de las modalidades (ámbito público o privado): distinciones, exclusiones, restricciones y preferencias. Acción u omisión; ii) Criterios (son 20, son condiciones individuales o sociales que remarcan algún grado de identidad) para las distinciones, exclusiones, restricciones y preferencias; iii) No se requiere daño, no debe haber un resultado determinado; iv) La discriminación debe ser arbitraria. No se requiere ilegalidad.

•c) Acción especial de discriminación: se busca asegurar el mandato de no discriminación. La acción procede sin perjuicio de las acciones especiales. No hay acción popular, hay legitimación sólo para la víctima. La causal o fundamento es cualquier acción u omisión que importe una discriminación arbitraria. El Tribunal competente es la Corte de Apelaciones. El procedimiento tiene tres principios: informalidad, oficialidad (dispositivo) y sumarísimo. La sentencia puede acoger o rechazar la pretensión, adoptando todas las medidas pertinentes. Si se acoge la denuncia, la Corte puede a) Declarar el derecho a la indemnización de perjuicios por el acto u omisión discriminatorio, para lo cual se demanda directamente ante el Juez de Letras; y b) No se discute la existencia del daño, sino sólo el monto (reclamo de ilegalidad municipal y regional y amparo económico); y c) La Corte puede sancionar al funcionario o a la empresa privada que presta servicios de utilidad pública. Como contrapeso, si se rechaza, el actor debe responder de los perjuicios.

•D) Norma penal especial: modificar el artículo 12 del Código Penal, estableciendo como agravante la “comisión del acto delictivo motivado por la discriminación”.

•El proyecto acoge propuestas emanadas desde la sociedad civil.

1.2.- Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, de 18 de mayo de 2005.

•La idea matriz central es la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.

•La Comisión rechazó establecer una acción especial de discriminación y la agravante de discriminación.

1.3.- Oficio Nº 58 de la Corte Suprema, de fecha 3 de mayo de 2005.

•Informa desfavorablemente el proyecto, por voto de mayoría.

1.4.- Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, de 13 de julio de 2005.

•Restituye la acción de discriminación.

1.5.- Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de 19 de abril de 2006.

•La Corte Suprema mantiene su informe negativo, aún con las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados, con algunas observaciones complementarias.

2.- IDEAS GENERALES SOBRE LA EXPOSICION:

2.1.- Análisis desde dos puntos de vista:

a) Práctico: viabilidad de la aplicación de la ley y del procedimiento judicial que se propone.

b) Sociedad civil: los usuarios relevantes de esta ley deben ser las ONGs, por lo que el análisis es desde la perspectiva de ellas.

3.- ¿ES NECESARIA UNA LEY DE NO DISCRIMINACION?: Sí.

3.1.- Evidencia empírica acerca de la discriminación en Chile. Estudios.

3.2.- Realidad: casos.

3.3.- Desarrollo de órganos temáticos estatales como política pública: SERNAM, FONADIS, Adulto Mayor, etc.

4.- ¿NO BASTA CON EL ARTÍCULO 19 Nº 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA (IGUALDAD ANTE LA LEY) Y CON EL RECURSO DE PROTECCION?: No.

4.1.- Artículos 1º y 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica: obligación de garantizar.

4.2.- La práctica del recurso de protección en Chile. Jurisprudencia. Investigación del profesor Gastón Gómez y sus conclusiones.

4.3.- Desprotección práctica, en particular para las ONGs cuando actúan en defensa de un interés público o de intereses difusos.

5.- ¿ES SUFICIENTE LA NORMA LEGAL?: No.

5.1.- Hay una tradición cultural, en que pese a un creciente discurso de tolerancia, hay una práctica de discriminación.

5.2.- En la práctica, la situación es similar a la tradición de secreto que existía o existe en la Administración Pública y el derecho de acceso a la información del público. La normativa legal es discordante con la realidad.

5.3.- No bastan las normas. Se requieren políticas públicas fuertes y consistentes: educación, difusión de derechos, capacitación a funcionarios públicos.

6.- DEFINICION DE ACTO O CONDUCTA DE DISCRIMINACION ARBITRARIA:

6.1.- Se propone, además de la enumeración de criterios, una cláusula final abierta (se incluiría así, por ejemplo, el antisemitismo).

6.2.- Se sugiere incluir expresamente, como uno de los criterios de discriminación, la religión o creencia.

7.- ACCION JUDICIAL DE DISCRIMINACION ARBITRARIA:

7.1.- Referencia a la jurisprudencia sobre discriminación arbitraria.

7.2.- Es esencial un recurso judicial rápido y eficaz (artículos 8° y 25 del Pacto de San José de Costa Rica).

7.3.- Litigación abusiva vs. litigación razonable para defender derechos afectados.

7.4.- Excluir una acción popular. Legitimación activa.

7.5.- El rol de las Cortes de Apelaciones. Sin tribunales apelación, tienen gran recarga de trabajo.

7.6.- Es necesario incluir algunos puntos en este procedimiento para respetar el debido proceso: debe contemplarse el recurso de apelación; los terceros deben poder hacerse parte y oponerse a la acción, más aún si se considera que podrían ser condenados a pagar indemnizaciones o multas; debe pedirse informe a los acusados.

7.7.- La acción especial debe excluir expresamente la posibilidad de recurrir al recurso de protección, para evitar decisiones contradictorias en procedimientos simultáneos.

8.- NORMAS PENALES:

8.1.- Agravante genérica.

8.2.- Artículo 137 bis: referencia a los criterios del artículo 3º.

8.3.- Hay que ser muy cuidadoso en no penalizar opiniones y afectar la libertad de expresión (delito de negación del Holocausto). La línea entre opinión y discriminación es tenue.

13) Enseguida, hicieron uso de la palabra el Consejero Superior de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Diego Schalper, y el Vicepresidente del Centro de Alumnos de Derecho de esa misma Alta Casa de Estudios, señor Santiago Larraín.

El siguiente documento da cuenta de sus intervenciones:

“a) La igualdad entre todas las personas y la no discriminación, son materias ya contenidas de manera clara y suficiente en la Constitución Política de la República.

b) El proyecto de ley en cuestión no hace sino disminuir la tutela al derecho a la igualdad, ya que al incluir algunos criterios de exclusión, deja fuera otros y está, por tanto, discriminando.

a) Graves problemas de inconstitucionalidad de los artículos 2° y 3° del proyecto de ley. Principalmente, por lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución en relación a las garantías del artículo 19, números 2, 6, 10, 12 y 16. Creemos que la no discriminación, planteada de la forma en que lo hace el artículo 2° del proyecto, implica afectar la esencia de otros derechos fundamentales como son la igualdad entre todas la personas, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza (por ejemplo, si un colegio decide, como parte de su reglamento interno y de su proyecto educativo, que sólo aceptará mujeres ¿estaría discriminando?) y la libre contratación (por ejemplo, si una empresa de comida preparada decide llamar a concurso para llenar ciertas vacantes para trabajos de cocina ¿estaría discriminando si limita su llamado a concurso solamente a mujeres, o solamente a hombres?).

b) Nada dice el proyecto de ley sobre el recurso de protección, acción que actualmente protege a las personas que sufren una discriminación arbitraria, y la misma omisión se aplica a las acciones especiales contempladas por otras leyes, por ejemplo, las laborales. ¿Son acciones compatibles con la creada por esta nueva ley? ¿Se deben impetrar una en subsidio de la otra? ¿La nueva acción reemplaza a las demás por ser especial?

c) Confunde igualdad de oportunidades con igualdad de resultados: lo primero está avalado por la Constitución y no así lo segundo. Se otorga a una mera expectativa la calidad de derecho adquirido, impidiendo al antiguo titular ejercer su derecho libremente. No es lo mismo que un hombre y una mujer tengan el derecho a presentarse en igualdad de condiciones a una entrevista de trabajo, a que ese hombre y esa mujer puedan reclamar que fueron discriminados en caso de que elijan al otro y no a él o ella.

d) El Estado discrecional y exclusivamente determina cuales son las diferencias legítimas. El artículo 3° del proyecto enumera una serie de criterios según los cuales no se podría hacer distinciones injustificadas, ya que serían discriminatorias. Pues bien, al hacerlo nos dice que todos los demás criterios sobre los cuales podríamos distinguir a una persona de otra son legítimos; en consecuencia, se vulnera así nuestra libertad de elección y de pensamiento y se produce una falta de vocación de permanencia de la ley. La gran mayoría de los ciudadanos queda sujeta a los cambios de opinión, ideología o política, así como también el texto legal.

a) Es indiscutible que todos somos iguales en dignidad y derechos en cuanto personas humanas. Es más, precisamente esa dignidad es el fundamento de nuestra libertad, la cual sólo se entiende en la medida en que yo puedo escoger legítimamente entre diferentes alternativas o bien no escoger ninguna. Esa elección, a su vez, se sustenta en discriminaciones, pues necesariamente al escoger algo con respecto a otra cosa, discrimino a esto último.

b) Hoy nuestra legislación sanciona las discriminaciones arbitrarias, hechas por el mero capricho, reconociendo y amparando a aquellas discriminaciones razonables sin las cuales no puede entenderse la libertad. Este proyecto de ley amplía a límites insospechados y definibles discrecionalmente por el poder político de turno la definición de “lo arbitrario”, dándole de esa forma el carácter de caprichosas per se a una infinidad de decisiones libres aún no determinadas pero si proyectables a la luz de las consecuencias que proyectos similares han tenido en otros países.

c) De esta forma, el limitar discrecional y unilateralmente el ámbito de lo arbitrario a la luz de una determinada visión de sociedad, implica una peligrosa limitación a la libertad de conciencia y a la libre elección que las personas tienen. Y de esta manera se coarta uno de los atributos esenciales de la dignidad, como es la libertad.

a) El proyecto de ley trae como consecuencia la derogación de un supuesto fundamental en materia de derecho de familia, que es que no obstante tener el hombre y la mujer igualdad en dignidad y derechos, no son lo mismo; por algo a uno le llamamos hombre y a la otra, mujer, además que las diferencias saltan a la vista. Sin este supuesto, pierde todo sentido la regulación actual sobre el matrimonio, los regímenes matrimoniales, el cuidado personal de los menores, el derecho de alimentos, la compensación económica, la adopción, etc.

b) Ejemplo de incompatibilidad con el ordenamiento jurídico es que exigiría una completa reforma en materia de delitos contra la integridad sexual de las personas. Para ilustrar este punto, citaremos de manera textual lo señalado por el Acta de Constitución de la Federación Chilena de la Diversidad Sexual, firmada en Santiago de Chile con fecha 26 de agosto del 2007 entre organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTTI): “Exhortamos a todos los agentes del Estado a que en el marco de sus competencias y atribuciones específicas, modifiquen y/o deroguen normas con interpretaciones arbitrarias que sirven de sustento para violentar derechos humanos como son: -El artículo 365 del Código Penal que considera un delito las relaciones homosexuales que involucren a un menor de 18 años”. Es decir, delitos como la sodomía, actualmente entendida por toda la doctrina como el acceso carnal de un varón a otro varón menor de 18 años, debieran quedar derogados, lo cual es bastante grave ya que en ese caso la edad para poder tener relaciones homosexuales consentidas sin ir contra la legislación debiera quedar fijada a partir de los doce años, edad que nuestra legislación, para el caso de los hombres, considera como una en que no hay plena capacidad ni civil ni delictual.

a) Sancionar conductas ya sancionadas y respecto de las cuales existen herramientas para su persecución y prevención (Artículo 20 de la Constitución Política, legislación laboral en materia de despidos, etc.).

b) Sanciona conductas que escapan al ámbito del derecho, vinculadas a buenas costumbres y no a los deberes jurídicos. Por ejemplo, la mala educación e inmoralidad de una persona que insulte verbalmente a un anciano o a una persona de color en la calle. Nótese que además se sanciona con las herramientas de ultima ratio, es decir, penales.

c) Sancionar conductas perfectamente legales y amparadas en garantías constitucionales, cuando al ejercerse el derecho se produce un perjuicio indirecto e involuntario en un tercero distinto al actor. Por ejemplo, se podría sancionar al director de un liceo si este decide no aceptar en su institución a una persona de 28 años que quiere hacer su cuarto medio, aunque esta decisión esté basada en el reglamento interno del establecimiento, el cual, a su vez, se redacta en uso de la libertad de enseñanza.

a) Problemas de interpretación del artículo 3° del proyecto. Hay dos posibles interpretaciones, una lleva al absurdo de sostener que en ningún caso y bajo ningún respecto se puede distinguir entre dos personas. La otra implica que además de configurarse el criterio de exclusión arbitraria, la decisión sea injustificada, exigiendo así un ánimo de discriminar.

a) La prueba de que una conducta es arbitraria es mucho más difícil que con las actuales herramientas legales. Bajo la primera interpretación, será el juez el único que podrá distinguir cuando una distinción es arbitraria, de lo contrario todas lo serían. En el segundo escenario, el juez deberá verificar un ánimo, elemento subjetivo muy difícil de probar satisfactoriamente. En el fondo, padece el proyecto de una falta de objetividad para determinar si una acción es justa o arbitraria.

b) Colapsar aún más nuestras Cortes de Apelaciones. Desde el punto de vista procesal, el proyecto no sólo omite ciertas cosas como ya hemos señalado anteriormente, sino que también establece otras que son poco eficientes y contrarias a las tendencias actuales de nuestro sistema judicial. Así, por ejemplo, tendremos que esta acción viene a engrosar la lista de asuntos preferentes para su vista, con lo cual se complica innecesariamente el trabajo de las Cortes, ya que con el recurso de protección se lograrían los mismos fines. Por otro lado, la ley establece que la Corte tendrá el impulso procesal; por lo tanto, ya nos podemos imaginar la serie de denuncias sin ningún fundamento que quedarán estancadas en el sistema judicial, considerando que las Cortes no tienen la capacidad, por tiempo y recursos, de hacerse cargo de llevar a su fin estas acciones.”.

14) Luego, intervino el señor Francisco Bustos, Secretario Ejecutivo del Instituto de Estudios Evangélicos y del Movimiento Cristianos por Chile.

Éste presentó al señor José Ignacio Martínez Estay, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes y Doctor en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, quien realizó su exposición ante la Comisión basándose en el siguiente documento:

“El Instituto de Estudios Evangélicos y el Movimiento Cristianos por Chile han solicitado mi opinión respecto del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. Al respecto, puedo señalar lo que sigue:

I. NO NECESIDAD DEL PROYECTO Y PELIGROS DE UNA LEGISLACIÓN COMO LA QUE SE PROPONE.

1. No necesidad. Un sistema constitucional y democrático como el chileno supone la igualdad ante la ley, principio básico y estructurador de cualquier comunidad política civilizada. En tal sentido, y como ha ocurrido desde los albores de nuestra vida republicana, la actual Constitución y los documentos constitucionales que le precedieron han garantizado el principio de igualdad. Más aún, la actual Carta Fundamental no sólo reconoce este principio y sus diversas manifestaciones (artículo 19 N°s. 2°, 17, 20 y 22), sino que además lo ha dotado de garantía jurisdiccional (artículo 20 con relación a los numerales 2° y 22 del artículo 19).

Como si lo anterior fuera poco, el art. 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce de manera expresa la igualdad de todas las personas ante la ley, la que está dotada de los mecanismos de garantía propios del sistema interamericano (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos). Esta norma no sólo es ley de la República, sino que, además, como consecuencia del art. 5°, inciso segundo, de nuestra Magna Carta, es Constitución en sentido material y, por ende, parte de nuestro bloque de constitucionalidad.

En resumen, nuestro sistema jurídico reconoce y garantiza de manera expresa y amplia el principio de igualdad respecto de toda persona humana, por el solo hecho de serlo. Y como se sabe, son personas “todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición” (art. 55 del Código Civil). Es decir, en nuestra especie se es persona desde el comienzo de la individualidad y, por ende, a partir de ese momento surge el amparo propio del principio de igualdad. En otros términos, el sistema jurídico chileno garantiza de manera amplísima el principio de igualdad, sin ninguna necesidad de enumerar qué situaciones pudieran ser consideradas contrarias a él.

2. El proyecto crea una acción especial de protección innecesaria y peligrosa para la tutela judicial de los derechos de todas las personas. Nuestro sistema constitucional cuenta en la actualidad con un mecanismo de tutela específica de los derechos constitucionales, cual es el recurso de protección. Esta acción ha sido clave en la transformación del sistema constitucional chileno, al hacer justiciables gran parte de los derechos, entre los que se cuenta precisamente el principio de igualdad. Desde sus orígenes, uno de los derechos más utilizados en sede de protección es precisamente el artículo19 Nº 2. La creación de una acción especial resulta por ello innecesaria y, lo que es peor, peligrosa, ya que puede recargar el trabajo de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, retardando aún más la resolución de los diversos procedimientos y recursos de que conocen en la actualidad, entre los que se cuenta precisamente el recurso de protección.

3. Peligro de reduccionismo. Cualquier intento por fijar un listado de posibles casos de discriminación arbitraria (artículo 3° del proyecto) corre el riesgo de dejar fuera otras, restringiendo por ende las posibilidades del intérprete. Buena muestra de este riesgo es lo que ocurrió con la ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (Ley de Prensa, LP). A fin de proteger la libertad de prensa, la referida ley otorga especial amparo a las informaciones de interés público. De ahí que fijó precisamente este criterio como justificativo de una legítima intromisión en la vida privada de alguien. Pero junto con ello, el legislador incurrió en el desliz de señalar expresamente cuándo se debe entender que hay interés público y qué hechos forman parte de la vida privada, cerrando así la opción a una interpretación más liberal y más protectiva de la libertad de expresión (art. 30 LP).

Producto de esta regulación es la precaria situación en que ha quedado el ejercicio de la libertad de información en situaciones de gran relevancia pública. Así ocurrió, por ejemplo, en el denominado “caso Calvo”, en el marco del caso Spiniak. Como se sabe, un grupo de periodistas fue sancionado por difundir hechos que sin duda eran de enorme relevancia pública. En el proceso penal seguido en contra de estos comunicadores, la sentencia condenatoria sostuvo que los hechos difundidos (asistencia de un juez a un establecimiento gay) formaban parte de su vida privada y por no ser constitutivos de delito no eran susceptibles de ser considerados de interés público. Ello a pesar del evidente interés público de los referidos hechos.

Pero, además, el peligro de reduccionismo de enumeraciones como las del art. 3° del proyecto pueden probarse con un ejemplo. Así, no se entiende por qué se excluye de la enumeración al nasciturus (desde el momento mismo de la concepción), en circunstancias que, sin duda, es un individuo de la especie humana. De hecho, aun cuando se considerase seguir adelante con la actual redacción del art. 3° del proyecto, parece absolutamente necesario que, a fin de evitar que este mismo proyecto sea ilícitamente discriminatorio, deberá incluirse en la enumeración a esos seres humanos.

II. INCONSTITUCIONALIDADES DEL PROYECTO DE LEY.

1. El artículo 2° del proyecto infringe el principio de legalidad en relación al art. 19 Nº 2 de la Constitución. El art. 2° inciso segundo del proyecto autoriza al Estado para que establezca distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas. Al respecto, debe considerarse que el artículo 19° N° 2° de la Constitución prohíbe expresamente establecer distinciones o diferencias, a menos que sean razonables, en los términos de su inciso segundo, o sea, sólo mediante ley. Es decir, la autorización conferida por el artículo 2° inciso segundo de la norma proyectada sólo puede ser llevada a cabo por el legislador y no por cualquier poder público. En virtud del principio de legalidad, en nuestro sistema jurídico no es lícito atribuir a los poderes públicos en general facultades regulatorias genéricas en materia de derechos y libertades. De hecho, cuando el legislador ha querido atribuir competencias en estas materias al Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional ha sostenido de manera pacífica que ello no es posible genéricamente, dando origen a los denominados principios de especificidad y determinación[39] . Pero, además, en el ámbito económico deben cumplirse los requisitos estrictos y taxativos que se contemplan en el numeral 22° de aquel artículo 19, y en el laboral es inconstitucional establecer acciones positivas[40] .

2. El proyecto de ley infringe la garantía del contenido esencial de los derechos (art. 19 Nº 26 de la Constitución). La norma proyectada es contraria a la Carta Fundamental por cuanto ella, sin encontrarse expresamente autorizada por el Poder Constituyente, como lo exige el artículo 19 N° 26° de la Constitución, impone limitaciones al derecho asegurado en su numeral 2°. En efecto, la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, admitiendo las diferencias que sea razonable adoptar, sin que en ella se exija o prohíba el empleo de ningún criterio para configurar aquella diferencia o para determinar que se incurre en discriminación, o sea, la diferenciación o igualación que es injusta. Cuando el proyecto de ley impone la exclusión de determinados criterios, calificando su utilización, per se, como constitutiva de discriminación, vulnera la Carta Fundamental en su artículo 19 numerales 2° y 26°.

3. El proyecto de ley pone en riesgo la libertad de expresión, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia y religiosa. De todos es sabido que el proyecto ha sido impulsado activamente por organizaciones homosexuales. No cabe duda que una persona homosexual está dotada de la misma dignidad y derechos que le son consustanciales a todo ser humano por el solo hecho de ser un miembro de nuestra especie. Por ello resulta evidente su titularidad respecto del principio constitucional de igualdad. Sin embargo, es también sabido que los movimientos homosexuales pretenden obtener una tutela especial para una opción o gusto personal en materia sexual. Es decir, pretenden que el proyecto de ley fije un privilegio especial para gustos personales en materia sexual.

Al respecto, debe considerarse que los derechos humanos son tales no por derivar de opciones o gustos personales, sino que por emanar de la naturaleza humana. En la práctica, una legislación como la promovida pretende darle un estatus de derechos a las consecuencias derivadas de una opción personal, y a partir de ahí, puede llegar a transformarse en una especie de limitación al legítimo ejercicio de otros derechos y libertades. En efecto, la inclusión de la “opción sexual” como criterio discriminatorio puede curiosamente traducirse en la creación de un privilegio especial y llevar a limitar indebidamente el ejercicio de las libertades de conciencia, de enseñanza y de expresión, en cuanto a que puede coartar la emisión de legítimas opiniones morales y religiosas respecto de conductas sexuales. Ello no sólo resulta inadmisible a la luz de los derechos mencionados, sino que además resulta contrario al ideario mismo del sistema democrático, por cuya recuperación tanto luchó Chile.”.

15) Enseguida, en representación del Observatorio Parlamentario, usó de la palabra la abogada señora Camila Maturana, perteneciente a la Corporación Humanas.

Su exposición consta en el siguiente documento:

“Comentarios del Observatorio Parlamentario sobre el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº 3.815-07) [*]

Antecedentes

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (...”) (Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículos 1 y 2.1)

Los principios de igualdad y no discriminación constituyen pilares del ordenamiento jurídico internacional como de gran parte de los ordenamientos jurídicos nacionales. Pese a ello, la discriminación es de ocurrencia cotidiana en nuestro país. Muchas mujeres no son contratadas porque se consideran “más caras”, personas son despedidas por su orientación sexual, carecemos de accesos especiales en locales y edificios para personas con discapacidades físicas, niños/as peruanos, bolivianos y ecuatorianos, entre otros, son hostigados, y ello sólo es una parte de las múltiples formas de discriminación que diariamente se ejercen en el país.

Evidentemente, las personas no son todas iguales, ni biológica ni social ni culturalmente. No obstante, la ética exige un tratamiento igual -o diferente según sea el caso- en aras de la justicia. La igualdad es una ficción jurídico-valórica, una construcción filosófica de sistemas orientados hacia la justicia y al consiguiente principio de equidad. Este principio se manifiesta en palabras simples en tratar igual a quienes son iguales y tratar diferente a quienes son diferentes.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y un amplio conjunto de instrumentos internacionales se estructuran en base a los principios de igualdad y no discriminación. Al respecto, puede señalarse lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), particularmente en el art. 2.1; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en especial su art. 2.2; la Convención Americana de los Derechos Humanos de la O.E.A. (1969), artículo 1.2; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1988); la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1989); la Convención Sobre los Derechos del Niño (1990); la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminación en la Esfera de la Enseñanza; el Convenio N° 100 de la O.I.T. sobre Igualdad de Remuneración (1951); el Convenio N° 111 de la O.I.T. sobre la Discriminación en el Empleo y la Ocupación (1958); el Convenio N° 122 de la O.I.T. sobre la Política de Empleo (1964); el Convenio N° 159 de la O.I.T. sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (1983); el Convenio N° 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989); el Convenio N° 182 de la O.I.T. sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999); la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones (1981); la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de la UNESCO (1978); la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares; la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Étnicas y Linguísticas (1990), y la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad (2006), entre otros.

Para los Estados nacionales -al menos desde la constitución de la Organización de Naciones Unidas- el respeto a la igualdad de derechos y la protección frente a la discriminación han sido algunas de las preocupaciones fundamentales. Por ello, los Estados han consagrado en sus Constituciones tales principios, han aprobado legislaciones en la materia, creado instituciones nacionales, implementado mecanismos y diseñado políticas que garanticen la igualdad y la no discriminación.

Así, en el Derecho comparado es posible advertir normas de rango constitucional que protegen frente a acciones u omisiones discriminatorias en contra de una persona o grupo social. Las Constituciones de Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Italia, México, Portugal, Puerto Rico, Sudáfrica y Venezuela son ejemplos de ello según puede apreciarse en la tabla que se anexa.

Del tenor de dichas normas se aprecia que, en gran medida, éstas se sustentan en la definición de discriminación que ha dado el Comité de Derechos Humanos[41] :

“...toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.[42]

En Chile, la Constitución consagra el principio de igualdad de derechos como la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.[43] . Sin embargo, el principio de no discriminación, consustancial al principio de igualdad, no se encuentra debidamente resguardado.

Por otra parte, diversos Estados han establecido distintos mecanismos en pro de la igualdad y la no discriminación, como el establecimiento de instituciones encargadas de promover y eliminar la discriminación, acciones judiciales concretas y sanciones específicas en caso de contravención. En esta misma línea, es interesante referirse brevemente a tres relevantes ejemplos en la región.

En Argentina, como es sabido, se confiere rango constitucional a un conjunto de tratados internacionales.[44] En virtud de dichos tratados y de la expresa norma constitucional, se establece la acción de amparo como la vía idónea para alegar la existencia de algún acto u omisión discriminatoria. A partir de la promulgación de la ley Nº 23.592 (1988), si una persona es discriminada o ha sido privada injustamente de alguno de los derechos garantizados por la Constitución Nacional puede exigir el cese de la privación. Si la perturbación se mantiene, la persona puede hacer la denuncia correspondiente ante cualquier oficina policial o ante el juzgado civil de turno, los que tendrán la obligación de acoger la denuncia e iniciar las acciones legales correspondientes.

Asimismo, se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)[45] , cuya finalidad es elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones, campañas e investigaciones a tal fin, además de difundir principios tales como la valoración del pluralismo social y cultural y la eliminación de actitudes discriminatorias en general.

En Brasil se previene y sanciona la discriminación en la Constitución de 1988, que fija el marco general de protección a los sujetos discriminados. Este marco abarca el ámbito civil, penal y laboral y en cada uno de ellos existe la posibilidad de adoptar medidas concretas en contra del trasgresor. El juez puede adoptar las medidas que pongan término a la discriminación -por ejemplo, reintegrando a la persona al trabajo en caso de despido injustificado-, y las medidas compensatorias que correspondan -por ejemplo, recibiendo el pago de todos aquellos salarios no percibidos más el pago de una indemnización por daños morales. La persona víctima de discriminación puede hacer valer cualquier categoría de discriminación, sea ésta en base al sexo, la orientación sexual, el género, la raza, la etnia, la edad, la religión, la orientación política, etc.

Finalmente en México, a partir de la reforma constitucional de 2001 se agregó el principio de no discriminación. Posteriormente, en 2003 se dicta la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuya finalidad es obligar al estado federal a implementar y promover medidas compensatorias a favor de mujeres, personas con discapacidad, niñas/os, adultos mayores e indígenas, destinadas a revertir las condiciones sociales que permiten la perpetuación de la discriminación.

Junto con lo anterior, encontramos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su misión es: 1) contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país, 2) llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación, 3) formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en el territorio nacional, y 4) coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Para la ejecución de sus atribuciones, goza de autonomía técnica y administrativa, pudiendo resolver con independencia respecto de los procedimientos de reclamación o queja en que le correspondiere conocer.

Asimismo, las personas pueden presentar sus reclamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicho organismo goza de plena autonomía de gestión y presupuestaria. Su función es proteger, observar, promover, estudiar, divulgar y defender los derechos humanos de todos los mexicanos. Entre sus atribuciones principales cabe destacar las siguientes: a) recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, b) conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de Derechos Humanos, c) formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculantes y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, entre otras.[46]

Estos tres países son ejemplos claros de lo que es posible hacer para prevenir y erradicar la discriminación. Sin embargo, en Chile –pese a la discriminación existente- todavía se debate un proyecto de ley presentado hace más de tres años.

El proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación

El proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº 3.815-07), presentado por el Ejecutivo en marzo de 2005, establecía un concepto de discriminación similar al contenido en los instrumentos internacionales, contemplaba una obligación expresa a cargo del Estado para prevenir y eliminar la discriminación, además de una acción especial y de sanciones en caso de incumplimiento.

Desde octubre de 2005, la iniciativa está radicada en el Senado en segundo trámite constitucional, sin lograrse su aprobación en particular pese a sucesivas aperturas de nuevos plazos para la presentación de indicaciones. Preocupante resulta el análisis de las nuevas indicaciones ingresadas el 13 de octubre de 2008, por cuanto dan cuenta del escaso entendimiento de nuestros Senadores respecto de lo que constituye la discriminación y los efectos que ésta genera en los grupos afectados.

Cabe destacar que el Estado de Chile ha asumido un conjunto de obligaciones internacionales en materia de igualdad y no discriminación, mediante la ratificación de diversos de tratados internacionales de derechos humanos. En particular, con la ratificación de la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Naciones Unidas, 1965) y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1979), encontrándose hasta la fecha en mora de cumplir con sus compromisos internacionales.

En función de las obligaciones internacionales que competen al Estado de Chile en materia de igualdad y no discriminación, el Observatorio Parlamentario hace presente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado un conjunto de observaciones respecto de los contenidos del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación.

Objeto de la ley

El texto aprobado por la Cámara de Diputados (octubre de 2005) señalaba ‘prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria’ y posteriormente en el Senado se reemplazó la expresión ‘eliminar’ por ‘sancionar’, lo que resulta inadecuado, pues debió agregarse en vez de sacarla del texto de la ley. Más aún, recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Senado (junio de 2008) incluyó una expresión que disminuye la protección que la ley debe brindar frente a la discriminación, al definir el objeto de la ley como ‘prevenir y tender a eliminar’.

Los cambios realizados al texto dan cuenta de la orientación a modificar el proyecto original y a debilitar la protección. Incluso, gran parte de las indicaciones presentadas el 13 de octubre de este año apuntan a vincular el concepto de discriminación y la acción especial con la norma establecida en la Constitución, artículo 19 Nº 2, con lo cual eliminan todo el sentido del proyecto de ley al asimilarlo a la protección vigente hasta la fecha a través del recurso de protección.

Por otra parte, se discuten y eliminan categorías prohibidas que necesariamente debieran quedar en el concepto (respecto de las cuales el Derecho comparado ni siquiera las cuestiona), sin reflexionar finalmente en el sentido de establecerlas. Lo mismo ocurre con el efecto de la discriminación, es decir, con que si el acto u omisión excluye, restringe o priva de los derechos, cuando lo relevante en el concepto es que el acto u omisión que debe ser eliminado es aquel que tenga por efecto anular el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos.

El riesgo actual es que el nuevo proyecto, aprobado con estas indicaciones, no sea más que letra muerta, absolutamente ineficaz y que sirva para confirmar el verdadero ethos de la sociedad chilena: una sociedad intrínsecamente discriminatoria.

Obligaciones del Estado

Resulta adecuado que el proyecto defina la obligación que le corresponde al Estado. En su versión original, éste entregaba al Estado la función de elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas (artículo 2°). Sin embargo, dichas obligaciones se fueron desdibujando en el transcurso del debate legislativo, quedando en una mera obligación de medio, a prevenir y tender a eliminar la discriminación.

Cabe explicitar, además, en el texto del proyecto, que dichas obligaciones corresponden a todos los órganos del Estado, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución Política y no sólo al Ejecutivo. Esta precisión debe realizarse para la creación de acciones coordinadas y multidisciplinarias, únicas que son capaces de dar una respuesta integral al problema de la discriminación.

Medidas especiales

Tanto el proyecto original (Mensaje Presidencial de 22 de marzo de 2005), el texto aprobado por la Cámara de Diputados (octubre de 2005), como el proyecto aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos del Senado en enero de 2007, contenían una norma que consagraba la posibilidad de establecer distinciones o preferencias orientadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas que se encuentren en una posición de desventaja respecto del resto de la población, con el propósito específico de lograr la igualdad en el ejercicio de sus derechos y con carácter temporal (Art. 2°, incisos segundo, tercero y cuarto).

Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado recientemente ha definido la eliminación de estos incisos, lo que debe ser corregido a la brevedad, reincorporando dicho texto.

Tanto la Convención sobre Eliminación de la Discriminación Racial (Art. 2.2) como la Convención sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Art. 4) son muy claras en este punto, en el sentido de reconocer la necesidad de que los Estados adopten medidas especiales de carácter temporal, por lo que no cabe eliminar dicha norma del proyecto de ley.

Además, al respecto ha señalado el Comité de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento por los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“El Comité desea también señalar que el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al Pacto.”[47] .

Concepto de discriminación

La definición de discriminación que adopte la legislación chilena debe ajustarse a lo que establecen los tratados internacionales en la materia, vinculantes para los Estados que los han ratificado. Tanto la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR), como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entregan el concepto de discriminación que deben adoptar los Estados.

Concepto de discriminación racial:

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.”. (Art. 1.1 CEDR)

Concepto de discriminación contra la mujer:

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.’ (Art. 1 CEDAW)

Por ello, cabe definir la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, etnia, color, origen nacional, nacionalidad, situación socioeconómica, religión o creencia religiosa, lugar de residencia, idioma, lengua, ideología, opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquier otra condición social, sea por acción u omisión, cometida por agentes del Estado o particulares, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución y por los Tratados Internacionales.”.

La definición de discriminación que propone el proyecto contiene numerosos elementos positivos; sin embargo, deben corregirse algunos a fin de adecuarla a las obligaciones internacionales del Estado de Chile en la materia. En primer lugar, cabe señalar que la definición internacionalmente consensuada de discriminación comprende expresamente la discriminación por objeto y por resultado, esto es, los actos son discriminatorios independientemente de la intención con que sean realizados. Así, actos que pueden ser neutrales en cuanto a su objetivo, o inclusive tener una finalidad protectora, por ejemplo, pueden resultar profundamente discriminatorios en atención a sus resultados. Por ello no resulta adecuado asimilar la definición de discriminación a lo prescrito respecto del recurso de protección como en la expresión “prive, perturbe o amenace”.

En relación a las causales de discriminación prohibidas -motivo de amplia discusión durante la tramitación legislativa de este proyecto- cabe asegurar la mayor amplitud en la protección que debe brindar la legislación, por lo que debe incluirse el listado más completo de motivos de discriminación. En particular, cabe mantener la expresión “o cualquier otra condición social” como en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional y por la Comisión de Derechos Humanos del Senado en su Segundo Informe de enero de 2007. Ello además es consistente con las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido, pues el conjunto de tratados internacionales que prohíben la discriminación incluyen la expresión “o cualquier otra condición”.

Acción especial de discriminación

Uno de los mayores aportes del presente proyecto de ley lo constituye, precisamente, el establecimiento de una acción jurisdiccional especial de discriminación. Ello por cuanto el recurso de protección, como otras acciones judiciales, ha sido manifiestamente ineficaz para resolver situaciones de discriminación en el país.

Dentro de las características más relevantes de la acción especial propuesta, destacan la posibilidad de denunciar actos u omisiones que importen discriminación arbitraria; la posibilidad de recurrir personalmente la o las personas afectadas como que pueda recurrirse a su nombre; la preferencia para su vista y fallo; la posibilidad de que la Corte pueda decretar orden de no innovar a fin de evitar un daño irreparable; la adopción, en la sentencia, de las providencias necesarias para reestablecer el imperio del Derecho y asegurar la protección del afectado, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización; la posibilidad de declarar la procedencia de la indemnización para la reparación del daño moral y patrimonial, como la sanción al responsable de la discriminación con una multa.

Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha modificado –durante la nueva discusión del proyecto, en junio de 2008- aspectos importantes que disminuyen la protección que se debería otorgar mediante dicho recurso jurisdiccional. Inclusive se ha eliminado el título específico que regula la acción especial y sólo se proponen dos artículos, lo que pareciera responder a una voluntad de minimizar los alcances de dicha acción.

Además, preocupa la reducción del plazo para la interposición de la acción. El plazo de tres meses propuesto con anterioridad ya era problemático, pero reducirlo a 60 días resulta en extremo grave. Establecer un plazo ínfimo como el propuesto, representa una limitación a la posibilidad de recurrir ante la justicia frente a la discriminación que no se condice con su carácter de vulneración a derechos fundamentales y puede significar que en una alta proporción de casos, las personas se vean impedidas de hacer valer sus derechos. Inclusive, dicha limitación puede llegar a constituir una denegación del derecho a acceder a la justicia, consagrado en diversos instrumentos internacionales vigentes en Chile.

Por otra parte, la sanción de la discriminación constituye un mecanismo relevante cuya aplicación no debería ser facultativa, como lo propone la Comisión de Derechos Humanos en su informe de junio del presente año.

Asimismo, preocupa la eliminación de un conjunto de normas que regulaban aspectos procedimentales de la referida acción especial. La falta de regulación de dichos aspectos ofrece un margen inaceptable de discrecionalidad respecto del procedimiento a seguir en la interposición y tramitación de la acción especial de no discriminación. Dichos aspectos deben estar regulados en la presente ley en forma clara y completa.

No prevé tampoco el proyecto otros mecanismos para poder denunciar la comisión de un acto discriminatorio, concentrando la eficacia del derecho únicamente a la declaración de un juez.

Finalmente, un aspecto a abordar en la legislación sobre discriminación lo constituye la necesidad de consagrar el sistema de prueba que se va a exigir para demostrar la discriminación y quien debe soportar esta carga. En el sistema comparado, se ha optado por alivianar la carga de la prueba en quien sufre la discriminación, debiendo éste demostrar que se ha verificado el acto por todos los medios a su alcance. En este sentido, el sujeto que realiza la discriminación se ve en la necesidad de acreditar que la distinción efectuada respondió a un objetivo razonable. Confirma lo dicho la directiva 97/80/CE del Consejo Europeo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, la que ha indicado:

“Artículo 4

Carga de la prueba

1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato…” (el destacado es nuestro)

Norma excepcional para entidades religiosas

Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos incorporó un nuevo inciso al artículo 3°, mediante el cual se apunta a excepcionar a las entidades religiosas del cumplimiento cabal de la obligación de no discriminar. Dicha incorporación resulta sorprendente pues se trata de una norma nueva y no se conocen antecedentes de la misma durante la larga tramitación legislativa que ha tenido el proyecto sobre medidas contra la discriminación.

Si bien la denominada Ley de Culto de 1999 prohíbe la discriminación en contra de las personas en virtud de sus creencias religiosas, no cabe que la legislación sobre discriminación pretenda introducir algún grado de excepción aplicable a las entidades religiosas en relación con la prohibición de discriminación. Dicha norma debe ser eliminada del proyecto pues tanto los órganos del Estados como los particulares deben estar impedidos de discriminar.

Además de eliminar dicho inciso, debe reponerse en la definición de discriminación la prohibición de discriminar en base a la religión o creencia religiosa. Lo anterior considerando, por lo demás, que la discriminación por motivos religiosos no sólo es una situación que se puede producir al interior de las religiones, sino incluso en diversas situaciones de la vida nacional. En este sentido, se considera positiva la indicación de la Presidenta de la República para reincorporar dicha causal. Sin embargo, el Senador Zaldívar insiste con ella.

Indicación inadmisible

Preocupa, por último, la propuesta de incluir una norma que prohíba el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Dicha indicación no puede incluirse en el debate de la legislación sobre medidas contra la discriminación pues no se trata de una norma que proteja frente a la discriminación, sino que se orienta en otro sentido. Inclusive dicha norma puede ser considerada una forma de discriminación, a la luz de los estándares internacionales. Los términos estrictos de la indicación propuesta -“no permitirá, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia”- reflejan un propósito totalmente distinto de aquél que inspira el proyecto de ley: proteger la igualdad y la no discriminación. Por ello debe ser declarada inadmisible como indicación, durante el debate del proyecto.”.

Esta exposición fue acompañada del siguiente cuadro:

16) En una sesión posterior, la Comisión recibió nuevamente a la abogada señora Camila Maturana, representante del Observatorio Parlamentario y de la Corporación Humanas. En esta oportunidad, basó su exposición en la siguiente minuta:

“Antecedentes

El derecho internacional de los derechos humanos, así como gran parte de los sistemas jurídicos nacionales, se estructura en base a los principios de igualdad y de no discriminación. Por ello, la Constitución Política chilena dispone que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Art. 1º) y se asegura a “todas las personas: ... la igualdad ante la ley” y “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” (Art. 19 Nº 2 y Nº 3).

El resguardo del derecho a la igualdad no se agota con su reconocimiento constitucional; por el contrario, su protección se amplía mediante la incorporación de los estándares internacionales sobre la materia. Ello, por cuanto la Constitución reconoce “los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y declara que “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” (Art. 5º inc. segundo).

No obstante, no existe una consagración expresa y vinculante en torno a la prohibición de la discriminación, que desarrolle el enunciado sobre igualdad contenido en la Carta Fundamental. Tampoco se establecen mecanismos institucionales ni judiciales específicos que sean efectivos en la prevención de la discriminación y permitan enfrentarla cuando es cometida. Dado que en el país la discriminación es de cotidiana ocurrencia, estas falencias institucionales derivan en la desprotección de los derechos de las personas, especialmente de mujeres, niños/as, personas no heterosexuales, con discapacidad, indígenas o migrantes, entre otras.

El cumplimiento cabal de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile sobre protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos, exige el desarrollo de un marco normativo eficaz para la prevención, sanción, erradicación y reparación de la discriminación. A ello responde la discusión del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación.

El debate de la presente iniciativa se ha prolongado por cinco años a la fecha, lo que sin duda favorece la mantención de diversas situaciones y actos de discriminación que vulneran los derechos humanos de las personas. De allí la importancia de acelerar la tramitación legislativa de la misma y aprobar prontamente una normativa que brinde herramientas efectivas para prevenir, sancionar y avanzar en la erradicación de la discriminación en sus múltiples dimensiones.

La falta de una legislación integral sobre medidas contra la discriminación constituye una de las deudas que el Estado de Chile mantiene en materia de protección de los derechos de las personas, según lo han señalado diversos organismos internacionales especializados en derechos humanos. De hecho, el Estado de Chile asumió diversos compromisos al respecto, incluso legislativos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal[48] .

A ello se agregan las recomendaciones formuladas en agosto de 2009 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en orden a la pronta aprobación de la ley que establece medidas contra la discriminación:

“El Comité observa con preocupación que, como lo señala el Estado parte, en los últimos tiempos se han protagonizado en Chile episodios de discriminación y actos violentos en contra de indígenas y migrantes, entre otros, por parte de “grupos totalitarios”. Al Comité le preocupa que los delitos de racismo y discriminación no se encuentren tipificados penalmente en el ordenamiento jurídico interno (Artículo 4).

El Comité recomienda al Estado parte: a) acelerar esfuerzos para adoptar el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación y que penaliza actos discriminatorios; b) intensificar sus esfuerzos para prevenir y combatir la xenofobia y los prejuicios raciales entre los diferentes grupos de la sociedad, así como para promover la tolerancia entre todos los grupos étnicos; c) presentar en su próximo informe periódico mayor información sobre las investigaciones, los procesamientos y las condenas relacionados con delitos de motivación racista, así como sobre las reparaciones obtenidas por las víctimas de tales actos”[49] .

El Observatorio Parlamentario ha impulsado a través de diversas acciones la pronta dictación de la ley que establece medidas contra la discriminación. Sin perjuicio de ello, se advierte en sus contenidos un conjunto de falencias que es preciso corregir a fin de que el país pueda contar con una normativa eficaz y acorde a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.

OBJETO DE LA LEY

En primer lugar, la apropiada definición del objeto de la ley resulta fundamental para la correcta aplicación de la normativa. Debe incorporarse adecuadamente el mandato de los tratados internacionales vigentes en el país, a fin de asegurar que esta ley sirva a los propósitos declarados por la Constitución en orden a respetar y promover los derechos humanos (Art. 5º inciso segundo CPR).

Cabe recordar que la propuesta presidencial presentada en marzo de 2005 señalaba: “Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona”[50] . Sin embargo, en el transcurso del debate, se ha buscado minimizar esta definición al punto de plantear la Comisión de Derechos Humanos, en su informe de junio de 2008, que el objeto de la ley es “prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria”. Esta variación terminológica debilitaría la normativa al restringir el nivel de protección que se persigue, pues “tender a la eliminación” es claramente más débil e impreciso que “eliminar” todas las formas de discriminación.

Además, preocupan las indicaciones formuladas durante el debate ante la Comisión de Constitución, particularmente aquella presentada por los Senadores Andrés Chadwick y Hernán Larraín para que el objeto de la ley sea “prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona, que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”[51] .

La aceptación de esta indicación importaría limitar indebidamente el ámbito de aplicación de la ley, al restringir el concepto de discriminación únicamente a la supresión o menoscabo de derechos, pese a que los tratados internacionales aplicables en la materia comprenden “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia”, según se señala más adelante.

Resulta fundamental que el objeto de la ley esté adecuadamente formulado en el proyecto, pues restricciones o ambigüedades en este punto determinarán limitaciones inaceptables en la interpretación y aplicación de la misma. En conformidad a las obligaciones que el Estado de Chile ha asumido, el objeto de la ley debería definirse:

Propuesta de Artículo 1º

“Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir, sancionar y eliminar toda discriminación que se ejerza en contra de cualquier persona o grupo de personas.”.

OBLIGACIÓN DEL ESTADO

A lo largo de toda la tramitación del proyecto se ha mantenido una disposición específicamente referida a las obligaciones que corresponden al Estado en materia de no discriminación. Ello, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política y en tratados internacionales vigentes, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida también como Pacto de San José), que, en materia de obligaciones de los Estados, dispone:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2° Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

El Mensaje presidencial indicaba al respecto: “Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades. El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas.” (Mensaje Nº 315-352, Art. 2º).

En el transcurso del debate -como es de conocimiento de los/as senadores/as- dicha disposición ha sido modificada en reiteradas ocasiones a fin de restringir severamente su alcance, como se evidencia en la eliminación de la expresión “garantizar a toda persona sin discriminación alguna”. Incluso, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, en junio de 2008, eliminó el segundo inciso sobre medidas de acción afirmativa, según se analiza en el apartado siguiente.

El Informe de la Comisión de Derechos Humanos remitido a la Comisión de Constitución, propone consagrar que “Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas”.

Las restricciones introducidas a la norma, de no ser corregidas, determinarán una limitada efectividad de la normativa que establece medidas contra la discriminación, por lo que debe ser modificada.

Por ello, preocupa aun más que los Senadores Chadwick y Larraín hayan propuesto suprimir este artículo[52] , especialmente en atención a que -como se ha mencionado- se ha mantenido durante toda la tramitación del proyecto.

Es esencial que se mantenga en el proyecto una norma sobre obligaciones del Estado acorde a los estándares internacionales en materia de no discriminación y que explicite que dichas obligaciones competen a todos los órganos del Estado, en consonancia con las disposiciones constitucionales:

Propuesta de Artículo 2º inciso 1º

“Corresponde a cada uno de los órganos del Estado elaborar e implementar las políticas y arbitrar las acciones necesarias para respetar, garantizar, promover y proteger a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.”.

MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA

El derecho internacional de los derechos humanos, así como parte de la legislación comparada, no sólo admite sino que alienta la adopción de medidas de acción afirmativa a fin de corregir determinadas situaciones de hecho que son contrarias al principio de igualdad. Principio que la Constitución Política chilena, no está de más reiterarlo, enuncia como una de las Bases de la Institucionalidad y protege a lo largo de sus disposiciones, según se ha indicado.

Esta cuestión ha sido latamente recogida por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. Así, la Corte Suprema ha señalado que no es posible considerar como inconstitucional una norma establecida con el propósito de dar “protección [a] cierta categoría de personas para resguardar su debilidad social, cultural y económica frente a otros estamentos de la sociedad chilena que no se encuentran en las mismas condiciones, como lo son los indígenas del país”[53] .

Además, al menos tres tratados internacionales vigentes en Chile señalan expresamente la procedencia de las medidas o acciones afirmativas, por lo que constituye una obligación para los órganos del Estado.

En primer lugar, la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial dispone que: “Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.” (Art. 1.4).

La Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en tanto, señala que:

“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.” (Art. 4º).

Por último, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere a ello, disponiendo que:

“A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.” (Art. 5.3 y 5.4).

Además del tratamiento internacional específico frente a ciertas clases de discriminación especialmente graves -como la discriminación racial, la discriminación de género y la discriminación contra personas con discapacidad-, se ha abordado la importancia de adoptar medidas de acción afirmativa en general.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas –que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados- en la Observación General Nº 18 sobre No Discriminación dispone que:

“El Comité desea también señalar que el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al Pacto.” (párrafo 10).

Dada la consagración constitucional del principio de igualdad y la remisión a los tratados internacionales vigentes, es del todo recomendable la incorporación al ordenamiento jurídico chileno de una norma que explicite la procedencia de las referidas medidas de acciones afirmativas, por cuanto éstas se orientan, precisamente, a asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos.

De hecho, algunos países de la región han incorporado con rango constitucional el mandato de adoptar medidas afirmativas. Al respecto se pueden mencionar dos ejemplos relevantes: Argentina y Colombia.

La Constitución de la Nación Argentina incorpora este deber en su artículo 75, señalando entre las atribuciones del Congreso Nacional: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.” (Art. 75 Nº 23). Por su parte, la Constitución Política de la República de Colombia dispone que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.” (Art. 13 inciso 2).

En Chile el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación presentado por el Ejecutivo en 2005 incorporaba la procedencia de “distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas”. Posteriormente, en el curso del debate ello fue analizado y precisado, agregándose su conformidad a la Carta Política y aclarando que se trataría de medidas temporales.

Lamentablemente, más avanzada la tramitación del proyecto se eliminó toda referencia a las medidas de acción afirmativa, según consta del Informe de la Comisión de Derechos Humanos de junio de 2008. Ello, acogiendo la indicación del Senador Jovino Novoa para derogar los respectivos incisos[54] .

La procedencia de medidas de acción afirmativa, además de ser un tema zanjado favorablemente a nivel internacional y nacional, es imprescindible para la consecución de los objetivos propios de una ley contra la discriminación. Excluir dichas medidas no sólo atenta contra los estándares internacionales que ilustran la materia, sino que incide negativamente en la aplicabilidad práctica de la legislación que se apruebe. No es concebible una normativa sobre discriminación que no contemple entre sus disposiciones clara referencia a las medidas de acción afirmativa, pues se trata de una herramienta fundamental para enfrentar la discriminación existente y avanzar en su corrección.

Por ello, se debe reponer en el texto del proyecto la procedencia de las medidas de acción afirmativa que permitan corregir situaciones de discriminación a fin de garantizar el igualitario ejercicio de los derechos humanos por todas las personas, al menos en la formulación contenida con anterioridad a su eliminación:

Propuesta de Artículo 2° incisos 2, 3 y 4:

“El Estado podrá establecer distinciones o preferencias orientadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, de conformidad a la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.

Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad a los incisos anteriores, estarán dirigidas directamente a aquellas personas o grupos de personas, que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población, y deberán tener como propósito específico lograr la igualdad en el ejercicio de sus derechos.”.

CONCEPTUALIZACIÓN DE DISCRIMINACIÓN

La igualdad de derechos de todas las personas, así como el derecho a la igualdad ante la ley, se encuentran claramente consagrados en la Constitución Política. Sin embargo, el ordenamiento jurídico nacional no dispone de un concepto preciso de discriminación con alcance general y es ello lo que la presente ley apunta a regular, en cumplimento de la garantía constitucional a la igualdad de derechos.

La definición de discriminación que adopte la legislación chilena debe ajustarse a lo que establecen los tratados internacionales en la materia, vinculantes para los Estados que los han ratificado, como lo dispone para el Estado de Chile el Art. 5º inc. 2 de la Constitución. Tanto la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR) como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) entregan el concepto de discriminación que deben adoptar los Estados. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha definido la discriminación en un sentido general.

Concepto de discriminación racial:

‘toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública’ (Art. 1.1 CEDR).

Concepto de discriminación contra la mujer:

‘toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera’ (Art. 1 CEDAW).

Concepto de discriminación adoptado por el Comité de Derechos Humanos:

‘toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas’ (Observación General Nº 18 No Discriminación, párrafo 7).

La definición de discriminación que adopta el proyecto en debate contiene numerosos aspectos positivos. No obstante, se requiere introducir diversas correcciones a fin de ajustarla a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile, en particular para lograr los declarados objetivos de disponer de una legislación eficaz para combatir la discriminación y asegurar la igualdad de derechos de todas las personas.

En primer lugar, la definición internacionalmente consensuada de discriminación comprende expresamente la discriminación por objeto y por resultado, esto es, los actos son discriminatorios independientemente de la intención con que sean realizados. Así, actos que pueden ser neutrales en cuanto a su objetivo, o incluso tener una finalidad protectora, pueden resultar discriminatorios y por ello es que se atiende a los resultados para valorar si constituyen discriminación. Esto debe incorporarse expresamente en la norma.

Además, no resulta adecuado asimilar la definición de discriminación a lo prescrito respecto del recurso de protección como es la expresión “prive, perturbe o amenace”. El recurso de protección no es la acción jurisdiccional más idónea para enfrentar la discriminación, como se indica más adelante.

En relación a las causales de discriminación prohibidas -motivo de amplia discusión durante la tramitación legislativa de este proyecto- se requiere asegurar la mayor amplitud en la protección que debe brindar la legislación, por lo que debe incluirse el listado más completo de motivos de discriminación. Especialmente debe mantenerse en el proyecto la prohibición de discriminación por “género” y por “orientación sexual”, que en ningún caso pueden confundirse con la prohibición de discriminación por “sexo”.

Sobre este punto en particular, cabe recordar el compromiso contenido en el Programa de Gobierno de la Coalición Por el Cambio para la no discriminación por orientación sexual (página 151), así como lo señalado por el Presidente de la República en la Cuenta Pública del 21 de mayo pasado: “Una sociedad de sólidos valores significa respetar y proteger la vida, su dignidad y los derechos humanos; no discriminar a nadie por su origen étnico, situación económica, apariencia física, opción religiosa o preferencia sexual”.

Asimismo, corresponde atender a los precisos compromisos asumidos por el Estado de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal realizado en mayo de 2009. En dicha oportunidad:

93. Chile examinó las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo y dio su apoyo a las que figuran a continuación:

(...) 27. Reforzar las medidas contra las actitudes discriminatorias en la sociedad, por ejemplo iniciativas de educación pública y de igualdad y medidas legislativas para prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (Nueva Zelandia);

28. Prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y abordarla en los programas y políticas de igualdad (Suecia) y utilizar los Principios de Yogyakarta como guía en la formulación de políticas (Países Bajos);

29. Revisar el artículo 373 del Código Penal de modo de impedir su aplicación abusiva para perseguir a integrantes de las minorías sexuales (República Checa);

Resulta fundamental que en el proyecto se señale expresamente la prohibición de discriminar por motivos de orientación sexual e identidad de género, en el marco de un catálogo amplio de impedimentos que, además, contemple una disposición residual.

En el concepto de discriminación se debe volver a incorporar la expresión “o cualquier otra condición social o individual”, tal como estaba contenida en el Mensaje presidencial y en el texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional. Se trata de una exigencia impuesta por los tratados internacionales vigentes en el país, que prohíben la discriminación por un conjunto de causales pero siempre incluyen la expresión “o cualquier otra condición” a fin de no restringir la protección de las personas por la vía de un catálogo taxativo que puede resultar inapropiadamente rígido para el fin que esta ley persigue.

ACCIÓN ESPECIAL DE DISCRIMINACIÓN

Imprescindible en toda normativa sobre no discriminación es el establecimiento de una acción jurisdiccional especial que posibilite a quienes han sufrido la discriminación, exigir el pleno respeto a sus derechos por la vía judicial. Es éste uno de los principales aportes del proyecto en discusión y resulta fundamental para asegurar la efectiva implementación de la ley. Especialmente, en consideración a que el recurso de protección y otras acciones judiciales han sido manifiestamente ineficaces para resolver las situaciones de discriminación en el país. Sin embargo, se trata también de uno de los contenidos en que ha sido complejo alcanzar acuerdos políticos que permitan avanzar hacia la mayor protección de los derechos de las personas.

Estudios académicos han evidenciado el deficiente funcionamiento del recurso de protección en la sanción y prevención de la discriminación. Pese a su consagración normativa, la acción constitucional no resulta idónea ni suficiente para resguardar el derecho a la igualdad ante la ley. Aun cuando se trata del segundo derecho más afectado –de acuerdo a recursos de protección interpuestos-, se ubica muy por debajo de la protección solicitada al derecho a la propiedad[55] .

Como es de conocimiento de los/as senadores/as, el proyecto originalmente contemplaba un titulo especial para regular la acción especial de no discriminación. Así se mantuvo luego en el texto despachado en primer trámite constitucional, en el proyecto aprobado en general por el Senado y en el Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos de enero de 2007, pese a los reparos planteados por algunos legisladores e, inicialmente, por la Corte Suprema[56] .

En junio de 2008 toma fuerza la postura de minimizar los alcances de la protección brindada por una acción especial, eliminándose el apartado especial y conservándose sólo dos artículos referidos a ello.

Dentro de las características más relevantes de la acción especial propuesta[57] destacan la posibilidad de denunciar actos u omisiones que importen discriminación arbitraria; la alternativa de recurrir personalmente la o las personas afectadas o que pueda recurrirse a su nombre; la atribución conferida a la Corte de Apelaciones para adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización; así como la facultad –limitada por cierto- de demandar ante el juez de letras la indemnización de perjuicios por el daño causado por la discriminación arbitraria.

No obstante, el plazo de 30 días para su interposición resulta insuficiente y claramente inconsistente con el carácter de violación a los derechos humanos. Mantener un plazo tan restringido desvirtúa el propósito de la ley y puede llevar a que en una alta proporción de casos, las personas se vean impedidas de hacer valer sus derechos. De hecho, el plazo de 30 días establecido para interponer el Recurso de Protección ha sido fuertemente cuestionado por la doctrina, no sólo por haber sido establecido mediante auto acordado, sino también por cuanto tratándose de un mecanismo de protección de derechos fundamentales “no debiera existir plazo de caducidad para accionar jurisdiccionalmente mientras el derecho se encuentre afectado ilegal o arbitrariamente, considerando como única excepción razonable el caso de los derechos patrimoniales”[58] . En Chile la libertad personal y la seguridad individual están protegidas por la acción de amparo constitucional (habeas corpus), la cual puede interponerse mientras el derecho se encuentre afectado. No hay razón para no dar el mismo tratamiento a los demás derechos protegidos y, particularmente, a la igualdad.

Esta limitación podría llegar a constituir una denegación del derecho a acceder a la justicia garantizado por la Constitución y tratados internacionales vigentes, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado de Chile. A este respecto, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuya jurisprudencia es vinculante para el Estado de Chile- “ha establecido que los Estados tienen la obligación de diseñar y consagrar normativamente recursos efectivos para la cabal protección de los derechos humanos, pero también la de asegurar la debida aplicación de dichos recursos por parte de las autoridades judiciales”[59]] . En este sentido, no basta la mera existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser efectivos y adecuados para la protección de los derechos. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana en diversas sentencias[60] .

Por otra parte, la sanción de la discriminación representa un mecanismo relevante cuya aplicación no debería ser facultativa para la Corte, sino obligatoria al haberse establecido que se incurrió en discriminación.

Asimismo, preocupa la eliminación de un conjunto de normas que regulaban aspectos procedimentales de la acción especial. La falta de regulación de dichos aspectos ofrece un margen inaceptable de discrecionalidad respecto del procedimiento a seguir en la interposición y tramitación de la acción especial de no discriminación. Dichos aspectos deben estar regulados en la presente ley en forma clara y completa, para garantizar su operatividad y evitar arbitrariedades.

Por ello, preocupa aun más la posibilidad planteada por algunos senadores de eliminar derechamente toda regulación a la acción especial a fin de que sea el recurso de protección la única vía judicial que el ordenamiento jurídico chileno ofrece frente a la discriminación[61] .

Debe mantenerse una acción especial de no discriminación que permita a los tribunales de justicia:

-- adoptar las medidas para poner fin a la discriminación, tanto durante el procedimiento como en la dictación de la sentencia;

-- pronunciarse respecto de la reparación que corresponde brindar a quien ha sufrido la vulneración de sus derechos, sin perjuicio del derecho a demandar la indemnización de perjuicios en sede civil mediante un procedimiento sumario;

-- imponer una sanción a quien ha incurrido en la discriminación, no sólo con carácter facultativo para el tribunal.

Además, la acción no debe sujetarse a un plazo para su interposición, o bien, éste deber ser suficientemente amplio, acorde con el carácter de violación a los derechos humanos.

Otro aspecto que no se ha abordado durante la discusión de la presente iniciativa dice relación con la carga de la prueba. En el sistema comparado, se ha optado por alivianar la carga de la prueba en quien sufre la discriminación, debiendo éste demostrar que se ha verificado el acto por todos los medios a su alcance. En este sentido el sujeto que realiza la discriminación se ve en la necesidad de acreditar que la distinción efectuada respondió a un objetivo razonable. Confirma lo dicho la directiva 97/80/CE del Consejo Europeo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, la que ha indicado:

Artículo 4 Carga de la prueba

1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato…” (el destacado es nuestro).

NORMA EXCEPCIONAL PARA ENTIDADES RELIGIOSAS

Por último, interesa comentar la norma contenida en el proyecto orientada a excepcionar a las entidades religiosas del cumplimiento cabal de la obligación de no discriminar[62] . La norma fue agregada inesperadamente durante el debate ante la Comisión de Derechos Humanos, en junio de 2008, sin que se conozcan los fundamentos de la misma ni antecedentes respecto a su debate en etapas previas a lo largo de la extensa tramitación legislativa que ha tenido el proyecto.

Es inaceptable que se pretenda permitir a determinados actores sociales mantener prácticas o disposiciones discriminatorias, por lo que corresponde que dicha norma sea eliminada del texto en debate. Si bien la denominada Ley de Culto de 1999 prohíbe la discriminación en contra de las personas en virtud de sus creencias religiosas, no corresponde introducir en la legislación sobre discriminación una excepción aplicable a las entidades religiosas en relación con la prohibición de discriminación. Especialmente considerando que las garantías de libertad de expresión y libertad de culto son suficientes para resguardar los derechos de dichas entidades. La norma debe ser retirada del proyecto pues tanto los órganos del Estados como los particulares deben estar impedidos de discriminar.

Además de eliminar dicho inciso, debe reponerse en la definición de discriminación la prohibición de discriminar en base a la religión o creencia religiosa, que la Comisión de Derechos Humanos suprimió en junio de 2008. Ello debido a que la discriminación por motivos religiosos no sólo es una situación que se puede producir al interior de las religiones, sino incluso en diversas situaciones de la vida nacional y su prohibición debe ser clara.”.

17) Con posterioridad, participó una vez más en el debate de la Comisión la señora Camila Maturana, siempre en representación del Observatorio Parlamentario y de la Corporación Humanas.

Complementó sus intervenciones anteriores, realizando una propuesta de contenidos para la iniciativa en estudio, que, según indicó, se ajusta en mayor medida a las obligaciones internacionales en materia de igualdad y no discriminación.

Es del siguiente tenor:

“Objeto de la ley

Propuesta de Artículo 1º:

“Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir, sancionar, eliminar y reparar toda discriminación que se ejerza en contra de cualquier persona o grupo de personas.”.

Obligaciones del Estado

Propuesta de Artículo 2º inciso primero:

“Corresponde a cada uno de los órganos del Estado elaborar e implementar las políticas y desarrollar las acciones necesarias para respetar, garantizar, promover y proteger a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.”.

Medidas de acción afirmativa

Propuesta de Artículo 2°, incisos segundo, tercero y cuarto (mantener texto anterior a eliminación):

“El Estado podrá establecer distinciones o preferencias orientadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, de conformidad a la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.

Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad a los incisos anteriores, estarán dirigidas directamente a aquellas personas o grupos de personas que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la población y deberán tener como propósito específico lograr la igualdad en el ejercicio de sus derechos.”.

Conceptualización de discriminación

Propuesta de Artículo 3º:

“Constituye discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia cometida por agentes del Estado o particulares que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes, en particular basada en motivos de raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad, discapacidad o cualquier otra condición social o individual.”.

Acción jurisdiccional especial de discriminación

Debe mantenerse una acción jurisdiccional especial de no discriminación, que permita a los tribunales de justicia:

- Adoptar las medidas para poner fin a la discriminación, tanto durante el procedimiento como en la dictación de la sentencia;

- Pronunciarse respecto de la reparación que corresponde brindar a quien ha sufrido la vulneración de sus derechos, sin perjuicio del derecho a demandar la indemnización de perjuicios en sede civil mediante un procedimiento sumario;

- Imponer una sanción a quien ha incurrido en la discriminación, no sólo con carácter facultativo para el tribunal;

- La acción no debe sujetarse a un plazo para su interposición, o bien, éste debe ser suficientemente amplio, acorde con el carácter de violación a los derechos humanos.

Norma excepcional para entidades religiosas

Debe eliminarse por inconstitucional.”.

18) La Comisión escuchó también a la señora Maira Feddersen, Coordinadora Ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

En primer lugar, destacó la importancia de la iniciativa en estudio, connotando que es necesario que un cuerpo legal se ocupe de sancionar la ocurrencia de casos de discriminación. Manifestó que aun cuando la igualdad es un principio general, no es sencillo traducirlo a la realidad, más si se considera que efectivamente existen diferencias entre los seres humanos. Señaló que precisamente el principio de igualdad hace que, en un estado de justicia, todos los seres humanos seamos considerados sujetos autónomos, con independencia de ciertas circunstancias y de las diferencias que puedan existir.

Agregó que hay distinciones que deben proscribirse per se, como es el caso de aquellas que se basan en el sexo, la raza o la opción sexual. Sostuvo que ante estos casos, las distinciones que se hagan deben tener justificaciones que resulten razonables.

Hizo presente, además, la necesidad de atender a situaciones que históricamente han sido objeto de discriminación. Es el caso del acceso de la mujer al trabajo en condiciones igualitarias a las de los varones.

En cuanto a la iniciativa en estudio, resaltó la relevancia de la acción especial que se ha propuesto en ciertas fases de su tramitación. Asimismo, puso de relieve la necesidad de contemplar métodos que faciliten y alivianen la carga de la prueba, aspectos que, señaló, deben resguardarse.

Finalmente, expresó que aun cuando lo deseable es que el proyecto de ley en análisis incorpore las materias que se han reseñado, éste constituye por sí mismo un paso muy positivo.

19) A continuación, se deja constancia de las intervenciones que la señora Alejandra Voigt, abogada del Área de Análisis Legal de la Unidad de Asesoría Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, efectuó ante la Comisión.

Ella basó su primera exposición en la siguiente minuta:

“Análisis del Proyecto

I. Técnica jurídica

1.- Desde un punto de vista material o sustantivo, el proyecto de ley que establece Medidas contra la Discriminación interpreta o da un nuevo sentido a la igualdad, base constitucional de nuestro país.

El concepto de igualdad que reconoció nuestro constituyente se basa en la igualdad esencial del ser humano, en cuanto tal. Parte del supuesto que tanto los sujetos, como las prestaciones a las cuales éstos se encuentran obligados, están determinados por un cierto parámetro racional intersubjetivo, que permite una objetividad en la estipulación de los derechos. El proyecto formula la idea de no discriminación fundada en la percepción subjetiva de cada individuo o colectivo. De acuerdo a las normas que éste plantea, el título del derecho no sería determinable objetivamente; por tanto, podría decirse que no se configura como un derecho en el sentido estricto. Ya no sería, aparentemente, la naturaleza humana la que indicaría el contenido de la igualdad y los derechos fundamentales (límite del ejercicio de la soberanía reconocido por nuestra Constitución).

El constituyente lo estableció de un modo lo suficientemente general y objetivo, como para que sea el juez, en el caso particular, el encargado de ponderar su efectivo respeto o no, de acuerdo a las circunstancias especiales que rodean al caso.

Así, la no discriminación, de acuerdo al espíritu del proyecto, es la defensa de la subjetividad de pertenecer a determinada categoría o poseer determinados privilegios. Parecer ser un derecho difuso, que carece de un contenido preexistente, a nuestro entender no previsto por el constituyente. Prueba de lo anterior han sido las innumerables intervenciones presenciadas en las diversas instancias de la tramitación del proyecto.

La discriminación arbitraria es el atentado típico contra la igualdad, basado en el puro capricho, irracionalidad o desproporción manifiesta. Hasta ahora, no se ha establecido un catálogo preciso de aquellas acciones u omisiones que se entienden discriminatorias, de acuerdo al espíritu del artículo 1 y del 19 N° 2 de la Constitución. Por tanto, una redefinición, precisión, aclaración o modificación de sus alcances, por técnica jurídica, parece hacer necesario el pronunciamiento de las mayorías necesarias para interpretar la Constitución.

2.- El proyecto presenta el riesgo de ser redundante, atentando contra el principio jurídico que indica que es contraproducente reiterar regulaciones, principalmente cuando existe una posibilidad cierta de que se superpongan.

La lectura del proyecto, siempre desde un punto de vista material, permite concluir que sus artículos 1° y 2° e, incluso, la primera parte del artículo 3, no debieran ser necesarios, en tanto sus disposiciones están, de suyo, recogidas íntegramente en la noción de igualdad de nuestra Constitución, del artículo 1, como del 19 número 2.

La Corte Suprema, a través de tres informes[63] enviados al Congreso Nacional, ha expresado sus reparos al proyecto de ley, puesto que, “en su opinión, el derecho que se pretende amparar "la no discriminación" se encuentra consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política al tratar de la igualdad ante la ley y debidamente tutelado por la acción de protección, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para ser resguardado”.

A partir de la frase del artículo 3° del proyecto, que indica las motivaciones subjetivas que convertirían una discriminación en arbitraria o irracional, es que la ley parece definir la igualdad.

Parece del todo legítimo, incentivar y fomentar la inclusión plena de todos los individuos en el goce de los derechos y garantías, asimismo, el respeto de la igualdad en todas las esferas de nuestro país, públicas y privadas; el multiculturalismo (mencionado en los antecedentes del proyecto de ley, como globalización) ha generado ciertas reacciones de intolerancia que se riñen con la igualdad y que hacen necesarias ciertas intervenciones por parte del poder público. Sin embargo, en tanto no se discuta el marco constitucional del real contenido de la igualdad que el consenso indique, es el Ejecutivo, a través de políticas públicas, el naturalmente llamado a generar los mecanismos de incentivo o fomento de la plena igualdad.

Desde un punto de vista formal, con este proyecto se crea un recurso nuevo, distinto del recurso de protección, ante la misma jurisdicción, para las mismas materias.

La Corte Suprema, en los mismos informes ya citados, señaló que “no estuvo de acuerdo con la acción especial que contempla [el Proyecto], por estimar que era suficiente la acción constitucional de protección, [pero] ante la insistencia sobre su procedencia y como se advierte en lo sustantivo, que se clarifica el ámbito de aplicación de este arbitrio especial contra la discriminación y, en lo procesal, se expresa que interpuesta la acción de protección precluye el ejercicio de la que contempla la iniciativa legal, privilegiando de este modo el estatuto constitucional […]”

Los fundamentos de la Acción propuesta en el artículo 4° del proyecto, parecieran obedecer a un juicio de eficacia relativa que se hace del Recurso de Protección para proteger el derecho a la igualdad. Las restricciones del Recurso de Protección que mayor cuestionamiento han desencadenado son aquellas introducidas por el propio Poder Judicial (examen de admisibilidad, plazo para ser interpuesto, etc.), que han obedecido, según el Poder Judicial, principalmente, a la sobrecarga de trabajo de las Cortes de Apelaciones. Por otro lado, la imposibilidad o inconveniencia de revisar las cuestiones de fondo en una acción cautelar, como lo es el recurso de Protección, se dan, de la misma manera, en la nueva acción de discriminación. En este sentido, es dable, como demuestra la experiencia comparada, dotar de mayor fuerza al recurso de tutela de las garantías constitucionales, encargado de proteger, por antonomasia, la igualdad en el ejercicio y goce de los derechos.

Respecto de otros procedimientos antidiscriminatorios, la opinión concurrente de algunos Ministros de la Corte Suprema, en los oficios antes mencionados, establecía que “la iniciativa legal es incongruente con las disposiciones que establece el artículo segundo del Código el Trabajo para impedir la discriminación en el ámbito laboral y que fueron perfeccionadas con la reforma que introdujo a ese precepto el N° 2 del artículo único de la Ley N° 19.759, de 5 de octubre de 2001. Asimismo, expresan que la falta de concordancia entre el proyecto con la normativa vigente no sólo se produce en los distintos términos en que ambos describen los actos de discriminación, sino en los diferentes tribunales que conocerían de la materia, a través e procedimientos igualmente disímiles”.

3.- Posible conflicto material entre una norma de rango legal y la norma constitucional.

La norma de rango legal debe siempre ser compatible con la constitucional, no sólo en su aspecto formal, sino también debe tener idéntico sentido material o sustantivo, de lo contrario se pierde la coherencia institucional y la consistencia de todo el sistema jurídico.

Hans Kelsen señaló que el derecho es un orden, es decir, un conjunto de normas concebidas como la unidad de una pluralidad de normas, debiendo existir un fundamento para esa unidad[64] .

Las disposiciones que podrían, eventualmente, romper esa unidad, de acuerdo al proyecto son:

- La noción de igualdad que el constituyente no quiso dotar de contenido taxativo.

- El aparente conflicto con el principio de legalidad, al establecer una agravante penal genérica, abierta, análoga a una ley penal en blanco.

- La inversión de la carga de la prueba, puesto que siempre se presume la arbitrariedad y es el acusado el encargado de desvirtuarla. Esto mismo, genera el riesgo de que, puesto que es la subjetividad o ánimo del acusado la que convertiría una discriminación en arbitraria o irracional, el afectado quede en mayor indefensión.

- Posibilidad cierta de conflicto con otros derecho fundamentales, como la libertad de expresión.

II. Compromisos internacionales

Chile ha suscrito cuatro Convenios internacionales, específicamente destinados a eliminar la discriminación que sufren, en mayor medida, algunos grupos o individuos que caen dentro de las categorías descritas en dichos instrumentos. Asimismo, la suscripción de otros Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos también buscan asegurar la plena igualdad en el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

El proyecto de ley, aduciendo a dichos compromisos internacionales, señala que ellos obligan a dictar normas de carácter legal para dar pleno cumplimiento a lo allí comprometido. Sin embargo, es menester señalar que los Tratados Internacionales no compelen a una forma determinada de asegurar la debida protección y el sentido de compeler a dictar leyes obedece a que en determinados países no existe legislación en la materia o la existente resulta incompatible con el Tratado.

Este no parece ser el caso, puesto que en Chile es la propia Constitución la que cubre todos los supuestos contenidos en las Convenciones sobre discriminación, a través del reconocimiento de la igualdad como principio fundante de nuestro Estado y como una garantía constitucional tutelada. Es la misma Constitución la que establece un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales competentes, destinado exclusivamente a amparar a los individuos contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Las medidas necesarias, entonces, podrían pasar por el fortalecimiento del Recurso de Protección y mantener o reforzar las políticas públicas de sensibilización e inclusión.

III. Legislación Comparada

La inclusión del derecho a la no discriminación en los ordenamientos jurídicos occidentales no es privativa de nuestro Estado. Por los propios convenios internacionales en la materia, una gran cantidad de países se han obligado, no sólo a reconocerlo, sino también a establecer medidas tendientes a eliminar y prevenir toda forma de discriminación basada en criterios tales como el sexo, la discapacidad, las creencias religiosas o el origen étnico o social. Esto ha generado una profusa labor legislativa y política en numerosos países, que, en su mayoría, han definido la no discriminación en términos semejantes al nuestro, pero para efectos laborales, de defensa del consumidor y penales. Asimismo, se constata que las normas en cuestión han establecido instancias administrativas encargadas, ya sea de elaborar políticas públicas para la eliminación o prevención de la discriminación arbitraria o la intolerancia, como de velar por la debida protección de los grupos o individuos desfavorecidos, y de recibir las quejas de los afectados para darles una adecuada asesoría (o incluso defensa) respecto de las acciones judiciales pertinentes, tales como los procedimientos de amparo, laborales o criminales. Sin embargo, ninguna de ellas crea un procedimiento especial, sumario y cautelar, distinto de la tutela constitucional propia de sus respectivos ordenamientos fundamentales.”.

A modo ilustrativo, citó diversos casos de legislación extranjera, los que, en una intervención posterior, tuvo oportunidad de explicar.

20) Como se señaló precedentemente, la señora Alejandra Voigt, de la Biblioteca del Congreso Nacional, intervino una vez más en el debate de la Comisión, basando su nueva exposición en la minuta que se transcribe a continuación:

“Observaciones al Proyecto de Ley que establece Medidas contra la Discriminación

Un Estado de Derecho admite que determinados principios jurídicos sean redefinidos cada cierto tiempo, con el fin de adecuarlos a nuevos escenarios o requerimientos sociales o culturales. Sin embargo, una de las labores del legislador es dar coherencia y consistencia al ordenamiento jurídico en cuanto tal, respetando, con ello, el principio de certeza jurídica, pilar fundamental de un Estado de Derecho.

Si lo que se intenta es dotar de un contenido especial a la igualdad ante la ley y a la prohibición de establecer medidas arbitrarias dadas por el constituyente, entonces la lógica jurídica y legislativa indica que el camino apropiado es tomar dichas disposiciones fundamentales y adecuarlas a las nuevas concepciones que la sociedad considera como dignas de protección. Una aproximación distinta podría devenir en el efecto inútil de las normas, puesto que, cuando el operador jurídico deba aplicar alguna de las leyes involucradas, dejará, inevitablemente, otra sin aplicación. Y dado que una norma legal, como es la del proyecto, se subordina a la Constitución, una interpretación de la primera que colisione con la segunda, debiera dejar a aquélla sin aplicación.

I. Antecedentes Generales

El pasado 16 de diciembre, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado despachó provisionalmente el texto del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, luego de una extensa discusión que congregó a diversos actores de la sociedad civil y académicos, entre otros.

Durante la discusión en la Comisión, se plantearon algunos reparos al proyecto que, de acuerdo al texto provisorio y al criterio del Área de Análisis Legal de Asesoría Parlamentaria de la BCN, se mantienen, dados los eventuales conflictos de constitucionalidad que se perciben a lo largo de sus disposiciones. En este contexto se presentarán algunas observaciones al proyecto, que pudiesen servir para ilustrar a la Comisión, tomando en consideración el texto del proyecto y la opinión legal entregada a la Comisión por parte del abogado Juan Domingo Acosta en diciembre del año pasado.

II.Conflicto con el concepto de Igualdad ante la Ley

dado por el Constituyente

En el primer Informe elaborado por Asesoría Parlamentaria y presentado ante esta Comisión, se planteó la necesidad de elevar la discusión del proyecto a sede constitucional, puesto que sus alcances parecían restringir o, al menos, precisar los términos que el Constituyente quiso imprimir en la Igualdad ante la Ley, tanto del artículo 1° de la Constitución, como del 19 N° 2. Esto porque el reconocimiento o estipulación de derechos y su atribución a todos los sujetos por igual, viene del parámetro objetivo que da la propia naturaleza humana de modo universal[65] y no en base a la percepción subjetiva del individuo que exige el reconocimiento. En este sentido, reiteramos que una ley como la despachada, indudablemente cabe dentro del concepto de norma interpretativa de la Constitución, cuyo fin es “representar, en efecto, una forma de apreciar o esclarecer el alcance de determinado precepto de la carta”.

En su oportunidad, se sostuvo que en las propias Actas Constitucionales se dejó establecida la voluntad del Constituyente de no delegar la definición del concepto de igualdad a otra instancia legislativa, puesto que el desarrollo de una norma de tal entidad que sustenta toda la institucionalidad del Estado, no podía ser hecha sino por el propio Constituyente, llamado a materializar la estructura constitucional de la igualdad[66] .

El abogado Juan Domingo Acosta, en este sentido, critica el artículo 2° del proyecto, en cuanto la definición de discriminación que se establece se escaparía de la arbitrariedad requerida por el Constituyente para constituirse en ilegítima y parece hacer ilícita toda discriminación, sin necesidad de que ésta sea arbitraria, injusta o irracional. Concordamos, asimismo, con su apreciación sobre las múltiples discriminaciones que la propia legislación establece y que no se entienden arbitrarias, en tanto la distinción aplicada se base en las desigualdades propias de los destinatarios, cuestión que el proyecto podría poner en duda. Asimismo, tal como se señaló en nuestro informe previo, a la luz de las motivaciones subjetivas que convertirían una discriminación en arbitraria o irracional, es que entendemos que el proyecto busca precisar el concepto de igualdad, para estos efectos, e introduce nociones o categorías que, tal como señalamos arriba, podrían alterar el significado o la definición misma del derecho.

El proyecto se aparta del sentido de la igualdad constitucional actual, asimismo, por cuanto identifica la causa de la discriminación con sus efectos. Hasta ahora, para calificar una conducta como contraria al principio de igualdad, aquélla debe obedecer a causas injustas o irracionales, cuyos efectos conculquen los derechos constitucionales de los afectados. Con el proyecto de ley, si un acto que distingue, excluye, restringe o prefiere a unos por sobre otros, privando, perturbando o amenazando tales derechos, entonces siempre será considerado como una discriminación arbitraria y, por tanto, injusta y punible. Lo mismo señala en su informe el abogado Juan Domingo Acosta, en cuanto señala que, de acuerdo a la Constitución, se exigen, copulativamente, la afectación de un derecho y la ilegalidad o arbitrariedad del acto que causa esa afectación para considerarlo ilícito; así, el proyecto confundiría una característica del acto con su efecto, siendo esto lógicamente incorrecto y provocando una confusión en cuanto a la aplicación de la igualdad ante la ley de la Constitución, con la no discriminación del proyecto.

III. Conflicto constitucional con el recurso de protección

El texto despachado provisoriamente adiciona elementos nuevos al recurso de protección contemplado en la Constitución. En primer lugar, concordamos con el señor Acosta, cuando señala que el proyecto desvirtúa la propia naturaleza del recurso, puesto que, para los efectos de esta ley, dejaría de ser cautelar, para transformarse en una especie de acción de responsabilidad extracontractual que, además, declararía la culpabilidad del infractor con efecto de cosa juzgada, pudiendo establecer sanción y estableciendo las bases para la posterior determinación del monto de la correspondiente indemnización.

Consideramos que el proyecto da un efecto nuevo a la sentencia recaída en el recurso de protección, no previsto por el Constituyente, cual es la determinación de culpabilidad, quedando entregado a un juicio sumario la determinación de la indemnización de perjuicios que corresponda y no el conocimiento de los elementos que fundamentan o desvirtúan las alegaciones, con todas las garantías propias de un juicio de responsabilidad extracontractual. Si esto es así, entonces ya no sólo a partir de la definición de discriminación arbitraria a la luz de la igualdad ante la ley, sino también por el contenido mismo de la acción destinada a proteger a las víctimas de discriminación, cual es el Recurso de Protección, lo pertinente es una reforma constitucional.

IV. Conflicto o superposición con otras normas de rango

constitucional o legal

El abogado Acosta afirma que el proyecto de ley pretende regular y complementar el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de establecer discriminaciones arbitrarias dados por la propia Constitución, cuestión con la que concordamos plenamente. En este sentido, creemos que existe un riesgo cierto de que, basándose en el artículo 93 N° 3 de la Constitución, el Tribunal Constitucional objete la norma, en caso de ser aprobada por el Congreso.

Sin perjuicio de esto, se produciría, de cualquier modo, una regulación reiterativa o repetitiva en diversos cuerpos legales, que, según veremos, atentan contra los principios básicos de certeza jurídica y coherencia del ordenamiento jurídico.

En este sentido, se prevén eventuales restricciones a los Derechos Fundamentales de los particulares, en cuanto a que deberán restringir el ejercicio de ciertos derechos, tales como la libertad de expresión, de enseñanza o de conciencia, para evitar que con sus actos, dichos, actitudes o preferencias pudiesen causar la sensación de menoscabo por parte de los afectados, configurándose así la discriminación arbitraria considerada ilegal por la norma.

Un análisis particular de la excepción que el texto despachado provisoriamente contempla a favor de las entidades religiosas demuestra posibles conflictos en la aplicación de la norma. Considerando la letra y el alcance de los artículos 6° y 7° de la Ley de Culto, N° 19.638, allí señalados, podría concluirse por parte del operador jurídico que determinadas interpretaciones de esas disposiciones no cabrían dentro de la excepción y, por lo tanto, constituirían una discriminación prohibida por la nueva ley que establece medidas contra la discriminación. Esto, porque los artículos 6° y 7° de la Ley de Culto facultan a las entidades religiosas y a sus miembros a practicar y manifestar sus creencias religiosas y su doctrina sin discriminación; sin embargo, no las faculta a excluir a determinadas personas de sus filas cuando sus preferencias o modos de vida contraríen las convicciones de dicha entidad. Produciéndose este tipo de conflicto, una interpretación literal podría llevar al operador a calificar como arbitraria una distinción de tal especie, careciendo de certeza jurídica, puesto que no queda claramente establecido el contenido de la excepción del artículo 2°, inciso 2° del proyecto de ley despachado.

Dispersión normativa

Señalamos en su oportunidad que la sobrerregulación en una misma materia provoca la dificultad, tanto para los operadores jurídicos como para la población afectada con esas disposiciones, de determinar la norma aplicable y el real alcance y mecanismos de acción que ofrece el ordenamiento jurídico frente a una misma situación fáctica. Esta dificultad genera una gran dispersión, incongruencia legislativa, duplicación de normas, contradicción de textos e indefinición normativa, reñida con el principio de certeza o seguridad jurídica. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, es un principio básico que toda reforma debe hacerse a las normas de referencia, con una visión de conjunto, de lo contrario se alteran, tácita o expresamente, diversas normas de rango constitucional o legal de modo poco claro, poco homogéneo, incompleto e, incluso, ilógico.

El abogado Acosta da un ejemplo bastante ilustrativo de lo anterior: para que pueda interponerse el recurso de protección, es necesario que por el acto u omisión arbitrario o ilegal, se vulnere el legítimo ejercicio de un derecho constitucional, en tanto el proyecto omite la referencia a la legitimidad del ejercicio del derecho para que se configure la discriminación ilegal.

Asimismo, las demás acciones vinculadas a la no discriminación, tales como las laborales o de protección al consumidor, también corren el riesgo de ser duplicadas por esta ley, generando, del mismo modo, confusión en cuanto a la ley aplicable.”.

21) Complementando sus intervenciones anteriores, la abogada de la Biblioteca del Congreso Nacional señora Alejandra Voigt, hizo entrega del informe que se transcribe a continuación.

“Protección de la no discriminación arbitraria en el Derecho Comparado[67]

La inclusión del derecho a la no discriminación en los ordenamientos jurídicos occidentales no es privativa de nuestro Estado. Por los propios convenios internacionales en la materia, una gran cantidad de países se han obligado no sólo a reconocerlo, sino también a establecer medidas tendientes a eliminar y prevenir toda forma de discriminación basada en criterios tales como el sexo, la discapacidad, las creencias religiosas o el origen étnico o social.

A modo ilustrativo, se revisan sucintamente las legislaciones de Francia, España, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil y México, con el fin de entregar un marco comparativo sobre la protección y desarrollo efectuado por dichos países respecto del principio de no discriminación arbitraria.

El análisis efectuado permite concluir que:

- La mayoría de los países han definido la no discriminación en términos semejantes al propuesto por el proyecto de ley, pero restringido para efectos laborales, de defensa del consumidor y/o penales y no de carácter general.

- La legislación mexicana, de todas las consultadas, aparece como la más similar al proyecto chileno; sin embargo, es una norma que aclara los alcances del artículo 1° de la Constitución, es decir, lo interpreta.

- Las normas en cuestión intentan crear las bases para que los gobiernos impulsen políticas tendientes a eliminar la discriminación en los ámbitos señalados, para lo cual han establecido instancias administrativas encargadas ya sea de elaborar políticas públicas para la eliminación o prevención de la discriminación arbitraria o la intolerancia, como de velar por la debida protección de los grupos o individuos desfavorecidos, y de recibir las quejas de los afectados para darles una adecuada asesoría (o incluso defensa) respecto de las acciones judiciales pertinentes, tales como los procedimientos de amparo, laborales o criminales.

- Sin perjuicio de lo anterior, ninguna de las legislaciones analizadas crea un procedimiento especial, sumario y cautelar, distinto de la tutela constitucional propia de sus respectivos ordenamientos fundamentales.

I. Introducción

En el marco de la discusión del proyecto de ley que establece medidas en contra de la discriminación (Boletín N° 3.815-07), se revisa sucintamente la legislación de algunos países (Francia, España, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay y México) que comparten nuestro sistema jurídico-constitucional, de modo de poder comparar la regulación, en su caso, el rango de las normas que desarrollan o protegen el derecho a la igualdad y, por tanto, la prohibición de los atentados típicos en su contra, y, finalmente, el ámbito o alcance al que se refieren dichas normas.

La inclusión del derecho a la no discriminación en los ordenamientos jurídicos occidentales no es privativa de nuestro Estado[68] . Por los propios convenios internacionales en la materia[69] , una gran cantidad de países se han obligado no sólo a reconocerlo, sino también a establecer medidas tendientes a eliminar y prevenir toda forma de discriminación basada en criterios tales como el sexo, la discapacidad, las creencias religiosas o el origen étnico o social[70] .

II. Objetivo del proyecto chileno

De acuerdo al Mensaje del proyecto, “no obstante la consagración a nivel constitucional de los motivos o factores que pueden llevar a discriminar, no parece ser la única fórmula jurídica para tutelar adecuadamente el principio de no discriminación arbitraria”. Para solucionar lo anterior, la norma propuesta intenta definir lo que se entiende en todo el ordenamiento jurídico chileno por discriminación arbitraria, estableciendo, además, una acción especial de protección y “un tratamiento integral y más efectivo a la no discriminación”[71] El proyecto establece un catálogo de factores que hacen presumir que una distinción hecha por los organismos públicos o los particulares, que se sustente en alguno de dichos factores y que ocasione el efecto de menoscabar alguna garantía constitucional, en cualquier ámbito, incurre en ilegalidad y, por ende, puede ser sancionado civil o penalmente, según corresponda, especificando, para esto, la acción de protección, otorgándole efectos sancionatorios y estableciendo un tipo penal y una agravante especial que incorporan la noción establecida en el proyecto.

III. Legislación comparada

A modo ilustrativo, se describen las legislaciones de Francia, España, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil y México.

1.- Francia

En Francia existen diversas disposiciones relativas a la no discriminación[72] . La primera, de alcance más general, es la Ley 2001-1066, relativa a la lucha contra la discriminación, y que establece la prohibición de discriminar por razones similares al proyecto de ley chileno en comento, en materia laboral. Asimismo, modifica el Código Penal para incluir el delito de discriminación arbitraria.

Además de la norma anterior, está la Ley 2004-1486, que crea la Alta Autoridad para la Lucha contra la Discriminación y para la Igualdad, con facultades similares a un defensor del pueblo en materia de discriminación.

También está la Ley 2006-396, sobre Igualdad de Oportunidades, cuya finalidad es la plena inclusión de los discapacitados en el mundo laboral y educativo, estableciendo, incluso, beneficios tributarios para las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad.

Finalmente, la Ley 2008-496 incluye en la legislación francesa los actos legislativos de la Unión Europea en la materia, tales como el tratamiento igualitario entre hombres y mujeres en materia de empleo y formación.

2.- España

La Constitución española[73] señala, en su artículo 9 N° 2 que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”.

La Ley N° 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social[74] , en su Título II del Capítulo III, se encarga de la aplicación del principio de igualdad de trato, estableciendo medidas para la aplicación real y efectiva de aquél, como del principio de no discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, específicamente en los siguientes ámbitos: laboral, derechos del orden social, derechos del consumidor y defensa de los discapacitados.

No crea nuevos procedimientos, sino que modifica los ya existentes (laborales, de consumidores, contencioso-administrativos) en el sentido de invertir la carga de la prueba, dejándola en el acusado del acto discriminatorio.

Por su parte, existen varias disposiciones específicas en materia de discapacidad, tales como la Ley 49/2007[75] , que establece el régimen de infracciones administrativas y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Por último, la recientemente aprobada ley “Para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”[76] , establece disposiciones sobre la igualdad en el ámbito laboral, medidas para la eliminación de la discriminación de género y contra el acoso sexual y reforma más de 19 normas en el ámbito del acceso al empleo público, a las prestaciones de seguridad social y al acceso a bienes y servicios. Regula, asimismo, la paridad en las listas electorales, las que al menos, deberán estar representadas en un 40 por ciento.

3.- Argentina

La Ley 23.592[77] fue dictada para adoptar medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Su sentido es otorgar la posibilidad de entablar demandas civiles o de policía local, según corresponda, cuando, arbitrariamente se impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional, especialmente respecto de los consumidores. Para estos efectos, la ley considera particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

La misma ley establece una agravante penal para todo delito reprimido por el Código Penal o por leyes complementarias, cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Por su parte, la Ley 24.515[78] crea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Este instituto, entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, es la encargada de elaborar y vigilar políticas públicas.

4.- Brasil

En Brasil la discriminación arbitraria, tanto en materia laboral, del derecho del consumidor, de familia y, en general, la inducción a la discriminación, está sancionada por la Ley 7.716[79] , que define los delitos resultantes de los prejuicios basados en la raza o el color y enumera una serie de infracciones, precisando las sanciones que corresponden a cada una de ellas. Destaca que la ley brasileña sanciona de manera particular la discriminación racial en las Fuerzas Armadas.

Existen otras disposiciones que se vinculan con la no discriminación, tales como:

- Ley 10.678[80] , de 23 de mayo de 2003, que crea la Secretaría Especial de la Presidencia de la República sobre Políticas de Promoción de la Igualdad Racial.

- Ley 9.799[81] , de 26 de mayo de 1999, por la que se insertan en el Consolidado de las leyes del trabajo disposiciones sobre el acceso de la mujer al mercado de trabajo.

- Ley 9.029[82] , de 13 de abril de 1995 la cual prohíbe la exigencia de certificados de embarazo y esterilización, así como de otras prácticas discriminatorias, a efectos de la admisión o de la permanencia de la relación jurídica de trabajo.

- Ley 7.716[83] , de 5 de enero de 1989, que define los delitos resultantes del prejuicio de raza o de color.

Adicionalmente, el Decreto 7.388[84] , de 9 de diciembre de 2010, creó el Consejo Nacional de Combate contra la Discriminación (Conselho Nacional de Combate à Discriminação – CNCD), como un órgano consultivo y deliberativo, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, cuyo objetivo es formular y proponer directrices para la adopción de políticas gubernamentales nacionales, encaminadas a luchar contra la discriminación y la promoción y defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

5.- Perú

En Perú la discriminación arbitraria está prohibida a nivel constitucional[85] . Así, su artículo 2° reconoce a todas las personas el derecho a la igualdad ante la ley, estableciendo que “Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.”. A su vez, la discriminación es sancionada penalmente, a través de un tipo especial incluido entre los denominados delitos contra la humanidad[86] .

La Ley 28867[87] modifica el ya existente artículo 323 del Código Penal[88] , para mejorar el mencionado artículo, en primer lugar precisando que la discriminación es una acción realizada “con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona”. Las penas han sido elevadas, según los estándares internacionales, a prisión entre dos y tres años, pudiendo llegar hasta cuatro cuando se emplea violencia física o mental o el agente es funcionario público. Asimismo, se amplían las causales de discriminación, señalándose, entre otras, edad, filiación, discapacidad, opinión política, condición económica e identidad étnica y cultural. El proyecto original especificaba además la discriminación por orientación sexual, pero esta causal fue eliminada por la Comisión de Justicia del Congreso, señalándose que ya estaba implícita en la expresión “motivo sexual”[89] .

6.- Uruguay

La Constitución uruguaya declara que “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes.”[90] .

Por su parte, la Ley 17.817[91] , sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, la declara como de interés nacional y, para los efectos de generar políticas públicas que tiendan a su eliminación, crea un organismo público, la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, encargado de generar políticas públicas sobre la materia.

La ley da el siguiente concepto de discriminación: “toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” (artículo 2).

7.- México

La legislación mexicana, de todas las consultadas, aparece como la que más comparte características con el proyecto chileno; sin embargo, la ley aludida establece o aclara los alcances del artículo 1 de la Constitución mexicana[92] , que, en su inciso tercero señala que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”.

Se entiende, entonces, que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación[93] a la que hacemos referencia, es una norma que se encarga, formal y materialmente, de desarrollar el texto constitucional, señalando que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales, asimismo, deben eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

Para lo anterior, la ley faculta al Estado para establecer medidas de discriminación positiva a favor de los grupos más desfavorecidos y crea un Consejo encargado de recibir las quejas de los afectados y brindarles asesoría o defensa legal en los recursos judiciales que correspondan. En este sentido, la ley mexicana no crea una acción nueva, distinta de la tutela o amparo constitucional.”.

22) Enseguida, la Comisión escuchó al señor Gabriel Zaliasnik, Presidente de la Comunidad Judía de Chile, quien basó su exposición en la siguiente minuta escrita:

“I.- INTRODUCCIÓN

Los procesos de discriminación han sido componentes centrales de las formas de organización y estructuración de las sociedades. Como tal, han sido la expresión más contundente, tanto individual como colectiva, de la negación del principio de igualdad de la condición humana y han reflejado la incapacidad social y cultural para dar cuenta de la alteridad y las diferencias.

Las variadas formas de distinción, exclusión y restricción verificadas a lo largo de la historia han afectado a diversos grupos, lo que impide caracterizar a la discriminación como un fenómeno unitario y homogéneo. Su conceptualización debe destacar lo común y dar cabida a las diferencias, así como a las transformaciones que ha experimentado, tanto en lo que refiere a sus formas de expresión y significado como en lo que respecta a sus interacciones con otros procesos y fenómenos sociales.

Ciertamente, los procesos discriminatorios han guardado un nexo de significación con la conformación de la marginación, subyugación, persecución e incluso exterminio de grupos humanos, cuyas expresiones han variado a lo largo de la historia.

Por ello, el investigador británico Stuart Hall afirmó ya en 1993 que la "capacidad de vivir con la diferencia es el principal desafío del siglo XXI", toda vez que las sociedades contemporáneas asisten a una creciente diversidad de sujetos, de experiencias sociales y de identidades culturales en continuo proceso de cambio y transformación.[94]

Así, hoy la sociedad enfrenta nuevas formas y diferentes lógicas de un mismo fenómeno. Ya no existe un modelo único de "racismo", la discriminación por antonomasia. La idea de un vínculo entre los atributos naturales o biológicos de un individuo o grupo y sus rasgos intelectuales o morales, que caracterizó la emergencia del racismo, hoy ya no se asocia exclusivamente a una supuesta inferioridad biológica y desigualdad natural del otro, sino que fundamentalmente a una actitud diferencialista, más velada, que se desvía por la cultura y que ataca a grupos nacionales, étnicos y religiosos, preferentemente a minorías, aislando, excluyendo y segregando.[95]

Uno de los rasgos más importantes de la situación contemporánea es precisamente el que sus manifestaciones están codificadas de modo tal que buscan impedir las acusaciones en su contra en términos de racismo, expresándose en términos de diferencia y cultura.

Algunos autores[96] plantean que en el racismo interactúan tres dimensiones distintas: las actitudes (opiniones, estereotipos y prejuicios); los comportamientos o expresiones (actos, prácticas, ordenamientos institucionales) y las construcciones ideológicas (teorías, doctrinas, visiones de mundo).

Como resultado de la interacción de estas tres dimensiones, persisten y se renuevan acciones de segregación, discriminación, expulsión, persecución y exterminio. La diferencia del otro se convierte así en amenaza a la identidad-integridad de la sociedad mayoritaria.

Dentro de este complejo y renovado fenómeno de la discriminación, el antisemitismo configura una expresión singular.

Esta singularidad está asociada, en primer lugar, a su recurrencia y permanencia histórica, de modo tal que ha precedido y rebasa históricamente al racismo; en segundo lugar, al hecho de que a la fundamentación racial de la discriminación le precedió la cultural y la religiosa y, en tercer lugar, a que éstas han interactuado con otras fuentes y móviles de índole social, económica y política.

Su continuidad así como sus modelos cambiantes de manifestación, refuerzan tal singularidad, al tiempo que su impacto genocida, en el Holocausto, lo proyectan como un fenómeno determinante de la condición humana en la modernidad. Su vigencia actual, por otra parte, exhibe el modo como el prejuicio religioso convive con el rechazo de la etnicidad así como de otras formas de identificación de los miembros del grupo, y éstos, a su vez, interactúan con estereotipos de índole económica y sociopolítica, por lo que el antisemitismo rebasa su conceptualización como una forma de discriminación exclusivamente religiosa o racial.

Durante el Proceso a Eichmann, el principal ideólogo de la "solución final", compareció como "testigo histórico" para describir las condiciones de los judíos europeos antes del ascenso del nazismo, el historiador Profesor Salo Baron. Éste fue interrogado por el principal abogado defensor, quien le preguntó: "Como profesor de historia, ¿puede explicar usted las causas de esa actitud negativa que viene existiendo desde hace tantos siglos y de esa continuada guerra contra el pueblo judío?". La respuesta en una breve sentencia, recogió, en inglés, toda la profundidad de su formulación y la agudeza del juego de palabras: “the deslike of the unlike”, esto es, el desagrado ante lo diverso, ante lo diferente.

II. ANTECEDENTES RECIENTES DE RESOLUCIONES QUE INCORPORAN LA ALUSIÓN ESPECÍFICA AL ANTISEMITISMO EN MATERIA DE COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN.

Si bien en el pasado la referencia específica al antisemitismo estuvo ausente de las resoluciones en torno a la discriminación y a la lucha contra el racismo, así como de la legislación respectiva, en los últimos años asistimos a un cambio significativo en esta cuestión.

Ya en 1993, la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de los países miembros del Consejo de Europa manifestó su alarma ante "el resurgimiento presente del racismo, la xenofobia y el antisemitismo, el desarrollo de un clima de intolerancia, el aumento de actos de violencia, en especial contra migrantes y poblaciones de origen inmigrante...". (ECRI -Comisión Europea contra el Racismo-, Annual Report for 1998 y Activities of the Council of Europe with Relevance to Combating Racism and Intolerance, Estrasburgo, Francia, 1999, en Natán Lerner, "Lucha contra el racismo con nombre y apellido", Índice, 2001).

Por su parte, en la conferencia de Estados miembros del Consejo de Europa, se adoptó una Declaración Política y una serie de Conclusiones Generales que asumen la necesidad de ser más específicos (EUROCONF(2000) 1 y (2000) 7 Rev.). La Declaración Política expresa alarma ante la "continua y violenta recurrencia de racismo, discriminación racial, xenofobia, antisemitismo e intolerancia relacionada, inclusive formas contemporáneas de esclavitud" dirigidas "especialmente por motivos relacionados con el idioma, la religión, o el origen nacional o étnico, contra personas tales como migrantes, buscadores de asilo, refugiados, personas desplazadas, no-nacionales, poblaciones indígenas" o personas pertenecientes a minorías.

La Declaración insta a los Estados miembros a tomar medidas legales, de política y educacionales para prevenir y eliminar lo anterior y llama particularmente la atención hacia los grupos vulnerables y hacia la creación de condiciones para la "promoción y protección de la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las personas pertenecientes a minorías nacionales".

Las Conclusiones Generales de la Conferencia Europea instan a todos los Estados a rechazar la "depuración étnica y religiosa" y el genocidio y "a no olvidar nunca el Holocausto". Se señala la persistencia para las víctimas de problemas como la discriminación del empleo, la vivienda, la educación y los servicios; las formas contemporáneas de esclavitud; la incitación, la discriminación y la violencia contra inmigrantes y refugiados; las manifestaciones de violencia e incitación al odio y a la intolerancia; la proliferación de grupos extremistas que exacerban tales fenómenos; el aumento de la intolerancia religiosa, la violencia contra comunidades judías y la distribución de material antisemita; el prejuicio y la discriminación contra los Roma o gitanos y el uso de medios de comunicación masivos por los racistas. (EUROCONF (2000), 7 Rev.)

A fin de combatir estos fenómenos, se urge a todos los Estados a ratificar la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La Conferencia también recomienda que los marcos legislativos nacionales en las áreas de derecho penal, civil y administrativo prohíban expresa y específicamente la discriminación fundada en raza, etnicidad, origen nacional, religión y creencias.

La Conferencia Europea aconsejó dar la mayor prioridad a la acción judicial contra los delitos de carácter racista o xenófobo, prestando atención a la existencia de motivaciones racistas. Asimismo, deben tomarse medidas para combatir las organizaciones de tipo racista y debe declararse punible el delito de negación del Holocausto. Los Estados deben crear mecanismos para examinar la conformidad de su legislación con los principios que rigen la no-discriminación en razón de raza, origen étnico o nacional, religión o creencias. Debe prestarse atención a las cuestiones vinculadas con problemas de religión o creencias y a casos específicos como el antisemitismo, los Roma, gitanos, Sinti e itinerantes. (Ibid.)

Si bien los antecedentes aludidos reflejan la preocupación europea por el crecimiento de las tendencias racistas, xenófobas y antisemitas, éstas no son privativas de Europa. Más aun, en los tiempos de la globalización, la porosidad de las fronteras nacionales y el modo como los medios de comunicación han permeado las estructuras políticas, sociales y culturales a nivel global impiden esgrimir el argumento de realidades nacionales ajenas a las corrientes de opinión o a la influencia de fenómenos de este tipo.

Así, en América Latina se ha fortalecido la convicción de que es necesario enfrentar el racismo con estrategias políticas, educativas y legislativas adecuadas.

En el Foro Regional de México y Centroamérica sobre Racismo, Discriminación e Intolerancia, organizado en México en noviembre del 2000, por la Academia Mexicana de Derechos Humanos y otras entidades y organizaciones no gubernamentales, entre ellas Tribuna Israelita, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Congreso Nacional Indigenista, se aprobó un Documento Final en el que se manifiesta la preocupación por los fenómenos de discriminación y se alude expresamente al antisemitismo. En él se afirma que "Los gobiernos de los países de la región han mostrado una insuficiente voluntad política para difundir, promover y observar el cumplimiento de tratados, convenciones, acuerdos y resoluciones encaminadas a combatir el racismo, la discriminación, el antisemitismo, la xenofobia, la intolerancia y el sexismo". El Documento alude a la situación de las poblaciones indígenas, de los afrodescendientes y de las comunidades de inmigrantes.

A su vez, en diciembre del 2000 se realizó en Chile la Conferencia Preparatoria de las Américas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia. La Declaración Final de los gobiernos constata "con gran preocupación el aumento del antisemitismo y de los actos hostiles hacia los judíos en algunos países de la región y en otras partes del mundo, así como el surgimiento de movimientos radicales y violentos basados en ideas racistas y de discriminación hacia la comunidad judía".

En su plan de acción se "insta a los gobiernos a emprender acciones concretas para prevenir e impedir el aumento de actos de antisemitismo y de hostilidad hacia los judíos, en algunos países de la región y en otras partes del mundo, así como también para evitar el surgimiento de movimientos radicales y violentos basados en ideas racistas y de discriminación hacia la comunidad judía".

Por su parte, la Declaración de la Conferencia Ciudadana contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación convocada en Chile por organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de las Américas denuncia "el mal uso y abuso de las nuevas tecnologías comunicacionales, como Internet, para la difusión de la ideología racista y antisemita, y el fomento de conductas xenófobas e intolerantes.

I.- EN CUANTO AL PROYECTO DE LEY PROPIAMENTE TAL

Resumen ejecutivo: 1) Incorporar en denominación de la ley el racismo y/o xenofobia; 2) Importancia de reprochar expresamente el "antisemitismo". En el mundo de los Derechos Humanos esto se conoce como el Principio de Redundancia; 3) Incorporar agravante artículo 12 N° 22 en términos similares a los del Código Penal Español, y 4) Incorporar artículo 137 bis al Código Penal.

1° Reconocer expresamente al antisemitismo como una forma grave de discriminación:

Atendidas las circunstancias históricas recientes y remotas de persecución a la comunidad judía por todos conocidas y sus resabios en las culturas cristiano occidentales, debe incluirse sin complejos la indicción del antisemitismo como una forma precisa e inaceptable de discriminación.

Por ello se propuso en su oportunidad -y así constó en una indicación de los Honorables Senadores señores Chadwick y Girardi –incluir en el entonces artículo 3° de la futura ley, actual artículo 2°, dicha expresión.

Lamentablemente, el texto final del artículo 2° no lo recoge de la misma forma, ni tampoco lo hace la agravante que se propone incorporar al artículo 12 del Código Penal, bajo el numerando 21.

En este sentido, estimamos que el proyecto de ley adolece de un perturbador déficit que debiera ser subsanado.

2° Precisar la redacción de la causal agravante que será incorporada en el artículo 12 N° 21.

La actual redacción resulta imprecisa y corresponde a una técnica legislativa deficiente, como es la llamada ley penal en blanco impropia (remisión al complemento de otra ley), que genera problemas interpretativos cuando la ley “de complemento” es modificada o reemplazada.

Por ello, resulta aconsejable redactar de manera autónoma la agravante en términos similares a la formulación contenida en el artículo 22 número 4 del Código Penal Español.

Dicha norma agrava la responsabilidad penal cuando se comete el delito “por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.

A ello, cabría adicionar la agravación por motivos de discriminación por sexo, la cual fue intencionalmente dejada de lado en el referido Código Penal Español, por estimarse que ello supondría el reconocimiento tácito de una desigualdad de sexos entre hombre y mujer.[97]

3° Creación de un delito de peligro abstracto, que sancione los actos de hostilidad en sí y no sólo la inducción a realizar acciones dañosas en contra de colectivos o sus miembros.

El artículo 137 bis limita el castigo a quienes:

a.- cometieren daños o

b.- incitaren a otros a causarlos en contra de personas o sus bienes,

c.- en cuanto el autor obre motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, en los términos que señala el artículo 2° de la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.

Sin embargo, se excluye la punición de actuaciones o expresiones que no involucran la producción de un daño (entendido como lesión física de la vida, integridad, salud, o bienes) pero que en sí son portadoras de una severa lesión para un bien jurídico fundamental como es la igualdad, y a la vez son portadoras de un enorme grado de peligro para los derechos fundamentales de los colectivos agraviados.

Nos referimos en particular a la realización de actos o expresión de palabras que en sí manifiesten odio, desprecio o amedrentamiento en contra de determinado colectivo o sus miembros.

Ello debiera ser materia de un delito especial, el cual ya existe[98] , pero limitado a la incitación y sólo en cuanto se proceda por un medio de comunicación social.

Por ello, proponíamos la inclusión del delito de hostilidad racial, el que debería ser redactado castigando a:

"El que por cualquier medio, realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento, respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien unidades tributarías mensuales.".

Entendemos que existen reparos a ello y, por ende, creemos factible revisar su redacción en la medida en que la ley paralelamente recoja las restantes observaciones sugeridas, ya que de lo contrario ésta se desnaturaliza por completo.”.

Complementando su intervención, el señor Zaliasnik presentó el siguiente cuadro comparativo:

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Para una mejor comprensión del debate de que se dará cuenta a continuación, es preciso resaltar que, en una primera fase, éste se llevó a cabo en la forma en que ordinariamente se efectúa este tipo de discusión, esto es, a partir del articulado sometido a su consideración y de las indicaciones presentadas a su respecto. En relación con ellos, la Comisión fue adoptando, en su momento, las decisiones correspondientes.

Sin embargo, se observó que los acuerdos alcanzados respecto de dichas normas e indicaciones aun daban lugar a inquietudes. Transcurrido un lapso significativo y habiendo asumido un nuevo Gobierno, la Comisión estimó que cabía revisar dichos acuerdos; atender las nuevas inquietudes y analizar otros antecedentes, todo lo cual la llevó a acordar la reapertura del debate.

Ello permitió reconsiderar las resoluciones anteriores y explorar fórmulas que resultaran satisfactorias para alcanzar de mejor manera los objetivos perseguidos por el proyecto. Como resultado de lo anterior, se alcanzaron las nuevas proposiciones que se plantean en la parte final de este informe.

Al iniciarse la discusión en particular de la iniciativa en estudio, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor José Antonio Gómez, ofreció la palabra al entonces Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo.

Éste manifestó que, efectuada una revisión de las indicaciones presentadas ante la Comisión, el Ejecutivo concordaba en términos generales con ellas.

Sugirió, entonces, centrar el debate en las indicaciones relativas al artículo 3°, precepto que define los actos o conductas de discriminación arbitraria.

Propuso, igualmente, prestar la debida atención a las observaciones formuladas por la Corte Suprema en relación a la acción especial que el proyecto contempla para conocer los conflictos que surjan de su aplicación.

Por último, en relación con las indicaciones presentadas por el Honorable Senador señor Arancibia, solicitó dejar constancia que las normas del Código Civil sobre diferenciación de sexo entre quienes contraen matrimonio y las de la ley N° 20.120, sobre investigación científica en el ser humano, su genoma y la prohibición de la clonación humana, regulan, respectivamente, lo concerniente al señalado requisito del matrimonio y a los actos de discriminación arbitraria fundados en el estado de desarrollo biológico del ser humano a partir de la concepción. En consecuencia, sostuvo que, en su opinión, no cabía abordar las señaladas materias durante este debate.

En cuanto a esta última observación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Gómez, hizo notar que la indicación número 7.2, del Honorable Senador señor Zaldívar, don Adolfo, era coincidente con la del Honorable Senador señor Arancibia pues se orientaba a impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Enseguida, dio por iniciado el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, las que se refieren al texto que fuera despachado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en su Informe Complementario del Segundo Informe.

A continuación, se efectúa una relación de ellas, explicándose las disposiciones en que inciden, así como los acuerdos adoptados sobre las mismas.

Artículo 1°

Su texto es el siguiente:

“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.”.

En relación a este precepto, se presentaron las indicaciones números 1 y 2.

La número 1, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Larraín, don Hernán, sustituye el artículo 1º propuesto, por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

La número 2, del Honorable Senador señor Arancibia, reemplaza el artículo 1º propuesto, por el siguiente:

“Artículo 1°.- La presente ley interpretativa de la Constitución tiene por objeto prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Gómez, puso en discusión estas indicaciones.

El honorable Senador señor Chadwick señaló que la intención de la indicación número 1 consiste en hacer esta ley concordante con nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, agregó que correspondía limitar lo que se entiende por discriminación a aquello que señala la Constitución Política y los tratados internacionales, los cuales reflejan compromisos que el Estado de Chile ha contraído en esta materia.

El ex Ministro señor Viera-Gallo apoyó el texto propuesto por la indicación número 1, proponiendo agregarle la expresión ”o grupo de personas” después de la palabra “persona”.

El Subsecretario señor Riveros sugirió, por su parte, suprimir la expresión “que se ejerza” puesto que, a su juicio, en muchos casos ella podría generar problemas de prueba.

La Honorable Senadora señora Alvear compartió tanto la redacción de la indicación número 1 cuanto las sugerencias recién planteadas.

El Honorable Senador señor Chadwick, a su vez, postuló la conveniencia de mantener la expresión “que se ejerza”, por cuanto, a su juicio, ella da cuenta del principio activo que supone todo acto o conducta de discriminación arbitraria.

En definitiva, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión aprobó esta indicación número 1, con la enmienda consistente en intercalar la expresión “o grupo de personas” en la forma propuesta. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Gómez y Muñoz, don Pedro.

Los mismos señores Senadores desecharon la indicación número 2.

En consecuencia, este artículo 1° se reemplazó por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria que se ejerza en contra de cualquier persona o grupo de personas, que suprima o menoscabe los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”. (Indicación 1. 4 x 0).

Como ya se ha anunciado y se explicará más adelante, reabierto el debate sobre el proyecto, el texto de este artículo 1° fue modificado en la forma en que se indicará.

Artículo 2°

Su texto es el que sigue:

“Artículo 2º.- Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas.”.

A esta disposición se presentó la indicación número 3, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Larraín, don Hernán, para suprimirla.

El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que esta disposición tiene un carácter meramente declarativo y que, por ello, podría considerarse innecesaria pues su objetivo ya está recogido por la propia Carta Fundamental y también por el texto del artículo 1° del proyecto.

La Comisión acogió esta indicación con la misma votación recién consignada.

Para los efectos de la historia de la ley, la Comisión dejó constancia que consideró innecesario este precepto, en atención a que sobre el Estado ya pesa un mandato constitucional coincidente con el tenor de esta disposición.

Artículo 3°

Es del siguiente tenor:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socieoeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.638, las distinciones que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.”.

A este precepto se presentaron las indicaciones números 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5.

La número 4, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Larraín, don Hernán, sustituye el artículo 3º propuesto, por el siguiente:

“Artículo 3º.- Para los efectos del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y el correspondiente recurso de protección que se encuentra consagrado en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, se entenderá, entre otros, por actos o conductas de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, de carácter arbitrario, basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión o creencias, nacionalidad o ascendencia nacional, origen social y o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, que tengan por objeto privar, perturbar o amenazar, el legítimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales a la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

La número 5, de los mismos señores Senadores, presentada en subsidio de la anterior, sustituye el artículo 3º propuesto, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión o preferencia que sea contraria a la razón, la justicia o las leyes, y que tenga por objeto privar, perturbar o amenazar, el legitimo ejercicio y goce de los derechos y garantías esenciales de la persona humana consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".

La número 6, de S.E. la señora Presidenta de la República, introduce las siguientes enmiendas al artículo 3°:

6.1. Reemplazar en su inciso primero, la frase “en motivos de” por la frase “en motivos tales como la”.

6.2. Agregar, a continuación de las palabras “ideología u opinión política”, las siguientes: “religión o creencia,”.

6.3. Agregar, en su inciso segundo, a continuación de la palabra “distinciones”, los términos “exclusiones, restricciones o preferencias”.

La número 7, del Honorable Senador señor Zaldívar, don Adolfo, introduce las siguientes enmiendas al artículo 3°:

7.1. Suprimir, en el inciso primero, las palabras “orientación sexual” y la coma (,) que sigue, y

7.2. Agregar, como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

“Lo anterior no permitirá, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, autorizar vínculo matrimonial distinto del consagrado en el artículo 102 del Código Civil.”.

La número 8, del Honorable Senador señor Arancibia, introduce las siguientes enmiendas al artículo 3°:

8.1. Sustituir su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, estado civil, edad o estado de desarrollo biológico a partir de la concepción o unión de los gametos masculino y femenino y en cualquiera de sus etapas posteriores, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.”.

8.2. En subsidio de la anterior, sustituir el señalado inciso primero por el siguiente:

“Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada, caprichosa o irracional de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, cuando ello se produzca a raíz de una ponderación injusta o desproporcionada de los méritos o idoneidad de una persona o grupo de personas, en relación a los fines que corresponden de suyo a una actividad o que con ella razonablemente se pretenden alcanzar, sin desvirtuar su naturaleza.”.

8.3. Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Lo anterior no permitirá, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, autorizar vínculo matrimonial distinto del consagrado en artículo 102 del Código Civil.”.

8.4. Sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.638, las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.”.

8.5. Agregar la siguiente oración al inciso tercero del actual artículo 3°:

“Lo anterior, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá afectar el derecho de los niños y adolescentes a vivir en una familia constituida por un vínculo matrimonial según la definición de matrimonio consagrada en el artículo 102 del Código Civil.”.

Puestas en discusión las indicaciones presentadas a este precepto, el Honorable Senador señor Chadwick explicó el sentido de las que llevan los números 4 y 5.

Señaló que la número 4 persigue reforzar una idea planteada durante la discusión de esta iniciativa en cuanto a que resulta complicado el hecho de que una misma materia quede regulada por dos recursos distintos. En efecto, dijo, la Constitución consagra, en el artículo 19, numeral 2°, la no discriminación arbitraria y, por otra parte, establece el recurso de protección. A su vez, el proyecto crea un nuevo recurso jurisdiccional relativo a la misma materia.

Sostuvo que esta indicación propone, en el fondo, una norma interpretativa del señalado número 2° del artículo 19, cuyo objetivo es determinar qué conductas deben ser consideradas como discriminación arbitraria, manteniendo la procedencia del recurso de protección. De este modo, se dará mayor aplicación a la norma constitucional pues se ha afirmado que el indicado recurso tiene escasa aplicación práctica en relación con la garantía constitucional de la igualdad ante la ley por falta de una cultura jurisprudencial que aborde el tema de la discriminación arbitraria. Así, añadió, se contribuye a solucionar un problema técnico, cuyas consecuencias inciden en cuál de los recursos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico deberá priorizarse y se evitan los conflictos a que podría dar lugar la existencia de resoluciones distintas en una misma materia.

Enseguida, en relación a la indicación número 5, el mismo señor Senador explicó que ella se ha presentado en subsidio de la anterior y que su redacción busca consagrar la discriminación solamente respecto de actos o conductas que afecten los derechos esenciales garantizados por la Carta Fundamental o los tratados internacionales en forma amplia, sin limitarlos a una enumeración o a una nómina de aquellos casos que en este momento se consideran como discriminación. Dicha enumeración de casos, agregó, podría no tener fin o, peor aún, las causales que no se incluyan en la definición podrían considerarse como no discriminatorias y quedar al margen de la regulación de esta ley.

En relación al inciso primero de este artículo 3°, el ex Ministro señor Viera-Gallo formuló tres proposiciones.

En primer lugar, sugirió eliminar la expresión “injustificada”. En segundo término, propuso acoger la indicación número 6.1, que reemplaza la frase “en motivos de” por “en motivos tales como la”. Por último, planteó aprobar la indicación número 6.2 para agregar, a continuación de la expresión “ideología u opinión política”, las palabras “religión o creencia”.

Por razones de coherencia entre ambos incisos, el Subsecretario señor Riveros sugirió, además, acoger la indicación número 6.3, relativa al inciso segundo de este artículo 3°.

El Honorable Senador señor Chadwick instó a considerar separadamente los dos incisos que componen esta norma.

Respecto del inciso primero, procedió a retirar la indicación número 4 y sugirió que el debate se desarrollara a partir del texto propuesto en la indicación número 5.

Afirmó que esta última presenta diferencias conceptuales que convenía destacar. En efecto, connotó una vez más que no era posible recoger en una enumeración la totalidad de las situaciones de discriminación que pueden darse en la realidad. Por lo tanto, opinó que era más eficaz consagrar una norma que establezca una hipótesis sustancial y genérica, como lo hace la referida indicación número 5.

Por otra parte, informó que esta indicación elimina la expresión “injustificada”, pues no corresponde que sea la ley la que determine o zanje a priori lo que constituye una conducta de discriminación arbitraria. Hizo presente que como la Constitución Política permite establecer diferencias -en tanto no sean arbitrarias-, cualquier acusación de discriminación injustificada debería ser debatida, probada y sometida a la decisión judicial. En consecuencia, estimó esencial no entregar a la ley la calificación de injustificada de una conducta determinada.

Insistió en que la redacción de la indicación número 5 abre la posibilidad de discutir en sede judicial las distintas situaciones que puedan estimarse arbitrarias.

La Honorable Senadora señora Alvear sostuvo que la redacción propuesta por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para este precepto expresa con claridad sus propósitos y, además, despeja cualquier posible duda en el sentido de que este proyecto abra la puerta a matrimonios entre personas de un mismo sexo o a la posibilidad de que parejas constituidas por éstas efectúen adopciones. Si en algún momento se pretendiera consagrar estos objetivos, dijo, se requeriría de otra ley que los autorizara expresamente

Señaló que, dilucidado lo anterior y teniendo presente la excepción consagrada en el inciso segundo para las entidades religiosas, la redacción de este artículo le parecía adecuada y representaba, además, un importante avance.

El señor Estévez hizo presente que durante el debate habido en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, este tema fue largamente discutido. Enseguida, coincidió con la propuesta de eliminar la expresión “injustificada”.

En relación con la forma en que el proyecto debe consagrar los casos de discriminación arbitraria, informó que el Derecho Comparado ha optado por el camino de las enumeraciones, dejando abierta la posibilidad de incluir en éstas nuevas situaciones. De este modo, afirmó, la protección de los derechos de las personas resulta más adecuada.

La ex Ministra señora Albornoz destacó la importancia de consagrar en este precepto la mención al “sexo” y también al “género”, pues la alusión del primero no cubre una serie de discriminaciones que perjudican principalmente a la mujer. Resaltó que distintas convenciones internacionales utilizan la expresión “género” y que las políticas públicas chilenas también contemplan esta dimensión. Hizo notar, asimismo, que en el año 2007 un grupo de Diputadas del Partido UDI promovió un proyecto de acuerdo mediante el cual se instaba al Gobierno a incorporar en los programas educacionales esta noción.

Analizando el contenido del artículo en estudio, el Honorable Senador señor Espina manifestó que no lograba despejar ciertas dudas sobre su alcance.

Señaló que comprendía que los Tribunales han hecho una aplicación restrictiva del recurso de protección interpuesto en contra de las discriminaciones arbitrarias y que, en razón de ello, el proyecto venía a explicitar y propiciar que esos casos aumentaran. No obstante, expresó que tenía aprensiones en torno a distintas situaciones en las cuales no veía cómo podría compatibilizarse en el futuro esta ley con otras, como, por ejemplo, las reglas que el Código del Trabajo dedica a los actos de discriminación.

El ex Ministro señor Viera-Gallo hizo referencia al artículo 2° del recién mencionado Código, que determina que son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación y define estos últimos, prescribiendo que “Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivo de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación.”. Expresó que la misma norma precisa, además, que, “Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación.”.

Agregó que, a su vez, el artículo 485 del mismo Código dispone que el procedimiento de tutela laboral se utilizará para conocer de los actos discriminatorios que menciona el referido artículo 2°

Afirmó que ante las distintas situaciones, será el juez respectivo el llamado a dirimir las controversias que puedan surgir. En todo caso, concluyó que así como el proyecto en análisis no se orienta a alterar la legislación civil sobre el matrimonio, tampoco deberá hacerlo con la normativa laboral.

El Honorable Senador señor Chadwick discrepó de esta última afirmación, señalando que esta ley amplía los campos que dan lugar a la discriminación arbitraria e incorpora criterios diferentes de los que se consagran hasta hoy.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Gómez, connotó que evidentemente la materia que se está tratando ofrece un gran nivel de complejidad y que la labor jurisdiccional será fundamental para que estas normas sean aplicadas en su recto sentido.

Enseguida, puso en votación las indicaciones recaídas en este artículo.

El resultado fue el siguiente:

La indicación número 4, como ya se señaló, fue retirada por su autor.

La indicación número 5 fue rechazada por tres votos en contra, uno a favor y una abstención. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz, don Pedro. A favor lo hizo el Honorable Senador señor Chadwick. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

La indicación número 6 fue desechada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz, don Pedro.

La indicación número 6.1, fue aprobada con enmiendas, por tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz, don Pedro. En contra lo hizo el Honorable Senador señor Chadwick. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

La indicación número 6.2, fue aprobada por tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz, don Pedro. En contra lo hizo el Honorable Senador señor Chadwick. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Fundamentando sus abstenciones, el Honorable Senador señor Espina expresó que el artículo en estudio se orienta en la dirección correcta al extender las causales de discriminación arbitraria, especialmente teniendo en consideración que el criterio de los Tribunales que han conocido de estas causas ha sido restrictivo.

Valoró altamente el principio de no discriminación contra las personas y enfatizó que sus abstenciones no guardaban relación alguna con factores tales como el sexo, la orientación sexual o el género, sino que con las dudas que todavía le asistían en relación con los efectos prácticos que esta disposición pueda provocar.

A su vez, la indicación número 6.3 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz, don Pedro.

Las indicaciones números 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 fueron desechadas por la unanimidad de los recién nombrados miembros de la Comisión.

En consecuencia, este artículo 3° pasa a ser artículo 2°, sustituido por el siguiente:

“Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socieoeconómica, el lugar de residencia, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en asociaciones gremiales, el sexo, el género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.638, las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.”. (Indicaciones 6.1 y 6.2, aprobadas por 3 x en contra y 1 abstención; e indicación 6.3, aprobada 5 x 0).

- - -

Cabe hacer presente que en relación con este precepto, se recordaron las opiniones escuchadas por la Comisión durante las audiencias con distintos invitados y expertos en lo concerniente a su quórum de aprobación y al carácter de norma interpretativa que ella tendría del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política. A raíz de lo anterior, la Comisión decidió estudiar en profundidad este aspecto, para lo cual requirió algunos informes.

En efecto, en apoyo del criterio de que la señalada norma tiene la naturaleza de interpretativa de la Constitución, la Comisión tuvo en consideración, entre otras, las opiniones de los profesores señores Arturo Fermandois y Álvaro Ferrer, de los especialistas de la Biblioteca del Congreso Nacional y de los señores Santiago Larraín y Juan Antonio Montes, de cuyas intervenciones ya se ha dejado constancia en este informe.

Con la finalidad de profundizar en este punto, la Comisión estimó conveniente conocer la opinión de los profesores señores Mario Verdugo, Francisco Zúñiga y Juan Domingo Acosta.

El Profesor señor Verdugo manifestó, en primer lugar, que tanto la doctrina nacional, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Constitucional coinciden en que una ley interpretativa tiene por finalidad proporcionar claridad y precisión a la redacción de una norma constitucional cuando su propio texto sea susceptible de originar confusión o desentendimiento. Se persigue con ello asegurar con esta interpretación su correcta, uniforme, armónica y general aplicación.

Por consiguiente, señaló que si el texto de la ley que se pretende interpretar no contiene nada ininteligible u oscuro, nada amerita su interpretación por una ley posterior.

Agregó que la disposición contenida en el numeral 2 del artículo 19 de la Ley Fundamental, en la que se asegura a todas la personas la igualdad ante la ley, tiene una redacción que no ha originado al intérprete dificultades en su aplicación práctica, de lo cual da crédito la abundante jurisprudencia judicial y del Tribunal Constitucional.

Explicó que, en tal sentido, ha cumplido un rol de gran importancia la preceptiva contenida en el inciso final del precitado numeral, que dispone que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, originado en una indicación del profesor señor Alejandro Silva Bascuñán, en la Sesión Nº 93 de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución.

Informó que el alcance de esta disposición es el siguiente:1) En la práctica, tanto el legislador como la autoridad se ven en la necesidad de establecer en el ámbito jurídico múltiples diferencias. Estas distinciones en algunas oportunidades son producto de la naturaleza; en otras, de la conveniencia social. Al efectuarlas, no se erosiona el principio de generalidad que caracteriza la ley; y 2) Lo que se proscribe son las distinciones arbitrarias y serán tales las que no se funden en la razón, en la justicia o no propendan al bien común. En síntesis, las que sólo representan un mero capricho y carecen de una motivación o fundamento racional (Sesión Nº 93 páginas 22 a 23).

Indicó que lo anterior aparece complementado con las disposiciones que sobre el tema de la igualdad y la proscripción de las discriminaciones se encuentran contenidas en los tratados y convenciones internacionales ratificadas y vigentes en nuestro país y que, por lo mismo, están incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental.

En atención a las consideraciones precedentes, opinó que la disposición en estudio no puede calificarse como ley interpretativa de un precepto constitucional por cuanto se circunscribe a ejemplarizar hipótesis vinculadas a la norma de jerarquía de rango constitucional.

Por su parte, el Profesor señor Francisco Zúñiga expresó que en la doctrina nacional, la ley interpretativa de la Constitución es un tipo específico de interpretación, denominada auténtica -a diferencia de las otras, conocidas como usual y doctrinal- que determina el sentido y alcance de una norma jurídica oscura, falta de claridad o imprecisión y que se afinca en un principio general del derecho romano recogido en la máxima “Ejus est legem interpretari, cujus est condere”. Explicó que el objetivo de este tipo de interpretación auténtica es la “verdadera, recta y provechosa inteligencia de la ley según la letra y la razón”.

Indicó que, de esta suerte, la interpretación de las normas es un procedimiento volitivo e intelectivo que acompaña el proceso de aplicación del derecho “en su tránsito de una grada superior a una inferior” y que trasunta en decisiones o actos normativos. Consecuencialmente, compete a los órganos jurídicos de aplicación y, en tal carácter, emerge la ley interpretativa. Tradicionalmente se entiende que la ley interpretativa, en relación a la ley interpretada, adquiere una unidad de significado normativo, dado el marcado carácter declarativo de su estructura, y por regla general tiene un efecto retroactivo. Así, se entiende usualmente que la ley interpretativa “tiene por finalidad aclarar las dudas surgidas por oscuridad o insuficiencia de otro texto legal. Como ley posterior y por su finalidad, predomina la ley interpretativa, siempre que provenga del mismo órgano legislativo y reúna iguales requisitos que la ley interpretada, ya que viene a ser una reforma o mejora de ésta”.

Señaló que la interpretación auténtica vía ley interpretativa es excepcional frente a la interpretación usual y doctrinal y que se emplea para “...rectificar discretamente la mala redacción de una ley, poner coto a una interpretación equivocada o indeseable de los tribunales o simplemente estrechar el ámbito de libertad dejado al intérprete y que se ha develado excesivo o peligroso”. En el fondo, el interés práctico de la ley interpretativa está en excluir el carácter de una nueva disposición, otorgándole así, implícitamente, efecto retroactivo al sentido delimitado o precisado que se autoriza, sea más restringido o más amplio, pero siempre distinto del que podría obtenerse de la misma norma. Por ello no es casual que para la doctrina francesa la ley interpretativa es sinónimo de ley supletoria y de efecto retroactivo.

Informó que la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema acerca del concepto de “ley interpretativa” se resume del modo siguiente:

a.- Se ha indicado que “aunque la legislación positiva no define la ley interpretativa o declarativa, la doctrina generalmente aceptada entiende por tal la ley que se propone aclarar o determinar el sentido dudoso, obscuro o controvertido de otra ley”, que “no puede calificarse de interpretativo el precepto que manifiestamente considera una situación no prevista en la ley más antigua” y que “no puede estimarse como ley interpretativa una ley posterior si la existente es de sentido claro, no se presta a dudas y no requiere interpretación”. (Corte Suprema, 4 de octubre de 1974, consid. 25º. R.t. 71, 2ª parte. Sec. 3ª, pág. 189).

b.- “… de acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del artículo 9º del Código Civil, es ley interpretativa aquella que se limita a declarar el sentido de otra ley y deberá entenderse incorporada en la ley interpretada, o sea, que únicamente precisa su sentido y alcance y viene a fijar el sentido incierto de la antigua:

Que todos los autores y la jurisprudencia de este Tribunal confirman esta tesis: así, entre los tratadistas nacionales, don Luis Claro Solar manifiesta que las leyes interpretativas “no son más que una declaración del sentido de una ley que se presta a dudas. Al decidir cómo entenderse una ley interpretada, el legislador se limita a reiterar su voluntad ya existente, no a hacer una nueva declaración de su voluntad”. Los señores Alessandri y Somarriva sostienen que las leyes interpretativas contienen una declaración del sentido de una ley que se presta a dudas, y agregan: “Para que una ley pueda calificarse de realmente interpretativa, debe limitarse a declarar el sentido de otro precedente, pues si contiene normas nuevas o diversas, no puede atribuírsele tal carácter”; y este Tribunal ha dicho en sentencias reiteradas que “no puede calificarse de interpretativo el precepto que manifiestamente considera una situación no prevista en la ley más antigua y que no puede estimarse como ley interpretativa una ley posterior si la existente es de sentido claro, no se presta y no requiere interpretación”. (Corte Suprema, 11 de octubre de 1976, consid. 14º y 15º. R.F.M. Nº 215, pág. 236. Corte Suprema, 30 de agosto de 1976, consid. 7º. R.F.M. Nº 213, pág. 169. En el mismo sentido: Corte Suprema, 1º de septiembre de 1980, consid. 7º, 2ª parte, sec. 1ª, pág. 163.)

Prosiguió señalando que, asimismo, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, muy sumaria en esta materia, expresa que:

“No corresponde, por medio de una ley interpretativa de una norma constitucional, agregar nuevos elementos a lo que ésta indica e introducir conceptos que no han sido siquiera insinuados por la Carta Fundamental. Ello implicaría una modificación de la disposición constitucional. Por medio de una ley interpretativa sólo cabe proporcionar claridad o precisión a la redacción de una norma constitucional, cuando su propio texto sea susceptible de originar confusión o desentendimiento, para asegurar con esa interpretación su correcta, uniforme, armónica y general aplicación” (STC Rol Nº 158, cons. 6º).

Añadió que en la doctrina científica nacional han abordado el estudio acerca de la naturaleza y concepto de “ley interpretativa” los profesores Silva Bascuñán y Cea Egaña.

Por vía ejemplar, hizo presente que en nuestro medio, en relación con la ley interpretativa, el profesor Silva Bascuñán señala: “Una ley interpretativa ha de referirse, según el artículo 82, Nº 1, (actual artículo 93 Nº 1), específica y particularmente a “algún precepto” de su normativa. Se trata, pues, aquí, de la interpretación explícita, deliberada, intencional, proveniente de los órganos colegisladores, llamada a generar efectos de carácter general, obligatorios para autoridades y gobernados.

Este tipo interpretativo se diferencia así, por otra parte, según su propia naturaleza, tanto del que tiene fuerza jurídica sólo para los casos particulares –como el que practica la Corte Suprema-, como del que carezca de imperatividad jurídica, por provenir únicamente del esfuerzo exegético propio de la docencia, de los comentarios de las autoridades o del público, o del sustentado en los trabajos de investigación o exposiciones relativos al derecho vigente”.

Acerca del contenido de la “ley interpretativa”, el señor Silva Bascuñan agrega que “Las leyes interpretativas constitucionales han de representar, en efecto, una forma de precisar o esclarecer el alcance de determinado precepto de la Carta. Sólo tienen cabida en aquellos sistemas jurídicos que, como el nuestro, se fundan en el constitucionalismo escrito. No son concebibles en los regímenes de cartas consuetudinarias, en los cuales lo sustantivo constitucional deriva racionalmente de su intrínseca materia ordenativa. Los problemas de interpretación constitucional son de diversa índole de aquellos que plantea la reforma de un precepto de tal jerarquía que se encuentre vigente; ésta, en la mayoría de los regímenes constitucionales, debe someterse a las reglas pertinentes del procedimiento de reforma de la Carta”. Y añade: “La cuestión que nos ocupa gira, entre tanto, en torno a la interpretación por el mismo legislador de un texto constitucional vigente y que se introduzca, como ya dijimos, como una declaración auténtica y forzosa sobre el exacto contenido ordenativo de determinado precepto de tal categoría y jerarquía. Dando a la hermenéutica derivada de la simple consideración y explicación de una norma constitucional, gobernantes y gobernados, en cuanto cumplen y concretan en los hechos la voluntad del constituyente, en cierto modo, la interpretan. Insensiblemente, en efecto, como consecuencia de la evolución de las sociedades, se va atribuyendo a la letra de los preceptos de la Carta una significación que genera variaciones de importancia, sobre todo en orden a la traducción de valores o determinación de finalidades, como podría ocurrir, por ejemplo, respecto de los conceptos de democracia, libertad, indemnización, etc.”

Indicó que el profesor Silva Bascuñán plantea que la posición jerárquica de las “leyes interpretativas” es planteada como superior a las leyes, ya que queda “…intelectual y sustancialmente confundida y sumida en la misma Carta Fundamental”; por lo que se alega de las leyes interpretativas aludidas en el artículo 3º del Código Civil, llegándose a confundir o difuminar los ámbitos competenciales de la potestad constituyente y de la potestad legislativa. Y afirma que “Si se parte de la base, como lo hace la letra del actual texto, de la posibilidad de modificar o derogar una ley interpretativa de la Constitución, ese presupuesto no guarda armonía, a nuestro juicio, con el contexto de la Carta Fundamental, puesto que, conforme a ésta, por una parte, la actuación del Poder Constituyente para reformar la Carta es sumamente compleja, y, por otra, al aceptar que las leyes interpretativas de la Constitución puedan ser modificadas o derogadas, los cambios sustanciales de su contenido resultan sumamente sencillos, lo que es contradictorio con el postulado de certeza, estabilidad y supremacía del constitucionalismo, fundamento de nuestro sistema jurídico.”

Por último, sostuvo que el mencionado profesor intuye que se desdibuja y hace inútil el poder constituyente originario y en especial derivado, con lo que la reforma constitucional pierde todo sentido si la “ley interpretativa” fija el sentido y alcance de una norma constitucional, la que puede a su vez ser modificada o derogada por otro cuerpo legal del mismo tipo, estableciéndose una unidad preceptiva y de eventual efecto retroactivo, propia de la lógica de la interpretación auténtica puramente legislativa.

Enseguida, el profesor Zúñiga se refirió a las leyes interpretativas y a su naturaleza y posición en el sistema de fuentes del derecho.

En esta materia, sostuvo que el estudio sumario de la misma reconduce a la teoría de las fuentes del derecho y a las potestades normativas del Estado, en especial la potestad constituyente y la potestad legislativa, y los principios conforme a los cuales se ordena el sistema de normas, materia que tiene un extraordinario desarrollo en la doctrina contemporánea. Además, debe estimarse que la ley interpretativa como genus por excelencia de la interpretación auténtica tiene importantes diferencias con la ley interpretativa de la Constitución como specie, ya que por una parte perteneciendo ambas al campo de la interpretación auténtica, la ley interpretativa de la Constitución no puede modificar o alterar la norma iusfundamental interpretada, ya que de lo contrario se puede producir una desconstitucionalización y “fraude a la Constitución” al sustituir la interpretación del legislador a la reforma de la Constitución, y por otra parte la interpretación de la Constitución exige que la norma iusfundamental presente oscuridad o falta de claridad, no pudiendo completar su significado (en cuanto a adicionar, rectificar o enmendar la norma iusfundamental interpretada), sino sólo proporcionar “claridad o precisión” a la redacción de la norma, como lo sostiene lúcidamente nuestra jurisprudencia constitucional.

Explicó que la desconstitucionalización es un proceso de degradación de la Constitución normativa, una verdadera patología de la vida política del Estado, ya que pone en vigencia un sistema constitucional distinto del normado en la Constitución formal o escrita, siendo instrumentos usuales de este proceso el falseamiento, la mutación y la ley interpretativa (K. Loewenstein, G. J. Bidart Campos, S. Linares Quintana), pudiendo anteceder a verdaderas crisis o rupturas del orden constitucional. A su vez, el “fraude a la Constitución” permite infringir la Constitución, una institución o una norma iusfundamental, al amparo de la Constitución, usando una norma o disposición diversa (G. Burdeau).

Arribar a esta definición de la ley interpretativa de la Constitución es resultado de situar este tipo específico de ley en la teoría de las fuentes formales del derecho y tratar a éste como un sistema de normas. En cuanto a las fuentes formales la ley, es una fuente que goza de primariedad, aunque la Constitución no recepciona un concepto unívoco de ley, a lo sumo una tipología en el artículo 66 que desglosa las figuras siguientes: ley interpretativa de la Constitución, ley orgánica constitucional, ley de quórum calificado y ley ordinaria, gozando todas ellas de la misma jerarquía normativa al ser fruto de la potestad legislativa, como lo confirma nuestra jurisprudencia constitucional, por lo que sus diferencias arrancan del principio de competencia y de especialidad procedimental. A esta tipología se suma la ley de quórum calificadísimo (artículo 63 Nº 16), la ley delegatoria (artículo 64) y la creación jurisprudencial de la “ley de bases”. Desde el punto de vista de las normas que componen el sistema jurídico, las relaciones de tales normas se verifican en cuatro dimensiones: vertical, horizontal, de profundidad y temporal, correspondiendo a éstas los principios de jerarquía normativa, competencia, procedimiento y sucesión cronológica respectivamente (Santamaría Pastor).

Dijo que, en este cuadro, la ley como genus y la ley interpretativa como specie se sitúan jerárquicamente en la posición de ley, fuente primaria del sistema e infraconstitucional, competencialmente en el dominio de la ley y fruto de la potestad legislativa, y procedimentalmente se someten a un quórum especial de tres quintas partes de diputados y senadores en ejercicio para su aprobación, modificación o derogación.

Expresó que de lo expuesto podía colegirse que la ley interpretativa de la Constitución tiene una posición jerárquica de ley y que dada su naturaleza limitada (fijar el sentido y alcance de un precepto oscuro, o como dice nuestra jurisprudencia constitucional, proporcionar “claridad o precisión” a la redacción de la norma), posee unidad de significado con la norma iusfundamental interpretada, sin que ello pueda importar modificar o alterar la norma iusfundamental. Esto transforma en esencial el control preventivo y obligatorio de constitucionalidad (material, formal y competencial) por el Tribunal Constitucional de este tipo de leyes (artículo 93 Nº 1).

Hizo presente que una lectura distinta conduce a señalados yerros y peligros. Primero, el vaciamiento legislativo de la Constitución bajo el pretexto de la interpretación auténtica induce a desconstitucionalizar la Constitución y eventualmente abre la puerta al “fraude de la Constitución”, haciendo por lo demás inútil la potestad constituyente derivada y el procedimiento de reforma constitucional reglado en el Capítulo XV de la Carta Política. Luego, otro peligro no menor es el quebranto del principio democrático que está en la base del edificio estatal y del plexo de potestades públicas o normativas, y del cual pende el principio de jerarquía normativa y el quebranto de la supremacía de la Constitución, al quedar ésta expuesta a su desconstitucionalización y fraude.

Sostuvo que en esta misma perspectiva es menester recordar que en nuestro medio, el constitucionalista clásico don Jorge Huneeus, en su obra “La Constitución ante el Congreso”, es muy esclarecedor en el tema de la posición de las “leyes interpretativas” en las coordenadas de la Carta de 1833, en que impera un control político de constitucionalidad de las leyes. Señaló que “Refiriéndonos al discurso que entonces pronunciamos y que cita al pié, sostenemos hoy, como tuvimos el honor de sostenerlo entonces, que las leyes interpretativas de la Constitución pueden derogarse por otra ley, sin sujetarse a lo dispuesto para el caso de reforma constitucional por los artículos 165 a 168. Los artículos 40 y siguientes establecen las reglas a que debe sujetarse la formación de todas las leyes. De esas reglas exceptúan los artículos 165 a 168 sólo las referentes a la reforma de la Constitución, sin mencionar ni incluir en la excepción a las leyes interpretativas, a pesar de que acababa de referirse a éstas en el artículo 164. Luego, es claro que tales leyes quedan sujetas a la regla general”. “Sería, por otra parte, tan absurdo ante los principios como chocante en el hecho, suponer siquiera que una ley formada como todas y sin sujeción a las reglas especialísimas que es menester observar para dictar un precepto constitucional, adquiriera este último carácter y no pudiera ser modificada o derogada sino como disposición fundamental. ¿A qué clase de lógica obedecería semejante sistema? Aceptado que fuera, podría resultar que una simple ley, so pretexto de llamarse interpretativa, derogara la Constitución, cosa que entre nosotros es de todo punto inadmisible.”

Recordó que siempre refiriéndose a la naturaleza de las “leyes interpretativas”, Huneeus agrega que “No se puede argumentar en contra de nuestra opinión con el artículo 9º del Código Civil, pues él, como lo hemos dicho ya al ocuparnos del artículo 133 de la Constitución, es simple ley y no precepto constitucional; es valla para el juez, pero no para el legislador. Este último no reconoce más trabas en el ejercicio de sus funciones legislativas que las que la Constitución le impone, y desde que ésta no le impone la de no poder reformar o derogar las leyes interpretativas en la misma forma que todas las otras, menos únicamente las de reforma constitucional, es tan claro como la luz del día que puede hacerlo sin el más mínimo embarazo”.

Concluyendo su análisis, el profesor Zúñiga afirmó que no se divisa que la norma en consulta revista caracteres de “ley interpretativa de la Constitución”, dado el significado consolidado del principio de igualdad constitucional y de la garantía de interdicción de la discriminación arbitraria, sino que simplemente, a su juicio, este precepto es una norma o ley de desarrollo de la Constitución, encuadrable en el tipo de ley ordinaria y que versando sobre derechos fundamentales y sus garantías (artículo 19 Nº 2), quedan a resguardo de la potestad estatal expresada en la ley formal-material a través de las garantías normativas de reserva legal y de aseguramiento del contenido esencial (artículo 19 Nº 26), garantías justiciables a través de los controles de constitucionalidad residenciados en el Tribunal Constitucional.

Asimismo, indicó que a nuestro ordenamiento jurídico se han incorporado tratados solemnes y multilaterales del sistema de Naciones Unidas, que en cuanto fuentes infraconstitucionales tienen aplicación preferente en nuestro ordenamiento jurídico, aplicación preferente cualificada por la garantía institucional del artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución, tratados que le han conferido significado preciso al principio de discriminación arbitraria y que han recepcionado el principio de discriminación inversa o compensatoria, a saber, el artículo1º de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960-1971), el artículo1º de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965-1971), el artículo 1º de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979- 1989), y los artículos 2º y 28 de la Convención sobre derechos del niño (1989-1990), entre otros instrumentos. Agregó que tales definiciones y estándares discriminatorios son un antecedente relevante para la legislación de desarrollo de esta importante garantía constitucional.

También en relación con el quórum que se requeriría para aprobar la norma en estudio, la abogada de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Alejandra Voigt, reiteró los planteamientos que esa institución formuló sobre la materia en análisis, que ya han sido consignados en este informe.

Advirtió que en este punto del debate se produce un conflicto entre dos vertientes distintas. Por una parte, podría entenderse que cambia la naturaleza del principio de igualdad consagrado por la Carta Fundamental al basarlo en los efectos concretos que un acto de discriminación arbitraria pueda producir. Dijo que, en este caso, el énfasis de una cuestión que era subjetiva, se desplaza hacia los efectos del acto, pues la arbitrariedad se presumiría según el mérito de dichos efectos. Reiteró que, tal como ya tuviera oportunidad de expresarlo en los informes antes transcritos, al consagrar el principio de igualdad, el Constituyente no quiso en ningún momento delegar la definición del mismo a la ley.

Por otra parte, desde el punto de vista del efecto útil de las normas, previno que al conocer un recurso en contra de un acto de discriminación arbitraria, las Cortes de Apelaciones aplicarán la disposición en estudio y no la de rango constitucional, lo que irá en desmedro de esta última.

Finalmente, se conoció la opinión del profesor señor Juan Domingo Acosta en torno a la disposición en análisis.

En primer lugar, el profesor Acosta hizo un extenso análisis de la misma, concluyendo que en la redacción que se propone agregar sería necesario redefinir el concepto de “discriminación”, porque, aseguró, según la redacción de la Comisión, esta expresión difiere de la idea de arbitrariedad que la Constitución requiere para que ella sea considerada ilegítima. Para corregir este defecto formuló dos propuestas. La primera consiste en intercalar el adjetivo “injustificada”, después de la expresión “toda forma”. Diría, entonces, “para los efectos de esta ley se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión,...”. Alternativamente, propuso lo siguiente: “para los efectos de esta ley se entenderá por acto o conducta de discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria...”.

Además, sugirió intercalar la palabra “legítimo”, de manera que el artículo señale que “Para los efectos de esta ley se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia cometida por agentes del Estado o particulares, que prive o perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución.”.

El profesor Acosta estimó que con estas enmiendas se corregirían los defectos que él detectó en esta definición de acto o conducta de discriminación arbitraria.

A continuación, examinó el concepto “discriminación arbitraria”.

Al efecto, y luego de hacer un contrapunto entre las definiciones del Diccionario de la Real Academia y la contenida en el inciso primero del artículo 2º del proyecto de ley, concluyó que tratándose de una definición de carácter legal, debe aplicársela en forma preferente a la que resulta del sentido natural y obvio de las palabras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil, que es de carácter general.

Prosiguió señalando que, por consiguiente, de aprobarse como ley el proyecto en análisis, su aplicación deberá hacerse considerando la expresión “discriminación arbitraria” en el sentido definido por ella y no en su sentido natural y obvio.

De allí la importancia de que esta definición sea correcta y clara, enfatizó.

En seguida, afirmó que, en su opinión, la frase “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares” se identifica con el concepto de “discriminación” en términos amplios. Hasta este punto, acotó, no es posible entender que se trata de una discriminación arbitraria ya que es perfectamente posible que un agente del Estado o un particular realice un acto o conducta “de distinción, exclusión, restricción o preferencia” y sea perfectamente legítima.

Sobre este aspecto, señaló numerosos ejemplos, como el artículo 19 del Código del Trabajo, que establece que el 85% de los trabajadores de sirvan a un mismo empleador serán de nacionalidad chilena; el artículo 8º de la ley Nº 18.168, que dispone que las concesiones de telecomunicaciones sólo pueden otorgarse a personas jurídicas; la Ley de Navegación (Decreto Ley Nº 2.222), que establece una serie de discriminaciones –no arbitrarias- a favor de los chilenos; el artículo 13 de la Ley Nº 19.253, que dispone que las tierras indígenas no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia, etc.

Enfatizó que la aplicación de estas normas (entre otras) y su acatamiento por las personas supone un acto discriminatorio, aunque no arbitrario, a favor de algunas personas y en perjuicio de otras. Precisó que si bien se trata simplemente de ejemplos, ellos demuestran que la sola discriminación (en que se distingue, excluye, restringe o prefiere a determinadas personas respecto de otras) no es en sí misma un acto reprochable.

Señaló, luego, que en la lógica del proyecto de ley en estudio, el acto o conducta “de distinción, exclusión, restricción o preferencia” constituirían casos de discriminación arbitraria cuando ellos constituyen una privación, perturbación o amenaza a “el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

En este punto reparó que el proyecto pretende regular y complementar el principio de igualdad ante la ley y el de no discriminación arbitraria por parte de la misma y del Estado y sus agentes. Recordó que así, por lo demás, lo hicieron constar varios Ministros de la Excma. Corte Suprema en el Oficio N° 58, de 3 de mayo de 2005.

Agregó que, siendo así, la igualdad ante la ley y la prohibición de no establecer discriminaciones arbitrarias es un derecho constitucional reconocido en el artículo 19, número 3°, de la Carta Fundamental. Sin embargo, añadió, si este derecho constitucional constituye el principio rector en materia de igualdad ante la ley y de no discriminación, la definición de discriminación del artículo 2º del proyecto de ley incurre en una tautología pues discriminación arbitraria sería toda discriminación (“toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia”) que establece diferencias arbitrarias.

Por otro lado, añadió, si bien el artículo 2º del proyecto no se remite en forma específica al artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política, sino al “ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, esta remisión más amplia a derechos consagrados en la Carta Fundamental, en la ley y en los tratados internacionales, puede conducir a problemas de interpretación y aplicación de la nueva normativa.

De otra parte, indicó, que la sola circunstancia de que el acto o conducta “prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes…” no determina que la discriminación sea necesariamente arbitraria. El artículo 20 de la Constitución Política, que consagra el recurso de protección de las garantías constitucionales, da luces sobre el particular.

Explicó que, desde luego, el artículo 20 de la Carta Fundamental entiende que son cosas distintas (i) la privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales; y, (ii) que el acto u omisión que provoca ese efecto sea arbitrario o ilegal. De hecho, si hay privación, perturbación o amenaza al ejercicio de un derecho constitucional pero por un acto u omisión que no es arbitrario o ilegal, no procede el recurso de protección. Se trata de exigencias distintas y copulativas: la afectación de derechos y la arbitrariedad o ilegalidad del acto.

A su juicio, el proyecto de ley tiende a confundir una característica que debe tener el acto discriminatorio (arbitrariedad) con su efecto: afectar ciertos derechos. También en este caso, dijo, esta confusión puede generar problemas de interpretación y aplicación, en particular si el artículo 3º del proyecto se remite al recurso de protección como instrumento para exigir cautela en casos de discriminación arbitraria.

Luego, resumió sus cuestionamientos a la definición de discriminación arbitraria contenida en el artículo 2º del proyecto en tres puntos:

- en cuanto se asocia este proyecto de ley al principio fundamental de igualdad ante la ley y prohibición de no establecer diferencias arbitrarias, resulta tautológico;

- en cuanto identifica el carácter arbitrario de un acto o conducta con la privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados internacionales, confunde una característica del acto con su efecto, lo cual es lógicamente incorrecto y puede producir confusiones, en particular en la aplicación del artículo 20 de la Constitución Política y artículo 3º del proyecto, y

- en cuanto define la arbitrariedad en base a la privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados internacionales también puede generar problemas hermenéuticos y de aplicación, ya que muchas normas de rango legal o inferior, que establecen discriminaciones concretas, podrían entenderse derogadas tácitamente por el proyecto de ley.

Planteó que los problemas antes señalados se producen porque en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo la expresión que se definía era la “discriminación”, en tanto que el adjetivo “arbitraria” se incluía en la definición misma.

Advirtió que, en cambio, el texto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado ha invertido los términos, estableciendo como objeto de la definición la “discriminación arbitraria”, eliminando ese adjetivo (y cualquier otro elemento normativo semejante) de la definición misma.

En su opinión, según lo anterior, es necesario redefinir el concepto de discriminación. Para ello, sugirió dos posibilidades alternativas. Por un lado, introducir un elemento normativo que permita calificar los actos discriminatorios para entender cuándo son efectivamente arbitrarios. Planteó usar la palabra “injustificado”, que conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa “no justificado”. A su vez, “justificado” significa, de acuerdo a ese mismo Diccionario: “1. Conforme a justicia y razón. 2. Que obra según justicia y razón.” De adoptarse esta alternativa, el texto quedaría como sigue:

“Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, …”.

La otra alternativa, prosiguió explicando, consistiría en reformular la norma en los términos contenidos en el proyecto de ley original enviado por el Ejecutivo, en que el objeto de la definición es la expresión “discriminación”, en tanto que el adjetivo “arbitrario” se incluye en la definición misma. Ello supone adecuar el resto del articulado del proyecto de ley. De adoptarse esta alternativa, el texto quedaría como sigue:

“Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política….”.

Por último, se refirió a la segunda parte del artículo 2º del proyecto, “…en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos tales como….”.

Expresó que, si se entiende que la numeración que sigue se refiere a los motivos del acto o conducta y no a los “derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales”, no habría reparos que formular.

Insistió en que, en caso de entenderse en esa forma la segunda parte de la norma del proyecto de ley, la discusión de “si la orientación sexual” constituye o no un derecho de las personas, carece de sentido.

En cambio, destacó, de lo que se trata es que nadie puede discriminar arbitrariamente a otro teniendo como motivo la orientación sexual u otro semejante si, con ello se le priva, perturba o amenaza el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales. Es decir, para que haya discriminación arbitraria no basta con que se distinga, excluya, restrinja o prefiera a alguien en razón de su orientación sexual si, además, no se demuestra que se han afectado sus derechos reconocidos en la Constitución Política, las leyes y los tratados internacionales.

Desde otro punto de vista, destacó que el texto del proyecto no exige que el acto o conducta prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de ciertos derechos, a diferencia del artículo 20 de la Constitución Política de la República que a propósito del recurso de protección sí exige que el ejercicio de los derechos sea legítimo. La verdad es que quien abusa de un derecho o lo ejerce ilegítimamente, lo desborda y no lo está ejerciendo verdaderamente, de tal manera que la exigencia parece innecesaria. Sin embargo, para despejar toda duda de que el proyecto de ley no está amparando el abuso en el ejercicio de los derechos y concordar su texto con el del artículo 20 de la Constitución Política, es preferible incluir la palabra “legítimo”.

En síntesis, el texto –según su propuesta- quedaría como sigue:

“Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socieoeconómica, el lugar de residencia, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en asociaciones gremiales, el sexo, el género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad.”

En este punto del debate, el Honorable Senador señor Chadwick hizo presente que solamente se encontraba pendiente el análisis del quórum con que debía aprobarse la disposición en estudio. Puso de relieve que en la Comisión de Derechos Humanos la materia tratada por este precepto se analizó largamente, realizándose un extenso debate constitucional en que también participó el Ejecutivo.

Los Honorables Senadores señores Gómez, Presidente, y Muñoz, don Pedro, manifestaron que, en estas circunstancias, sólo se revisaría lo relativo al quórum con que debía aprobarse este artículo.

Sin embargo, en una sesión posterior, la Comisión reanudó el debate sobre esta disposición, tanto desde el punto de vista de su quórum de aprobación como en cuanto a su contenido.

En relación con el referido quórum de aprobación de esta norma, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, opinó que el punto en análisis constituía el nervio de las inquietudes pues se trataba de dilucidar si el precepto en estudio va más allá del texto constitucional. Puso de manifiesto que la Carta Fundamental permite efectuar ciertas diferenciaciones, en tanto éstas no sean arbitrarias. En este contexto, opinó que la norma en análisis sería más bien modificatoria de la Constitución, agregando, además, que el inciso segundo presenta alguna incoherencia con el primero. Analizó los casos planteados por el profesor señor Acosta y sostuvo que probablemente se estaba llegando demasiado lejos con estas enmiendas.

Posteriormente, la nueva Presidenta de la Comisión, Honorable Senadora señora Alvear, se refirió a los antecedentes que se han presentado en este debate que dan cuenta de las prácticas discriminatorias que se producen en nuestro país. Lo anterior, sostuvo, demuestra la necesidad de contar con una ley especial que regule esta materia. Expresó que los casos señalados por el profesor señor Acosta no necesariamente constituyen discriminación, pues, por ejemplo, los requisitos que se exigen para optar a un determinado empleo son enteramente admisibles.

Enfatizó que una ley como la que se está estudiando es plenamente necesaria, pues nuestro ordenamiento jurídico no la contempla.

En cuanto al quórum de aprobación de la disposición en análisis, hizo presente que los informes de los profesores señores Verdugo y Zapata proporcionan razones fundadas para sostener que no se trata de una norma interpretativa de la Constitución.

En términos generales, se manifestó partidaria del proyecto en estudio, sin perjuicio de advertir sobre la existencia de aspectos que deben perfeccionarse.

El Honorable Senador señor Espina, por su parte, se mostró de acuerdo con la idea de legislar en materia de no discriminación, en el entendido de que ello no termine generando más conflictos que soluciones.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, manifestó que es claro que la Carta Fundamental consagra el principio de igualdad ante la ley y proscribe las discriminaciones arbitrarias. Sin embargo, agregó que esas normas, que deberían ser suficientes para proteger a las personas, aparentemente se aplican poco.

Por lo anterior, consideró necesario disponer de antecedentes que den cuenta de la aplicación que en estos momentos tiene el recurso de protección, de manera de verificar en qué medida las garantías constitucionales están cauteladas. Esto, dijo, debería ser previo al análisis del quórum de aprobación del precepto en estudio.

Sobre la base de estas consideraciones, en este punto del debate la Comisión estimó pertinente escuchar al abogado constitucionalista señor Patricio Zapata tanto en relación con el contenido de la disposición en análisis como sobre el quórum necesario para aprobarla.

El señor Zapata anunció que, primer término, formularía algunas observaciones generales en relación con el proyecto. Señaló que más de cinco años han transcurrido desde que el ex Presidente señor Ricardo Lagos ingresó a trámite legislativo el respectivo Mensaje y que a la hora de evaluar lo que ha ocurrido con esta iniciativa, ésta le merecía los comentarios que a continuación dio a conocer.

Consideró que este proyecto es de la más alta importancia porque responde a una verdadera necesidad social pues no sólo es verdad que en Chile se discrimina mucho, sino que también está demostrado que la herramienta jurisdiccional llamada en primer lugar a neutralizar este mal -el Recurso de Protección- está funcionando en forma insuficiente.

Opinó que debería establecerse un recurso ad hoc como lo había en el texto original y que, en su estado actual, el proyecto no se hace cargo de la naturaleza y limitaciones del Recurso de Protección. En ese sentido, señaló que la iniciativa es una respuesta débil a una situación que exige medidas potentes y que así, por lo demás, lo vienen reclamando importantes instancias del mundo de los derechos humanos.

Agregó que para efectos de la eventual indemnización civil por daños morales, debieran tomarse resguardos destinados a evitar que ese mecanismo opere como un inhibidor del debate público. En términos aún más generales, consideró importante asegurar que la ley no quede redactada de modo que pueda entenderse que consagra un único discurso políticamente correcto o que tiene por efecto proscribir de la arena pública aquellas visiones omnicomprensivas que sustentan ideas morales sobre lo justo.

Luego, explicó que es partidario de reconocer en esta ley la legitimidad de las acciones positivas o afirmativas.

Enseguida, hizo presente el texto del artículo 2° del proyecto, que en esta etapa de la discusión es el siguiente:

"Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el lugar de residencia, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en asociaciones gremiales, el sexo, el género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley 19638, las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6 y 7 de la misma ley, no se considerarán arbitrarias.".

Indicó que el texto recién transcrito le merecía tres reparos u objeciones.

En primer lugar, señaló que, entendiendo que este cuerpo legal tiene que hacerse cargo de ciertas definiciones de nuestro Derecho interno, entre otras cosas para que los jueces puedan aplicarlo de modo uniforme, consideraba un error insistir en la idea de las discriminaciones arbitrarias, como si hubiera discriminaciones razonables. Dijo que aun cuando, efectivamente, el número 22 del artículo 19 de la Constitución Política alude a discriminaciones arbitrarias, el resto de la Carta Fundamental (por ejemplo el número 2 del artículo 19), el derecho internacional y el sentido natural y obvio de las palabras asumen que las discriminaciones son, por definición, arbitrarias.

En la misma línea, consideró innecesario acudir en la definición de discriminación a las ideas de amenazar, perturbar y privar. Estimó que ellas son propias del artículo 20 de la Constitución Política y sólo sirven para hacer de esta ley un apéndice escasamente útil a una herramienta ya existente: el Recurso de Protección. Además, objetó que el inciso primero de este precepto se refiera a los "derechos establecidos" en la Constitución Política. Dijo que en coherencia con la tradición del constitucionalismo y con el tipo de humanismo que inspira la Carta Fundamental, debiera decir "derechos reconocidos...".

En segundo término, estimó inconveniente la expresión "cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos tales como la raza... etc.". En materia de discriminación, señaló que el foco, antes que en la pesquisa de motivaciones, debiera estar en la identificación de aquellas categorías de selección que por comprender condiciones básicas de la personalidad, no debieran, en principio, aceptarse como fundamento razonable para un trato diferenciado. Se trata, como se plantea en el contexto del derecho norteamericano, de categorías "sospechosas". En el caso de los actos discriminatorios no delictuales, que darán lugar eventualmente a medidas cautelares, indemnizaciones y multas, parece preferible operar sobre la base de categorías sospechosas per se o prima facie.

Ahora bien, prosiguió, el que una categoría sea sospechosa no significa que siempre, a todo evento, su empleo será contrario a la Constitución. La constatación de haberse usado por alguna autoridad o persona este tipo de categorías hace presumir, sí, la posible existencia de una discriminación. Se impone, por tanto, para destruir esa presunción, una muy buena justificación por parte de quien ha recurrido a estos criterios sospechosos y, en el caso de los jueces, un tipo de escrutinio muy estricto.

Añadió que cuestión distinta es que, para efectos penales, el proyecto considere los "motivos" racistas, xenófobos o sectarios en general, ya sea para configurar una causal agravante o un delito especifico de promoción del odio o violencia contra una persona o un grupo de personas. Le pareció lógico, en efecto, que para la condena criminal no pueda presumirse nunca, sino que deba probarse, la motivación o ánimo discriminatorio.

En tercer lugar, le pareció constitucionalmente discutible la forma en que se establece una excepción especial y exclusiva en favor de las entidades religiosas. Aclaró que no se le escapaba, por supuesto, que hay casos en que la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, sea o no en los términos de la ley N° 19.638, pudiere ser la base para una distinción basada en las convicciones religiosas, el sexo o la identidad sexual. Aclaró que el punto es que de la redacción de este inciso segundo parece seguirse que cualquiera sea la distinción que haga una institución religiosa, ella, por el solo hecho de provenir de una iglesia, "no se considerará arbitraria". Opinó que una fórmula de ese carácter representa un verdadero cheque en blanco y vulneraría el principio según el cual "los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes (de los órganos del Estado) como a toda persona, institución o grupo". Añadió que tampoco puede olvidarse que las expresiones religiosas protegidas son aquellas que "no se opongan a la moral, las buenas costumbres o al orden público" y que es incontestable que en nuestro sistema constitucional el respeto a la igual dignidad de todas las personas es una regla de orden público.

Expresó que así como se oponía a cualquier tipo de interpretación del carácter laico del Estado chileno que suponga proscribir o privatizar las visiones holísticas u omnicomprensivas que legítimamente existen en nuestra sociedad, no podía sino rechazar también, en el otro extremo, aquellas visiones que confunden libertad religiosa con fuero especial para el fanatismo sectario.

Por todo lo anterior, propuso a la Comisión las siguientes redacciones alternativas para los artículos 1° y 2° del proyecto en estudio.

“Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto prevenir y sancionar los actos de discriminación.

La discriminación es aquel trato diferente arbitrario que tiene por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana, reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, ya sea que lo establezca o practique una autoridad estatal, una persona, grupo o institución privada.

En orden a combatir eficazmente la discriminación, y sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el Estado puede, además, establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas. Estas acciones, en todo caso, tendrán siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó.”.

Explicó que el primer inciso de esta redacción precisa el objetivo de la ley, volviendo a la redacción aprobada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado en su Segundo Informe. Destacó que no se trata de "eliminar toda la discriminación arbitraria" como propuso originalmente el Ejecutivo, ni tampoco "tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria" como propuso la Comisión de Derechos Humanos del Senado en su Informe Complementario. Se trata de prevenir y sancionar, es decir, de dos objetivos claros, precisos y realistas.

Señaló que, por su parte, el inciso segundo que se propone define la discriminación sobre la base del lenguaje que emplean las convenciones internacionales más relevantes (“que tiene por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos").

El inciso tercero, finalmente, rescata la constitucionalidad de las denominadas "acciones afirmativas", que algunos llaman, equívocamente, discriminación positiva.

Para el artículo 2° sugirió el siguiente texto:

“Artículo 2°.- Sin perjuicio de otras diferencias arbitrarias posibles, se considerará en principio conducta discriminatoria aquella consistente en distinguir, excluir o restringir sobre la base de la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el lugar de residencia, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en asociaciones gremiales, el sexo, el género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o la discapacidad.

En caso de denuncia, la autoridad, persona, grupo o institución que ha empleado alguna de las categorías antedichas como criterio de distinción deberá, para excepcionarse de responder, probar que ello resulta estrictamente exigido por una causa constitucionalmente legítima y que, además, no responde a estereotipo, animadversión, menosprecio o prejuicio de ningún tipo.

Nada de lo dispuesto en esta ley, en todo caso, puede entenderse contrario a que personas, grupos e instituciones puedan proponer o efectuar distinciones razonables en ejercicio de los derechos fundamentales que les reconocen, a su vez, los números 6, 11, 12, 15, 16 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental.”.

Explicó que el primero de los incisos propuestos establece la regla general en materia de discriminación, en tanto que el segundo contempla la posibilidad de justificar excepcionalmente el uso de los criterios sospechosos. El inciso tercero deja en claro que la promoción del derecho al trato igual no se puede hacer a expensas del respeto de los otros derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental, entre otros, la libertad religiosa. Señaló que este llamado a la armonización o ponderación le parecía constitucionalmente preferible a una excepción especial para las Iglesias.

En relación al quórum de aprobación de este artículo 2°, el profesor Zapata señaló que podría pensarse que dicho precepto tiene el carácter de interpretativo de la Constitución Política y, en tal caso, requerir el quórum de aprobación correspondiente a ese tipo de norma. Sostuvo que el Parlamento, si lo quiere, podría entregar a los jueces una interpretación del numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental a través de esta iniciativa. Agregó que, sin embargo, la idea matriz de la misma, así como el sentido social que la inspira persiguen establecer herramientas eficaces tanto para evitar problemas de discriminación en nuestra sociedad como para impedir que el Estado sea deudor en materia de cumplimiento de los compromisos internacionales que ha contraído.

Tocante al resto del articulado del proyecto, el Profesor Zapata reiteró lo señalado precedentemente en cuanto a que era decididamente partidario de reponer una acción judicial ad hoc para este asunto.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que la sola expresión “discriminación” resulta de por sí peyorativa, pero que, sin embargo, existen diferencias que no son arbitrarias y que se justifican. Destacó que según las redacciones propuestas por el profesor Zapata, el Estado podrá establecer ciertas distinciones o diferencias. Consideró que los planteamientos del ya mencionado académico están bien inspirados, aun cuando podría estimarse que se mantiene la contradicción indicada. Sin embargo, opinó que es posible que en la redacción del precepto en estudio se esté produciendo más bien un problema de lenguaje antes que un conflicto de fondo, agregando que, en todo caso, las propuestas recibidas constituyen un avance.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, aclaró que la expresión “discriminación arbitraria” da cuenta de la idea de injusticia y de falta de fundamento. Sin embargo, hizo presente que también existen diferenciaciones que son incluso positivas. A este respecto, se preguntó si no sería posible también pensar en eliminar la noción de “arbitrariedad” del texto constitucional. Por otra parte, manifestó que no era partidario de consagrar una excepción tan amplia a favor de las instituciones religiosas.

En cuanto a las propuestas del profesor señor Zapata, las consideró interesantes y que debían tenerse presente en este debate.

El Honorable Senador señor Espina enfatizó que este tema amerita un mayor estudio pues pareciera que el texto que hasta el momento se ha concordado estaría dejando de lado el elemento racionalidad para definir si un acto o una conducta constituyen un caso de discriminación arbitraria.

En efecto, resaltó que para estimar que se ha producido un acto de discriminación arbitraria, el señalado texto atiende más bien a los resultados del respectivo acto antes que a un criterio fundado en la razón. Siendo así, señaló que bien podría estimarse, por ejemplo, que el hecho de convocar solamente a personas de sexo masculino para un determinado empleo constituiría una discriminación arbitraria en contra de las mujeres.

Valoró el apoyo del profesor Zapata en este análisis pues, dijo, no debe perderse de vista que existen distinciones que no son arbitrarias y que la Carta Fundamental proscribe los casos de discriminación que carezcan de un fundamento razonable, elemento que, además, se exige para la procedencia del recurso de protección.

El profesor señor Zapata informó que las redacciones por él presentadas se hacen cargo de las inquietudes del Honorable Senador señor Espina. Reiteró que en el Derecho Internacional el término “discriminación” lleva aparejada una connotación negativa, aun cuando nuestra Carta Fundamental admite diferenciaciones que no sean arbitrarias. Efectivamente, agregó, en la vida normal siempre se está distinguiendo y algunas de esas distinciones pueden ser razonables. En todo caso, aclaró que el proyecto no está destruyendo la lógica de poder efectuar distinciones razonables, pero no debe perderse de vista que hay casos que no justifican las diferenciaciones, como es la raza. Opinó que es difícil imaginar que se pueda exigir una raza específica para efectuar una contratación, salvo que se trate, por ejemplo, de una película sobre África, que requiera de actores de raza negra.

Explicó que las normas que ha propuesto constituyen una advertencia a la sociedad sobre la existencia de categorías o clasificaciones que se consideran “sospechosas”, como son la apariencia física, la identidad sexual y otras, y que se trata de erradicar una cultura en que las diferencias dicen relación con animadversiones, prejuicios o estereotipos.

En cuanto a las apreciaciones del Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que si bien se ha hablado latamente de la discriminación positiva, sus redacciones no se refieren a ella, sino que más bien contemplan las “acciones afirmativas”.

Por otra parte, dijo que existe un voluminoso conjunto de razones de texto, de doctrina y de derecho comparado para hablar de las distinciones razonables. En síntesis, resumió, las distinciones son razonables o arbitrarias y si son arbitrarias, constituyen discriminaciones.

Luego, manifestó que las preocupaciones expuestas por el Honorable Senador señor Espina son especialmente importantes tratándose del empleo y de la libertad para contratar.

Hizo presente que, en todo caso, no cree en una constitucionalización radical en la materia en estudio, pues en la sociedad debe haber espacio para la libertad y los errores. Indicó que el proyecto en estudio no destruye aquella libertad, sino que más bien se hace cargo de una experiencia. Ante la aprensión del mencionado señor Senador relativa al aviso de trabajo orientado exclusivamente a varones y no a mujeres, señaló que, con esta iniciativa, aquel empleador tendrá que llegar a dar una explicación que hoy no debe dar y que esto, en el fondo, representará una ayuda para personas que son sistemáticamente discriminadas, lo que es profundamente irracional.

Ante una consulta del mismo señor Senador en cuanto a que la redacción propuesta para el artículo 2º estaría invirtiendo el peso de la prueba, aclaró que efectivamente su propuesta invierte el peso de la misma, pero en el ámbito civil. Añadió que, en todo caso, este cambio no tendrá el efecto paralizante que podría temerse.

Ofreció continuar colaborando en el perfeccionamiento del proyecto, intentando, en este empeño, ponerse en el lugar de quienes son objeto de la discriminación.

Como ya se ha anunciado y se explicará más adelante, reabierto el debate sobre el proyecto, este precepto fue modificado en la forma en que se indicará y, por las razones que se consignarán, se resolvió proponer a la Sala que la nueva redacción para este artículo sea considerada como norma de ley común.

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Artículo 4°

Su texto es el siguiente:

“Artículo 4°.- El o los directamente afectados podrán ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva mediante una acción por discriminación arbitraria, por sí o por cualquiera a su nombre, por las distinciones, exclusiones o restricciones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tales como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización.

La acción señalada deberá impetrarse en el plazo de 30 días, contados desde que se hubiere ejecutado el acto o producido la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión discriminatoria o la correspondiente al domicilio del afectado.

En la tramitación de esta acción, la Corte, si hubiera controversia sobre los hechos, y lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.”.

A este artículo se presentaron las indicaciones números 9, 10, 11, 12, 12.1, 12.2 y 12.3.

La número 9, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Larraín, don Hernán, suprime el artículo 4°.

La número 10, de los mismos señores Senadores, en subsidio de la anterior, sustituye el inciso primero de este artículo por el siguiente:

“Artículo 4°.- El directamente afectado, por sí o cualquiera a su nombre, podrá denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra. Para ello podrá interponer el recurso de protección.”.

La número 11, igualmente de los ya mencionados señores Senadores, elimina los incisos segundo y tercero del artículo 4°.

La número 12, de S.E. la señora Presidenta de la República, introduce las siguientes enmiendas al artículo 4°:

12.1. Reemplazar, en su inciso primero, la palabra “respectiva”, por “competente”.

12.2. Sustituir su inciso tercero por el siguiente:

“Deducida la acción, la Corte requerirá informe a la persona denunciada de cometer el acto u omisión y a quien estime pertinente, notificando por oficio la resolución que así lo ordene. El informe deberá ser evacuado por el requerido dentro de del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación.”.

12.3. Agregar los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, nuevos:

“Si hubiere controversia sobre los hechos y, la Corte lo estimare pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de ocho días y estará facultada para decretar medidas para mejor resolver.

La Corte apreciará la prueba conforme a la sana crítica.

El fallo deberá dictarse dentro del término de quince días, desde que quede en estado de sentencia. La Corte deberá declarar la existencia o no de discriminación y ordenar, de persistir la discriminación al tiempo del fallo, su cese inmediato bajo apercibimiento de multa. Deberá además, indicar las medidas concretas dirigidas a reparar las consecuencias de la discriminación, adoptando las providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La Corte podrá, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema. Dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo. Este tribunal conocerá del asunto en cuenta, sin perjuicio de ordenar traer los autos en relación si existieren motivos fundados para ello.”.

El Honorable Senador señor Chadwick explicó que la indicación número 9 se explica por las dificultades que traerá consigo el establecimiento de una acción de esta naturaleza y características, pues, como se ha explicado anteriormente, para enfrentar las situaciones de discriminación arbitraria existe en nuestro ordenamiento jurídico el recurso de protección, que es el que debe interponerse ante la ocurrencia de estas situaciones.

El ex Ministro señor Viera-Gallo puso de manifiesto que el Ejecutivo estaba dispuesto a apoyar la indicación número 10, reemplazando, sin embargo, su encabezado, que dice “El directamente afectado” por “La o las personas directamente afectadas”. Con ello, dijo, quienes se sientan afectados por un acto u omisión que importe discriminación arbitraria, interpondrán derechamente el recurso de protección.

Considerado este planteamiento, hubo acuerdo entre los miembros de la Comisión en cuanto a su conveniencia.

Enseguida, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Gómez, y la Honorable Senadora señora Alvear manifestaron que si la voluntad de la Comisión era utilizar la actual acción constitucional de protección para efectuar las reclamaciones que tengan origen en actos u omisiones que importen discriminaciones arbitrarias, resultaba lógico ceñirse a la tramitación propia de ésta.

El Honorable Senador señor Espina coincidió con dicho criterio.

El Honorable Senador señor Chadwick instó a mantener la posibilidad de que la Corte de Apelaciones que conozca del recurso, atendida la gravedad del caso, sancione al infractor con una multa, tal como se propone en el inciso segundo del artículo 5°.

El ex Ministro señor Viera-Gallo sugirió agregar al inciso primero que ya se ha aprobado, las ideas del artículo 5°, esto es, un inciso segundo que establezca que, acogido el recurso de protección, los afectados podrán demandar ante el juez de letras la correspondiente indemnización de perjuicios, y un inciso final que consagre la ya aludida facultad de la Corte de sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal, no superior a 100 unidades tributarias mensuales.

Se produjo acuerdo unánime en torno a todas las proposiciones anteriores.

Luego, en cuanto a la vía procesal para incoar la acción indemnizatoria, se consideró que la mención a un “procedimiento breve y sumario”, como se plantea en el artículo 5°, podía dar lugar a dificultades de interpretación y de aplicación práctica. Por ello, para una mayor claridad y precisión, se prefirió prescribir expresamente que esa acción se sustanciará según las normas del procedimiento sumario contenidas en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil. Con el mismo propósito, se definió que esta acción de indemnización de perjuicios será conocida -siguiendo el criterio general de nuestras normas procesales- por el juez de letras del domicilio del demandado.

El Honorable Senador señor Muñoz, don Pedro, dejó constancia de las aprensiones que aún le merece esta disposición, en cuanto podría causar algunas dificultades desde el punto de vista de la aplicación de la legislación laboral ante los casos de discriminación que puedan sufrir los trabajadores. Instó a fortalecer los mecanismos que esa legislación consagra, de manera de evitar que en esos casos, en lugar de utilizarlos, se acuda al recurso de protección y a los juzgados civiles.

Como consecuencia de estos acuerdos, sobre las indicaciones recayeron las siguientes votaciones:

La indicación número 10 fue aprobada con enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz, don Pedro.

Con la misma votación se acogió la indicación número 11.

La indicación número 9 fue desechada por la unanimidad de los recién nombrados miembros de la Comisión,

Las indicaciones números 12, 12.1, 12.2 y 12.3, fueron retiradas por el Ejecutivo.

Como resultado del debate y los acuerdos anteriores, este artículo, que pasó a ser 3°, se aprobó con el siguiente texto:

“Artículo 3°.- La o las personas afectadas, por sí o por cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra. Para ello, podrán interponer el recurso de protección.

Acogido dicho recurso, la o las personas afectadas podrán demandar ante el juez de letras del domicilio del demandado la indemnización de perjuicios para reparar el daño ocasionado por la discriminación arbitraria, la que se sustanciará según las normas del procedimiento sumario contenidas en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, la Corte de Apelaciones podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a cien unidades tributarias mensuales.”. (Indicaciones 10 y 11, 5 x 0).

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A solicitud de la Comisión, el artículo recién transcrito fue objeto de un análisis por parte del profesor señor Juan Domingo Acosta.

Para este efecto, el Profesor Acosta se refirió a los tres incisos de la norma en forma separada.

Respecto del inciso primero, indicó que la referencia al recurso de protección abre la duda de si dicho recurso se plantea como acción de denuncia frente a cualquier discriminación arbitraria que satisfaga los requerimientos del artículo 2º del proyecto de ley.

Este punto, dijo, es importante, pues no todos los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política hacen procedente el recurso de protección, como ocurre con el derecho a la protección de la salud; el derecho a la educación; el derecho de presentar peticiones a la autoridad; la admisión a todas las funciones y empleos públicos; el derecho a la seguridad social, etc.

Por otra parte, recalcó que, a propósito de la igualdad ante la ley, se prohíbe a la ley y a la autoridad establecer diferencias arbitrarias, procediendo el recurso de protección cuando quien discrimina arbitrariamente es la ley o la autoridad.

Desde otro punto de vista, destacó que, en el caso del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sólo procede el recurso de protección cuando el acto u omisión son ilegales e imputables a una autoridad o persona determinada.

Asimismo, señaló que es posible que la acción discriminatoria afecte derechos reconocidos por las leyes y por los Tratados Internacionales ratificados por Chile pero que no tienen un correlato en un derecho constitucional en que sí procede el recurso de protección. Se preguntó si cabría denunciar la discriminación arbitraria mediante el recurso de protección en esos casos.

Luego, puso de relieve que el texto del artículo 3° señala que “la o las personas afectadas, por sí o por cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra”; y luego agrega: “para ello, podrán interponer el recurso de protección”. En consecuencia, afirmó que no queda claro si el texto pretende conceder el recurso de protección frente a cualquier discriminación arbitraria que afecte un derecho constitucional, con independencia de si el artículo 20 de la Constitución Política lo concede o no para el derecho conculcado o si el sentido de la norma es una mera referencia a la procedencia del recurso de protección, según las reglas generales. Así, en la primera hipótesis, si se trata de discriminación arbitraria en materia laboral, procedería el recurso de protección conforme al artículo 3º del proyecto de ley, en cambio, en la segunda alternativa, no procedería.

Añadió que si la intención ha sido la de establecer la procedencia del recurso de protección en términos amplios, sin importar si el artículo 20 de la Constitución Política lo concede para un derecho en particular, el proyecto adolecería de un vicio de inconstitucionalidad, pues tratándose de una acción cautelar consagrada en la Carta Fundamental, sólo en virtud de una reforma constitucional se podría ampliar, restringir o condicionar tal recurso.

Agregó que, en cambio, si este precepto sólo pretende declarar que procede el recurso de protección conforme a las reglas generales, la alusión es superflua o innecesaria, pues siempre procederá dicha acción cautelar.

Estimó que si, con todo, ese es el sentido del artículo 3º del proyecto y la decisión es mantener la referencia al recurso de protección, resulta necesario –para disipar cualquier duda frente a un posible vicio de inconstitucionalidad- que el texto lo diga claramente, sugiriendo la siguiente redacción:

“Artículo 3°.- La o las personas afectadas, por sí o por cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra. Para ello, podrán interponer el recurso de protección, el que procederá según las reglas generales”.

Respecto del inciso segundo del artículo 3º del proyecto, puso de relieve que el recurso de protección es una acción cautelar, es decir, la sentencia que en él se dicta no es constitutiva de derechos sino que tiene sólo por objeto “restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.”.

En consecuencia, acotó, la sentencia que resuelve un recurso de protección –sea acogiéndolo, sea rechazándolo- no produce cosa juzgada, al menos material.

Por lo anterior, estimó incorrecto asociar una sentencia que acoge un recurso de protección a la posibilidad de demandar ante los tribunales civiles y en juicio sumario la indemnización de perjuicios por el daño sufrido.

Esta asociación, indicó, puede conducir a confusiones en cuanto al objeto de la litis en el juicio civil indemnizatorio. Además de probar el monto y naturaleza del daño, se preguntó si se debe demostrar también en sede civil que se ha incurrido en una conducta constitutiva de discriminación arbitraria o basta con la sentencia que acogió el recurso de protección.

Dada la naturaleza cautelar del recurso de protección, consideró que la solución correcta es la primera, es decir, en el respectivo juicio civil se deberá probar tanto la existencia de una discriminación arbitraria como el daño (naturaleza y monto) sufrido y la relación de causalidad.

Advirtió que, por otro lado, es posible que los Tribunales Superiores de Justicia –no obstante existir una discriminación arbitraria- rechacen el recurso de protección si, por ejemplo, es extemporáneo o el derecho conculcado no está protegido por él. Se preguntó, también, si ello significa que el afectado no puede demostrar en sede civil que hubo efectivamente una discriminación arbitraria e impetrar la indemnización de perjuicios. Y, si pudiera hacerlo, si el juicio debería tramitarse conforme a las reglas del procedimiento sumario o al ordinario, de acuerdo a las reglas generales.

Afirmó que, por todo lo anterior, sería necesario desvincular el resultado del recurso de protección, que tiene por fin otorgar protección frente a una discriminación arbitraria, de la acción indemnizatoria por el daño sufrido. Así, por lo demás, lo ha previsto el artículo 20 de la Constitución Política: “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

En este sentido, estimó razonable que el juicio se tramite siempre conforme a las reglas del procedimiento sumario, se haya o no interpuesto un recurso de protección y, en caso afirmativo, cualquiera sea su resultado. Al efecto, sugirió el siguiente texto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, la o las personas afectadas podrán demandar ante el juez de letras del domicilio del demandado la indemnización de perjuicios para reparar el daño ocasionado por la discriminación arbitraria, la que se sustanciará según las normas del procedimiento sumario contenidas en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.”.

Finalmente, respecto del inciso tercero, explicó que, atendida la naturaleza cautelar que tiene el recurso de protección, parece inapropiado que la Corte pueda sancionar al infractor dentro del mismo procedimiento en que se tramita esta acción.

Insistió en que el recurso de protección no es sancionatorio y, consiguientemente, el proyecto desvirtúa el sentido de esta acción cautelar.

Adicionalmente, puntualizó que todo procedimiento sancionatorio –ya sea jurisdiccional o administrativo- debe estar rodeado de una serie de garantías respecto de la persona a quien se pretende sancionar. Entre ellas, debe conocer oportuna y claramente los cargos que se le formulan; debe contar con un plazo razonable para formular sus descargos; debe recibirse prueba si es ofrecida; etcétera.

Sostuvo que pretender imponer sanciones en el ejercicio del poder punitivo del Estado dentro de un recurso de protección implicaría modificar su tramitación a fin de fortalecer las garantías del debido proceso, más estrictas cuando se trata de sanciones en comparación con la simple cautela de garantías, lo que probablemente afectaría la finalidad de la protección, que no es otra que “restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.”.

Por último, consideró que este inciso tercero adolece de un vicio de inconstitucionalidad, pues implica dar un alcance al recurso de protección que actualmente no le otorga el artículo 20 de la Constitución Política. En otras palabras, añadió que la posibilidad de imponer sanciones en la sentencia supone una modificación del artículo 20 de la Constitución Política, lo que sólo puede efectuarse mediante reforma constitucional. Por ello, propuso eliminar el inciso tercero en comento.

Atendidas estas consideraciones, así como otros planteamientos recibidos posteriormente por la Comisión, al reabrirse el debate sobre el proyecto, las normas de este artículo se reformularon. De ello se dará cuenta más adelante.

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Artículo 5°

Su texto es el siguiente:

“Artículo 5º.- Acogida la acción en los términos señalados en el artículo anterior, el o los afectados podrán demandar ante el juez de letras competente la indemnización de perjuicios para reparar el daño ocasionado por la discriminación arbitraria, la que se tramitará en un procedimiento breve y sumario.

Asimismo, la Corte podrá, adicionalmente, atendida la gravedad del caso, sancionar al infractor con una multa a beneficio fiscal no superior a 100 Unidades Tributarias Mensuales.”.

A este artículo se presentaron las indicaciones 13, 14, 14.1, 14.2 y 15.

La número 13, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Larraín, don Hernán, suprime el artículo 5°.

La número 14, de S.E. la señora Presidenta de República, modifica el artículo 5° de la siguiente manera:

14.1. Agregar, a continuación de la palabra “letras”, la siguiente frase “del domicilio del demandado”.

14.2. Eliminar su inciso segundo.

La número 15, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Larraín, don Hernán, reemplaza el inciso primero del artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- Acogido el recurso de protección procedente, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario.”.

En relación con la indicación número 15, el Honorable Senador señor Chadwick señaló que al buscar que la ley sea interpretativa de la Carta Fundamental y que, por tanto, ratifique que en los casos de discriminación arbitraria procederá el recurso de protección, es necesario ponerse en el caso de qué se debe hacer si corresponde pedir una indemnización. Señaló que dicho recurso no se pronuncia acerca de la procedencia o improcedencia de una indemnización. Por ello, recogiendo uno de los aspectos más importantes de la acción civil propuesta por la iniciativa, se había estimado conveniente incorporar este aspecto en la presente indicación.

Como se ha indicado precedentemente, el contenido de esta disposición fue considerado a propósito del análisis del precepto anterior, quedando incorporado, con algunas modificaciones, en aquél. Por tal razón, este artículo 5° fue eliminado.

En consecuencia, unánimemente se acogió la indicación número 13, que suprime el artículo 5°. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz, don Pedro.

Por la razón ya expresada, las indicaciones números 14, 14.1, 14.2 y 15 fueron desechadas por la unanimidad de los recién nombrados miembros de la Comisión.

En definitiva, este artículo 5° fue suprimido. (Indicación 13. 5 x 0).

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Enseguida, se presentó la indicación número 16, de S.E. la señora Presidenta de República, para agregar el siguiente artículo 6°, nuevo, pasando el actual artículo 6° a ser 7°:

“Artículo 6º.- Ejercida la acción por discriminación en los términos que regula esta ley, no podrá impetrarse la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República u otra acción judicial contenida en leyes especiales, siempre que se refiera a los mismos hechos.”.

Por razones de coherencia con los acuerdos adoptados en relación con los dos preceptos anteriores, principalmente con la decisión de franquear el recurso de protección para reclamar de actos o conductas de discriminación arbitraria, la unanimidad de los miembros de la Comisión desechó esta indicación. Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz, don Pedro.

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Título II

Disposiciones finales

En relación a la denominación de este Título, la unanimidad de los miembros de la Comisión optó por reemplazarla por “Otras Disposiciones”.

Artículo 6°

Su texto es el siguiente:

“Artículo 6°.- Modifícase el artículo 2° de la ley 20.005, en el siguiente sentido:

1) En su encabezamiento, reemplázase la expresión “en la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo” por “en el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”;

2) En su letra a), sustitúyese la referencia al “artículo 78” por “artículo 84”;

3) Agrégase en la letra l), contenida en su número 3, a continuación de las palabras “acoso sexual” la expresión “y la discriminación arbitraria”, y reemplázase la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”, y

4) En su letra b), sustitúyense los guarismos “119” por “125”, y “78” por “84”, respectivamente.”.

A este precepto no se presentaron indicaciones. Sin embargo, la Comisión resolvió revisar la pertinencia de las enmiendas que éste propone.

Se tuvo presente que esta disposición, además de introducir algunos ajustes de referencia a la ley N° 20.005, agrega los actos de discriminación arbitraria a la norma que prohíbe a los funcionarios públicos afectos al Estatuto Administrativo realizar cualquier tipo de acto atentatorio a la dignidad de los demás empleados.

La ex Ministra señora Albornoz explicó que esta norma refleja el interés de consagrar también para el sector público una señal contraria a los actos de discriminación, propósito con el cual la Comisión coincidió.

A instancias del Honorable Senador señor Espina y con la finalidad de evitar dificultades de interpretación, unánimemente se acordó explicitar, en la letra l) del artículo 84 del Estatuto Administrativo, que la discriminación arbitraria a que alude esta disposición deberá ser entendida en los términos en que la define el presente proyecto de ley.

Por la misma unanimidad, se decidió también reemplazar el texto de esta disposición de manera de introducir derechamente las modificaciones que ésta plantea en el Estatuto Administrativo, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, y no como se propone, a través de la ley N° 20.005.

Estas enmiendas se acordaron en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contaron con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz, don Pedro.

En definitiva, esta disposición pasó a ser artículo 4°, sustituido por el siguiente:

“Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:

1) Reemplázase la segunda oración de la letra l) del artículo 84, por la siguiente:

“Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define la ley que establece medidas contra la discriminación.”.

2) Reemplázase, en la letra c) de su artículo 125, el guarismo “78” por “84”.”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, 5 x 0)

Sin embargo, como se explicará más adelante, reabierto el debate, esta disposición fue objeto de algunas modificaciones meramente formales.

Artículo 7°

Su texto es el siguiente:

“Artículo 7º.- Agrégase en la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a continuación de las palabras “acoso sexual” la siguiente frase “y la discriminación arbitraria”, y reemplácese la frase “entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo” por la oración “entendido el primero según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”.”.

A esta disposición no se presentaron indicaciones, no obstante lo cual, al igual que en el caso de la disposición anterior, se acordó precisar también en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales que el concepto de “discriminación arbitraria” se entenderá según lo defina la ley a que dé lugar el presente proyecto.

Esta enmienda se acordó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz, don Pedro.

Finalmente, este precepto pasó a ser artículo 5°, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 5º.- Reemplázase la segunda oración de la letra l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por la siguiente:

“Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define la ley que establece medidas contra la discriminación.”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, 5 x 0)

Igual como ocurrió con el precepto anterior, reabierto el debate, esta disposición fue objeto de algunas enmiendas formales.

Artículo 8°

Es del tenor siguiente:

“Artículo 8º.- Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.962, la frase “naturaleza humana, fomentar la paz, estimular la investigación científica” por el siguiente nuevo texto “naturaleza humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria, fomentar la paz, estimular la investigación científica”.”.

A este artículo no se presentaron indicaciones. Sin embargo, examinado su contenido, se hizo presente que la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, se encuentra en proceso de revisión en el Parlamento, de lo que puede resultar que ella sea modificada o, incluso, derogada.

Aún así, la Comisión resolvió mantener esta disposición en sus mismos términos. Consideró que cualquiera sea el texto de la ley que en lo sucesivo regule la enseñanza, es importante seguir consagrando como deber del Estado el de fomentar la promoción del estudio y conocimiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria.

Los representantes del Ejecutivo informaron que se encargarían de hacer presente esta proposición durante la discusión legislativa del proyecto de ley sobre la Ley General de Enseñanza.

En esta etapa del debate, este artículo 8° pasó a ser 6°, sin enmiendas. Sin embargo, como al momento del despacho definitivo de este informe la nueva Ley General de Educación había sido despachada –como ley N° 20.370- y su articulado contiene un precepto similar, este artículo 6° fue suprimido.

Artículo 9°

Su texto es el siguiente:

“Artículo 9°.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

“1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21ª: Cometer el delito fundado por motivo de discriminación arbitraria.”.

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

Ҥ1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas,

en dignidad y derechos.

Artículo 137 bis. El que promueva el odio u hostilidad en contra de una persona o un grupo de personas en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.”.”.

Este precepto no recibió indicaciones, sin perjuicio de lo cual su texto fue examinado por los miembros de la Comisión.

En relación al numeral 1, que establece una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal, el Honorable Senador señor Espina compartió el sentido y propósito de la misma. Sin embargo, planteó dudas en relación a la redacción propuesta, la que consideró excesivamente amplia. En la práctica, dijo, un texto tan genérico no permitirá definir las conductas que se entenderán fundadas en motivos de discriminación arbitraria.

La ex Ministra señora Albornoz recordó que esta disposición tuvo origen en una indicación presentada por el Honorable Senador señor Chadwick en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y que, ante las dificultades planteadas, bien podría recuperarse el texto aprobado en general por el Senado, que aludía a la circunstancia de cometer el delito “motivado por discriminación arbitraria, en los términos del artículo 3° de la Ley que Establece Medidas Contra de la Discriminación.”.

Los demás representantes del Ejecutivo convinieron en que podría precisarse la redacción de este precepto.

El profesor señor Juan Domingo Acosta formuló diversas opiniones en relación a las enmiendas propuestas al Código Penal.

En primer término, en cuanto a la nueva agravante de responsabilidad penal que se propone, estimó que, desde un punto de vista meramente formal, la redacción era defectuosa pues la palabra “fundado” es innecesaria y constituye una reiteración de la expresión “por motivo”. En consecuencia, bastaría con la siguiente redacción: “Cometer el delito por motivo de discriminación arbitraria”.

En segundo lugar y como apreciación general, observó que nuestro Código Penal contiene un número excesivo de agravantes generales (20 numerales), y que algunas son reiteración o especificación de una misma idea y muchas se aplican escasamente o simplemente no se aplican. De allí que debe tenerse particular cuidado al incorporar nuevas agravantes y no debe hacerse si no existe un motivo válido para ello. Agregó que, con todo, si la decisión político criminal es la de agregar una agravante consistente en cometer el delito por motivo de discriminación arbitraria, además de la observación formal hecha, debían tenerse presente otros antecedentes.

Por una parte, opinó que la redacción de este precepto es excesivamente vaga e imprecisa, de tal suerte que puede comprometer el principio de tipicidad (legalidad) que consagra la Constitución Política. Tampoco hay, dijo, una remisión a la ley a que podría dar lugar el proyecto en estudio y que permita aclarar el alcance de la agravante.

En segundo lugar, el verbo “cometer” implica que sólo agravaría la responsabilidad de los autores pero no de los demás partícipes.

Sugirió, además, que paradecidir la redacción final de esta norma, se tengan en cuenta el artículo 22, número 4, del Código Penal español; el texto del proyecto de ley del Ejecutivo que describía una agravante en términos más precisos, y la redacción aprobada en esta materia por la Comisión Foro Penal para un Anteproyecto de Nuevo Código Penal.

Sobre la base de estos elementos, en definitiva, sugirió el siguiente texto:

“Artículo 7°.- Introdúcense en el Código Penal las siguientes modificaciones:

1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21ª. Cometer el delito o participar en él por motivos racistas u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología u opinión política, religión o creencias de la víctima, a la nación, etnia o grupo social al que ésta pertenezca, su sexo u orientación sexual, su edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o minusvalía que padezca.”.”.

La Comisión analizó las observaciones presentadas por el profesor Acosta en torno a esta disposición.

El ex Subsecretario señor Riveros advirtió que hay un elemento que se debiera agregar en el listado que formula el profesor Acosta, que es el “género”.

El Subsecretario señor Carabantes indicó que en nuestro medio se usa la expresión “discapacidad” y no “minusvalía”, agregando que el ordenamiento sobre la materia está contenido en la Ley de Discapacidad.

El señor Estévez manifestó que, a su juicio, en este punto se debe adoptar una decisión entre un tipo de redacción genérica -como decir “cometer delitos fundados por motivos de discriminación arbitraria” y, por lo tanto, de esa forma aludir al artículo 2° del actual proyecto- o efectuar una enumeración como la que ya está hecha en el artículo 2°. Señaló que si había voluntad de repetir la enumeración, no veía problema y que lo que le interesaba era que no quedara fuera el concepto de “género”. Pero si, por el contrario, la redacción se mantiene tal como venía en el proyecto, se entiende que al decir “cometer el delito por motivo de discriminación arbitraria” se está haciendo referencia a los términos de discriminación arbitraria señalados en el artículo 2° del proyecto.

El Subsecretario señor Riveros expresó que en este precepto hay un punto que es muy importante desde la perspectiva penal, que consiste en optar entre la frase de la redacción original que dice “cometer el delito o participar en él fundado por” y otra que plantea “cometer el delito participar en él por motivos de discriminación arbitraria”. En su opinión, pareciera que desde la perspectiva penal es mejor esta última. En cuanto a enumerar o no los factores de discriminación, señaló que podía optarse por uno u otro camino, pero que lo relevante era mantener concordancia entre esta norma y el artículo 2°.

El Honorable Senador señor Espina coincidió con las proposiciones del profesor Acosta. Las estimó correctas porque la frase genérica “cometer el delito fundado por motivos de discriminación arbitraria” constituye una verdadera ley penal en blanco y, por tanto, la estimó inconstitucional. Opinó que nada se precisa ni se agrega al disponerse aquello ya que, por lo pronto, los delincuentes, por regla general, discriminan a sus víctimas. Le pareció más adecuado indicar concretamente las razones de la discriminación arbitraria.

Esta agravante, insistió, tiene por objeto explicitar que a una persona la agreden en razón, por ejemplo, de su orientación sexual, como, de hecho, hay gente que persigue a los homosexuales y los mata brutalmente. Enumerar los criterios de discriminación le pareció más claro, categórico y definido.

En todo caso, respaldó la consagración de una agravante especial para este caso. Cometer un delito por discriminación arbitraria, afirmó, debe ser sancionado en forma agravada porque ya no se trata de cometer un ilícito en razón de una simple diferencia con una persona y, por tanto, el juicio de reproche que la sociedad hace respecto de esta conducta debe ser mayor. Finalmente, apoyó las redacciones propuestas por el profesor Juan Domingo Acosta.

El Honorable Senador señor Gómez coincidió con lo expresado por el Honorable Senador señor Espina. No obstante, hizo notar que hay algunas situaciones o factores de discriminación arbitraria que quedan fuera de esta enumeración. Por ello, propuso reiterar en este precepto la enumeración contenida en el artículo 2°.

El Honorable Senador señor Espina resaltó que no compartía el texto del artículo 2°, toda vez que, de mantenerse en sus términos, podría dar lugar a diversos problemas en el futuro.

El Honorable Senador señor Gómez insistió en que más allá de las diferencias concretas que pudiera haber respecto de la redacción del artículo 2°, era necesario mantener coherencia entre ese precepto y la redacción que se apruebe para consagrar la nueva circunstancia agravante. En síntesis, planteó que los elementos que se enumeren en una norma deben incluirse también en la otra.

El Honorable Senador señor Espina manifestó dudas sobre consagrar como causal de la agravante la situación económica. Hizo notar que, en el caso de ciertos delitos, las víctimas son tales precisamente por ostentar una buena situación económica y no por ser pobres.

El Honorable Senador señor Gómez replicó que hay pobres contra quienes se arremete en la calle cuando están abandonados en el suelo y justamente en consideración a esa circunstancia.

El Honorable Senador señor Espina adujo que en ese caso la discriminación es de tipo social pero no por pobreza. El pordiosero, explicó, bien podría ser un filántropo multimillonario. Argumentó que no conviene sobrecargar una norma cuyos términos amplios cubren adecuadamente diversas situaciones.

Recapitulando, el Honorable Senador señor Gómez opinó que debería agregarse el “género” y reemplazar la expresión “minusvalía” por “discapacidad”.

A continuación, el Honorable Senador señor Espina solicitó que se precisaran, para los efectos de la historia de la ley, las diferencias que existen entre las expresiones género, sexo y orientación sexual.

La ex Ministra señora Albornoz explicó que el concepto tradicional de “sexo” no sirve para explicar las múltiples discriminaciones que sufre la mujer por el hecho de cumplir un rol de tal. La sola realidad biológica del sexo, agregó, no es un argumento suficiente para explicar, por ejemplo, la violencia contra la mujer. Ésta, dijo, también involucra la mayor pobreza femenina, la discriminación que sufre en el ámbito laboral, etc.

En cambio, añadió, el concepto de “género” sí hace referencia a esta distinción. En definitiva, estos fenómenos no pueden ser explicados por sólo un concepto como el de género. Además, acotó, ellos –sexo, género, orientación- están consignados en numerosos tratados internacionales. Recordó que el propio Poder Legislativo ya incorporó el concepto de género cuando aprobó la ley sobre reforma de pensiones, la N° 20.255, que establece un Título III sobre equidad de género y contempla distintas medidas para hacer frente a situaciones que por razones sociales implican una condición desmejorada para la mujer.

Por último, mencionó la circunstancia de que las propias Parlamentarias hicieron un llamado a avanzar en la educación con perspectiva de género y aludió a la ley aprobada para sancionar más duramente el femicidio.

El Honorable Senador señor Gómez hizo notar a la señora Ministra que la pregunta formulada se refería a la diferencia que desde el punto de vista penal existe entre las expresiones sexo, orientación sexual y género, pues el debate giraba en torno a la posibilidad de consagrar una agravante en el Código Penal.

La ex Secretaria de Estado resaltó que las distinciones practicadas a partir del concepto de sexo se refieren a las discriminaciones que operan culturalmente en perjuicio de las mujeres. En materia penal, sostuvo, la violencia contra la mujer corresponde a expresiones de los abusos de poder que se dan en las relaciones de pareja.

Frente a esta afirmación, el Honorable Senador señor Gómez consultó si, a juicio de la señora Ministra, para establecer la nueva agravante que se discute era necesario hablar de género o si sería suficiente utilizar la palabra sexo.

El Honorable Senador señor Espina señaló que las leyes penales deben dictarse para que se apliquen efectivamente. Sostuvo que en nuestro Código Penal hay varias normas que no se aplican porque los jueces las consideran vagas o imprecisas y, en consecuencia, opinan que van en contra de la naturaleza misma de las reglas de convivencia de una sociedad. Como, en concreto, no las aplican, estos preceptos caen en desuso.

En definitiva, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz, don Pedro, se acordó reemplazar el texto de este numeral 21ª, por el siguiente:

“21ª. Cometer el delito o participar en él por motivos racistas u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología u opinión política, religión o creencias de la víctima, a la nación, etnia o grupo social al que ésta pertenezca, su sexo u orientación sexual, su edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca.”.

Enseguida, la Comisión revisó las apreciaciones formuladas por el profesor señor Juan Domingo Acosta en torno a la nueva figura delictiva que el proyecto propone.

En relación a ésta, el profesor Acosta señaló que debía tenerse en cuenta que la ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, contiene un delito muy parecido, cuando se comete a través de un medio de comunicación social:

“Artículo 31.- El que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.”.

Explicó que la conducta consiste básicamente en promover el odio u hostilidad en contra de una persona o colectividades. Agregó que las diferencias más significativas entre este figura y la del proyecto en análisis son las siguientes:

1.- En el caso del artículo 31 de la ley Nº 19.733, la promoción debe hacerse a través de un medio de comunicación social. En el nuevo tipo penal, debe realizarse por cualquier otro medio o forma.

2.- Ambos delitos están sancionados sólo con penas de multas. La del artículo 31 de la ley Nº 19.733 es más elevada en su límite inferior pero son iguales en su límite superior y en la hipótesis de reincidencia.

3.- La figura del proyecto de ley incluye la promoción del odio u hostilidades en contra de una sola persona (o grupo de personas); en cambio, el artículo 31 de la ley Nº 19.733 supone que la promoción del odio u hostilidades está dirigida en contra de una pluralidad de personas (personas en plural y colectividades).

Indicó que la norma del proyecto de ley –en tanto pretende ampliar el actual artículo 31 de la ley Nº 19.733 a casos en que no se usan medios de comunicación social- le parece bien redactada y no le merece comentarios.

En relación a la nueva figura penal que se propone, el Ejecutivo presentó a la Comisión una propuesta de redacción del siguiente tenor:

“Artículo 137 bis. El que públicamente incurriere en conductas de promoción del odio o violencia respecto de personas o grupos de personas por motivo de raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la multa se podrá elevar hasta doscientas unidades tributarias mensuales.”.

El señor Estévez connotó que esta redacción contempla dos cambios. En primer lugar, se sustituye el término “hostilidad” por el de “violencia”, que se estimó más adecuado. Por otra parte, se elimina, entre las motivaciones del ilícito, el sexo, quedando solamente la raza, la religión y la nacionalidad. Sostuvo que desde el punto de vista de los consensos, la primera enmienda solucionaría algunas objeciones de parte de las iglesias por cuanto ya no figuraría el término sexo, en tanto que la segunda modificación coincidiría con las demandas planteadas por la comunidad judía, sobre la base de la experiencia histórica que les ha afectado como pueblo.

Asimismo, connotó que esta redacción complementa lo establecido actualmente por la ley Nº 19.733, sobre libertad de expresión.

El Honorable Senador señor Espina manifestó algunas dudas en torno a la redacción presentada, frente a las cuales se produjo un intercambio de pareceres y explicaciones. Particularmente, se analizó la conveniencia de mantener la alusión a las personas y a los grupos de personas, como también a la raza.

El Honorable Senador señor Gómez planteó la conveniencia de aclarar que los términos raza, casta o linaje se asimilan a la expresión racismo. En ese sentido, dijo, el que incurre en una conducta racista, estaría atacando una raza.

Asimismo, hizo presente que también hay casos de complejas discriminaciones dirigidas contra ciertos grupos, por ejemplo, los “punk”. Hizo notar que existen núcleos de personas en nuestra sociedad que no quedarían protegidos por esta ley, la cual debería sancionar una gama más amplia de manifestaciones de odio o violencia. Indicó que hay programas de televisión que muestran homosexuales en una forma que consideró violencia pura.

Instó tanto a la Comisión como al Ejecutivo a seguir buscando fórmulas para perfeccionar la disposición en estudio.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que en la ya citada Ley de Prensa se incluye la expresión sexo. Manifestó comprender la conveniencia de lograr un equilibrio en la redacción que se acuerde; sin embargo, coincidió en la necesidad de buscar un mayor perfeccionamiento para esta disposición, teniendo en consideración las sensibilidades de todos los actores interesados en esta compleja materia.

En definitiva, en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento de la Corporación, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Chadwick, Espina y Muñoz, don Pedro, se acogió la redacción propuesta por el Ejecutivo.

El Subsecretario señor Riveros manifestó que concordaba con las aprensiones y proposiciones expresadas por los señores Senadores respecto de la forma de consagrar esta figura penal e, incluso, con la posibilidad de reconsiderarla.

Este artículo 9° pasó a ser 7° con la siguiente redacción:

“Artículo 7°.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes modificaciones:

“1.- Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral:

“21ª. Cometer el delito o participar en él por motivos racistas u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología u opinión política, religión o creencias de la víctima, a la nación, etnia o grupo social al que ésta pertenezca, su sexo u orientación sexual, su edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca.”. (Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado. 4 x 0).

2.- Incorpórase un párrafo 1 bis nuevo, al Título III del Libro II y el siguiente artículo:

Ҥ1 bis. De los delitos contra la igualdad de las personas,

en dignidad y derechos.

“Artículo 137 bis. El que públicamente incurriere en conductas de promoción del odio o violencia respecto de personas o grupos de personas por motivo de raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la multa se podrá elevar hasta doscientas unidades tributarias mensuales.”. (Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado. 3 x 0).

Sin embargo, como se explicará, reabierto el debate, este artículo fue sustituido en la forma en que se consignará más adelante.

Artículo 10

Es del siguiente tenor:

“Artículo 10.- Sustitúyese en la letra e) del artículo 17 de la ley N° 19.880 la conjunción “y” que sigue a la palabra “respeto” por una coma (,), y agrégase a continuación del término “deferencia” la frase “y sin discriminación arbitraria”.”.

Esta disposición no fue objeto de indicaciones y, luego de ser analizada por la Comisión, se mantuvo en sus mismos términos, como artículo 8°. (Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado. 5 x 0, Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz, don Pedro).

Sin embargo, como se explicará más adelante, reabierto el debate, esta disposición fue suprimida.

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Como puede apreciarse, en este punto del debate la Comisión había terminado el análisis del articulado que le fuera sometido a su consideración.

No obstante, existía la opinión que el texto despachado aún ofrecía puntos discutibles que merecían ser reconsiderados. Además, la Comisión continuó recibiendo opiniones y nuevos planteamientos que daban cuenta de un debate social en desarrollo en relación con estas materias.

Lo anterior dio lugar, según se explicará, a la reapertura del debate y, en consecuencia, a la adopción de nuevos acuerdos que recayeron tanto respecto de los textos de los distintos artículos de la iniciativa, como de las indicaciones sobre las cuales, en su oportunidad, la Comisión se había pronunciado.

Estas decisiones se adoptaron en mérito de lo dispuesto en los artículos 185 y 121, inciso final, respectivamente, del Reglamento del Senado.

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REAPERTURA DEL DEBATE Y NUEVOS ACUERDOS

Iniciado el Gobierno del Presidente señor Sebastián Piñera, asistió a una de las sesiones de la Comisión el nuevo Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, quien dio a conocer a la Comisión los puntos de vista del Ejecutivo en torno a la iniciativa en estudio.

En primer término, el señor Ministro hizo notar que se retomaría el criterio de encomendar el seguimiento de la tramitación del proyecto al Ministerio Secretaría General de Gobierno, razón por la cual en esta oportunidad había concurrido acompañado de la titular de la señalada Cartera de Estado, señora Ena von Baer.

Enseguida, sostuvo que el tema en análisis y el perfeccionamiento de la respectiva institucionalidad legal se encuentran en el centro de las propuestas del nuevo Gobierno. Explicó que dentro de su Programa, existe un compromiso orientado a buscar políticas que favorezcan a todas las personas y a construir una sociedad de oportunidades para todos, agregando que, justamente, las discriminaciones arbitrarias basadas en las motivaciones que la Comisión ha analizado durante el desarrollo de este debate atentan contra dichos objetivos.

Añadió que al Gobierno también le interesa construir una sociedad de seguridades, pensando especialmente en los sectores más vulnerables, y que otro pilar fundamental de su acción es forjar una sociedad de valores, la cual no discrimina ni hace distinciones por motivos tales como la raza, el sexo u otros, sino que respeta a la persona por su esfuerzo y su mérito.

Informó que el Gobierno ha avanzado en estos tres cometidos durante su primer año de ejercicio.

Valoró la iniciativa en estudio, la cual, sostuvo, significa un adelanto en materia de instrumentos jurídicos destinados a prevenir y sancionar los actos discriminatorios. Connotó, igualmente, el propósito de reforzar la institucionalidad en este ámbito a través del empleo del recurso de protección o de otro mecanismo específico que pueda establecerse para estos efectos. Luego, sin perjuicio de instar a la Comisión a proseguir el debate del proyecto, indicó que a la luz de las opiniones de sus miembros y de los expertos y otros invitados que han sido escuchados, existen elementos en que es necesario profundizar.

En primer lugar, puso de manifiesto la necesidad de diferenciar claramente las discriminaciones arbitrarias de aquellas distinciones que son legítimas. Dijo que este complejo tema era central en la discusión. Enseguida, destacó un aspecto de corte más bien constitucional, cual es la necesidad de velar por no afectar ni menoscabar derechos fundamentales garantizados por la Carta Fundamental, tales como las libertades de expresión, de culto y de enseñanza.

Agregó que un tercer aspecto relevante es evitar que el establecimiento de los mecanismos judiciales que el proyecto pueda franquear derive en la presentación abusiva de denuncias ante los tribunales, las que, a su vez, también afecten otros derechos fundamentales.

Expresó que frente a estas aprensiones existen vías de solución, como las que ya han tenido oportunidad de plantear tanto los miembros de la Comisión como los académicos que han sido invitados.

A continuación, pidió al abogado señor Claudio Oliva, Coordinador de la División de Estudios del señalado Ministerio, que puntualizara los aspectos del proyecto que cabía perfeccionar.

El señor Oliva señaló que era menester, en primer lugar, definir el concepto de arbitrariedad, precisando los requisitos que una conducta debe reunir para ser considerada discriminación arbitraria según el artículo 2°. A este respecto, sugirió establecer que dicha conducta debe carecer de una justificación racional y, además, atentar contra los derechos contemplados en la Constitución Política y en los tratados internacionales vigentes en nuestro medio.

Luego, propuso incluir algún criterio para identificar aquellas distinciones que son legítimas. Hizo presente las sugerencias presentadas a la Comisión sobre el particular por el profesor señor Patricio Zapata –consignadas en este informe- las cuales, opinó, ofrecen criterios adecuados para efectuar esta definición.

También sugirió incorporar una norma que establezca claramente que no serán discriminaciones arbitrarias las distinciones que se amparen en excepciones contempladas por la Carta Fundamental. En este aspecto también coincidió con las proposiciones del profesor Zapata, que consideran excepciones relativas al ejercicio de distintas garantías constitucionales y no solamente de la libertad religiosa. En esta materia, estimó preferible aludir a un conjunto de garantías constitucionales y no establecer una excepción específica a favor de las iglesias.

Indicó que otra materia a discutir es la inclusión de un precepto explícito que señale que ciertas exigencias del Derecho de Familia no son discriminatorias, como es el caso de los requisitos exigidos para la adopción de un menor.

Agregó que un tema abierto al debate es la acción judicial que se establecerá para reclamar contra los actos de discriminación arbitraria, que puede ser el recurso de protección u otro de naturaleza específica para estos fines.

En relación a la acción por la que finalmente se opte, puso de manifiesto que, en todo caso, debe tenerse en cuenta que el recurso de protección no habilita a la respectiva Corte a imponer sanciones, razón por la cual no procede conferirle a través de esta ley una atribución de esa naturaleza. Expresó que si se tiene interés por contemplar una facultad de este tipo, sería más apropiado consagrar una acción diferente. Agregó que aun cuando la definición del recurso que será aplicable es un aspecto que debe debatirse, la idea de optar por el recurso de protección podría aparecer muy vinculada con el criterio de reconocerle al proyecto un carácter interpretativo de la Carta Fundamental, materia que también debe, a su juicio, ser objeto de una discusión en profundidad.

Por otra parte, instó a buscar un mecanismo para que puedan desestimarse aquellas acciones que carezcan de fundamento. A este respecto, hizo presente que el artículo 171 del Código del Trabajo establece que las demandas carentes de fundamento darán lugar a la indemnización de los perjuicios correspondientes. Sugirió contemplar una norma semejante en esta iniciativa, destinada a evitar la presentación masiva de acciones infundadas. Señaló que el propio tribunal que conozca del recurso podría quedar facultado para pronunciarse sobre este aspecto y también sobre las respectivas indemnizaciones. En todo caso, advirtió que la sola existencia de una norma en este sentido cumpliría un papel disuasivo.

Finalmente, propuso discutir acuciosamente la tipificación del ilícito que el proyecto incorpora al Código Penal, de manera de evitar vaguedades que puedan incluso limitar el ejercicio de otros derechos fundamentales, como, por ejemplo, la libertad de emitir opinión.

Enseguida, la Comisión escuchó al abogado señor Juan Pablo González, quien intervino en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El señor González expresó, en primer lugar, que si bien la Constitución Política contempla como derecho esencial de toda persona la igualdad ante la ley, asegurando que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, la realidad demuestra que el fenómeno de la discriminación está extendido en nuestra sociedad en los ámbitos públicos y privados, en prácticas, normas y comportamientos, fundados en la estigmatización en razón de las más diversas motivaciones.

Señaló que en la base de la conducta discriminatoria subyace la intolerancia fundada en la ignorancia respecto de lo diverso y que esta misma realidad demuestra que las conductas que se pretende prevenir y erradicar con el proyecto de ley en estudio son una demostración inequívoca de que los instrumentos normativos existentes en nuestro ordenamiento son deficitarios y que, por lo tanto, se requiere profundizar la legislación dotándola de mejores herramientas. Agregó que, en este sentido, la iniciativa representa una oportunidad para llenar un vacío legislativo de especial trascendencia para el fortalecimiento del principio de igualdad y no discriminación y el respeto efectivo de los derechos humanos, lo que ha sido representado tanto desde la sociedad civil como desde la comunidad internacional.

Sostuvo que la aprobación de este proyecto implica, además, cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado en la materia ante el Consejo de Derechos Humanos. Hizo presente que, precisamente, en el Examen Periódico Universal se hizo cargo de las siguientes obligaciones:

1) Adoptar nuevas medidas para hacer frente a la discriminación contra la mujer y los miembros de los grupos vulnerables, incluidos los niños, las minorías y los indígenas, e intensificar los esfuerzos en pos del pleno respeto de sus derechos y su protección contra las prácticas discriminatorias (párrafo 96 N° 19);

2) Velar en mayor medida por la aplicación de la legislación que garantiza los principios de no discriminación y adoptar una estrategia integral para eliminar todas las formas de discriminación, en particular la discriminación por motivos de género; revisar y, si es necesario, modificar la legislación para garantizar a todos el derecho a no ser discriminados y, en particular, a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (párrafo 96 N° 20);

3) Reforzar las medidas contra las actitudes discriminatorias en la sociedad, por ejemplo, iniciativas de educación pública y de igualdad y medidas legislativas para prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (párrafo 96 N° 27), y

4) Prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, abordarla en los programas y políticas públicas de igualdad y utilizar los Principios de Yogyakarta como guía de la formulación de políticas públicas(párrafo 96 N° 28).

En seguida, abordó el proyecto en análisis en relación con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Informó que, del estudio de la iniciativa surgen tres aspectos fundamentales que debatir a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, referidos a la definición utilizada de discriminación, a las acciones afirmativas y al recurso de protección especial.

En cuanto a la definición de discriminación, señaló que en el derecho internacional de los derechos humanos la prohibición de discriminación es una piedra angular y ha sido reconocida como una norma de jus cogens. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principales tratados internacionales en la materia consagran el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación en el respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Explicó que los Estados pueden incurrir en responsabilidad internacional si no cumplen con su obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, particularmente el artículo 2°, prescribe que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Además, en el artículo 7° se establece que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”.

Indicó que, recogiendo estos principios, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente el artículo 2, obliga a los Estados a respetar y garantizar los derechos declarados sin distinción alguna. Igualmente se establece la obligación de adecuar la legislación interna y adoptar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos garantizados por el Pacto. Del mismo modo, su artículo 26 establece la igualdad de todas las personas ante la ley, prohibiéndose toda discriminación y garantizándoseles una protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Prosiguió señalando que la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, dispone en su artículo 5 el compromiso de los Estados Partes de prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley. Asimismo, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 2 condena la discriminación contra la mujer y establece la obligación de los Estados Partes de seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.

Hizo presente que además de las recomendaciones ya citadas del EPU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó al Estado de Chile que “intensifique sus esfuerzos para la adopción del proyecto de ley contra la discriminación racial enviado al Parlamento en 2005, y se asegure de que una definición de la discriminación racial, que incluya los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención, sea integrada en el ordenamiento legal chileno.”.

Señaló que el proyecto bajo análisis prohíbe la discriminación, “en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el lugar de residencia, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en asociaciones gremiales, el sexo, el género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad.”. Destacó que si bien el artículo ocupa la expresión “en particular”, una redacción acorde a los estándares internacionales debe incorporar la frase “o cualquier otra condición social o individual” en la parte final de la norma. Explicó que, así, la redacción del artículo podría ser más cercana a los estándares internacionales.

Sostuvo que, en términos generales, los criterios que se expresan en los tratados internacionales, como raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquier otra condición social o individual, son ejemplos basados en discriminaciones históricas, por lo que una redacción cerrada a nuevas formas de discriminación no otorga en la práctica una verdadera y real protección.

Resaltó que al haberse eliminado la frase “o cualquier otra condición social o individual”, contenida en la redacción original y por la que se permitía la adecuación de la ley protectora a nuevas y emergentes realidades difíciles de prever y que pudieran constituir a futuro hipótesis de discriminación, no solo disminuye el campo de protección, sino que no está acorde a los estándares internacionales. Como ejemplo de esto último, manifestó que el Comité de Derechos Humanos al pronunciarse sobre el concepto de discriminación en la Observación General N° 18, estableció que el motivo o causa de discriminación puede ser “cualquier otra condición social”, sin establecer taxativamente el catálogo de condiciones en las que se funda la discriminación.

Dijo que, en este sentido, las diversas categorías son reflejo de las históricas discriminaciones, por lo que se citan a modo de ejemplo y no como una enumeración taxativa. Consideró absurdo afirmar que una discriminación arbitraria basada en un criterio que no esté en la ley no sería contraria a derecho.

A continuación, se refirió a las acciones afirmativas.

Hizo presente que la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial establece en su artículo 1.4 que “Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.”.

Del mismo modo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece en su artículo 4 que “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrabará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”.

Indicó que estos artículos hacen referencia a lo que se ha denominado “acciones afirmativas”, es decir, la adopción de medidas especiales en beneficio de un grupo específico con el fin de eliminar la situación de discriminación de la cual son objeto. Es una expresión de la igualdad sustantiva, donde no solo basta con que formalmente todas las personas sean iguales formalmente (una persona, un voto), sino que esta igualdad debe expresarse además en el igual goce de los derechos.

Añadió que, en efecto, esta figura no es una novedad en el ordenamiento jurídico interno ya que el artículo 7° de la ley N° 20.422, que establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, establece que “se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social.”.

Expresó que el proyecto original establecía el deber del Estado de elaborar las políticas y arbitrar las acciones necesarias para garantizar que las personas no fueran discriminadas en el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Específicamente, se señalaba que: “Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas, en los términos que establece la Constitución Política de la República.

El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el inciso anterior, deberá siempre tener carácter temporal, deberá cesar en cuanto se logre el objetivo que las justificó y no podrá derivar, en su aplicación, en el mantenimiento de estándares o derechos desiguales.”.

Consideró que esta redacción implicaba la creación de una herramienta de política pública eficaz para la erradicación de toda forma de discriminación, de manera tal que el Estado podía establecer diferenciaciones legítimas, en la medida en que ellas se encaminaran a promover y fortalecer el principio de no discriminación y la real igualdad de oportunidades de las personas y grupos vulnerables. Destacó que estas medidas son esencialmente temporales, es decir, su vigencia estará condicionada al hecho de mantenerse la brecha de desigualdad. Así, concluyó, la acción afirmativa es un estándar en materia de derechos humanos ya que permite concretar una igualdad de oportunidades que hasta el momento sólo es nominal o formal para algunos grupos en situación de vulnerabilidad.

Enseguida, se refirió a la consagración de un recurso de protección especial.

Explicó que el establecimiento de la acción especial para reclamar por las discriminaciones arbitrarias ha sido uno de los temas de mayor debate y donde mayores resistencias ha suscitado el proyecto en estudio. La razón de este debate, dijo, ha sido determinar la real necesidad de contar con una acción especial, toda vez que el ordenamiento constitucional ya contiene la acción de protección.

Hizo notar que, por lo mismo, la Corte Suprema, mediante oficio N° 27, de 23 de enero de 2007, informó favorablemente que “ante la insistencia sobre su procedencia y como se advierte en lo sustantivo, que se clarifica el ámbito de aplicación de este arbitrio especial contra la discriminación y, en lo procesal, se expresa que interpuesta la acción de protección precluye el ejercicio de la que contempla la iniciativa legal, privilegiando de este modo el estatuto constitucional, y corregidos, además, los otros reparos adjetivos advertidos por esta Corte, es que se emite un pronunciamiento favorable al proyecto en estudio.”.

Sostuvo que no obstante lo anterior, lo que originalmente era una acción especial ante actos discriminatorios (que incluso daba derecho a una indemnización de perjuicios), estaría derivando en el actual artículo 3° del proyecto, en virtud del cual “La o las personas afectadas, por sí o por cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubieren cometido en su contra. Para ello, podrán interponer el recurso de protección”. En otras palabras, se ha decidido optar por la remisión al artículo 20 de la Constitución.

En relación a las acciones de garantía de los derechos fundamentales, señaló que el Estado chileno se comprometió en el EPU a “fortalecer institucionalmente la protección judicial a fin de garantizar plenamente el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución”. Del mismo modo, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre protección judicial, establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”.

Así, sostuvo que la cuestión por resolver es si el recurso de protección ha sido una acción legal efectiva en la protección del derecho a la igualdad y no discriminación. En este sentido, agregó que últimamente tal recurso ha sido utilizado mayoritariamente para efectos de reclamos en contra de alza de planes de salud por parte de las Isapres, mientras que las acciones presentadas por materias de discriminación no han tenido un buen futuro en las Cortes. Ante este escenario, el rol del Estado es fortalecer una acción judicial, de modo tal que en la práctica sea una herramienta eficaz en la protección de los derechos fundamentales y restablezca eficazmente el ejercicio del derecho.

Consideró que lo señalado anteriormente no es un tema menor, ya que por cómo está definido en la Constitución, el recurso de protección no ampara el derecho a la salud (derecho comprometido en el alza de los planes), debiendo argumentarse indirectamente mediante la afectación al derecho de propiedad. En contraste con esto último, el derecho a la igualdad, que sí está protegido por esta acción, no ha encontrado una buena recepción por parte de las Cortes de Apelaciones ni la Corte Suprema. En otras palabras, este recurso ha sido más eficaz en la protección de un derecho excluido de su mandato, que en la protección de un derecho sobre el cual sí tiene aplicación directa.

Reiteró que el estándar internacional exige la existencia de una acción eficaz, lo cual en materia de no discriminación no ha sido el caso. Advirtió que la sola enunciación que hace el artículo 3° del proyecto en cuanto a que toda persona afectada puede presentar esta acción sólo reitera algo que ya está dado en nuestra legislación por el artículo 20 de la Constitución y no agrega ningún elemento nuevo que dote de mayor eficacia a la acción, por lo que no se prevé cómo esta pueda cambiar.

Finalizando su intervención, el señor González expresó que si bien la legislación nacional protege a nivel constitucional la igualdad y castiga la discriminación arbitraria e ilegal, la realidad muestra diversos escenarios de discriminación contrarios a los tratados internacionales y a los pronunciamientos de los órganos internacionales de derechos humanos. En este contexto, agregó, la aprobación de una ley específica que castigue la discriminación y promueva la igualdad, principalmente mediante la promoción de acciones afirmativas, dotando al Estado de herramientas específicas sobre la materia, constituiría un avance significativo en la protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Como motivos de preocupación para el Instituto Nacional de Derechos Humanos en consideración de los estándares internacionales sobre la materia, agrupó en tres materias los aspectos fundamentales existentes hoy en el proyecto: la definición de discriminación, la adopción de medidas afirmativas y el recurso de protección especial.

Sus recomendaciones fueron las siguientes:

1.- Respecto a la definición, recomendó modificar el actual texto del proyecto en pos de establecer una redacción abierta en torno a los criterios en virtud de los cuales no se puede discriminar. Señaló que, específicamente, esto pasa por agregar al final del respectivo artículo la oración “o cualquier otra condición social o individual”.

2.- En relación a las acciones afirmativas, sostuvo que éstas son promovidas por los tratados internacionales en materia de no discriminación, ya que se erigen como medidas de facto concretas que permiten el real y efectivo ejercicio de los derechos por parte de todas las personas, en especial las pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

3.- Finalmente, en cuanto al recurso de protección, resaltó que el derecho internacional de los derechos humanos establece como obligación para el Estado contar con una acción judicial efectiva para la protección de los derechos y que así, entonces, en el caso chileno cabe constatar si en la práctica el recurso de protección es un mecanismo de tutela efectivo contra la no discriminación o si, de lo contrario, es necesario fortalecer una acción especial estructurada de acuerdo a las exigencias del debido proceso.

A continuación, el Ministro señor Larroulet expresó la intención del Ejecutivo de estructurar, con la colaboración de algunos académicos que han sido escuchados durante este debate, un conjunto de propuestas que recogiere las inquietudes pendientes, de manera de presentarlas a la consideración de la Comisión.

Igualmente, puso de manifiesto que también se encontraba en trámite legislativo en el Senado una Moción de los Honorables Senadores señora Pérez y señores Cantero, Chadwick, Girardi y Ruiz-Esquide, que se refiere a la difusión pública del odio y la hostilidad y que establece un nuevo ilícito y una nueva agravante referidos a la amenaza. Instó a tener presente dicha iniciativa en este debate.

Finalmente, la Ministra Secretaria General de Gobierno, señora Ena von Baer, también presente en aquella sesión, reiteró la voluntad del Ejecutivo de colaborar en el despacho de este proyecto, trabajando en conjunto con los especialistas que la Comisión estimara idóneos, de manera de poder consensuar fórmulas que reflejaren los criterios de la Comisión.

En dicha oportunidad, la Presidenta de la Comisión, Honorable Senadora señora Alvear, formuló un conjunto de apreciaciones en torno al contenido del proyecto en estudio, poniendo de manifiesto la conveniencia de agilizar su despacho. Hizo presente que, desde el punto de vista de la responsabilidad internacional que le cabe al Estado de Chile, tanto desde el punto de vista de la implementación de distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos como de la sustanciación de conocidas causas en este mismo ámbito –como fue el caso Soria y la causa vinculada a la Jueza Atala- era particularmente beneficioso que se avance en la tramitación de esta iniciativa.

A la vez, planteó algunas inquietudes acerca de la norma que definirá lo que se entenderá por acto de discriminación arbitraria, la que debería exceptuar aquellas distinciones que sean razonables. En esta materia, instó a revisar la excepción que esta misma disposición estaría consagrando en favor de las iglesias. Igualmente, se refirió al recurso que la iniciativa habrá de contemplar para reclamar en contra de los actos de discriminación arbitraria, que podría ser el de protección u otro específico, y a las opiniones que la Corte Suprema ha evacuado sobre esta materia a lo largo de la tramitación del proyecto. También advirtió sobre los resguardos que deberán establecerse para evitar la proliferación de acciones infundadas.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sostuvo que el problema de fondo que ha entrabado el despacho de este proyecto radica justamente en la definición de los actos de discriminación arbitraria, la que debería cuidar de permitir la existencia de distinciones que tengan un fundamento racional.

Al mismo tiempo, aludió a las dudas que se han presentado en cuanto al recurso que la iniciativa franqueará en contra de dichos actos, señalando que si bien puede parecer atractivo el establecimiento de un nuevo mecanismo, se han escuchado frecuentes opiniones de parte de la Corte Suprema en el sentido de que ello estaría formando una verdadera pirámide de recursos y tribunales nuevos. Sostuvo, en consecuencia, que era menester analizar la efectividad de los nuevos mecanismos que se han ido estableciendo en nuestro ordenamiento, como también la posibilidad de perfeccionar el recurso de protección.

Finalmente, puso de manifiesto a los representantes del Ejecutivo la necesidad de dirimir si la disposición que define los actos de discriminación arbitraria tiene el carácter de norma interpretativa de la Carta Fundamental, pues este aspecto, además de lo concerniente al quórum de aprobación de la misma, tiene otros efectos tales como que ella se entenderá incorporada al texto interpretado a partir de la fecha de origen de éste.

El Ministro señor Larroulet expresó que el Ejecutivo, al asumir sus tareas, examinó la iniciativa en estudio y llevó a cabo algunas rondas de conversaciones, entendiendo que se trata de un proyecto que representa un anhelo de la sociedad chilena y que, a la vez, genera preocupaciones en algunos sectores. El objetivo central, agregó, consiste en compatibilizar dos propósitos, a saber, que no exista discriminación arbitraria en nuestra sociedad, pero que, a la vez, se permitan aquellas diferencias que tangan racionalidad.

Enfatizó que era necesario avanzar en esta tramitación pues se trataba de un proyecto que también es relevante desde el punto de vista de la sustanciación de causas ante tribunales internacionales.

En relación al recurso que se consagre para reclamar de los actos de discriminación arbitraria, señaló que sin perjuicio de que el tema sea profundizado más adelante, bien podría mantenerse el recurso de protección, aun cuando en la práctica éste podría no ser del todo efectivo. Añadió que en cuanto al mecanismo establecido en el Código del Trabajo en relación a los casos de acoso laboral, no existen antecedentes para sostener que éste sea inoperante.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, dijo comprender el sentido que orienta las apreciaciones expuestas por el Ministro señor Larroulet y, refiriéndose al contenido de la iniciativa, puso de manifiesto algunos aspectos a los que debía ponerse la mayor atención, tales como el recurso que deberá consagrarse para reclamar de los actos de discriminación arbitraria, la posibilidad de permitir la existencia de diferenciaciones que tengan un sustento razonable y los aspectos penales que el proyecto contempla.

El Honorable Senador señor Espina instó a acelerar el debate del proyecto, poniendo de relieve la necesidad de dirimir los aspectos centrales del mismo, poniendo énfasis en la definición de las conductas que se considerarán discriminatorias. Resumió los elementos más relevantes que dicha definición debería contemplar y recordó los aportes que para estos efectos se han recibido de destacados juristas, como es el caso del profesor señor Juan Domingo Acosta.

Como se ha señalado precedentemente, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, acogió los criterios precedentemente expuestos y, en mérito de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Corporación, acordó reabrir el debate del proyecto, de manera de poder profundizar en los aspectos que han sido objeto de observaciones y consensuar textos que satisfagan de mejor manera los objetivos perseguidos por la iniciativa.

En este contexto, se conformó un Grupo de Trabajo integrado por los abogados señora Beatriz Corbo y señores Juan Domingo Acosta y Patricio Zapata, propuestos por los miembros de la Comisión de Constitución; señor Juan Pablo González, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; señores Claudio Oliva y Sebastián Soto, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y señora Carolina Infante, del Ministerio Secretaría General de Gobierno. A ellos se les instó a tener en cuenta las inquietudes manifestadas durante este debate, particularmente en lo relativo a la definición del acto de discriminación arbitraria y de la acción para reclamar de ellos. Se les pidió, asimismo, considerar los lineamientos que se han dado a conocer, para, luego, presentar a la Comisión nuevas redacciones para esta iniciativa.

En una sesión posterior, el mencionado Grupo de Trabajo presentó a la Comisión una proposición que sustituye el texto anteriormente acordado por la Comisión.

A nombre del referido Grupo de Trabajo, el Coordinador de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, señor Claudio Oliva, explicó que, luego de varias reuniones de trabajo, se había llegado a un texto consensuado en casi todas las disposiciones del proyecto, subsistiendo discrepancias puntuales de parte de algunos de sus integrantes. Por ello, se estimaba que el texto que se presentaba a la Comisión era apto para producir los consensos políticos y sociales que merece un tema de la relevancia del tratado por este proyecto.

En cuanto a la estructura del proyecto propuesto, explicó que éste se divide en tres títulos, denominados respectivamente “Disposiciones generales”, “La acción de no discriminación arbitraria” y “Reforma de otros cuerpos legales”, y que a ellos se agrega un artículo final.

Indicó que la sola denominación de los títulos mencionados da cuenta de dos decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo, a saber, optar por la expresión “discriminación arbitraria”, en vez de simplemente “discriminación”, y por una acción especial, en lugar del recurso de protección.

En cuanto a lo primero, esto es, a perseverar en el uso de la expresión “discriminación arbitraria” en vez de sustituirla por la de “discriminación”, informó que la razón para ello es que la primera se encuentra firmemente arraigada en nuestra tradición jurídica. Hizo presente que la utiliza nuestra Constitución en el artículo 19, número 22, cuando garantiza “la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica”. Agregó que también lo hacen leyes de reciente aprobación, como la Ley General de Educación, la cual en su artículo 5° señala que corresponderá al Estado “fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria”. Además, la mencionada expresión es también habitualmente empleada por la doctrina y por los fallos de nuestros tribunales, como puede apreciarse en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de las Cortes.

Añadió que, por último, al incluirse las omisiones como forma de discriminación, se ha considerado que la inclusión de la expresión “arbitraria” constituye una directriz o elemento orientador para una correcta aplicación de esta normativa en tales casos. Puso de manifiesto que, sin embargo, el abogado señor Juan Pablo González había planteado que el término “discriminación” no era neutro y que, conforme a los estándares del Derecho Internacional, toda discriminación es arbitraria.

Enseguida, explicó que la segunda decisión que los nombres de los Títulos del proyecto reflejan es la de crear una acción especial de no discriminación, de cuyos detalles se hablará más adelante, en vez de emplear el recurso de protección.

Señaló que, para ello, se tuvieron presentes fundamentalmente tres razones. Primero, la escasa eficacia mostrada hasta ahora por el recurso de protección para la tutela de derechos, como el de igualdad ante la ley. Segundo, la falta de idoneidad del procedimiento del recurso de protección para la aplicación de sanciones. Y, tercero, los problemas jurídicos que podría entrañar la extensión del objeto del recurso de protección sin una reforma de la Constitución o una ley interpretativa de la misma.

Luego, el señor Oliva pasó a referirse a los dos preceptos que integran el Título I, sobre Disposiciones Generales.

Indicó que el artículo 1° consagra el propósito de la ley.

En cuanto a éste, expresó que se había optado por redactarlo del modo más riguroso y menos pretencioso posible. Así, se señala que la ley “tiene por objeto fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria”. Explicó que se había añadido un inciso segundo para prescribir que esta ley, además, modifica otros cuerpos legales con el propósito de hacer más gravosa su comisión, en los casos a que se refieren las disposiciones que resultan reformadas.

Hizo presente que el señor Juan Pablo González, en representación del Instituto de Derechos Humanos, dejó constancia que, según la perspectiva acordada por dicho Instituto, la redacción original del artículo 1° del proyecto es más cercana a los estándares internacionales, debido a que establece la obligación del Estado de “prevenir y eliminar” toda discriminación.

En relación con la definición de discriminación arbitraria, destacó que, como ya ocurría en el texto discutido por la Comisión, ella rige sólo para los efectos de esta ley. Se excluye, de esa manera, que sea tenida como una ley interpretativa de la Constitución.

Por otra parte, informó que se añadió a los elementos constitutivos de la discriminación arbitraria la falta de una justificación razonable. Por lo tanto, precisó que, para que se esté ante tal discriminación, deben concurrir copulativamente los siguientes elementos:

1.- Una distinción, restricción o exclusión cometida por agentes del Estado o particulares.

2.- La falta de una justificación razonable para ella.

3.- La privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, como consecuencia de ella.

Enseguida, resaltó que en la lista -no taxativa- de categorías sospechosas de discriminación arbitraria se introducen algunos cambios. Por una parte, dijo, se propone eliminar el lugar de residencia y el género. En el primer caso, porque en nuestro ordenamiento hay muchos derechos supeditados al lugar de residencia, como el derecho a sufragio o a la atención de salud primaria y porque las diferencias odiosas fundadas en el lugar de residencia quedan comprendidas en otros criterios, como la situación socio-económica. Y, en el segundo caso, porque se estimó que el concepto de género queda suficientemente cubierto con las expresiones “sexo” y “orientación sexual”.

Sobre este punto, informó que don Juan Pablo González planteó que el criterio de género comprendía circunstancias distintas a la orientación sexual.

Asimismo, hizo presente que la señora Beatriz Corbo, también integrante del Grupo de Trabajo, estuvo por suprimir también la expresión “orientación sexual”, porque: 1) Ningún tratado general o global de Naciones Unidas la menciona. Todas las veces que se ha intentado introducir como una categoría de no discriminación, la proposición ha sido rechazada; 2) El único tratado que la menciona es la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que sólo ha sido ratificada por siete países, entre los que no está Chile; 3) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha intentado que se interprete que la orientación sexual está incluida en las “otras condiciones” a que se refiere la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero ello ha sido también rechazado. El fundamento ha sido que es ilegítimo que un tratado sea reinterpretado para introducir nuevas categorías, y 4) En el ámbito latinoamericano, debe agregarse que tan claro es que la orientación sexual no está incluida expresamente en la Convención Americana que lo que precisamente persigue el Caso Atala es que ella sea incorporada dentro de la categoría “otra condición social” que reconoce la Convención en el artículo 1.1.

Siempre en relación con la definición de “discriminación arbitraria”, agregó, por último, que a la “sindicación o participación en asociaciones gremiales” se añadió “la falta de ellas”, pues, tratándose de derechos y no de cargas u obligaciones, la decisión de no optar por ellas no debe tampoco ser motivo de discriminación sin justificación razonable.

En seguida, se refirió al deslinde entre discriminaciones arbitrarias y diferencias legítimas. Al respecto, explicó que en vez de mantener una excepción explícita relativa a las instituciones religiosas, que se estimó algo limitada dada la existencia de otra serie de campos en los que se configuran diferencias legítimas, se optó por deslindar de modo genérico las discriminaciones arbitrarias de aquellas consideradas legítimas. Así, en el inciso segundo del artículo 2° se señala que se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental o en otra causa constitucionalmente legítima. Y se mencionan de manera especial, aunque no excluyente, los derechos garantizados en los números 4, 6, 11, 12, 15, 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución, es decir, el derecho a la vida privada; la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos; la libertad de enseñanza; la libertad de emitir opinión y de informar; el derecho de asociación; la libertad de trabajo; y el derecho a desarrollar actividades económicas. De esta manera, se logra equilibrar los derechos constitucionales que pueden entrar en colisión.

Reiteró que, como se vio antes, la definición de discriminación arbitraria deja en claro que las categorías sospechosas a que alude el texto lo son prima facie y no en términos definitivos o absolutos. Hay contextos en que su empleo, aún cuando pudiere significar la exclusión de alguna oportunidad o prestación, es sin embargo, legítimo, dada la existencia de una justificación razonable. Sostuvo que la ley no puede anticipar a priori, y para cada caso, cuales podrían ser esas justificaciones razonables, pero que el Grupo de Trabajo hizo un esfuerzo por identificar genéricamente las principales justificaciones que importan tal razonabilidad. De acuerdo con ellas, por ejemplo, el ejercicio legítimo de la libertad de opinar (en cuanto derecho fundamental) o la preservación de la seguridad externa de la República (en cuanto causa constitucionalmente legítima) serían motivos razonables para distinguir en atención a la ideología o la nacionalidad. Se explicita, así, que nada de lo dispuesto en esta ley tiene por objeto o efecto colocar al derecho al trato igual como un derecho preferente al cual deban subordinarse todos los demás y que nadie puede ser sancionado por ejercer legítimamente un derecho fundamental.

A continuación, efectuó una breve relación de los contenidos y del sentido del Título II, sobre la acción especial de no discriminación arbitraria.

Este Título II, como queda dicho, está dedicado a la acción especial de no discriminación arbitraria, a la que se da una regulación bastante minuciosa.

En cuanto a la competencia para conocer de la acción de no discriminación arbitraria, indicó que se optó por entregarla a los Juzgados de Letras, en quienes se ha radicado generalmente el conocimiento y resolución de los litigios contenciosos y aquellos en que se deducen acciones cautelares, dejando la revisión de la sentencia sometida a las Cortes de Apelaciones por la vía del recurso de apelación. Adicionalmente, se consideró que de esta manera se facilita el acceso a la justicia por parte de quienes viven en localidades donde no hay una Corte de Apelaciones pero sí Juzgados de Letras.

Puntualizó que la acción podrá ser deducida por el afectado, por su representante y por quien lo tenga de hecho a su cuidado, o por cualquier otra persona si los anteriores están impedidos de hacerlo, dentro de 30 días corridos luego de acontecido el acto discriminatorio o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de él, con un tope máximo de un año.

Respecto de la inadmisibilidad, destacó que se prefirió especificar los casos en que el tribunal deberá declarar inadmisible la acción. Así acontecerá, entre otros, cuando se pretenda impugnar el contenido de leyes vigentes, cuando se objeten sentencias judiciales o cuando se ha recurrido de protección o amparo.

En lo tocante al procedimiento, puso de relieve que éste incluye la interposición de la acción, informe del o los denunciados, conciliación, prueba, sentencia y apelación. Se faculta, además, al tribunal para disponer la suspensión provisional del acto reclamado y para decretar medidas para mejor resolver.

En relación con el contenido de la sentencia, expresó que en caso que el tribunal determine en ella que ha existido discriminación arbitraria, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea reiterado u ordenará que se realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un plazo perentorio prudencial para ello. También podrá adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Por último, aplicará una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatoria.

Si la sentencia estableciera fundadamente que la denuncia carecía de toda base, el tribunal aplicará al recurrente una multa de 2 a 20 UTM.

Por último, explicó que el Grupo de Trabajo proponía no incorporar normas especiales sobre indemnización de daños y perjuicios, dejando esta materia a la regulación de las normas generales, por estimar que ella requiere de un procedimiento diferente en que pueda discutirse la existencia de todos los elementos que la harían procedente.

Luego, abordó lo relativo al Título III, sobre reforma de otros cuerpos legales

En este punto, informó que el Título III, que agrupa reformas a otros cuerpos legales, mantuvo sólo tres de las que consideraba el texto discutido en la Comisión: las que incluyen los actos de discriminación arbitraria entre las prohibiciones de los funcionarios públicos, en general, y de los funcionarios municipales, en particular, y la que introduce una circunstancia agravante al Código Penal, para quien cometa un delito por motivos racistas u otra clase de discriminación arbitraria.

Añadió que, a la vez, se optó por dejar fuera otras tres reformas incluidas en el texto discutido por la Comisión: la de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, improcedente luego de la dictación de la Ley General de Educación -que, como se dijo, alude explícitamente a la discriminación arbitraria-; la de la Ley de Procedimientos Administrativos, que parece innecesaria dado el campo de aplicación reglado por aquella ley; y el nuevo tipo penal que se pretendía crear. En cuanto a este último, la mayoría de los integrantes del Grupo de Trabajo estimó que un delito como el propuesto, que penaría la promoción del odio contra personas o grupos de personas, resulta demasiado vago y podría importar una limitación excesiva a la libertad de expresión. De hecho, la doctrina penal cuestiona -desde el punto de vista de su legitimidad- el establecimiento de esta clase de delitos, denominados “de clima”. Además, acotó, ya existe un tipo semejante respecto de las expresiones emitidas a través de medios de comunicación social.

Por último, destacó que se sugiere un artículo final, en el que se señala que las disposiciones de la ley no podrán ser interpretadas como derogatorias o modificatorias de otras normas legales vigentes aparte de las explícitamente mencionadas. El propósito de una norma semejante, dijo, es que las diferencias contenidas en leyes vigentes sólo puedan quedar sin efecto por estimarlas inconstitucionales el tribunal facultado para pronunciarse sobre ello o en virtud de nuevas leyes que sean el resultado de un debate explícito en nuestro órgano legislativo sobre la pertinencia de tales diferencias.

El señor Oliva también se hizo cargo de lo relativo al carácter de las normas de este nuevo texto. Al respecto, expresó que, dado que el texto señala que la definición de discriminación arbitraria rige sólo para los efectos de la propia ley, que tiene un propósito muy acotado, ya que no se emplea el recurso de protección ni introducen modificaciones o variantes a él, el Grupo consideró que el texto propuesto no corresponde a una ley interpretativa de la Constitución ni menos a una reforma de la misma, sino a una ley orgánica constitucional en todas aquellas disposiciones que alteran las atribuciones de los tribunales de justicia y a una ley ordinaria en las restantes.

Asimismo, relató que se discutió en el Grupo de Trabajo la conveniencia de reponer la explícita alusión a un deber del Estado de adoptar medidas afirmativas para eliminar las discriminaciones existentes, que contenía el proyecto original. Sus miembros, puntualizó, con la excepción del señor Juan Pablo González, optaron por no incorporar una disposición semejante, entendiendo que tales medidas afirmativas, en cualquier caso, no están prohibidas y que los poderes públicos cuentan con las potestades para adoptarlas cuando lo estimen necesario, cosa que deberá ser analizada y debatida separadamente en cada una de las hipótesis en que la cuestión pueda plantearse.

Sobre este punto, aclaró que el señor Juan Pablo González planteó también la idea de mencionar en el texto del proyecto que toda persona supuestamente discriminada y que no tuviera los recursos económicos necesarios podría recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente para su debida defensa. La mayoría estimó, sin embargo, que una mención de ese tipo es innecesaria, pues tal derecho ya existe en nuestra legislación.

Finalmente, señaló que, de esta forma, el Grupo Trabajo entiende que su cometido ha concluido y pone el texto elaborado a disposición de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con la esperanza de que él contribuya a facilitar la aprobación del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, obteniendo para él los amplios consensos que la materia requiere.

El profesor Juan Domingo Acosta complementó la exposición anterior refiriéndose a algunos aspectos concretos que él estimó conveniente abordar.

Respecto del artículo 1° del texto propuesto por el Grupo de Trabajo, destacó que uno de los factores que facilitó alcanzar consensos en esa labor consistió en acotar el objetivo del proyecto a la protección de las víctimas de discriminación mediante el establecimiento de una acción especial que tiende a impedir y a hacer frente a actos de esa naturaleza, más que a elaborar definiciones teóricas sobre el tema de la discriminación. Esa opción, enfatizó, contribuyó sustantivamente a alcanzar acuerdos.

En relación al artículo final del mismo texto, explicó que lo que inspiró a la Mesa de Trabajo fue que todos los debates que se han dado en este ámbito, como el referido al matrimonio homosexual u otros, que son debates legítimos y que han estado o estarán próximamente radicados ante los órganos correspondientes –Tribunal Constitucional, Poder Legislativo- deben ser discutidos en su mérito en el marco de otros proyectos de ley y no en torno a éste, que tiene un propósito básicamente cautelar.

Luego, indicó que se decidió mantener la expresión “arbitraria” para referirse a los actos discriminatorios no solamente por mantener la tradición jurídica chilena, sino que también para precisar el texto y por la circunstancia de que la acción de discriminación que crea esta iniciativa procede respecto de actos y omisiones. Siendo así, las omisiones no son una mera abstención, sino que es un dejar de hacer algo a lo que se está jurídicamente obligado. Por esto, el uso de la expresión “arbitrio” como un elemento normativo permite, precisamente, restringir el concepto de omisión a aquellos casos en que se observa una obligación jurídica infringida por parte de la persona en contra de la cual se dirige la acción.

A continuación, puso de relieve que la proposición del Grupo de Trabajo no considera el establecimiento de una nueva figura penal, como lo viene haciendo el proyecto discutido por el Congreso Nacional. Indicó que la eliminación de este nuevo delito se acordó, básicamente, porque en la doctrina penal existe un severo reparo a la legitimidad de este tipo de delitos, en el sentido de que en ellos se anticipa de manera excesiva la reacción punitiva del Estado frente a conductas que están muy cerca de ser actos internos de las personas. Admitió que si bien algunos países, como Alemania y Argentina, los contemplan, esos delitos no son propios de las sociedades democráticas modernas, sino que corresponden, más bien, a “delitos de clima”, esto es, que operan en épocas de crisis.

Precisó, no obstante, que lo anterior no significa que el Estado democrático moderno no pueda actuar frente a estas conductas. Lo que ocurre, acotó, es que el Derecho Penal no es el instrumento adecuado para hacerlo.

Agregó que, a su juicio, incorporar “delitos de bagatela” en nuestro ordenamiento desprestigia el poder punitivo del Estado, toda vez que esas conductas discriminatorias corresponden, en doctrina, a verdaderas faltas, que, por tanto, deben sancionarse con multas.

A mayor abundamiento, resaltó que estos delitos prácticamente no se investigan y rara vez se sancionan, como ocurre en nuestro medio con los delitos previstos y sancionados en la Ley de Prensa.

Sin embargo, afirmó que sí estima conveniente mantener la incorporación de la agravante genérica relativa a actuar por discriminación porque ella da cuenta de un sustrato de delito que puede verse agravado por causas especialmente reprochables o, en otras palabras, porque se refiere a conductas realizadas por “móviles bajos”.

Enseguida, el profesor Acosta se refirió a algunos aspectos procesales del texto sustitutivo propuesto por el Grupo de Trabajo.

Explicó que, en cuanto al tribunal competente, se optó por encomendar el conocimiento de la nueva acción al juez de letras del domicilio del denunciante o del responsable de la acción discriminatoria, a elección de aquél.

Argumentó que esta decisión corresponde a la competencia natural del juez de letras; permite mantener la segunda instancia en las Cortes de Apelaciones y satisface de mejor forma el principio de acceso a la justicia.

Relató que en relación a la legitimación, hubo un extenso debate, que se zanjó mediante la fórmula contenida en el artículo 4° del texto sustitutivo, según la cual el propio afectado, su representante legal o quien tiene de hecho su cuidado personal o su educación, podrán interponer la acción.

Puntualizó que al considerarse la posibilidad de que organismos no gubernamentales u otras entidades pudieran ejercer la acción, se convino en que éstas, solamente en caso de que las personas naturales mencionadas en el párrafo anterior se encuentren imposibilitadas de ejercerla, podrán interponer la acción a favor, y no en representación, del afectado.

Respecto del trámite de esta acción, destacó que ella debe interponerse dentro del plazo de treinta días desde la ocurrencia del hecho o de la omisión, término que se cuenta desde que se sufrió la discriminación o se tuvo conocimiento de ella. No obstante, agregó, en interés de la paz social en ningún caso podrá interponerse después de un año de acaecido el hecho o la omisión, cualquiera sea el momento en que se tomó conocimiento de ella.

Finalmente, en cuanto a la manera de interponerlo, explicó que se había optado por una fórmula muy sencilla, que permite hacerlo aún verbalmente, en situaciones urgentes, levantándose un acta en estos casos.

El profesor señor Patricio Zapata, también miembro del Grupo de Trabajo, puso de relieve que el trabajo de esta entidad se realizó en diversas sesiones, pero que, finalmente, permitió arribar a un consenso. Éste, a su vez, implicó que sus distintos miembros hicieran concesiones, en aras de alcanzar un texto útil, que ayudara a esta Comisión de Constitución a despachar el proyecto.

En relación con el tribunal competente para conocer de la acción que se regula en esta iniciativa, informó que, habiéndose consultado al señor Ministro de Justicia, éste concordó en que resultaba más adecuado entregar el conocimiento de ella a los jueces civiles antes que a las Cortes de Apelaciones. El Secretario de Estado habría agregado que con la reforma al procedimiento civil en que actualmente se está avanzando, ello será aún más conveniente.

Sobre este mismo punto, agregó que la doctrina está conteste en que el recurso de protección no está cumpliendo los fines para los que fue instaurado, no se están cumpliendo sus plazos y, por su estructura, no cumple las garantías procesales mínimas para utilizarlos en el objetivo de aplicar a través de él, multas.

Luego se refirió al inciso segundo del artículo 2° propuesto por el Grupo de Trabajo.

Sobre este precepto, recordó que el texto despachado en principio por la Comisión de Constitución contemplaba un precepto que liberaba a las iglesias de los preceptos de esta iniciativa. Esa disposición, agregó, que era criticable, fue sustituida por otra mediante la cual se le indica al juez que si bien se está relevando la igualdad –porque en nuestro país se observan déficits importantes en este ámbito- no se debe considerar la igualdad como preferente; no se debe entender que todos los demás derechos se subordinan a la igualdad. Sea por la vía de la preferencia, de la armonización, de la ponderación u otra opción doctrinaria, el juez siempre debe tener presente que en los conflictos invariablemente hay a lo menos dos bienes en juego y, por tanto, debe entender que habrá diversas situaciones en que puede colisionar la igualdad con otros derechos fundamentales y que sería un error entender que en todos esos casos el juez debiera preferir el bien representado por la igualdad.

Señaló que, en este sentido, en el inciso segundo del artículo 2° se señala que cuando hay ejercicio legítimo de un derecho y sobre la base de ese ejercicio legítimo se hacen distinciones, por ejemplo entre nacionalidades o condición social, ello no constituye violación de esta ley.

Expresó que, como la ley no puede precaver cada una de esas situaciones de conflicto, lo que cabe a la ley es advertir al juez que deben protegerse, al mismo tiempo que la igualdad, otros bienes, como la libertad religiosa. Pero, al mismo tiempo, el legislador debe hacer presente que, además de esta última, existen la libertad personal, la de opinión, la de asociación, etc.

Finalmente, resaltó que para evitar efectos no deseados, se precisa que, en ningún caso, al juez le cabe presumir o deducir que esta iniciativa busca derogar tácitamente otras leyes vigentes ni declarar inconstitucionales otras normas en vigor a partir del texto de esta ley.

El abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Juan Pablo González, reiteró que dentro del Grupo se intentó trabajar con eficacia y animados por el propósito de prestar un buen servicio a la Comisión.

Precisó que las posturas de minoría que mantuvo respecto de ciertos puntos se explican por la función que corresponde cumplir al Instituto que representa, esto es, asesorar para hacer presente los estándares internacionales en materia de protección de los derechos fundamentales.

Manifestó que el proyecto se acerca bastante a estos estándares en lo referido al concepto de no discriminación y en cuanto a la existencia de una acción especial que la asegure. Sin embargo, agregó, la iniciativa contempla algunos puntos que, a su juicio, no son plenamente satisfactorios, como es la ausencia de mecanismos de prevención de eventuales formas de discriminación; la referencia a “discriminaciones arbitrarias” en vez de hacerlo simplemente a “discriminación”, término, este último, que, en sí mismo, conlleva una carga negativa y, por tanto, reprochable, así como no considerar la “identidad de género” como causal de discriminación.

La Ministra Secretaria General de Gobierno, señora von Baer, agradeció a los integrantes del Grupo de Trabajo el esfuerzo que habían realizado y, en especial, su disposición a renunciar a algunas posturas que mantenían en lo personal o en cuanto representantes de alguna entidad, para favorecer un acuerdo.

Manifestó que la proposición que el Grupo ha presentado es un texto útil, consensuado, que recoge lo debatido en el último tiempo en el Congreso Nacional, y que, por estas razones, contribuirá para avanzar en el trámite de este proyecto de ley.

Aseguró que el Ejecutivo desea impulsar el despacho de esta iniciativa a partir de estas proposiciones, que consideró una alternativa más adecuada que las anteriormente conocidas.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, también agradeció el trabajo realizado por el mencionado Grupo, el que, indicó, será una gran ayuda para dar solución a un tema difícil. Explicó que, en efecto, no es fácil dar satisfacción a diferentes sectores que plantean soluciones distintas en esta materia.

Hizo presente que al órgano legislativo le corresponde proveer soluciones a los problemas reales y, que en este caso, es necesario regular fórmulas para sancionar conductas discriminatorias. Afirmó que en estos años no ha faltado voluntad para legislar, sino que se ha enfrentado una seria dificultad para encontrar un acuerdo conveniente.

Y en el texto que el Grupo ha propuesto, dijo, están las bases para alcanzar ese acuerdo.

Señaló que le parece un logro particularmente destacable el carácter que ha adoptado el proyecto, esto es, generar un camino expedito y eficaz de protección frente a las discriminaciones. Como ha quedado claro que el recurso de protección no es suficiente, insistió, la nueva fórmula propuesta permitirá salvar las dificultades que ofrece hoy esa acción constitucional.

También puso de relieve el concepto de discriminación arbitraria contenido en la propuesta. Sobre este punto, opinó que el inciso segundo del artículo 2° ofrece una buena solución a inquietudes expresadas por diversos grupos, no solamente cultos religiosos.

En este último sentido, expresó que si bien el concepto “discriminación” tiene una connotación negativa, la posibilidad de resolver conflictos supone establecer que el ejercicio legítimo de un derecho ofrece márgenes para efectuar algunas distinciones.

Concluyó manifestando que esta proposición es una contribución muy positiva para resolver una discusión que se ha extendido demasiado tiempo, sobre un tema respecto del cual la comunidad espera del Parlamento una solución satisfactoria.

El Honorable Senador señor Espina felicitó a los integrantes del Grupo de Trabajo por el notable texto que han presentado a la consideración de la Comisión.

Resaltó el acierto que representa haber dejado de lado discusiones teóricas o doctrinarias para privilegiar una fórmula más bien práctica, como es buscar que las soluciones a las discriminaciones arbitrarias puedan evitarse o sancionarse mediante un procedimiento expedito ante los tribunales de justicia.

De esta forma, agregó, no se entregará a la ciudadanía una norma ineficaz sino que, con talento, se ha definido pragmáticamente lo que debe entenderse por discriminación arbitraria, ofreciéndose un mecanismo simple y ágil para castigarla.

Manifestó que el texto presentado por el Grupo está bien construido y redactado y que sus normas de procedimiento son justas y equilibradas, destacando la posibilidad de suspender la conducta arbitraria.

El Honorable Senador señor Chadwick destacó que estas proposiciones venían a permitir un gran avance en un proyecto que ha sido muy largamente tramitado. Aclaró que, sin embargo, las complejidades de éste no dicen relación con una negativa a sancionar las discriminaciones arbitrarias, sino con encontrar la forma de hacerlo eficazmente.

Desde este punto de vista, añadió, el Grupo de Trabajo ha resuelto satisfactoriamente los dos puntos más conflictivos, que son, por una parte, cómo entender la discriminación sin impedir que existan distinciones que son legítimas y, por otro lado, cómo crear una acción judicial que no entre en conflicto con el recurso de protección.

Para estos dos temas, expresó, se ofrecen soluciones muy razonables.

Puso de relieve que, en lo judicial, se propone una acción que no impide optar por el recurso de protección, no obstante que, por razones de legitimación activa, se deberá optar por una u otro.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, se sumó a las felicitaciones y agradecimientos expresados a los miembros del Grupo de Trabajo. Aseguró que ellos habían recogido muy adecuadamente las inquietudes que impedían avanzar en el despacho de esta iniciativa y que los temas más complejos habían sido bien resueltos.

Concordó en que, más adelante, la reforma procesal civil que se iniciará próximamente contribuirá a alcanzar mayor eficiencia en la solución judicial a los conflictos que surjan por causa de discriminaciones arbitrarias.

Finalmente, la Presidenta de la Comisión, Honorable Senadora señora Alvear, también valoró muy positivamente el importante aporte que el Grupo de Trabajo había entregado a la Comisión. Aseveró que esta contribución era especialmente importante porque facilitaría poner término a una situación que resulta incomprensible, esto es, que nuestro país no cuente todavía con una ley para enfrentar situaciones de discriminaciones arbitrarias.

Hizo presente que, por las enmiendas que se vienen proponiendo a la acción judicial especial y en materia de competencia de tribunales, se deberá oficiar nuevamente a la Corte Suprema para conocer su opinión sobre estas nuevas proposiciones.

- - -

A continuación, la Presidenta de la Comisión, Honorable Senadora señora Alvear, dio inicio al análisis de las redacciones recién explicadas.

Los preceptos que componen el nuevo articulado se estructuran, como se ha dicho, en tres Títulos. El I, compuesto por los artículos 1° y 2°, denominado “Disposiciones Generales”; el II, formado por los artículos 3° a 14, inclusive, regula “La Acción de No Discriminación Arbitraria”, y el III plantea una serie de “Reformas a Otros Cuerpos Legales”.

Antes de iniciar este análisis, cabe consignar que los acuerdos referidos a la totalidad de este nuevo articulado contaron con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear (Presidenta) y señores Espina y Walker, don Patricio.

Del mismo modo, debe informarse que, por la unanimidad de los ya nombrados señores Senadores, se acordó dejar constancia de que el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, adhirió a estas votaciones.

Como consecuencia de la reapertura del debate recién acordada, la Comisión hubo de pronunciarse, una vez más, sobre algunas de las indicaciones presentadas al inicio del trabajo, particularmente respecto de aquellas que dicen relación con las materias abordadas por el articulado precedentemente transcrito. Estos pronunciamientos se adoptaron por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear (Presidenta) y señores Espina y Walker, don Patricio, y contaron la adhesión del Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, don Hernán, tanto para la aprobación de dichas indicaciones, como tratándose del rechazo de las que resultaron contradictorias con el nuevo texto.

Sin perjuicio de lo anterior, se acogieron algunas nuevas disposiciones que se estimaron necesarias para alcanzar un proyecto que regule en forma armónica y coherente con los propósitos que se han buscado. Lo anterior se acordó en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento de la Corporación y también contó con la misma votación.

DISCUSIÓN EN TORNO A LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO TÉCNICO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°

En virtud de la proposición del Grupo de Trabajo, este precepto dispone que la ley en estudio tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. En su inciso segundo, agrega que esta ley también modifica otros cuerpos legales con el propósito de hacer más gravosa la comisión de dichos actos en los casos a que se refieren las disposiciones que resulten reformadas.

Analizada esta disposición, hubo acuerdo en torno a su inciso primero. En cambio, por razones de técnica legislativa, se optó por desechar el segundo.

En consecuencia, la indicación número 1 fue aprobada con modificaciones, por la votación antes señalada.

Artículo 2°

Este precepto define la discriminación arbitraria como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socio-económica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

Su inciso segundo precisa que se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso precedente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6°, 11°, 12°, 15°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.

Este artículo fue aprobado por la referida unanimidad.

Como consecuencia del acuerdo anterior, las indicaciones números 5, 6.1, 6.2 y 6.3 fueron aprobadas con modificaciones, por la votación antes señalada.

TÍTULO II

LA ACCIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

Artículo 3°

Este artículo consagra la acción de no discriminación arbitraria como el mecanismo judicial que las personas directamente afectadas por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria podrán interponer, precisando que, a elección del actor, ésta podrá presentarse ante el juez de letras de su domicilio o ante el del domicilio del responsable de dicha acción u omisión.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó este precepto, así como el epígrafe que le precede. Igualmente, acogió, por la misma votación, las indicaciones números 10 y 11.

Artículo 4°

Esta disposición establece quiénes estarán legitimados activamente para interponer la acción, mencionando, al efecto, a cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria, a su representante legal o a quien tenga de hecho el cuidado personal o la educación del afectado.

Su inciso segundo agrega que también podrá interponerse por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, cuando este último se encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aún teniéndolos, éstos se encuentren también impedidos de deducirla.

Por las razones expuestas al momento de explicar la decisión de reabrir el debate y adoptar nuevos acuerdos, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina y Walker, don Patricio, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 4°.

Artículo 5°

Esta norma dispone que la acción deberá ser deducida dentro de treinta días corridos contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella. Añade que en ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u omisión.

Su inciso segundo manda que la acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta por la secretaría del tribunal competente.

La Comisión consideró que el plazo propuesto era muy breve, por lo que lo amplió a noventa días.

También por los fundamentos tenidos en cuenta para reabrir el debate y adoptar nuevos acuerdos, la Comisión, por la misma unanimidad anterior, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 5°, con la aludida enmienda.

Artículo 6°

Este artículo fija los casos en que no se admitirá a tramitación la acción de no discriminación arbitraria. Estos son los siguientes:

a) Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles, aun cuando el recurrente se haya desistido;

b) Cuando se impugnen los contenidos de leyes vigentes;

c) Cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por la Constitución o la ley;

d) Cuando carezca manifiestamente de fundamento, y

e) Cuando la acción haya sido deducida fuera de plazo.

Explica que si la situación a que se refiere la letra a) se produce después de que haya sido admitida a tramitación la acción de no discriminación arbitraria, el proceso iniciado mediante esta última acción terminará por ese solo hecho.

A proposición del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, la Comisión consideró que, para evitar la duplicidad de acciones sobre un mismo hecho, así como el riesgo de que existan sentencias contradictorias respecto de aquél, cabía complementar la enumeración anterior agregando que tampoco se admitirá la acción de no discriminación cuando se haya requerido tutela en los términos de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.

Por los mismos argumentos referidos en el artículo anterior, la Comisión, por la misma votación, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 6°, con el agregado relativo a la tutela de los derechos laborales.

Artículo 7°

Este precepto dispone que en cualquier momento del juicio, el recurrente podrá solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, y el tribunal deberá concederla cuando, además de la apariencia de derecho, su ejecución haga inútil la acción o muy gravosa o imposible la restitución de la situación a su estado anterior.

Además, en su inciso segundo se contempla la posibilidad de que el tribunal revoque la suspensión provisional del acto reclamado, de oficio o a petición de parte y en cualquier estado del procedimiento, cuando no se justifique la mantención de la medida.

También por los fundamentos tenidos en cuenta para reabrir el debate y adoptar nuevos acuerdos, la Comisión, por la misma unanimidad anterior, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 7°.

Artículo 8°

Esta disposición entrega al tribunal la facultad de requerir informe a la persona denunciada y a quien estime pertinente. Establece que los informes deberán ser evacuados dentro de diez días hábiles y que, cumplido ese plazo, el tribunal proseguirá la tramitación de la causa, aún sin los informes requeridos.

En consideración a lo expuesto al momento de acordar la reapertura del debate, la Comisión, siempre por la misma votación, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 8°.

Artículo 9°

Este precepto establece, en su inciso primero, que, evacuados los informes, se fijará una audiencia para el quinto día hábil. Dicha audiencia tendrá por objeto llamar a las partes a conciliación. Si ello no es posible, en la misma oportunidad citará a las partes a oír sentencia si no hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Si los hubiere, recibirá la causa a prueba.

El inciso tercero contempla los recursos para impugnar el auto de prueba.

El inciso cuarto regula lo relativo a los medios de prueba y la forma y plazos para su recepción. Finalizada la última audiencia de prueba, el tribunal deberá citar a las partes a oír sentencia.

Por los argumentos referidos en el artículo anterior, la Comisión, una vez más por la misma votación, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 9°.

Artículo 10

Este artículo establece que serán admitidos todos los medios de prueba obtenidos por medios lícitos que se hubieran ofrecido oportunamente y que sean aptos para producir fe. Agrega que en estos procesos no habrá testigos ni peritos inhábiles.

El inciso segundo dispone que el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

También por los fundamentos tenidos en cuenta para reabrir el debate y adoptar nuevos acuerdos, la Comisión, por la misma unanimidad anterior, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 10.

Artículo 11

Mediante esta norma se faculta al tribunal para decretar medidas para mejor resolver. La resolución que las ordene deberá ser notificada a las partes.

El inciso segundo ordena que estas medidas deberán cumplirse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de la resolución que las disponga. Vencido este término, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el Tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite.

En consideración a lo expuesto al momento de acordar la reapertura del debate, la Comisión, siempre por la misma votación, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 11.

Artículo 12

Esta disposición fija las normas esenciales relativas a la sentencia. Respecto de ella, cabe destacar que el fallo declarará si ha existido o no discriminación arbitraria y, en el primer caso, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea reiterado u ordenará que se realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un plazo perentorio prudencial para cumplir con lo dispuesto. Asimismo, la sentencia podrá también adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Su inciso segundo dispone que si hubiere existido discriminación arbitraria, el tribunal aplicará, además, una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.

Finalmente, su inciso tercero señala que si la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.

Por los mismos argumentos referidos en el artículo anterior, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 12.

Artículo 13

Este precepto regula la apelación en este procedimiento. Indica las resoluciones contra las cuales procederá y la tramitación a que se someterá el recurso.

En consideración a lo expuesto al momento de acordar la reapertura del debate, la Comisión, siempre por la misma votación, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 13.

Artículo 14

Esta disposición preceptúa que en todo lo no previsto en este Título, la sustanciación de la acción a que él se refiere se regirá por las reglas generales contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil.

También por los fundamentos tenidos en cuenta para reabrir el debate y adoptar nuevos acuerdos, la Comisión, por la misma unanimidad anterior, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 14.

Artículo 15

TÍTULO III

REFORMAS A OTROS CUERPOS LEGALES

Este artículo sustituye la letra l) del artículo 84 del Estatuto Administrativo, relativo a las causales de destitución, por la siguiente:

“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación.".

Por los mismos argumentos referidos en el artículo anterior, la Comisión, siempre por la misma votación, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 15, con algunas enmiendas formales.

Artículo 16

Esta norma reemplaza la letra l) del artículo 82 de la ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, relativo a las prohibiciones de tales funcionarios, por la siguiente:

“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación.".

En consideración a lo expuesto al momento de acordar la reapertura del debate, la Comisión, siempre por la misma votación, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 16.

Artículo 17

Este precepto agrega en el artículo 12 del Código Penal, relativo a las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, el siguiente numeral nuevo:

“21ª. Cometer el delito o participar en él por motivos racistas u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; a la nación, etnia o grupo social al que pertenezca, a su sexo, orientación sexual, edad, filiación, apariencia personal, o a la enfermedad o discapacidad que padezca.”.

También por los fundamentos tenidos en cuenta para reabrir el debate y adoptar nuevos acuerdos, la Comisión, por la misma unanimidad anterior, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 17.

Artículo 18

Esta norma pone fin al articulado del proyecto.

Ella declara que los preceptos de esta ley no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales, sin perjuicio de lo señalado en los tres artículos precedentes.

Por los mismos argumentos referidos en el artículo anterior, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, en mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, aprobó este artículo 18.

- - -

MODIFICACIONES PROPUESTAS

En conformidad a los acuerdos precedentemente adoptados, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley despachado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en el Informe Complementario de su Segundo Informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1°

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1°.- Propósito de la ley. La presente ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.”. (Indicación número 1. 3 x 0).

Artículo 2°

Suprimirlo. (Indicación número 3. 4 x 0).

Artículo 3°

Pasa a ser artículo 2°, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 2°.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso precedente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6°, 11°, 12°, 15°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.”. (Indicaciones números 5, 6.1, 6.2 y 6.3. 3 x 0).

° ° °

Incorpórase el siguiente epígrafe:

“TÍTULO II

LA ACCIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA”

(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. 3 x 0).

° ° °

Artículo 4°

Pasa a ser artículo 3°, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 3°.- Acción de no discriminación arbitraria. Los directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria podrán interponer la acción de no discriminación arbitraria, a su elección, ante el juez de letras de su domicilio o ante el del domicilio del responsable de dicha acción u omisión.”. (Indicaciones 10 y 11. 3 x 0).

Artículo 5°

Pasa a ser artículo 4°, con el siguiente texto.

“Artículo 4°.- Legitimación activa. La acción podrá interponerse por cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria, por su representante legal o por quien tenga de hecho el cuidado personal o la educación del afectado, circunstancia esta última que deberá señalarse en la presentación.

También podrá interponerse por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, cuando este último se encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aún teniéndolos, éstos se encuentren también impedidos de deducirla.” (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. 3 x 0).

° ° °

Incorpóranse como artículos 5° a 14, nuevos, los siguientes:

“Artículo 5°.- Plazo y forma de interposición. La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u omisión.

La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta por la secretaría del tribunal competente.

Artículo 6°.- Admisibilidad. No se admitirá a tramitación la acción de no discriminación arbitraria en los siguientes casos:

a) Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles, aun cuando el recurrente se haya desistido. Tampoco se admitirá cuando se haya requerido tutela en los términos de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo;

b) Cuando se impugnen los contenidos de leyes vigentes;

c) Cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por la Constitución o la ley;

d) Cuando carezca manifiestamente de fundamento, y

e) Cuando la acción haya sido deducida fuera de plazo.

Si la situación a que se refiere la letra a) se produce después de que haya sido admitida a tramitación la acción de no discriminación arbitraria, el proceso iniciado mediante esta última acción terminará por ese solo hecho.

Artículo 7°.- Suspensión provisional del acto reclamado. En cualquier momento del juicio, el recurrente podrá solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, y el tribunal deberá concederla cuando, además de la apariencia de derecho, su ejecución haga inútil la acción o muy gravosa o imposible la restitución de la situación a su estado anterior.

El tribunal podrá revocar la suspensión provisional del acto reclamado, de oficio o a petición de parte y en cualquier estado del procedimiento, cuando no se justifique la mantención de la medida.

Artículo 8°.- Informes. Deducida la acción, el tribunal requerirá informe a la persona denunciada y a quien estime pertinente, notificándolos personalmente. Los informes deberán ser evacuados por los requeridos dentro de los diez días hábiles siguientes a la respectiva notificación. Cumplido ese plazo, el tribunal proseguirá la tramitación de la causa, conforme a los artículos siguientes, aún sin los informes requeridos.

Artículo 9°.- Audiencias. Evacuados los informes, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal fijará una audiencia para el quinto día hábil contado desde la última notificación que de esta resolución se haga a las partes, la que se practicará por cédula.

Dicha audiencia tendrá lugar con la parte que asista. Si lo hacen todas ellas, el tribunal las llamará a conciliación.

Si una de las partes no asiste o si concurriendo ambas no se produce la conciliación, el tribunal, en la misma audiencia, citará a las partes a oír sentencia si no hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Si los hubiere, en la misma audiencia recibirá la causa a prueba, resolución que podrá impugnarse mediante reposición y apelación subsidiaria, la que se concederá en el solo efecto devolutivo. Estos recursos deberán deducirse dentro del tercer día hábil contado desde el término de la audiencia.

Recibida la causa a prueba, las partes tendrán el plazo de tres días hábiles para proponer al tribunal los medios de prueba de los cuales pretenden valerse, debiendo presentar una lista de testigos si desean utilizar la prueba testimonial. Acto seguido, el tribunal dictará una resolución fijando la fecha para la realización de la audiencia de recepción de las pruebas, que deberá tener lugar entre el quinto y el décimo quinto día hábil posterior a dicha resolución. Si tal audiencia no fuere suficiente para recibir todas las pruebas que fueren procedentes o si las partes piden su suspensión por motivos fundados o de común acuerdo, lo que podrán hacer sólo por una vez, se fijará una nueva audiencia para dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la anterior. Finalizada la última audiencia de prueba, el tribunal deberá citar a las partes a oír sentencia.

Artículo 10.- Prueba. Serán admitidos todos los medios de prueba obtenidos por medios lícitos que se hubieren ofrecido oportunamente y que sean aptos para producir fe. En cuanto a los testigos, cada parte podrá presentar un máximo de dos de ellos por cada punto de prueba. No habrá testigos ni peritos inhábiles, lo que no obsta al derecho de cada parte de exponer las razones por las que, a su juicio, la respectiva declaración no debe merecer fe.

El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Artículo 11.- Medidas para mejor resolver. El tribunal podrá, de oficio y sólo dentro del plazo para dictar sentencia, decretar medidas para mejor resolver. La resolución que las ordene deberá ser notificada a las partes.

Estas medidas deberán cumplirse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de la resolución que las disponga. Vencido este término, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite.

Artículo 12.- Sentencia. El tribunal fallará dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la causa hubiera quedado en estado de sentencia. En ella declarará si ha existido o no discriminación arbitraria y, en el primer caso, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea reiterado u ordenará que se realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un plazo perentorio prudencial para cumplir con lo dispuesto. Podrá también adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Si hubiere existido discriminación arbitraria, el tribunal aplicará, además, una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.

Si la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.

Artículo 13.- Apelación. La sentencia definitiva, la resolución que declare la inadmisibilidad de la acción y las que pongan término al procedimiento o hagan imposible su prosecución serán apelables, dentro de cinco días hábiles, para ante la Corte de Apelaciones que corresponda, ante la cual no será necesario hacerse parte.

Interpuesta la apelación, el tribunal elevará los autos el día hábil siguiente.

La Corte de Apelaciones agregará extraordinariamente la causa a la tabla, dándole preferencia para su vista y fallo. Deberá oír los alegatos de las partes, si éstas los ofrecen por escrito hasta el día previo al de la vista de la causa, y resolverá el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que quede en estado de fallo.

Artículo 14.- Reglas generales de procedimiento. En todo lo no previsto en este título, la sustanciación de la acción a que él se refiere se regirá por las reglas generales contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil.”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. 3 x 0).

° ° °

Título II

Disposiciones finales

Reemplazar este epígrafe por el que sigue:

“TÍTULO III

REFORMAS A OTROS CUERPOS LEGALES”

(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado)

Artículo 6°

Pasa a ser artículo 15, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 15.- Modificaciones al Estatuto Administrativo. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:

1) En el artículo 84, antes artículo 78 de la ley N° 18.834, reemplázase la letra l), que se ordenó incorporar a dicho precepto por la ley N° 20.005, sobre causales de destitución, por la siguiente:

“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación.".

2) Reemplázase la letra b) del artículo 125, antes artículo 119 de la ley N° 18.834, relativo a las causales de destitución, por la siguiente:

“b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 de este Estatuto;”.”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. 3 x 0).

Artículo 7°

Pasa a ser articulo 16, sustituido por el siguiente:

“Artículo 16.- Modificación al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Reemplázase la letra l) del artículo 82 de la ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, relativo a las prohibiciones de tales funcionarios, por la siguiente:

“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación.".”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. 3 x 0).

Artículo 8°

Suprimirlo. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. 3 x 0).

Artículo 9°

Pasa a ser artículo 17, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 17.- Modificación al Código Penal. Agrégase en el artículo 12, relativo a las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, el siguiente numeral nuevo:

“21ª. Cometer el delito o participar en él por motivos racistas u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, a la nación, etnia o grupo social al que pertenezca, a su sexo, orientación sexual, edad, filiación, apariencia personal o a la enfermedad o discapacidad que padezca.”.”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. 3 x 0).

Artículo 10

Suprimirlo. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. 3 x 0).

° ° °

Incorporar como artículo 18, nuevo, el siguiente:

“Artículo 18.- Interpretación de esta ley. Los preceptos de esta ley no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes, con la sola excepción de las disposiciones señaladas en los tres artículos precedentes.”. (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. 3 x 0).

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TEXTO PROPUESTO AL SENADO

En virtud de las modificaciones anteriores, el texto del proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Propósito de la ley. La presente ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.

Artículo 2°.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso precedente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6°, 11°, 12°, 15°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.

TÍTULO II

LA ACCIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

Artículo 3°.- Acción de no discriminación arbitraria. Los directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria podrán interponer la acción de no discriminación arbitraria, a su elección, ante el juez de letras de su domicilio o ante el del domicilio del responsable de dicha acción u omisión.

Artículo 4°.- Legitimación activa. La acción podrá interponerse por cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria, por su representante legal o por quien tenga de hecho el cuidado personal o la educación del afectado, circunstancia esta última que deberá señalarse en la presentación.

También podrá interponerse por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, cuando este último se encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aún teniéndolos, éstos se encuentren también impedidos de deducirla.

Artículo 5°.- Plazo y forma de interposición. La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u omisión.

La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta por la secretaría del tribunal competente.

Artículo 6°.- Admisibilidad. No se admitirá a tramitación la acción de no discriminación arbitraria en los siguientes casos:

a) Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles, aun cuando el recurrente se haya desistido. Tampoco se admitirá cuando se haya requerido tutela en los términos de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo;

b) Cuando se impugnen los contenidos de leyes vigentes;

c) Cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por la Constitución o la ley;

d) Cuando carezca manifiestamente de fundamento, y

e) Cuando la acción haya sido deducida fuera de plazo.

Si la situación a que se refiere la letra a) se produce después de que haya sido admitida a tramitación la acción de no discriminación arbitraria, el proceso iniciado mediante esta última acción terminará por ese solo hecho.

Artículo 7°.- Suspensión provisional del acto reclamado. En cualquier momento del juicio, el recurrente podrá solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, y el tribunal deberá concederla cuando, además de la apariencia de derecho, su ejecución haga inútil la acción o muy gravosa o imposible la restitución de la situación a su estado anterior.

El tribunal podrá revocar la suspensión provisional del acto reclamado, de oficio o a petición de parte y en cualquier estado del procedimiento, cuando no se justifique la mantención de la medida.

Artículo 8°.- Informes. Deducida la acción, el tribunal requerirá informe a la persona denunciada y a quien estime pertinente, notificándolos personalmente. Los informes deberán ser evacuados por los requeridos dentro de los diez días hábiles siguientes a la respectiva notificación. Cumplido ese plazo, el tribunal proseguirá la tramitación de la causa, conforme a los artículos siguientes, aún sin los informes requeridos.

Artículo 9°.- Audiencias. Evacuados los informes, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal fijará una audiencia para el quinto día hábil contado desde la última notificación que de esta resolución se haga a las partes, la que se practicará por cédula.

Dicha audiencia tendrá lugar con la parte que asista. Si lo hacen todas ellas, el tribunal las llamará a conciliación.

Si una de las partes no asiste o si concurriendo ambas no se produce la conciliación, el tribunal, en la misma audiencia, citará a las partes a oír sentencia si no hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Si los hubiere, en la misma audiencia recibirá la causa a prueba, resolución que podrá impugnarse mediante reposición y apelación subsidiaria, la que se concederá en el solo efecto devolutivo. Estos recursos deberán deducirse dentro del tercer día hábil contado desde el término de la audiencia.

Recibida la causa a prueba, las partes tendrán el plazo de tres días hábiles para proponer al tribunal los medios de prueba de los cuales pretenden valerse, debiendo presentar una lista de testigos si desean utilizar la prueba testimonial. Acto seguido, el tribunal dictará una resolución fijando la fecha para la realización de la audiencia de recepción de las pruebas, que deberá tener lugar entre el quinto y el décimo quinto día hábil posterior a dicha resolución. Si tal audiencia no fuere suficiente para recibir todas las pruebas que fueren procedentes o si las partes piden su suspensión por motivos fundados o de común acuerdo, lo que podrán hacer sólo por una vez, se fijará una nueva audiencia para dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la anterior. Finalizada la última audiencia de prueba, el tribunal deberá citar a las partes a oír sentencia.

Artículo 10.- Prueba. Serán admitidos todos los medios de prueba obtenidos por medios lícitos que se hubieren ofrecido oportunamente y que sean aptos para producir fe. En cuanto a los testigos, cada parte podrá presentar un máximo de dos de ellos por cada punto de prueba. No habrá testigos ni peritos inhábiles, lo que no obsta al derecho de cada parte de exponer las razones por las que, a su juicio, la respectiva declaración no debe merecer fe.

El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Artículo 11.- Medidas para mejor resolver. El tribunal podrá, de oficio y sólo dentro del plazo para dictar sentencia, decretar medidas para mejor resolver. La resolución que las ordene deberá ser notificada a las partes.

Estas medidas deberán cumplirse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de la resolución que las disponga. Vencido este término, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite.

Artículo 12.- Sentencia. El tribunal fallará dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la causa hubiera quedado en estado de sentencia. En ella declarará si ha existido o no discriminación arbitraria y, en el primer caso, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea reiterado u ordenará que se realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un plazo perentorio prudencial para cumplir con lo dispuesto. Podrá también adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Si hubiere existido discriminación arbitraria, el tribunal aplicará, además, una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.

Si la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.

Artículo 13.- Apelación. La sentencia definitiva, la resolución que declare la inadmisibilidad de la acción y las que pongan término al procedimiento o hagan imposible su prosecución serán apelables, dentro de cinco días hábiles, para ante la Corte de Apelaciones que corresponda, ante la cual no será necesario hacerse parte.

Interpuesta la apelación, el tribunal elevará los autos el día hábil siguiente.

La Corte de Apelaciones agregará extraordinariamente la causa a la tabla, dándole preferencia para su vista y fallo. Deberá oír los alegatos de las partes, si éstas los ofrecen por escrito hasta el día previo al de la vista de la causa, y resolverá el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que quede en estado de fallo.

Artículo 14.- Reglas generales de procedimiento. En todo lo no previsto en este título, la sustanciación de la acción a que él se refiere se regirá por las reglas generales contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil.

TÍTULO III

REFORMAS A OTROS CUERPOS LEGALES

Artículo 15.- Modificaciones al Estatuto Administrativo. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:

1) En el artículo 84, antes artículo 78 de la ley N° 18.834, reemplázase la letra l), que se ordenó incorporar a dicho precepto por la ley N° 20.005, sobre causales de destitución, por la siguiente:

“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación.".

2) Reemplázase la letra b) del artículo 125, antes artículo 119 de la ley N° 18.834, relativo a las causales de destitución, por la siguiente:

“b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 de este Estatuto;”.

Artículo 16.- Modificación al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Reemplázase la letra l) del artículo 82 de la ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, relativo a las prohibiciones de tales funcionarios, por la siguiente:

“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación.".

Artículo 17.- Modificación al Código Penal. Agrégase en el artículo 12, relativo a las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, el siguiente numeral nuevo:

“21ª. Cometer el delito o participar en él por motivos racistas u otra clase de discriminación arbitraria referente a la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, a la nación, etnia o grupo social al que pertenezca, a su sexo, orientación sexual, edad, filiación, apariencia personal o a la enfermedad o discapacidad que padezca.”.

Artículo 18.- Interpretación de esta ley. Los preceptos de esta ley no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes, con la sola excepción de las disposiciones señaladas en los tres artículos precedentes.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 16 y 30 de septiembre; 14 de octubre; 11 de noviembre y 16 de diciembre de 2008; 10 de marzo; 20 de mayo y 1 de junio de 2009; 11 y 18 de enero; 1 de marzo, 4 de mayo y 2 de junio de 2011. Las primeras ocho sesiones señaladas se celebraron con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señor José Antonio Gómez Urrutia (Presidente), señora Soledad Alvear Valenzuela, y señores Andrés Chadwick Piñera, Alberto Espina Otero, Pedro Muñoz Aburto. Las siguientes contaron con la asistencia de sus miembros Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela (Presidenta), y señores Andrés Chadwick Piñera, Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández y Patricio Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 10 de junio de 2011.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogada Secretaria

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

(Boletín Nº 3.815-07)

I.- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO: instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Para estos efectos, la iniciativa define la discriminación arbitraria; establece la acción que las personas afectadas podrán interponer cuando ésta ocurre y regula detalladamente su sustanciación. Además, incorpora algunas enmiendas a otros cuerpos normativos, entre ellos, el Código Penal y el Estatuto Administrativo. Finalmente, como criterio interpretativo de esta ley, dispone que los preceptos de la misma no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes.

II.- ACUERDOS:

Indicación 1: aprobada con enmiendas, 3 x 0

Indicación 2: rechazada, 4 x 0

Indicación 3: aprobada, 4 x 0

Indicación 4: retirada

Indicación 5: aprobada con enmiendas, 3 x 0

Indicación 6: rechazada, 5 x 0

Indicación 6.1:aprobada con enmiendas, 3 x 0

Indicación 6.2:aprobada con enmiendas, 3 x 0

Indicación 6.3: aprobada con enmiendas, 3 x 0

Indicación 7: rechazada, 5 x 0

Indicación 7.1: rechazada, 5 x 0

Indicación 7.2: rechazada, 5 x 0

Indicación 8: rechazada, 5 x 0

Indicación 8.1: rechazada, 5 x 0

Indicación 8.2: rechazada, 5 x 0

Indicación 8.3: rechazada, 5 x 0

Indicación 8.4: rechazada, 5 x 0

Indicación 8.5: rechazada, 5 x 0

Indicación 9: rechazada, 5 x 0

Indicación 10: aprobada con enmiendas, 3 x 0

Indicación 11: aprobada con enmiendas, 3 x 0

Indicación 12: retirada

Indicación 12.1: retirada

Indicación 12.2: retirada

Indicación 12.3: retirada

Indicación 13: aprobada, 5 x 0

Indicación 14: rechazada, 5 x 0

Indicación 14.1: rechazada, 5 x 0

Indicación 14.2: rechazada, 5 x 0

Indicación 15: rechazada, 5 x 0

Indicación 16: rechazada, 5 x 0

Cabe consignar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento del Senado, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, reabrió el debate del proyecto. A consecuencia de ello, se adoptó un conjunto de nuevos acuerdos tanto sobre la base de las indicaciones presentadas como de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del mismo Reglamento. Estos nuevos acuerdos contaron con el voto favorable de la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Alvear (Presidenta) y señores Espina y Walker, don Patricio. Adhirió a los mismos el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, don Hernán.

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO: consta de dieciocho artículos permanentes, divididos en tres Títulos.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 3°, 6° y 13 del proyecto tienen el carácter de normas orgánico constitucionales por vincularse con las atribuciones de los tribunales. En mérito de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política, requieren, para su aprobación, del voto favorable de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio.

V.- URGENCIA: a la fecha de emisión de este informe, no tiene.

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VI.- ORIGEN DE LA INICIATIVA: Mensaje del ex Presidente de la República, señor Ricardo Lagos.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: Informe (el primero evacuado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento).

IX.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Constitución Política de la República

- Código de Procedimiento Civil

- Código Penal

- Decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, sobre Estatuto Administrativo

- Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales

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Valparaíso, a 10 de junio de 2011.

NORA VILLAVICENCIO GONZALEZ

Abogada Secretaria

INDICE

Normas de quórum especial y parecer de la Corte Suprema...3

Constancias reglamentarias...3

Antecedentes...4

Informe de la Corte Suprema de 23 de junio de 2008...6

Exposiciones escuchadas por la Comisión:

1) Red por la Vida y la Familia

(señor Alvaro Ferrer)...12

2) Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas

(Reverendo Francisco Javier Mardones)...37

3) Acción Familia

(señor Juan Antonio Montes)...42

4) Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales

(señor Alvaro Ramis)...52

5) Comunidad Judía de Chile

(señora Claudia Kravetz)...54

6) Profesor señor Arturo Fermandois...57

7) Fundación Ideas (señora Patricia Cardemil)...69

8) Servicio Evangélico para el Desarrollo

(señor Juan Sepúlveda)...91

9) MOVILH (señor Rolando Jiménez).(I)...93

10) MOVILH (señor Rolando Jiménez).(II)...95

11) MOVILH (señor Fernando Muñoz)...96

12) Profesor señor Ciro Colombara...97

13) Consejo Superior de la Federación de Estudiantes y Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica de Chile

(señores Diego Schalper y Santiago Larraín)...100

14) Instituto de Estudios Evangélicos y Movimiento

Cristianos por Chile. (Profesor señor José Ignacio Martínez)...104

15) Observatorio Parlamentario y Corporación Humanas.(I)

(señora Camila Maturana)...107

16) Observatorio Parlamentario y Corporación Humanas.(II)

(señora Camila Maturana)...122

17) Observatorio Parlamentario y Corporación Humanas.(III)

(señora Camila Maturana)...138

18) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

(señora Maira Feddersen)...140

19) Biblioteca del Congreso Nacional.(I)

(señora Alejandra Voigt)...140

20) Biblioteca del Congreso Nacional.(II).

(señora Alejandra Voigt)...145

21) Biblioteca del Congreso Nacional.(III)

(señora Alejandra Voigt)...150

22) Comunidad Judía de Chile (señor Gabriel Zaliasnik)...157

Discusión en particular...166

Reapertura del debate y nuevos acuerdos...224

Discusión de las proposiciones presentadas por el Grupo Técnico...251

Modificaciones propuestas...259

Texto del proyecto propuesto al Senado...266

Resumen ejecutivo...273

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