?MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, MODIFICA EL SERVICIO ELECTORAL Y MODERNIZA EL SISTEMA DE VOTACIONES.

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SANTIAGO, diciembre 01 de 2010.-

MENSAJE Nº 478-358/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración, un proyecto de ley que regula la inscripción automática, modifica el Servicio Electoral y moderniza el sistema de votaciones.

I.ANTECEDENTES

Chile completó hace varios años una exitosa transición a la democracia, marcada por acuerdos que permitieron un avance pacífico hacia la plenitud de ese sistema de gobierno. Hoy tenemos una democracia madura y estable. Los chilenos gozan de un amplio espectro de libertades políticas y eligen, en procesos de inobjetable limpieza, directa y periódicamente a sus autoridades.

Pero una democracia moderna e inclusiva, debe necesariamente actualizarse de modo permanente con el objetivo de lograr ser más participativa y vital. Sabemos, sin embargo, que actualmente nuestra democracia muestra algunos signos que deben movernos a actuar. Nuestra ciudadanía está cada vez más distante de la política. Por ello debemos hacer como sociedad y como país un esfuerzo para quebrar este proceso de pérdida de fuerza, de vitalidad, de cercanía, de juventud y de legitimidad que nuestra democracia ha experimentado en los últimos tiempos.

El diagnóstico es claro. Que nuestra democracia está perdiendo fuerza, es una realidad. Que nuestra democracia está envejeciendo, es una realidad. Y que nuestra democracia se está alejando de la ciudadanía, también, y desgraciadamente, es una realidad.

Y es objetivo de mi Gobierno que la participación de los chilenos en las decisiones públicas sea cada día más activa. Se trata de una meta que debe estar presente en cada una de nuestras instituciones, puesto que un rol activo de la ciudadanía en aquellas decisiones, contribuye a que, tanto a nivel de Gobierno Central como a nivel de gobiernos regionales y con especial énfasis en los gobiernos comunales, se posibilite que cada ciudadano tome las riendas de su propio destino.

II.AGENDA DEMOCRÁTICA

En esta tarea, el Gobierno que presido está promoviendo un conjunto de iniciativas cuyos objetivos apuntan a facilitar el ejercicio de los derechos de participación política con los que cuentan los ciudadanos y abrir nuevos canales de participación. En este contexto se incluyen el proyecto de ley que en este acto se ingresa al Congreso Nacional –que regula la Inscripción Automática, Modifica el Servicio Electoral y Moderniza el Sistema de Votaciones así como la iniciativa ciudadana de ley, las primarias voluntarios y vinculantes para la selección de candidatos a cargos de elección popular. También la reforma constitucional que cambia las fechas de las elecciones presidenciales y parlamentarias y el proyecto de ley que simplifica los plebiscitos comunales para facilitar la participación directa de la ciudadanía en las decisiones de los gobiernos locales.

Otro grupo de iniciativas vinculadas son aquellas que persiguen incrementar la transparencia de los procesos políticos y del funcionamiento del Estado. Dentro de este eje se incluyen el proyecto de ley que perfecciona el deber de ciertas autoridades y funcionario de declarar sus bienes e intereses y la ley sobre fideicomiso ciego. Asimismo, se está avanzando en una reforma para perfeccionar el funcionamiento del Consejo para la Transparencia y se está implementando una Unidad de Cumplimiento de los Compromisos Presidenciales.

En los próximos meses, el Gobierno enviará al Congreso Nacional otros proyectos de ley que contribuirán el fortalecimiento de nuestra democracia. Entre ellos puede mencionarse la iniciativa que modifica la Ley de Partidos Políticos que apunta, entre otras cosas, a aumentar la transparencia en el funcionamiento de los partidos, mejorar la participación y hacer que nuestros partidos se abran más a la ciudadanía y faciliten ese mayor contacto que es esencial para una democracia vital y sana.

III.INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA

El proyecto de ley que presento se vincula al marco modernizador a que he hecho referencia, al regular la Inscripción Automática, modificar el Servicio Electoral y perfeccionar el sistema de votaciones.

El diagnóstico es claro. Hoy día tenemos 11,5 millones de hombres y mujeres chilenas mayores de 18 años. Y, sin embargo, sólo 8 millones están inscritos en los registros electorales. Hay 3 y medio millones de ciudadanos chilenos que no se interesan ni siquiera por inscribirse en los registros electorales y que no participan.

Y si a esa cifra le sumamos la abstención histórica y los que sistemáticamente votan nulo o blanco en las elecciones, llegamos a la conclusión que casi la mitad de las chilenas y chilenos, más de 5 millones de personas, no participan de nuestra democracia.

Y esa es una señal de alerta frente a la cual no podemos permanecer indiferentes.

Adicionalmente, nuestra democracia está envejeciendo. En el plebiscito del año 88, el 36% de los votantes eran menores de 29 años. En la última elección, esta cifra se redujo a menos del 9%. Lo cual significa que nuestra juventud se está alejando de nuestra democracia.

Por otra parte, de los 3 millones de jóvenes chilenos, sólo 700 mil están inscritos.

A partir del año 95, es decir, hace 15 años, nuestro padrón electoral se congeló, no crece. Los pocos que se suman al padrón electoral, son compensados por los que dejan el padrón electoral, porque se van al otro mundo o por otras razones de carácter legal.

Dentro de ese contexto, se hace imperioso perfeccionar el sistema de inscripción y la institucionalidad electoral, lo cual se materializa estableciendo un sistema de inscripción automática.

Ello ya se consagra en nuestra Carta Fundamental. En efecto, por medio de la ley N° 20.337, se modificó los artículos 15 y 18 de la Constitución con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los registros electorales.

Esta reforma, que refleja un amplio consenso constitucional, zanjó la discusión en torno al voto voluntario. Esta opción se conecta con profundas convicciones, según las cuales la dignidad humana resulta enaltecida cuando el Estado reconoce a las personas la facultad para decidir qué hacer con sus vidas en la mayor medida en que ello resulte compatible con idéntica facultad de los demás. Pero, además, la evidencia empírica enseña que la libertad de elección de las personas tiene efectos sociales muy beneficiosos que, en este caso, se traducirían sin duda en una mejor política.

Si los ciudadanos cuentan con grandes facilidades para votar –inscripción automática pero no están obligados a hacerlo, los partidos y candidatos se verán obligados a redoblar sus esfuerzos encaminados a formular ideas y propuestas que consigan entusiasmarlos y movilizarlos a las urnas, pues los primeros ya no estarán obligados a respaldar simplemente la opción que les desagrade menos con el fin de evitar el pago de una multa. Y si los partidos y coaliciones fracasan en ese intento simplemente abrirán el camino para que otros lo logren.

Y esto nos lleva a otro punto importante. Con frecuencia se recalca que el ejercicio del derecho a sufragio constituye un deber cívico. Pero eso no significa que deba convertirse necesariamente en un deber jurídico impuesto por la legislación estatal bajo la amenaza de castigos. Mucho más consistente con el carácter que una sociedad libre y democrática debería fomentar en las personas es que el ejercicio del sufragio quede entregado a la conciencia ciudadana de cada cual. De ese modo, tratamos a las personas como seres libres y responsables, capaces de adoptar sus propias decisiones y de tomar parte en las deliberaciones públicas, a la vez que preparados para enfrentar las consecuencias de sus elecciones y de aprender de su experiencia. Y eso constituye un sello que recorre todo nuestro programa de Gobierno mucho más allá del dominio de nuestra agenda política.

Con todo, este proyecto de ley no trata el voto voluntario sino que viene a complementar la mencionada reforma constitucional haciendo realidad la inscripción automática del modo como se detallará más adelante. De esta forma se generarán las condiciones para que la mayor cantidad de personas participen de las decisiones públicas, dando una nueva vitalidad a nuestra democracia.

IV.MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL

No obstante lo dicho, los objetivos de este proyecto no se agotan en la inscripción automática. También se orientan a modernizar el sistema de votaciones y fortalecer el Servicio Electoral de modo que la interacción entre el sistema político y el electorado, que promueve el voto voluntario y la inscripción automática, vayan de la mano de un sistema de votación amigable y una institucionalidad moderna.

En efecto, además de incorporar un sistema de Registro Electoral con real inscripción automática y cambio de domicilio electoral, se avanza en la creación de mesas receptoras de sufragio mixtas que den prueba de la igualdad existente en nuestro país entre hombres y mujeres; en padrones electorales sujetos a auditoría y reclamación, a fin de dar todas las garantías respecto de su confección; en mayor normalidad en el día de la elección; en procedimientos más transparentes para los escrutinios; y en que sea el Servicio Electora, quien lleve a cabo no solo el proceso de inscripción automática sino que también de elección, teniendo la función de entregar a la ciudadanía los resultados de los comicios. En definitiva, una institucionalidad más moderna y acorde con nuestros tiempos.

V.CONTENIDO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

Consta de 9 artículos permanentes y siete transitorios.

En su articulado permanente se modifica en primer término la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, en específico su Título Preliminar y los Títulos I, II y III; la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos; ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral; el Código Orgánico de Tribunales; y la ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones. Por su parte, los artículos transitorios tienen por objeto concordar la legislación que hoy tenemos en estas materias con las propuestas en el presente proyecto.

a.Inscripción automática en los registros electorales

Entre sus elementos principales está la existencia de un Registro Electoral de potenciales votantes, que será llevado por el Servicio Electoral. En él se inscribirán automáticamente los chilenos nacidos en Chile al cumplir 17 años de edad y los extranjeros y chilenos no nacidos en Chile si se cuenta con antecedentes que acrediten su avecindamiento, otorgando también la posibilidad de inscribirlos a solicitud cuando aporten dichos antecedentes.

El Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a todos los datos electorales del Registro Civil y Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.

El Registro Electoral se actualizará por el Servicio Electoral mediante datos proporcionados por diferentes organismos respecto de fallecimientos, revocación de permisos de residencia, pérdida de ciudadanía y su recuperación, suspensión del derecho a sufragio y su recuperación y modificaciones de datos y domicilio electoral.

El objeto de este Registro es generar padrones con electores habilitados para votar en cada elección.

El Registro Electoral contendrá los siguientes datos electorales: Rol Único Nacional, nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, domicilio electoral, circunscripción electoral, comuna, provincia y región, mesa de votación, cumplimiento de la condición de avecindamiento, pérdida o recuperación del derecho a sufragio y su causal y pérdida o recuperación de ciudadanía y su causal. No contendrá información sobre alfabetización o discapacidades.

Es importante destacar que el domicilio electoral será aquel situado en Chile con el cual el elector tiene vínculo objetivo por residir temporal o permanentemente, ejercer profesión u oficio o desarrollar sus estudios. Éste será consultado pro activamente por el Servicio de Registro Civil al efectuar el trámite de renovación de cédula de identidad o pasaporte, actualizándolo. También se podrá modificar en las oficinas del Servicio Electoral presentando una solicitud.

También es importante hacer mención a que las mesas de votación serán mixtas. Para ello los electores ya inscritos mantendrán su mesa de votación y los nuevos electores hombres se asignarán primero a las mesas ya existentes de mujeres, y las nuevas electores mujeres se asignarán a las mesas ya existentes de hombres.

En cuanto a los Padrones Electorales, el Servicio Electoral los preparará para cada elección incluyendo una nómina de electores inscritos inhabilitados para votar. En el proceso de formación del Padrón Electoral se elaborará primero un padrón provisorio que será objeto de auditorías efectuadas por dos empresas inscritas en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros, seleccionadas a través de un proceso de licitación pública. Con ello se elabora el padrón auditado, que podrá ser objeto de reclamaciones ante los Tribunales Electorales Regionales y ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Finalmente, está el padrón definitivo, que se usará para los padrones de las mesas de votación, al cual los partidos políticos tendrán acceso mediante copia impresa simple. La preparación, auditoría y reclamaciones del Padrón Electoral requiere de un cierre de actualizaciones y modificaciones al Registro Electoral de 120 días antes de cada elección o plebiscito.

El Registro Electoral no será público y el elector será notificado por carta certificada de su inscripción, suspensión de derecho a sufragio, inhabilidad para votar o cambio de domicilio electoral. Además, el elector podrá acceder a la página web del Servicio Electoral en forma permanente para revisar su inscripción, circunscripción electoral, comuna, mesa, local de votación y si está o no habilitado para votar.

El Padrón Electoral será público en la página web del Servicio Electoral después de auditado, pero contendrá solo el rol único nacional, sexo, domicilio electoral, circunscripción comuna y mesa. A él tendrán acceso en forma digital, los partidos políticos y centros de estudio autorizados por el Consejo del Servicio Electoral. Se prohíbe y sanciona su uso para fines comerciales.

b.Modificaciones al Servicio Electoral

El Servicio Electoral será un organismo con mayor independencia, dirigido por un Consejo, integrado por 5 miembros, 4 de los cuales serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de los 3/5 del Senado, durarán 8 años en sus cargos y podrán reelegirse por dos períodos. Se renovarán por parcialidades. El quinto miembro será designado por el Presidente de la República, durará 4 años en el cargo y presidirá el Consejo.

Los miembros del Consejo tendrán una remuneración máxima de 120 Unidades de Fomento. Sus acuerdos serán por mayoría de 4 miembros en primera instancia y de 3 si no hay acuerdo, previa publicación del desacuerdo. Para designar al Director y Subdirector del Servicio Electoral, deberá haber mayoría de 4 miembros.

Entre las funciones del Consejo está el designar y supervisar al Director y Subdirector de la institución, aprobar los padrones electorales, aprobar las bases para la licitación de las empresas de auditoría y determinarlas, y designar a los miembros de las Juntas Electorales.

c.Modificaciones a la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios

En general se moderniza el sistema de votaciones.

En particular y en primer término, se simplifica la inscripción de candidaturas, pues ahora será por candidato y separadas del pacto electoral. Además, se requerirá una sola declaración jurada del candidato que puede incluir al administrador electoral y como documento de respaldo, solo el de estudios. Por último, los errores en los patrocinios de independientes no inhabilitan la inscripción si se cumple con los requisitos.

En segundo lugar, se elimina la obligación a los municipios de colocar murales con nombres de los candidatos.

En cuanto a los vocales de mesa, esta función pasa a ser obligatoria, pero con una mejor remuneración: 2/3 de Unidad de Fomento. Serán designados por sorteo entre los 30 electores más capacitados elegidos por la Junta Electoral, durarán 4 años y se renovarán por parcialidades: tres se designan para la elección presidencial y dos para las municipales.

Por su parte, las mesas se constituirán el sábado anterior a la elección y habrá una capacitación disponible para los vocales con asistencia voluntaria.

Los Delegados de la Junta Electoral en los locales de votación serán auxiliares de la administración de justicia, no podrán ser funcionarios municipales o dependientes de éstas y tendrán una remuneración de 5 Unidades de Fomento por acto electoral.

En lo que dice relación con los útiles electorales, el Padrón Electoral tendrá espacio para la firma, eliminándose por ende el cuaderno adicional de firmas y la tinta indeleble. Habrá menos minutas de escrutinios.

El horario de funcionamiento de las mesas será fijo, de 08:00 AM a 18:00 PM, salvo que queden electores por votar en la mesa.

Así, los vocales deben llegar a las 8 de la mañana y en caso de constitución forzada de mesas, el Delegado deberá hacerlo entre las 9:00 y las 10:00 hrs., prefiriendo a los voluntarios en orden de presentación, o bien, designarlos de entre los electores que voten en el mismo local de votación.

En cuanto al sufragio, se podrá votar con cédula de identidad o bien con pasaporte. Si el elector se acerca a votar, deberá hacerlo en todas las elecciones que se realizan en un mismo acto electoral. Además, una misma persona no podrá asistir a más de una persona por mesa, salvo parientes.

Por su parte, y en lo que dice relación con los escrutinios, se define lo que se debe entender por voto nulo, blanco, marcado u objetado. Se elimina cualquier suma de votos por lista. Se llenará una sola minuta que se publicará en un lugar visible, las actas se podrán fotocopiar luego de llenada la primera y antes de las firmas, siendo el original para el Tribunal Calificador de Elecciones, una copia para el Servicio Electoral que se digitará en la oficina electoral del local, una segunda copia para el Colegio Escrutador que se entregará en sobre cerrado por el Delegado del local. Con ello, resulta que los Presidentes de Mesa no deben concurrir al Colegio Escrutador al día siguiente.

Respecto de los Apoderados de Mesa, el poder ante Notario será solo para los Apoderados generales, los demás con poder simple otorgado por el Apoderado General presente en el local de votación. Se identificarán con una credencial colgada al pecho que identifique el candidato o partido que representan. Tanto la credencial como las carpetas que los Apoderados utilicen serán reguladas por el Servicio Electoral.

Con estas modificaciones también se pretende lograr una mayor normalidad el día de las elecciones o plebiscito, permitiendo reuniones que no tengan carácter político, prohibiendo estas últimas hasta dos horas después del cierre de la votación y los eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo. También se prohibirá el comercio del alcohol entre las 5 horas antes y las 2 horas después del cierre de la votación.

En cuanto a los cómputos el día de la elección, ello pasa a ser función del Servicio Electoral y se hará a través de la digitalización de los datos en cada local con presencia de los apoderados, a través del uso de sistemas OCR. Esta digitalización no se perderá y podrá ser usada como base a revisar en los Colegios Escrutadores, además, permitirá el acceso inmediato a los resultados por el sitio web del Servicio Electoral por mesa y agregados por comunas, distrito, provincia, circunscripción senatorial o región. También los partidos políticos podrán disponer de resultados en medios digitales para su procesamiento.

Los miembros de los Colegios Escrutadores serán seleccionados por las Juntas Electorales, contarán con sistemas computacionales cargados con la digitación efectuada en los locales el día anterior y revisarán los resultados por mesa, corrigiendo y completando. Los Delegados del local serán los encargados de llevar las actas en sobres cerrados. Los partidos políticos podrán disponer de resultados en medios digitales para su procesamiento.

El Tribunal Calificador de Elecciones tendrá sesiones públicas, con un procedimiento más transparente para los escrutinios y resolución de solicitudes de rectificación, especialmente sobre actas faltantes, contradictorias o descuadradas. El Padrón Electoral incorrecto puede ser causa de nulidad.

Finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá la facultad de reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar Tribunales Electorales Regionales.

En consecuencia, y en mérito de lo expuesto precedentemente, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:

1) Reemplázanse su Título Preliminar y los Títulos I, II y III por los siguientes:

“TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°.- La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República.

Artículo 2°.- El organismo encargado del proceso de inscripción electoral es el Servicio Electoral.

TITULO I

DEL REGISTRO ELECTORAL

Párrafo 1°

Disposiciones Generales

Artículo 3°.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1 y 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, aún cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella.

Artículo 4°.- El conocimiento público del Registro Electoral procederá en la forma dispuesta en el párrafo 1° del Título II.

Los centros de estudio o de investigación podrán solicitar datos del Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina Provisoria de Inhabilitados, para el solo efecto de su análisis. El Consejo del Servicio Electoral calificará la procedencia de la solicitud y entrega de los respectivos datos.

Los datos del Padrón Electoral no podrán ser usados para fines comerciales.

El Servicio Electoral deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, salvo en los casos señalados en esta ley.

Párrafo 2°

De la inscripción

Artículo 5°.- Los chilenos comprendidos en el número 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años serán inscritos automáticamente en el Registro Electoral.

Los chilenos comprendidos en el número 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, serán inscritos automáticamente luego de obtener su carta de nacionalización de conformidad a la ley.

Artículo 6°.- Los chilenos comprendidos en los números 2 y 4 del artículo 10 y los extranjeros señalados en el artículo 14, ambos de la Constitución Política de la República, serán inscritos en el Registro Electoral desde que se acredite que cumplen con los requisitos de edad y avecindamiento exigido por el inciso 3° del artículo 13 o por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, según corresponda.

La inscripción procederá de forma automática en la medida que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el requisito de avecindamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá presentar una solicitud de inscripción ante el Servicio Electoral en cualquiera de sus oficinas, acompañando los antecedentes que acrediten su avecindamiento en el país por el tiempo exigido, y declarando bajo juramento su domicilio electoral en Chile. Dicha solicitud será remitida al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, si correspondiere, emitirán un certificado que acreditará el hecho de haber cumplido el avecindamiento y lo remitirán al Servicio Electoral para que practique la correspondiente inscripción. En caso que la persona tenga su residencia en el extranjero, dicha solicitud podrá ser presentada en el Consulado de Chile respectivo.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por Consulado a las Oficinas Consulares, incluyendo las Secciones Consulares de una Misión Diplomática, a cargo de un funcionario de la Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores designado para desempeñar funciones consulares.

Artículo 7°.- El Servicio Electoral deberá comunicar a los nuevos electores el hecho de su inscripción en el Registro Electoral, entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a la siguiente elección o plebiscito, indicando la circunscripción electoral y la mesa receptora de sufragios donde le corresponde votar, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

El Servicio Electoral deberá poner a disposición del público en forma permanente, a través de su sitio web y de una línea telefónica, un sistema de consulta donde cada elector podrá verificar mediante su número de cédula de identidad o nombre, el hecho de su inscripción, la circunscripción y comuna donde se encuentra inscrito, su mesa de votación y si está habilitado para votar en la próxima elección.

Párrafo 3°

De los datos electorales

Artículo 8°.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el haber cumplido la condición de avecindamiento si corresponde.

El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.

Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral

Artículo 9°.- Para el solo efecto de obtener los datos señalados en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y al registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán proporcionar de la misma forma la información del avecindamiento de los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proporcionar al Servicio Electoral cualquier otro antecedente que resulte necesario para la inscripción de los chilenos y extranjeros en el Registro Electoral y que se encuentre en su poder, quedándole expresamente prohibido calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 4° y 5°, el domicilio electoral será el declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de obtener o renovar su cédula de identidad o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, según corresponda.

En caso que la cédula de identidad se haya obtenido en algún Consulado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y a falta de éste al lugar de nacimiento en Chile.

Si la persona no hubiere obtenido cédula de identidad al momento de procederse a su inscripción automática conforme al artículo 4°, el Servicio de Registro Civil e Identificación comunicará el domicilio registrado al momento de solicitar la inscripción de nacimiento, el cual será para estos efectos domicilio electoral. En caso de ser más de uno los domicilios registrados, se estará al domicilio de la madre.

Artículo 11.- Todo ciudadano con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Artículo 12.- Al momento de la inscripción de un ciudadano o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo.

En primer lugar serán asignados a las mesas receptoras de sufragios existentes de la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores habilitados para votar, debido a cancelaciones de inscripción producidas por cambio de domicilio electoral, por causa de fallecimiento, o cualquier otra inhabilidad permanente para sufragar, hasta completar la cifra máxima de 350 electores por mesa.

Si realizado lo anterior, quedaren nuevos electores por asignar, ellos serán asignados a nuevas mesas receptoras de sufragios que se crearán para estos efectos, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Cada elector solo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios y no podrá ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral.

Párrafo 4°

De las actualizaciones del Registro Electoral

Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

b) Pérdida de ciudadanía de una persona inscrita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17° de la Constitución Política de la República, o su recuperación.

c) Suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, o el cese de dicha suspensión.

d) Pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

e) Revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados del Registro.

f) Reclamaciones al Padrón Electoral Provisorio Auditado acogidas en conformidad a la ley.

El Servicio Electoral conservará los antecedentes en que se funde la actualización por un lapso no inferior a 5 años.

Artículo 14.- Para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales que el Servicio de Registro Civil e Identificación tenga de las personas cuyas defunciones hubieren sido registradas en el mes inmediatamente anterior; de las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva y los que recuperen su ciudadanía; y de las personas que hubieren perdido la nacionalidad.

Artículo 15.- El Tribunal Constitucional deberá comunicar al Servicio Electoral las sanciones que hubiere aplicado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como asimismo el cumplimiento del plazo a que se refiere dicha disposición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia hubiere quedado firme o ejecutoriada.

Artículo 16.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior informará al Servicio Electoral las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, ejecutoriadas dentro del mes anterior.

Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas respecto de las cuales el Ministerio Público o un querellante particular hubiere presentado en el mes anterior, acusación por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no sean condenados a pena aflictiva, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.

Artículo 18.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, los jueces de letras comunicarán al Servicio Electoral los nombres de las personas que hubieren sido declaradas en interdicción por causa de demencia por sentencia ejecutoriada, en el mes anterior, indicando los antecedentes necesarios para su cabal identificación.

En el mismo plazo, los jueces de letras comunicarán sobre las revocaciones de dichas declaratorias.

Artículo 19.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Senado deberá comunicar al Servicio Electoral las personas a las cuales se hubiere rehabilitado su ciudadanía en el mes anterior, conforme al inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República.

Artículo 20.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Ministerio de Justicia deberá comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren extinguido su responsabilidad penal en el mes anterior, conforme a lo dispuesto en el número 4° del artículo 93 del Código Penal.

Artículo 21.- Los órganos, servicios y tribunales señalados en este párrafo, así como cualquier otra repartición que deba aportar datos para la conformación y actualización del Registro Electoral, deberán proporcionar todos los antecedentes que para este solo efecto requiera el Servicio Electoral, en ningún caso podrán excluir información, calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 22.- Entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá informar a los electores que su derecho a sufragio ha sido suspendido o que han sido inhabilitados para votar en la siguiente elección, con indicación de la causa que dio origen a dicha suspensión o inhabilidad, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

Párrafo 5°

De las modificaciones de los datos electorales

Artículo 23.- El Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias:

a) Solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad.

b) Las rectificaciones de inscripciones de nacimiento de los ciudadanos, con indicación de los datos originales que fueron objeto de la rectificación, y

c) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 7° de esta ley.

Artículo 24.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando uno nuevo bajo juramento en ese acto si así lo desea.

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el cambio de domicilio podrá también efectuarse directamente ante el Servicio Electoral, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por este organismo, donde declarará bajo juramento su nuevo domicilio electoral. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas que el Servicio Electoral disponga a lo largo del país. Los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, podrán presentar la solicitud a través del respectivo Consulado.

El Servicio Electoral deberá notificar al elector mediante carta certificada dirigida al nuevo domicilio electoral, que ha procedido al cambio de su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa de sufragio donde le corresponderá votar.

El Servicio Electoral podrá disponer de otras formas para efectuar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o a través de medios electrónicos, siempre que éstas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos.

Artículo 26.- El Servicio Electoral podrá convenir con otros organismos públicos la recepción de solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Artículo 27.- Para todos los efectos legales, se considerará como domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Párrafo 6°

De la suspensión de inscripciones, actualizaciones y modificaciones

Artículo 28.- Con el objeto de elaborar los padrones electorales que se utilizarán en cada elección o plebiscito, las inscripciones en el Registro Electoral que provengan de solicitudes de acreditación de avecindamiento conforme al artículo 6, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en las letras a) a la e) del artículo 13 y las modificaciones señaladas en el artículo 23, se suspenderán a los ciento veinte días anteriores a cada elección o plebiscito, reanudándose a partir del primer día del mes siguiente de la elección o plebiscito.

Artículo 29.- Tratándose de plebiscitos comunales, la suspensión a que alude el artículo precedente se aplicará solo respecto de los electores que correspondan a la comuna o agrupación de comunas donde se realizará.

TITULO II

DEL PADRÓN ELECTORAL Y DE SU AUDITORIA

Párrafo 1°

Del Padrón Electoral

Artículo 30.- El Servicio Electoral deberá elaborar un Padrón Electoral, el que contendrá la nómina de los electores inscritos en el Registro Electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él.

Cada elector podrá figurar solo una vez en él.

Artículo 31.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de provisorio, ciento diez días antes de una elección o plebiscito. Éste contendrá una nómina de las personas inscritas en el Registro Electoral que, conforme a los antecedentes conocidos por el Servicio Electoral antes de los ciento veinte días previos al acto electoral, reúnan a la fecha de la elección o plebiscito correspondiente los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio.

El Padrón Electoral con carácter de provisorio será objeto de auditorías conforme al Párrafo 2° de este Título.

Este Padrón se ordenará en forma alfabética y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Provisoria de Inhabilitados, que incluirá a las personas inscritas que se encuentren inhabilitadas de votar en la correspondiente elección o plebiscito, con indicación de la causal que dio lugar a dicha condición.

El Padrón Electoral y la Nómina Provisoria de Inhabilitados, son públicos para los partidos políticos, solo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero. Los partidos políticos podrán tener acceso y copia de ellos en medios magnéticos o digitales, no encriptados y procesables por software de general aplicación, debiendo solo pagar los costos directos de la reproducción. Lo mismo se aplicará para los candidatos independientes, respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Solo las personas inhabilitadas podrán conocer, además, la respectiva causal que las inhabilita.

Artículo 32.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de auditado, setenta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de provisorio, después de ser auditado por las empresas de auditoría a las que se refiere el Título II de esta ley y que ha sido modificado solo como consecuencia de la correcciones sugeridas por las empresas de auditorias en sus informes si las hubiere y que conforme a lo señalado en el artículo 42 de esta ley, sean aceptadas por el Servicio Electoral.

El Padrón Electoral con carácter de auditado podrá ser objeto de reclamación de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Auditada de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las correcciones sugeridas por las empresas de auditorias que haya aceptado, si las hubiere.

El Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, deberán ser publicados por el Servicio Electoral en su sitio web con setenta días de antelación a la fecha que deba verificarse una elección o plebiscito.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo anterior.

Artículo 33.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de definitivo, treinta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de auditado, que ha sido modificado solo como consecuencia de las reclamaciones acogidas, si las hubiere, de conformidad con lo dispuesto en el Título siguiente.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Definitiva de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las reclamaciones acogidas.

El Servicio Electoral publicará en su sitio web, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse una elección o plebiscito, el Padrón Electoral con carácter de definitivo, que contiene la nómina de electores con derecho a sufragio en la respectiva elección o plebiscito y la Nómina Definitiva de electores Inhabilitados.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo 31.

Artículo 34.- El Servicio Electoral deberá publicar en su sitio web, las modificaciones efectuadas al Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados que provengan de las reclamaciones acogidas en conformidad a esta ley, o de las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría que hayan sido aceptadas por el Servicio.

Artículo 35.- Para la segunda votación de la elección presidencial que se realice en virtud del inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral con carácter de definitivo utilizado en la primera votación.

Artículo 36.- El Servicio Electoral, en la misma oportunidad en que debe determinar el Padrón Electoral con carácter de definitivo, deberá confeccionar los Padrones de Mesa que se utilizarán en la respectiva elección o plebiscito.

A cada Mesa Receptora de Sufragios le corresponderá un Padrón de Mesa.

Cada Padrón de Mesa contendrá una nómina, ordenada alfabéticamente, de las personas habilitadas para votar en la Mesa Receptora de Sufragios respectiva.

Los Padrones de Mesa contendrán los nombres y apellidos de cada elector y su número de rol único nacional.

Cada elector podrá figurar solo en un Padrón de Mesa y una vez en él.

Artículo 37.- Veinte días antes de la elección o plebiscito, el Servicio Electoral en forma gratuita pondrá a disposición de los partidos que participan en la elección o plebiscito, un listado impreso de cada Padrón de Mesa, que contendrá los nombres, apellidos y número de rol único nacional de los electores. Igual información deberá entregarse a los candidatos independientes respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Párrafo 2°

De las Auditorias

Artículo 38.- El Registro Electoral, el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados serán sometidos a un proceso de auditoria con el objeto de revisar y determinar si contienen los antecedentes dispuestos por la ley. También se revisarán los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales utilizados en su elaboración.

Artículo 39.- Las auditorias serán practicadas por dos empresas independientes de auditoria externa, de niveles equivalentes, inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales deberán cumplir con los requisitos de capacidad, tamaño, confiabilidad y garantía que mediante una norma general emitirá el Consejo del Servicio Electoral.

El presupuesto del Servicio Electoral deberá contemplar los fondos necesarios para financiar los procesos de auditorías.

Artículo 40.- La selección de las empresas de auditoria, se realizará a través de una licitación pública a la cual deberá convocar el Servicio Electoral, conforme a las bases que elaborará su Consejo.

El Consejo del Servicio Electoral seleccionará a dos empresas de entre las cuatro que, cumpliendo con las bases de la licitación, hayan efectuado las menores ofertas económicas por sus servicios. En caso de haber menos de cuatro, la selección se circunscribirá a todos ellos.

Las dos empresas de auditoría serán seleccionadas por la unanimidad de los Consejeros del Servicio Electoral. A falta de unanimidad la selección se hará en una sola votación, teniendo cada Consejero derecho a votar solo por una de las candidatas. Quedarán seleccionadas las empresas que obtuvieren las dos más altas mayorías.

Las empresas serán seleccionadas por un período de ocho años. Dentro de ese período sus servicios podrán ser revocados solo por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, a petición fundada de la unanimidad del Consejo del Servicio Electoral, o por acuerdo del Senado.

Artículo 41.- Las empresas de auditoria deberán revisar anualmente y emitir un informe que contendrá su opinión, sobre los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales del Servicio Electoral, destinados a la inscripción de los electores en el Registro Electoral y a la confección del Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados. Dicho informe deberá señalar la capacidad de ellos de poder cumplir las funciones para la cual están requeridos, sus errores, si los hubiere, y los factores de riesgo que pudieran afectar su correcto funcionamiento. El informe deberá contener también sugerencias respecto a la solución de los problemas detectados.

En los años que correspondan elecciones generales, el informe deberá ser emitido doscientos diez días antes de la elección.

Artículo 42.- Determinado el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados conforme al artículo 31 de esta ley, las empresas de auditoria procederán a su revisión, que tendrá por objeto entregar una opinión respecto de si ellos cumplen con lo dispuesto en la ley. Terminada la revisión, elaborarán un informe, que deberá ser emitido ochenta días antes de la elección o plebiscito, y contendrá, al menos, un detalle de los errores encontrados con indicación de una sugerencia respecto de cómo pueden ser subsanados, y los demás comentarios u observaciones que los auditores estimen procedentes.

Artículo 43.- El Consejo del Servicio Electoral analizará los informes de auditoría y realizará las correcciones que estime pertinentes. Lo anterior constará en un acta que será publicada en la página web de dicho organismo.

Cumplido lo anterior, el Consejo del Servicio determinará el Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, conforme al artículo 32.

Artículo 44.- Todos los informes de las empresas de auditoria serán públicos, salvo respecto de las causales de inhabilidad. El informe deberá ser entregado al Consejo del Servicio Electoral, al Senado, a la Cámara de Diputados, a los Partidos Políticos, a los Tribunales Electorales Regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones, en la misma oportunidad.

Artículo 45.- Las empresas de auditoria deberán efectuar sus funciones con total independencia entre ellas. En consecuencia, no podrán compartir sus antecedentes, consultarse entre sí, tomar acuerdos, coordinar o efectuar trabajos en forma conjunta, ni externalizar parte de las funciones encargadas con los mismos terceros.

Artículo 46.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición de las empresas de auditoria todos sus registros, físicos y computacionales y demás antecedentes que en opinión de ellas sean necesarios para realizar sus informes. El Servicio de Registro Civil e Identificación y los demás organismos señalados en los artículos 15 al 20, deberán poner a disposición de las empresas de auditoria, la misma información que hubieren entregado al Servicio Electoral, cuando exista disconformidad entre los datos electorales y el Padrón Electoral.

Las empresas de auditoría deberán mantener reserva o secreto, según corresponda, de la información, datos y antecedentes que se les proporcione en virtud de este artículo, siendo público solamente los resultados de su auditoría.

TÍTULO III

DE LAS RECLAMACIONES

Artículo 47.- La persona que estimare que injustificadamente fue omitida del Padrón Electoral con carácter de Auditado, publicado conforme al artículo 32, podrá reclamar de este hecho, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, que conocerá del asunto.

En el mismo plazo, los Partidos Políticos, candidato independiente y cualquier otra persona, podrán presentar reclamaciones ante el mismo Tribunal, respecto de electores injustificadamente omitidos de este Padrón Electoral. Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones, en única instancia.

El Tribunal resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de cuatro días de requerido. El Tribunal deberá fallar, con o sin informe, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la presentación del reclamo.

El Tribunal ordenará la incorporación del reclamante o electores afectados al padrón electoral en los casos en que hubiere lugar a ella.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente o por el Servicio Electoral dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de su incorporación en el Estado Diario del respectivo Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá fallar dentro de un plazo de cinco días de presentada la apelación.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la comunicará inmediatamente al Servicio Electoral, el cual procederá a cumplirla sin más trámite.

Artículo 48.- Dentro de los diez días siguientes a la publicación del Padrón Electoral con carácter de Auditado, señalado en el artículo 31, cualquiera persona natural, partido político o candidato independiente podrá pedir al Tribunal Electoral Regional correspondiente al domicilio electoral del impugnado, la exclusión de quien figure en el Padrón Electoral en contravención a la ley.

Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.

No procederá solicitar la exclusión del padrón electoral respecto de un candidato cuya aceptación de candidatura se encuentre ejecutoriada.

La solicitud deberá ser acompañada de una boleta de depósito en arcas fiscales. El monto del depósito deberá ser igual o mayor a un cuarto de una unidad tributaria mensual, e igual o menor a cien unidades tributarias mensuales, según lo determine el Tribunal.

El Tribunal citará dentro de cinco días al reclamante y a la persona o personas cuya exclusión se pide, las que no estarán obligadas a asistir, pudiendo concurrir con todos sus medios de prueba. Para este efecto, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el Padrón. Si la persona reclamada o alguna de ellas hubiesen cambiado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará a costa del recurrente en un diario de los de mayor circulación en la localidad a que corresponda dicho domicilio.

En caso de que la reclamación afectare a un considerable número de personas o que el número de reclamos fuera muy elevado, podrá el Tribunal ordenar que la citación se haga por medio de un aviso que se publicará, a costa del reclamante, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que corresponda. Además, señalará diversas audiencias para oírlos, las cuales deberán celebrarse dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de ellas compareciere, el Tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes que se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos reclamos.

Los Tribunales resolverán con los antecedentes que el interesado o él o los afectados le suministren, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser evacuado a más tardar al cuarto día de ser solicitado.

La resolución judicial se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la audiencia y se notificará a las partes por el Estado Diario.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente, él o los afectados y el Servicio Electoral, dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de incorporación en el Estado Diario del Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, quien deberá resolver la apelación dentro del plazo de cinco días.

Ejecutoriada la sentencia que ordena la exclusión, será notificada al Servicio Electoral para que efectúe la cancelación correspondiente.

Artículo 49.- Los informes de las empresas de auditoria tendrán ante los tribunales el valor de un informe de peritos.

TITULO IV

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios las que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia, lo hagan aconsejable.

La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando circunstancias tales como la cantidad de población o dificultades para sufragar lo hagan aconsejable. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragio de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7° inciso primero, de esta ley.

TÍTULO V

DE LAS SANCIONES

Párrafo 1°

De los procedimientos judiciales por faltas y delitos contemplados en esta ley

Artículo 51.- Los delitos o faltas electorales se regirán por las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente, por el Código Penal.

Cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, podrá deducir querella para la investigación de los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 52.- No procederá el indulto particular en favor de los condenados en virtud de esta ley.

Párrafo 2°

De las sanciones

Artículo 53.- Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona;

2.- El que proporcionare datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento;

3.- El que ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio, un Libro de Actas, o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan; y

4.- El que use para fines comerciales los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 54.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos:

1.- El que maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en el Padrón Electoral, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usados para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones;

2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cedula de identidad;

3.- El que incite u organice a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral; y

4.- El que comercialice los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 55.- Si los delitos señalados en el artículo precedente son cometidos por un funcionario público, se les aplicarán las penas asignadas a los referidos delitos, aumentadas en un grado, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Artículo 56.- El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o libros de actas que se le hubieren confiado o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.

Si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

2) Reemplázase la numeración del actual Título IV por la de Título VI y la de los artículos 87, 88 y 89 por 57, 58 y 59. Además reemplázase el actual artículo 90, que pasa a ser artículo 60:

“Artículo 60.- Corresponderá al Servicio Electoral ejercer las siguientes funciones:

a) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la ley 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente;

b) Formar, mantener y actualizar el Registro Electoral;

c) Determinar el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados en los términos señalados en esta ley;

d) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral;

e) Resolver respecto de las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación de avecindamiento que se le presenten;

f) Solicitar la colaboración y antecedentes que sean necesarios, de los distintos órganos del Estado, para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;

g) Disponer la compra de los programas y equipos computaciones que utilizará en el cumplimiento de sus funciones, y los sistemas de mantención, protección y actualización de éstos; y

h) Las demás que esta u otras leyes establezcan.”.

3) Agrégase un nuevo artículo final al párrafo 1° del actual Titulo IV que pasa a ser VI:

“Artículo 61.- Los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo Directivo y su Director. Al Consejo corresponderá la dirección superior del Servicio y la dirección administrativa al Director.”.

4) Sustitúyese los Párrafo 2° y 3° del actual Titulo IV que pasa a ser VI por los siguientes:

“Párrafo 2°

Del Consejo Directivo del Servicio Electoral

Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros, cuatro de los cuales serán designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. El Presidente hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse sobre el conjunto de la propuesta.

Dentro de los treinta días siguientes al inicio de su mandato, el Presidente de la República designará al quinto consejero, quien será el Presidente del Consejo.

Los consejeros designados con acuerdo del Senado durarán ocho años en sus cargos y podrán ser reelegidos hasta por dos veces. Se renovarán por parcialidades, cada cuatro años.

El consejero designado directamente por el Presidente de la República, durará cuatro años en su cargo y podrá ser reelegido hasta por dos veces.

En caso que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se procederá a la designación de un nuevo consejero, en un plazo de treinta días, en conformidad a lo dispuesto en este artículo, que durará hasta completar el periodo de quien reemplace.

Artículo 63.- Para ser designado Consejero del Servicio será necesario, además de cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos públicos, poseer título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de conformidad a la legislación vigente, acreditar experiencia profesional no inferior a cinco años en el sector público o privado y no haber desempeñado cargos de representación popular, de Ministro de Estado, de Subsecretario, de Intendente, de Gobernador o de dirigente de partido político en los cinco años anteriores a su designación.

Tampoco podrán ser Consejeros, las personas que se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con la sola excepción del desempeño en cargos docentes de hasta media jornada.

Los Consejeros no podrán estar afiliados a partidos políticos mientras sirva en el cargo.

La función de Consejero no es delegable y se ejerce colectivamente, en sala legalmente constituida.

Artículo 64.- Los Consejeros tendrán derecho a ser informados plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el Director o quien haga sus veces, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del Servicio. Además, tendrán derecho a revisar el Registro Electoral y los padrones electorales, con la sola limitación de no afectar el funcionamiento del Servicio.

Los Consejeros percibirán una dieta equivalente a 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento por mes calendario.

El Presidente del Consejo o quien le subrogue, percibirá igual dieta, aumentada en un 50%.

Artículo 65.- Son causales de cesación en el cargo de Consejero, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado. Sin perjuicio de ello, éste será prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante;

b) Haber cumplido los 75 años de edad;

c) Renuncia, aceptada por el Presidente de la República;

d) Incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo;

e) Alguna causal de inhabilidad sobreviniente. El Consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar el cargo, cesará automáticamente en él; y

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como Consejero. Serán faltas graves, entre otras, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un semestre calendario.

La existencia de las causales establecidas en las letras d) y e), si hubiere discusión sobre la sobreveniencia de la inhabilidad, y f) precedentes, serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo o del Ministro del Interior en el caso de la letra f), o de cualquier persona en el caso de la letra e). El requerimiento deberá hacerse por escrito, acompañándose todos los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal. Se dará traslado al afectado por el término fatal de diez días hábiles para que exponga lo que estime conveniente en su defensa.

Vencido este plazo, con o sin la respuesta del afectado, se decretará autos en relación y la causa, para su agregación a la tabla, vista y fallo, se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección. Tratándose de la causal de la letra d), el Tribunal, como medida para mejor resolver, podrá decretar informe pericial.

Los Consejeros y el Director tendrán el carácter de ministro de fe en las actuaciones que las leyes le encomienden.

En las causas civiles que se intentaren en contra de un Consejero o del Director, conocerá en primera instancia un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y en segunda instancia la respectiva Corte.

Artículo 66.- El Consejo sesionará, a lo menos, con cuatro de sus miembros en ejercicio. Presidirá las sesiones el Presidente del Consejo y, a falta de éste, su Vicepresidente.

El Consejo podrá sesionar en forma ordinaria o extraordinaria.

Son sesiones ordinarias aquellas que determine el propio Consejo para días y horas determinadas, en ellas se tratarán todas las materias que el Presidente incluya en la tabla respectiva, la que deberá ser comunicada a los consejeros con no menos de 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión.

Por cada mes el Consejo deberá sesionar en forma ordinaria no menos de una vez y no más de tres veces.

Son sesiones extraordinarias aquellas en que el Consejo es convocado especialmente para conocer de modo exclusivo las materias que motivan la convocatoria. Estas sesiones serán convocadas por su Presidente, cuando exista algún asunto urgente que requiera del conocimiento del Consejo, o cuando así sea solicitado a éste, por requerimiento escrito de dos Consejeros. La citación a sesión extraordinaria deberá hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y contendrá expresamente las materias a tratar.

Los acuerdos requerirán del voto favorable de, a lo menos, cuatro Consejeros. Si el Consejo no lograra el anterior quórum, deberá dejar constancia pública de su desacuerdo y las razones fundadas de las partes, convocando el Presidente del Consejo a una nueva sesión que deberá realizarse no antes de cuatro días ni después de quince, siempre que este último plazo no altere el cumplimiento de un plazo legal, donde deberá resolverse el desacuerdo con el voto conforme de, a lo menos, tres de sus miembros.

En todo caso, se requerirá siempre del voto conforme de, al menos, cuatro Consejeros para tomar los acuerdos señalados en la letra i) del artículo 67.

El Servicio no podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más Consejeros tengan interés por sí o como representantes de otra persona. Se presume que existe interés directo de un Consejero en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño directo, o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

De toda deliberación y acuerdo del Consejo se deberá dejar constancia en un libro de actas. El acta deberá ser firmada por todos los Consejeros que hubieren concurrido a la sesión.

Artículo 67.- Corresponderá al Consejo:

a) Designar, en su primera sesión y de entre sus miembros, al Consejero que se desempeñará como Vicepresidente del Consejo. Esta designación se hará en sesión especialmente convocada al efecto y en una sola votación donde cada Consejero tendrá derecho a un solo voto. Será electo Vicepresidente del Consejo, el que alcance la más alta mayoría. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia o imposibilidad transitoria de éste para ejercer el cargo;

b) Designar a los miembros de las Juntas Electorales según propuesta del Director;

c) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Servicio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento;

d) Aprobar la propuesta del presupuesto del Servicio efectuada por el Director;

e) Supervisar los actos del Director y Subdirector;

f) Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales para su ejecución por los organismos establecidos en ellas;

g) Aprobar los Padrones Electorales y la Nomina de Electores Inhabilitados, a los que se refiere esta ley;

h) Aprobar las bases para llamar a la licitación de las empresas de auditoria, seleccionarlas y conocer de sus informes;

i) Designar y remover al Director y Subdirector del Servicio Electoral. La designación se hará a partir de una quina propuesta para el cargo por el Consejo de la Alta Dirección Pública, en conformidad a las normas del Título VI de la ley 19.882; y

j) Las demás que le señale la ley o sobre las que deban pronunciarse en virtud de sus funciones o atribuciones.

Párrafo 3°

Del Director del Servicio Electoral

Artículo 68.- El Director del Servicio Electoral, será el representante legal del servicio y el Jefe Superior de éste. Le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo;

b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo;

c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Servicio, previo acuerdo del Consejo Directivo;

d) Nombrar al personal del Servicio y poner término a sus servicios, de conformidad a las normas estatutarias;

e) Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Servicio;

f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio;

g) Representar al Servicio Electoral tanto judicial como extrajudicialmente;

h) Llevar el Registro de Partidos Políticos, actualizado por regiones y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomienden la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos u otras leyes;

i) Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o programas, que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión de los fines del Servicio;

j) Convocar a propuestas públicas o privadas, aceptarlas o rechazarlas;

k) Dictar las resoluciones generales y particulares necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

l) Contratar personal para labores transitorias cuando por necesidades del Servicio así se requiera, conforme a las normas del Código del Trabajo o sobre la base de honorarios;

m) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo; y

n) Ejercer las demás funciones que le encomienda esta u otras leyes.

Artículo 69.- El Director y Subdirector tendrán derecho a asistir a las sesiones de Consejo con derecho a voz.

Artículo 70.- Al Director y al Subdirector les serán aplicables las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los Consejeros.

Párrafo 4°

Del personal del Servicio Electoral

Artículo 71.- Los funcionarios y demás personas que presten servicios en el Servicio Electoral, estarán obligados a mantener reserva acerca de los antecedentes, informaciones o documentos que conozcan en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las publicaciones que deban efectuarse y de las informaciones que pueda proporcionar dicho Servicio en conformidad a la ley.

Ni el personal del Servicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él, podrán militar en partidos políticos, ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter políticopartidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular. Tampoco podrán participar de modo similar con ocasión de los actos plebiscitarios.

Toda contravención a este artículo se sancionará con las penas contenidas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta. Asimismo, serán aplicables las normas de responsabilidad funcionaria y del Estado contempladas en la ley Nº 19.880, en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.”.

5) Sustitúyase el actual artículo 99, que pasa a ser 72, del Título V que pasa a ser VII, por el siguiente:

“Artículo 72.- Los Partidos Políticos, candidatos independientes y demás entidades o personas que de acuerdo a la ley tengan acceso a la información contenida en el Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina de Inhabilitados, deberán actuar responsablemente en su manejo, debiendo responder civil y penalmente, según corresponda, y en conformidad a lo que establezca la ley.”.

6) Agrégase un nuevo artículo 73:

“Artículo 73.- Todos los plazos a que se refiere esta ley serán de días corridos.”.

Artículo 2º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:

1) Agréguese al final del artículo 1° la siguiente oración, pasando el punto final a ser punto seguido:

“Además establece y regula las Juntas Electorales.”

2) Sustitúyase el artículo 3, por el siguiente:

“Artículo 3.- Las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por escrito, para cada acto eleccionario, ante el Director del Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio, si lo hubiere, quien les pondrá cargo y otorgará recibo.

Las declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el Secretario de la Directiva Central de cada partido político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral o por a lo menos cinco de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. En todo caso, será acompañada por una declaración jurada del candidato, o de un mandatario designado especialmente al efecto por escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto a las inhabilidades. La declaración jurada podrá incluir el nombramiento del Administrador Electoral conforme al artículo 30 de la ley 19.884 y deberá ser acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los estudios del candidato cuando corresponda en los términos que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el candidato.

La declaración de candidatura podrá presentarse en un acto separado por cada candidato.

Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente.”.

3) Sustitúyase el inciso cuarto del artículo 3 bis, por el siguiente:

“El pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral, antes del vencimiento del plazo y en forma previa a las declaraciones de candidaturas, mediante la presentación de una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en lista conjunta en una elección de Parlamentarios y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios.”.

4) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 6, por el siguiente:

“Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República, éstas solo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la primera o única votación.”

5) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 11, por los siguientes:

“El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante cualquier notario por ciudadanos con derecho a sufragio que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político legalmente constituido o en formación, y cuyos domicilios electorales registrados en el Registro Electoral corresponda al distrito o circunscripción senatorial, según se trate de elecciones de Diputados o Senadores. Será notario competente cualquiera del respectivo territorio.

La nómina de patrocinantes deberá señalar en su encabezamiento el nombre del candidato y el acto electoral de que se trate. A continuación, deberá dejarse expresa constancia del juramento a que se refiere el inciso anterior y de los siguientes antecedentes: primera columna, numeración correlativa de todos los ciudadanos que la suscriban; segunda columna, sus apellidos y nombres completos; tercera columna, número de la cédula nacional de identidad; cuarta columna, indicación de su domicilio electoral, con mención de la comuna; quinta columna, firma del elector o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.”.

6) Reemplázase en el artículo 13, la expresión “inscritos en cualquier parte del territorio nacional” por “habilitados para ejercer el derecho a sufragio”.

7) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- El Consejo del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo para declaración de candidaturas, deberá aceptarlas o rechazarlas. Para tal efecto dictará las resoluciones respectivas que se publicarán dentro de tercer día en el Diario Oficial.

El Consejo del Servicio Electoral deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 25, 48 y 50 de la Constitución Política de la República, o que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 57 de la Constitución. Asimismo, rechazará las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los Párrafos 1° a 3° de este Título.”.

8) Agréguese en el artículo 19 el siguiente inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Si el rechazo de la candidatura por parte del Servicio Electoral conforme al artículo 17, se hubiere fundado en no ser el candidato declarado ciudadano con derecho a sufragio, y el fallo del Tribunal hubiere ordenado su inscripción como candidato, el Servicio Electoral deberá también incorporar al candidato dentro del padrón de electores. Si, por el contrario, el Tribunal rechazare una candidatura aceptada por el Servicio Electoral, al considerar que el candidato no es ciudadano con derecho a sufragio, el Servicio Electoral deberá excluir al candidato del padrón de electores”.

9) Deróguese el artículo 21.

10) Reemplácese en el inciso primero del artículo 27, la expresión “Director del” por el vocablo “El”.

11) Elimínese en el artículo 29 el inciso tercero y sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“El Servicio Electoral entregará a los partidos políticos, a los pactos electorales y a los candidatos independientes, el número de facsímiles de las cédulas con las cuales se sufragará que determine el Servicio. La entrega se hará dentro del plazo señalado en el inciso anterior.”.

12) Deróguese el Artículo 34.

13) Reemplázase el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- El Servicio Electoral podrá fusionar aquellas mesas receptoras de sufragios que tengan menos de ciento setenta y cinco electores habilitados para votar al momento de determinarse el padrón electoral, con una o más mesas receptoras de sufragio de la misma circunscripción electoral, con el objeto de que funcionen conjuntamente como si fueran una sola mesa, siempre que el resultado de dicha fusión no signifique que la mesa resultante supere el número de trescientos cincuenta electores habilitados para votar.

En este caso existirá un solo padrón de la mesa fusionada y se ordenará alfabéticamente.

La nueva mesa se identificará con los números de las mesas que se funcionaron separados por guiones.”

14) Sustitúyase el artículo 38, por el siguiente:

“Artículo 38.- Cada Mesa Receptora se compondrá de cinco vocales elegidos de entre los inscritos en el Padrón de Mesa respectivo.”

15) Intercálese en el inciso primero del artículo 40, entre las expresiones “representación popular;” y “los Ministros de Estado”, la expresión “las personas a cargo de los trabajos electorales que señala el artículo 7 de esta ley;”.

16) Reemplácese en el inciso primero del artículo 40 la expresión “los jueces letrados y los de Policía Local” por la expresión “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local;”.

17) Reemplácese el inciso segundo del artículo 40 por el siguiente:

“Si por las causales anteriores no fuere posible integrar la Mesa, se constituirá con ciudadanos que figuren en los Padrones de Mesas correspondientes a mesas contiguas.”.

18) Sustitúyase el artículo 41, por el siguiente:

“Artículo 41.- Se designarán tres vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios con ocasión de la elección de diputados y senadores, y dos con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si se trata de una mesa nueva, o si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiera cambiado de Circunscripción Electoral o hubiera perdido el derecho a sufragio.

Para proceder a la designación de vocales, el trigésimo día anterior a la elección, cada uno de los Miembros de la Junta Electoral escogerá diez nombres, que deberán corresponder a diez ciudadanos con derecho a sufragio en el respectivo padrón de mesa. Si la Junta funcionare con dos miembros cada uno elegirá quince nombres.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de vocales de Mesas y a los que no hubieran ejercido igual función durante los cuatro años anteriores.

Escogidos los nombres, la Junta Electoral procederá a confeccionar para cada Mesa Receptora una nómina en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al treinta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, a las catorce horas del trigésimo día anterior a la fecha de la elección o plebiscito, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros números, según corresponda, sirvan para individualizar en cada nómina a las personas que se desempeñarán como vocales de las Mesas Receptoras, y los siguientes, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como reemplazantes.”.

19) Elimínese en el inciso primero del artículo 42 la expresión “comenzando por las de varones,”.

20) Reemplázase el inciso primero del artículo 43, por el siguiente:

“Artículo 43.- El Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina completa de los vocales designados para cada Mesa Receptora de la respectiva elección. Respecto de todos ellos se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en un diario o periódico el vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito, o, si ese día no circulare el periódico en que deba publicarse, en la primera ocasión posterior a esa fecha en que esto ocurra, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.”

21) Sustitúyase el artículo 47, por el siguiente:

“Artículo 47.- Los vocales sorteados por las Juntas Electorales para las Mesas Receptoras ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los vocales sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

22) Incorporase el siguiente artículo 47 bis, nuevo:

“Artículo 47 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de vocal de Mesa Receptora de Sufragio un bono equivalente a la suma de dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral en el que participen.

Dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Este bono se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, los delegados de las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 77 de esta ley, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la función de vocales en el acto electoral respectivo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

23) Modifíquese el artículo 49 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso primero la expresión “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer día anterior” por “a las quince horas del día sábado”.

b) Agréguese el siguiente inciso tercero:

“En esta misma ocasión, el Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria.”

24) Reemplázase el inciso segundo del artículo 52 por el siguiente:

“El Secretario de la Junta Electoral requerirá de la Comandancia de Guarnición respectiva, a lo menos con sesenta días de anticipación a la audiencia, un informe sobre los locales estatales o privados que sean más adecuados para el expedito funcionamiento de las Mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención del orden público. Sin perjuicio de su informe escrito, el jefe aludido podrá, personalmente o representado por quien él designe, asistir a la audiencia de la Junta y proponer otros locales. La asignación de las Mesas que corresponderán a cada local se hará tratando de mantener, en la medida que ello sea posible, la misma asignación de las elecciones anteriores.”.

25) Sustitúyase el artículo 54, por el siguiente:

“Artículo 54.- A partir de las catorce horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito, en cada recinto de votación iniciará sus funciones una Oficina Electoral dependiente de la respectiva Junta Electoral, que estará a cargo de un Delegado que designará dicha Junta. Esta nominación, que se entenderá subsistente para el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, deberá recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras o Secretario Abogado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe. En ningún caso podrá recaer en funcionarios Municipales o dependientes directa o indirectamente de Corporaciones Municipales. Estos delegados podrán hacerse asesorar por el personal necesario para el funcionamiento de la oficina, con cargo al Servicio Electoral y de acuerdo con las instrucciones que el Servicio imparta. Este personal percibirá un bono diario equivalente a media Unidad de Fomento.

El delegado tendrá derecho a un bono total equivalente a cinco Unidades de Fomento por todas las tareas realizadas con ocasión de las elecciones y plebiscitos que se realicen en un mismo acto electoral. Se considerará para estos efectos como otro acto electoral, la segunda votación realizada, conforme al inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política.

A estos bonos le será aplicable lo señalado en el inciso segundo del artículo 47 bis.

Las Oficinas Electorales funcionarán no menos de cuatro horas durante el segundo día anterior a la elección o plebiscito; desde las nueve horas y hasta al menos las dieciocho horas el día anterior a la elección o plebiscito; y desde las siete horas y hasta completar todas sus funciones en el día de la elección o plebiscito.

Corresponderá al delegado de la Junta Electoral, sin perjuicio de las demás tareas que señala esta ley:

1) Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio. Para estos efectos deberá contar con medios expeditos para la atención de las consultas de los electores de toda la Circunscripción Electoral, especialmente en lo que tenga relación, con su local de votación y su Mesa Receptora de Sufragios o poder señalar al elector su condición de estar inhabilitado para votar en la elección mencionando la causal;

2) Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras y, cuando corresponda, designar a los reemplazantes de los vocales que no hubieren concurrido conforme al artículo 57;

3) Hacer entrega a los Comisarios de Mesa de los útiles electorales;

4) Instruir a los electores no videntes sobre el uso de la plantilla a que se refiere el artículo 28;

5) Recibir, terminada la votación, los útiles electorales empleados en las mesas y los sobres con las actas de escrutinio que debe entregar al día siguiente al Colegio Escrutador;

6) Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público.”.

26) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:

“Artículo 55.- El Servicio Electoral pondrá a disposición de la Oficinas Electorales, por intermedio de las Juntas Electorales, los útiles destinados a cada una de las Mesas Receptoras de Sufragios del respectivo local a lo menos el día anterior a la elección o plebiscito.

Para cada Mesa Receptora deberá considerarse el siguiente material:

1) El Padrón de Mesa con la nomina alfabética de los electores habilitados para votar en ella y los datos para identificarlos. Este padrón deberá disponer en la línea de cada elector de un espacio donde se estamparán las firmas o huellas dactiloscópicas de los electores que voten. Este espacio deberá ser de por lo menos tres centímetros de arriba a abajo por cada elector. Además deberá disponer de un espacio para anotar los números de las cédulas electorales. El Padrón de Mesa podrá estar dividido en dos secciones si así lo dispone el Servicio Electoral.

2) Dos ejemplares de la cartilla de instrucciones para uso de la Mesa Receptora de Sufragios, que elaborará el Servicio Electoral;

3) Las cédulas para la emisión de los sufragios en número igual al de los electores que deben sufragar, más un diez por ciento;

4) Cuatro lápices de grafito de color negro y dos lápices pasta de color azul;

5) Un tampón para huella dactilar.

6) Un formulario de acta de instalación;

7) Tres formularios de actas de escrutinio por cada elección o plebiscito y un cuarto de reemplazo en caso de que inutilicen alguno de los anteriores;

8) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Colegio Escrutador;

9) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Tribunal Calificador de Elecciones;

10) Cinco sobres por cada elección o plebiscito que se realice, para colocar las cédulas con que se sufrague. Uno de ellos llevará en su parte exterior la indicación “Votos escrutados no objetados”; otro, “Votos escrutados marcados y objetados”; otro, “Votos nulos y en blanco”; otro, “Talones de las cédulas emitidas”; y el quinto, “Cédulas no usadas o inutilizadas y talones y sellos adhesivos no usados”;

11) El sobre para colocar el Padrón de la Mesa;

12) El o los sobres para guardar el resto de los útiles usados;

13) Formularios de recibos de los útiles electorales y de las actas, que deban entregarse al Delegado de la Junta;

14) Un formulario de minuta del resultado del escrutinio por cada elección o plebiscito;

15) Un ejemplar de esta ley; y

16) Sellos adhesivos.

En los padrones, formularios y sobres se deberá indicar la región y circunscripción, el número de Mesa correspondiente y el sello del Servicio Electoral. Los sobres llevarán, además, la indicación del objeto a que están destinados o de su destinatario.

En la misma oportunidad, el Servicio Electoral remitirá, para uso de los Delegados de las Juntas Electorales, dos ejemplares del Padrón Electoral y de la Nomina de Electores Inhabilitados de toda la Circunscripción Electoral correspondiente y los formularios de recibo de los útiles electorales por parte de los Comisarios.”.

27) Sustituyese el artículo 57, por el siguiente:

“Artículo 57.- A las ocho horas de la mañana del día fijado para la elección o plebiscito se reunirán, en los locales designados para su funcionamiento, los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios.

Las Mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales.

Los vocales asistentes que no se encontraren en número suficiente para el funcionamiento de las respectiva Mesa darán aviso inmediato al delegado de la Junta Electoral.

A partir de las nueve horas el delegado procederá a designar los vocales que faltaren hasta completar solo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto. Deberá preferir a los electores que voluntariamente se ofrezcan en el orden en que se presenten. A falta de éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario. El delegado deberá haber constituido todas las mesas a más tardar a las diez horas.

Integrada la mesa, los vocales originalmente designados podrán incorporarse a ella, en orden de presentación hasta completar el máximo de cinco, sin que puedan reemplazar a los vocales designados en virtud del inciso anterior y siempre que ello ocurra con anterioridad a las once horas. Del hecho de las incorporaciones y de su hora se dejará constancia en el acta de instalación.

En ningún caso las Mesas podrán integrarse pasadas las doce horas.”

28) Modifíquese el artículo 58 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso segundo, la expresión “el o los Registros” por “el Padrón de Mesa”.

b) Elimínese los incisos tercero y cuarto.

29) Intercálese en el inciso segundo del artículo 59, después de la expresión “Cumplidos los trámites anteriores,” la frase “y nunca antes de las ocho de la mañana,”.

30) Sustitúyase el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- Son electores, para los efectos de esta ley, los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los Padrones de Mesa y que tengan cumplidos dieciocho años de edad el día de la votación.

El elector que concurra a votar deberá hacerlo para todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral.”

31) Agréguese al final del inciso cuarto del artículo 61, la siguiente frase:

“En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa Receptora de Sufragios, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.”.

32) Sustitúyase el artículo 62, por el siguiente:

“Artículo 62.- El elector chileno entregará al Presidente su cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero su cédula de identidad para extranjeros. Dichos documentos deberán estar vigentes. Ningún certificado u otros documentos podrán reemplazar a los anteriores.

Una vez comprobada la identidad del elector, la vigencia de su cédula de identidad o de su pasaporte, y el hecho de estar habilitado para sufragar en la Mesa, el elector firmará en la línea que le corresponda en el Padrón Electoral de la Mesa o, si no pudiere hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo pulgar derecho o, en su defecto cualquier otro dedo, de lo que el presidente dejará constancia al lado de la huella. De la falta de este requisito, se dejará constancia en el Acta, aceptándose que el elector sufrague.”.

33) Reemplázase el inciso primero del artículo 63, por el siguiente:

“Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del Padrón de Mesa y la identidad del elector, se recabará la intervención del experto de identificación que habrá en cada local de votación. El experto hará que el elector estampe su huella dactilar derecha al lado de su firma y la cotejará con la estampada en su cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros.”.

34) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 64, la expresión “respectivo cuaderno de firmas” por “Padrón de la Mesa” y la expresión “votación” por “elección”.

35) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

“Artículo 66.- Después de haber sufragado y depositadas las cédulas en la urna, se procederá a devolver al elector su cédula nacional de identidad, el pasaporte o su cédula de identidad para extranjeros, según corresponda.”.

36) Sustitúyase en el inciso final del artículo 67, la expresión “numérico de las inscripciones” por “alfabético en el Padrón de Mesa”.

37) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

“Artículo 68.- A las dieciocho horas del día de la elección, y siempre que no hubiere algún elector que deseare sufragar, el Presidente declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación.

Efectuada la declaración de cierre, el Secretario o el vocal en su caso, escribirá en el Padrón de la Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión “no votó” respecto de los electores que no hayan sufragado.”

38) Modifícase el artículo 71, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyase el numeral 1), por el siguiente:

“1) El Presidente contará el número de electores que hayan sufragado según el Padrón de la Mesa y el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas para cada elección o para el plebiscito;”.

b) Reemplázase el numeral 5), por el siguiente:

“5) Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas. La Mesa dejará constancia al dorso de ella del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión.

Se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta señalada en el artículo 65, y las que tengan además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquella emitida con una preferencia pero sin los dobleces correctos. Estas cédulas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen.

Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas;”.

c) Reemplázase el numeral 6), por el siguiente:

“6) Tratándose de una elección de Presidente de la República y de Parlamentarios, se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.

En los plebiscitos se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión.

Las operaciones se practicarán por el Presidente, por el Secretario y demás vocales;”.

d) Reemplázase el numeral 7), por el siguiente:

“7) Terminado el escrutinio se llenará la minuta con los resultados, y será firmadas por los vocales colocándose en un lugar visible de la mesa.”.

e) Reemplázase el numeral 8), por el siguiente:

“8) Los vocales, apoderados y candidatos tendrán derecho a exigir que se les certifique, por el Presidente y el Secretario, copia del resultado, lo que se hará una vez terminada las actas de escrutinio.”

39) Sustitúyase el artículo 72, por el siguiente:

“Artículo 72.- Inmediatamente después de practicado cada escrutinio, y en el mismo lugar en que hubiere funcionado la Mesa Receptora se levantarán actas del escrutinio, estampándose separadamente, en letras y en cifras, el número de sufragios que hubiere obtenido cada candidato o cada una de las proposiciones de la cédula para plebiscito, en su caso.

Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio y de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio que deseen hacer constar los vocales y apoderados, sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación, bajo las penas que esta ley señala. Se dejará especial testimonio en el acta del cumplimiento de las exigencias del artículo 71.

El acta de escrutinio se escribirá en tres ejemplares idénticos, los que tendrán para todos los efectos legales el carácter de copias fidedignas, serán firmadas por todos los vocales y los apoderados que lo deseen.

El primer ejemplar del acta quedará en poder del Secretario de la Mesa en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales, por el lado del cierre, para su remisión al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, y dejándose testimonio, en letras, en la cubierta del sobre, de la hora en que el Secretario lo hubiere recibido.

El segundo ejemplar del acta se entregará por el Presidente de la Mesa al Delegado de la Junta Electoral, en sobre dirigido al Colegio Escrutador, cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre, para que éste lo presente al Colegio en la oportunidad señalada en el artículo 86. El Delegado entregará recibo de su recepción.

El tercer ejemplar del acta, inmediatamente después de llenada, y antes de practicar el escrutinio de otra elección, se entregará por el Comisario de la Mesa a la persona dispuesta por el Servicio Electoral de la Oficina Electoral del local a que se refiere el artículo 76 bis, en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre. Se entregará recibo de su recepción.

Si en el local de votación se contare con facilidades de fotocopia, se procederá a llenar un solo ejemplar del acta y, antes de su firma por los vocales, el Comisario de la Mesa concurrirá al lugar de fotocopia, obteniendo las otras dos copias y las copias necesarias para entregar a todos los apoderados que la hubieran solicitado. Después regresará a la mesa, donde se procederá a firmar el original y las copias por los vocales y apoderados que lo deseen con tinta o lápiz a pasta de color azul, cerciorándose de que sean idénticas al original. Posteriormente, se procederá a su ensobrado y distribución conforme a los incisos anteriores, debiendo destinarse el original al sobre que el Secretario de la Mesa remitirá al Tribunal Calificador de Elecciones.

40) Reemplázase el artículo 73, por el siguiente:

“Artículo 73.- Después de practicado cada escrutinio y llenado de las actas conforme al artículo anterior, el Presidente pondrá las cédulas escrutadas con las que se hubiere sufragado en la elección o el plebiscito, separando las cédulas escrutadas y no objetadas, las escrutadas marcadas y objetadas, los votos nulos y en blanco, las cédulas no usadas o inutilizadas, los talones desprendidos de las cédulas emitidas y los talones y sellos adhesivos no utilizados, dentro de los sobres especiales destinados a cada efecto.

En el sobre caratulado "Votos escrutados no objetados" se colocarán aquellas cédulas que, emitidas correctamente conforme al artículo 65, no se encuentran en las situaciones señaladas en el número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos nulos y en blanco" se colocarán aquellas cédulas que, a juicio de la mayoría de la Mesa, se encuentren en cualquiera de los casos señalados en los párrafos primero y tercero del número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos escrutados marcados y objetados" se colocarán aquellas cédulas consideradas marcadas conforme al párrafo segundo del número 5 del artículo 71, contra las cuales se hayan formulado objeciones, que consten en el acta respectiva.

Se pondrán, además, dentro del respectivo sobre el Padrón de Mesa empleado en la votación de la Mesa.

Los sobres se cerrarán, sellarán y firmarán, por el lado del cierre, por todos los vocales y por los apoderados que quisieren.”.

41) Sustitúyase el artículo 75, por el siguiente:

“Artículo 75.- Completados todos los escrutinios, llenadas las actas y ensobrados los votos, se hará un paquete en que se pondrán los sobres de los votos a que se refiere el artículo 73, el acta de instalación y los demás útiles usados en la votación.

El paquete será cerrado y sellado. En su cubierta se anotará la hora y se firmará por todos los vocales y los apoderados que lo desearen. Luego, se dejará en poder del Comisario.”.

42) Agréguese el siguiente artículo 76 bis.

“Articulo 76 bis. La persona que disponga el Servicio Electoral se instalará en la Oficina Electoral del local de votación y procederá a recibir los ejemplares del acta señalados en el inciso sexto del artículo 72, cuyos datos procederá a ingresarlos o transmitirlos al sistema computacional en la forma que disponga el Servicio Electoral, en conformidad al artículo 175 bis.

Los apoderados acreditados ante la Oficina Electoral del Local Votación, podrán estar presentes y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso o transmisión de los datos que ellas contienen.

43) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 77:

“El Delegado de la Junta Electoral deberá concurrir personalmente al inicio de la sesión que se señala en el artículo 86 del Colegio Escrutador que corresponda, con objeto de hacer entrega personalmente de los sobre cerrados y dirigidos al Colegio Escrutador que contienen las actas de escrutinios de las mesas de votación del Local donde ejerció su función.”.

44) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 80 la expresión “Director” por “Consejo” y la expresión “, o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito.” por “o plebiscito.”.

45) Reemplázase el artículo 81, por el siguiente:

“Artículo 81.- Cada Colegio estará compuesto de seis miembros titulares e igual número de suplentes, designados por las respectivas Juntas Electorales, en conformidad a los artículos siguientes.

Se designarán tres miembros con ocasión de la elección de diputados y senadores, y tres con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiere cambiado de Circunscripción Electoral a una que no deba escrutar el Colegio o hubiere perdido el derecho a sufragio.

No podrán ser designados como miembros de los Colegios Escrutadores las personas señaladas en el inciso primero del artículo 40, ni aquéllas que hubieren sido designadas como vocales de mesas receptoras de sufragios para la misma elección de que se trate.”.

46) Sustitúyase el artículo 82, por el siguiente:

“Artículo 82.- Para proceder a la designación de los miembros de los Colegios Escrutadores, cada uno de los miembros de la Junta Electoral respectiva escogerá veinte nombres, que deberán corresponder a veinte ciudadanos inscritos en las mesas que corresponda escrutar al Colegio respectivo. Si la Junta funcionare con dos miembros, elegirán treinta cada uno de ellos.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de miembro del Colegio Escrutador, cuyo domicilio electoral corresponda a la localidad donde sesionará el Colegio Escrutador, y que no hubieren sido seleccionadas para vocales de mesas en la misma elección.

A continuación, la Junta Electoral procederá a confeccionar una nómina para cada Colegio Escrutador que le corresponda designar, en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al sesenta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, inmediatamente designados los vocales de las respectivas Mesas Receptoras de Sufragios, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros seis números sirvan para individualizar, en cada nómina, a las personas que se desempeñarán como miembros de los Colegios Escrutadores, y los siguientes seis, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como suplentes.

La Junta Electoral formará un libro con las nóminas alfabéticas firmadas por todos sus miembros, debidamente foliadas y con indicación del Colegio a que corresponda, el que se entenderá como parte integrante del acta del sorteo. Este libro será público y se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.

En todo caso, las nóminas deberán encontrarse en el local donde se efectúe el sorteo respectivo.”.

47) Reemplázase el artículo 83, por el siguiente:

“Artículo 83.- El Secretario de la Junta Electoral publicará el acta de lo obrado, incluyendo las nóminas de los miembros designados para cada Colegio Escrutador, respecto de quienes se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en la forma establecida en el artículo 43 de esta ley, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.

Dentro del mismo plazo, comunicará su nombramiento por carta certificada a los miembros designados, indicando la fecha, hora y lugar en que el Colegio Escrutador funcionará, y el nombre de los demás integrantes. El encargado de la oficina de correos deberá otorgar recibo circunstanciado de los avisos que se entregaren.”.

48) Incorpórese el siguiente artículo 83 bis, nuevo:

“Artículo 83 bis.- Cualquier miembro de los Colegios Escrutadores podrá excusarse de desempeñar el cargo, en los plazos, formas y causales establecidas en el artículo 44.

En el mismo plazo, cualquier persona podrá solicitar la exclusión del o los miembros de un Colegio Escrutador que estuvieren afectados por alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el artículo 81.

Para los efectos de conocer y resolver las excusas que se presentaren y reemplazar a los miembros cuya excusa o exclusión hubiere sido acordada por la Junta Electoral, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de esta ley.”.

49) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 84 la expresión “Director” por “Consejo”.

50) Reemplázase el artículo 85, por el siguiente:

“Artículo 85.- Los miembros de los Colegios Escrutadores ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los miembros sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

51) Incorpórese el siguiente artículo 85 bis, nuevo:

“Artículo 85 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de miembro de los Colegios Escrutadores y de Secretario de Colegio Escrutador un bono equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral.

Dicha cantidad no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Esta cantidad se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, dentro de los dos días siguientes al término de la función de los Colegios Escrutadores, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la funciones respectivas en dicho organismo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

52) Sustitúyase el artículo 86, por el siguiente:

“Artículo 86.- A las catorce horas del día siguiente a la elección o plebiscito, el Colegio Escrutador se reunirá con al menos tres de sus miembros, en el lugar que hubiere designado la Junta Electoral correspondiente, bajo la presidencia provisional del Secretario del Colegio, nombrado de conformidad al artículo 84. Reunido el número requerido, se procederá a sortear de entre los miembros presentes un Presidente.

Al inicio de la sesión, los delegados de las Juntas Electorales deberán entregar al Secretario los sobres sellados que contengan las actas de escrutinios de las Mesas Receptoras que hubieren funcionado en su respectivo local de votación. Éste se cerciorará del estado de los sellos y de las firmas y otorgará el recibo correspondiente, en original y copia. El Delegado conservará el original y la copia la remitirá al Secretario de la Junta Electoral.

Inmediatamente, el Presidente declarará constituido el Colegio, levantándose un acta en que se dejará constancia de los siguientes hechos y circunstancias: a) individualización del Colegio, expresándose la correspondiente región, provincia, comuna y circunscripción; b) el local de su funcionamiento; c) las Mesas que debe escrutar; d) nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; e) el día y hora de la constitución del Colegio, y f) la nómina de los miembros del Colegio que no hubieren asistido a la reunión. El acta se extenderá en el Libro de Actas correspondiente y será firmada por los miembros del Colegio y el Secretario, quien deberá remitirla para los efectos de las ausencias injustificadas, al Juzgado de Policía Local correspondiente.”.

53) Reemplázase el artículo 87, por el siguiente:

“Artículo 87.- El Colegio Escrutador, en audiencia pública, procederá con la ayuda de un sistema computacional, a registrar y sumar el número de votos obtenidos por cada candidato en las mesas que debe escrutar y, además, en el caso de elecciones de Parlamentarios, a sumar los votos obtenidos por cada lista de candidatos, de acuerdo con el procedimiento del artículo siguiente. Una vez terminado dicho procedimiento se extenderá el acta y el cuadro a que se refiere el artículo 88 de esta ley.

Para efectos de lo anterior, el Servicio Electoral dotará a cada Colegio Escrutador de computador con su respectiva impresora y de un software o sistema que permita realizar el ingreso o revisión de los resultados por mesa y candidato, que proceda a realizar las sumas y emita los cuadros y actas a que se refiere el artículo 89. Además, deberá proveer de una manual para el uso de este equipo y su software.

El sistema computacional señalado en los incisos anteriores deberá tener ya registrado los resultados de cada candidato por Mesa Receptora de Sufragios, que se hubieren ingresados a los sistemas del Servicio Electoral, conforme al artículo 76 bis.”.

54) Sustitúyase el artículo 88, por el siguiente:

“Artículo 88.- El Presidente leerá el acta de la mesa en alta voz, debiendo el Secretario comprobar los resultados por candidato con los datos ya ingresados al sistema computacional, pudiendo corregirlos, modificarlos o completarlos si ellos faltaren. Los demás miembros del Colegio y los apoderados podrán comprobar la exactitud de la lectura con los datos que en definitiva queden registrados en el sistema. Cada uno de los miembros y apoderados podrán a su vez tomar nota separadamente del resultado de las actas a medida que sean leídas con el objeto de verificar los datos ingresados y las sumas de los votos obtenidos por cada candidato y lista cuando corresponda.

Si faltaren actas de Mesas que hubieren funcionado el día de la elección, se dejará constancia expresa en el acta que dichas mesas no fueron escrutadas por el Colegio. Si respecto de esas mesas, el sistema computacional tuviere registrado sus resultados en base al ingreso de datos efectuados conforme al artículo 76 bis, se dejará constancia que dichos resultados no fueron revisados por el Colegio por carecer de un ejemplar del acta.

Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias, entre la suma real de los votos de cada candidato, los nulos y blancos y los totales indicados en las actas, se ingresaran igual al sistema los datos que existan, dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los errores que se hubiere detectado.

Terminada la lectura y el ingreso de resultados al sistema computacional, se obtendrá de este último, en forma provisoria, un cuadro de resultados, que contendrá para cada Mesa, los votos obtenidos por cada candidato y por lista si correspondiere, además de los votos nulos y blancos y el total de votos escrutados de la Mesa. Este cuadro contendrá también la suma total de votos del Colegio por cada candidato, y lista si correspondiere, además de la suma total de votos blancos y nulos y total de votos escrutados. El cuadro provisorio se emitirá con el número de copias que sea necesario para que los miembros del Colegio y los apoderados puedan revisar los datos ingresados y las sumas, a objeto de que puedan sugerir correcciones cuando consideren que existen errores.

Se efectuarán las correcciones que acuerde la unanimidad de los miembros del Colegio, así como las que acuerde la mayoría de los miembros del Colegio cuando haya discrepancias respecto del valor correcto de un resultado ingresado, resolviendo el Secretario en caso de empate. En todo caso, se deberá dejar siempre constancia detallada en el acta de la discrepancia surgida, como también de las correcciones u observaciones requeridas por los apoderados y que el Colegio no haya considerado.”.

55) Reemplázase el artículo 89, por el siguiente:

“Artículo 89.- Terminada la revisión y resueltas las discrepancias señaladas en el artículo anterior, se obtendrá del sistema computacional el cuadro de resultados definitivo del Colegio en tres ejemplares.

Deberá levantarse un acta donde se harán constar los siguientes hechos o circunstancias:

a) El día y la hora del término de su labor;

b) Las cifras totales, en número y letras, alcanzadas por los candidatos y por las listas de candidatos en el caso de elecciones Parlamentarias;

c) La cantidad de votos nulos y en blanco emitidos dentro de su territorio jurisdiccional y la circunstancia de haberse practicado la agregación a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente;

d) Los reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento observado al hacerse la operación;

e) Un detalle de las mesas que el Colegio no pudo escrutar o no pudo revisar la digitación efectuada en los locales de votación en el día anterior, por no haber recibido la correspondiente acta de escrutinio.

f) Un detalle de las mesas donde existen desigualdades en el acta entre los totales que ellos muestran y las suma de los votos por candidatos más los nulos y blancos.

e) Todos los demás que determine esta ley o el Colegio.”.

56) Sustitúyase el inciso primero del artículo 94, por el siguiente:

“El Secretario del Colegio Electoral deberá, obtener del sistema computacional y hacer entrega de un copia certificada por él, del cuadro de resultados definitivo y del acta, a todos los apoderados y candidatos que lo soliciten.”.

57) Reemplázase el artículo 95, por el siguiente:

“Artículo 95.- El Servicio Electoral deberá dar a conocer los resultados de los escrutinios practicados por los Colegios Escrutadores a medida que vaya disponiendo de ellos.

Para estos efectos, el Director del Servicio Electoral abrirá el sobre con el acta y cuadro que hubiere recibido del Presidente de cada Colegio Escrutador, comprobará las exactitud de dichos resultados con los contenidos en el sistema computacional, efectuará las correcciones que fueren necesarias para que los resultados del sistema computacional se ajusten al acta y cuadro, y procederá a liberar su información en los términos señalados en el inciso siguiente.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de los Colegios Escrutadores. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos y los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito, podrán también disponer de esos mismos resultados en medios magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo deberán señalar su condición de provisorios y sujetos al escrutinio general de los Tribunales que correspondan.

58) Agréguese al final del inciso primero del artículo 96 la siguiente letra f):

“f) La utilización de un Padrón Electoral incorrecto, que contengan omisiones de inscritos o electores con derecho a sufragio, inhabilidades mal aplicadas, errores en el domicilio electoral y la correspondiente circunscripción electoral, y en los demás datos del padrón.”.

59) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 97, por los siguientes:

“Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios cuando, en su opinión, se haya incurrido en omisiones, calificación errada de los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco por parte de la mesa, errores en las actas de escrutinios, en sus sumas y totales, diferencias entre las actas o entre ellas y los certificados de escrutinios entregados a los apoderados, resultados mal imputados por los Colegios Escrutadores o en errores aritméticos.

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones o plebiscitos, se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, debiendo acompañarse en el mismo acto los antecedentes en que se funde. Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.”

60) Sustitúyase el artículo 99 bis, por el siguiente:

“Artículo 99 bis.- Tratándose de la elección de Presidente de la República, las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección, acompañándose en el mismo acto los antecedentes en que aquéllas se fundaren.

Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.

Dentro del plazo fatal de dos días, contado desde la fecha del respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el Tribunal las informaciones y contra informaciones que se produzcan. El Tribunal conocerá, adoptará las medidas para mejor resolver y emitirá su fallo dentro del plazo señalado por el artículo 27 de la Constitución Política de la República. En todo caso, dicho fallo no será susceptible de recurso alguno y su notificación se practicará por el estado diario.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal deberá además, dar cumplimiento a las normas establecidas en el Título V de la presente ley, en lo que fuere pertinente.”.

61) Agréguese el siguiente artículo 101 bis:

“Artículo 101 bis.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición del Tribunal, los resultados de los Colegios Escrutadores que disponga, en formato digital.”

62) Reemplázase el artículo 103, por el siguiente:

“Artículo 103.- Para practicar el escrutinio general el Tribunal se apoyará en equipos y sistemas computacionales, debiendo resolver las solicitudes de rectificaciones conjuntamente con el escrutinio y observando las siguientes reglas:

1) Todas las sesiones del Tribunal que tengan por objeto practicar el escrutinio general o el escrutinio de alguna mesa en particular, serán públicas. A ellas podrán asistir los candidatos y hasta dos apoderados, designados al efecto por cada uno de los partidos políticos y por los candidatos independientes que hayan participado en la elección o plebiscito.

2) Si no se dispusiere del acta y cuadro de uno o más Colegios Escrutadores, el Tribunal requerirá del Servicio Electoral la remisión de todas las actas y cuadros que faltaren y que obren en su poder y procederá a completar el escrutinio general.

3) Respecto de todas aquellas Mesa, cuyos resultados estén contenidos en los cuadros de resultados de los Colegios Escrutadores, que no hayan sido objeto de observaciones o discrepancias, según el acta del mismo Colegio, ni hayan sido objeto de una reclamación o de una solicitud de rectificación, y siempre que sean concordantes con resultados contenidos en las actas de las mesas remitidas al Tribunal, se practicará el escrutinio general en base a los resultados de dichos cuadros sin más trámite. Para establecer la concordancia podrán usarse sistemas computacionales.

4) Si algún Colegio hubiere dejado de escrutar una o más actas de Mesas, ya sea por no haber conseguido las actas o aquéllas contuvieren errores u omisiones que impidieren conocer el resultado real y completo de la Mesa, el Tribunal recurrirá al ejemplar del acta de la mesa que le fue remitida, y procederá a completar el escrutinio.

5) Si, con todo, no fuese posible contar con uno de los ejemplares del acta de las mesas no escrutadas por el Colegio Escrutador, el Tribunal practicará el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

6) En relación a las Mesas que hayan sido objeto sólo de reclamaciones de nulidad, el Tribunal considerará provisoriamente su resultado según el cuadro del Colegio Escrutador a objeto de completar el escrutinio general y en espera de lo que resuelva posteriormente, según lo señalado en los artículos siguientes.

7) En relación a las Mesas que hayan sido objeto de observaciones, discrepancias o desigualdades, según el acta del Colegio Escrutador, o que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, el Tribunal procederá a revisar todos los antecedentes que obren en su poder o hayan sido presentados por los requirentes, y cotejará al menos dos ejemplares del acta de escrutinio para poder resolver la rectificación solicitada y los resultados de la Mesa, pudiendo, en caso de que lo considere necesario, proceder a practicar el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

8) En relación a las mesas del número anterior y en el caso de que existieran discrepancias entre los resultados de al menos dos ejemplares del acta de escrutinio, o discrepancia entre las actas de escrutinio y un certificado de escrutinio emitido por el Presidente o Secretario de la misma, en virtud del N° 8 del inciso primero del artículo 71 de esta ley, que haya sido presentado en una rectificación al Tribunal, este procederá a resolver la solicitud de rectificación, practicando el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

9) En relación a las Mesas del número 7 anterior, que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, fundamentada en una mala calificación de los votos que la mesa consideró validos, nulos o blancos, o que hayan sido equivocadamente asignados a otro candidato, o que siendo considerados como marcados no hayan sido contabilizados para el candidato de la preferencia, y que de estos hechos algún apoderado de mesa o vocal haya dejado observación o constancia en el acta de la mesa, o haya sido impedido por la Mesa de hacerlo, el Tribunal deberá proceder a resolver la solicitud de rectificación practicando el escrutinio de la Mesa, en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral. Lo anterior procederá siempre y cuando la revisión de la totalidad de los votos alegados de todas las mesas sujetas de rectificación, pudieren dar lugar a la elección de un candidato distinto o de una opción distinta, a la que arrojan los resultados del escrutinio, de no ser revisados estos votos.”.

63) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 110:

“Los encargados del orden público se constituirán en los locales de votación a partir de las 14 horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito.”

64) Modifíquese el artículo 115 de la siguiente forma:

a) Elimínese del inciso final la expresión “de la respectiva localidad”.

b) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“Cualquier local público o privado en el que, en el período señalado, se realicen actividades de propaganda o se desarrollen reuniones de carácter electoral, salvo las señaladas en el artículo 158, será clausurado por la fuerza encargada del orden público, hasta dos horas después de haberse cerrado la votación.”.

65) Reemplázase el artículo 116, por el siguiente:

“Artículo 116.- El día de una elección o plebiscito, hasta dos horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que éstos podrían afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

El día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose solo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos.

La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringiere esta disposición.”.

66) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 117 la expresión “deberán” por “podrán”.

67) Sustitúyase los números 3) y 6) del artículo 132, por los siguientes:

“3) Admitir el sufragio de personas que no aparezcan en el padrón de la Mesa o que no exhiban su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros vigentes según corresponda;”

“6) Impedir la presencia de algún apoderado o miembro de la Mesa, sin perjuicio de lo señalado en el inciso quinto del artículo 57;”

68) Sustitúyase los números 4) y 8) del artículo 136, por los siguientes:

“4) El que falsificare, sustrajere, ocultare o destruyere algún Padrón de Mesa, acta de escrutinio o cédula electoral;”

“8) El que impidiere a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar por medios violentos, amenazas o privándolo de su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros, y”.

69) Sustitúyase el artículo 139 por el siguiente:

“Artículo 139.- A quienes perciban maliciosamente los bonos a que se refieren el artículo 47 bis y 85 bis, sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio del reintegro de las sumas percibidas indebidamente.”.

70) Elimínese del artículo 140 la expresión “, para no sufragar”.

71) Reemplázase el artículo 153, por el siguiente:

“Artículo 153.- Terminado el proceso de calificación de una elección o plebiscito, el Director del Servicio Electoral denunciará, ante los jueces de Policía Local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral, a los miembros de las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras, que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece esta ley.”.

72) Elimínese del inciso primero del artículo 157 la expresión “independientes, en su caso,”.

73) Reemplázase el artículo 158, por el siguiente:

“Artículo 158.- Las sedes oficiales de los partidos políticos y de los candidatos, en su caso, podrán funcionar aún en el día de la elección, especialmente para efectos de atender, preparar y distribuir a los apoderados y entregarles su materiales y recibir copias de las actas de escrutinios. También podrán seguir los escrutinios conforme al artículo 175 bis, sin que les sea permitido realizar propaganda electoral o política, atender electores o realizar reuniones de carácter político antes del cierre de las mesas de votación.”

74) Reemplázase el artículo 159, por el siguiente:

“Artículo 159.- Los candidatos a Presidente de la República, los partidos que participen en una elección y los candidatos independientes, podrán designar un apoderado con derecho a voz, pero sin voto, para que asista a las actuaciones que establece esta ley de las respectivas Juntas Electorales, Mesas Receptoras de Sufragios, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales que funcionen en los locales de votación, Tribunales Electorales Regionales y Tribunal Calificador de Elecciones. El mismo derecho tendrán los partidos políticos y los parlamentarios independientes en los plebiscitos nacionales. Tratándose de plebiscitos comunales, este derecho solo corresponderá a las organizaciones comunitarias y actividades relevantes de la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Podrá designarse también un Apoderado General titular y uno suplente por cada recinto o local de votación en que funcionaren Mesas Receptoras de Sufragios, para la atención de los apoderados de Mesas.

Servirá de título suficiente para los apoderados generales de local, titular o suplente, así como para los apoderados ante las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Tribunales Electorales y Tribunal Calificador de Elecciones, el nombramiento mediante un poder autorizado ante notario que se les otorgue por los encargados electorales a que se refiere el artículo 7°. En el caso de los apoderados de Mesa y los apoderados ante la Oficina Electoral del local de votación, servirá de título suficiente un poder simple otorgado por un apoderado general, sea titular o suplente, que esté presente en el local de votación.

En el nombramiento deberá indicarse los nombres y apellidos y la cédula nacional de identidad del apoderado, el candidato o partido que representa, y la Junta, Mesa, Local, Colegio, Oficina Electoral o Tribunal ante el cual se acredita. La omisión de cualquiera de esos antecedentes invalidará el nombramiento.

En los plebiscitos, los nombramientos de apoderados que corresponden a los encargados electorales del artículo 7°, serán efectuados por el Presidente y el Secretario del Consejo Regional del partido o por el parlamentario independiente, en su caso.

75) Sustitúyase el artículo 160, por el siguiente:

“Artículo 160.- Para ser designado apoderado, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio y no haber sido condenado por delitos sancionados por esta ley o por cualquiera de las leyes que regulan el Sistema Electoral Público. Esta última condición se presumirá siempre existente mientras no se pruebe lo contrario ante el Presidente de la respectiva Junta, Mesa o Colegio.

Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Consejeros Regionales, Gobernadores y Alcaldes; los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local, los jefes superiores de Servicio y Secretarios Regionales Ministeriales; el Contralor General de la República ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en servicio activo. Tampoco podrán serlo los no videntes y los analfabetos.

76) Sustitúyase el artículo 161, por el siguiente:

“Artículo 161.- Si dos o más ciudadanos exhibieren simultáneamente una designación de apoderado ante una misma Junta, Local de Votación, Colegio o Tribunal, se estimará válida la que tuviere fecha posterior. Si tuvieren la misma fecha, se preferirá a aquél de más edad. En el caso de apoderados de Mesa o ante la Oficinas Electorales se estará a lo que resuelva el apoderado general de local.”.

77) Sustitúyase el artículo 162, por el siguiente:

“Artículo 162.- Los apoderados generales de Local, de Mesa y ante la Oficina Electoral del Local, se identificarán con un credencial durante el día de la elección o plebiscito, que señale al candidato o partido que representan y que deberán colgar en su pecho. Podrán también contar con una carpeta para guardar su material de trabajo. El contenido, tamaño y formato de la credencial y carpeta serán regulados por resolución del Consejo del Servicio Electoral.

Los encargados electorales mencionados en el artículo 7°, deberán someter ante el Servicio Electoral el formato de las carpetas y credenciales que usarán sus representados, dentro de los cuarenta y cinco días antes de la elección, para que sea aprobada o rechazada por el Servicio en un plazo no superior a los cinco días de presentada.

Los apoderados tendrán derecho a instalarse en los locales de votación o al lado de los miembros de las Mesas Receptoras, en las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales o Tribunales Electorales, observar los procedimientos, formular las objeciones que estimaren convenientes y, cuando corresponda, exigir que se deje constancia de ellas en las actas respectivas, verificar u objetar la identidad de los electores y, en general, tendrán derecho a todo lo que conduzca al buen desempeño de sus mandatos.

La Junta, Mesa o Colegio, deberá hacer constar en acta los hechos cuya anotación pida cualquier apoderado y no podrá denegar el testimonio por motivo alguno.”.

78) Derógase el artículo 171.

79) Derógase el artículo 171 bis.

80) Derógase el artículo 173.

81) Reemplázase el artículo 174, por el siguiente:

“Artículo 174.- Las elecciones de Diputados y Senadores se harán conjuntamente pero en cédulas separadas, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquél en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado.”

82) Reemplázase el artículo 175, por el siguiente:

Artículo 175.- El Director del Servicio Electoral deberá entregar a los partidos políticos y a los candidatos independientes, dentro de los treinta días contados desde la fecha del término de la calificación de una elección o plebiscito, el resultado completo de la elección, en medios magnéticos o digitales no encriptados. Deberán detallarse a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Al efecto, el Tribunal Calificador de Elecciones pondrá los referidos resultados a disposición del Director, dentro de los diez días siguientes al término de la calificación.

83) Reemplázase el artículo 175 bis, por el siguiente:

“Artículo 175 bis.- Con objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Servicio Electoral emitirá boletines y desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio.

Para estos efectos, el Servicio Electoral acreditará, en cada local de votación, una persona en la Oficina Electoral del local de votación, que será responsable de recepcionar las copias del acta de las mesas señalada en el inciso sexto del artículo 72, e ingresar los resultados al sistema computacional en los términos señalados en el artículo 76 bis, o en defecto de sistema computacional, remitirla al Servicio Electoral en la forma que éste determine.

Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitarle, instalación eléctrica en la Oficina Electoral del Local de Votación.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de la elección, a medida que se vayan ingresando al sistema computacional conforme al artículo 76 bis. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos, los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito y los medios de comunicación que lo soliciten al Servicio Electoral, podrán también acceder a esos mismos resultados en archivos magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

El Servicio Electoral emitirá boletines parciales y final con los resultados de la elección o plebiscito.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo, tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno, debiendo señalar está condición en sus informes o boletines.”.

84) Deróguese el artículo 176.

85) Agréguese, a continuación del Título Final, que pasa a ser Título XI, el siguiente Título XII nuevo:

“TITULO XII

DE LAS JUNTAS ELECTORALES

Artículo 182.- En cada provincia habrá una Junta Electoral que tendrá las funciones que está ley y las demás leyes le encomienden.

Artículo 183.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral, por acuerdo de su Consejo, mediante resolución del Director y previo informe de la Junta respectiva, podrá crear temporal o permanentemente otras Juntas Electorales, cuando circunstancias tales como la cantidad de población, la dificultad de comunicaciones o las distancias entre los diversos centros poblados lo hagan aconsejable.

La resolución designará a los integrantes de las nuevas Juntas Electorales, establecerá su territorio jurisdiccional y la localidad en que tendrán su sede. Dicha resolución se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva. En caso que no lo hubiere, la publicación se realizará en un periódico correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 184.- Las Juntas Electorales, en las provincias cuya capital sea asiento de Corte de Apelaciones, estarán integradas por el Fiscal Judicial de esta última, el Defensor Público de la capital de la provincia y el Conservador de Bienes Raíces de la misma. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

En las demás capitales de provincia, las Juntas se integrarán con el Defensor Público, el Notario Público y el Conservador de Bienes Raíces de ellas. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

Si hubiere más de uno de los funcionarios mencionados en los incisos precedentes, integrará la respectiva Junta el más antiguo de ellos en la categoría respectiva.

Los miembros de las Juntas Electorales serán permanentes y conservarán ese carácter en tanto desempeñen la función pública requerida para su designación.

Artículo 185.- Las Juntas Electorales que cree el Servicio Electoral de acuerdo con las normas del artículo 183 de esta ley, se integrarán con el Defensor Público, un Notario y un Conservador de Bienes Raíces que tengan competencia en todo o parte del territorio jurisdiccional que se les asigne y, si hubiere más de uno de ellos, por los que tengan su oficio en la localidad en que tendrá su sede la respectiva Junta, de acuerdo con su antigüedad en la categoría, excluidos los que deban integrar otras Juntas de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo anterior.

Si no hubiere alguno de los auxiliares de la administración de justicia señalados en el inciso anterior, la Junta Electoral se integrará con un Secretario del Juzgado de Letras, con otro Notario o con el Secretario Municipal de la Municipalidad que tenga asiento en la localidad sede de la Junta. Sin embargo, la falta de Conservador solo podrá ser suplida por un Archivero Judicial o un Notario.

En estas Juntas actuará como Presidente el Defensor Público o, en su defecto, el miembro que designe el Servicio Electoral, y como Secretario el Conservador de Bienes Raíces o, a falta de éste, el Archivero Judicial o el Notario que nomine el Servicio Electoral. La permanencia de sus miembros será la misma indicada en el inciso final del artículo anterior.

Artículo 186.- Para los efectos de la designación de los integrantes de las Juntas Electorales, el Servicio Electoral requerirá de la Corte Suprema la nómina de los correspondientes funcionarios y auxiliares de la administración de justicia, con jurisdicción en el territorio de competencia de la Junta.

Los miembros serán notificados de su designación por el Secretario de la Corte de Apelaciones respectiva, a requerimiento del Servicio Electoral. La notificación se hará personalmente o por carta certificada que contendrá copia íntegra de la resolución. Se entenderá practicada esta última notificación al tercer día hábil siguiente de la recepción de la carta por la oficina de correos.

Las Juntas Electorales se instalarán el quinto día siguiente a la notificación del último de sus miembros, a las quince horas.

Artículo 187.- Si en alguna provincia no se reuniere el número de funcionarios suficientes para integrar una Junta Electoral, el Servicio Electoral dispondrá, mediante resolución fundada, que será publicada en la forma señalada en el artículo 183 de esta ley, que sus funciones sean cumplidas por la Junta Electoral de la provincia de la misma Región que tenga mayores facilidades de comunicación terrestre con aquélla.

Artículo 188.- Las Juntas Electorales celebrarán sus sesiones en el oficio del Secretario y podrán funcionar válidamente con dos de sus miembros. Si faltare alguno de ellos será sustituido por la persona a quien corresponda reemplazarlo en sus funciones.

Corresponderá a los Presidentes velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a las Juntas. Podrán convocarlas cuando lo estimen necesario o lo pidan otros miembros. Las Juntas se reunirán, además, en las ocasiones que señale la ley o cuando hubiere asuntos que requieran de su conocimiento, situación que los Secretarios informarán de inmediato a los Presidentes, caso en el cual aquéllos efectuarán las citaciones correspondientes.

Artículo 189.- De todas las actuaciones de la Junta se levantarán actas que se estamparán en un libro denominado Protocolo Electoral. En ellas se indicará la fecha de la sesión, la individualización de los miembros asistentes, las materias tratadas y las resoluciones adoptadas. Estas actas serán firmadas por todos los miembros asistentes.

El Protocolo Electoral será público y se sujetará a las reglas que rigen los registros notariales. Copia de él, deberá remitirse al Servicio Electoral para su publicación en su sitio web.

El Protocolo se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Reemplázase, en el artículo 99, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

2) Sustitúyase, en el artículo 100, la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna” por “habilitados para votar en la comuna”.

3) Modifícase el artículo 101 en la siguiente forma:

a) Sustitúyase, el inciso segundo, por el siguiente:

“El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente”.

b) Reemplázase, en su inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

c) Derógase el inciso cuarto.

4) Modifíquese el artículo 107 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en la declaración mencionada en el artículo 3 de la ley N° 18.700, o su omisión, producen la nulidad de la declaración de ese candidato y la de todos sus efectos legales posteriores, incluyendo su elección.”.

b) Sustitúyase el inciso quinto por el siguiente:

“En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3°, con excepción del inciso tercero para el caso de los concejales, 3° bis, con excepción de su inciso tercero, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de la ley 18.700.”

c) Agréguese el siguiente inciso final:

“Las declaraciones de candidaturas de concejales deberán ser presentadas por los partidos políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de cada comuna.”

5) Sustitúyase el artículo 110, por el siguiente:

“Artículo 110.- Las declaraciones de pactos electorales, de los subpactos que se acuerden, así como la o las comunas excluidas de los subpactos, deberán constar en un único instrumento y su entrega se formalizará en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido en el artículo 107 y en forma previa a las declaraciones de candidaturas.”.

6) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 113, la frase “inscritos en los registros electorales de” por “habilitados para votar en”.

7) Sustitúyase el artículo 119, por el siguiente:

“Artículo 119.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los tribunales electorales regionales, en conformidad a los Títulos IV y V de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, teniendo, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones.

Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales Regionales, en el marco de la competencia que se les confiere por la presente ley, serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

El plazo para comparecer en segunda instancia será el segundo día contado desde el respectivo certificado de ingreso. La resolución que proclame a los candidatos definitivamente electos, no será susceptible de recurso alguno.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, las instancias jurisdiccionales electorales deberán poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente, aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación, que a su juicio revistieren las características de delito.”.

Artículo 4º.- Modifícase el inciso tercero del artículo 83 de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 119.175, de 2005, del Ministerio del Interior, reemplazando la expresión “inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva” por “con derecho a sufragio que hubieren sufragado en la respectiva provincia en la última elección municipal”.

Artículo 5º.- Incorpórense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos:

1) Derógase, en el inciso primero del artículo 2º, la frase “Asimismo, podrán asistir, sólo con derecho a voz, mediante un representante debidamente acreditado en la forma que señale el Director de Servicio electoral, a las actividades de las Juntas Inscriptoras establecidas por la ley N° 18.556.”

2) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 5º, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

3) Modifícase el artículo 6º de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en los incisos primero y segundo, las expresiones “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscrito en los Registros Electorales de” por “habilitado para votar en”.

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 18, la expresión “inscrito en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

5) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 27, la expresión “estar inscrito en los Registros Electorales de la Región” por “que el domicilio electoral esté ubicado en una circunscripción de la Región”.”.

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral:

1) Modifícase el artículo 4° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “electores”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “inscritos en los Registro Electorales” por “electores”.

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la expresión “inscritos en los Registros Electorales del”, por “electores en el”.

2) Sustitúyase el artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Todo candidato a Presidente de la República, a Senador o a Diputado, deberá nombrar un Administrador Electoral, el que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a alcalde o a concejal. Si no se efectuare la designación las funciones de Administrador Electoral recaerán en el propio candidato.

Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral para más de un candidato, siempre que las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido político o pacto.

El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral, al momento de la declaración de la correspondiente candidatura o en la declaración jurada a que se refiere el inciso cuarto del artículo 3° de la ley N° 18.700.

La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula de identidad y domicilio del respectivo Administrador, el que deberá también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo.

Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento, mediante comunicación del candidato correspondiente al Director del Servicio Electoral, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37.

3) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente de la República, de senadores, de diputados y de alcaldes y concejales, podrá ejercer el cargo de Administrador Electoral General.

El nombramiento de éste deberá efectuarse por el partido político ante el Director del Servicio Electoral, en la forma que establece el inciso cuarto del artículo 30, en forma previa a la declaraciones de candidaturas.”

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 34, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.”.

Artículo 7º.- Modifíquese el artículo 9 de la ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, de la siguiente forma:

a) sustitúyase al final del texto de la letra d) la expresión “,y” por un punto y coma.

b) Agréguese la siguiente letra e) pasando la actual a ser letra f):

“e) Reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, en la forma señalada en el artículo 12 y consultando previamente la opinión de éstos, y”.

Artículo 8°.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral.

Artículo 9º.- La presente ley comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Diario Oficial. Salvo en lo que se refiere al artículo 23 de la ley N° 18.556, que comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero Transitorio.- Las Juntas Inscriptoras en actual funcionamiento dejarán de recibir inscripciones desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. A contar de esa fecha, las Juntas Inscriptoras tendrán un plazo de 5 días para remitir al Servicio Electoral todos los Registros Electorales de que dispongan, tanto en uso como en blanco.

Los secretarios de Juntas Electorales, en el plazo de veinte días desde la entrada en vigencia de esta ley, harán entrega al Servicio Electoral, en la forma que su Director disponga, de todos los ejemplares de los archivos electorales locales a su cargo.

El Director del Servicio Electoral dispondrá la inutilización y destrucción de esos ejemplares dentro del plazo de ocho meses, desde la vigencia de esta ley, previa su microfilmación.

Artículo Segundo Transitorio.- Todas las personas que a la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren inscritas en los registros electorales de conformidad a la Ley 18.556, serán inscritas sin más trámite en el Registro Electoral manteniendo la misma mesa receptora de sufragios o registro.

Respecto de estas personas ya inscritas, el servicio Electoral queda eximido del deber de comunicar sus inscripciones, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7º de la ley N° 18.556.

Artículo Tercero Transitorio.- Respecto de los chilenos y extranjeros no inscritos en los registros electorales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos para ser inscritos automáticamente en el Registro Electoral, serán inscritos en él de conformidad a las reglas que a continuación se indican.

El Servicio Electoral asignará a los nuevos electores, a mesas receptoras de sufragio de la circunscripción electoral que corresponda a su domicilio electoral, distinguiendo entre hombres y mujeres. Los hombres serán inscritos siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de mujeres existentes en la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número. Las mujeres serán inscritas siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de hombres existentes que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número.

Si realizado lo anterior, quedarán electores por asignar, ellos serán destinados sin distinción de sexo, siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, a nuevas mesas que se crearán para estos efectos en la circunscripción electoral, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

El Servicio Electoral notificará a los electores señalados en los incisos anteriores, mediante carta certificada, del hecho de su inscripción, así como de la circunscripción y Mesa Receptora de Sufragios en la que hubieren sido inscritos.”.

Artículo Cuarto Transitorio.- Las mesas o registros existentes a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se identificarán con una letra y un número. Las antiguas mesas o registros de varones con la letra “V” y las antiguas mesas o registros de mujeres con la letra “M”, y el número corresponderá al que actualmente tienen de acuerdo con la circunscripción electoral a la que corresponden.

Las nuevas mesas que se creen en virtud de esta ley, se identificarán sólo por un número, dicho número se asignará en forma correlativa, partiendo desde el número de mesa o registro más alto existente en la circunscripción electoral incrementado en uno.

Artículo Quinto Transitorio.- En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de vocales, a sortear tres de los cinco vocales que ejercieron en la última elección, quienes mantendrán su condición de vocales hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás vocales se aplicará lo señalado en el artículo 41 de la ley N° 18.700.

En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de miembros de los Colegios Escrutadores, a sortear tres de los seis que eligieron, quienes mantendrán su condición de miembro del Colegio Escrutador hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás miembros de los Colegios Escrutadores se aplicará lo señalado en los artículos 82 y 85 de la ley N° 18.700.

Artículo Sexto Transitorio.- La primera de las revisiones anuales que deberán realizar las empresas de auditoría, según lo dispuesto en el artículo 41 de la ley N° 18.556, deberá efectuarse cinco meses después de la publicación la presente ley.

Artículo Séptimo Transitorio.- En la primera propuesta que deba hacer el Presidente de la República respecto de los cuatro consejeros conforme al inciso primero del artículo 62 de la ley N° 18.556, deberá indicar los dos consejeros que durarán cuatro años en su cargo y los dos que durarán ocho años.

El primer Consejero designado por el Presidente de la República conforme al inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 18.556, durará en su cargo hasta 30 días después de terminado el período presidencial.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

RODRIGO HINZPETER KIRBERG

Ministro del Interior

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

CRISTIÁN LARROULET VIGNAU

Ministro Secretario General de la Presidencia

FELIPE BULNES SERRANO

Ministro de Justicia

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, MODIFICA EL SERVICIO ELECTORAL Y MODERNIZA EL SISTEMA DE VOTACIONES.

_________________________________

SANTIAGO, diciembre 01 de 2010.-

MENSAJE Nº 478-358/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración, un proyecto de ley que regula la inscripción automática, modifica el Servicio Electoral y moderniza el sistema de votaciones.

I.ANTECEDENTES

Chile completó hace varios años una exitosa transición a la democracia, marcada por acuerdos que permitieron un avance pacífico hacia la plenitud de ese sistema de gobierno. Hoy tenemos una democracia madura y estable. Los chilenos gozan de un amplio espectro de libertades políticas y eligen, en procesos de inobjetable limpieza, directa y periódicamente a sus autoridades.

Pero una democracia moderna e inclusiva, debe necesariamente actualizarse de modo permanente con el objetivo de lograr ser más participativa y vital. Sabemos, sin embargo, que actualmente nuestra democracia muestra algunos signos que deben movernos a actuar. Nuestra ciudadanía está cada vez más distante de la política. Por ello debemos hacer como sociedad y como país un esfuerzo para quebrar este proceso de pérdida de fuerza, de vitalidad, de cercanía, de juventud y de legitimidad que nuestra democracia ha experimentado en los últimos tiempos.

El diagnóstico es claro. Que nuestra democracia está perdiendo fuerza, es una realidad. Que nuestra democracia está envejeciendo, es una realidad. Y que nuestra democracia se está alejando de la ciudadanía, también, y desgraciadamente, es una realidad.

Y es objetivo de mi Gobierno que la participación de los chilenos en las decisiones públicas sea cada día más activa. Se trata de una meta que debe estar presente en cada una de nuestras instituciones, puesto que un rol activo de la ciudadanía en aquellas decisiones, contribuye a que, tanto a nivel de Gobierno Central como a nivel de gobiernos regionales y con especial énfasis en los gobiernos comunales, se posibilite que cada ciudadano tome las riendas de su propio destino.

II.AGENDA DEMOCRÁTICA

En esta tarea, el Gobierno que presido está promoviendo un conjunto de iniciativas cuyos objetivos apuntan a facilitar el ejercicio de los derechos de participación política con los que cuentan los ciudadanos y abrir nuevos canales de participación. En este contexto se incluyen el proyecto de ley que en este acto se ingresa al Congreso Nacional –que regula la Inscripción Automática, Modifica el Servicio Electoral y Moderniza el Sistema de Votaciones así como la iniciativa ciudadana de ley, las primarias voluntarios y vinculantes para la selección de candidatos a cargos de elección popular. También la reforma constitucional que cambia las fechas de las elecciones presidenciales y parlamentarias y el proyecto de ley que simplifica los plebiscitos comunales para facilitar la participación directa de la ciudadanía en las decisiones de los gobiernos locales.

Otro grupo de iniciativas vinculadas son aquellas que persiguen incrementar la transparencia de los procesos políticos y del funcionamiento del Estado. Dentro de este eje se incluyen el proyecto de ley que perfecciona el deber de ciertas autoridades y funcionario de declarar sus bienes e intereses y la ley sobre fideicomiso ciego. Asimismo, se está avanzando en una reforma para perfeccionar el funcionamiento del Consejo para la Transparencia y se está implementando una Unidad de Cumplimiento de los Compromisos Presidenciales.

En los próximos meses, el Gobierno enviará al Congreso Nacional otros proyectos de ley que contribuirán el fortalecimiento de nuestra democracia. Entre ellos puede mencionarse la iniciativa que modifica la Ley de Partidos Políticos que apunta, entre otras cosas, a aumentar la transparencia en el funcionamiento de los partidos, mejorar la participación y hacer que nuestros partidos se abran más a la ciudadanía y faciliten ese mayor contacto que es esencial para una democracia vital y sana.

III.INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA

El proyecto de ley que presento se vincula al marco modernizador a que he hecho referencia, al regular la Inscripción Automática, modificar el Servicio Electoral y perfeccionar el sistema de votaciones.

El diagnóstico es claro. Hoy día tenemos 11,5 millones de hombres y mujeres chilenas mayores de 18 años. Y, sin embargo, sólo 8 millones están inscritos en los registros electorales. Hay 3 y medio millones de ciudadanos chilenos que no se interesan ni siquiera por inscribirse en los registros electorales y que no participan.

Y si a esa cifra le sumamos la abstención histórica y los que sistemáticamente votan nulo o blanco en las elecciones, llegamos a la conclusión que casi la mitad de las chilenas y chilenos, más de 5 millones de personas, no participan de nuestra democracia.

Y esa es una señal de alerta frente a la cual no podemos permanecer indiferentes.

Adicionalmente, nuestra democracia está envejeciendo. En el plebiscito del año 88, el 36% de los votantes eran menores de 29 años. En la última elección, esta cifra se redujo a menos del 9%. Lo cual significa que nuestra juventud se está alejando de nuestra democracia.

Por otra parte, de los 3 millones de jóvenes chilenos, sólo 700 mil están inscritos.

A partir del año 95, es decir, hace 15 años, nuestro padrón electoral se congeló, no crece. Los pocos que se suman al padrón electoral, son compensados por los que dejan el padrón electoral, porque se van al otro mundo o por otras razones de carácter legal.

Dentro de ese contexto, se hace imperioso perfeccionar el sistema de inscripción y la institucionalidad electoral, lo cual se materializa estableciendo un sistema de inscripción automática.

Ello ya se consagra en nuestra Carta Fundamental. En efecto, por medio de la ley N° 20.337, se modificó los artículos 15 y 18 de la Constitución con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los registros electorales.

Esta reforma, que refleja un amplio consenso constitucional, zanjó la discusión en torno al voto voluntario. Esta opción se conecta con profundas convicciones, según las cuales la dignidad humana resulta enaltecida cuando el Estado reconoce a las personas la facultad para decidir qué hacer con sus vidas en la mayor medida en que ello resulte compatible con idéntica facultad de los demás. Pero, además, la evidencia empírica enseña que la libertad de elección de las personas tiene efectos sociales muy beneficiosos que, en este caso, se traducirían sin duda en una mejor política.

Si los ciudadanos cuentan con grandes facilidades para votar –inscripción automática pero no están obligados a hacerlo, los partidos y candidatos se verán obligados a redoblar sus esfuerzos encaminados a formular ideas y propuestas que consigan entusiasmarlos y movilizarlos a las urnas, pues los primeros ya no estarán obligados a respaldar simplemente la opción que les desagrade menos con el fin de evitar el pago de una multa. Y si los partidos y coaliciones fracasan en ese intento simplemente abrirán el camino para que otros lo logren.

Y esto nos lleva a otro punto importante. Con frecuencia se recalca que el ejercicio del derecho a sufragio constituye un deber cívico. Pero eso no significa que deba convertirse necesariamente en un deber jurídico impuesto por la legislación estatal bajo la amenaza de castigos. Mucho más consistente con el carácter que una sociedad libre y democrática debería fomentar en las personas es que el ejercicio del sufragio quede entregado a la conciencia ciudadana de cada cual. De ese modo, tratamos a las personas como seres libres y responsables, capaces de adoptar sus propias decisiones y de tomar parte en las deliberaciones públicas, a la vez que preparados para enfrentar las consecuencias de sus elecciones y de aprender de su experiencia. Y eso constituye un sello que recorre todo nuestro programa de Gobierno mucho más allá del dominio de nuestra agenda política.

Con todo, este proyecto de ley no trata el voto voluntario sino que viene a complementar la mencionada reforma constitucional haciendo realidad la inscripción automática del modo como se detallará más adelante. De esta forma se generarán las condiciones para que la mayor cantidad de personas participen de las decisiones públicas, dando una nueva vitalidad a nuestra democracia.

IV.MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL

No obstante lo dicho, los objetivos de este proyecto no se agotan en la inscripción automática. También se orientan a modernizar el sistema de votaciones y fortalecer el Servicio Electoral de modo que la interacción entre el sistema político y el electorado, que promueve el voto voluntario y la inscripción automática, vayan de la mano de un sistema de votación amigable y una institucionalidad moderna.

En efecto, además de incorporar un sistema de Registro Electoral con real inscripción automática y cambio de domicilio electoral, se avanza en la creación de mesas receptoras de sufragio mixtas que den prueba de la igualdad existente en nuestro país entre hombres y mujeres; en padrones electorales sujetos a auditoría y reclamación, a fin de dar todas las garantías respecto de su confección; en mayor normalidad en el día de la elección; en procedimientos más transparentes para los escrutinios; y en que sea el Servicio Electora, quien lleve a cabo no solo el proceso de inscripción automática sino que también de elección, teniendo la función de entregar a la ciudadanía los resultados de los comicios. En definitiva, una institucionalidad más moderna y acorde con nuestros tiempos.

V.CONTENIDO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

Consta de 9 artículos permanentes y siete transitorios.

En su articulado permanente se modifica en primer término la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, en específico su Título Preliminar y los Títulos I, II y III; la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos; ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral; el Código Orgánico de Tribunales; y la ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones. Por su parte, los artículos transitorios tienen por objeto concordar la legislación que hoy tenemos en estas materias con las propuestas en el presente proyecto.

a.Inscripción automática en los registros electorales

Entre sus elementos principales está la existencia de un Registro Electoral de potenciales votantes, que será llevado por el Servicio Electoral. En él se inscribirán automáticamente los chilenos nacidos en Chile al cumplir 17 años de edad y los extranjeros y chilenos no nacidos en Chile si se cuenta con antecedentes que acrediten su avecindamiento, otorgando también la posibilidad de inscribirlos a solicitud cuando aporten dichos antecedentes.

El Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a todos los datos electorales del Registro Civil y Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.

El Registro Electoral se actualizará por el Servicio Electoral mediante datos proporcionados por diferentes organismos respecto de fallecimientos, revocación de permisos de residencia, pérdida de ciudadanía y su recuperación, suspensión del derecho a sufragio y su recuperación y modificaciones de datos y domicilio electoral.

El objeto de este Registro es generar padrones con electores habilitados para votar en cada elección.

El Registro Electoral contendrá los siguientes datos electorales: Rol Único Nacional, nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, domicilio electoral, circunscripción electoral, comuna, provincia y región, mesa de votación, cumplimiento de la condición de avecindamiento, pérdida o recuperación del derecho a sufragio y su causal y pérdida o recuperación de ciudadanía y su causal. No contendrá información sobre alfabetización o discapacidades.

Es importante destacar que el domicilio electoral será aquel situado en Chile con el cual el elector tiene vínculo objetivo por residir temporal o permanentemente, ejercer profesión u oficio o desarrollar sus estudios. Éste será consultado pro activamente por el Servicio de Registro Civil al efectuar el trámite de renovación de cédula de identidad o pasaporte, actualizándolo. También se podrá modificar en las oficinas del Servicio Electoral presentando una solicitud.

También es importante hacer mención a que las mesas de votación serán mixtas. Para ello los electores ya inscritos mantendrán su mesa de votación y los nuevos electores hombres se asignarán primero a las mesas ya existentes de mujeres, y las nuevas electores mujeres se asignarán a las mesas ya existentes de hombres.

En cuanto a los Padrones Electorales, el Servicio Electoral los preparará para cada elección incluyendo una nómina de electores inscritos inhabilitados para votar. En el proceso de formación del Padrón Electoral se elaborará primero un padrón provisorio que será objeto de auditorías efectuadas por dos empresas inscritas en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros, seleccionadas a través de un proceso de licitación pública. Con ello se elabora el padrón auditado, que podrá ser objeto de reclamaciones ante los Tribunales Electorales Regionales y ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Finalmente, está el padrón definitivo, que se usará para los padrones de las mesas de votación, al cual los partidos políticos tendrán acceso mediante copia impresa simple. La preparación, auditoría y reclamaciones del Padrón Electoral requiere de un cierre de actualizaciones y modificaciones al Registro Electoral de 120 días antes de cada elección o plebiscito.

El Registro Electoral no será público y el elector será notificado por carta certificada de su inscripción, suspensión de derecho a sufragio, inhabilidad para votar o cambio de domicilio electoral. Además, el elector podrá acceder a la página web del Servicio Electoral en forma permanente para revisar su inscripción, circunscripción electoral, comuna, mesa, local de votación y si está o no habilitado para votar.

El Padrón Electoral será público en la página web del Servicio Electoral después de auditado, pero contendrá solo el rol único nacional, sexo, domicilio electoral, circunscripción comuna y mesa. A él tendrán acceso en forma digital, los partidos políticos y centros de estudio autorizados por el Consejo del Servicio Electoral. Se prohíbe y sanciona su uso para fines comerciales.

b.Modificaciones al Servicio Electoral

El Servicio Electoral será un organismo con mayor independencia, dirigido por un Consejo, integrado por 5 miembros, 4 de los cuales serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de los 3/5 del Senado, durarán 8 años en sus cargos y podrán reelegirse por dos períodos. Se renovarán por parcialidades. El quinto miembro será designado por el Presidente de la República, durará 4 años en el cargo y presidirá el Consejo.

Los miembros del Consejo tendrán una remuneración máxima de 120 Unidades de Fomento. Sus acuerdos serán por mayoría de 4 miembros en primera instancia y de 3 si no hay acuerdo, previa publicación del desacuerdo. Para designar al Director y Subdirector del Servicio Electoral, deberá haber mayoría de 4 miembros.

Entre las funciones del Consejo está el designar y supervisar al Director y Subdirector de la institución, aprobar los padrones electorales, aprobar las bases para la licitación de las empresas de auditoría y determinarlas, y designar a los miembros de las Juntas Electorales.

c.Modificaciones a la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios

En general se moderniza el sistema de votaciones.

En particular y en primer término, se simplifica la inscripción de candidaturas, pues ahora será por candidato y separadas del pacto electoral. Además, se requerirá una sola declaración jurada del candidato que puede incluir al administrador electoral y como documento de respaldo, solo el de estudios. Por último, los errores en los patrocinios de independientes no inhabilitan la inscripción si se cumple con los requisitos.

En segundo lugar, se elimina la obligación a los municipios de colocar murales con nombres de los candidatos.

En cuanto a los vocales de mesa, esta función pasa a ser obligatoria, pero con una mejor remuneración: 2/3 de Unidad de Fomento. Serán designados por sorteo entre los 30 electores más capacitados elegidos por la Junta Electoral, durarán 4 años y se renovarán por parcialidades: tres se designan para la elección presidencial y dos para las municipales.

Por su parte, las mesas se constituirán el sábado anterior a la elección y habrá una capacitación disponible para los vocales con asistencia voluntaria.

Los Delegados de la Junta Electoral en los locales de votación serán auxiliares de la administración de justicia, no podrán ser funcionarios municipales o dependientes de éstas y tendrán una remuneración de 5 Unidades de Fomento por acto electoral.

En lo que dice relación con los útiles electorales, el Padrón Electoral tendrá espacio para la firma, eliminándose por ende el cuaderno adicional de firmas y la tinta indeleble. Habrá menos minutas de escrutinios.

El horario de funcionamiento de las mesas será fijo, de 08:00 AM a 18:00 PM, salvo que queden electores por votar en la mesa.

Así, los vocales deben llegar a las 8 de la mañana y en caso de constitución forzada de mesas, el Delegado deberá hacerlo entre las 9:00 y las 10:00 hrs., prefiriendo a los voluntarios en orden de presentación, o bien, designarlos de entre los electores que voten en el mismo local de votación.

En cuanto al sufragio, se podrá votar con cédula de identidad o bien con pasaporte. Si el elector se acerca a votar, deberá hacerlo en todas las elecciones que se realizan en un mismo acto electoral. Además, una misma persona no podrá asistir a más de una persona por mesa, salvo parientes.

Por su parte, y en lo que dice relación con los escrutinios, se define lo que se debe entender por voto nulo, blanco, marcado u objetado. Se elimina cualquier suma de votos por lista. Se llenará una sola minuta que se publicará en un lugar visible, las actas se podrán fotocopiar luego de llenada la primera y antes de las firmas, siendo el original para el Tribunal Calificador de Elecciones, una copia para el Servicio Electoral que se digitará en la oficina electoral del local, una segunda copia para el Colegio Escrutador que se entregará en sobre cerrado por el Delegado del local. Con ello, resulta que los Presidentes de Mesa no deben concurrir al Colegio Escrutador al día siguiente.

Respecto de los Apoderados de Mesa, el poder ante Notario será solo para los Apoderados generales, los demás con poder simple otorgado por el Apoderado General presente en el local de votación. Se identificarán con una credencial colgada al pecho que identifique el candidato o partido que representan. Tanto la credencial como las carpetas que los Apoderados utilicen serán reguladas por el Servicio Electoral.

Con estas modificaciones también se pretende lograr una mayor normalidad el día de las elecciones o plebiscito, permitiendo reuniones que no tengan carácter político, prohibiendo estas últimas hasta dos horas después del cierre de la votación y los eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo. También se prohibirá el comercio del alcohol entre las 5 horas antes y las 2 horas después del cierre de la votación.

En cuanto a los cómputos el día de la elección, ello pasa a ser función del Servicio Electoral y se hará a través de la digitalización de los datos en cada local con presencia de los apoderados, a través del uso de sistemas OCR. Esta digitalización no se perderá y podrá ser usada como base a revisar en los Colegios Escrutadores, además, permitirá el acceso inmediato a los resultados por el sitio web del Servicio Electoral por mesa y agregados por comunas, distrito, provincia, circunscripción senatorial o región. También los partidos políticos podrán disponer de resultados en medios digitales para su procesamiento.

Los miembros de los Colegios Escrutadores serán seleccionados por las Juntas Electorales, contarán con sistemas computacionales cargados con la digitación efectuada en los locales el día anterior y revisarán los resultados por mesa, corrigiendo y completando. Los Delegados del local serán los encargados de llevar las actas en sobres cerrados. Los partidos políticos podrán disponer de resultados en medios digitales para su procesamiento.

El Tribunal Calificador de Elecciones tendrá sesiones públicas, con un procedimiento más transparente para los escrutinios y resolución de solicitudes de rectificación, especialmente sobre actas faltantes, contradictorias o descuadradas. El Padrón Electoral incorrecto puede ser causa de nulidad.

Finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá la facultad de reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar Tribunales Electorales Regionales.

En consecuencia, y en mérito de lo expuesto precedentemente, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:

1) Reemplázanse su Título Preliminar y los Títulos I, II y III por los siguientes:

“TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°.- La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República.

Artículo 2°.- El organismo encargado del proceso de inscripción electoral es el Servicio Electoral.

TITULO I

DEL REGISTRO ELECTORAL

Párrafo 1°

Disposiciones Generales

Artículo 3°.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1 y 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, aún cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella.

Artículo 4°.- El conocimiento público del Registro Electoral procederá en la forma dispuesta en el párrafo 1° del Título II.

Los centros de estudio o de investigación podrán solicitar datos del Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina Provisoria de Inhabilitados, para el solo efecto de su análisis. El Consejo del Servicio Electoral calificará la procedencia de la solicitud y entrega de los respectivos datos.

Los datos del Padrón Electoral no podrán ser usados para fines comerciales.

El Servicio Electoral deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, salvo en los casos señalados en esta ley.

Párrafo 2°

De la inscripción

Artículo 5°.- Los chilenos comprendidos en el número 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años serán inscritos automáticamente en el Registro Electoral.

Los chilenos comprendidos en el número 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, serán inscritos automáticamente luego de obtener su carta de nacionalización de conformidad a la ley.

Artículo 6°.- Los chilenos comprendidos en los números 2 y 4 del artículo 10 y los extranjeros señalados en el artículo 14, ambos de la Constitución Política de la República, serán inscritos en el Registro Electoral desde que se acredite que cumplen con los requisitos de edad y avecindamiento exigido por el inciso 3° del artículo 13 o por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, según corresponda.

La inscripción procederá de forma automática en la medida que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el requisito de avecindamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá presentar una solicitud de inscripción ante el Servicio Electoral en cualquiera de sus oficinas, acompañando los antecedentes que acrediten su avecindamiento en el país por el tiempo exigido, y declarando bajo juramento su domicilio electoral en Chile. Dicha solicitud será remitida al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, si correspondiere, emitirán un certificado que acreditará el hecho de haber cumplido el avecindamiento y lo remitirán al Servicio Electoral para que practique la correspondiente inscripción. En caso que la persona tenga su residencia en el extranjero, dicha solicitud podrá ser presentada en el Consulado de Chile respectivo.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por Consulado a las Oficinas Consulares, incluyendo las Secciones Consulares de una Misión Diplomática, a cargo de un funcionario de la Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores designado para desempeñar funciones consulares.

Artículo 7°.- El Servicio Electoral deberá comunicar a los nuevos electores el hecho de su inscripción en el Registro Electoral, entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a la siguiente elección o plebiscito, indicando la circunscripción electoral y la mesa receptora de sufragios donde le corresponde votar, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

El Servicio Electoral deberá poner a disposición del público en forma permanente, a través de su sitio web y de una línea telefónica, un sistema de consulta donde cada elector podrá verificar mediante su número de cédula de identidad o nombre, el hecho de su inscripción, la circunscripción y comuna donde se encuentra inscrito, su mesa de votación y si está habilitado para votar en la próxima elección.

Párrafo 3°

De los datos electorales

Artículo 8°.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el haber cumplido la condición de avecindamiento si corresponde.

El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.

Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral

Artículo 9°.- Para el solo efecto de obtener los datos señalados en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y al registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán proporcionar de la misma forma la información del avecindamiento de los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proporcionar al Servicio Electoral cualquier otro antecedente que resulte necesario para la inscripción de los chilenos y extranjeros en el Registro Electoral y que se encuentre en su poder, quedándole expresamente prohibido calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 4° y 5°, el domicilio electoral será el declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de obtener o renovar su cédula de identidad o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, según corresponda.

En caso que la cédula de identidad se haya obtenido en algún Consulado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y a falta de éste al lugar de nacimiento en Chile.

Si la persona no hubiere obtenido cédula de identidad al momento de procederse a su inscripción automática conforme al artículo 4°, el Servicio de Registro Civil e Identificación comunicará el domicilio registrado al momento de solicitar la inscripción de nacimiento, el cual será para estos efectos domicilio electoral. En caso de ser más de uno los domicilios registrados, se estará al domicilio de la madre.

Artículo 11.- Todo ciudadano con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Artículo 12.- Al momento de la inscripción de un ciudadano o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo.

En primer lugar serán asignados a las mesas receptoras de sufragios existentes de la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores habilitados para votar, debido a cancelaciones de inscripción producidas por cambio de domicilio electoral, por causa de fallecimiento, o cualquier otra inhabilidad permanente para sufragar, hasta completar la cifra máxima de 350 electores por mesa.

Si realizado lo anterior, quedaren nuevos electores por asignar, ellos serán asignados a nuevas mesas receptoras de sufragios que se crearán para estos efectos, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Cada elector solo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios y no podrá ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral.

Párrafo 4°

De las actualizaciones del Registro Electoral

Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

b) Pérdida de ciudadanía de una persona inscrita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17° de la Constitución Política de la República, o su recuperación.

c) Suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, o el cese de dicha suspensión.

d) Pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

e) Revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados del Registro.

f) Reclamaciones al Padrón Electoral Provisorio Auditado acogidas en conformidad a la ley.

El Servicio Electoral conservará los antecedentes en que se funde la actualización por un lapso no inferior a 5 años.

Artículo 14.- Para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales que el Servicio de Registro Civil e Identificación tenga de las personas cuyas defunciones hubieren sido registradas en el mes inmediatamente anterior; de las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva y los que recuperen su ciudadanía; y de las personas que hubieren perdido la nacionalidad.

Artículo 15.- El Tribunal Constitucional deberá comunicar al Servicio Electoral las sanciones que hubiere aplicado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como asimismo el cumplimiento del plazo a que se refiere dicha disposición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia hubiere quedado firme o ejecutoriada.

Artículo 16.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior informará al Servicio Electoral las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, ejecutoriadas dentro del mes anterior.

Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas respecto de las cuales el Ministerio Público o un querellante particular hubiere presentado en el mes anterior, acusación por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no sean condenados a pena aflictiva, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.

Artículo 18.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, los jueces de letras comunicarán al Servicio Electoral los nombres de las personas que hubieren sido declaradas en interdicción por causa de demencia por sentencia ejecutoriada, en el mes anterior, indicando los antecedentes necesarios para su cabal identificación.

En el mismo plazo, los jueces de letras comunicarán sobre las revocaciones de dichas declaratorias.

Artículo 19.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Senado deberá comunicar al Servicio Electoral las personas a las cuales se hubiere rehabilitado su ciudadanía en el mes anterior, conforme al inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República.

Artículo 20.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Ministerio de Justicia deberá comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren extinguido su responsabilidad penal en el mes anterior, conforme a lo dispuesto en el número 4° del artículo 93 del Código Penal.

Artículo 21.- Los órganos, servicios y tribunales señalados en este párrafo, así como cualquier otra repartición que deba aportar datos para la conformación y actualización del Registro Electoral, deberán proporcionar todos los antecedentes que para este solo efecto requiera el Servicio Electoral, en ningún caso podrán excluir información, calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 22.- Entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá informar a los electores que su derecho a sufragio ha sido suspendido o que han sido inhabilitados para votar en la siguiente elección, con indicación de la causa que dio origen a dicha suspensión o inhabilidad, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

Párrafo 5°

De las modificaciones de los datos electorales

Artículo 23.- El Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias:

a) Solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad.

b) Las rectificaciones de inscripciones de nacimiento de los ciudadanos, con indicación de los datos originales que fueron objeto de la rectificación, y

c) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 7° de esta ley.

Artículo 24.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando uno nuevo bajo juramento en ese acto si así lo desea.

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el cambio de domicilio podrá también efectuarse directamente ante el Servicio Electoral, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por este organismo, donde declarará bajo juramento su nuevo domicilio electoral. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas que el Servicio Electoral disponga a lo largo del país. Los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, podrán presentar la solicitud a través del respectivo Consulado.

El Servicio Electoral deberá notificar al elector mediante carta certificada dirigida al nuevo domicilio electoral, que ha procedido al cambio de su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa de sufragio donde le corresponderá votar.

El Servicio Electoral podrá disponer de otras formas para efectuar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o a través de medios electrónicos, siempre que éstas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos.

Artículo 26.- El Servicio Electoral podrá convenir con otros organismos públicos la recepción de solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Artículo 27.- Para todos los efectos legales, se considerará como domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Párrafo 6°

De la suspensión de inscripciones, actualizaciones y modificaciones

Artículo 28.- Con el objeto de elaborar los padrones electorales que se utilizarán en cada elección o plebiscito, las inscripciones en el Registro Electoral que provengan de solicitudes de acreditación de avecindamiento conforme al artículo 6, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en las letras a) a la e) del artículo 13 y las modificaciones señaladas en el artículo 23, se suspenderán a los ciento veinte días anteriores a cada elección o plebiscito, reanudándose a partir del primer día del mes siguiente de la elección o plebiscito.

Artículo 29.- Tratándose de plebiscitos comunales, la suspensión a que alude el artículo precedente se aplicará solo respecto de los electores que correspondan a la comuna o agrupación de comunas donde se realizará.

TITULO II

DEL PADRÓN ELECTORAL Y DE SU AUDITORIA

Párrafo 1°

Del Padrón Electoral

Artículo 30.- El Servicio Electoral deberá elaborar un Padrón Electoral, el que contendrá la nómina de los electores inscritos en el Registro Electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él.

Cada elector podrá figurar solo una vez en él.

Artículo 31.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de provisorio, ciento diez días antes de una elección o plebiscito. Éste contendrá una nómina de las personas inscritas en el Registro Electoral que, conforme a los antecedentes conocidos por el Servicio Electoral antes de los ciento veinte días previos al acto electoral, reúnan a la fecha de la elección o plebiscito correspondiente los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio.

El Padrón Electoral con carácter de provisorio será objeto de auditorías conforme al Párrafo 2° de este Título.

Este Padrón se ordenará en forma alfabética y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Provisoria de Inhabilitados, que incluirá a las personas inscritas que se encuentren inhabilitadas de votar en la correspondiente elección o plebiscito, con indicación de la causal que dio lugar a dicha condición.

El Padrón Electoral y la Nómina Provisoria de Inhabilitados, son públicos para los partidos políticos, solo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero. Los partidos políticos podrán tener acceso y copia de ellos en medios magnéticos o digitales, no encriptados y procesables por software de general aplicación, debiendo solo pagar los costos directos de la reproducción. Lo mismo se aplicará para los candidatos independientes, respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Solo las personas inhabilitadas podrán conocer, además, la respectiva causal que las inhabilita.

Artículo 32.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de auditado, setenta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de provisorio, después de ser auditado por las empresas de auditoría a las que se refiere el Título II de esta ley y que ha sido modificado solo como consecuencia de la correcciones sugeridas por las empresas de auditorias en sus informes si las hubiere y que conforme a lo señalado en el artículo 42 de esta ley, sean aceptadas por el Servicio Electoral.

El Padrón Electoral con carácter de auditado podrá ser objeto de reclamación de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Auditada de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las correcciones sugeridas por las empresas de auditorias que haya aceptado, si las hubiere.

El Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, deberán ser publicados por el Servicio Electoral en su sitio web con setenta días de antelación a la fecha que deba verificarse una elección o plebiscito.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo anterior.

Artículo 33.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de definitivo, treinta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de auditado, que ha sido modificado solo como consecuencia de las reclamaciones acogidas, si las hubiere, de conformidad con lo dispuesto en el Título siguiente.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Definitiva de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las reclamaciones acogidas.

El Servicio Electoral publicará en su sitio web, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse una elección o plebiscito, el Padrón Electoral con carácter de definitivo, que contiene la nómina de electores con derecho a sufragio en la respectiva elección o plebiscito y la Nómina Definitiva de electores Inhabilitados.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo 31.

Artículo 34.- El Servicio Electoral deberá publicar en su sitio web, las modificaciones efectuadas al Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados que provengan de las reclamaciones acogidas en conformidad a esta ley, o de las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría que hayan sido aceptadas por el Servicio.

Artículo 35.- Para la segunda votación de la elección presidencial que se realice en virtud del inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral con carácter de definitivo utilizado en la primera votación.

Artículo 36.- El Servicio Electoral, en la misma oportunidad en que debe determinar el Padrón Electoral con carácter de definitivo, deberá confeccionar los Padrones de Mesa que se utilizarán en la respectiva elección o plebiscito.

A cada Mesa Receptora de Sufragios le corresponderá un Padrón de Mesa.

Cada Padrón de Mesa contendrá una nómina, ordenada alfabéticamente, de las personas habilitadas para votar en la Mesa Receptora de Sufragios respectiva.

Los Padrones de Mesa contendrán los nombres y apellidos de cada elector y su número de rol único nacional.

Cada elector podrá figurar solo en un Padrón de Mesa y una vez en él.

Artículo 37.- Veinte días antes de la elección o plebiscito, el Servicio Electoral en forma gratuita pondrá a disposición de los partidos que participan en la elección o plebiscito, un listado impreso de cada Padrón de Mesa, que contendrá los nombres, apellidos y número de rol único nacional de los electores. Igual información deberá entregarse a los candidatos independientes respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Párrafo 2°

De las Auditorias

Artículo 38.- El Registro Electoral, el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados serán sometidos a un proceso de auditoria con el objeto de revisar y determinar si contienen los antecedentes dispuestos por la ley. También se revisarán los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales utilizados en su elaboración.

Artículo 39.- Las auditorias serán practicadas por dos empresas independientes de auditoria externa, de niveles equivalentes, inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales deberán cumplir con los requisitos de capacidad, tamaño, confiabilidad y garantía que mediante una norma general emitirá el Consejo del Servicio Electoral.

El presupuesto del Servicio Electoral deberá contemplar los fondos necesarios para financiar los procesos de auditorías.

Artículo 40.- La selección de las empresas de auditoria, se realizará a través de una licitación pública a la cual deberá convocar el Servicio Electoral, conforme a las bases que elaborará su Consejo.

El Consejo del Servicio Electoral seleccionará a dos empresas de entre las cuatro que, cumpliendo con las bases de la licitación, hayan efectuado las menores ofertas económicas por sus servicios. En caso de haber menos de cuatro, la selección se circunscribirá a todos ellos.

Las dos empresas de auditoría serán seleccionadas por la unanimidad de los Consejeros del Servicio Electoral. A falta de unanimidad la selección se hará en una sola votación, teniendo cada Consejero derecho a votar solo por una de las candidatas. Quedarán seleccionadas las empresas que obtuvieren las dos más altas mayorías.

Las empresas serán seleccionadas por un período de ocho años. Dentro de ese período sus servicios podrán ser revocados solo por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, a petición fundada de la unanimidad del Consejo del Servicio Electoral, o por acuerdo del Senado.

Artículo 41.- Las empresas de auditoria deberán revisar anualmente y emitir un informe que contendrá su opinión, sobre los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales del Servicio Electoral, destinados a la inscripción de los electores en el Registro Electoral y a la confección del Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados. Dicho informe deberá señalar la capacidad de ellos de poder cumplir las funciones para la cual están requeridos, sus errores, si los hubiere, y los factores de riesgo que pudieran afectar su correcto funcionamiento. El informe deberá contener también sugerencias respecto a la solución de los problemas detectados.

En los años que correspondan elecciones generales, el informe deberá ser emitido doscientos diez días antes de la elección.

Artículo 42.- Determinado el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados conforme al artículo 31 de esta ley, las empresas de auditoria procederán a su revisión, que tendrá por objeto entregar una opinión respecto de si ellos cumplen con lo dispuesto en la ley. Terminada la revisión, elaborarán un informe, que deberá ser emitido ochenta días antes de la elección o plebiscito, y contendrá, al menos, un detalle de los errores encontrados con indicación de una sugerencia respecto de cómo pueden ser subsanados, y los demás comentarios u observaciones que los auditores estimen procedentes.

Artículo 43.- El Consejo del Servicio Electoral analizará los informes de auditoría y realizará las correcciones que estime pertinentes. Lo anterior constará en un acta que será publicada en la página web de dicho organismo.

Cumplido lo anterior, el Consejo del Servicio determinará el Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, conforme al artículo 32.

Artículo 44.- Todos los informes de las empresas de auditoria serán públicos, salvo respecto de las causales de inhabilidad. El informe deberá ser entregado al Consejo del Servicio Electoral, al Senado, a la Cámara de Diputados, a los Partidos Políticos, a los Tribunales Electorales Regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones, en la misma oportunidad.

Artículo 45.- Las empresas de auditoria deberán efectuar sus funciones con total independencia entre ellas. En consecuencia, no podrán compartir sus antecedentes, consultarse entre sí, tomar acuerdos, coordinar o efectuar trabajos en forma conjunta, ni externalizar parte de las funciones encargadas con los mismos terceros.

Artículo 46.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición de las empresas de auditoria todos sus registros, físicos y computacionales y demás antecedentes que en opinión de ellas sean necesarios para realizar sus informes. El Servicio de Registro Civil e Identificación y los demás organismos señalados en los artículos 15 al 20, deberán poner a disposición de las empresas de auditoria, la misma información que hubieren entregado al Servicio Electoral, cuando exista disconformidad entre los datos electorales y el Padrón Electoral.

Las empresas de auditoría deberán mantener reserva o secreto, según corresponda, de la información, datos y antecedentes que se les proporcione en virtud de este artículo, siendo público solamente los resultados de su auditoría.

TÍTULO III

DE LAS RECLAMACIONES

Artículo 47.- La persona que estimare que injustificadamente fue omitida del Padrón Electoral con carácter de Auditado, publicado conforme al artículo 32, podrá reclamar de este hecho, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, que conocerá del asunto.

En el mismo plazo, los Partidos Políticos, candidato independiente y cualquier otra persona, podrán presentar reclamaciones ante el mismo Tribunal, respecto de electores injustificadamente omitidos de este Padrón Electoral. Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones, en única instancia.

El Tribunal resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de cuatro días de requerido. El Tribunal deberá fallar, con o sin informe, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la presentación del reclamo.

El Tribunal ordenará la incorporación del reclamante o electores afectados al padrón electoral en los casos en que hubiere lugar a ella.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente o por el Servicio Electoral dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de su incorporación en el Estado Diario del respectivo Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá fallar dentro de un plazo de cinco días de presentada la apelación.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la comunicará inmediatamente al Servicio Electoral, el cual procederá a cumplirla sin más trámite.

Artículo 48.- Dentro de los diez días siguientes a la publicación del Padrón Electoral con carácter de Auditado, señalado en el artículo 31, cualquiera persona natural, partido político o candidato independiente podrá pedir al Tribunal Electoral Regional correspondiente al domicilio electoral del impugnado, la exclusión de quien figure en el Padrón Electoral en contravención a la ley.

Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.

No procederá solicitar la exclusión del padrón electoral respecto de un candidato cuya aceptación de candidatura se encuentre ejecutoriada.

La solicitud deberá ser acompañada de una boleta de depósito en arcas fiscales. El monto del depósito deberá ser igual o mayor a un cuarto de una unidad tributaria mensual, e igual o menor a cien unidades tributarias mensuales, según lo determine el Tribunal.

El Tribunal citará dentro de cinco días al reclamante y a la persona o personas cuya exclusión se pide, las que no estarán obligadas a asistir, pudiendo concurrir con todos sus medios de prueba. Para este efecto, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el Padrón. Si la persona reclamada o alguna de ellas hubiesen cambiado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará a costa del recurrente en un diario de los de mayor circulación en la localidad a que corresponda dicho domicilio.

En caso de que la reclamación afectare a un considerable número de personas o que el número de reclamos fuera muy elevado, podrá el Tribunal ordenar que la citación se haga por medio de un aviso que se publicará, a costa del reclamante, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que corresponda. Además, señalará diversas audiencias para oírlos, las cuales deberán celebrarse dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de ellas compareciere, el Tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes que se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos reclamos.

Los Tribunales resolverán con los antecedentes que el interesado o él o los afectados le suministren, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser evacuado a más tardar al cuarto día de ser solicitado.

La resolución judicial se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la audiencia y se notificará a las partes por el Estado Diario.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente, él o los afectados y el Servicio Electoral, dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de incorporación en el Estado Diario del Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, quien deberá resolver la apelación dentro del plazo de cinco días.

Ejecutoriada la sentencia que ordena la exclusión, será notificada al Servicio Electoral para que efectúe la cancelación correspondiente.

Artículo 49.- Los informes de las empresas de auditoria tendrán ante los tribunales el valor de un informe de peritos.

TITULO IV

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios las que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia, lo hagan aconsejable.

La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando circunstancias tales como la cantidad de población o dificultades para sufragar lo hagan aconsejable. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragio de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7° inciso primero, de esta ley.

TÍTULO V

DE LAS SANCIONES

Párrafo 1°

De los procedimientos judiciales por faltas y delitos contemplados en esta ley

Artículo 51.- Los delitos o faltas electorales se regirán por las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente, por el Código Penal.

Cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, podrá deducir querella para la investigación de los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 52.- No procederá el indulto particular en favor de los condenados en virtud de esta ley.

Párrafo 2°

De las sanciones

Artículo 53.- Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona;

2.- El que proporcionare datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento;

3.- El que ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio, un Libro de Actas, o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan; y

4.- El que use para fines comerciales los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 54.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos:

1.- El que maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en el Padrón Electoral, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usados para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones;

2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cedula de identidad;

3.- El que incite u organice a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral; y

4.- El que comercialice los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 55.- Si los delitos señalados en el artículo precedente son cometidos por un funcionario público, se les aplicarán las penas asignadas a los referidos delitos, aumentadas en un grado, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Artículo 56.- El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o libros de actas que se le hubieren confiado o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.

Si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

2) Reemplázase la numeración del actual Título IV por la de Título VI y la de los artículos 87, 88 y 89 por 57, 58 y 59. Además reemplázase el actual artículo 90, que pasa a ser artículo 60:

“Artículo 60.- Corresponderá al Servicio Electoral ejercer las siguientes funciones:

a) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la ley 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente;

b) Formar, mantener y actualizar el Registro Electoral;

c) Determinar el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados en los términos señalados en esta ley;

d) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral;

e) Resolver respecto de las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación de avecindamiento que se le presenten;

f) Solicitar la colaboración y antecedentes que sean necesarios, de los distintos órganos del Estado, para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;

g) Disponer la compra de los programas y equipos computaciones que utilizará en el cumplimiento de sus funciones, y los sistemas de mantención, protección y actualización de éstos; y

h) Las demás que esta u otras leyes establezcan.”.

3) Agrégase un nuevo artículo final al párrafo 1° del actual Titulo IV que pasa a ser VI:

“Artículo 61.- Los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo Directivo y su Director. Al Consejo corresponderá la dirección superior del Servicio y la dirección administrativa al Director.”.

4) Sustitúyese los Párrafo 2° y 3° del actual Titulo IV que pasa a ser VI por los siguientes:

“Párrafo 2°

Del Consejo Directivo del Servicio Electoral

Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros, cuatro de los cuales serán designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. El Presidente hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse sobre el conjunto de la propuesta.

Dentro de los treinta días siguientes al inicio de su mandato, el Presidente de la República designará al quinto consejero, quien será el Presidente del Consejo.

Los consejeros designados con acuerdo del Senado durarán ocho años en sus cargos y podrán ser reelegidos hasta por dos veces. Se renovarán por parcialidades, cada cuatro años.

El consejero designado directamente por el Presidente de la República, durará cuatro años en su cargo y podrá ser reelegido hasta por dos veces.

En caso que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se procederá a la designación de un nuevo consejero, en un plazo de treinta días, en conformidad a lo dispuesto en este artículo, que durará hasta completar el periodo de quien reemplace.

Artículo 63.- Para ser designado Consejero del Servicio será necesario, además de cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos públicos, poseer título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de conformidad a la legislación vigente, acreditar experiencia profesional no inferior a cinco años en el sector público o privado y no haber desempeñado cargos de representación popular, de Ministro de Estado, de Subsecretario, de Intendente, de Gobernador o de dirigente de partido político en los cinco años anteriores a su designación.

Tampoco podrán ser Consejeros, las personas que se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con la sola excepción del desempeño en cargos docentes de hasta media jornada.

Los Consejeros no podrán estar afiliados a partidos políticos mientras sirva en el cargo.

La función de Consejero no es delegable y se ejerce colectivamente, en sala legalmente constituida.

Artículo 64.- Los Consejeros tendrán derecho a ser informados plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el Director o quien haga sus veces, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del Servicio. Además, tendrán derecho a revisar el Registro Electoral y los padrones electorales, con la sola limitación de no afectar el funcionamiento del Servicio.

Los Consejeros percibirán una dieta equivalente a 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento por mes calendario.

El Presidente del Consejo o quien le subrogue, percibirá igual dieta, aumentada en un 50%.

Artículo 65.- Son causales de cesación en el cargo de Consejero, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado. Sin perjuicio de ello, éste será prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante;

b) Haber cumplido los 75 años de edad;

c) Renuncia, aceptada por el Presidente de la República;

d) Incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo;

e) Alguna causal de inhabilidad sobreviniente. El Consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar el cargo, cesará automáticamente en él; y

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como Consejero. Serán faltas graves, entre otras, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un semestre calendario.

La existencia de las causales establecidas en las letras d) y e), si hubiere discusión sobre la sobreveniencia de la inhabilidad, y f) precedentes, serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo o del Ministro del Interior en el caso de la letra f), o de cualquier persona en el caso de la letra e). El requerimiento deberá hacerse por escrito, acompañándose todos los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal. Se dará traslado al afectado por el término fatal de diez días hábiles para que exponga lo que estime conveniente en su defensa.

Vencido este plazo, con o sin la respuesta del afectado, se decretará autos en relación y la causa, para su agregación a la tabla, vista y fallo, se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección. Tratándose de la causal de la letra d), el Tribunal, como medida para mejor resolver, podrá decretar informe pericial.

Los Consejeros y el Director tendrán el carácter de ministro de fe en las actuaciones que las leyes le encomienden.

En las causas civiles que se intentaren en contra de un Consejero o del Director, conocerá en primera instancia un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y en segunda instancia la respectiva Corte.

Artículo 66.- El Consejo sesionará, a lo menos, con cuatro de sus miembros en ejercicio. Presidirá las sesiones el Presidente del Consejo y, a falta de éste, su Vicepresidente.

El Consejo podrá sesionar en forma ordinaria o extraordinaria.

Son sesiones ordinarias aquellas que determine el propio Consejo para días y horas determinadas, en ellas se tratarán todas las materias que el Presidente incluya en la tabla respectiva, la que deberá ser comunicada a los consejeros con no menos de 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión.

Por cada mes el Consejo deberá sesionar en forma ordinaria no menos de una vez y no más de tres veces.

Son sesiones extraordinarias aquellas en que el Consejo es convocado especialmente para conocer de modo exclusivo las materias que motivan la convocatoria. Estas sesiones serán convocadas por su Presidente, cuando exista algún asunto urgente que requiera del conocimiento del Consejo, o cuando así sea solicitado a éste, por requerimiento escrito de dos Consejeros. La citación a sesión extraordinaria deberá hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y contendrá expresamente las materias a tratar.

Los acuerdos requerirán del voto favorable de, a lo menos, cuatro Consejeros. Si el Consejo no lograra el anterior quórum, deberá dejar constancia pública de su desacuerdo y las razones fundadas de las partes, convocando el Presidente del Consejo a una nueva sesión que deberá realizarse no antes de cuatro días ni después de quince, siempre que este último plazo no altere el cumplimiento de un plazo legal, donde deberá resolverse el desacuerdo con el voto conforme de, a lo menos, tres de sus miembros.

En todo caso, se requerirá siempre del voto conforme de, al menos, cuatro Consejeros para tomar los acuerdos señalados en la letra i) del artículo 67.

El Servicio no podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más Consejeros tengan interés por sí o como representantes de otra persona. Se presume que existe interés directo de un Consejero en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño directo, o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

De toda deliberación y acuerdo del Consejo se deberá dejar constancia en un libro de actas. El acta deberá ser firmada por todos los Consejeros que hubieren concurrido a la sesión.

Artículo 67.- Corresponderá al Consejo:

a) Designar, en su primera sesión y de entre sus miembros, al Consejero que se desempeñará como Vicepresidente del Consejo. Esta designación se hará en sesión especialmente convocada al efecto y en una sola votación donde cada Consejero tendrá derecho a un solo voto. Será electo Vicepresidente del Consejo, el que alcance la más alta mayoría. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia o imposibilidad transitoria de éste para ejercer el cargo;

b) Designar a los miembros de las Juntas Electorales según propuesta del Director;

c) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Servicio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento;

d) Aprobar la propuesta del presupuesto del Servicio efectuada por el Director;

e) Supervisar los actos del Director y Subdirector;

f) Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales para su ejecución por los organismos establecidos en ellas;

g) Aprobar los Padrones Electorales y la Nomina de Electores Inhabilitados, a los que se refiere esta ley;

h) Aprobar las bases para llamar a la licitación de las empresas de auditoria, seleccionarlas y conocer de sus informes;

i) Designar y remover al Director y Subdirector del Servicio Electoral. La designación se hará a partir de una quina propuesta para el cargo por el Consejo de la Alta Dirección Pública, en conformidad a las normas del Título VI de la ley 19.882; y

j) Las demás que le señale la ley o sobre las que deban pronunciarse en virtud de sus funciones o atribuciones.

Párrafo 3°

Del Director del Servicio Electoral

Artículo 68.- El Director del Servicio Electoral, será el representante legal del servicio y el Jefe Superior de éste. Le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo;

b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo;

c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Servicio, previo acuerdo del Consejo Directivo;

d) Nombrar al personal del Servicio y poner término a sus servicios, de conformidad a las normas estatutarias;

e) Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Servicio;

f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio;

g) Representar al Servicio Electoral tanto judicial como extrajudicialmente;

h) Llevar el Registro de Partidos Políticos, actualizado por regiones y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomienden la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos u otras leyes;

i) Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o programas, que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión de los fines del Servicio;

j) Convocar a propuestas públicas o privadas, aceptarlas o rechazarlas;

k) Dictar las resoluciones generales y particulares necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

l) Contratar personal para labores transitorias cuando por necesidades del Servicio así se requiera, conforme a las normas del Código del Trabajo o sobre la base de honorarios;

m) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo; y

n) Ejercer las demás funciones que le encomienda esta u otras leyes.

Artículo 69.- El Director y Subdirector tendrán derecho a asistir a las sesiones de Consejo con derecho a voz.

Artículo 70.- Al Director y al Subdirector les serán aplicables las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los Consejeros.

Párrafo 4°

Del personal del Servicio Electoral

Artículo 71.- Los funcionarios y demás personas que presten servicios en el Servicio Electoral, estarán obligados a mantener reserva acerca de los antecedentes, informaciones o documentos que conozcan en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las publicaciones que deban efectuarse y de las informaciones que pueda proporcionar dicho Servicio en conformidad a la ley.

Ni el personal del Servicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él, podrán militar en partidos políticos, ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter políticopartidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular. Tampoco podrán participar de modo similar con ocasión de los actos plebiscitarios.

Toda contravención a este artículo se sancionará con las penas contenidas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta. Asimismo, serán aplicables las normas de responsabilidad funcionaria y del Estado contempladas en la ley Nº 19.880, en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.”.

5) Sustitúyase el actual artículo 99, que pasa a ser 72, del Título V que pasa a ser VII, por el siguiente:

“Artículo 72.- Los Partidos Políticos, candidatos independientes y demás entidades o personas que de acuerdo a la ley tengan acceso a la información contenida en el Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina de Inhabilitados, deberán actuar responsablemente en su manejo, debiendo responder civil y penalmente, según corresponda, y en conformidad a lo que establezca la ley.”.

6) Agrégase un nuevo artículo 73:

“Artículo 73.- Todos los plazos a que se refiere esta ley serán de días corridos.”.

Artículo 2º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:

1) Agréguese al final del artículo 1° la siguiente oración, pasando el punto final a ser punto seguido:

“Además establece y regula las Juntas Electorales.”

2) Sustitúyase el artículo 3, por el siguiente:

“Artículo 3.- Las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por escrito, para cada acto eleccionario, ante el Director del Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio, si lo hubiere, quien les pondrá cargo y otorgará recibo.

Las declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el Secretario de la Directiva Central de cada partido político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral o por a lo menos cinco de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. En todo caso, será acompañada por una declaración jurada del candidato, o de un mandatario designado especialmente al efecto por escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto a las inhabilidades. La declaración jurada podrá incluir el nombramiento del Administrador Electoral conforme al artículo 30 de la ley 19.884 y deberá ser acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los estudios del candidato cuando corresponda en los términos que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el candidato.

La declaración de candidatura podrá presentarse en un acto separado por cada candidato.

Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente.”.

3) Sustitúyase el inciso cuarto del artículo 3 bis, por el siguiente:

“El pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral, antes del vencimiento del plazo y en forma previa a las declaraciones de candidaturas, mediante la presentación de una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en lista conjunta en una elección de Parlamentarios y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios.”.

4) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 6, por el siguiente:

“Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República, éstas solo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la primera o única votación.”

5) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 11, por los siguientes:

“El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante cualquier notario por ciudadanos con derecho a sufragio que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político legalmente constituido o en formación, y cuyos domicilios electorales registrados en el Registro Electoral corresponda al distrito o circunscripción senatorial, según se trate de elecciones de Diputados o Senadores. Será notario competente cualquiera del respectivo territorio.

La nómina de patrocinantes deberá señalar en su encabezamiento el nombre del candidato y el acto electoral de que se trate. A continuación, deberá dejarse expresa constancia del juramento a que se refiere el inciso anterior y de los siguientes antecedentes: primera columna, numeración correlativa de todos los ciudadanos que la suscriban; segunda columna, sus apellidos y nombres completos; tercera columna, número de la cédula nacional de identidad; cuarta columna, indicación de su domicilio electoral, con mención de la comuna; quinta columna, firma del elector o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.”.

6) Reemplázase en el artículo 13, la expresión “inscritos en cualquier parte del territorio nacional” por “habilitados para ejercer el derecho a sufragio”.

7) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- El Consejo del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo para declaración de candidaturas, deberá aceptarlas o rechazarlas. Para tal efecto dictará las resoluciones respectivas que se publicarán dentro de tercer día en el Diario Oficial.

El Consejo del Servicio Electoral deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 25, 48 y 50 de la Constitución Política de la República, o que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 57 de la Constitución. Asimismo, rechazará las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los Párrafos 1° a 3° de este Título.”.

8) Agréguese en el artículo 19 el siguiente inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Si el rechazo de la candidatura por parte del Servicio Electoral conforme al artículo 17, se hubiere fundado en no ser el candidato declarado ciudadano con derecho a sufragio, y el fallo del Tribunal hubiere ordenado su inscripción como candidato, el Servicio Electoral deberá también incorporar al candidato dentro del padrón de electores. Si, por el contrario, el Tribunal rechazare una candidatura aceptada por el Servicio Electoral, al considerar que el candidato no es ciudadano con derecho a sufragio, el Servicio Electoral deberá excluir al candidato del padrón de electores”.

9) Deróguese el artículo 21.

10) Reemplácese en el inciso primero del artículo 27, la expresión “Director del” por el vocablo “El”.

11) Elimínese en el artículo 29 el inciso tercero y sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“El Servicio Electoral entregará a los partidos políticos, a los pactos electorales y a los candidatos independientes, el número de facsímiles de las cédulas con las cuales se sufragará que determine el Servicio. La entrega se hará dentro del plazo señalado en el inciso anterior.”.

12) Deróguese el Artículo 34.

13) Reemplázase el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- El Servicio Electoral podrá fusionar aquellas mesas receptoras de sufragios que tengan menos de ciento setenta y cinco electores habilitados para votar al momento de determinarse el padrón electoral, con una o más mesas receptoras de sufragio de la misma circunscripción electoral, con el objeto de que funcionen conjuntamente como si fueran una sola mesa, siempre que el resultado de dicha fusión no signifique que la mesa resultante supere el número de trescientos cincuenta electores habilitados para votar.

En este caso existirá un solo padrón de la mesa fusionada y se ordenará alfabéticamente.

La nueva mesa se identificará con los números de las mesas que se funcionaron separados por guiones.”

14) Sustitúyase el artículo 38, por el siguiente:

“Artículo 38.- Cada Mesa Receptora se compondrá de cinco vocales elegidos de entre los inscritos en el Padrón de Mesa respectivo.”

15) Intercálese en el inciso primero del artículo 40, entre las expresiones “representación popular;” y “los Ministros de Estado”, la expresión “las personas a cargo de los trabajos electorales que señala el artículo 7 de esta ley;”.

16) Reemplácese en el inciso primero del artículo 40 la expresión “los jueces letrados y los de Policía Local” por la expresión “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local;”.

17) Reemplácese el inciso segundo del artículo 40 por el siguiente:

“Si por las causales anteriores no fuere posible integrar la Mesa, se constituirá con ciudadanos que figuren en los Padrones de Mesas correspondientes a mesas contiguas.”.

18) Sustitúyase el artículo 41, por el siguiente:

“Artículo 41.- Se designarán tres vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios con ocasión de la elección de diputados y senadores, y dos con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si se trata de una mesa nueva, o si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiera cambiado de Circunscripción Electoral o hubiera perdido el derecho a sufragio.

Para proceder a la designación de vocales, el trigésimo día anterior a la elección, cada uno de los Miembros de la Junta Electoral escogerá diez nombres, que deberán corresponder a diez ciudadanos con derecho a sufragio en el respectivo padrón de mesa. Si la Junta funcionare con dos miembros cada uno elegirá quince nombres.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de vocales de Mesas y a los que no hubieran ejercido igual función durante los cuatro años anteriores.

Escogidos los nombres, la Junta Electoral procederá a confeccionar para cada Mesa Receptora una nómina en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al treinta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, a las catorce horas del trigésimo día anterior a la fecha de la elección o plebiscito, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros números, según corresponda, sirvan para individualizar en cada nómina a las personas que se desempeñarán como vocales de las Mesas Receptoras, y los siguientes, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como reemplazantes.”.

19) Elimínese en el inciso primero del artículo 42 la expresión “comenzando por las de varones,”.

20) Reemplázase el inciso primero del artículo 43, por el siguiente:

“Artículo 43.- El Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina completa de los vocales designados para cada Mesa Receptora de la respectiva elección. Respecto de todos ellos se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en un diario o periódico el vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito, o, si ese día no circulare el periódico en que deba publicarse, en la primera ocasión posterior a esa fecha en que esto ocurra, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.”

21) Sustitúyase el artículo 47, por el siguiente:

“Artículo 47.- Los vocales sorteados por las Juntas Electorales para las Mesas Receptoras ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los vocales sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

22) Incorporase el siguiente artículo 47 bis, nuevo:

“Artículo 47 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de vocal de Mesa Receptora de Sufragio un bono equivalente a la suma de dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral en el que participen.

Dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Este bono se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, los delegados de las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 77 de esta ley, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la función de vocales en el acto electoral respectivo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

23) Modifíquese el artículo 49 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso primero la expresión “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer día anterior” por “a las quince horas del día sábado”.

b) Agréguese el siguiente inciso tercero:

“En esta misma ocasión, el Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria.”

24) Reemplázase el inciso segundo del artículo 52 por el siguiente:

“El Secretario de la Junta Electoral requerirá de la Comandancia de Guarnición respectiva, a lo menos con sesenta días de anticipación a la audiencia, un informe sobre los locales estatales o privados que sean más adecuados para el expedito funcionamiento de las Mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención del orden público. Sin perjuicio de su informe escrito, el jefe aludido podrá, personalmente o representado por quien él designe, asistir a la audiencia de la Junta y proponer otros locales. La asignación de las Mesas que corresponderán a cada local se hará tratando de mantener, en la medida que ello sea posible, la misma asignación de las elecciones anteriores.”.

25) Sustitúyase el artículo 54, por el siguiente:

“Artículo 54.- A partir de las catorce horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito, en cada recinto de votación iniciará sus funciones una Oficina Electoral dependiente de la respectiva Junta Electoral, que estará a cargo de un Delegado que designará dicha Junta. Esta nominación, que se entenderá subsistente para el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, deberá recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras o Secretario Abogado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe. En ningún caso podrá recaer en funcionarios Municipales o dependientes directa o indirectamente de Corporaciones Municipales. Estos delegados podrán hacerse asesorar por el personal necesario para el funcionamiento de la oficina, con cargo al Servicio Electoral y de acuerdo con las instrucciones que el Servicio imparta. Este personal percibirá un bono diario equivalente a media Unidad de Fomento.

El delegado tendrá derecho a un bono total equivalente a cinco Unidades de Fomento por todas las tareas realizadas con ocasión de las elecciones y plebiscitos que se realicen en un mismo acto electoral. Se considerará para estos efectos como otro acto electoral, la segunda votación realizada, conforme al inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política.

A estos bonos le será aplicable lo señalado en el inciso segundo del artículo 47 bis.

Las Oficinas Electorales funcionarán no menos de cuatro horas durante el segundo día anterior a la elección o plebiscito; desde las nueve horas y hasta al menos las dieciocho horas el día anterior a la elección o plebiscito; y desde las siete horas y hasta completar todas sus funciones en el día de la elección o plebiscito.

Corresponderá al delegado de la Junta Electoral, sin perjuicio de las demás tareas que señala esta ley:

1) Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio. Para estos efectos deberá contar con medios expeditos para la atención de las consultas de los electores de toda la Circunscripción Electoral, especialmente en lo que tenga relación, con su local de votación y su Mesa Receptora de Sufragios o poder señalar al elector su condición de estar inhabilitado para votar en la elección mencionando la causal;

2) Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras y, cuando corresponda, designar a los reemplazantes de los vocales que no hubieren concurrido conforme al artículo 57;

3) Hacer entrega a los Comisarios de Mesa de los útiles electorales;

4) Instruir a los electores no videntes sobre el uso de la plantilla a que se refiere el artículo 28;

5) Recibir, terminada la votación, los útiles electorales empleados en las mesas y los sobres con las actas de escrutinio que debe entregar al día siguiente al Colegio Escrutador;

6) Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público.”.

26) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:

“Artículo 55.- El Servicio Electoral pondrá a disposición de la Oficinas Electorales, por intermedio de las Juntas Electorales, los útiles destinados a cada una de las Mesas Receptoras de Sufragios del respectivo local a lo menos el día anterior a la elección o plebiscito.

Para cada Mesa Receptora deberá considerarse el siguiente material:

1) El Padrón de Mesa con la nomina alfabética de los electores habilitados para votar en ella y los datos para identificarlos. Este padrón deberá disponer en la línea de cada elector de un espacio donde se estamparán las firmas o huellas dactiloscópicas de los electores que voten. Este espacio deberá ser de por lo menos tres centímetros de arriba a abajo por cada elector. Además deberá disponer de un espacio para anotar los números de las cédulas electorales. El Padrón de Mesa podrá estar dividido en dos secciones si así lo dispone el Servicio Electoral.

2) Dos ejemplares de la cartilla de instrucciones para uso de la Mesa Receptora de Sufragios, que elaborará el Servicio Electoral;

3) Las cédulas para la emisión de los sufragios en número igual al de los electores que deben sufragar, más un diez por ciento;

4) Cuatro lápices de grafito de color negro y dos lápices pasta de color azul;

5) Un tampón para huella dactilar.

6) Un formulario de acta de instalación;

7) Tres formularios de actas de escrutinio por cada elección o plebiscito y un cuarto de reemplazo en caso de que inutilicen alguno de los anteriores;

8) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Colegio Escrutador;

9) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Tribunal Calificador de Elecciones;

10) Cinco sobres por cada elección o plebiscito que se realice, para colocar las cédulas con que se sufrague. Uno de ellos llevará en su parte exterior la indicación “Votos escrutados no objetados”; otro, “Votos escrutados marcados y objetados”; otro, “Votos nulos y en blanco”; otro, “Talones de las cédulas emitidas”; y el quinto, “Cédulas no usadas o inutilizadas y talones y sellos adhesivos no usados”;

11) El sobre para colocar el Padrón de la Mesa;

12) El o los sobres para guardar el resto de los útiles usados;

13) Formularios de recibos de los útiles electorales y de las actas, que deban entregarse al Delegado de la Junta;

14) Un formulario de minuta del resultado del escrutinio por cada elección o plebiscito;

15) Un ejemplar de esta ley; y

16) Sellos adhesivos.

En los padrones, formularios y sobres se deberá indicar la región y circunscripción, el número de Mesa correspondiente y el sello del Servicio Electoral. Los sobres llevarán, además, la indicación del objeto a que están destinados o de su destinatario.

En la misma oportunidad, el Servicio Electoral remitirá, para uso de los Delegados de las Juntas Electorales, dos ejemplares del Padrón Electoral y de la Nomina de Electores Inhabilitados de toda la Circunscripción Electoral correspondiente y los formularios de recibo de los útiles electorales por parte de los Comisarios.”.

27) Sustituyese el artículo 57, por el siguiente:

“Artículo 57.- A las ocho horas de la mañana del día fijado para la elección o plebiscito se reunirán, en los locales designados para su funcionamiento, los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios.

Las Mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales.

Los vocales asistentes que no se encontraren en número suficiente para el funcionamiento de las respectiva Mesa darán aviso inmediato al delegado de la Junta Electoral.

A partir de las nueve horas el delegado procederá a designar los vocales que faltaren hasta completar solo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto. Deberá preferir a los electores que voluntariamente se ofrezcan en el orden en que se presenten. A falta de éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario. El delegado deberá haber constituido todas las mesas a más tardar a las diez horas.

Integrada la mesa, los vocales originalmente designados podrán incorporarse a ella, en orden de presentación hasta completar el máximo de cinco, sin que puedan reemplazar a los vocales designados en virtud del inciso anterior y siempre que ello ocurra con anterioridad a las once horas. Del hecho de las incorporaciones y de su hora se dejará constancia en el acta de instalación.

En ningún caso las Mesas podrán integrarse pasadas las doce horas.”

28) Modifíquese el artículo 58 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso segundo, la expresión “el o los Registros” por “el Padrón de Mesa”.

b) Elimínese los incisos tercero y cuarto.

29) Intercálese en el inciso segundo del artículo 59, después de la expresión “Cumplidos los trámites anteriores,” la frase “y nunca antes de las ocho de la mañana,”.

30) Sustitúyase el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- Son electores, para los efectos de esta ley, los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los Padrones de Mesa y que tengan cumplidos dieciocho años de edad el día de la votación.

El elector que concurra a votar deberá hacerlo para todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral.”

31) Agréguese al final del inciso cuarto del artículo 61, la siguiente frase:

“En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa Receptora de Sufragios, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.”.

32) Sustitúyase el artículo 62, por el siguiente:

“Artículo 62.- El elector chileno entregará al Presidente su cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero su cédula de identidad para extranjeros. Dichos documentos deberán estar vigentes. Ningún certificado u otros documentos podrán reemplazar a los anteriores.

Una vez comprobada la identidad del elector, la vigencia de su cédula de identidad o de su pasaporte, y el hecho de estar habilitado para sufragar en la Mesa, el elector firmará en la línea que le corresponda en el Padrón Electoral de la Mesa o, si no pudiere hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo pulgar derecho o, en su defecto cualquier otro dedo, de lo que el presidente dejará constancia al lado de la huella. De la falta de este requisito, se dejará constancia en el Acta, aceptándose que el elector sufrague.”.

33) Reemplázase el inciso primero del artículo 63, por el siguiente:

“Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del Padrón de Mesa y la identidad del elector, se recabará la intervención del experto de identificación que habrá en cada local de votación. El experto hará que el elector estampe su huella dactilar derecha al lado de su firma y la cotejará con la estampada en su cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros.”.

34) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 64, la expresión “respectivo cuaderno de firmas” por “Padrón de la Mesa” y la expresión “votación” por “elección”.

35) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

“Artículo 66.- Después de haber sufragado y depositadas las cédulas en la urna, se procederá a devolver al elector su cédula nacional de identidad, el pasaporte o su cédula de identidad para extranjeros, según corresponda.”.

36) Sustitúyase en el inciso final del artículo 67, la expresión “numérico de las inscripciones” por “alfabético en el Padrón de Mesa”.

37) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

“Artículo 68.- A las dieciocho horas del día de la elección, y siempre que no hubiere algún elector que deseare sufragar, el Presidente declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación.

Efectuada la declaración de cierre, el Secretario o el vocal en su caso, escribirá en el Padrón de la Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión “no votó” respecto de los electores que no hayan sufragado.”

38) Modifícase el artículo 71, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyase el numeral 1), por el siguiente:

“1) El Presidente contará el número de electores que hayan sufragado según el Padrón de la Mesa y el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas para cada elección o para el plebiscito;”.

b) Reemplázase el numeral 5), por el siguiente:

“5) Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas. La Mesa dejará constancia al dorso de ella del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión.

Se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta señalada en el artículo 65, y las que tengan además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquella emitida con una preferencia pero sin los dobleces correctos. Estas cédulas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen.

Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas;”.

c) Reemplázase el numeral 6), por el siguiente:

“6) Tratándose de una elección de Presidente de la República y de Parlamentarios, se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.

En los plebiscitos se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión.

Las operaciones se practicarán por el Presidente, por el Secretario y demás vocales;”.

d) Reemplázase el numeral 7), por el siguiente:

“7) Terminado el escrutinio se llenará la minuta con los resultados, y será firmadas por los vocales colocándose en un lugar visible de la mesa.”.

e) Reemplázase el numeral 8), por el siguiente:

“8) Los vocales, apoderados y candidatos tendrán derecho a exigir que se les certifique, por el Presidente y el Secretario, copia del resultado, lo que se hará una vez terminada las actas de escrutinio.”

39) Sustitúyase el artículo 72, por el siguiente:

“Artículo 72.- Inmediatamente después de practicado cada escrutinio, y en el mismo lugar en que hubiere funcionado la Mesa Receptora se levantarán actas del escrutinio, estampándose separadamente, en letras y en cifras, el número de sufragios que hubiere obtenido cada candidato o cada una de las proposiciones de la cédula para plebiscito, en su caso.

Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio y de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio que deseen hacer constar los vocales y apoderados, sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación, bajo las penas que esta ley señala. Se dejará especial testimonio en el acta del cumplimiento de las exigencias del artículo 71.

El acta de escrutinio se escribirá en tres ejemplares idénticos, los que tendrán para todos los efectos legales el carácter de copias fidedignas, serán firmadas por todos los vocales y los apoderados que lo deseen.

El primer ejemplar del acta quedará en poder del Secretario de la Mesa en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales, por el lado del cierre, para su remisión al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, y dejándose testimonio, en letras, en la cubierta del sobre, de la hora en que el Secretario lo hubiere recibido.

El segundo ejemplar del acta se entregará por el Presidente de la Mesa al Delegado de la Junta Electoral, en sobre dirigido al Colegio Escrutador, cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre, para que éste lo presente al Colegio en la oportunidad señalada en el artículo 86. El Delegado entregará recibo de su recepción.

El tercer ejemplar del acta, inmediatamente después de llenada, y antes de practicar el escrutinio de otra elección, se entregará por el Comisario de la Mesa a la persona dispuesta por el Servicio Electoral de la Oficina Electoral del local a que se refiere el artículo 76 bis, en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre. Se entregará recibo de su recepción.

Si en el local de votación se contare con facilidades de fotocopia, se procederá a llenar un solo ejemplar del acta y, antes de su firma por los vocales, el Comisario de la Mesa concurrirá al lugar de fotocopia, obteniendo las otras dos copias y las copias necesarias para entregar a todos los apoderados que la hubieran solicitado. Después regresará a la mesa, donde se procederá a firmar el original y las copias por los vocales y apoderados que lo deseen con tinta o lápiz a pasta de color azul, cerciorándose de que sean idénticas al original. Posteriormente, se procederá a su ensobrado y distribución conforme a los incisos anteriores, debiendo destinarse el original al sobre que el Secretario de la Mesa remitirá al Tribunal Calificador de Elecciones.

40) Reemplázase el artículo 73, por el siguiente:

“Artículo 73.- Después de practicado cada escrutinio y llenado de las actas conforme al artículo anterior, el Presidente pondrá las cédulas escrutadas con las que se hubiere sufragado en la elección o el plebiscito, separando las cédulas escrutadas y no objetadas, las escrutadas marcadas y objetadas, los votos nulos y en blanco, las cédulas no usadas o inutilizadas, los talones desprendidos de las cédulas emitidas y los talones y sellos adhesivos no utilizados, dentro de los sobres especiales destinados a cada efecto.

En el sobre caratulado "Votos escrutados no objetados" se colocarán aquellas cédulas que, emitidas correctamente conforme al artículo 65, no se encuentran en las situaciones señaladas en el número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos nulos y en blanco" se colocarán aquellas cédulas que, a juicio de la mayoría de la Mesa, se encuentren en cualquiera de los casos señalados en los párrafos primero y tercero del número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos escrutados marcados y objetados" se colocarán aquellas cédulas consideradas marcadas conforme al párrafo segundo del número 5 del artículo 71, contra las cuales se hayan formulado objeciones, que consten en el acta respectiva.

Se pondrán, además, dentro del respectivo sobre el Padrón de Mesa empleado en la votación de la Mesa.

Los sobres se cerrarán, sellarán y firmarán, por el lado del cierre, por todos los vocales y por los apoderados que quisieren.”.

41) Sustitúyase el artículo 75, por el siguiente:

“Artículo 75.- Completados todos los escrutinios, llenadas las actas y ensobrados los votos, se hará un paquete en que se pondrán los sobres de los votos a que se refiere el artículo 73, el acta de instalación y los demás útiles usados en la votación.

El paquete será cerrado y sellado. En su cubierta se anotará la hora y se firmará por todos los vocales y los apoderados que lo desearen. Luego, se dejará en poder del Comisario.”.

42) Agréguese el siguiente artículo 76 bis.

“Articulo 76 bis. La persona que disponga el Servicio Electoral se instalará en la Oficina Electoral del local de votación y procederá a recibir los ejemplares del acta señalados en el inciso sexto del artículo 72, cuyos datos procederá a ingresarlos o transmitirlos al sistema computacional en la forma que disponga el Servicio Electoral, en conformidad al artículo 175 bis.

Los apoderados acreditados ante la Oficina Electoral del Local Votación, podrán estar presentes y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso o transmisión de los datos que ellas contienen.

43) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 77:

“El Delegado de la Junta Electoral deberá concurrir personalmente al inicio de la sesión que se señala en el artículo 86 del Colegio Escrutador que corresponda, con objeto de hacer entrega personalmente de los sobre cerrados y dirigidos al Colegio Escrutador que contienen las actas de escrutinios de las mesas de votación del Local donde ejerció su función.”.

44) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 80 la expresión “Director” por “Consejo” y la expresión “, o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito.” por “o plebiscito.”.

45) Reemplázase el artículo 81, por el siguiente:

“Artículo 81.- Cada Colegio estará compuesto de seis miembros titulares e igual número de suplentes, designados por las respectivas Juntas Electorales, en conformidad a los artículos siguientes.

Se designarán tres miembros con ocasión de la elección de diputados y senadores, y tres con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiere cambiado de Circunscripción Electoral a una que no deba escrutar el Colegio o hubiere perdido el derecho a sufragio.

No podrán ser designados como miembros de los Colegios Escrutadores las personas señaladas en el inciso primero del artículo 40, ni aquéllas que hubieren sido designadas como vocales de mesas receptoras de sufragios para la misma elección de que se trate.”.

46) Sustitúyase el artículo 82, por el siguiente:

“Artículo 82.- Para proceder a la designación de los miembros de los Colegios Escrutadores, cada uno de los miembros de la Junta Electoral respectiva escogerá veinte nombres, que deberán corresponder a veinte ciudadanos inscritos en las mesas que corresponda escrutar al Colegio respectivo. Si la Junta funcionare con dos miembros, elegirán treinta cada uno de ellos.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de miembro del Colegio Escrutador, cuyo domicilio electoral corresponda a la localidad donde sesionará el Colegio Escrutador, y que no hubieren sido seleccionadas para vocales de mesas en la misma elección.

A continuación, la Junta Electoral procederá a confeccionar una nómina para cada Colegio Escrutador que le corresponda designar, en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al sesenta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, inmediatamente designados los vocales de las respectivas Mesas Receptoras de Sufragios, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros seis números sirvan para individualizar, en cada nómina, a las personas que se desempeñarán como miembros de los Colegios Escrutadores, y los siguientes seis, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como suplentes.

La Junta Electoral formará un libro con las nóminas alfabéticas firmadas por todos sus miembros, debidamente foliadas y con indicación del Colegio a que corresponda, el que se entenderá como parte integrante del acta del sorteo. Este libro será público y se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.

En todo caso, las nóminas deberán encontrarse en el local donde se efectúe el sorteo respectivo.”.

47) Reemplázase el artículo 83, por el siguiente:

“Artículo 83.- El Secretario de la Junta Electoral publicará el acta de lo obrado, incluyendo las nóminas de los miembros designados para cada Colegio Escrutador, respecto de quienes se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en la forma establecida en el artículo 43 de esta ley, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.

Dentro del mismo plazo, comunicará su nombramiento por carta certificada a los miembros designados, indicando la fecha, hora y lugar en que el Colegio Escrutador funcionará, y el nombre de los demás integrantes. El encargado de la oficina de correos deberá otorgar recibo circunstanciado de los avisos que se entregaren.”.

48) Incorpórese el siguiente artículo 83 bis, nuevo:

“Artículo 83 bis.- Cualquier miembro de los Colegios Escrutadores podrá excusarse de desempeñar el cargo, en los plazos, formas y causales establecidas en el artículo 44.

En el mismo plazo, cualquier persona podrá solicitar la exclusión del o los miembros de un Colegio Escrutador que estuvieren afectados por alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el artículo 81.

Para los efectos de conocer y resolver las excusas que se presentaren y reemplazar a los miembros cuya excusa o exclusión hubiere sido acordada por la Junta Electoral, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de esta ley.”.

49) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 84 la expresión “Director” por “Consejo”.

50) Reemplázase el artículo 85, por el siguiente:

“Artículo 85.- Los miembros de los Colegios Escrutadores ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los miembros sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

51) Incorpórese el siguiente artículo 85 bis, nuevo:

“Artículo 85 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de miembro de los Colegios Escrutadores y de Secretario de Colegio Escrutador un bono equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral.

Dicha cantidad no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Esta cantidad se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, dentro de los dos días siguientes al término de la función de los Colegios Escrutadores, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la funciones respectivas en dicho organismo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

52) Sustitúyase el artículo 86, por el siguiente:

“Artículo 86.- A las catorce horas del día siguiente a la elección o plebiscito, el Colegio Escrutador se reunirá con al menos tres de sus miembros, en el lugar que hubiere designado la Junta Electoral correspondiente, bajo la presidencia provisional del Secretario del Colegio, nombrado de conformidad al artículo 84. Reunido el número requerido, se procederá a sortear de entre los miembros presentes un Presidente.

Al inicio de la sesión, los delegados de las Juntas Electorales deberán entregar al Secretario los sobres sellados que contengan las actas de escrutinios de las Mesas Receptoras que hubieren funcionado en su respectivo local de votación. Éste se cerciorará del estado de los sellos y de las firmas y otorgará el recibo correspondiente, en original y copia. El Delegado conservará el original y la copia la remitirá al Secretario de la Junta Electoral.

Inmediatamente, el Presidente declarará constituido el Colegio, levantándose un acta en que se dejará constancia de los siguientes hechos y circunstancias: a) individualización del Colegio, expresándose la correspondiente región, provincia, comuna y circunscripción; b) el local de su funcionamiento; c) las Mesas que debe escrutar; d) nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; e) el día y hora de la constitución del Colegio, y f) la nómina de los miembros del Colegio que no hubieren asistido a la reunión. El acta se extenderá en el Libro de Actas correspondiente y será firmada por los miembros del Colegio y el Secretario, quien deberá remitirla para los efectos de las ausencias injustificadas, al Juzgado de Policía Local correspondiente.”.

53) Reemplázase el artículo 87, por el siguiente:

“Artículo 87.- El Colegio Escrutador, en audiencia pública, procederá con la ayuda de un sistema computacional, a registrar y sumar el número de votos obtenidos por cada candidato en las mesas que debe escrutar y, además, en el caso de elecciones de Parlamentarios, a sumar los votos obtenidos por cada lista de candidatos, de acuerdo con el procedimiento del artículo siguiente. Una vez terminado dicho procedimiento se extenderá el acta y el cuadro a que se refiere el artículo 88 de esta ley.

Para efectos de lo anterior, el Servicio Electoral dotará a cada Colegio Escrutador de computador con su respectiva impresora y de un software o sistema que permita realizar el ingreso o revisión de los resultados por mesa y candidato, que proceda a realizar las sumas y emita los cuadros y actas a que se refiere el artículo 89. Además, deberá proveer de una manual para el uso de este equipo y su software.

El sistema computacional señalado en los incisos anteriores deberá tener ya registrado los resultados de cada candidato por Mesa Receptora de Sufragios, que se hubieren ingresados a los sistemas del Servicio Electoral, conforme al artículo 76 bis.”.

54) Sustitúyase el artículo 88, por el siguiente:

“Artículo 88.- El Presidente leerá el acta de la mesa en alta voz, debiendo el Secretario comprobar los resultados por candidato con los datos ya ingresados al sistema computacional, pudiendo corregirlos, modificarlos o completarlos si ellos faltaren. Los demás miembros del Colegio y los apoderados podrán comprobar la exactitud de la lectura con los datos que en definitiva queden registrados en el sistema. Cada uno de los miembros y apoderados podrán a su vez tomar nota separadamente del resultado de las actas a medida que sean leídas con el objeto de verificar los datos ingresados y las sumas de los votos obtenidos por cada candidato y lista cuando corresponda.

Si faltaren actas de Mesas que hubieren funcionado el día de la elección, se dejará constancia expresa en el acta que dichas mesas no fueron escrutadas por el Colegio. Si respecto de esas mesas, el sistema computacional tuviere registrado sus resultados en base al ingreso de datos efectuados conforme al artículo 76 bis, se dejará constancia que dichos resultados no fueron revisados por el Colegio por carecer de un ejemplar del acta.

Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias, entre la suma real de los votos de cada candidato, los nulos y blancos y los totales indicados en las actas, se ingresaran igual al sistema los datos que existan, dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los errores que se hubiere detectado.

Terminada la lectura y el ingreso de resultados al sistema computacional, se obtendrá de este último, en forma provisoria, un cuadro de resultados, que contendrá para cada Mesa, los votos obtenidos por cada candidato y por lista si correspondiere, además de los votos nulos y blancos y el total de votos escrutados de la Mesa. Este cuadro contendrá también la suma total de votos del Colegio por cada candidato, y lista si correspondiere, además de la suma total de votos blancos y nulos y total de votos escrutados. El cuadro provisorio se emitirá con el número de copias que sea necesario para que los miembros del Colegio y los apoderados puedan revisar los datos ingresados y las sumas, a objeto de que puedan sugerir correcciones cuando consideren que existen errores.

Se efectuarán las correcciones que acuerde la unanimidad de los miembros del Colegio, así como las que acuerde la mayoría de los miembros del Colegio cuando haya discrepancias respecto del valor correcto de un resultado ingresado, resolviendo el Secretario en caso de empate. En todo caso, se deberá dejar siempre constancia detallada en el acta de la discrepancia surgida, como también de las correcciones u observaciones requeridas por los apoderados y que el Colegio no haya considerado.”.

55) Reemplázase el artículo 89, por el siguiente:

“Artículo 89.- Terminada la revisión y resueltas las discrepancias señaladas en el artículo anterior, se obtendrá del sistema computacional el cuadro de resultados definitivo del Colegio en tres ejemplares.

Deberá levantarse un acta donde se harán constar los siguientes hechos o circunstancias:

a) El día y la hora del término de su labor;

b) Las cifras totales, en número y letras, alcanzadas por los candidatos y por las listas de candidatos en el caso de elecciones Parlamentarias;

c) La cantidad de votos nulos y en blanco emitidos dentro de su territorio jurisdiccional y la circunstancia de haberse practicado la agregación a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente;

d) Los reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento observado al hacerse la operación;

e) Un detalle de las mesas que el Colegio no pudo escrutar o no pudo revisar la digitación efectuada en los locales de votación en el día anterior, por no haber recibido la correspondiente acta de escrutinio.

f) Un detalle de las mesas donde existen desigualdades en el acta entre los totales que ellos muestran y las suma de los votos por candidatos más los nulos y blancos.

e) Todos los demás que determine esta ley o el Colegio.”.

56) Sustitúyase el inciso primero del artículo 94, por el siguiente:

“El Secretario del Colegio Electoral deberá, obtener del sistema computacional y hacer entrega de un copia certificada por él, del cuadro de resultados definitivo y del acta, a todos los apoderados y candidatos que lo soliciten.”.

57) Reemplázase el artículo 95, por el siguiente:

“Artículo 95.- El Servicio Electoral deberá dar a conocer los resultados de los escrutinios practicados por los Colegios Escrutadores a medida que vaya disponiendo de ellos.

Para estos efectos, el Director del Servicio Electoral abrirá el sobre con el acta y cuadro que hubiere recibido del Presidente de cada Colegio Escrutador, comprobará las exactitud de dichos resultados con los contenidos en el sistema computacional, efectuará las correcciones que fueren necesarias para que los resultados del sistema computacional se ajusten al acta y cuadro, y procederá a liberar su información en los términos señalados en el inciso siguiente.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de los Colegios Escrutadores. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos y los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito, podrán también disponer de esos mismos resultados en medios magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo deberán señalar su condición de provisorios y sujetos al escrutinio general de los Tribunales que correspondan.

58) Agréguese al final del inciso primero del artículo 96 la siguiente letra f):

“f) La utilización de un Padrón Electoral incorrecto, que contengan omisiones de inscritos o electores con derecho a sufragio, inhabilidades mal aplicadas, errores en el domicilio electoral y la correspondiente circunscripción electoral, y en los demás datos del padrón.”.

59) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 97, por los siguientes:

“Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios cuando, en su opinión, se haya incurrido en omisiones, calificación errada de los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco por parte de la mesa, errores en las actas de escrutinios, en sus sumas y totales, diferencias entre las actas o entre ellas y los certificados de escrutinios entregados a los apoderados, resultados mal imputados por los Colegios Escrutadores o en errores aritméticos.

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones o plebiscitos, se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, debiendo acompañarse en el mismo acto los antecedentes en que se funde. Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.”

60) Sustitúyase el artículo 99 bis, por el siguiente:

“Artículo 99 bis.- Tratándose de la elección de Presidente de la República, las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección, acompañándose en el mismo acto los antecedentes en que aquéllas se fundaren.

Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.

Dentro del plazo fatal de dos días, contado desde la fecha del respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el Tribunal las informaciones y contra informaciones que se produzcan. El Tribunal conocerá, adoptará las medidas para mejor resolver y emitirá su fallo dentro del plazo señalado por el artículo 27 de la Constitución Política de la República. En todo caso, dicho fallo no será susceptible de recurso alguno y su notificación se practicará por el estado diario.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal deberá además, dar cumplimiento a las normas establecidas en el Título V de la presente ley, en lo que fuere pertinente.”.

61) Agréguese el siguiente artículo 101 bis:

“Artículo 101 bis.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición del Tribunal, los resultados de los Colegios Escrutadores que disponga, en formato digital.”

62) Reemplázase el artículo 103, por el siguiente:

“Artículo 103.- Para practicar el escrutinio general el Tribunal se apoyará en equipos y sistemas computacionales, debiendo resolver las solicitudes de rectificaciones conjuntamente con el escrutinio y observando las siguientes reglas:

1) Todas las sesiones del Tribunal que tengan por objeto practicar el escrutinio general o el escrutinio de alguna mesa en particular, serán públicas. A ellas podrán asistir los candidatos y hasta dos apoderados, designados al efecto por cada uno de los partidos políticos y por los candidatos independientes que hayan participado en la elección o plebiscito.

2) Si no se dispusiere del acta y cuadro de uno o más Colegios Escrutadores, el Tribunal requerirá del Servicio Electoral la remisión de todas las actas y cuadros que faltaren y que obren en su poder y procederá a completar el escrutinio general.

3) Respecto de todas aquellas Mesa, cuyos resultados estén contenidos en los cuadros de resultados de los Colegios Escrutadores, que no hayan sido objeto de observaciones o discrepancias, según el acta del mismo Colegio, ni hayan sido objeto de una reclamación o de una solicitud de rectificación, y siempre que sean concordantes con resultados contenidos en las actas de las mesas remitidas al Tribunal, se practicará el escrutinio general en base a los resultados de dichos cuadros sin más trámite. Para establecer la concordancia podrán usarse sistemas computacionales.

4) Si algún Colegio hubiere dejado de escrutar una o más actas de Mesas, ya sea por no haber conseguido las actas o aquéllas contuvieren errores u omisiones que impidieren conocer el resultado real y completo de la Mesa, el Tribunal recurrirá al ejemplar del acta de la mesa que le fue remitida, y procederá a completar el escrutinio.

5) Si, con todo, no fuese posible contar con uno de los ejemplares del acta de las mesas no escrutadas por el Colegio Escrutador, el Tribunal practicará el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

6) En relación a las Mesas que hayan sido objeto sólo de reclamaciones de nulidad, el Tribunal considerará provisoriamente su resultado según el cuadro del Colegio Escrutador a objeto de completar el escrutinio general y en espera de lo que resuelva posteriormente, según lo señalado en los artículos siguientes.

7) En relación a las Mesas que hayan sido objeto de observaciones, discrepancias o desigualdades, según el acta del Colegio Escrutador, o que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, el Tribunal procederá a revisar todos los antecedentes que obren en su poder o hayan sido presentados por los requirentes, y cotejará al menos dos ejemplares del acta de escrutinio para poder resolver la rectificación solicitada y los resultados de la Mesa, pudiendo, en caso de que lo considere necesario, proceder a practicar el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

8) En relación a las mesas del número anterior y en el caso de que existieran discrepancias entre los resultados de al menos dos ejemplares del acta de escrutinio, o discrepancia entre las actas de escrutinio y un certificado de escrutinio emitido por el Presidente o Secretario de la misma, en virtud del N° 8 del inciso primero del artículo 71 de esta ley, que haya sido presentado en una rectificación al Tribunal, este procederá a resolver la solicitud de rectificación, practicando el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

9) En relación a las Mesas del número 7 anterior, que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, fundamentada en una mala calificación de los votos que la mesa consideró validos, nulos o blancos, o que hayan sido equivocadamente asignados a otro candidato, o que siendo considerados como marcados no hayan sido contabilizados para el candidato de la preferencia, y que de estos hechos algún apoderado de mesa o vocal haya dejado observación o constancia en el acta de la mesa, o haya sido impedido por la Mesa de hacerlo, el Tribunal deberá proceder a resolver la solicitud de rectificación practicando el escrutinio de la Mesa, en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral. Lo anterior procederá siempre y cuando la revisión de la totalidad de los votos alegados de todas las mesas sujetas de rectificación, pudieren dar lugar a la elección de un candidato distinto o de una opción distinta, a la que arrojan los resultados del escrutinio, de no ser revisados estos votos.”.

63) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 110:

“Los encargados del orden público se constituirán en los locales de votación a partir de las 14 horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito.”

64) Modifíquese el artículo 115 de la siguiente forma:

a) Elimínese del inciso final la expresión “de la respectiva localidad”.

b) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“Cualquier local público o privado en el que, en el período señalado, se realicen actividades de propaganda o se desarrollen reuniones de carácter electoral, salvo las señaladas en el artículo 158, será clausurado por la fuerza encargada del orden público, hasta dos horas después de haberse cerrado la votación.”.

65) Reemplázase el artículo 116, por el siguiente:

“Artículo 116.- El día de una elección o plebiscito, hasta dos horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que éstos podrían afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

El día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose solo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos.

La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringiere esta disposición.”.

66) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 117 la expresión “deberán” por “podrán”.

67) Sustitúyase los números 3) y 6) del artículo 132, por los siguientes:

“3) Admitir el sufragio de personas que no aparezcan en el padrón de la Mesa o que no exhiban su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros vigentes según corresponda;”

“6) Impedir la presencia de algún apoderado o miembro de la Mesa, sin perjuicio de lo señalado en el inciso quinto del artículo 57;”

68) Sustitúyase los números 4) y 8) del artículo 136, por los siguientes:

“4) El que falsificare, sustrajere, ocultare o destruyere algún Padrón de Mesa, acta de escrutinio o cédula electoral;”

“8) El que impidiere a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar por medios violentos, amenazas o privándolo de su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros, y”.

69) Sustitúyase el artículo 139 por el siguiente:

“Artículo 139.- A quienes perciban maliciosamente los bonos a que se refieren el artículo 47 bis y 85 bis, sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio del reintegro de las sumas percibidas indebidamente.”.

70) Elimínese del artículo 140 la expresión “, para no sufragar”.

71) Reemplázase el artículo 153, por el siguiente:

“Artículo 153.- Terminado el proceso de calificación de una elección o plebiscito, el Director del Servicio Electoral denunciará, ante los jueces de Policía Local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral, a los miembros de las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras, que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece esta ley.”.

72) Elimínese del inciso primero del artículo 157 la expresión “independientes, en su caso,”.

73) Reemplázase el artículo 158, por el siguiente:

“Artículo 158.- Las sedes oficiales de los partidos políticos y de los candidatos, en su caso, podrán funcionar aún en el día de la elección, especialmente para efectos de atender, preparar y distribuir a los apoderados y entregarles su materiales y recibir copias de las actas de escrutinios. También podrán seguir los escrutinios conforme al artículo 175 bis, sin que les sea permitido realizar propaganda electoral o política, atender electores o realizar reuniones de carácter político antes del cierre de las mesas de votación.”

74) Reemplázase el artículo 159, por el siguiente:

“Artículo 159.- Los candidatos a Presidente de la República, los partidos que participen en una elección y los candidatos independientes, podrán designar un apoderado con derecho a voz, pero sin voto, para que asista a las actuaciones que establece esta ley de las respectivas Juntas Electorales, Mesas Receptoras de Sufragios, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales que funcionen en los locales de votación, Tribunales Electorales Regionales y Tribunal Calificador de Elecciones. El mismo derecho tendrán los partidos políticos y los parlamentarios independientes en los plebiscitos nacionales. Tratándose de plebiscitos comunales, este derecho solo corresponderá a las organizaciones comunitarias y actividades relevantes de la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Podrá designarse también un Apoderado General titular y uno suplente por cada recinto o local de votación en que funcionaren Mesas Receptoras de Sufragios, para la atención de los apoderados de Mesas.

Servirá de título suficiente para los apoderados generales de local, titular o suplente, así como para los apoderados ante las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Tribunales Electorales y Tribunal Calificador de Elecciones, el nombramiento mediante un poder autorizado ante notario que se les otorgue por los encargados electorales a que se refiere el artículo 7°. En el caso de los apoderados de Mesa y los apoderados ante la Oficina Electoral del local de votación, servirá de título suficiente un poder simple otorgado por un apoderado general, sea titular o suplente, que esté presente en el local de votación.

En el nombramiento deberá indicarse los nombres y apellidos y la cédula nacional de identidad del apoderado, el candidato o partido que representa, y la Junta, Mesa, Local, Colegio, Oficina Electoral o Tribunal ante el cual se acredita. La omisión de cualquiera de esos antecedentes invalidará el nombramiento.

En los plebiscitos, los nombramientos de apoderados que corresponden a los encargados electorales del artículo 7°, serán efectuados por el Presidente y el Secretario del Consejo Regional del partido o por el parlamentario independiente, en su caso.

75) Sustitúyase el artículo 160, por el siguiente:

“Artículo 160.- Para ser designado apoderado, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio y no haber sido condenado por delitos sancionados por esta ley o por cualquiera de las leyes que regulan el Sistema Electoral Público. Esta última condición se presumirá siempre existente mientras no se pruebe lo contrario ante el Presidente de la respectiva Junta, Mesa o Colegio.

Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Consejeros Regionales, Gobernadores y Alcaldes; los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local, los jefes superiores de Servicio y Secretarios Regionales Ministeriales; el Contralor General de la República ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en servicio activo. Tampoco podrán serlo los no videntes y los analfabetos.

76) Sustitúyase el artículo 161, por el siguiente:

“Artículo 161.- Si dos o más ciudadanos exhibieren simultáneamente una designación de apoderado ante una misma Junta, Local de Votación, Colegio o Tribunal, se estimará válida la que tuviere fecha posterior. Si tuvieren la misma fecha, se preferirá a aquél de más edad. En el caso de apoderados de Mesa o ante la Oficinas Electorales se estará a lo que resuelva el apoderado general de local.”.

77) Sustitúyase el artículo 162, por el siguiente:

“Artículo 162.- Los apoderados generales de Local, de Mesa y ante la Oficina Electoral del Local, se identificarán con un credencial durante el día de la elección o plebiscito, que señale al candidato o partido que representan y que deberán colgar en su pecho. Podrán también contar con una carpeta para guardar su material de trabajo. El contenido, tamaño y formato de la credencial y carpeta serán regulados por resolución del Consejo del Servicio Electoral.

Los encargados electorales mencionados en el artículo 7°, deberán someter ante el Servicio Electoral el formato de las carpetas y credenciales que usarán sus representados, dentro de los cuarenta y cinco días antes de la elección, para que sea aprobada o rechazada por el Servicio en un plazo no superior a los cinco días de presentada.

Los apoderados tendrán derecho a instalarse en los locales de votación o al lado de los miembros de las Mesas Receptoras, en las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales o Tribunales Electorales, observar los procedimientos, formular las objeciones que estimaren convenientes y, cuando corresponda, exigir que se deje constancia de ellas en las actas respectivas, verificar u objetar la identidad de los electores y, en general, tendrán derecho a todo lo que conduzca al buen desempeño de sus mandatos.

La Junta, Mesa o Colegio, deberá hacer constar en acta los hechos cuya anotación pida cualquier apoderado y no podrá denegar el testimonio por motivo alguno.”.

78) Derógase el artículo 171.

79) Derógase el artículo 171 bis.

80) Derógase el artículo 173.

81) Reemplázase el artículo 174, por el siguiente:

“Artículo 174.- Las elecciones de Diputados y Senadores se harán conjuntamente pero en cédulas separadas, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquél en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado.”

82) Reemplázase el artículo 175, por el siguiente:

Artículo 175.- El Director del Servicio Electoral deberá entregar a los partidos políticos y a los candidatos independientes, dentro de los treinta días contados desde la fecha del término de la calificación de una elección o plebiscito, el resultado completo de la elección, en medios magnéticos o digitales no encriptados. Deberán detallarse a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Al efecto, el Tribunal Calificador de Elecciones pondrá los referidos resultados a disposición del Director, dentro de los diez días siguientes al término de la calificación.

83) Reemplázase el artículo 175 bis, por el siguiente:

“Artículo 175 bis.- Con objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Servicio Electoral emitirá boletines y desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio.

Para estos efectos, el Servicio Electoral acreditará, en cada local de votación, una persona en la Oficina Electoral del local de votación, que será responsable de recepcionar las copias del acta de las mesas señalada en el inciso sexto del artículo 72, e ingresar los resultados al sistema computacional en los términos señalados en el artículo 76 bis, o en defecto de sistema computacional, remitirla al Servicio Electoral en la forma que éste determine.

Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitarle, instalación eléctrica en la Oficina Electoral del Local de Votación.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de la elección, a medida que se vayan ingresando al sistema computacional conforme al artículo 76 bis. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos, los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito y los medios de comunicación que lo soliciten al Servicio Electoral, podrán también acceder a esos mismos resultados en archivos magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

El Servicio Electoral emitirá boletines parciales y final con los resultados de la elección o plebiscito.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo, tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno, debiendo señalar está condición en sus informes o boletines.”.

84) Deróguese el artículo 176.

85) Agréguese, a continuación del Título Final, que pasa a ser Título XI, el siguiente Título XII nuevo:

“TITULO XII

DE LAS JUNTAS ELECTORALES

Artículo 182.- En cada provincia habrá una Junta Electoral que tendrá las funciones que está ley y las demás leyes le encomienden.

Artículo 183.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral, por acuerdo de su Consejo, mediante resolución del Director y previo informe de la Junta respectiva, podrá crear temporal o permanentemente otras Juntas Electorales, cuando circunstancias tales como la cantidad de población, la dificultad de comunicaciones o las distancias entre los diversos centros poblados lo hagan aconsejable.

La resolución designará a los integrantes de las nuevas Juntas Electorales, establecerá su territorio jurisdiccional y la localidad en que tendrán su sede. Dicha resolución se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva. En caso que no lo hubiere, la publicación se realizará en un periódico correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 184.- Las Juntas Electorales, en las provincias cuya capital sea asiento de Corte de Apelaciones, estarán integradas por el Fiscal Judicial de esta última, el Defensor Público de la capital de la provincia y el Conservador de Bienes Raíces de la misma. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

En las demás capitales de provincia, las Juntas se integrarán con el Defensor Público, el Notario Público y el Conservador de Bienes Raíces de ellas. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

Si hubiere más de uno de los funcionarios mencionados en los incisos precedentes, integrará la respectiva Junta el más antiguo de ellos en la categoría respectiva.

Los miembros de las Juntas Electorales serán permanentes y conservarán ese carácter en tanto desempeñen la función pública requerida para su designación.

Artículo 185.- Las Juntas Electorales que cree el Servicio Electoral de acuerdo con las normas del artículo 183 de esta ley, se integrarán con el Defensor Público, un Notario y un Conservador de Bienes Raíces que tengan competencia en todo o parte del territorio jurisdiccional que se les asigne y, si hubiere más de uno de ellos, por los que tengan su oficio en la localidad en que tendrá su sede la respectiva Junta, de acuerdo con su antigüedad en la categoría, excluidos los que deban integrar otras Juntas de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo anterior.

Si no hubiere alguno de los auxiliares de la administración de justicia señalados en el inciso anterior, la Junta Electoral se integrará con un Secretario del Juzgado de Letras, con otro Notario o con el Secretario Municipal de la Municipalidad que tenga asiento en la localidad sede de la Junta. Sin embargo, la falta de Conservador solo podrá ser suplida por un Archivero Judicial o un Notario.

En estas Juntas actuará como Presidente el Defensor Público o, en su defecto, el miembro que designe el Servicio Electoral, y como Secretario el Conservador de Bienes Raíces o, a falta de éste, el Archivero Judicial o el Notario que nomine el Servicio Electoral. La permanencia de sus miembros será la misma indicada en el inciso final del artículo anterior.

Artículo 186.- Para los efectos de la designación de los integrantes de las Juntas Electorales, el Servicio Electoral requerirá de la Corte Suprema la nómina de los correspondientes funcionarios y auxiliares de la administración de justicia, con jurisdicción en el territorio de competencia de la Junta.

Los miembros serán notificados de su designación por el Secretario de la Corte de Apelaciones respectiva, a requerimiento del Servicio Electoral. La notificación se hará personalmente o por carta certificada que contendrá copia íntegra de la resolución. Se entenderá practicada esta última notificación al tercer día hábil siguiente de la recepción de la carta por la oficina de correos.

Las Juntas Electorales se instalarán el quinto día siguiente a la notificación del último de sus miembros, a las quince horas.

Artículo 187.- Si en alguna provincia no se reuniere el número de funcionarios suficientes para integrar una Junta Electoral, el Servicio Electoral dispondrá, mediante resolución fundada, que será publicada en la forma señalada en el artículo 183 de esta ley, que sus funciones sean cumplidas por la Junta Electoral de la provincia de la misma Región que tenga mayores facilidades de comunicación terrestre con aquélla.

Artículo 188.- Las Juntas Electorales celebrarán sus sesiones en el oficio del Secretario y podrán funcionar válidamente con dos de sus miembros. Si faltare alguno de ellos será sustituido por la persona a quien corresponda reemplazarlo en sus funciones.

Corresponderá a los Presidentes velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a las Juntas. Podrán convocarlas cuando lo estimen necesario o lo pidan otros miembros. Las Juntas se reunirán, además, en las ocasiones que señale la ley o cuando hubiere asuntos que requieran de su conocimiento, situación que los Secretarios informarán de inmediato a los Presidentes, caso en el cual aquéllos efectuarán las citaciones correspondientes.

Artículo 189.- De todas las actuaciones de la Junta se levantarán actas que se estamparán en un libro denominado Protocolo Electoral. En ellas se indicará la fecha de la sesión, la individualización de los miembros asistentes, las materias tratadas y las resoluciones adoptadas. Estas actas serán firmadas por todos los miembros asistentes.

El Protocolo Electoral será público y se sujetará a las reglas que rigen los registros notariales. Copia de él, deberá remitirse al Servicio Electoral para su publicación en su sitio web.

El Protocolo se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Reemplázase, en el artículo 99, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

2) Sustitúyase, en el artículo 100, la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna” por “habilitados para votar en la comuna”.

3) Modifícase el artículo 101 en la siguiente forma:

a) Sustitúyase, el inciso segundo, por el siguiente:

“El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente”.

b) Reemplázase, en su inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

c) Derógase el inciso cuarto.

4) Modifíquese el artículo 107 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en la declaración mencionada en el artículo 3 de la ley N° 18.700, o su omisión, producen la nulidad de la declaración de ese candidato y la de todos sus efectos legales posteriores, incluyendo su elección.”.

b) Sustitúyase el inciso quinto por el siguiente:

“En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3°, con excepción del inciso tercero para el caso de los concejales, 3° bis, con excepción de su inciso tercero, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de la ley 18.700.”

c) Agréguese el siguiente inciso final:

“Las declaraciones de candidaturas de concejales deberán ser presentadas por los partidos políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de cada comuna.”

5) Sustitúyase el artículo 110, por el siguiente:

“Artículo 110.- Las declaraciones de pactos electorales, de los subpactos que se acuerden, así como la o las comunas excluidas de los subpactos, deberán constar en un único instrumento y su entrega se formalizará en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido en el artículo 107 y en forma previa a las declaraciones de candidaturas.”.

6) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 113, la frase “inscritos en los registros electorales de” por “habilitados para votar en”.

7) Sustitúyase el artículo 119, por el siguiente:

“Artículo 119.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los tribunales electorales regionales, en conformidad a los Títulos IV y V de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, teniendo, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones.

Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales Regionales, en el marco de la competencia que se les confiere por la presente ley, serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

El plazo para comparecer en segunda instancia será el segundo día contado desde el respectivo certificado de ingreso. La resolución que proclame a los candidatos definitivamente electos, no será susceptible de recurso alguno.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, las instancias jurisdiccionales electorales deberán poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente, aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación, que a su juicio revistieren las características de delito.”.

Artículo 4º.- Modifícase el inciso tercero del artículo 83 de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 119.175, de 2005, del Ministerio del Interior, reemplazando la expresión “inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva” por “con derecho a sufragio que hubieren sufragado en la respectiva provincia en la última elección municipal”.

Artículo 5º.- Incorpórense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos:

1) Derógase, en el inciso primero del artículo 2º, la frase “Asimismo, podrán asistir, sólo con derecho a voz, mediante un representante debidamente acreditado en la forma que señale el Director de Servicio electoral, a las actividades de las Juntas Inscriptoras establecidas por la ley N° 18.556.”

2) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 5º, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

3) Modifícase el artículo 6º de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en los incisos primero y segundo, las expresiones “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscrito en los Registros Electorales de” por “habilitado para votar en”.

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 18, la expresión “inscrito en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

5) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 27, la expresión “estar inscrito en los Registros Electorales de la Región” por “que el domicilio electoral esté ubicado en una circunscripción de la Región”.”.

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral:

1) Modifícase el artículo 4° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “electores”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “inscritos en los Registro Electorales” por “electores”.

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la expresión “inscritos en los Registros Electorales del”, por “electores en el”.

2) Sustitúyase el artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Todo candidato a Presidente de la República, a Senador o a Diputado, deberá nombrar un Administrador Electoral, el que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a alcalde o a concejal. Si no se efectuare la designación las funciones de Administrador Electoral recaerán en el propio candidato.

Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral para más de un candidato, siempre que las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido político o pacto.

El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral, al momento de la declaración de la correspondiente candidatura o en la declaración jurada a que se refiere el inciso cuarto del artículo 3° de la ley N° 18.700.

La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula de identidad y domicilio del respectivo Administrador, el que deberá también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo.

Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento, mediante comunicación del candidato correspondiente al Director del Servicio Electoral, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37.

3) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente de la República, de senadores, de diputados y de alcaldes y concejales, podrá ejercer el cargo de Administrador Electoral General.

El nombramiento de éste deberá efectuarse por el partido político ante el Director del Servicio Electoral, en la forma que establece el inciso cuarto del artículo 30, en forma previa a la declaraciones de candidaturas.”

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 34, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.”.

Artículo 7º.- Modifíquese el artículo 9 de la ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, de la siguiente forma:

a) sustitúyase al final del texto de la letra d) la expresión “,y” por un punto y coma.

b) Agréguese la siguiente letra e) pasando la actual a ser letra f):

“e) Reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, en la forma señalada en el artículo 12 y consultando previamente la opinión de éstos, y”.

Artículo 8°.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral.

Artículo 9º.- La presente ley comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Diario Oficial. Salvo en lo que se refiere al artículo 23 de la ley N° 18.556, que comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero Transitorio.- Las Juntas Inscriptoras en actual funcionamiento dejarán de recibir inscripciones desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. A contar de esa fecha, las Juntas Inscriptoras tendrán un plazo de 5 días para remitir al Servicio Electoral todos los Registros Electorales de que dispongan, tanto en uso como en blanco.

Los secretarios de Juntas Electorales, en el plazo de veinte días desde la entrada en vigencia de esta ley, harán entrega al Servicio Electoral, en la forma que su Director disponga, de todos los ejemplares de los archivos electorales locales a su cargo.

El Director del Servicio Electoral dispondrá la inutilización y destrucción de esos ejemplares dentro del plazo de ocho meses, desde la vigencia de esta ley, previa su microfilmación.

Artículo Segundo Transitorio.- Todas las personas que a la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren inscritas en los registros electorales de conformidad a la Ley 18.556, serán inscritas sin más trámite en el Registro Electoral manteniendo la misma mesa receptora de sufragios o registro.

Respecto de estas personas ya inscritas, el servicio Electoral queda eximido del deber de comunicar sus inscripciones, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7º de la ley N° 18.556.

Artículo Tercero Transitorio.- Respecto de los chilenos y extranjeros no inscritos en los registros electorales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos para ser inscritos automáticamente en el Registro Electoral, serán inscritos en él de conformidad a las reglas que a continuación se indican.

El Servicio Electoral asignará a los nuevos electores, a mesas receptoras de sufragio de la circunscripción electoral que corresponda a su domicilio electoral, distinguiendo entre hombres y mujeres. Los hombres serán inscritos siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de mujeres existentes en la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número. Las mujeres serán inscritas siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de hombres existentes que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número.

Si realizado lo anterior, quedarán electores por asignar, ellos serán destinados sin distinción de sexo, siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, a nuevas mesas que se crearán para estos efectos en la circunscripción electoral, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

El Servicio Electoral notificará a los electores señalados en los incisos anteriores, mediante carta certificada, del hecho de su inscripción, así como de la circunscripción y Mesa Receptora de Sufragios en la que hubieren sido inscritos.”.

Artículo Cuarto Transitorio.- Las mesas o registros existentes a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se identificarán con una letra y un número. Las antiguas mesas o registros de varones con la letra “V” y las antiguas mesas o registros de mujeres con la letra “M”, y el número corresponderá al que actualmente tienen de acuerdo con la circunscripción electoral a la que corresponden.

Las nuevas mesas que se creen en virtud de esta ley, se identificarán sólo por un número, dicho número se asignará en forma correlativa, partiendo desde el número de mesa o registro más alto existente en la circunscripción electoral incrementado en uno.

Artículo Quinto Transitorio.- En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de vocales, a sortear tres de los cinco vocales que ejercieron en la última elección, quienes mantendrán su condición de vocales hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás vocales se aplicará lo señalado en el artículo 41 de la ley N° 18.700.

En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de miembros de los Colegios Escrutadores, a sortear tres de los seis que eligieron, quienes mantendrán su condición de miembro del Colegio Escrutador hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás miembros de los Colegios Escrutadores se aplicará lo señalado en los artículos 82 y 85 de la ley N° 18.700.

Artículo Sexto Transitorio.- La primera de las revisiones anuales que deberán realizar las empresas de auditoría, según lo dispuesto en el artículo 41 de la ley N° 18.556, deberá efectuarse cinco meses después de la publicación la presente ley.

Artículo Séptimo Transitorio.- En la primera propuesta que deba hacer el Presidente de la República respecto de los cuatro consejeros conforme al inciso primero del artículo 62 de la ley N° 18.556, deberá indicar los dos consejeros que durarán cuatro años en su cargo y los dos que durarán ocho años.

El primer Consejero designado por el Presidente de la República conforme al inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 18.556, durará en su cargo hasta 30 días después de terminado el período presidencial.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

RODRIGO HINZPETER KIRBERG

Ministro del Interior

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

CRISTIÁN LARROULET VIGNAU

Ministro Secretario General de la Presidencia

FELIPE BULNES SERRANO

Ministro de Justicia

?Valparaíso, 1° de diciembre de 2010.

Nº 1.046/SEC/10

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta del proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, correspondiente al Boletín Nº 7.338-07, con urgencia calificada de “simple”.

En atención a que el proyecto mencionado dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JORGE PIZARRO SOTO

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

?INFORME PROYECTO DE LEY 54-2010

Oficio Nº 21-2011

Antecedente; Boletín Nº 7338-07

Santiago, 25 de Enero de 2011

Por Oficio Nº 1.046, de 1 de diciembre último, el Presidente del H. Senado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Nº 18.918, ha requerido de esta Corte informe respecto del proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 10 de enero último, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, señora Sonia Araneda Briones, señores Carlos Künsemüller Lobenfelder, Haroldo Brito Cruz, Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun y Rosa Egnem Saldías, acordó informarlo favorablemente al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

Al Señor Senador

Jorge Pizarro Soto

Presidente

H. Senado

Valparaíso

“Santiago, veinticuatro de enero de dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio Nº 1.046/SEC/10 del señor Presidente del H. Senado, de 6 de diciembre último, se ha recabado informe de Corte Suprema sobre el proyecto de ley -iniciado en mensaje- sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas legales que tienen por objeto, según se señala en el mensaje, “facultar el ejercicio de los derechos de participación política con los que cuentan los ciudadanos y abrir nuevos canales de participación”. En particular, el presente proyecto pretende perfeccionar el sistema de inscripción y la institucionalidad electoral, lo cual se materializa estableciendo un sistema de inscripción automática”. Además, como se consigna también en el Mensaje, el proyecto “no trata el voto voluntario sino que viene a complementar la mencionada reforma constitucional (la introducida por la Ley Nº 20.337 publicada en el Diario Oficial el 4 de abril de 2009, que modificó los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental) haciendo realidad la inscripción automática”.

Segundo: Que el proyecto consta de nueve artículos permanentes y siete artículos transitorios:

a) el artículo 1° modifica la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

b) el artículo 2° introduce modificaciones a la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

c) el artículo 3° modifica la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior.

d) el artículo 4° modifica el inciso tercero del artículo 83 de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior.

e) el artículo 5° introduce modificaciones a la Ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.

f) el artículo 6° modifica la Ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral,

g) el artículo 7° modifica el artículo 9 de la Ley Nº 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

h) el artículo 8° establece que el mayor gasto que irrogue la aplicación de la ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral,

i) finalmente, el artículo 9° establece que la ley comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Diario Oficial, salvo en lo que se refiere al artículo 23 de la Ley Nº 18.556, que comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.

Es del caso señalar que en el acápite V (“Contenido Especifico del Proyecto”), ubicado en la página 6 del mensaje, se señala que se modifica el Código Orgánico de Tribunales, Sin embargo en ninguna parte de la iniciativa legal se encuentra alguna modificación a dicho cuerpo legal.

Tercero: Que respecto de las modificaciones que el proyecto propone introducir en la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales, esta Corte Suprema informa lo siguiente:

i) La obligación, establecida en el nuevo artículo 17, de los Juzgados de Garantía y de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, de informar mensualmente al Servicio Electoral sobre las personas respecto de las cuales se ha presentado acusación o han sido condenadas por determinado tipo de delitos (que merezcan pena aflictiva o que la ley califique como conducta terrorista), o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos, parece razonable y no merece objeciones, atendidos los efectos electorales que dichas situaciones producen. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 Nº 2 de la Constitución Política de la República, el derecho de sufragio se suspende por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Por su parte, los numerales 2 y 3 del artículo 17 de la Carta Fundamental establecen que la calidad de ciudadano se pierde por condena a pena aflictiva y por delitos que la ley califique como conducta terrorista.

Sin embargo, este Tribunal estima de importancia concordar la norma que se propone con el precepto constitucional antes citado, en el sentido que la persona debe “hallarse acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.

También, en otro orden de ideas, puede considerarse de interés precisar que la información que deben entregar los Jueces de Garantía al Servicio Electoral es la nómina de las personas cuyas inscripciones se deben cancelar.

ii) Respecto del nuevo artículo 18, relativo al deber de los jueces de letras de informar al Servicio Electoral los casos de interdicción por causa de demencia, cabe señalar que esta disposición es similar al actual artículo 56 de la ley, pero además incluye el deber de comunicar las revocaciones de las declaraciones de interdicción. Este Tribunal manifiesta un parecer favorable en relación a este precepto que se propone.

iií) El nuevo artículo 21, que establece el deber de los tribunales señalados en el Párrafo 4° del nuevo Título I, de proporcionar antecedentes requeridos por el Servicio Electoral, no merece objeciones.

iv) Parece justificada, en concepto de la Corte Suprema, la disposición establecida en el inciso final del nuevo artículo 65, y que establece que en las causas civiles que se intentaren en contra de un Consejero o del Director del Servicio Electoral, conocerá en primera instancia un Ministro de Corte de Apelaciones y en segunda instancia la misma Corte de que ese Ministro forma parte, pero se estima preferible que se incorpore a estas autoridades en la nómina a que se refiere el N" 2 del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como tribunal competente para conocer en primera instancia de las causas civiles en que sean parte o tengan interés las personas que allí se señalan, a un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, excluyéndose, de esta forma, como se propone en el proyecto, la competencia exclusiva de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Cuarto: Que en relación a las modificaciones introducidas por el proyecto en la Ley Nº 18.700, de Votaciones Populares y Escrutinios, y que deben ser informadas por la Corte, cabe concluir lo siguiente:

i) La modificación del articulo 40, consistente en establecer que no podrán ser electos vocales de mesa “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local”, es más amplia y clara que la actual, que dispone que no podrán ser vocales “los jueces letrados y los de Policía Local”. No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno considera aconsejable precisar el precepto en el sentido de indicar que no podrán ser vocales de mesa “los jueces de los tribunales a que se refiere el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de los jueces árbitros”.

ii) La modificación del artículo 54, en la práctica, amplía a todo auxiliar de la administración de justicia las personas que pueden ser nombradas como Delegado de la Junta Electoral. La Corte Suprema estima aconsejable mantener la norma actualmente en vigor -Notarios Públicos, Receptores Judiciales y Secretarios de Juzgados de Letras o de Policía Local-, agregando únicamente a los Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, de manera tal de no entender incorporados como eventuales Delegados de la Junta Electoral a auxiliares de la administración de justicia que forman parte del Escalafón Primario del Poder Judicial o entre otros funcionarios judiciales que de acuerdo a la ley tienen el carácter de ministros de fe.

iii) La modificación del artículo 86 se la informa favorablemente, ya que constituye una adecuación de la disposición actual a la Reforma Procesal Penal, al establecer la remisión de actas del Colegio Escrutador al “Juzgado de Policía local correspondiente” y no al “juez del crimen respectivo”, como reza la actual disposición.

iv) La modificación del artículo 153, relativa a la obligación de denunciar ante los “jueces de policía local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral”, a los miembros de las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras, que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece la ley, no merece reparos, en el entendido que se excluye de la posibilidad de ser Delegados de las Juntas Electorales a las personas indicadas en el punto que antecede.

v) En cuanto al nuevo texto del artículo 160, esta Corte lo informa favorablemente, reiterando en todo caso lo expresado en el punto i), en orden a precisar que no pueden ser designados apoderados “los jueces de los tribunales a que se refiere el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de los jueces árbitros”.

vi) Los nuevos artículos 184 y 185, que establecen que las Juntas Electorales se integrarán con los auxiliares de la administración de justicia que se mencionan, corresponde informarla favorablemente.

vii) Respecto del artículo 186 del proyecto, se lo informa desfavorablemente en cuanto se refiere en forma genérica a los ministros de fe auxiliares de la administración de justicia, por las mismas razones expuestas en el punto signado ii).

Quinto: Que la modificación del artículo 119 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece la obligación de las instancias jurisdiccionales electorales de poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación, que a su juicio revistieren las características de delito, se la informa favorablemente, ya que constituye una adecuación de la disposición legal a la Reforma Procesal Penal, En efecto, actualmente dicho artículo establece que esos hechos deben ponerse en conocimiento del “tribunal del crimen competente”.

Por estas consideraciones y en conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar favorablemente el referido proyecto de ley, con las observaciones antes indicadas.

Se previene que los señores Ministros de esta Corte, don Sergio Muñoz Gajardo, doña Margarita Herreros Martínez, don Pedro Pierry Arrau y don Haroldo Brito Cruz, que a su vez integran el Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, fueron de la opinión de manifestar respecto del Boletín Legislativo Nº 7.333-07, además, lo siguiente:

I.- Respecto de la Inscripción Automática.

La inscripción automática se consagró con la reforma constitucional aprobada en Abril de 2009, con el objeto de lograr mayor participación ciudadana y facilitar el ejercicio del sufragio. Para ello el constituyente consideró que el hecho de recaer sobre los ciudadanos la obligación de inscribirse en los Registros Electorales, afectaba el ejercicio del derecho de sufragio, elevando los costos del acto electoral y desmotivando la participación.

En consecuencia, cada individuo que cumpla los requisitos para ejercer derechos electorales deberá formar automáticamente parte del Registro.

El proyecto de ley (Boletín Nº 7.338-07) que implementará esta reforma constitucional, ha encomendado al Servicio Electoral la obligación de llevar el Registro Electoral, el que deberá inscribir a los potenciales votantes conforme a la información proporcionada por distintos organismos, principalmente el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el objeto de generar padrones con electores aptos para votar en cada elección.

Un Registro Electoral oportuno, eficiente, transparente, será clave para el fortalecimiento y consolidación de la democracia.

Conforme a las reflexiones derivadas de las distintas misiones internacionales en que se ha participado como de las Conferencias y Seminarios a los que se ha asistido y patrocinado, permiten destacar la relevante función que le corresponde a las autoridades vinculadas, en regímenes de inscripción automática, que el Padrón Electoral que participe se encuentre actualmente depurado colacionando eficientemente a aquellos electores idóneos de participar de aquellos inhabilitados de hacerlo.

II.- Respecto de la facultad del Tribunal Calificador de Elecciones de calificar los comicios de Presidente de la República, Senadores y Diputados.

El Tribunal Calificador de Elecciones, desde 1925, se encarga constitucionalmente de practicar la calificación de las elecciones, además de conocer y fallar las reclamaciones electorales, privando a las Cámaras de su antigua facultad de calificar la elección de sus respectivos miembros, pues el procedimiento anterior a la década de los años veinte contenía un riesgo de hacer primar el aspecto político por sobre el pronunciamiento ciudadano.

Los Tribunales que componen la Justicia Electoral actúan sobre la base de competencias que los habilitan para cautelar los derechos de quienes desean optar a ser electos, desde la formulación de candidaturas hasta las impugnaciones de las mismas, que permitan determinar las nóminas de candidatos.

El procedimiento por el cual el electorado emite su pronunciamiento o votación, se controla a posteriori, por medio de las actuaciones como la recolección directa de los resultados que le son enviados por el órgano primario que recibe la expresión ciudadana -las Mesas Receptoras de Sufragios- además de quien las agrupa, los Colegios Escrutadores, información original de la fuente primaria con la que se califica el proceso eleccionario.

La calificación es el acto jurídico complejo por el que los órganos de la Justicia Electoral ponderan, conforme a los principios obligatorios de orden público como los de legalidad, trascendencia, oportunidad y certeza, apreciando los hechos como jurado, la validez o invalidez de una elección, teniendo todos los antecedentes a la vista, única forma de responder al principio de motivación de sus decisiones.

El Tribunal Constitucional ha definido el proceso de calificación en el considerando 12° de su sentencia de 24 de Septiembre de 1985 (Rol 33), expedida en relación al proyecto de Ley Orgánica Constitucional relativo al Tribunal Calificador de Elecciones, citando para estos efectos -precisamente-jurisprudencia de este último Tribunal, en los siguientes términos: “Calificar una elección es, por lo tanto, apreciar o determinar las calidades de ella y las circunstancias en que se ha realizado, a fin de establecer si se han seguido fielmente, los trámites ordenados por la ley y si el resultado corresponde a la voluntad realmente manifestada por los electores, en una decisión libre y sin coacciones”.

Asimismo la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, de mayo de 1949, sobre nulidad de candidatura de Juan Lamatta González, en su considerando 2°, ha dicho que la calificación es “establecer si la elección se ha verificado en conformidad a las disposiciones que la rigen y así poder declarar, no sólo quienes han resultado elegidos, sino también sí lo han sido legítimamente (Silvia Bascuñan Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, tomo II, página 184). Estos razonamientos expresados a propósito de las funciones del Tribunal Calificador, respecto de las elecciones son, en su esencia, igualmente válidos para los actos plebiscitarios”.

El Tribunal Calificador de Elecciones es el único Órgano del Estado que -por antonomasia- es el encargado de calificar las elecciones de carácter nacional (y comunales en el caso de los plebiscitos); su quid está en desarrollar esta actividad jurisdiccional con efecto de cosa juzgada y no se justifica, sino en perjuicio de la unificación de criterio por una autoridad independiente y especializada, restringir su competencia a las reclamaciones de lo obrado por los Colegios Escrutadores. Está dentro de la esencia del ejercicio su competencia de ponderar la prueba como jurado pero sentenciar conforme a derecho, esto es, fundadamente -como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en los autos Rol 1.373-2009-. Para que este Tribunal cumpla con el mandato constitucional, es decir, calificar fundadamente, debe contar con todos los elementos de juicio y entregar al país el resultado de su trabajo que no es otro que el reflejo fidedigno de la voluntad popular.

Para que el Tribunal pueda proceder acertadamente a la calificación de un acto electoral, debe contar con la totalidad de la información de la votación y debe tener los resultados paralelos para practicar el cotejo o conciliación de la información electoral. La conciliación de la información electoral, contenida en las Actas de Mesas Receptoras de Sufragios y en las Actas de los Colegios Escrutadores, es la única forma cierta de recoger la verdadera manifestación de la voluntad popular.

Para llevar adelante este procedimiento jurisdiccional el legislador ha entregado facultades privativas a la Justicia Electoral para recoger de las distintas fuentes primarias los resultados electorales: Actas de los Colegios Escrutadores, Actas de Mesas que obran en poder del Servicio Electoral, Actas adosadas en los Registros que estén en poder de los Secretarios de las Juntas Electorales y, además, y en defecto de las anteriores, practicar públicamente el escrutinio de las cédulas electorales que se guardan en las cajas de material electoral.

Recibida la información, el Tribunal realiza de manera pública las diligencias que preceden a su decisión, como el escrutinio de alguna Mesa Receptora de Sufragios. El conteo se realiza en presencia de los interesados, calificando, en su caso, cada voto, fundando su parecer, de lo cual queda constancia en el acta respectiva.

Una vez practicada la calificación del respectivo proceso y resueltas las reclamaciones de nulidad y/o rectificaciones de escrutinios, el Tribunal confecciona el escrutinio general, operación que culmina, por aplicación de las normas de sucesión legal de las autoridades, con la proclamación de los candidatos electos.

Con la convicción de que la aplicación del principio de transparencia sólo reporta garantías a la ciudadanía y prestigio al sistema, el Tribunal Calificador de Elecciones, en forma inédita a nivel nacional e internacional, desarrolló un conjunto de acciones destinadas a que la ciudadanía tuviera acceso directo, vía página electrónica del Tribunal, a las Actas de las Mesas Receptoras de Sufragios y a las Actas de los Colegios Escrutadores.

De la experiencia recogida y de la historia democrática del país que se funda en la existencia de órganos garantistas, autónomos, independientes y supervigilantes de los procesos electorales, como de los desafíos actuales que nos propone la tecnología, es que resulta de suma importancia manifestar el propósito de seguir fortaleciendo la certeza y publicidad de los actos eleccionarios, implementando los mecanismos de captura de datos in situ y publicidad de la información de las Actas de Mesas Receptoras de Sufragios y de Colegios Escrutadores de manera instantánea, a través de la página electrónica del Tribunal Calificador de Elecciones. En consecuencia, se debe privilegiar que sea un órgano autónomo e independiente, en concordancia con el artículo 95 del Código Político, el que practique la calificación del proceso electoral, conozca y resuelva las reclamaciones de nulidad y de rectificaciones de escrutinios, forme el escrutinio general oficial y proclame a las autoridades electas.

Sin embargo, llama la atención que la proposición del proyecto de ley (Boletín 7.338-07) se aparte de la doctrina internacionalmente aceptada, en cuanto debe ser un tercero imparcial del Gobierno, del Parlamento, de los partidos políticos, y de los candidatos, el que reúna los resultados.

No parece acertado que el proyecto entregue la recopilación y procesamiento de los datos de las Mesas Receptoras de Sufragios y su posterior publicación parcial, al nuevo Servicio Electoral, reduciendo la labor de la Justicia Electoral al conocimiento de las reclamaciones de nulidad y solicitudes de rectificación de escrutinio.

Se hace un deber llamar a la reflexión sobre la necesidad de mantener en la Justicia Electoral la formación consolidada del escrutinio general, incorporando las tecnologías actuales y futuras, en aras de sistemas democráticos confiables, prestigiados, sólidos y autónomos en la solución pacífica de los conflictos electorales,

Desviar las atribuciones y prescindir del Tribunal Calificador de Elecciones, puede tener visos de inconstitucionalidad, en atención a que la formación del escrutinio general por ser parte de la calificación de las elecciones, es una atribución exclusiva del Tribunal Calificador de Elecciones, según lo establecido en el artículo 95 y siguientes de la Constitución Política de la República. Tanto es así que la norma en actual vigencia, que radica en el Gobierno la función de informar, no priva al Tribunal Calificador de Elecciones de poder implementar su propio procedimiento. Con la reforma propuesta esta función se tornaría incompatible, dado que se atribuye un carácter definitivo a los resultados que se incorporen por el Servicio, los que el Tribunal estará obligado a utilizar,

Este razonamiento permite plantear una posible cuestión de constitucionalidad respecto de toda iniciativa que pretenda relativizar, mediatizar o tornar indirecta la confección del escrutinio general o la calificación de las elecciones de Presidente de la República, Diputados y Senadores, en tanto se mantenga la actual normativa constitucional.

En efecto, no se observan en el proyecto argumentaciones que permitan inferir, desde el punto de vista de la justicia electoral, las razones por las cuales se insiste en imponer a la máxima autoridad electoral del país lo obrado por la autoridad administrativa dependiente de la autoridad política.

III.- Respecto del Consejo Directivo del Servicio Electoral.

El proyecto de ley (Boletín Nº 7.338-07) crea una nueva estructura orgánica para implementar la función administrativa de los actos electorales. Se trata de un Consejo Directivo del Servicio Electoral.

El proyecto de ley propone este cuerpo colegiado -Consejo Directivo del Servicio Electoral- compuesto por cinco miembros que serán designados por la máxima autoridad ejecutiva -el Presidente de la República-, cuatro de ellos con acuerdo del Senado; y un Director del Servicio Electoral de designación directa del Consejo,

El consejero de designación exclusiva y excluyente del Presidente de la República, cuya duración es de cuatro años, coincide con el periodo presidencial. Esta propuesta resulta ajena a la independencia y autonomía anheladas; sin perjuicio que igual reparo, aunque menos patente, se debe hacer a la designación de los otros consejeros y del propio Director.

El proyecto pretende entregar el control y manejo de la base documental (actas de escrutinio) al Servicio Electoral a través de la incorporación de los datos obtenidos de las actas de las mesas receptoras de sufragios a las bases computacionales de dicho Servicio. Esta privación de competencia al Tribunal Calificador de Elecciones y desvío de atribuciones hacia el Servicio Electoral, con serios visos de inconstitucionalidad, tiene el riesgo de crear situaciones difíciles con gran impacto en el orden social especialmente en los casos de resultados estrechos.

La actual integración del Tribunal Calificador de Elecciones, que finaliza el desempeño de sus funciones constitucionales el 30 de enero de 2012, es de opinión de que el legislador debe propender a otorgar una justa forma de retribución para los miembros de este máximo órgano electoral del país.

No se advierte la lógica de disparidad, desigualdad y desproporcionalidad que existe entre las rentas que establece el proyecto de ley -para los Consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, de 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento, por mes calendario, percibiendo el Presidente del Consejo (o quien lo subrogue) igual renta, aumentada en un 50%- y, las de un ministro del Tribunal Calificador de Elecciones que percibe una remuneración equivalente a 4 unidades tributarias mensuales por cada audiencia a que concurran, con un máximo por cada mes calendario de veinte unidades tributarias mensuales.

IV.- Facultades conservadoras, disciplinarias y económicas del Tribunal Calificador de Elecciones respecto de los Tribunales Electorales Regionales.

El presente proyecto de ley (Boletín Nº 7.338-07) en su artículo 7° modifica el artículo 9 de la Ley Nº 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, otorgando competencia al Tribunal Calificador de Elecciones para reglamentar procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, con el objeto de propender al mejor ejercicio de la función jurisdiccional electoral.

Esta nueva competencia nace de la necesidad de otorgar coherencia y homogeneidad a los distintos procedimientos sustanciados por los Tribunales Electorales Regionales, debido a que el uso de sus facultades de dictar autos acordados ha originado, en la práctica, la pérdida de la unificación de los procesos jurisdiccionales, afectándose -horizontalmente a través del país- principios y garantías constitucionales.

La competencia propuesta, es decir, la de reglamentar por el Tribunal Calificador de Elecciones los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, se vislumbra como un acercamiento a un carácter más homogéneo y eficaz de la labor procesal electoral, pero no constituye una medida suficiente, la que se vería completada por la entrega de la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los Tribunales Electorales Regionales.

Tener la posibilidad de ejercer la función directiva, se condice con la superioridad jerárquica del Tribunal Calificador de Elecciones como máximo órgano electoral del país. Así también la función correccional, que permite aplicar determinadas sanciones o adoptar determinadas medidas, a fin de obtener el cumplimiento de las normas legales que rigen la conducta ministerial y funcionaría. Esta superintendencia permitiría además ejercer las facultades económicas, con el objeto de decretar medidas tendientes a obtener una más pronta y mejor administración de justicia, a través de la dictación de normas e instrucciones.

V.- Respecto a la suspensión del derecho a sufragio.

La Constitución Política de la República, en su artículo 16, numeral 2°, señala que el derecho a sufragio se suspende: 2° “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.

La disposición constitucional atribuye como efecto inmediato y objetivo de la acusación penal, la suspensión del derecho de sufragio, lo que entra en derecha contradicción con la presunción de inocencia de toda persona que sea sujeto de una investigación por hechos que revistieren los caracteres de delito.

La acusación, requisito de procedencia de la suspensión, es sostenida por un órgano administrativo o por un particular, y el juez de garantía sólo efectúa a su respecto, un análisis formal de la concurrencia de los requisitos previstos en los artículos 259 y siguientes del Código Procesal Penal, sin examinar la concurrencia de hechos y fundamentos de derecho que la hagan procedente, labor que corresponde al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

La suspensión del derecho a sufragio -derecho fundamental- se debe fundar en la existencia de una condena firme y ejecutoriada que conlleve la pérdida del derecho como sanción ante la culpabilidad del sujeto y no como consecuencia de un acto procesal.

Además y complementando lo anterior, el proyecto de ley (Boletín Nº 7.338-07) incorpora un nuevo artículo 17 a la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, estableciendo la obligación de los Juzgados de Garantía y de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, de informar mensualmente al Servicio Electoral sobre las personas respecto de las cuales se ha presentado acusación o han sido condenadas por determinado tipo de delitos (que merezcan pena aflictiva o que la ley califique como conducta terrorista), o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos, parece de importancia precisar que no basta la presentación de una acusación sino que es jurídicamente necesario que exista una resolución del Tribunal de Garantía que se refiera a su admisibilidad.

Los tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile, así lo confirman. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) señala en su artículo 21° que: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.”

El artículo 23 Nº 2 de “La Convención Americana sobre Derechos Humanos” (1969), por su parte, consagra “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

Por tanto, la suspensión del derecho a sufragio por hallarse la persona acusada por delito, vulnera el principio internacional de pacta sunt servanda de que todo tratado en vigor obliga a las partes.

Nuestro ordenamiento constitucional establece como límite a la soberanía los derechos esenciales reconocidos por la Carta Fundamental y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. VI.- Respecto del voto del chileno en el extranjero.

Aunque no es un punto contenido en este proyecto de ley en análisis, pues aquel se contiene en el Boletín Nº 7.358-07, parece importante señalar que el ejercicio del sufragio, se asocia con la calidad de ciudadano, la cual se encuentra regulada en el artículo 13 de la Constitución Política, que señala que: “son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva”, reconociendo, en su inciso 2°, a los ciudadanos el derecho de sufragio. En otras palabras, la Carta Fundamental reconoce el derecho de sufragio sin establecer exigencias -salvo- los requisitos genéricos relativos a la nacionalidad, edad y no haber sido condenado a pena aflictiva.

Resulta, en consecuencia, indispensable establecer mecanismos destinados a que los ciudadanos chilenos se encuentren, en todo momento, en posibilidad de ejercer su derecho de sufragio, lo cual abarca tanto a los nacionales que se encuentren en el país, como a los que residen en el extranjero, siempre que cumplan los requisitos constitucionales.

La residencia de un chileno en el extranjero no puede ser factor de discriminación en el ejercicio de los derechos consagrados por el legislador respecto de un chileno que habita en Chile, como tampoco podrá serlo la exigencia de un vínculo con el país o la condición de permanencia, durante un determinado tiempo anterior a los comicios.

Implica una contravención a artículo 5° de la Constitución Política de la República, el limitar el derecho a sufragio, estableciendo condiciones para su ejercicio que vulneran el principio de igualdad ante la ley.

La universalidad del derecho a sufragio ha dejado atrás los requisitos establecidos por el otrora “sufragio censuario”, al que se estaría retrocediendo de exigirse condiciones para que los chilenos ejerzan el derecho a sufragio en el extranjero.

De esta manera cabe concluir que el Tribunal Calificador de Elecciones es de opinión de consagrar el derecho del chileno a sufragar en el extranjero, sin más exigencias que las impuestas a los chilenos en Chile.

VII.- Respecto a la votación de personas privadas de libertad.

Del mismo modo no es capitulo tratado en este proyecto de ley. Sin embargo resulta de interés señalar que, conforme a lo dicho en el punto anterior y a la improcedencia de suspender el derecho a sufragio a quien haya sido acusado y no condenado por sentencia firme y ejecutoriada, es necesario plantear los mecanismos que hagan efectivo que las personas que se encuentren privadas de libertad y que no se encuentren condenadas, puedan ejercer su derecho a voto.

La Constitución Política de la República en su artículo 1°, asegura el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Para cumplir con este mandato constitucional será necesario implementar una política reglamentaria y estructural que permita el ejercicio igualitario del sufragio en los centros penitenciarios, predeterminando las condiciones bajo las cuales los privados de libertad puedan votar.

Será necesario la consideración de variables tales como: determinación de quiénes podrán acceder al voto en los centros penitenciarios, acceso de los electores a la documentación electoral necesaria (cédula de nacional de identidad vigente), inscripción en la respectiva mesa receptora de sufragios (solicitando previa y oportunamente el traslado correspondiente), evaluación de los distritos electorales necesarios que contemplen a los centros penitenciarios como locales de votación, instalación de mesas receptoras de sufragios en los centros penales que tengan las mismas características y reglas de funcionamiento que rigen a las demás del país, medidas de seguridad apropiadas para el adecuado funcionamiento del local de votación, acceso a la información electoral y propaganda político-partidista en los centros penitenciarios, designación de funcionarios electorales ad-hoc para recepción y escrutinio de las respectivas mesas; entre otras variables.

Permitir el sufragio de las personas privadas de libertad es una medida de inclusión y profundización democrática, que aspira a una mayor equidad en la participación política de todos los ciudadanos y a una más intensa promoción de sus derechos humanos,

Conviene mencionar que, con el objetivo de potenciar la participación electoral -en condiciones de igualdad- de toda la población, es necesario siempre atender a las características de sectores sociales que tienen dificultades en el ejercicio del sufragio tales como; las personas con discapacidad, hospitalizados, adultos mayores, poblaciones indígenas y los ya tratados privados de libertad.

Se deja constancia, asimismo, que el Presidente señor Juica comparte lo expresado en los dos primeros párrafos del punto III.- de la prevención precedente.

Ofíciese.

PL-54-2010.”

Saluda Atentamente a V.E.

MILTON JUICA ARANCIBIA

PRESIDENTE

ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA

SECRETARIA

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones

BOLETÍN Nº 7.338-07

_____________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar en general el proyecto de ley señalado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República y con urgencia calificada de “Suma”.

A algunas de las sesiones que vuestra Comisión dedicó al estudio de esta iniciativa concurrieron, además de sus integrantes, los Honorables Senadores señores Gómez y Letelier, y el ex Senador señor Andrés Allamand.

En una de las referidas sesiones, la Honorable Senadora señora Alvear fue reemplazada por el Honorable Senador señor Quintana.

Asistieron, especialmente invitados, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, y los asesores de esa Secretaría de Estado, señores Andrés Tagle, Sebastián Soto y Andrés Sotomayor.

Asimismo, a algunas de sus sesiones concurrieron los asesores de la Honorable Senadora señora Alvear, señores Jorge Claissac y Marcelo Drago; el asesor del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, señor Fernando Dazarola; los asesores del Honorable Senador señor Quintana, señores Alvaro Pavéz y Marco Opazo, y el asesor del Honorable Senador señor Espina, señor Daniel Siebert.

Finalmente, es procedente indicar que este proyecto fue conocido por la Comisión junto a otros que versan, igualmente, sobre el sistema electoral público. Se trata del Mensaje sobre reforma constitucional relativa al voto de chilenos en el extranjero, contenido en el Boletín N° 7.335-07 y el proyecto de ley, iniciado, también en Mensaje del Primer Mandatario, que regula los actos electorales de chilenos en el extranjero, contenido en el Boletín Nº 7.358-07. Cabe destacar que este último fue retirado del trámite legislativo con fecha 15 de marzo de 2011.

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OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo fundamental de esta iniciativa es regular un sistema automático de inscripciones electorales de manera de incorporar al padrón electoral a todas las personas que cumplan los requisitos para ejercer el derecho de sufragio. Asimismo, modificar el Servicio Electoral y modernizar el sistema de votaciones.

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Cabe dejar constancia que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, las disposiciones de esta de esta iniciativa deben aprobarse con el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, por incidir en normas de carácter orgánico constitucional, salvo sus artículos 6°, 8° y 9°, que son normas de ley común.

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ANTECEDENTES

Para una adecuada comprensión de la iniciativa, deben tenerse presente los siguientes antecedentes:

A.- JURÍDICOS

a) La Constitución Política de la República consagra, en su Capítulo II, las normas básicas sobre nacionalidad y ciudadanía. En especial, el artículo 13 indica quiénes son ciudadanos y el artículo 18 dispone que habrá un Sistema Electoral Público. Agrega este último precepto, que corresponderá a una ley orgánica constitucional determinar la organización y funcionamiento del referido Sistema y un procedimiento de Registro Electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporan, por el solo Ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos en la Ley Fundamental.

b) La ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

c) La ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

d) La ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

e) La ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

f) La ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.

g) La ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

h) El Código Orgánico de Tribunales.

i) La ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

B.- DE HECHO

El Mensaje

El día 1 de diciembre de 2010, el Gobierno ingresó a trámite legislativo esta iniciativa. En su exposición de motivos, el Presidente de la República expresa que si bien nuestro país cuenta con una democracia estable y madura, ella está perdiendo fuerza y los ciudadanos, especialmente los jóvenes, están cada vez más distantes de la política.

Seguidamente, afirma que es un objetivo de su Gobierno es contribuir a remediar este problema, haciendo que la participación de los chilenos en las decisiones públicas sea cada día más activa.

Informa que, con este fin, está promoviendo un conjunto de iniciativas que apuntan a facilitar el ejercicio de los derechos políticos con los que cuentan los ciudadanos y abrir nuevos canales de participación, mencionando, al efecto, este proyecto, así como otros que promoverá este Gobierno y que están referidos, por ejemplo, a la iniciativa ciudadana de ley; a las elecciones primarias voluntarios y vinculantes para la selección de candidatos a cargos de elección popular; al cambio de las fechas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, y a la simplificación de los plebiscitos comunales para facilitar la participación directa de la ciudadanía en las decisiones de los gobiernos locales.

Hace notar que otro grupo de iniciativas vinculadas, son aquellas que persiguen incrementar la transparencia de los procesos políticos y del funcionamiento del Estado, tales como el proyecto de ley que perfecciona el deber de ciertas autoridades y funcionario de declarar sus bienes e intereses y la ley sobre fideicomiso ciego; el que perfecciona el funcionamiento del Consejo para la Transparencia, y el que implementa una Unidad de Cumplimiento de los Compromisos Presidenciales.

Anuncia que, además, en los próximos meses, el Gobierno enviará al Congreso Nacional otros proyectos de ley que contribuirán el fortalecimiento de nuestra democracia, como la iniciativa que modifica la Ley de Partidos Políticos para aumentar la transparencia de su funcionamiento y mejorar la participación de la ciudadanía en ellos.

Seguidamente, aborda los objetivos concretos del proyecto de ley que ahora se discute, es decir, la inscripción electoral automática, y la modificación del Servicio Electoral y del sistema de votaciones.

Explica que estas medidas surgen del hecho de que hay tres y medio millones de ciudadanos chilenos que no participan, que no se interesan ni siquiera por inscribirse en los registros electorales; que se observan cifras históricas de abstención histórica y de personas que votan nulo o blanco en las elecciones. En síntesis, anota que casi la mitad de las chilenas y chilenos, más de 5 millones de personas, no participan de nuestra democracia.

Agrega, además, que nuestra democracia está envejeciendo ya que cada vez menos jóvenes participan en los actos electorales, lo que se demuestra con los siguientes datos: en el plebiscito del año 88, el treinta y seis por ciento de los votantes eran menores de 29 años, proporción que, en la última elección, se redujo a menos del nueve por ciento. Es decir, acota, de los tres millones de jóvenes chilenos, sólo setecientos mil están inscritos.

En la misma línea de argumentación, pone de relieve que a partir del año 1995 nuestro padrón electoral se congeló, esto es, no crece puesto que las pocas personas que se incorporan a él, son compensadas por los que lo dejan, sea por fallecimiento o por otras razones de carácter legal.

Afirma que, en este contexto, se hace imperioso perfeccionar el sistema de inscripción y la institucionalidad electoral, lo cual se materializa estableciendo un sistema de inscripción automática.

Recuerda que este mecanismo ya se consagró en nuestra Carta Fundamental, por medio de la ley N° 20.337, que estableció el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los registros electorales.

Destaca que, a su vez, esa reforma zanjó la discusión en torno al voto voluntario. Si bien formula algunas reflexiones acerca de la importancia de la voluntariedad del sufragio, aclara que, con todo, este proyecto de ley no trata el voto voluntario sino que viene a complementar la mencionada reforma constitucional haciendo realidad la inscripción automática. Asegura que, de esta forma, se generarán las condiciones para que la mayor cantidad de personas participen de las decisiones públicas, dando una nueva vitalidad a nuestra democracia.

A continuación, resalta que los objetivos de este proyecto también se orientan a modernizar el sistema de votaciones y fortalecer el Servicio Electoral de modo que la interacción entre el sistema político y el electorado, que promueve el voto voluntario y la inscripción automática, vayan de la mano de un sistema de votación amigable y una institucionalidad moderna.

En este sentido, informa que el proyecto, en efecto, además de incorporar un sistema de Registro Electoral con real inscripción automática y cambio de domicilio electoral, avanza en la creación de mesas receptoras de sufragio mixtas que den prueba de la igualdad existente en nuestro país entre hombres y mujeres; en padrones electorales sujetos a auditoría y reclamación, a fin de dar todas las garantías respecto de su confección; la mayor normalidad en el día de la elección; el funcionamiento de procedimientos más transparentes para los escrutinios; donde el Servicio Electoral sea quien lleve a cabo no sólo el proceso de inscripción automática sino que también de elección, teniendo la función de entregar a la ciudadanía los resultados de los comicios. En definitiva, una institucionalidad más moderna y acorde con nuestros tiempos.

Luego, el Jefe de Estado describe el nuevo sistema de inscripción automática que propone este proyecto de ley.

Al respecto, destaca que entre sus elementos principales está la existencia de un Registro Electoral de potenciales votantes, que será llevado por el Servicio Electoral. En él se inscribirán automáticamente los chilenos nacidos en Chile al cumplir 17 años de edad y los extranjeros y chilenos no nacidos en Chile si se cuenta con antecedentes que acrediten su avecindamiento, otorgando también la posibilidad de inscribirlos a solicitud cuando aporten dichos antecedentes. Indica que para la formación de este Registro, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a todos los datos electorales del Registro Civil y Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.

Manifiesta que el Registro Electoral se actualizará por el Servicio Electoral mediante datos proporcionados por diferentes organismos públicos y que dicen relación con fallecimientos, revocación de permisos de residencia, pérdida de ciudadanía y su recuperación, suspensión del derecho a sufragio y su recuperación y modificaciones de datos y domicilio electoral, por cuanto el objeto de este Registro es generar padrones con electores habilitados para votar en cada elección.

Pone de relieve que el domicilio electoral será aquel situado en Chile con el cual el elector tiene vínculo objetivo por residir temporal o permanentemente, ejercer profesión u oficio o desarrollar sus estudios. Éste será consultado pro activamente por el Servicio de Registro Civil al efectuar el trámite de renovación de cédula de identidad o pasaporte, actualizándolo. También se podrá modificar en las oficinas del Servicio Electoral presentando una solicitud.

También resalta que las mesas de votación serán mixtas, para lo cual los electores ya inscritos mantendrán su mesa de votación y los nuevos electores hombres se asignarán primero a las mesas ya existentes de mujeres, y las nuevas electores mujeres se asignarán a las mesas ya existentes de hombres.

En cuanto a los Padrones Electorales, manifiesta que el Servicio Electoral los preparará para cada elección incluyendo una nómina de electores inscritos inhabilitados para votar. En el proceso de formación del Padrón Electoral se elaborará primero un padrón provisorio que será objeto de auditorías efectuadas por dos empresas inscritas en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros, seleccionadas mediante un proceso de licitación pública. Con ello se elabora el padrón auditado, que podrá ser objeto de reclamaciones ante los Tribunales Electorales Regionales y ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Finalmente, está el padrón definitivo, que se usará para los padrones de las mesas de votación, al cual los partidos políticos tendrán acceso mediante copia impresa simple. La preparación, auditoría y reclamaciones del Padrón Electoral requiere de un cierre de actualizaciones y modificaciones al Registro Electoral de ciento veinte días antes de cada elección o plebiscito.

Precisa que el Registro Electoral no será público y el elector será notificado por carta certificada de su inscripción, suspensión de derecho a sufragio, inhabilidad para votar o cambio de domicilio electoral. Además, el elector podrá acceder a la página web del Servicio Electoral en forma permanente para revisar su inscripción, circunscripción electoral, comuna, mesa, local de votación y si está o no habilitado para votar.

Hace notar que, en cambio, el Padrón Electoral será público en la página web del Servicio Electoral después de auditado, pero contendrá solamente el rol único nacional, sexo, domicilio electoral, circunscripción comuna y mesa. A él tendrán acceso en forma digital los partidos políticos y centros de estudio autorizados por el Consejo del Servicio Electoral, pero se prohíbe y sanciona su uso para fines comerciales.

En relación con las modificaciones que se propone introducir al Servicio Electoral, el Jefe de Estado explica que éste será un organismo con mayor independencia, dirigido por un Consejo, integrado por cinco miembros, de los cuales cuatro serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de las tres quintas partes del Senado, durarán ocho años en sus cargos y podrán reelegirse por dos períodos. Se renovarán por parcialidades. El quinto miembro será designado por el Presidente de la República, durará cuatro años en el cargo y presidirá el Consejo.

Anuncia que los miembros del Consejo tendrán una remuneración máxima de ciento veinte Unidades de Fomento. Sus acuerdos serán por mayoría de cuatro miembros en primera instancia y de tres si no hay acuerdo, previa publicación del desacuerdo. Para designar al Director y Subdirector del Servicio Electoral, deberá haber mayoría de cuatro miembros.

Además, enumera algunas de las funciones del Consejo, como la de designar y supervisar al Director y Subdirector de la institución, aprobar los Padrones Electorales, aprobar las bases para la licitación de las empresas de auditoría y determinarlas, y designar a los miembros de las Juntas Electorales.

Luego, el Primer Mandatario describe las modificaciones que esta iniciativa introduce a la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios con el objetivo de modernizar el sistema de votaciones.

Al respecto, señala, en primer término, que se simplifica la inscripción de candidaturas, pues ahora será por candidato y separadas del pacto electoral. Además, se requerirá una sola declaración jurada del candidato que puede incluir al Administrador Electoral y como documento de respaldo, solo el de estudios. Por último, los errores en los patrocinios de independientes no inhabilitan la inscripción si se cumple con los requisitos.

En segundo lugar, advierte que se elimina la obligación a los municipios de colocar murales con nombres de los candidatos. Destaca, también, que en cuanto a los Vocales de Mesa, esta función pasa a ser obligatoria, pero con una mejor remuneración. Serán designados por sorteo entre los treinta electores más capacitados, elegidos por la Junta Electoral, durarán cuatro años y se renovarán por parcialidades: tres se designan para la elección presidencial y dos para las municipales.

Destaca, además, que las Mesas se constituirán el sábado anterior a la elección y habrá una capacitación disponible para los Vocales con asistencia voluntaria y que los Delegados de la Junta Electoral en los locales de votación serán auxiliares de la Administración de Justicia; no podrán ser funcionarios municipales o dependientes de éstas, y tendrán una remuneración de cinco unidades de fomento por acto electoral.

En lo que dice relación con los útiles electorales, informa que el Padrón Electoral tendrá espacio para la firma, eliminándose por ende el cuaderno adicional de firmas y la tinta indeleble.

Respecto del horario de funcionamiento de las Mesas, explica que él será fijo, de 08:00 a 18:00 horas, salvo que queden electores por votar en la Mesa, por lo cual los vocales deben llegar a las 8 de la mañana y en caso de constitución forzada de mesas, el Delegado deberá hacerlo entre las 9:00 y las 10:00 hrs., prefiriendo a los voluntarios en orden de presentación, o bien, designarlos de entre los electores que voten en el mismo local de votación.

En cuanto al sufragio, señala que se podrá votar con cédula de identidad o bien con pasaporte. Asimismo, que el elector deberá sufragar en todas las elecciones que se realizan en un mismo acto electoral y, además, que una misma persona no podrá asistir a más de un votante por Mesa, salvo a parientes.

En lo que dice relación con los escrutinios, el Mensaje define lo que se debe entender por voto nulo, blanco, marcado u objetado; elimina cualquier suma de votos por lista; dispone que se llenará una sola minuta que se publicará en un lugar visible; que las actas se podrán fotocopiar luego de llenada la primera y antes de las firmas, siendo el original para el Tribunal Calificador de Elecciones, una copia para el Servicio Electoral que se digitará en la oficina electoral del local y una segunda copia para el Colegio Escrutador que se entregará en sobre cerrado por el Delegado del local. Con ello, concluye, se evita que los Presidentes de Mesa deban concurrir al Colegio Escrutador al día siguiente.

Respecto de los Apoderados de Mesa, informa que el poder ante Notario será sólo para los Apoderados Generales, los demás se constituirán con poder simple otorgado por el Apoderado General presente en el local de votación; que se identificarán con una credencial colgada al pecho que identifique el candidato o partido que representan y que tanto la credencial como las carpetas que los apoderados utilicen serán reguladas por el Servicio Electoral.

Asegura que con estas modificaciones también se pretende lograr una mayor normalidad el día de las elecciones o plebiscito, permitiendo reuniones que no tengan carácter político. Las que tengan este último carácter sólo se podrán celebrar dos horas después del cierre de la votación. En la misma condición quedan los eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo. También se prohibirá el comercio del alcohol entre las cinco horas que anteceden a una votación y las dos horas que siguen al término de la misma.

En cuanto a los cómputos el día de la elección, señala que ello pasa a ser función del Servicio Electoral y se hará a través de la digitalización de los datos en cada local con presencia de los apoderados, a través del uso de sistemas OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres). Esta digitalización podrá ser usada como base a revisar en los Colegios Escrutadores, además, permitirá el acceso inmediato a los resultados en la página electrónica del Servicio Electoral, tanto por Mesa como por comunas, distrito, provincia, circunscripción senatorial o región. También los partidos políticos podrán disponer de resultados en medios digitales para su procesamiento.

Resalta que los miembros de los Colegios Escrutadores serán seleccionados por las Juntas Electorales, contarán con sistemas computacionales cargados con la digitación efectuada en los locales el día anterior y revisarán los resultados por Mesa, corrigiendo y completando. Los Delegados del local serán los encargados de llevar las actas en sobres cerrados. Los partidos políticos podrán disponer de resultados en medios digitales para su procesamiento.

Agrega que el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá sesiones públicas, con un procedimiento más transparente para los escrutinios y resolución de solicitudes de rectificación, especialmente sobre actas faltantes, contradictorias o descuadradas. El Padrón Electoral incorrecto puede ser causa de nulidad.

Finalmente, indica que el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá la facultad de reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar Tribunales Electorales Regionales.

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Hacemos presente que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes de la Carta Fundamental y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se consultó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema sobre esta iniciativa, toda vez que algunas de sus disposiciones dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

Opinión de la Excma. Corte Suprema

La Corte comunicó su parecer sobre esta iniciativa mediante el Oficio N° 21-2011, de 25 de enero recién pasado, cuyo texto es el siguiente:

“Por Oficio Nº 1.046, de 1 de diciembre último, el Presidente del H. Senado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Nº 18.918, ha requerido de esta Corte informe respecto del proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 10 de enero último, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, señora Sonia Araneda Briones, señores Carlos Künsemüller Lobenfelder, Haroldo Brito Cruz, Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun y Rosa Egnem Saldías, acordó informarlo favorablemente al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

“Santiago, veinticuatro de enero de dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio Nº 1.046/SEC/10 del señor Presidente del H. Senado, de 6 de diciembre último, se ha recabado informe de Corte Suprema sobre el proyecto de ley -iniciado en mensaje- sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas legales que tienen por objeto, según se señala en el mensaje, “facultar el ejercicio de los derechos de participación política con los que cuentan los ciudadanos y abrir nuevos canales de participación”. En particular, el presente proyecto pretende perfeccionar el sistema de inscripción y la institucionalidad electoral, lo cual se materializa estableciendo un sistema de inscripción automática”. Además, como se consigna también en el Mensaje, el proyecto “no trata el voto voluntario sino que viene a complementar la mencionada reforma constitucional (la introducida por la Ley Nº 20.337 publicada en el Diario Oficial el 4 de abril de 2009, que modificó los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental) haciendo realidad la inscripción automática”.

Segundo: Que el proyecto consta de nueve artículos permanentes y siete artículos transitorios:

a) el artículo 1° modifica la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

b) el artículo 2° introduce modificaciones a la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

c) el artículo 3° modifica la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior.

d) el artículo 4° modifica el inciso tercero del artículo 83 de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior.

e) el artículo 5° introduce modificaciones a la Ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.

f) el artículo 6° modifica la Ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral,

g) el artículo 7° modifica el artículo 9 de la Ley Nº 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

h) el artículo 8° establece que el mayor gasto que irrogue la aplicación de la ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral,

i) finalmente, el artículo 9° establece que la ley comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Diario Oficial, salvo en lo que se refiere al artículo 23 de la Ley Nº 18.556, que comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.

Es del caso señalar que en el acápite V (“Contenido Especifico del Proyecto”), ubicado en la página 6 del Mensaje, se señala que se modifica el Código Orgánico de Tribunales, sin embargo en ninguna parte de la iniciativa legal se encuentra alguna modificación a dicho cuerpo legal.

Tercero: Que respecto de las modificaciones que el proyecto propone introducir en la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales, esta Corte Suprema informa lo siguiente:

i) La obligación, establecida en el nuevo artículo 17, de los Juzgados de Garantía y de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, de informar mensualmente al Servicio Electoral sobre las personas respecto de las cuales se ha presentado acusación o han sido condenadas por determinado tipo de delitos (que merezcan pena aflictiva o que la ley califique como conducta terrorista), o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos, parece razonable y no merece objeciones, atendidos los efectos electorales que dichas situaciones producen. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 Nº 2 de la Constitución Política de la República, el derecho de sufragio se suspende por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Por su parte, los numerales 2 y 3 del artículo 17 de la Carta Fundamental establecen que la calidad de ciudadano se pierde por condena a pena aflictiva y por delitos que la ley califique como conducta terrorista.

Sin embargo, este Tribunal estima de importancia concordar la norma que se propone con el precepto constitucional antes citado, en el sentido que la persona debe “hallarse acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.

También, en otro orden de ideas, puede considerarse de interés precisar que la información que deben entregar los Jueces de Garantía al Servicio Electoral es la nómina de las personas cuyas inscripciones se deben cancelar.

ii) Respecto del nuevo artículo 18, relativo al deber de los jueces de letras de informar al Servicio Electoral los casos de interdicción por causa de demencia, cabe señalar que esta disposición es similar al actual artículo 56 de la ley, pero además incluye el deber de comunicar las revocaciones de las declaraciones de interdicción. Este Tribunal manifiesta un parecer favorable en relación a este precepto que se propone.

iii) El nuevo artículo 21, que establece el deber de los tribunales señalados en el Párrafo 4° del nuevo Título I, de proporcionar antecedentes requeridos por el Servicio Electoral, no merece objeciones.

iv) Parece justificada, en concepto de la Corte Suprema, la disposición establecida en el inciso final del nuevo artículo 65, y que establece que en las causas civiles que se intentaren en contra de un Consejero o del Director del Servicio Electoral, conocerá en primera instancia un Ministro de Corte de Apelaciones y en segunda instancia la misma Corte de que ese Ministro forma parte, pero se estima preferible que se incorpore a estas autoridades en la nómina a que se refiere el N" 2 del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como tribunal competente para conocer en primera instancia de las causas civiles en que sean parte o tengan interés las personas que allí se señalan, a un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, excluyéndose, de esta forma, como se propone en el proyecto, la competencia exclusiva de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Cuarto: Que en relación a las modificaciones introducidas por el proyecto en la Ley Nº 18.700, de Votaciones Populares y Escrutinios, y que deben ser informadas por la Corte, cabe concluir lo siguiente:

i) La modificación del articulo 40, consistente en establecer que no podrán ser electos vocales de mesa “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local”, es más amplia y clara que la actual, que dispone que no podrán ser vocales “los jueces letrados y los de Policía Local”. No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno considera aconsejable precisar el precepto en el sentido de indicar que no podrán ser vocales de mesa “los jueces de los tribunales a que se refiere el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de los jueces árbitros”.

ii) La modificación del artículo 54, en la práctica, amplía a todo auxiliar de la administración de justicia las personas que pueden ser nombradas como Delegado de la Junta Electoral. La Corte Suprema estima aconsejable mantener la norma actualmente en vigor -Notarios Públicos, Receptores Judiciales y Secretarios de Juzgados de Letras o de Policía Local-, agregando únicamente a los Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, de manera tal de no entender incorporados como eventuales Delegados de la Junta Electoral a auxiliares de la administración de justicia que forman parte del Escalafón Primario del Poder Judicial o entre otros funcionarios judiciales que de acuerdo a la ley tienen el carácter de ministros de fe.

iii) La modificación del artículo 86 se la informa favorablemente, ya que constituye una adecuación de la disposición actual a la Reforma Procesal Penal, al establecer la remisión de actas del Colegio Escrutador al “Juzgado de Policía local correspondiente” y no al “juez del crimen respectivo”, como reza la actual disposición.

iv) La modificación del artículo 153, relativa a la obligación de denunciar ante los “jueces de policía local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral”, a los miembros de las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras, que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece la ley, no merece reparos, en el entendido que se excluye de la posibilidad de ser Delegados de las Juntas Electorales a las personas indicadas en el punto que antecede.

v) En cuanto al nuevo texto del artículo 160, esta Corte lo informa favorablemente, reiterando en todo caso lo expresado en el punto i), en orden a precisar que no pueden ser designados apoderados “los jueces de los tribunales a que se refiere el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de los jueces árbitros”.

vi) Los nuevos artículos 184 y 185, que establecen que las Juntas Electorales se integrarán con los auxiliares de la administración de justicia que se mencionan, corresponde informarla favorablemente.

vii) Respecto del artículo 186 del proyecto, se lo informa desfavorablemente en cuanto se refiere en forma genérica a los ministros de fe auxiliares de la administración de justicia, por las mismas razones expuestas en el punto signado ii).

Quinto: Que la modificación del artículo 119 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece la obligación de las instancias jurisdiccionales electorales de poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación, que a su juicio revistieren las características de delito, se la informa favorablemente, ya que constituye una adecuación de la disposición legal a la Reforma Procesal Penal, En efecto, actualmente dicho artículo establece que esos hechos deben ponerse en conocimiento del “tribunal del crimen competente”.

Por estas consideraciones y en conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar favorablemente el referido proyecto de ley, con las observaciones antes indicadas.

Se previene que los señores Ministros de esta Corte, don Sergio Muñoz Gajardo, doña Margarita Herreros Martínez, don Pedro Pierry Arrau y don Haroldo Brito Cruz, que a su vez integran el Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, fueron de la opinión de manifestar respecto del Boletín Legislativo Nº 7.333-07, además, lo siguiente:

I.- Respecto de la Inscripción Automática.

La inscripción automática se consagró con la reforma constitucional aprobada en Abril de 2009, con el objeto de lograr mayor participación ciudadana y facilitar el ejercicio del sufragio. Para ello el constituyente consideró que el hecho de recaer sobre los ciudadanos la obligación de inscribirse en los Registros Electorales, afectaba el ejercicio del derecho de sufragio, elevando los costos del acto electoral y desmotivando la participación.

En consecuencia, cada individuo que cumpla los requisitos para ejercer derechos electorales deberá formar automáticamente parte del Registro.

El proyecto de ley (Boletín Nº 7.338-07) que implementará esta reforma constitucional, ha encomendado al Servicio Electoral la obligación de llevar el Registro Electoral, el que deberá inscribir a los potenciales votantes conforme a la información proporcionada por distintos organismos, principalmente el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el objeto de generar padrones con electores aptos para votar en cada elección.

Un Registro Electoral oportuno, eficiente, transparente, será clave para el fortalecimiento y consolidación de la democracia.

Conforme a las reflexiones derivadas de las distintas misiones internacionales en que se ha participado como de las Conferencias y Seminarios a los que se ha asistido y patrocinado, permiten destacar la relevante función que le corresponde a las autoridades vinculadas, en regímenes de inscripción automática, que el Padrón Electoral que participe se encuentre actualmente depurado colacionando eficientemente a aquellos electores idóneos de participar de aquellos inhabilitados de hacerlo.

II.- Respecto de la facultad del Tribunal Calificador de Elecciones de calificar los comicios de Presidente de la República, Senadores y Diputados.

El Tribunal Calificador de Elecciones, desde 1925, se encarga constitucionalmente de practicar la calificación de las elecciones, además de conocer y fallar las reclamaciones electorales, privando a las Cámaras de su antigua facultad de calificar la elección de sus respectivos miembros, pues el procedimiento anterior a la década de los años veinte contenía un riesgo de hacer primar el aspecto político por sobre el pronunciamiento ciudadano.

Los Tribunales que componen la Justicia Electoral actúan sobre la base de competencias que los habilitan para cautelar los derechos de quienes desean optar a ser electos, desde la formulación de candidaturas hasta las impugnaciones de las mismas, que permitan determinar las nóminas de candidatos.

El procedimiento por el cual el electorado emite su pronunciamiento o votación, se controla a posteriori, por medio de las actuaciones como la recolección directa de los resultados que le son enviados por el órgano primario que recibe la expresión ciudadana -las Mesas Receptoras de Sufragios- además de quien las agrupa, los Colegios Escrutadores, información original de la fuente primaria con la que se califica el proceso eleccionario.

La calificación es el acto jurídico complejo por el que los órganos de la Justicia Electoral ponderan, conforme a los principios obligatorios de orden público como los de legalidad, trascendencia, oportunidad y certeza, apreciando los hechos como jurado, la validez o invalidez de una elección, teniendo todos los antecedentes a la vista, única forma de responder al principio de motivación de sus decisiones.

El Tribunal Constitucional ha definido el proceso de calificación en el considerando 12° de su sentencia de 24 de Septiembre de 1985 (Rol 33), expedida en relación al proyecto de Ley Orgánica Constitucional relativo al Tribunal Calificador de Elecciones, citando para estos efectos -precisamente-jurisprudencia de este último Tribunal, en los siguientes términos: “Calificar una elección es, por lo tanto, apreciar o determinar las calidades de ella y las circunstancias en que se ha realizado, a fin de establecer si se han seguido fielmente, los trámites ordenados por la ley y si el resultado corresponde a la voluntad realmente manifestada por los electores, en una decisión libre y sin coacciones”.

Asimismo la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, de mayo de 1949, sobre nulidad de candidatura de Juan Lamatta González, en su considerando 2°, ha dicho que la calificación es “establecer si la elección se ha verificado en conformidad a las disposiciones que la rigen y así poder declarar, no sólo quienes han resultado elegidos, sino también sí lo han sido legítimamente (Silvia Bascuñan Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, tomo II, página 184). Estos razonamientos expresados a propósito de las funciones del Tribunal Calificador, respecto de las elecciones son, en su esencia, igualmente válidos para los actos plebiscitarios”.

El Tribunal Calificador de Elecciones es el único Órgano del Estado que -por antonomasia- es el encargado de calificar las elecciones de carácter nacional (y comunales en el caso de los plebiscitos); su quid está en desarrollar esta actividad jurisdiccional con efecto de cosa juzgada y no se justifica, sino en perjuicio de la unificación de criterio por una autoridad independiente y especializada, restringir su competencia a las reclamaciones de lo obrado por los Colegios Escrutadores. Está dentro de la esencia del ejercicio su competencia de ponderar la prueba como jurado pero sentenciar conforme a derecho, esto es, fundadamente -como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en los autos Rol 1.373-2009-. Para que este Tribunal cumpla con el mandato constitucional, es decir, calificar fundadamente, debe contar con todos los elementos de juicio y entregar al país el resultado de su trabajo que no es otro que el reflejo fidedigno de la voluntad popular.

Para que el Tribunal pueda proceder acertadamente a la calificación de un acto electoral, debe contar con la totalidad de la información de la votación y debe tener los resultados paralelos para practicar el cotejo o conciliación de la información electoral. La conciliación de la información electoral, contenida en las Actas de Mesas Receptoras de Sufragios y en las Actas de los Colegios Escrutadores, es la única forma cierta de recoger la verdadera manifestación de la voluntad popular.

Para llevar adelante este procedimiento jurisdiccional el legislador ha entregado facultades privativas a la Justicia Electoral para recoger de las distintas fuentes primarias los resultados electorales: Actas de los Colegios Escrutadores, Actas de Mesas que obran en poder del Servicio Electoral, Actas adosadas en los Registros que estén en poder de los Secretarios de las Juntas Electorales y, además, y en defecto de las anteriores, practicar públicamente el escrutinio de las cédulas electorales que se guardan en las cajas de material electoral.

Recibida la información, el Tribunal realiza de manera pública las diligencias que preceden a su decisión, como el escrutinio de alguna Mesa Receptora de Sufragios. El conteo se realiza en presencia de los interesados, calificando, en su caso, cada voto, fundando su parecer, de lo cual queda constancia en el acta respectiva.

Una vez practicada la calificación del respectivo proceso y resueltas las reclamaciones de nulidad y/o rectificaciones de escrutinios, el Tribunal confecciona el escrutinio general, operación que culmina, por aplicación de las normas de sucesión legal de las autoridades, con la proclamación de los candidatos electos.

Con la convicción de que la aplicación del principio de transparencia sólo reporta garantías a la ciudadanía y prestigio al sistema, el Tribunal Calificador de Elecciones, en forma inédita a nivel nacional e internacional, desarrolló un conjunto de acciones destinadas a que la ciudadanía tuviera acceso directo, vía página electrónica del Tribunal, a las Actas de las Mesas Receptoras de Sufragios y a las Actas de los Colegios Escrutadores.

De la experiencia recogida y de la historia democrática del país que se funda en la existencia de órganos garantistas, autónomos, independientes y supervigilantes de los procesos electorales, como de los desafíos actuales que nos propone la tecnología, es que resulta de suma importancia manifestar el propósito de seguir fortaleciendo la certeza y publicidad de los actos eleccionarios, implementando los mecanismos de captura de datos in situ y publicidad de la información de las Actas de Mesas Receptoras de Sufragios y de Colegios Escrutadores de manera instantánea, a través de la página electrónica del Tribunal Calificador de Elecciones. En consecuencia, se debe privilegiar que sea un órgano autónomo e independiente, en concordancia con el artículo 95 del Código Político, el que practique la calificación del proceso electoral, conozca y resuelva las reclamaciones de nulidad y de rectificaciones de escrutinios, forme el escrutinio general oficial y proclame a las autoridades electas.

Sin embargo, llama la atención que la proposición del proyecto de ley (Boletín 7.338-07) se aparte de la doctrina internacionalmente aceptada, en cuanto debe ser un tercero imparcial del Gobierno, del Parlamento, de los partidos políticos, y de los candidatos, el que reúna los resultados.

No parece acertado que el proyecto entregue la recopilación y procesamiento de los datos de las Mesas Receptoras de Sufragios y su posterior publicación parcial, al nuevo Servicio Electoral, reduciendo la labor de la Justicia Electoral al conocimiento de las reclamaciones de nulidad y solicitudes de rectificación de escrutinio.

Se hace un deber llamar a la reflexión sobre la necesidad de mantener en la Justicia Electoral la formación consolidada del escrutinio general, incorporando las tecnologías actuales y futuras, en aras de sistemas democráticos confiables, prestigiados, sólidos y autónomos en la solución pacífica de los conflictos electorales.

Desviar las atribuciones y prescindir del Tribunal Calificador de Elecciones, puede tener visos de inconstitucionalidad, en atención a que la formación del escrutinio general por ser parte de la calificación de las elecciones, es una atribución exclusiva del Tribunal Calificador de Elecciones, según lo establecido en el artículo 95 y siguientes de la Constitución Política de la República. Tanto es así que la norma en actual vigencia, que radica en el Gobierno la función de informar, no priva al Tribunal Calificador de Elecciones de poder implementar su propio procedimiento. Con la reforma propuesta esta función se tornaría incompatible, dado que se atribuye un carácter definitivo a los resultados que se incorporen por el Servicio, los que el Tribunal estará obligado a utilizar,

Este razonamiento permite plantear una posible cuestión de constitucionalidad respecto de toda iniciativa que pretenda relativizar, mediatizar o tornar indirecta la confección del escrutinio general o la calificación de las elecciones de Presidente de la República, Diputados y Senadores, en tanto se mantenga la actual normativa constitucional.

En efecto, no se observan en el proyecto argumentaciones que permitan inferir, desde el punto de vista de la justicia electoral, las razones por las cuales se insiste en imponer a la máxima autoridad electoral del país lo obrado por la autoridad administrativa dependiente de la autoridad política.

III.- Respecto del Consejo Directivo del Servicio Electoral.

El proyecto de ley (Boletín Nº 7.338-07) crea una nueva estructura orgánica para implementar la función administrativa de los actos electorales. Se trata de un Consejo Directivo del Servicio Electoral.

El proyecto de ley propone este cuerpo colegiado -Consejo Directivo del Servicio Electoral- compuesto por cinco miembros que serán designados por la máxima autoridad ejecutiva -el Presidente de la República-, cuatro de ellos con acuerdo del Senado; y un Director del Servicio Electoral de designación directa del Consejo,

El consejero de designación exclusiva y excluyente del Presidente de la República, cuya duración es de cuatro años, coincide con el periodo presidencial. Esta propuesta resulta ajena a la independencia y autonomía anheladas; sin perjuicio que igual reparo, aunque menos patente, se debe hacer a la designación de los otros consejeros y del propio Director.

El proyecto pretende entregar el control y manejo de la base documental (actas de escrutinio) al Servicio Electoral a través de la incorporación de los datos obtenidos de las actas de las Mesas Receptoras de Sufragios a las bases computacionales de dicho Servicio. Esta privación de competencia al Tribunal Calificador de Elecciones y desvío de atribuciones hacia el Servicio Electoral, con serios visos de inconstitucionalidad, tiene el riesgo de crear situaciones difíciles con gran impacto en el orden social especialmente en los casos de resultados estrechos.

La actual integración del Tribunal Calificador de Elecciones, que finaliza el desempeño de sus funciones constitucionales el 30 de enero de 2012, es de opinión de que el legislador debe propender a otorgar una justa forma de retribución para los miembros de este máximo órgano electoral del país.

No se advierte la lógica de disparidad, desigualdad y desproporcionalidad que existe entre las rentas que establece el proyecto de ley -para los Consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, de 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento, por mes calendario, percibiendo el Presidente del Consejo (o quien lo subrogue) igual renta, aumentada en un 50%- y, las de un ministro del Tribunal Calificador de Elecciones que percibe una remuneración equivalente a 4 unidades tributarias mensuales por cada audiencia a que concurran, con un máximo por cada mes calendario de veinte unidades tributarias mensuales.

IV.- Facultades conservadoras, disciplinarias y económicas del Tribunal Calificador de Elecciones respecto de los Tribunales Electorales Regionales.

El presente proyecto de ley (Boletín Nº 7.338-07) en su artículo 7° modifica el artículo 9 de la Ley Nº 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, otorgando competencia al Tribunal Calificador de Elecciones para reglamentar procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, con el objeto de propender al mejor ejercicio de la función jurisdiccional electoral.

Esta nueva competencia nace de la necesidad de otorgar coherencia y homogeneidad a los distintos procedimientos sustanciados por los Tribunales Electorales Regionales, debido a que el uso de sus facultades de dictar autos acordados ha originado, en la práctica, la pérdida de la unificación de los procesos jurisdiccionales, afectándose -horizontalmente a través del país- principios y garantías constitucionales.

La competencia propuesta, es decir, la de reglamentar por el Tribunal Calificador de Elecciones los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, se vislumbra como un acercamiento a un carácter más homogéneo y eficaz de la labor procesal electoral, pero no constituye una medida suficiente, la que se vería completada por la entrega de la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los Tribunales Electorales Regionales.

Tener la posibilidad de ejercer la función directiva, se condice con la superioridad jerárquica del Tribunal Calificador de Elecciones como máximo órgano electoral del país. Así también la función correccional, que permite aplicar determinadas sanciones o adoptar determinadas medidas, a fin de obtener el cumplimiento de las normas legales que rigen la conducta ministerial y funcionaría. Esta superintendencia permitiría además ejercer las facultades económicas, con el objeto de decretar medidas tendientes a obtener una más pronta y mejor administración de justicia, a través de la dictación de normas e instrucciones.

V.- Respecto a la suspensión del derecho a sufragio.

La Constitución Política de la República, en su artículo 16, numeral 2°, señala que el derecho a sufragio se suspende: 2° “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.

La disposición constitucional atribuye como efecto inmediato y objetivo de la acusación penal, la suspensión del derecho de sufragio, lo que entra en derecha contradicción con la presunción de inocencia de toda persona que sea sujeto de una investigación por hechos que revistieren los caracteres de delito.

La acusación, requisito de procedencia de la suspensión, es sostenida por un órgano administrativo o por un particular, y el juez de garantía sólo efectúa a su respecto, un análisis formal de la concurrencia de los requisitos previstos en los artículos 259 y siguientes del Código Procesal Penal, sin examinar la concurrencia de hechos y fundamentos de derecho que la hagan procedente, labor que corresponde al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

La suspensión del derecho a sufragio -derecho fundamental- se debe fundar en la existencia de una condena firme y ejecutoriada que conlleve la pérdida del derecho como sanción ante la culpabilidad del sujeto y no como consecuencia de un acto procesal.

Además y complementando lo anterior, el proyecto de ley (Boletín Nº 7.338-07) incorpora un nuevo artículo 17 a la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, estableciendo la obligación de los Juzgados de Garantía y de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, de informar mensualmente al Servicio Electoral sobre las personas respecto de las cuales se ha presentado acusación o han sido condenadas por determinado tipo de delitos (que merezcan pena aflictiva o que la ley califique como conducta terrorista), o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos, parece de importancia precisar que no basta la presentación de una acusación sino que es jurídicamente necesario que exista una resolución del Tribunal de Garantía que se refiera a su admisibilidad.

Los tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile, así lo confirman. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) señala en su artículo 21° que: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.”

El artículo 23 Nº 2 de “La Convención Americana sobre Derechos Humanos” (1969), por su parte, consagra “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

Por tanto, la suspensión del derecho a sufragio por hallarse la persona acusada por delito, vulnera el principio internacional de pacta sunt servanda de que todo tratado en vigor obliga a las partes.

Nuestro ordenamiento constitucional establece como límite a la soberanía los derechos esenciales reconocidos por la Carta Fundamental y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.

VI.- Respecto del voto del chileno en el extranjero.

Aunque no es un punto contenido en este proyecto de ley en análisis, pues aquel se contiene en el Boletín Nº 7.358-07, parece importante señalar que el ejercicio del sufragio, se asocia con la calidad de ciudadano, la cual se encuentra regulada en el artículo 13 de la Constitución Política, que señala que: “son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva”, reconociendo, en su inciso 2°, a los ciudadanos el derecho de sufragio. En otras palabras, la Carta Fundamental reconoce el derecho de sufragio sin establecer exigencias -salvo- los requisitos genéricos relativos a la nacionalidad, edad y no haber sido condenado a pena aflictiva.

Resulta, en consecuencia, indispensable establecer mecanismos destinados a que los ciudadanos chilenos se encuentren, en todo momento, en posibilidad de ejercer su derecho de sufragio, lo cual abarca tanto a los nacionales que se encuentren en el país, como a los que residen en el extranjero, siempre que cumplan los requisitos constitucionales.

La residencia de un chileno en el extranjero no puede ser factor de discriminación en el ejercicio de los derechos consagrados por el legislador respecto de un chileno que habita en Chile, como tampoco podrá serlo la exigencia de un vínculo con el país o la condición de permanencia, durante un determinado tiempo anterior a los comicios.

Implica una contravención a artículo 5° de la Constitución Política de la República, el limitar el derecho a sufragio, estableciendo condiciones para su ejercicio que vulneran el principio de igualdad ante la ley.

La universalidad del derecho a sufragio ha dejado atrás los requisitos establecidos por el otrora “sufragio censitario”, al que se estaría retrocediendo de exigirse condiciones para que los chilenos ejerzan el derecho a sufragio en el extranjero.

De esta manera cabe concluir que el Tribunal Calificador de Elecciones es de opinión de consagrar el derecho del chileno a sufragar en el extranjero, sin más exigencias que las impuestas a los chilenos en Chile.

VII.- Respecto a la votación de personas privadas de libertad.

Del mismo modo no es capitulo tratado en este proyecto de ley. Sin embargo resulta de interés señalar que, conforme a lo dicho en el punto anterior y a la improcedencia de suspender el derecho a sufragio a quien haya sido acusado y no condenado por sentencia firme y ejecutoriada, es necesario plantear los mecanismos que hagan efectivo que las personas que se encuentren privadas de libertad y que no se encuentren condenadas, puedan ejercer su derecho a voto.

La Constitución Política de la República en su artículo 1°, asegura el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Para cumplir con este mandato constitucional será necesario implementar una política reglamentaria y estructural que permita el ejercicio igualitario del sufragio en los centros penitenciarios, predeterminando las condiciones bajo las cuales los privados de libertad puedan votar.

Será necesario la consideración de variables tales como: determinación de quiénes podrán acceder al voto en los centros penitenciarios, acceso de los electores a la documentación electoral necesaria (cédula de nacional de identidad vigente), inscripción en la respectiva mesa receptora de sufragios (solicitando previa y oportunamente el traslado correspondiente), evaluación de los distritos electorales necesarios que contemplen a los centros penitenciarios como locales de votación, instalación de mesas receptoras de sufragios en los centros penales que tengan las mismas características y reglas de funcionamiento que rigen a las demás del país, medidas de seguridad apropiadas para el adecuado funcionamiento del local de votación, acceso a la información electoral y propaganda político-partidista en los centros penitenciarios, designación de funcionarios electorales ad-hoc para recepción y escrutinio de las respectivas mesas; entre otras variables.

Permitir el sufragio de las personas privadas de libertad es una medida de inclusión y profundización democrática, que aspira a una mayor equidad en la participación política de todos los ciudadanos y a una más intensa promoción de sus derechos humanos,

Conviene mencionar que, con el objetivo de potenciar la participación electoral -en condiciones de igualdad- de toda la población, es necesario siempre atender a las características de sectores sociales que tienen dificultades en el ejercicio del sufragio tales como; las personas con discapacidad, hospitalizados, adultos mayores, poblaciones indígenas y los ya tratados privados de libertad.

Se deja constancia, asimismo, que el Presidente señor Juica comparte lo expresado en los dos primeros párrafos del punto III.- de la prevención precedente.”.

.-.-.-

DISCUSIÓN EN GENERAL

La Presidenta de la Comisión, Honorable Senadora señora Alvear, puso el proyecto de ley en estudio en discusión en general.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el Ministro señor Larroulet, quien hizo presente que esta iniciativa se enmarca en el propósito de este Gobierno de contribuir a fortalecer nuestro sistema democrático. Explicó que ella recoge el conjunto de observaciones que formularon diversos especialistas –que representan a distintas sensibilidades políticas- respecto de las modificaciones que es necesario efectuar para adecuar nuestra legislación electoral al nuevo marco constitucional.

Agregó que ella da cuenta, además, de las proposiciones que el Servicio Electoral formulara al proyecto que sobre esta misma materia ya ha conocido y discutido la Comisión. Propuso que el Mensaje que ahora ha ingresado el Gobierno, sea aprobado a la brevedad, para que alcance a regir en la elección de las autoridades locales que debe realizarse en octubre de año 2012.

Recordó que ya se ha alcanzado un consenso en cuanto a la idea de legislar contenida en esta iniciativa, lo cual se manifestó al aprobarse el proyecto contenido en el Boletín N° 6.418-07 y que fuera presentado por la ex Presidenta de la República, señora Bachelet. Agregó que, en consecuencia, lo que correspondía en esta oportunidad era cumplir con este trámite nuevamente e iniciar, cuanto antes, la discusión en particular de esta iniciativa.

Concluyó su intervención manifestando que durante la referida discusión en particular, la Comisión debería invitar a expertos electorales y, en especial, a funcionarios del Servicio Electoral.

En seguida intervino el Honorable Senador señor Letelier, quien manifestó que no era posible avanzar en el proyecto que regula la inscripción automática, sin que previamente exista un pronunciamiento que permita a los chilenos que viven en el extranjero, ejercer el derecho de sufragio que les reconoce la Constitución Política.

El Honorable Senador señor Chadwick expresó que, sin perjuicio de pronunciarse sobre reforma constitucional que se refiere al ejercicio del derecho de sufragio de los chilenos que viven en el exterior, en tanto no se alcance un acuerdo sobre ella, lo más adecuado, es avanzar rápidamente, tal como lo ha propuesto el Gobierno, en la tramitación legislativa de este proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Espina recordó que ya se había aprobado una reforma constitucional que obliga a adecuar la legislación electoral al mandato constitucional que establece la inscripción automática y el voto voluntario.

La Honorable Senadora señora Alvear manifestó que la ex Presidenta señora Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley que contemplaba no sólo el tema de la inscripción automática y el voto voluntario, sino que también el derecho de sufragio de los chilenos que viven en el exterior. Agregó que la Sala del Senado ya aprobó en general esa iniciativa la cual está en discusión en particular en esta Comisión. Hizo presente que durante su análisis legislativo surgieron diversas dudas, lo que motivó que se abrieran nuevos plazos para presentar indicaciones.

Seguidamente, puso de relieve que el actual Gobierno ha decidido seguir un camino diferente, y ha presentado nuevos proyectos para regular separadamente las cuestiones electorales pendientes.

Concluyó indicando que esta Comisión tiene una gran responsabilidad y que debía cumplirla adecuadamente ya que toda la legitimidad de nuestras instituciones democráticas descansa en que los procesos electorales se realicen de manera participativa y de acuerdo con preceptos que den garantías a todos los sectores que concurren a los actos electorales.

El Honorable Senador señor Espina connotó que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento era la instancia donde debería construirse el acuerdo que permitiera avanzar en la regulación de estas materias. Lo anterior, puntualizó, no impide que otras fuerzas parlamentarias que no están representadas en la Comisión puedan expresar su parecer sobre las iniciativas político-electorales que ha presentado el Gobierno.

Instó al Gobierno y a los integrantes de la Comisión a tener una conversación franca sobre los puntos en discrepancia, para tratar de alcanzar un acuerdo que, tal como ha ocurrido en el pasado, les permita superar los puntos de diferencia.

Manifestó, finalmente, que si no hay acuerdo, cada sector político asumirá la responsabilidad que le corresponde y el Ejecutivo podrá ejercer las facultades constitucionales que tiene para que exista un pronunciamiento en estas materias.

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En una sesión posterior la Comisión tomó conocimiento de la opinión que el Senado solicitó a la Excma. Corte Suprema en relación con esta iniciativa. Como se consignara precedentemente, sin perjuicio de algunas observaciones puntuales sobre aspectos técnicos, ese Alto Tribunal acordó informar favorablemente este proyecto.

La Comisión tuvo presente, asimismo, los planteamientos formulados por los Ministros de la Corte Suprema que, además, integran el Tribunal Calificador de Elecciones.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, valoró estos planteamientos y llamó a la Comisión a tenerlos en consideración durante éste debate.

Los Honorables Senadores señores Chadwick y Larraín, don Hernán, sostuvieron que las referidas observaciones de los Ministros que integran el Tribunal Calificador de Elecciones constituyen una opinión que va más allá de lo que sus atribuciones legales les permiten. Explicaron que, en efecto, el Senado puso en conocimiento de ese Alto Tribunal el proyecto de ley sobre inscripciones automáticas y voto voluntario contenido en el Boletín N° 7.338-07, en conformidad con las disposiciones de los artículos 77 de la Carta Fundamental y 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. No obstante, agregaron, algunas de estas observaciones dicen relación con cuestiones de orden constitucional, que corresponde resolver soberanamente al Congreso Nacional.

A continuación, intervino el señor Andrés Tagle, asesor del Ministro Secretario General de la Presidencia, quien se hizo cargo de algunos de los planteamientos formulados por los Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, contenidas en el recién mencionado oficio de la Excma. Corte Suprema.

En primer lugar, puntualizó que esta iniciativa no disminuye ni afecta las atribuciones calificadoras que corresponde ejercer al Tribunal Calificador de Elecciones.

Agregó que las reformas que se proponen materia de escrutinio se orientan a aumentar el grado de transparencia que debe rodear a todo acto electoral. Reconoció que, desde que preside este Órgano Electoral el Ministro señor Sergio Muñoz, desde esa instancia se han hecho importantes esfuerzos para lograr este mismo propósito. El proyecto de ley, en tanto, lo que hace es confirmar esta tendencia, estableciendo disposiciones que permiten al Servicio Electoral entregar digitalmente, a los Partidos Políticos y candidatos, información sobre resultados electorales. Aclaró que esta información se entregará, además, físicamente al Tribunal Calificador para facilitarle el desempeño de sus funciones. En consecuencia, dijo, no divisa razones que justifiquen alguna de las aprensiones expresadas.

Finalmente, resaltó que esta iniciativa es el resultado de un largo trabajo efectuado por una Comisión Técnica integrada por especialistas provenientes de diversas sensibilidades políticas y representa los consensos alcanzados en su seno.

Confirmando lo expresado por el señor Tagle, el Ministro señor Larroulet hizo presente que en la elaboración de esta iniciativa se había contado con el parecer de profesionales que se desempeñan en el Servicio Electoral, en el Servicio de Registro Civil e Identificación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuyas opiniones fueron debidamente ponderadas y consideradas.

El Honorable Senador señor Quintana manifestó que las observaciones formuladas por los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones eran muy serias y no podían ser obviadas por esta Comisión. Agregó que esta iniciativa cambia la naturaleza, organización y ámbito de atribuciones del Servicio Electoral, por lo que estimó indispensable escuchar a los órganos directivos del referido Servicio.

El Honorable Senador señor Espina recordó que el texto de la Carta Fundamental, reformada recientemente, exige legislar en esta materia. Añadió que durante la discusión del proyecto de ley que sobre estas mismas materias presentara la anterior Administración se efectuó un exhaustivo análisis, escuchando a numerosos expertos y, en especial, a los representantes del Servicio Electoral. En esa oportunidad, la Comisión analizó pormenorizadamente las diversas hipótesis que plantea cada aspecto del proceso electoral, razón por la que estima inconveniente dilatar la aprobación en general de esta nueva iniciativa, sin perjuicio de que durante su discusión en particular se estudien en detalle cada una de las normas que han elaborado los equipos técnicos a los cuales se refirió el Ministro señor Larroulet.

El Honorable Senador señor Chadwick concordó con la opinión anterior, enfatizando que los antecedentes de esta iniciativa están suficientemente estudiados, por lo que no resulta razonable postergar su aprobación en general.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, compartió la solicitud planteada por el Honorable Senador señor Quintana.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, recordó que ya se había postergado la resolución sobre este asunto, por lo que ahora correspondía pronunciarse sobre esta iniciativa.

APROBACIÓN EN GENERAL

Finalizadas las intervenciones reseñadas precedentemente y analizados los demás antecedentes recibidos, el Presidente Accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Walker, don Patricio, puso en votación en general esta iniciativa.

La Comisión resolvió darle su aprobación por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Chadwick, Espina, Larraín, don Hernán, Quintana y Walker, don Patricio.

Al fundar su voto, el Honorable Senador señor Walker, don Patricio, expresó que concurría con su voto favorable a aprobar esta iniciativa, toda vez que ella enfrenta el grave problema que significa la no incorporación de un número considerable de jóvenes a los registros electorales. Al respecto, recordó que de los tres millones de jóvenes chilenos que podrían participar en las elecciones, sólo setecientos mil están actualmente inscritos en los registros electorales. Agregó que, en ese sentido, era importante aprobar un proyecto que facilite la participación política juvenil.

Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que, de acuerdo con la información proveniente de diversos estudios electorales, la aprobación de esta iniciativa podría traer aparejado un descenso considerable de la participación de los sectores populares, por lo que planteó la conveniencia de que, durante la discusión en particular, se introduzcan algunos mecanismos que eviten ese fenómeno. Planteó, al efecto, la necesidad de que se incorporen fórmulas para fomentar la educación cívica en los jóvenes y en la población en general, y se consagren mecanismos tales como ofrecer compensaciones en la jornada laboral a quienes concurren a sufragar, como ocurre en Colombia, y facilitar el traslado a los centros de votación a los habitantes de las zonas rurales o aisladas.

Concluyó instando al Gobierno para que durante la discusión en particular presente las indicaciones necesarias para materializar estas propuestas, ya que algunas de ellas corresponden a materias en las que él tiene iniciativa exclusiva.

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En consecuencia, habida consideración del acuerdo precedentemente adoptado, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra proponeros la aprobación, en general, del siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:

1) Reemplázanse su Título Preliminar y los Títulos I, II y III por los siguientes:

“TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°.- La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República.

Artículo 2°.- El organismo encargado del proceso de inscripción electoral es el Servicio Electoral.

TITULO I

DEL REGISTRO ELECTORAL

Párrafo 1°

Disposiciones Generales

Artículo 3°.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1 y 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, aún cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella.

Artículo 4°.- El conocimiento público del Registro Electoral procederá en la forma dispuesta en el párrafo 1° del Título II.

Los centros de estudio o de investigación podrán solicitar datos del Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina Provisoria de Inhabilitados, para el solo efecto de su análisis. El Consejo del Servicio Electoral calificará la procedencia de la solicitud y entrega de los respectivos datos.

Los datos del Padrón Electoral no podrán ser usados para fines comerciales.

El Servicio Electoral deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, salvo en los casos señalados en esta ley.

Párrafo 2°

De la inscripción

Artículo 5°.- Los chilenos comprendidos en el número 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años serán inscritos automáticamente en el Registro Electoral.

Los chilenos comprendidos en el número 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, serán inscritos automáticamente luego de obtener su carta de nacionalización de conformidad a la ley.

Artículo 6°.- Los chilenos comprendidos en los números 2 y 4 del artículo 10 y los extranjeros señalados en el artículo 14, ambos de la Constitución Política de la República, serán inscritos en el Registro Electoral desde que se acredite que cumplen con los requisitos de edad y avecindamiento exigido por el inciso 3° del artículo 13 o por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, según corresponda.

La inscripción procederá de forma automática en la medida que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el requisito de avecindamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá presentar una solicitud de inscripción ante el Servicio Electoral en cualquiera de sus oficinas, acompañando los antecedentes que acrediten su avecindamiento en el país por el tiempo exigido, y declarando bajo juramento su domicilio electoral en Chile. Dicha solicitud será remitida al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, si correspondiere, emitirán un certificado que acreditará el hecho de haber cumplido el avecindamiento y lo remitirán al Servicio Electoral para que practique la correspondiente inscripción. En caso que la persona tenga su residencia en el extranjero, dicha solicitud podrá ser presentada en el Consulado de Chile respectivo.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por Consulado a las Oficinas Consulares, incluyendo las Secciones Consulares de una Misión Diplomática, a cargo de un funcionario de la Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores designado para desempeñar funciones consulares.

Artículo 7°.- El Servicio Electoral deberá comunicar a los nuevos electores el hecho de su inscripción en el Registro Electoral, entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a la siguiente elección o plebiscito, indicando la circunscripción electoral y la mesa receptora de sufragios donde le corresponde votar, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

El Servicio Electoral deberá poner a disposición del público en forma permanente, a través de su sitio web y de una línea telefónica, un sistema de consulta donde cada elector podrá verificar mediante su número de cédula de identidad o nombre, el hecho de su inscripción, la circunscripción y comuna donde se encuentra inscrito, su mesa de votación y si está habilitado para votar en la próxima elección.

Párrafo 3°

De los datos electorales

Artículo 8°.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el haber cumplido la condición de avecindamiento si corresponde.

El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.

Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral.

Artículo 9°.- Para el solo efecto de obtener los datos señalados en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y al registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán proporcionar de la misma forma la información del avecindamiento de los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proporcionar al Servicio Electoral cualquier otro antecedente que resulte necesario para la inscripción de los chilenos y extranjeros en el Registro Electoral y que se encuentre en su poder, quedándole expresamente prohibido calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 4° y 5°, el domicilio electoral será el declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de obtener o renovar su cédula de identidad o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, según corresponda.

En caso que la cédula de identidad se haya obtenido en algún Consulado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y a falta de éste al lugar de nacimiento en Chile.

Si la persona no hubiere obtenido cédula de identidad al momento de procederse a su inscripción automática conforme al artículo 4°, el Servicio de Registro Civil e Identificación comunicará el domicilio registrado al momento de solicitar la inscripción de nacimiento, el cual será para estos efectos domicilio electoral. En caso de ser más de uno los domicilios registrados, se estará al domicilio de la madre.

Artículo 11.- Todo ciudadano con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Artículo 12.- Al momento de la inscripción de un ciudadano o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo.

En primer lugar serán asignados a las mesas receptoras de sufragios existentes de la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores habilitados para votar, debido a cancelaciones de inscripción producidas por cambio de domicilio electoral, por causa de fallecimiento, o cualquier otra inhabilidad permanente para sufragar, hasta completar la cifra máxima de 350 electores por mesa.

Si realizado lo anterior, quedaren nuevos electores por asignar, ellos serán asignados a nuevas mesas receptoras de sufragios que se crearán para estos efectos, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Cada elector solo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios y no podrá ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral.

Párrafo 4°

De las actualizaciones del Registro Electoral

Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

b) Pérdida de ciudadanía de una persona inscrita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17° de la Constitución Política de la República, o su recuperación.

c) Suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, o el cese de dicha suspensión.

d) Pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

e) Revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados del Registro.

f) Reclamaciones al Padrón Electoral Provisorio Auditado acogidas en conformidad a la ley.

El Servicio Electoral conservará los antecedentes en que se funde la actualización por un lapso no inferior a 5 años.

Artículo 14.- Para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales que el Servicio de Registro Civil e Identificación tenga de las personas cuyas defunciones hubieren sido registradas en el mes inmediatamente anterior; de las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva y los que recuperen su ciudadanía; y de las personas que hubieren perdido la nacionalidad.

Artículo 15.- El Tribunal Constitucional deberá comunicar al Servicio Electoral las sanciones que hubiere aplicado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como asimismo el cumplimiento del plazo a que se refiere dicha disposición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia hubiere quedado firme o ejecutoriada.

Artículo 16.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior informará al Servicio Electoral las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, ejecutoriadas dentro del mes anterior.

Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas respecto de las cuales el Ministerio Público o un querellante particular hubiere presentado en el mes anterior, acusación por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no sean condenados a pena aflictiva, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.

Artículo 18.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, los jueces de letras comunicarán al Servicio Electoral los nombres de las personas que hubieren sido declaradas en interdicción por causa de demencia por sentencia ejecutoriada, en el mes anterior, indicando los antecedentes necesarios para su cabal identificación.

En el mismo plazo, los jueces de letras comunicarán sobre las revocaciones de dichas declaratorias.

Artículo 19.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Senado deberá comunicar al Servicio Electoral las personas a las cuales se hubiere rehabilitado su ciudadanía en el mes anterior, conforme al inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República.

Artículo 20.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Ministerio de Justicia deberá comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren extinguido su responsabilidad penal en el mes anterior, conforme a lo dispuesto en el número 4° del artículo 93 del Código Penal.

Artículo 21.- Los órganos, servicios y tribunales señalados en este párrafo, así como cualquier otra repartición que deba aportar datos para la conformación y actualización del Registro Electoral, deberán proporcionar todos los antecedentes que para este solo efecto requiera el Servicio Electoral, en ningún caso podrán excluir información, calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 22.- Entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá informar a los electores que su derecho a sufragio ha sido suspendido o que han sido inhabilitados para votar en la siguiente elección, con indicación de la causa que dio origen a dicha suspensión o inhabilidad, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

Párrafo 5°

De las modificaciones de los datos electorales

Artículo 23.- El Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias:

a) Solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad.

b) Las rectificaciones de inscripciones de nacimiento de los ciudadanos, con indicación de los datos originales que fueron objeto de la rectificación, y

c) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 7° de esta ley.

Artículo 24.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando uno nuevo bajo juramento en ese acto si así lo desea.

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el cambio de domicilio podrá también efectuarse directamente ante el Servicio Electoral, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por este organismo, donde declarará bajo juramento su nuevo domicilio electoral. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas que el Servicio Electoral disponga a lo largo del país. Los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, podrán presentar la solicitud a través del respectivo Consulado.

El Servicio Electoral deberá notificar al elector mediante carta certificada dirigida al nuevo domicilio electoral, que ha procedido al cambio de su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa de sufragio donde le corresponderá votar.

El Servicio Electoral podrá disponer de otras formas para efectuar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o a través de medios electrónicos, siempre que éstas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos.

Artículo 26.- El Servicio Electoral podrá convenir con otros organismos públicos la recepción de solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Artículo 27.- Para todos los efectos legales, se considerará como domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Párrafo 6°

De la suspensión de inscripciones, actualizaciones y modificaciones

Artículo 28.- Con el objeto de elaborar los padrones electorales que se utilizarán en cada elección o plebiscito, las inscripciones en el Registro Electoral que provengan de solicitudes de acreditación de avecindamiento conforme al artículo 6, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en las letras a) a la e) del artículo 13 y las modificaciones señaladas en el artículo 23, se suspenderán a los ciento veinte días anteriores a cada elección o plebiscito, reanudándose a partir del primer día del mes siguiente de la elección o plebiscito.

Artículo 29.- Tratándose de plebiscitos comunales, la suspensión a que alude el artículo precedente se aplicará solo respecto de los electores que correspondan a la comuna o agrupación de comunas donde se realizará.

TITULO II

DEL PADRÓN ELECTORAL Y DE SU AUDITORIA

Párrafo 1°

Del Padrón Electoral

Artículo 30.- El Servicio Electoral deberá elaborar un Padrón Electoral, el que contendrá la nómina de los electores inscritos en el Registro Electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él.

Cada elector podrá figurar solo una vez en él.

Artículo 31.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de provisorio, ciento diez días antes de una elección o plebiscito. Éste contendrá una nómina de las personas inscritas en el Registro Electoral que, conforme a los antecedentes conocidos por el Servicio Electoral antes de los ciento veinte días previos al acto electoral, reúnan a la fecha de la elección o plebiscito correspondiente los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio.

El Padrón Electoral con carácter de provisorio será objeto de auditorías conforme al Párrafo 2° de este Título.

Este Padrón se ordenará en forma alfabética y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Provisoria de Inhabilitados, que incluirá a las personas inscritas que se encuentren inhabilitadas de votar en la correspondiente elección o plebiscito, con indicación de la causal que dio lugar a dicha condición.

El Padrón Electoral y la Nómina Provisoria de Inhabilitados, son públicos para los partidos políticos, solo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero. Los partidos políticos podrán tener acceso y copia de ellos en medios magnéticos o digitales, no encriptados y procesables por software de general aplicación, debiendo solo pagar los costos directos de la reproducción. Lo mismo se aplicará para los candidatos independientes, respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Solo las personas inhabilitadas podrán conocer, además, la respectiva causal que las inhabilita.

Artículo 32.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de auditado, setenta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de provisorio, después de ser auditado por las empresas de auditoría a las que se refiere el Título II de esta ley y que ha sido modificado solo como consecuencia de la correcciones sugeridas por las empresas de auditorias en sus informes si las hubiere y que conforme a lo señalado en el artículo 42 de esta ley, sean aceptadas por el Servicio Electoral.

El Padrón Electoral con carácter de auditado podrá ser objeto de reclamación de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Auditada de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las correcciones sugeridas por las empresas de auditorias que haya aceptado, si las hubiere.

El Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, deberán ser publicados por el Servicio Electoral en su sitio web con setenta días de antelación a la fecha que deba verificarse una elección o plebiscito.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo anterior.

Artículo 33.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de definitivo, treinta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de auditado, que ha sido modificado solo como consecuencia de las reclamaciones acogidas, si las hubiere, de conformidad con lo dispuesto en el Título siguiente.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Definitiva de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las reclamaciones acogidas.

El Servicio Electoral publicará en su sitio web, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse una elección o plebiscito, el Padrón Electoral con carácter de definitivo, que contiene la nómina de electores con derecho a sufragio en la respectiva elección o plebiscito y la Nómina Definitiva de electores Inhabilitados.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo 31.

Artículo 34.- El Servicio Electoral deberá publicar en su sitio web, las modificaciones efectuadas al Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados que provengan de las reclamaciones acogidas en conformidad a esta ley, o de las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría que hayan sido aceptadas por el Servicio.

Artículo 35.- Para la segunda votación de la elección presidencial que se realice en virtud del inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral con carácter de definitivo utilizado en la primera votación.

Artículo 36.- El Servicio Electoral, en la misma oportunidad en que debe determinar el Padrón Electoral con carácter de definitivo, deberá confeccionar los Padrones de Mesa que se utilizarán en la respectiva elección o plebiscito.

A cada Mesa Receptora de Sufragios le corresponderá un Padrón de Mesa.

Cada Padrón de Mesa contendrá una nómina, ordenada alfabéticamente, de las personas habilitadas para votar en la Mesa Receptora de Sufragios respectiva.

Los Padrones de Mesa contendrán los nombres y apellidos de cada elector y su número de rol único nacional.

Cada elector podrá figurar solo en un Padrón de Mesa y una vez en él.

Artículo 37.- Veinte días antes de la elección o plebiscito, el Servicio Electoral en forma gratuita pondrá a disposición de los partidos que participan en la elección o plebiscito, un listado impreso de cada Padrón de Mesa, que contendrá los nombres, apellidos y número de rol único nacional de los electores. Igual información deberá entregarse a los candidatos independientes respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Párrafo 2°

De las Auditorias

Artículo 38.- El Registro Electoral, el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados serán sometidos a un proceso de auditoria con el objeto de revisar y determinar si contienen los antecedentes dispuestos por la ley. También se revisarán los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales utilizados en su elaboración.

Artículo 39.- Las auditorias serán practicadas por dos empresas independientes de auditoria externa, de niveles equivalentes, inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales deberán cumplir con los requisitos de capacidad, tamaño, confiabilidad y garantía que mediante una norma general emitirá el Consejo del Servicio Electoral.

El presupuesto del Servicio Electoral deberá contemplar los fondos necesarios para financiar los procesos de auditorías.

Artículo 40.- La selección de las empresas de auditoria, se realizará a través de una licitación pública a la cual deberá convocar el Servicio Electoral, conforme a las bases que elaborará su Consejo.

El Consejo del Servicio Electoral seleccionará a dos empresas de entre las cuatro que, cumpliendo con las bases de la licitación, hayan efectuado las menores ofertas económicas por sus servicios. En caso de haber menos de cuatro, la selección se circunscribirá a todos ellos.

Las dos empresas de auditoría serán seleccionadas por la unanimidad de los Consejeros del Servicio Electoral. A falta de unanimidad la selección se hará en una sola votación, teniendo cada Consejero derecho a votar solo por una de las candidatas. Quedarán seleccionadas las empresas que obtuvieren las dos más altas mayorías.

Las empresas serán seleccionadas por un período de ocho años. Dentro de ese período sus servicios podrán ser revocados solo por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, a petición fundada de la unanimidad del Consejo del Servicio Electoral, o por acuerdo del Senado.

Artículo 41.- Las empresas de auditoria deberán revisar anualmente y emitir un informe que contendrá su opinión, sobre los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales del Servicio Electoral, destinados a la inscripción de los electores en el Registro Electoral y a la confección del Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados. Dicho informe deberá señalar la capacidad de ellos de poder cumplir las funciones para la cual están requeridos, sus errores, si los hubiere, y los factores de riesgo que pudieran afectar su correcto funcionamiento. El informe deberá contener también sugerencias respecto a la solución de los problemas detectados.

En los años que correspondan elecciones generales, el informe deberá ser emitido doscientos diez días antes de la elección.

Artículo 42.- Determinado el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados conforme al artículo 31 de esta ley, las empresas de auditoria procederán a su revisión, que tendrá por objeto entregar una opinión respecto de si ellos cumplen con lo dispuesto en la ley. Terminada la revisión, elaborarán un informe, que deberá ser emitido ochenta días antes de la elección o plebiscito, y contendrá, al menos, un detalle de los errores encontrados con indicación de una sugerencia respecto de cómo pueden ser subsanados, y los demás comentarios u observaciones que los auditores estimen procedentes.

Artículo 43.- El Consejo del Servicio Electoral analizará los informes de auditoría y realizará las correcciones que estime pertinentes. Lo anterior constará en un acta que será publicada en la página web de dicho organismo.

Cumplido lo anterior, el Consejo del Servicio determinará el Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, conforme al artículo 32.

Artículo 44.- Todos los informes de las empresas de auditoria serán públicos, salvo respecto de las causales de inhabilidad. El informe deberá ser entregado al Consejo del Servicio Electoral, al Senado, a la Cámara de Diputados, a los Partidos Políticos, a los Tribunales Electorales Regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones, en la misma oportunidad.

Artículo 45.- Las empresas de auditoria deberán efectuar sus funciones con total independencia entre ellas. En consecuencia, no podrán compartir sus antecedentes, consultarse entre sí, tomar acuerdos, coordinar o efectuar trabajos en forma conjunta, ni externalizar parte de las funciones encargadas con los mismos terceros.

Artículo 46.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición de las empresas de auditoria todos sus registros, físicos y computacionales y demás antecedentes que en opinión de ellas sean necesarios para realizar sus informes. El Servicio de Registro Civil e Identificación y los demás organismos señalados en los artículos 15 al 20, deberán poner a disposición de las empresas de auditoria, la misma información que hubieren entregado al Servicio Electoral, cuando exista disconformidad entre los datos electorales y el Padrón Electoral.

Las empresas de auditoría deberán mantener reserva o secreto, según corresponda, de la información, datos y antecedentes que se les proporcione en virtud de este artículo, siendo público solamente los resultados de su auditoría.

TÍTULO III

DE LAS RECLAMACIONES

Artículo 47.- La persona que estimare que injustificadamente fue omitida del Padrón Electoral con carácter de Auditado, publicado conforme al artículo 32, podrá reclamar de este hecho, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, que conocerá del asunto.

En el mismo plazo, los Partidos Políticos, candidato independiente y cualquier otra persona, podrán presentar reclamaciones ante el mismo Tribunal, respecto de electores injustificadamente omitidos de este Padrón Electoral. Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones, en única instancia.

El Tribunal resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de cuatro días de requerido. El Tribunal deberá fallar, con o sin informe, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la presentación del reclamo.

El Tribunal ordenará la incorporación del reclamante o electores afectados al padrón electoral en los casos en que hubiere lugar a ella.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente o por el Servicio Electoral dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de su incorporación en el Estado Diario del respectivo Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá fallar dentro de un plazo de cinco días de presentada la apelación.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la comunicará inmediatamente al Servicio Electoral, el cual procederá a cumplirla sin más trámite.

Artículo 48.- Dentro de los diez días siguientes a la publicación del Padrón Electoral con carácter de Auditado, señalado en el artículo 31, cualquiera persona natural, partido político o candidato independiente podrá pedir al Tribunal Electoral Regional correspondiente al domicilio electoral del impugnado, la exclusión de quien figure en el Padrón Electoral en contravención a la ley.

Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.

No procederá solicitar la exclusión del padrón electoral respecto de un candidato cuya aceptación de candidatura se encuentre ejecutoriada.

La solicitud deberá ser acompañada de una boleta de depósito en arcas fiscales. El monto del depósito deberá ser igual o mayor a un cuarto de una unidad tributaria mensual, e igual o menor a cien unidades tributarias mensuales, según lo determine el Tribunal.

El Tribunal citará dentro de cinco días al reclamante y a la persona o personas cuya exclusión se pide, las que no estarán obligadas a asistir, pudiendo concurrir con todos sus medios de prueba. Para este efecto, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el Padrón. Si la persona reclamada o alguna de ellas hubiesen cambiado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará a costa del recurrente en un diario de los de mayor circulación en la localidad a que corresponda dicho domicilio.

En caso de que la reclamación afectare a un considerable número de personas o que el número de reclamos fuera muy elevado, podrá el Tribunal ordenar que la citación se haga por medio de un aviso que se publicará, a costa del reclamante, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que corresponda. Además, señalará diversas audiencias para oírlos, las cuales deberán celebrarse dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de ellas compareciere, el Tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes que se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos reclamos.

Los Tribunales resolverán con los antecedentes que el interesado o él o los afectados le suministren, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser evacuado a más tardar al cuarto día de ser solicitado.

La resolución judicial se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la audiencia y se notificará a las partes por el Estado Diario.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente, él o los afectados y el Servicio Electoral, dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de incorporación en el Estado Diario del Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, quien deberá resolver la apelación dentro del plazo de cinco días.

Ejecutoriada la sentencia que ordena la exclusión, será notificada al Servicio Electoral para que efectúe la cancelación correspondiente.

Artículo 49.- Los informes de las empresas de auditoria tendrán ante los tribunales el valor de un informe de peritos.

TITULO IV

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios las que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia, lo hagan aconsejable.

La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando circunstancias tales como la cantidad de población o dificultades para sufragar lo hagan aconsejable. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragio de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7° inciso primero, de esta ley.

TÍTULO V

DE LAS SANCIONES

Párrafo 1°

De los procedimientos judiciales por faltas y delitos contemplados en esta ley

Artículo 51.- Los delitos o faltas electorales se regirán por las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente, por el Código Penal.

Cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, podrá deducir querella para la investigación de los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 52.- No procederá el indulto particular en favor de los condenados en virtud de esta ley.

Párrafo 2°

De las sanciones

Artículo 53.- Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona;

2.- El que proporcionare datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento;

3.- El que ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio, un Libro de Actas, o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan; y

4.- El que use para fines comerciales los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 54.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos:

1.- El que maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en el Padrón Electoral, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usados para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones;

2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cedula de identidad;

3.- El que incite u organice a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral; y

4.- El que comercialice los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 55.- Si los delitos señalados en el artículo precedente son cometidos por un funcionario público, se les aplicarán las penas asignadas a los referidos delitos, aumentadas en un grado, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Artículo 56.- El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o libros de actas que se le hubieren confiado o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.

Si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

2) Reemplázase la numeración del actual Título IV por la de Título VI y la de los artículos 87, 88 y 89 por 57, 58 y 59. Además reemplázase el actual artículo 90, que pasa a ser artículo 60:

“Artículo 60.- Corresponderá al Servicio Electoral ejercer las siguientes funciones:

a) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la ley 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente;

b) Formar, mantener y actualizar el Registro Electoral;

c) Determinar el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados en los términos señalados en esta ley;

d) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral;

e) Resolver respecto de las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación de avecindamiento que se le presenten;

f) Solicitar la colaboración y antecedentes que sean necesarios, de los distintos órganos del Estado, para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;

g) Disponer la compra de los programas y equipos computaciones que utilizará en el cumplimiento de sus funciones, y los sistemas de mantención, protección y actualización de éstos; y

h) Las demás que esta u otras leyes establezcan.”.

3) Agrégase un nuevo artículo final al párrafo 1° del actual Titulo IV que pasa a ser VI:

“Artículo 61.- Los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo Directivo y su Director. Al Consejo corresponderá la dirección superior del Servicio y la dirección administrativa al Director.”.

4) Sustitúyese los Párrafo 2° y 3° del actual Titulo IV que pasa a ser VI por los siguientes:

“Párrafo 2°

Del Consejo Directivo del Servicio Electoral

Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros, cuatro de los cuales serán designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. El Presidente hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse sobre el conjunto de la propuesta.

Dentro de los treinta días siguientes al inicio de su mandato, el Presidente de la República designará al quinto consejero, quien será el Presidente del Consejo.

Los consejeros designados con acuerdo del Senado durarán ocho años en sus cargos y podrán ser reelegidos hasta por dos veces. Se renovarán por parcialidades, cada cuatro años.

El consejero designado directamente por el Presidente de la República, durará cuatro años en su cargo y podrá ser reelegido hasta por dos veces.

En caso que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se procederá a la designación de un nuevo consejero, en un plazo de treinta días, en conformidad a lo dispuesto en este artículo, que durará hasta completar el periodo de quien reemplace.

Artículo 63.- Para ser designado Consejero del Servicio será necesario, además de cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos públicos, poseer título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de conformidad a la legislación vigente, acreditar experiencia profesional no inferior a cinco años en el sector público o privado y no haber desempeñado cargos de representación popular, de Ministro de Estado, de Subsecretario, de Intendente, de Gobernador o de dirigente de partido político en los cinco años anteriores a su designación.

Tampoco podrán ser Consejeros, las personas que se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con la sola excepción del desempeño en cargos docentes de hasta media jornada.

Los Consejeros no podrán estar afiliados a partidos políticos mientras sirva en el cargo.

La función de Consejero no es delegable y se ejerce colectivamente, en sala legalmente constituida.

Artículo 64.- Los Consejeros tendrán derecho a ser informados plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el Director o quien haga sus veces, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del Servicio. Además, tendrán derecho a revisar el Registro Electoral y los padrones electorales, con la sola limitación de no afectar el funcionamiento del Servicio.

Los Consejeros percibirán una dieta equivalente a 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento por mes calendario.

El Presidente del Consejo o quien le subrogue, percibirá igual dieta, aumentada en un 50%.

Artículo 65.- Son causales de cesación en el cargo de Consejero, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado. Sin perjuicio de ello, éste será prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante;

b) Haber cumplido los 75 años de edad;

c) Renuncia, aceptada por el Presidente de la República;

d) Incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo;

e) Alguna causal de inhabilidad sobreviniente. El Consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar el cargo, cesará automáticamente en él; y

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como Consejero. Serán faltas graves, entre otras, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un semestre calendario.

La existencia de las causales establecidas en las letras d) y e), si hubiere discusión sobre la sobreveniencia de la inhabilidad, y f) precedentes, serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo o del Ministro del Interior en el caso de la letra f), o de cualquier persona en el caso de la letra e). El requerimiento deberá hacerse por escrito, acompañándose todos los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal. Se dará traslado al afectado por el término fatal de diez días hábiles para que exponga lo que estime conveniente en su defensa.

Vencido este plazo, con o sin la respuesta del afectado, se decretará autos en relación y la causa, para su agregación a la tabla, vista y fallo, se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección. Tratándose de la causal de la letra d), el Tribunal, como medida para mejor resolver, podrá decretar informe pericial.

Los Consejeros y el Director tendrán el carácter de ministro de fe en las actuaciones que las leyes le encomienden.

En las causas civiles que se intentaren en contra de un Consejero o del Director, conocerá en primera instancia un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y en segunda instancia la respectiva Corte.

Artículo 66.- El Consejo sesionará, a lo menos, con cuatro de sus miembros en ejercicio. Presidirá las sesiones el Presidente del Consejo y, a falta de éste, su Vicepresidente.

El Consejo podrá sesionar en forma ordinaria o extraordinaria.

Son sesiones ordinarias aquellas que determine el propio Consejo para días y horas determinadas, en ellas se tratarán todas las materias que el Presidente incluya en la tabla respectiva, la que deberá ser comunicada a los consejeros con no menos de 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión.

Por cada mes el Consejo deberá sesionar en forma ordinaria no menos de una vez y no más de tres veces.

Son sesiones extraordinarias aquellas en que el Consejo es convocado especialmente para conocer de modo exclusivo las materias que motivan la convocatoria. Estas sesiones serán convocadas por su Presidente, cuando exista algún asunto urgente que requiera del conocimiento del Consejo, o cuando así sea solicitado a éste, por requerimiento escrito de dos Consejeros. La citación a sesión extraordinaria deberá hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y contendrá expresamente las materias a tratar.

Los acuerdos requerirán del voto favorable de, a lo menos, cuatro Consejeros. Si el Consejo no lograra el anterior quórum, deberá dejar constancia pública de su desacuerdo y las razones fundadas de las partes, convocando el Presidente del Consejo a una nueva sesión que deberá realizarse no antes de cuatro días ni después de quince, siempre que este último plazo no altere el cumplimiento de un plazo legal, donde deberá resolverse el desacuerdo con el voto conforme de, a lo menos, tres de sus miembros.

En todo caso, se requerirá siempre del voto conforme de, al menos, cuatro Consejeros para tomar los acuerdos señalados en la letra i) del artículo 67.

El Servicio no podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más Consejeros tengan interés por sí o como representantes de otra persona. Se presume que existe interés directo de un Consejero en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño directo, o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

De toda deliberación y acuerdo del Consejo se deberá dejar constancia en un libro de actas. El acta deberá ser firmada por todos los Consejeros que hubieren concurrido a la sesión.

Artículo 67.- Corresponderá al Consejo:

a) Designar, en su primera sesión y de entre sus miembros, al Consejero que se desempeñará como Vicepresidente del Consejo. Esta designación se hará en sesión especialmente convocada al efecto y en una sola votación donde cada Consejero tendrá derecho a un solo voto. Será electo Vicepresidente del Consejo, el que alcance la más alta mayoría. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia o imposibilidad transitoria de éste para ejercer el cargo;

b) Designar a los miembros de las Juntas Electorales según propuesta del Director;

c) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Servicio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento;

d) Aprobar la propuesta del presupuesto del Servicio efectuada por el Director;

e) Supervisar los actos del Director y Subdirector;

f) Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales para su ejecución por los organismos establecidos en ellas;

g) Aprobar los Padrones Electorales y la Nomina de Electores Inhabilitados, a los que se refiere esta ley;

h) Aprobar las bases para llamar a la licitación de las empresas de auditoria, seleccionarlas y conocer de sus informes;

i) Designar y remover al Director y Subdirector del Servicio Electoral. La designación se hará a partir de una quina propuesta para el cargo por el Consejo de la Alta Dirección Pública, en conformidad a las normas del Título VI de la ley 19.882; y

j) Las demás que le señale la ley o sobre las que deban pronunciarse en virtud de sus funciones o atribuciones.

Párrafo 3°

Del Director del Servicio Electoral

Artículo 68.- El Director del Servicio Electoral, será el representante legal del servicio y el Jefe Superior de éste. Le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo;

b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo;

c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Servicio, previo acuerdo del Consejo Directivo;

d) Nombrar al personal del Servicio y poner término a sus servicios, de conformidad a las normas estatutarias;

e) Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Servicio;

f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio;

g) Representar al Servicio Electoral tanto judicial como extrajudicialmente;

h) Llevar el Registro de Partidos Políticos, actualizado por regiones y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomienden la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos u otras leyes;

i) Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o programas, que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión de los fines del Servicio;

j) Convocar a propuestas públicas o privadas, aceptarlas o rechazarlas;

k) Dictar las resoluciones generales y particulares necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

l) Contratar personal para labores transitorias cuando por necesidades del Servicio así se requiera, conforme a las normas del Código del Trabajo o sobre la base de honorarios;

m) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo; y

n) Ejercer las demás funciones que le encomienda esta u otras leyes.

Artículo 69.- El Director y Subdirector tendrán derecho a asistir a las sesiones de Consejo con derecho a voz.

Artículo 70.- Al Director y al Subdirector les serán aplicables las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los Consejeros.

Párrafo 4°

Del personal del Servicio Electoral

Artículo 71.- Los funcionarios y demás personas que presten servicios en el Servicio Electoral, estarán obligados a mantener reserva acerca de los antecedentes, informaciones o documentos que conozcan en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las publicaciones que deban efectuarse y de las informaciones que pueda proporcionar dicho Servicio en conformidad a la ley.

Ni el personal del Servicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él, podrán militar en partidos políticos, ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter político-partidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular. Tampoco podrán participar de modo similar con ocasión de los actos plebiscitarios.

Toda contravención a este artículo se sancionará con las penas contenidas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta. Asimismo, serán aplicables las normas de responsabilidad funcionaria y del Estado contempladas en la ley Nº 19.880, en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.”.

5) Sustitúyase el actual artículo 99, que pasa a ser 72, del Título V que pasa a ser VII, por el siguiente:

“Artículo 72.- Los Partidos Políticos, candidatos independientes y demás entidades o personas que de acuerdo a la ley tengan acceso a la información contenida en el Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina de Inhabilitados, deberán actuar responsablemente en su manejo, debiendo responder civil y penalmente, según corresponda, y en conformidad a lo que establezca la ley.”.

6) Agrégase un nuevo artículo 73:

“Artículo 73.- Todos los plazos a que se refiere esta ley serán de días corridos.”.

Artículo 2º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:

1) Agréguese al final del artículo 1° la siguiente oración, pasando el punto final a ser punto seguido:

“Además establece y regula las Juntas Electorales.”

2) Sustitúyase el artículo 3, por el siguiente:

“Artículo 3.- Las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por escrito, para cada acto eleccionario, ante el Director del Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio, si lo hubiere, quien les pondrá cargo y otorgará recibo.

Las declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el Secretario de la Directiva Central de cada partido político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral o por a lo menos cinco de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. En todo caso, será acompañada por una declaración jurada del candidato, o de un mandatario designado especialmente al efecto por escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto a las inhabilidades. La declaración jurada podrá incluir el nombramiento del Administrador Electoral conforme al artículo 30 de la ley 19.884 y deberá ser acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los estudios del candidato cuando corresponda en los términos que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el candidato.

La declaración de candidatura podrá presentarse en un acto separado por cada candidato.

Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente.”.

3) Sustitúyase el inciso cuarto del artículo 3 bis, por el siguiente:

“El pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral, antes del vencimiento del plazo y en forma previa a las declaraciones de candidaturas, mediante la presentación de una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en lista conjunta en una elección de Parlamentarios y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios.”.

4) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 6, por el siguiente:

“Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República, éstas solo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la primera o única votación.”

5) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 11, por los siguientes:

“El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante cualquier notario por ciudadanos con derecho a sufragio que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político legalmente constituido o en formación, y cuyos domicilios electorales registrados en el Registro Electoral corresponda al distrito o circunscripción senatorial, según se trate de elecciones de Diputados o Senadores. Será notario competente cualquiera del respectivo territorio.

La nómina de patrocinantes deberá señalar en su encabezamiento el nombre del candidato y el acto electoral de que se trate. A continuación, deberá dejarse expresa constancia del juramento a que se refiere el inciso anterior y de los siguientes antecedentes: primera columna, numeración correlativa de todos los ciudadanos que la suscriban; segunda columna, sus apellidos y nombres completos; tercera columna, número de la cédula nacional de identidad; cuarta columna, indicación de su domicilio electoral, con mención de la comuna; quinta columna, firma del elector o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.”.

6) Reemplázase en el artículo 13, la expresión “inscritos en cualquier parte del territorio nacional” por “habilitados para ejercer el derecho a sufragio”.

7) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- El Consejo del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo para declaración de candidaturas, deberá aceptarlas o rechazarlas. Para tal efecto dictará las resoluciones respectivas que se publicarán dentro de tercer día en el Diario Oficial.

El Consejo del Servicio Electoral deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 25, 48 y 50 de la Constitución Política de la República, o que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 57 de la Constitución. Asimismo, rechazará las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los Párrafos 1° a 3° de este Título.”.

8) Agréguese en el artículo 19 el siguiente inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Si el rechazo de la candidatura por parte del Servicio Electoral conforme al artículo 17, se hubiere fundado en no ser el candidato declarado ciudadano con derecho a sufragio, y el fallo del Tribunal hubiere ordenado su inscripción como candidato, el Servicio Electoral deberá también incorporar al candidato dentro del padrón de electores. Si, por el contrario, el Tribunal rechazare una candidatura aceptada por el Servicio Electoral, al considerar que el candidato no es ciudadano con derecho a sufragio, el Servicio Electoral deberá excluir al candidato del padrón de electores”.

9) Deróguese el artículo 21.

10) Reemplácese en el inciso primero del artículo 27, la expresión “Director del” por el vocablo “El”.

11) Elimínese en el artículo 29 el inciso tercero y sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“El Servicio Electoral entregará a los partidos políticos, a los pactos electorales y a los candidatos independientes, el número de facsímiles de las cédulas con las cuales se sufragará que determine el Servicio. La entrega se hará dentro del plazo señalado en el inciso anterior.”.

12) Deróguese el Artículo 34.

13) Reemplázase el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- El Servicio Electoral podrá fusionar aquellas mesas receptoras de sufragios que tengan menos de ciento setenta y cinco electores habilitados para votar al momento de determinarse el padrón electoral, con una o más mesas receptoras de sufragio de la misma circunscripción electoral, con el objeto de que funcionen conjuntamente como si fueran una sola mesa, siempre que el resultado de dicha fusión no signifique que la mesa resultante supere el número de trescientos cincuenta electores habilitados para votar.

En este caso existirá un solo padrón de la mesa fusionada y se ordenará alfabéticamente.

La nueva mesa se identificará con los números de las mesas que se funcionaron separados por guiones.”

14) Sustitúyase el artículo 38, por el siguiente:

“Artículo 38.- Cada Mesa Receptora se compondrá de cinco vocales elegidos de entre los inscritos en el Padrón de Mesa respectivo.”

15) Intercálese en el inciso primero del artículo 40, entre las expresiones “representación popular;” y “los Ministros de Estado”, la expresión “las personas a cargo de los trabajos electorales que señala el artículo 7 de esta ley;”.

16) Reemplácese en el inciso primero del artículo 40 la expresión “los jueces letrados y los de Policía Local” por la expresión “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local;”.

17) Reemplácese el inciso segundo del artículo 40 por el siguiente:

“Si por las causales anteriores no fuere posible integrar la Mesa, se constituirá con ciudadanos que figuren en los Padrones de Mesas correspondientes a mesas contiguas.”.

18) Sustitúyase el artículo 41, por el siguiente:

“Artículo 41.- Se designarán tres vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios con ocasión de la elección de diputados y senadores, y dos con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si se trata de una mesa nueva, o si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiera cambiado de Circunscripción Electoral o hubiera perdido el derecho a sufragio.

Para proceder a la designación de vocales, el trigésimo día anterior a la elección, cada uno de los Miembros de la Junta Electoral escogerá diez nombres, que deberán corresponder a diez ciudadanos con derecho a sufragio en el respectivo padrón de mesa. Si la Junta funcionare con dos miembros cada uno elegirá quince nombres.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de vocales de Mesas y a los que no hubieran ejercido igual función durante los cuatro años anteriores.

Escogidos los nombres, la Junta Electoral procederá a confeccionar para cada Mesa Receptora una nómina en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al treinta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, a las catorce horas del trigésimo día anterior a la fecha de la elección o plebiscito, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros números, según corresponda, sirvan para individualizar en cada nómina a las personas que se desempeñarán como vocales de las Mesas Receptoras, y los siguientes, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como reemplazantes.”.

19) Elimínese en el inciso primero del artículo 42 la expresión “comenzando por las de varones,”.

20) Reemplázase el inciso primero del artículo 43, por el siguiente:

“Artículo 43.- El Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina completa de los vocales designados para cada Mesa Receptora de la respectiva elección. Respecto de todos ellos se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en un diario o periódico el vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito, o, si ese día no circulare el periódico en que deba publicarse, en la primera ocasión posterior a esa fecha en que esto ocurra, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.”

21) Sustitúyase el artículo 47, por el siguiente:

“Artículo 47.- Los vocales sorteados por las Juntas Electorales para las Mesas Receptoras ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los vocales sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

22) Incorporase el siguiente artículo 47 bis, nuevo:

“Artículo 47 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de vocal de Mesa Receptora de Sufragio un bono equivalente a la suma de dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral en el que participen.

Dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Este bono se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, los delegados de las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 77 de esta ley, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la función de vocales en el acto electoral respectivo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

23) Modifíquese el artículo 49 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso primero la expresión “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer día anterior” por “a las quince horas del día sábado”.

b) Agréguese el siguiente inciso tercero:

“En esta misma ocasión, el Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria.”

24) Reemplázase el inciso segundo del artículo 52 por el siguiente:

“El Secretario de la Junta Electoral requerirá de la Comandancia de Guarnición respectiva, a lo menos con sesenta días de anticipación a la audiencia, un informe sobre los locales estatales o privados que sean más adecuados para el expedito funcionamiento de las Mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención del orden público. Sin perjuicio de su informe escrito, el jefe aludido podrá, personalmente o representado por quien él designe, asistir a la audiencia de la Junta y proponer otros locales. La asignación de las Mesas que corresponderán a cada local se hará tratando de mantener, en la medida que ello sea posible, la misma asignación de las elecciones anteriores.”.

25) Sustitúyase el artículo 54, por el siguiente:

“Artículo 54.- A partir de las catorce horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito, en cada recinto de votación iniciará sus funciones una Oficina Electoral dependiente de la respectiva Junta Electoral, que estará a cargo de un Delegado que designará dicha Junta. Esta nominación, que se entenderá subsistente para el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, deberá recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras o Secretario Abogado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe. En ningún caso podrá recaer en funcionarios Municipales o dependientes directa o indirectamente de Corporaciones Municipales. Estos delegados podrán hacerse asesorar por el personal necesario para el funcionamiento de la oficina, con cargo al Servicio Electoral y de acuerdo con las instrucciones que el Servicio imparta. Este personal percibirá un bono diario equivalente a media Unidad de Fomento.

El delegado tendrá derecho a un bono total equivalente a cinco Unidades de Fomento por todas las tareas realizadas con ocasión de las elecciones y plebiscitos que se realicen en un mismo acto electoral. Se considerará para estos efectos como otro acto electoral, la segunda votación realizada, conforme al inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política.

A estos bonos le será aplicable lo señalado en el inciso segundo del artículo 47 bis.

Las Oficinas Electorales funcionarán no menos de cuatro horas durante el segundo día anterior a la elección o plebiscito; desde las nueve horas y hasta al menos las dieciocho horas el día anterior a la elección o plebiscito; y desde las siete horas y hasta completar todas sus funciones en el día de la elección o plebiscito.

Corresponderá al delegado de la Junta Electoral, sin perjuicio de las demás tareas que señala esta ley:

1) Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio. Para estos efectos deberá contar con medios expeditos para la atención de las consultas de los electores de toda la Circunscripción Electoral, especialmente en lo que tenga relación, con su local de votación y su Mesa Receptora de Sufragios o poder señalar al elector su condición de estar inhabilitado para votar en la elección mencionando la causal;

2) Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras y, cuando corresponda, designar a los reemplazantes de los vocales que no hubieren concurrido conforme al artículo 57;

3) Hacer entrega a los Comisarios de Mesa de los útiles electorales;

4) Instruir a los electores no videntes sobre el uso de la plantilla a que se refiere el artículo 28;

5) Recibir, terminada la votación, los útiles electorales empleados en las mesas y los sobres con las actas de escrutinio que debe entregar al día siguiente al Colegio Escrutador;

6) Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público.”.

26) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:

“Artículo 55.- El Servicio Electoral pondrá a disposición de la Oficinas Electorales, por intermedio de las Juntas Electorales, los útiles destinados a cada una de las Mesas Receptoras de Sufragios del respectivo local a lo menos el día anterior a la elección o plebiscito.

Para cada Mesa Receptora deberá considerarse el siguiente material:

1) El Padrón de Mesa con la nomina alfabética de los electores habilitados para votar en ella y los datos para identificarlos. Este padrón deberá disponer en la línea de cada elector de un espacio donde se estamparán las firmas o huellas dactiloscópicas de los electores que voten. Este espacio deberá ser de por lo menos tres centímetros de arriba a abajo por cada elector. Además deberá disponer de un espacio para anotar los números de las cédulas electorales. El Padrón de Mesa podrá estar dividido en dos secciones si así lo dispone el Servicio Electoral.

2) Dos ejemplares de la cartilla de instrucciones para uso de la Mesa Receptora de Sufragios, que elaborará el Servicio Electoral;

3) Las cédulas para la emisión de los sufragios en número igual al de los electores que deben sufragar, más un diez por ciento;

4) Cuatro lápices de grafito de color negro y dos lápices pasta de color azul;

5) Un tampón para huella dactilar.

6) Un formulario de acta de instalación;

7) Tres formularios de actas de escrutinio por cada elección o plebiscito y un cuarto de reemplazo en caso de que inutilicen alguno de los anteriores;

8) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Colegio Escrutador;

9) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Tribunal Calificador de Elecciones;

10) Cinco sobres por cada elección o plebiscito que se realice, para colocar las cédulas con que se sufrague. Uno de ellos llevará en su parte exterior la indicación “Votos escrutados no objetados”; otro, “Votos escrutados marcados y objetados”; otro, “Votos nulos y en blanco”; otro, “Talones de las cédulas emitidas”; y el quinto, “Cédulas no usadas o inutilizadas y talones y sellos adhesivos no usados”;

11) El sobre para colocar el Padrón de la Mesa;

12) El o los sobres para guardar el resto de los útiles usados;

13) Formularios de recibos de los útiles electorales y de las actas, que deban entregarse al Delegado de la Junta;

14) Un formulario de minuta del resultado del escrutinio por cada elección o plebiscito;

15) Un ejemplar de esta ley; y

16) Sellos adhesivos.

En los padrones, formularios y sobres se deberá indicar la región y circunscripción, el número de Mesa correspondiente y el sello del Servicio Electoral. Los sobres llevarán, además, la indicación del objeto a que están destinados o de su destinatario.

En la misma oportunidad, el Servicio Electoral remitirá, para uso de los Delegados de las Juntas Electorales, dos ejemplares del Padrón Electoral y de la Nomina de Electores Inhabilitados de toda la Circunscripción Electoral correspondiente y los formularios de recibo de los útiles electorales por parte de los Comisarios.”.

27) Sustituyese el artículo 57, por el siguiente:

“Artículo 57.- A las ocho horas de la mañana del día fijado para la elección o plebiscito se reunirán, en los locales designados para su funcionamiento, los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios.

Las Mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales.

Los vocales asistentes que no se encontraren en número suficiente para el funcionamiento de las respectiva Mesa darán aviso inmediato al delegado de la Junta Electoral.

A partir de las nueve horas el delegado procederá a designar los vocales que faltaren hasta completar solo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto. Deberá preferir a los electores que voluntariamente se ofrezcan en el orden en que se presenten. A falta de éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario. El delegado deberá haber constituido todas las mesas a más tardar a las diez horas.

Integrada la mesa, los vocales originalmente designados podrán incorporarse a ella, en orden de presentación hasta completar el máximo de cinco, sin que puedan reemplazar a los vocales designados en virtud del inciso anterior y siempre que ello ocurra con anterioridad a las once horas. Del hecho de las incorporaciones y de su hora se dejará constancia en el acta de instalación.

En ningún caso las Mesas podrán integrarse pasadas las doce horas.”

28) Modifíquese el artículo 58 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso segundo, la expresión “el o los Registros” por “el Padrón de Mesa”.

b) Elimínese los incisos tercero y cuarto.

29) Intercálese en el inciso segundo del artículo 59, después de la expresión “Cumplidos los trámites anteriores,” la frase “y nunca antes de las ocho de la mañana,”.

30) Sustitúyase el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- Son electores, para los efectos de esta ley, los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los Padrones de Mesa y que tengan cumplidos dieciocho años de edad el día de la votación.

El elector que concurra a votar deberá hacerlo para todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral.”

31) Agréguese al final del inciso cuarto del artículo 61, la siguiente frase:

“En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa Receptora de Sufragios, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.”.

32) Sustitúyase el artículo 62, por el siguiente:

“Artículo 62.- El elector chileno entregará al Presidente su cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero su cédula de identidad para extranjeros. Dichos documentos deberán estar vigentes. Ningún certificado u otros documentos podrán reemplazar a los anteriores.

Una vez comprobada la identidad del elector, la vigencia de su cédula de identidad o de su pasaporte, y el hecho de estar habilitado para sufragar en la Mesa, el elector firmará en la línea que le corresponda en el Padrón Electoral de la Mesa o, si no pudiere hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo pulgar derecho o, en su defecto cualquier otro dedo, de lo que el presidente dejará constancia al lado de la huella. De la falta de este requisito, se dejará constancia en el Acta, aceptándose que el elector sufrague.”.

33) Reemplázase el inciso primero del artículo 63, por el siguiente:

“Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del Padrón de Mesa y la identidad del elector, se recabará la intervención del experto de identificación que habrá en cada local de votación. El experto hará que el elector estampe su huella dactilar derecha al lado de su firma y la cotejará con la estampada en su cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros.”.

34) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 64, la expresión “respectivo cuaderno de firmas” por “Padrón de la Mesa” y la expresión “votación” por “elección”.

35) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

“Artículo 66.- Después de haber sufragado y depositadas las cédulas en la urna, se procederá a devolver al elector su cédula nacional de identidad, el pasaporte o su cédula de identidad para extranjeros, según corresponda.”.

36) Sustitúyase en el inciso final del artículo 67, la expresión “numérico de las inscripciones” por “alfabético en el Padrón de Mesa”.

37) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

“Artículo 68.- A las dieciocho horas del día de la elección, y siempre que no hubiere algún elector que deseare sufragar, el Presidente declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación.

Efectuada la declaración de cierre, el Secretario o el vocal en su caso, escribirá en el Padrón de la Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión “no votó” respecto de los electores que no hayan sufragado.”

38) Modifícase el artículo 71, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyase el numeral 1), por el siguiente:

“1) El Presidente contará el número de electores que hayan sufragado según el Padrón de la Mesa y el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas para cada elección o para el plebiscito;”.

b) Reemplázase el numeral 5), por el siguiente:

“5) Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas. La Mesa dejará constancia al dorso de ella del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión.

Se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta señalada en el artículo 65, y las que tengan además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquella emitida con una preferencia pero sin los dobleces correctos. Estas cédulas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen.

Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas;”.

c) Reemplázase el numeral 6), por el siguiente:

“6) Tratándose de una elección de Presidente de la República y de Parlamentarios, se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.

En los plebiscitos se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión.

Las operaciones se practicarán por el Presidente, por el Secretario y demás vocales;”.

d) Reemplázase el numeral 7), por el siguiente:

“7) Terminado el escrutinio se llenará la minuta con los resultados, y será firmadas por los vocales colocándose en un lugar visible de la mesa.”.

e) Reemplázase el numeral 8), por el siguiente:

“8) Los vocales, apoderados y candidatos tendrán derecho a exigir que se les certifique, por el Presidente y el Secretario, copia del resultado, lo que se hará una vez terminada las actas de escrutinio.”

39) Sustitúyase el artículo 72, por el siguiente:

“Artículo 72.- Inmediatamente después de practicado cada escrutinio, y en el mismo lugar en que hubiere funcionado la Mesa Receptora se levantarán actas del escrutinio, estampándose separadamente, en letras y en cifras, el número de sufragios que hubiere obtenido cada candidato o cada una de las proposiciones de la cédula para plebiscito, en su caso.

Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio y de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio que deseen hacer constar los vocales y apoderados, sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación, bajo las penas que esta ley señala. Se dejará especial testimonio en el acta del cumplimiento de las exigencias del artículo 71.

El acta de escrutinio se escribirá en tres ejemplares idénticos, los que tendrán para todos los efectos legales el carácter de copias fidedignas, serán firmadas por todos los vocales y los apoderados que lo deseen.

El primer ejemplar del acta quedará en poder del Secretario de la Mesa en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales, por el lado del cierre, para su remisión al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, y dejándose testimonio, en letras, en la cubierta del sobre, de la hora en que el Secretario lo hubiere recibido.

El segundo ejemplar del acta se entregará por el Presidente de la Mesa al Delegado de la Junta Electoral, en sobre dirigido al Colegio Escrutador, cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre, para que éste lo presente al Colegio en la oportunidad señalada en el artículo 86. El Delegado entregará recibo de su recepción.

El tercer ejemplar del acta, inmediatamente después de llenada, y antes de practicar el escrutinio de otra elección, se entregará por el Comisario de la Mesa a la persona dispuesta por el Servicio Electoral de la Oficina Electoral del local a que se refiere el artículo 76 bis, en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre. Se entregará recibo de su recepción.

Si en el local de votación se contare con facilidades de fotocopia, se procederá a llenar un solo ejemplar del acta y, antes de su firma por los vocales, el Comisario de la Mesa concurrirá al lugar de fotocopia, obteniendo las otras dos copias y las copias necesarias para entregar a todos los apoderados que la hubieran solicitado. Después regresará a la mesa, donde se procederá a firmar el original y las copias por los vocales y apoderados que lo deseen con tinta o lápiz a pasta de color azul, cerciorándose de que sean idénticas al original. Posteriormente, se procederá a su ensobrado y distribución conforme a los incisos anteriores, debiendo destinarse el original al sobre que el Secretario de la Mesa remitirá al Tribunal Calificador de Elecciones.

40) Reemplázase el artículo 73, por el siguiente:

“Artículo 73.- Después de practicado cada escrutinio y llenado de las actas conforme al artículo anterior, el Presidente pondrá las cédulas escrutadas con las que se hubiere sufragado en la elección o el plebiscito, separando las cédulas escrutadas y no objetadas, las escrutadas marcadas y objetadas, los votos nulos y en blanco, las cédulas no usadas o inutilizadas, los talones desprendidos de las cédulas emitidas y los talones y sellos adhesivos no utilizados, dentro de los sobres especiales destinados a cada efecto.

En el sobre caratulado "Votos escrutados no objetados" se colocarán aquellas cédulas que, emitidas correctamente conforme al artículo 65, no se encuentran en las situaciones señaladas en el número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos nulos y en blanco" se colocarán aquellas cédulas que, a juicio de la mayoría de la Mesa, se encuentren en cualquiera de los casos señalados en los párrafos primero y tercero del número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos escrutados marcados y objetados" se colocarán aquellas cédulas consideradas marcadas conforme al párrafo segundo del número 5 del artículo 71, contra las cuales se hayan formulado objeciones, que consten en el acta respectiva.

Se pondrán, además, dentro del respectivo sobre el Padrón de Mesa empleado en la votación de la Mesa.

Los sobres se cerrarán, sellarán y firmarán, por el lado del cierre, por todos los vocales y por los apoderados que quisieren.”.

41) Sustitúyase el artículo 75, por el siguiente:

“Artículo 75.- Completados todos los escrutinios, llenadas las actas y ensobrados los votos, se hará un paquete en que se pondrán los sobres de los votos a que se refiere el artículo 73, el acta de instalación y los demás útiles usados en la votación.

El paquete será cerrado y sellado. En su cubierta se anotará la hora y se firmará por todos los vocales y los apoderados que lo desearen. Luego, se dejará en poder del Comisario.”.

42) Agréguese el siguiente artículo 76 bis.

“Articulo 76 bis. La persona que disponga el Servicio Electoral se instalará en la Oficina Electoral del local de votación y procederá a recibir los ejemplares del acta señalados en el inciso sexto del artículo 72, cuyos datos procederá a ingresarlos o transmitirlos al sistema computacional en la forma que disponga el Servicio Electoral, en conformidad al artículo 175 bis.

Los apoderados acreditados ante la Oficina Electoral del Local Votación, podrán estar presentes y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso o transmisión de los datos que ellas contienen.

43) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 77:

“El Delegado de la Junta Electoral deberá concurrir personalmente al inicio de la sesión que se señala en el artículo 86 del Colegio Escrutador que corresponda, con objeto de hacer entrega personalmente de los sobre cerrados y dirigidos al Colegio Escrutador que contienen las actas de escrutinios de las mesas de votación del Local donde ejerció su función.”.

44) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 80 la expresión “Director” por “Consejo” y la expresión “, o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito.” por “o plebiscito.”.

45) Reemplázase el artículo 81, por el siguiente:

“Artículo 81.- Cada Colegio estará compuesto de seis miembros titulares e igual número de suplentes, designados por las respectivas Juntas Electorales, en conformidad a los artículos siguientes.

Se designarán tres miembros con ocasión de la elección de diputados y senadores, y tres con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiere cambiado de Circunscripción Electoral a una que no deba escrutar el Colegio o hubiere perdido el derecho a sufragio.

No podrán ser designados como miembros de los Colegios Escrutadores las personas señaladas en el inciso primero del artículo 40, ni aquéllas que hubieren sido designadas como vocales de mesas receptoras de sufragios para la misma elección de que se trate.”.

46) Sustitúyase el artículo 82, por el siguiente:

“Artículo 82.- Para proceder a la designación de los miembros de los Colegios Escrutadores, cada uno de los miembros de la Junta Electoral respectiva escogerá veinte nombres, que deberán corresponder a veinte ciudadanos inscritos en las mesas que corresponda escrutar al Colegio respectivo. Si la Junta funcionare con dos miembros, elegirán treinta cada uno de ellos.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de miembro del Colegio Escrutador, cuyo domicilio electoral corresponda a la localidad donde sesionará el Colegio Escrutador, y que no hubieren sido seleccionadas para vocales de mesas en la misma elección.

A continuación, la Junta Electoral procederá a confeccionar una nómina para cada Colegio Escrutador que le corresponda designar, en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al sesenta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, inmediatamente designados los vocales de las respectivas Mesas Receptoras de Sufragios, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros seis números sirvan para individualizar, en cada nómina, a las personas que se desempeñarán como miembros de los Colegios Escrutadores, y los siguientes seis, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como suplentes.

La Junta Electoral formará un libro con las nóminas alfabéticas firmadas por todos sus miembros, debidamente foliadas y con indicación del Colegio a que corresponda, el que se entenderá como parte integrante del acta del sorteo. Este libro será público y se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.

En todo caso, las nóminas deberán encontrarse en el local donde se efectúe el sorteo respectivo.”.

47) Reemplázase el artículo 83, por el siguiente:

“Artículo 83.- El Secretario de la Junta Electoral publicará el acta de lo obrado, incluyendo las nóminas de los miembros designados para cada Colegio Escrutador, respecto de quienes se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en la forma establecida en el artículo 43 de esta ley, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.

Dentro del mismo plazo, comunicará su nombramiento por carta certificada a los miembros designados, indicando la fecha, hora y lugar en que el Colegio Escrutador funcionará, y el nombre de los demás integrantes. El encargado de la oficina de correos deberá otorgar recibo circunstanciado de los avisos que se entregaren.”.

48) Incorpórese el siguiente artículo 83 bis, nuevo:

“Artículo 83 bis.- Cualquier miembro de los Colegios Escrutadores podrá excusarse de desempeñar el cargo, en los plazos, formas y causales establecidas en el artículo 44.

En el mismo plazo, cualquier persona podrá solicitar la exclusión del o los miembros de un Colegio Escrutador que estuvieren afectados por alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el artículo 81.

Para los efectos de conocer y resolver las excusas que se presentaren y reemplazar a los miembros cuya excusa o exclusión hubiere sido acordada por la Junta Electoral, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de esta ley.”.

49) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 84 la expresión “Director” por “Consejo”.

50) Reemplázase el artículo 85, por el siguiente:

“Artículo 85.- Los miembros de los Colegios Escrutadores ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los miembros sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

51) Incorpórese el siguiente artículo 85 bis, nuevo:

“Artículo 85 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de miembro de los Colegios Escrutadores y de Secretario de Colegio Escrutador un bono equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral.

Dicha cantidad no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Esta cantidad se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, dentro de los dos días siguientes al término de la función de los Colegios Escrutadores, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la funciones respectivas en dicho organismo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

52) Sustitúyase el artículo 86, por el siguiente:

“Artículo 86.- A las catorce horas del día siguiente a la elección o plebiscito, el Colegio Escrutador se reunirá con al menos tres de sus miembros, en el lugar que hubiere designado la Junta Electoral correspondiente, bajo la presidencia provisional del Secretario del Colegio, nombrado de conformidad al artículo 84. Reunido el número requerido, se procederá a sortear de entre los miembros presentes un Presidente.

Al inicio de la sesión, los delegados de las Juntas Electorales deberán entregar al Secretario los sobres sellados que contengan las actas de escrutinios de las Mesas Receptoras que hubieren funcionado en su respectivo local de votación. Éste se cerciorará del estado de los sellos y de las firmas y otorgará el recibo correspondiente, en original y copia. El Delegado conservará el original y la copia la remitirá al Secretario de la Junta Electoral.

Inmediatamente, el Presidente declarará constituido el Colegio, levantándose un acta en que se dejará constancia de los siguientes hechos y circunstancias: a) individualización del Colegio, expresándose la correspondiente región, provincia, comuna y circunscripción; b) el local de su funcionamiento; c) las Mesas que debe escrutar; d) nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; e) el día y hora de la constitución del Colegio, y f) la nómina de los miembros del Colegio que no hubieren asistido a la reunión. El acta se extenderá en el Libro de Actas correspondiente y será firmada por los miembros del Colegio y el Secretario, quien deberá remitirla para los efectos de las ausencias injustificadas, al Juzgado de Policía Local correspondiente.”.

53) Reemplázase el artículo 87, por el siguiente:

“Artículo 87.- El Colegio Escrutador, en audiencia pública, procederá con la ayuda de un sistema computacional, a registrar y sumar el número de votos obtenidos por cada candidato en las mesas que debe escrutar y, además, en el caso de elecciones de Parlamentarios, a sumar los votos obtenidos por cada lista de candidatos, de acuerdo con el procedimiento del artículo siguiente. Una vez terminado dicho procedimiento se extenderá el acta y el cuadro a que se refiere el artículo 88 de esta ley.

Para efectos de lo anterior, el Servicio Electoral dotará a cada Colegio Escrutador de computador con su respectiva impresora y de un software o sistema que permita realizar el ingreso o revisión de los resultados por mesa y candidato, que proceda a realizar las sumas y emita los cuadros y actas a que se refiere el artículo 89. Además, deberá proveer de una manual para el uso de este equipo y su software.

El sistema computacional señalado en los incisos anteriores deberá tener ya registrado los resultados de cada candidato por Mesa Receptora de Sufragios, que se hubieren ingresados a los sistemas del Servicio Electoral, conforme al artículo 76 bis.”.

54) Sustitúyase el artículo 88, por el siguiente:

“Artículo 88.- El Presidente leerá el acta de la mesa en alta voz, debiendo el Secretario comprobar los resultados por candidato con los datos ya ingresados al sistema computacional, pudiendo corregirlos, modificarlos o completarlos si ellos faltaren. Los demás miembros del Colegio y los apoderados podrán comprobar la exactitud de la lectura con los datos que en definitiva queden registrados en el sistema. Cada uno de los miembros y apoderados podrán a su vez tomar nota separadamente del resultado de las actas a medida que sean leídas con el objeto de verificar los datos ingresados y las sumas de los votos obtenidos por cada candidato y lista cuando corresponda.

Si faltaren actas de Mesas que hubieren funcionado el día de la elección, se dejará constancia expresa en el acta que dichas mesas no fueron escrutadas por el Colegio. Si respecto de esas mesas, el sistema computacional tuviere registrado sus resultados en base al ingreso de datos efectuados conforme al artículo 76 bis, se dejará constancia que dichos resultados no fueron revisados por el Colegio por carecer de un ejemplar del acta.

Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias, entre la suma real de los votos de cada candidato, los nulos y blancos y los totales indicados en las actas, se ingresaran igual al sistema los datos que existan, dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los errores que se hubiere detectado.

Terminada la lectura y el ingreso de resultados al sistema computacional, se obtendrá de este último, en forma provisoria, un cuadro de resultados, que contendrá para cada Mesa, los votos obtenidos por cada candidato y por lista si correspondiere, además de los votos nulos y blancos y el total de votos escrutados de la Mesa. Este cuadro contendrá también la suma total de votos del Colegio por cada candidato, y lista si correspondiere, además de la suma total de votos blancos y nulos y total de votos escrutados. El cuadro provisorio se emitirá con el número de copias que sea necesario para que los miembros del Colegio y los apoderados puedan revisar los datos ingresados y las sumas, a objeto de que puedan sugerir correcciones cuando consideren que existen errores.

Se efectuarán las correcciones que acuerde la unanimidad de los miembros del Colegio, así como las que acuerde la mayoría de los miembros del Colegio cuando haya discrepancias respecto del valor correcto de un resultado ingresado, resolviendo el Secretario en caso de empate. En todo caso, se deberá dejar siempre constancia detallada en el acta de la discrepancia surgida, como también de las correcciones u observaciones requeridas por los apoderados y que el Colegio no haya considerado.”.

55) Reemplázase el artículo 89, por el siguiente:

“Artículo 89.- Terminada la revisión y resueltas las discrepancias señaladas en el artículo anterior, se obtendrá del sistema computacional el cuadro de resultados definitivo del Colegio en tres ejemplares.

Deberá levantarse un acta donde se harán constar los siguientes hechos o circunstancias:

a) El día y la hora del término de su labor;

b) Las cifras totales, en número y letras, alcanzadas por los candidatos y por las listas de candidatos en el caso de elecciones Parlamentarias;

c) La cantidad de votos nulos y en blanco emitidos dentro de su territorio jurisdiccional y la circunstancia de haberse practicado la agregación a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente;

d) Los reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento observado al hacerse la operación;

e) Un detalle de las mesas que el Colegio no pudo escrutar o no pudo revisar la digitación efectuada en los locales de votación en el día anterior, por no haber recibido la correspondiente acta de escrutinio.

f) Un detalle de las mesas donde existen desigualdades en el acta entre los totales que ellos muestran y las suma de los votos por candidatos más los nulos y blancos.

e) Todos los demás que determine esta ley o el Colegio.”.

56) Sustitúyase el inciso primero del artículo 94, por el siguiente:

“El Secretario del Colegio Electoral deberá, obtener del sistema computacional y hacer entrega de un copia certificada por él, del cuadro de resultados definitivo y del acta, a todos los apoderados y candidatos que lo soliciten.”.

57) Reemplázase el artículo 95, por el siguiente:

“Artículo 95.- El Servicio Electoral deberá dar a conocer los resultados de los escrutinios practicados por los Colegios Escrutadores a medida que vaya disponiendo de ellos.

Para estos efectos, el Director del Servicio Electoral abrirá el sobre con el acta y cuadro que hubiere recibido del Presidente de cada Colegio Escrutador, comprobará las exactitud de dichos resultados con los contenidos en el sistema computacional, efectuará las correcciones que fueren necesarias para que los resultados del sistema computacional se ajusten al acta y cuadro, y procederá a liberar su información en los términos señalados en el inciso siguiente.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de los Colegios Escrutadores. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos y los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito, podrán también disponer de esos mismos resultados en medios magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo deberán señalar su condición de provisorios y sujetos al escrutinio general de los Tribunales que correspondan.

58) Agréguese al final del inciso primero del artículo 96 la siguiente letra f):

“f) La utilización de un Padrón Electoral incorrecto, que contengan omisiones de inscritos o electores con derecho a sufragio, inhabilidades mal aplicadas, errores en el domicilio electoral y la correspondiente circunscripción electoral, y en los demás datos del padrón.”.

59) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 97, por los siguientes:

“Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios cuando, en su opinión, se haya incurrido en omisiones, calificación errada de los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco por parte de la mesa, errores en las actas de escrutinios, en sus sumas y totales, diferencias entre las actas o entre ellas y los certificados de escrutinios entregados a los apoderados, resultados mal imputados por los Colegios Escrutadores o en errores aritméticos.

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones o plebiscitos, se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, debiendo acompañarse en el mismo acto los antecedentes en que se funde. Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.”

60) Sustitúyase el artículo 99 bis, por el siguiente:

“Artículo 99 bis.- Tratándose de la elección de Presidente de la República, las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección, acompañándose en el mismo acto los antecedentes en que aquéllas se fundaren.

Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.

Dentro del plazo fatal de dos días, contado desde la fecha del respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el Tribunal las informaciones y contrainformaciones que se produzcan. El Tribunal conocerá, adoptará las medidas para mejor resolver y emitirá su fallo dentro del plazo señalado por el artículo 27 de la Constitución Política de la República. En todo caso, dicho fallo no será susceptible de recurso alguno y su notificación se practicará por el estado diario.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal deberá además, dar cumplimiento a las normas establecidas en el Título V de la presente ley, en lo que fuere pertinente.”.

61) Agréguese el siguiente artículo 101 bis:

“Artículo 101 bis.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición del Tribunal, los resultados de los Colegios Escrutadores que disponga, en formato digital.”

62) Reemplázase el artículo 103, por el siguiente:

“Artículo 103.- Para practicar el escrutinio general el Tribunal se apoyará en equipos y sistemas computacionales, debiendo resolver las solicitudes de rectificaciones conjuntamente con el escrutinio y observando las siguientes reglas:

1) Todas las sesiones del Tribunal que tengan por objeto practicar el escrutinio general o el escrutinio de alguna mesa en particular, serán públicas. A ellas podrán asistir los candidatos y hasta dos apoderados, designados al efecto por cada uno de los partidos políticos y por los candidatos independientes que hayan participado en la elección o plebiscito.

2) Si no se dispusiere del acta y cuadro de uno o más Colegios Escrutadores, el Tribunal requerirá del Servicio Electoral la remisión de todas las actas y cuadros que faltaren y que obren en su poder y procederá a completar el escrutinio general.

3) Respecto de todas aquellas Mesas, cuyos resultados estén contenidos en los cuadros de resultados de los Colegios Escrutadores, que no hayan sido objeto de observaciones o discrepancias, según el acta del mismo Colegio, ni hayan sido objeto de una reclamación o de una solicitud de rectificación, y siempre que sean concordantes con resultados contenidos en las actas de las mesas remitidas al Tribunal, se practicará el escrutinio general en base a los resultados de dichos cuadros sin más trámite. Para establecer la concordancia podrán usarse sistemas computacionales.

4) Si algún Colegio hubiere dejado de escrutar una o más actas de Mesas, ya sea por no haber conseguido las actas o aquéllas contuvieren errores u omisiones que impidieren conocer el resultado real y completo de la Mesa, el Tribunal recurrirá al ejemplar del acta de la mesa que le fue remitida, y procederá a completar el escrutinio.

5) Si, con todo, no fuese posible contar con uno de los ejemplares del acta de las mesas no escrutadas por el Colegio Escrutador, el Tribunal practicará el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

6) En relación a las Mesas que hayan sido objeto sólo de reclamaciones de nulidad, el Tribunal considerará provisoriamente su resultado según el cuadro del Colegio Escrutador a objeto de completar el escrutinio general y en espera de lo que resuelva posteriormente, según lo señalado en los artículos siguientes.

7) En relación a las Mesas que hayan sido objeto de observaciones, discrepancias o desigualdades, según el acta del Colegio Escrutador, o que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, el Tribunal procederá a revisar todos los antecedentes que obren en su poder o hayan sido presentados por los requirentes, y cotejará al menos dos ejemplares del acta de escrutinio para poder resolver la rectificación solicitada y los resultados de la Mesa, pudiendo, en caso de que lo considere necesario, proceder a practicar el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

8) En relación a las Mesas del número anterior y en el caso de que existieran discrepancias entre los resultados de al menos dos ejemplares del acta de escrutinio, o discrepancia entre las actas de escrutinio y un certificado de escrutinio emitido por el Presidente o Secretario de la misma, en virtud del N° 8 del inciso primero del artículo 71 de esta ley, que haya sido presentado en una rectificación al Tribunal, este procederá a resolver la solicitud de rectificación, practicando el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

9) En relación a las Mesas del número 7 anterior, que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, fundamentada en una mala calificación de los votos que la mesa consideró validos, nulos o blancos, o que hayan sido equivocadamente asignados a otro candidato, o que siendo considerados como marcados no hayan sido contabilizados para el candidato de la preferencia, y que de estos hechos algún apoderado de mesa o vocal haya dejado observación o constancia en el acta de la mesa, o haya sido impedido por la Mesa de hacerlo, el Tribunal deberá proceder a resolver la solicitud de rectificación practicando el escrutinio de la Mesa, en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral. Lo anterior procederá siempre y cuando la revisión de la totalidad de los votos alegados de todas las mesas sujetas de rectificación, pudieren dar lugar a la elección de un candidato distinto o de una opción distinta, a la que arrojan los resultados del escrutinio, de no ser revisados estos votos.”.

63) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 110:

“Los encargados del orden público se constituirán en los locales de votación a partir de las 14 horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito.”

64) Modifíquese el artículo 115 de la siguiente forma:

a) Elimínese del inciso final la expresión “de la respectiva localidad”.

b) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“Cualquier local público o privado en el que, en el período señalado, se realicen actividades de propaganda o se desarrollen reuniones de carácter electoral, salvo las señaladas en el artículo 158, será clausurado por la fuerza encargada del orden público, hasta dos horas después de haberse cerrado la votación.”.

65) Reemplázase el artículo 116, por el siguiente:

“Artículo 116.- El día de una elección o plebiscito, hasta dos horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que éstos podrían afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

El día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose solo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos.

La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringiere esta disposición.”.

66) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 117 la expresión “deberán” por “podrán”.

67) Sustitúyase los números 3) y 6) del artículo 132, por los siguientes:

“3) Admitir el sufragio de personas que no aparezcan en el padrón de la Mesa o que no exhiban su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros vigentes según corresponda;”

“6) Impedir la presencia de algún apoderado o miembro de la Mesa, sin perjuicio de lo señalado en el inciso quinto del artículo 57;”

68) Sustitúyase los números 4) y 8) del artículo 136, por los siguientes:

“4) El que falsificare, sustrajere, ocultare o destruyere algún Padrón de Mesa, acta de escrutinio o cédula electoral;”

“8) El que impidiere a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar por medios violentos, amenazas o privándolo de su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros, y”.

69) Sustitúyase el artículo 139 por el siguiente:

“Artículo 139.- A quienes perciban maliciosamente los bonos a que se refieren el artículo 47 bis y 85 bis, sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio del reintegro de las sumas percibidas indebidamente.”.

70) Elimínese del artículo 140 la expresión “, para no sufragar”.

71) Reemplázase el artículo 153, por el siguiente:

“Artículo 153.- Terminado el proceso de calificación de una elección o plebiscito, el Director del Servicio Electoral denunciará, ante los jueces de Policía Local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral, a los miembros de las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras, que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece esta ley.”.

72) Elimínese del inciso primero del artículo 157 la expresión “independientes, en su caso,”.

73) Reemplázase el artículo 158, por el siguiente:

“Artículo 158.- Las sedes oficiales de los partidos políticos y de los candidatos, en su caso, podrán funcionar aún en el día de la elección, especialmente para efectos de atender, preparar y distribuir a los apoderados y entregarles su materiales y recibir copias de las actas de escrutinios. También podrán seguir los escrutinios conforme al artículo 175 bis, sin que les sea permitido realizar propaganda electoral o política, atender electores o realizar reuniones de carácter político antes del cierre de las mesas de votación.”

74) Reemplázase el artículo 159, por el siguiente:

“Artículo 159.- Los candidatos a Presidente de la República, los partidos que participen en una elección y los candidatos independientes, podrán designar un apoderado con derecho a voz, pero sin voto, para que asista a las actuaciones que establece esta ley de las respectivas Juntas Electorales, Mesas Receptoras de Sufragios, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales que funcionen en los locales de votación, Tribunales Electorales Regionales y Tribunal Calificador de Elecciones. El mismo derecho tendrán los partidos políticos y los parlamentarios independientes en los plebiscitos nacionales. Tratándose de plebiscitos comunales, este derecho solo corresponderá a las organizaciones comunitarias y actividades relevantes de la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Podrá designarse también un Apoderado General titular y uno suplente por cada recinto o local de votación en que funcionaren Mesas Receptoras de Sufragios, para la atención de los apoderados de Mesas.

Servirá de título suficiente para los apoderados generales de local, titular o suplente, así como para los apoderados ante las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Tribunales Electorales y Tribunal Calificador de Elecciones, el nombramiento mediante un poder autorizado ante notario que se les otorgue por los encargados electorales a que se refiere el artículo 7°. En el caso de los apoderados de Mesa y los apoderados ante la Oficina Electoral del local de votación, servirá de título suficiente un poder simple otorgado por un apoderado general, sea titular o suplente, que esté presente en el local de votación.

En el nombramiento deberá indicarse los nombres y apellidos y la cédula nacional de identidad del apoderado, el candidato o partido que representa, y la Junta, Mesa, Local, Colegio, Oficina Electoral o Tribunal ante el cual se acredita. La omisión de cualquiera de esos antecedentes invalidará el nombramiento.

En los plebiscitos, los nombramientos de apoderados que corresponden a los encargados electorales del artículo 7°, serán efectuados por el Presidente y el Secretario del Consejo Regional del partido o por el parlamentario independiente, en su caso.

75) Sustitúyase el artículo 160, por el siguiente:

“Artículo 160.- Para ser designado apoderado, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio y no haber sido condenado por delitos sancionados por esta ley o por cualquiera de las leyes que regulan el Sistema Electoral Público. Esta última condición se presumirá siempre existente mientras no se pruebe lo contrario ante el Presidente de la respectiva Junta, Mesa o Colegio.

Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Consejeros Regionales, Gobernadores y Alcaldes; los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local, los jefes superiores de Servicio y Secretarios Regionales Ministeriales; el Contralor General de la República ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en servicio activo. Tampoco podrán serlo los no videntes y los analfabetos.

76) Sustitúyase el artículo 161, por el siguiente:

“Artículo 161.- Si dos o más ciudadanos exhibieren simultáneamente una designación de apoderado ante una misma Junta, Local de Votación, Colegio o Tribunal, se estimará válida la que tuviere fecha posterior. Si tuvieren la misma fecha, se preferirá a aquél de más edad. En el caso de apoderados de Mesa o ante la Oficinas Electorales se estará a lo que resuelva el apoderado general de local.”.

77) Sustitúyase el artículo 162, por el siguiente:

“Artículo 162.- Los apoderados generales de Local, de Mesa y ante la Oficina Electoral del Local, se identificarán con un credencial durante el día de la elección o plebiscito, que señale al candidato o partido que representan y que deberán colgar en su pecho. Podrán también contar con una carpeta para guardar su material de trabajo. El contenido, tamaño y formato de la credencial y carpeta serán regulados por resolución del Consejo del Servicio Electoral.

Los encargados electorales mencionados en el artículo 7°, deberán someter ante el Servicio Electoral el formato de las carpetas y credenciales que usarán sus representados, dentro de los cuarenta y cinco días antes de la elección, para que sea aprobada o rechazada por el Servicio en un plazo no superior a los cinco días de presentada.

Los apoderados tendrán derecho a instalarse en los locales de votación o al lado de los miembros de las Mesas Receptoras, en las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales o Tribunales Electorales, observar los procedimientos, formular las objeciones que estimaren convenientes y, cuando corresponda, exigir que se deje constancia de ellas en las actas respectivas, verificar u objetar la identidad de los electores y, en general, tendrán derecho a todo lo que conduzca al buen desempeño de sus mandatos.

La Junta, Mesa o Colegio, deberá hacer constar en acta los hechos cuya anotación pida cualquier apoderado y no podrá denegar el testimonio por motivo alguno.”.

78) Derógase el artículo 171.

79) Derógase el artículo 171 bis.

80) Derógase el artículo 173.

81) Reemplázase el artículo 174, por el siguiente:

“Artículo 174.- Las elecciones de Diputados y Senadores se harán conjuntamente pero en cédulas separadas, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquél en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado.”

82) Reemplázase el artículo 175, por el siguiente:

Artículo 175.- El Director del Servicio Electoral deberá entregar a los partidos políticos y a los candidatos independientes, dentro de los treinta días contados desde la fecha del término de la calificación de una elección o plebiscito, el resultado completo de la elección, en medios magnéticos o digitales no encriptados. Deberán detallarse a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Al efecto, el Tribunal Calificador de Elecciones pondrá los referidos resultados a disposición del Director, dentro de los diez días siguientes al término de la calificación.

83) Reemplázase el artículo 175 bis, por el siguiente:

“Artículo 175 bis.- Con objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Servicio Electoral emitirá boletines y desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio.

Para estos efectos, el Servicio Electoral acreditará, en cada local de votación, una persona en la Oficina Electoral del local de votación, que será responsable de recepcionar las copias del acta de las mesas señalada en el inciso sexto del artículo 72, e ingresar los resultados al sistema computacional en los términos señalados en el artículo 76 bis, o en defecto de sistema computacional, remitirla al Servicio Electoral en la forma que éste determine.

Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitarle, instalación eléctrica en la Oficina Electoral del Local de Votación.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de la elección, a medida que se vayan ingresando al sistema computacional conforme al artículo 76 bis. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos, los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito y los medios de comunicación que lo soliciten al Servicio Electoral, podrán también acceder a esos mismos resultados en archivos magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

El Servicio Electoral emitirá boletines parciales y final con los resultados de la elección o plebiscito.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo, tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno, debiendo señalar está condición en sus informes o boletines.”.

84) Deróguese el artículo 176.

85) Agréguese, a continuación del Título Final, que pasa a ser Título XI, el siguiente Título XII nuevo:

“TITULO XII

DE LAS JUNTAS ELECTORALES

Artículo 182.- En cada provincia habrá una Junta Electoral que tendrá las funciones que está ley y las demás leyes le encomienden.

Artículo 183.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral, por acuerdo de su Consejo, mediante resolución del Director y previo informe de la Junta respectiva, podrá crear temporal o permanentemente otras Juntas Electorales, cuando circunstancias tales como la cantidad de población, la dificultad de comunicaciones o las distancias entre los diversos centros poblados lo hagan aconsejable.

La resolución designará a los integrantes de las nuevas Juntas Electorales, establecerá su territorio jurisdiccional y la localidad en que tendrán su sede. Dicha resolución se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva. En caso que no lo hubiere, la publicación se realizará en un periódico correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 184.- Las Juntas Electorales, en las provincias cuya capital sea asiento de Corte de Apelaciones, estarán integradas por el Fiscal Judicial de esta última, el Defensor Público de la capital de la provincia y el Conservador de Bienes Raíces de la misma. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

En las demás capitales de provincia, las Juntas se integrarán con el Defensor Público, el Notario Público y el Conservador de Bienes Raíces de ellas. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

Si hubiere más de uno de los funcionarios mencionados en los incisos precedentes, integrará la respectiva Junta el más antiguo de ellos en la categoría respectiva.

Los miembros de las Juntas Electorales serán permanentes y conservarán ese carácter en tanto desempeñen la función pública requerida para su designación.

Artículo 185.- Las Juntas Electorales que cree el Servicio Electoral de acuerdo con las normas del artículo 183 de esta ley, se integrarán con el Defensor Público, un Notario y un Conservador de Bienes Raíces que tengan competencia en todo o parte del territorio jurisdiccional que se les asigne y, si hubiere más de uno de ellos, por los que tengan su oficio en la localidad en que tendrá su sede la respectiva Junta, de acuerdo con su antigüedad en la categoría, excluidos los que deban integrar otras Juntas de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo anterior.

Si no hubiere alguno de los auxiliares de la administración de justicia señalados en el inciso anterior, la Junta Electoral se integrará con un Secretario del Juzgado de Letras, con otro Notario o con el Secretario Municipal de la Municipalidad que tenga asiento en la localidad sede de la Junta. Sin embargo, la falta de Conservador solo podrá ser suplida por un Archivero Judicial o un Notario.

En estas Juntas actuará como Presidente el Defensor Público o, en su defecto, el miembro que designe el Servicio Electoral, y como Secretario el Conservador de Bienes Raíces o, a falta de éste, el Archivero Judicial o el Notario que nomine el Servicio Electoral. La permanencia de sus miembros será la misma indicada en el inciso final del artículo anterior.

Artículo 186.- Para los efectos de la designación de los integrantes de las Juntas Electorales, el Servicio Electoral requerirá de la Corte Suprema la nómina de los correspondientes funcionarios y auxiliares de la administración de justicia, con jurisdicción en el territorio de competencia de la Junta.

Los miembros serán notificados de su designación por el Secretario de la Corte de Apelaciones respectiva, a requerimiento del Servicio Electoral. La notificación se hará personalmente o por carta certificada que contendrá copia íntegra de la resolución. Se entenderá practicada esta última notificación al tercer día hábil siguiente de la recepción de la carta por la oficina de correos.

Las Juntas Electorales se instalarán el quinto día siguiente a la notificación del último de sus miembros, a las quince horas.

Artículo 187.- Si en alguna provincia no se reuniere el número de funcionarios suficientes para integrar una Junta Electoral, el Servicio Electoral dispondrá, mediante resolución fundada, que será publicada en la forma señalada en el artículo 183 de esta ley, que sus funciones sean cumplidas por la Junta Electoral de la provincia de la misma Región que tenga mayores facilidades de comunicación terrestre con aquélla.

Artículo 188.- Las Juntas Electorales celebrarán sus sesiones en el oficio del Secretario y podrán funcionar válidamente con dos de sus miembros. Si faltare alguno de ellos será sustituido por la persona a quien corresponda reemplazarlo en sus funciones.

Corresponderá a los Presidentes velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a las Juntas. Podrán convocarlas cuando lo estimen necesario o lo pidan otros miembros. Las Juntas se reunirán, además, en las ocasiones que señale la ley o cuando hubiere asuntos que requieran de su conocimiento, situación que los Secretarios informarán de inmediato a los Presidentes, caso en el cual aquéllos efectuarán las citaciones correspondientes.

Artículo 189.- De todas las actuaciones de la Junta se levantarán actas que se estamparán en un libro denominado Protocolo Electoral. En ellas se indicará la fecha de la sesión, la individualización de los miembros asistentes, las materias tratadas y las resoluciones adoptadas. Estas actas serán firmadas por todos los miembros asistentes.

El Protocolo Electoral será público y se sujetará a las reglas que rigen los registros notariales. Copia de él, deberá remitirse al Servicio Electoral para su publicación en su sitio web.

El Protocolo se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Reemplázase, en el artículo 99, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

2) Sustitúyase, en el artículo 100, la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna” por “habilitados para votar en la comuna”.

3) Modifícase el artículo 101 en la siguiente forma:

a) Sustitúyase, el inciso segundo, por el siguiente:

“El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente”.

b) Reemplázase, en su inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

c) Derógase el inciso cuarto.

4) Modifíquese el artículo 107 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en la declaración mencionada en el artículo 3 de la ley N° 18.700, o su omisión, producen la nulidad de la declaración de ese candidato y la de todos sus efectos legales posteriores, incluyendo su elección.”.

b) Sustitúyase el inciso quinto por el siguiente:

“En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3°, con excepción del inciso tercero para el caso de los concejales, 3° bis, con excepción de su inciso tercero, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de la ley 18.700.”

c) Agréguese el siguiente inciso final:

“Las declaraciones de candidaturas de concejales deberán ser presentadas por los partidos políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de cada comuna.”

5) Sustitúyase el artículo 110, por el siguiente:

“Artículo 110.- Las declaraciones de pactos electorales, de los subpactos que se acuerden, así como la o las comunas excluidas de los subpactos, deberán constar en un único instrumento y su entrega se formalizará en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido en el artículo 107 y en forma previa a las declaraciones de candidaturas.”.

6) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 113, la frase “inscritos en los registros electorales de” por “habilitados para votar en”.

7) Sustitúyase el artículo 119, por el siguiente:

“Artículo 119.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los tribunales electorales regionales, en conformidad a los Títulos IV y V de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, teniendo, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones.

Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales Regionales, en el marco de la competencia que se les confiere por la presente ley, serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

El plazo para comparecer en segunda instancia será el segundo día contado desde el respectivo certificado de ingreso. La resolución que proclame a los candidatos definitivamente electos, no será susceptible de recurso alguno.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, las instancias jurisdiccionales electorales deberán poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente, aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación, que a su juicio revistieren las características de delito.”.

Artículo 4º.- Modifícase el inciso tercero del artículo 83 de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, reemplazando la expresión “inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva” por “con derecho a sufragio que hubieren sufragado en la respectiva provincia en la última elección municipal”.

Artículo 5º.- Incorpórense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos:

1) Derógase, en el inciso primero del artículo 2º, la frase “Asimismo, podrán asistir, sólo con derecho a voz, mediante un representante debidamente acreditado en la forma que señale el Director de Servicio electoral, a las actividades de las Juntas Inscriptoras establecidas por la ley N° 18.556.”

2) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 5º, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

3) Modifícase el artículo 6º de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en los incisos primero y segundo, las expresiones “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscrito en los Registros Electorales de” por “habilitado para votar en”.

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 18, la expresión “inscrito en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

5) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 27, la expresión “estar inscrito en los Registros Electorales de la Región” por “que el domicilio electoral esté ubicado en una circunscripción de la Región”.”.

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral:

1) Modifícase el artículo 4° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “electores”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “inscritos en los Registro Electorales” por “electores”.

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la expresión “inscritos en los Registros Electorales del”, por “electores en el”.

2) Sustitúyase el artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Todo candidato a Presidente de la República, a Senador o a Diputado, deberá nombrar un Administrador Electoral, el que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a alcalde o a concejal. Si no se efectuare la designación las funciones de Administrador Electoral recaerán en el propio candidato.

Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral para más de un candidato, siempre que las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido político o pacto.

El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral, al momento de la declaración de la correspondiente candidatura o en la declaración jurada a que se refiere el inciso cuarto del artículo 3° de la ley N° 18.700.

La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula de identidad y domicilio del respectivo Administrador, el que deberá también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo.

Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento, mediante comunicación del candidato correspondiente al Director del Servicio Electoral, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37.

3) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente de la República, de senadores, de diputados y de alcaldes y concejales, podrá ejercer el cargo de Administrador Electoral General.

El nombramiento de éste deberá efectuarse por el partido político ante el Director del Servicio Electoral, en la forma que establece el inciso cuarto del artículo 30, en forma previa a la declaraciones de candidaturas.”

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 34, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.”.

Artículo 7º.- Modifíquese el artículo 9 de la ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, de la siguiente forma:

a) sustitúyase al final del texto de la letra d) la expresión “, y” por un punto y coma.

b) Agréguese la siguiente letra e) pasando la actual a ser letra f):

“e) Reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, en la forma señalada en el artículo 12 y consultando previamente la opinión de éstos, y”.

Artículo 8°.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral.

Artículo 9º.- La presente ley comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Diario Oficial. Salvo en lo que se refiere al artículo 23 de la ley N° 18.556, que comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero Transitorio.- Las Juntas Inscriptoras en actual funcionamiento dejarán de recibir inscripciones desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. A contar de esa fecha, las Juntas Inscriptoras tendrán un plazo de 5 días para remitir al Servicio Electoral todos los Registros Electorales de que dispongan, tanto en uso como en blanco.

Los secretarios de Juntas Electorales, en el plazo de veinte días desde la entrada en vigencia de esta ley, harán entrega al Servicio Electoral, en la forma que su Director disponga, de todos los ejemplares de los archivos electorales locales a su cargo.

El Director del Servicio Electoral dispondrá la inutilización y destrucción de esos ejemplares dentro del plazo de ocho meses, desde la vigencia de esta ley, previa su microfilmación.

Artículo Segundo Transitorio.- Todas las personas que a la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren inscritas en los registros electorales de conformidad a la Ley 18.556, serán inscritas sin más trámite en el Registro Electoral manteniendo la misma mesa receptora de sufragios o registro.

Respecto de estas personas ya inscritas, el servicio Electoral queda eximido del deber de comunicar sus inscripciones, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7º de la ley N° 18.556.

Artículo Tercero Transitorio.- Respecto de los chilenos y extranjeros no inscritos en los registros electorales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos para ser inscritos automáticamente en el Registro Electoral, serán inscritos en él de conformidad a las reglas que a continuación se indican.

El Servicio Electoral asignará a los nuevos electores, a mesas receptoras de sufragio de la circunscripción electoral que corresponda a su domicilio electoral, distinguiendo entre hombres y mujeres. Los hombres serán inscritos siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de mujeres existentes en la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número. Las mujeres serán inscritas siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de hombres existentes que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número.

Si realizado lo anterior, quedarán electores por asignar, ellos serán destinados sin distinción de sexo, siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, a nuevas mesas que se crearán para estos efectos en la circunscripción electoral, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

El Servicio Electoral notificará a los electores señalados en los incisos anteriores, mediante carta certificada, del hecho de su inscripción, así como de la circunscripción y Mesa Receptora de Sufragios en la que hubieren sido inscritos.”.

Artículo Cuarto Transitorio.- Las mesas o registros existentes a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se identificarán con una letra y un número. Las antiguas mesas o registros de varones con la letra “V” y las antiguas mesas o registros de mujeres con la letra “M”, y el número corresponderá al que actualmente tienen de acuerdo con la circunscripción electoral a la que corresponden.

Las nuevas mesas que se creen en virtud de esta ley, se identificarán sólo por un número, dicho número se asignará en forma correlativa, partiendo desde el número de mesa o registro más alto existente en la circunscripción electoral incrementado en uno.

Artículo Quinto Transitorio.- En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de vocales, a sortear tres de los cinco vocales que ejercieron en la última elección, quienes mantendrán su condición de vocales hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás vocales se aplicará lo señalado en el artículo 41 de la ley N° 18.700.

En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de miembros de los Colegios Escrutadores, a sortear tres de los seis que eligieron, quienes mantendrán su condición de miembro del Colegio Escrutador hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás miembros de los Colegios Escrutadores se aplicará lo señalado en los artículos 82 y 85 de la ley N° 18.700.

Artículo Sexto Transitorio.- La primera de las revisiones anuales que deberán realizar las empresas de auditoría, según lo dispuesto en el artículo 41 de la ley N° 18.556, deberá efectuarse cinco meses después de la publicación la presente ley.

Artículo Séptimo Transitorio.- En la primera propuesta que deba hacer el Presidente de la República respecto de los cuatro consejeros conforme al inciso primero del artículo 62 de la ley N° 18.556, deberá indicar los dos consejeros que durarán cuatro años en su cargo y los dos que durarán ocho años.

El primer Consejero designado por el Presidente de la República conforme al inciso segundo del artículo 62 de la ley

N° 18.556, durará en su cargo hasta 30 días después de terminado el período presidencial.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 20 de diciembre de 2010, 10 de enero, 14 de marzo y 4 de abril, todas de 2011, con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela (Presidenta) (Jaime Quintana Leal), y señores Andrés Chadwick Piñera, Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández y Patricio Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 8 de abril de 2011.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario

RESÚMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES

(BOLETÍN Nº 7.338-07)

I.- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- incorporar un sistema de Registro Electoral con real inscripción automática y cambio de domicilio electoral;

- modificar el Servicio Electoral en su organización, estructura y funciones, y

- modernizar el sistema de votaciones en lo relativo a la inscripción de candidaturas; vocales de mesa; delegados de la Junta Electoral; funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios; escrutinio de los votos y procedimientos y funciones del tribunal Calificador de Elecciones.

II.- ACUERDOS: aprobado en general en forma unánime (5 x 0).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO: consta de nueve artículos permanentes -algunos de los cuales se componen, a su vez, de numerosos preceptos- y de siete disposiciones transitorias.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: por tratar materias comprendidas en leyes de carácter orgánico constitucional, los preceptos de la iniciativa tienen también esa condición y, por tanto, requieren del voto favorable de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, salvo sus artículos 6°, 8° y 9°, que son normas de ley común.

V.- URGENCIA: Suma.

VI.- ORIGEN DE LA INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIII.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

IX.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

a) La Constitución Política de la República consagra, en su Capítulo II contiene las normas básicas sobre nacionalidad y ciudadanía. En especial, los artículos 13 indica quiénes son ciudadanos chilenos y el 18 dispone que habrá un sistema electoral público.

b) La ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

c) La ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

d) La ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

e) La ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

f) La ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.

g) La ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

h) El Código Orgánico de Tribunales.

i) La ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

Valparaíso, 8 de abril de 2011.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario

INDICE

Constancias reglamentarias...2

Antecedentes:

- Jurídicos...2

- De hecho...3

Opinión Excma. Corte Suprema:...10

Discusión en general...24

Aprobación en general...28

Texto del proyecto de ley...29

Resumen ejecutivo...96

Informe Financiero:...99

- - -

REGULACIÓN DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7338-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 72ª, en 1 de diciembre de 2010.

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 9ª, en 13 de abril de 2011.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los objetivos principales de la iniciativa son:

1) Establecer un sistema de registro electoral con inscripción automática y cambio de domicilio electoral, que incorpore en el padrón electoral a todas las personas que cumplan los requisitos para ello.

2) Modificar la organización, la estructura y las funciones del Servicio Electoral.

3) Modernizar el sistema de votaciones.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó el proyecto en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Chadwick, Espina, Larraín (don Hernán), Quintana y Walker (don Patricio).

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado donde se transcriben la normativa legal vigente y el texto que ese órgano técnico propone acoger en general.

Corresponde tener presente que para la aprobación de esta iniciativa se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores, con excepción de los artículos 6°, 8° y 9°, para los cuales se precisa quórum de ley común.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión general.

Antes de otorgarle la palabra al Senador señor Gómez, sugiero seguir la tradición y permitir primero que la Presidenta de la Comisión entregue su informe.

El señor GÓMEZ.- Bien.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente , el proyecto cuyo análisis iniciamos busca materializar la reforma constitucional aprobada por el Congreso en el año 2009, sobre voluntariedad del voto e incorporación al Registro Electoral por el solo ministerio de la ley.

En aquella oportunidad se dispuso que las enmiendas pertinentes rigieran al momento de entrar en vigencia la ley regulatoria del nuevo Registro Electoral, al que los ciudadanos accederán automáticamente por el solo hecho de cumplir los requisitos establecidos en la Carta.

Considero útil recordar que los propósitos y contenidos del texto en debate coinciden en parte con los consignados en el boletín N° 6.418-07, correspondiente a un proyecto referido a la inscripción automática, el sufragio voluntario y el voto de los chilenos en el extranjero. Su tramitación se encuentra pendiente en nuestra Comisión. Sin embargo, en el marco del debate habido a su respecto -el proyecto ya fue aprobado en general por la Sala-, el Gobierno decidió presentar una nueva iniciativa, circunscrita solo a la inscripción automática, a la modernización del Servicio Electoral de los chilenos que viven en el país y al perfeccionamiento del sistema de votaciones. Y esa normativa es la que ahora informamos.

Como fundamento del proyecto, el mensaje señala la necesidad de actualizar permanentemente nuestra democracia, para hacerla más participativa y vital. Agrega que lo anterior es especialmente necesario en el caso de Chile, pues la ciudadanía, y en particular los jóvenes, está cada vez más distante de la política, lo que a su vez ha dado lugar a que la democracia haya perdido fuerza, juventud y legitimidad.

La realidad de tal desafección se demuestra con las siguientes cifras:

-3,5 millones de ciudadanos chilenos no participan y no se interesan ni siquiera por inscribirse en los registros electorales.

-Se observan números históricos de abstención y de gente que vota nulo o blanco en los comicios.

-Casi la mitad de las chilenas y los chilenos (más de 5 millones de personas) no participan en nuestra democracia.

Y el envejecimiento del padrón electoral se corrobora con los siguientes datos:

-En el plebiscito del año 1988, el 36 por ciento de los votantes eran menores de 29 años, cifra que en la última elección se redujo a menos de 9 por ciento.

-Lo anterior significa que, de los 3 millones de jóvenes chilenos, solo 700 mil se encuentran inscritos en los registros electorales.

-A partir de 1995 nuestro padrón electoral se congeló, esto es, no crece, pues las pocas personas que se incorporan a él se compensan con las que lo dejan, ya sea por fallecimiento o por otras razones de carácter legal.

En este contexto -continúa el mensaje-, se hace imperioso perfeccionar el sistema de inscripción y la institucionalidad electoral, lo cual se materializa estableciendo un sistema de inscripción automática, el que generará las condiciones para que la mayor cantidad de personas participen de las decisiones públicas, dando una nueva vitalidad a nuestra democracia.

Asimismo, indica que el proyecto se orienta a modernizar el sistema de votaciones y a fortalecer el Servicio Electoral, de modo que la interacción entre el sistema político y el electorado que promueven el voto voluntario y la inscripción automática vaya de la mano de un sistema de votación amigable y una institucionalidad moderna.

En tal sentido, la iniciativa incorpora un sistema de Registro Electoral con inscripción automática y cambio de domicilio electoral. Y avanza en la creación de las mesas receptoras de sufragio mixtas; en padrones electorales sujetos a auditoría y reclamación, a fin de dar todas las garantías respecto de su confección; en mayor normalidad en el día de la elección; y en que sea el Servicio Electoral el que lleve a cabo no solo el proceso de inscripción automática sino también el de elección, teniendo la función de entregar a la ciudadanía los resultados de los comicios.

Luego se describe el nuevo sistema de inscripción automática propuesto.

Dicho sistema cuenta, entre los elementos principales, con un Registro Electoral de potenciales votantes, que será llevado por el Servicio Electoral. En él se inscribirán automáticamente los chilenos nacidos en Chile al cumplir 17 años de edad y los extranjeros y chilenos no nacidos en nuestro país si se cuenta con antecedentes que acrediten su avecindamiento; se otorga la posibilidad de inscribirlos a solicitud cuando aporten dichos antecedentes.

Más adelante se expone que, para la formación del Registro , el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a todos los datos electorales del Registro Civil y del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Registro Electoral se actualizará por el Servicio Electoral mediante datos proporcionados por diferentes organismos respecto de fallecimientos; revocación de permisos de residencia; pérdida de ciudadanía y su recuperación; suspensión del derecho a sufragio y su recuperación, y modificaciones de datos y domicilio electoral. Porque el objeto de este Registro es generar padrones con electores habilitados para votar en cada elección.

En cuanto a los Padrones Electorales, el Servicio Electoral los preparará para cada elección, incluida una nómina de electores inscritos inhabilitados para votar.

En el proceso de formación del Padrón Electoral se elaborará primero un padrón provisorio, que será objeto de auditorías efectuadas por dos empresas, inscritas en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros y seleccionadas a través de un proceso de licitación pública. Con ello se elaborará el padrón auditado, que podrá ser objeto de reclamaciones ante los tribunales electorales regionales y ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Finalmente está el padrón definitivo, que se usará para los padrones de las mesas de votación, al cual los partidos políticos tendrán acceso mediante copia impresa simple. La preparación, auditoría y reclamaciones del Padrón Electoral requieren un cierre de actualizaciones y modificaciones en el Registro Electoral 120 días antes de cada elección o plebiscito.

En cambio, dicho Padrón será público en la página web después de auditado, pero contendrá solamente el rol único nacional, sexo, domicilio electoral, circunscripción, comuna y mesa. A él tendrán acceso en forma digital los partidos políticos y los centros de estudio autorizados por el Consejo del Servicio Electoral, pero se prohíbe y se sanciona su uso para fines comerciales.

En relación con las modificaciones que se propone introducir al Servicio Electoral, cabe destacar que será un organismo con mayor independencia, dirigido por un Consejo integrado por cinco miembros. Cuatro de ellos serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de las tres quintas partes del Senado, durarán ocho años en sus cargos, podrán reeligirse por dos períodos y se renovarán por parcialidades. El quinto miembro -indica el mensaje- será designado por el Primer Mandatario , durará cuatro años en el cargo y presidirá el Consejo.

Los miembros del Consejo tendrán una remuneración máxima de 120 unidades de fomento. Sus acuerdos serán adoptados por mayoría de cuatro miembros en primera instancia y de tres, si no hay consenso, previa publicación del desacuerdo. Para designar al Director y Subdirector del Servicio Electoral deberá haber mayoría de cuatro miembros.

Algunas de las funciones del Consejo del Servicio Electoral son las siguientes: designar y supervisar al Director y Subdirector de la institución; aprobar los padrones electorales; aprobar las bases para la licitación de las empresas de auditoría y determinarlas, y designar a los miembros de las Juntas Electorales.

Luego, el mensaje describe las modificaciones que esta iniciativa introduce a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de modernizar el sistema de votaciones.

Al respecto, señala que, en particular y en primer término, se simplifica la inscripción de candidaturas, pues en adelante será por candidatos y separadas del pacto electoral.

En segundo lugar, advierte que se elimina la obligación a los municipios de colocar murales con los nombres de los candidatos. Destaca también que, en cuanto a los vocales de mesa, esta función pasa a ser obligatoria pero con una mejor remuneración.

Respecto del horario de funcionamiento de las mesas, el mensaje explica que será fijo -de 8 a 18-, salvo que queden electores sin votar en la mesa. Por ello, los vocales deben llegar a las 8 de la mañana y, en caso de constitución forzada de mesas, el delegado deberá proceder a ella entre las 9 y 10, prefiriendo a los voluntarios en orden de presentación o bien designarlos de entre los electores del mismo local.

En cuanto al sufragio, señala que se podrá votar con cédula de identidad o bien con pasaporte.

En lo que dice relación a los escrutinios, el mensaje define lo que se debe entender por voto nulo, blanco, marcado u objetado. Se elimina cualquier suma de votos por lista. Se llenará una sola minuta que se publicará en un lugar visible; las actas se podrán fotocopiar luego de llenada la primera y antes de las firmas, siendo el original para el Tribunal Calificador de Elecciones, una copia para el Servicio Electoral que se digitará en la oficina electoral del local y una segunda copia para el Colegio Escrutador que se entregará en sobre cerrado por el delegado del local. Con ello -concluye el mensaje-, los presidentes de mesa no deben concurrir al Colegio Escrutador al día siguiente.

El mensaje asegura que con estas modificaciones se pretende lograr una mayor normalidad el día de las elecciones o plebiscitos, permitiendo reuniones que no tengan carácter político y prohibiéndolas hasta dos horas después del cierre de la votación así como los eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo. También se prohibirá el comercio de alcohol cinco horas antes y dos horas después del cierre de la votación.

En cuanto a los cómputos en el día de la elección, el mensaje indica que ello pasa a ser función del Servicio Electoral y se hará a través de la digitalización de los datos en cada local con presencia de los apoderados.

El Tribunal Calificador de Elecciones tendrá sesiones públicas, con un procedimiento más transparente para los escrutinios y resolución de solicitudes de rectificación, especialmente sobre actas faltantes, contradictorias o descuadradas. El padrón electoral incorrecto puede ser causa de nulidad.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ha concluido su tiempo, señora Senadora.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente , como se trata de un proyecto muy largo, me parece importante explicarlo en su totalidad.

El señor ESPINA.- Así es, señor Presidente.

El señor GIRARDI (Presidente).- Muy bien, señora Senadora.

Puede continuar.

La señora ALVEAR.- Finalmente, el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá la facultad de reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales.

Desde el punto de vista de su estructura, el proyecto consta de nueve artículos permanentes y tres disposiciones transitorias. El contenido básico de esas normas es el siguiente.

Según ya expliqué con anterioridad, el artículo 1º modifica la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y el artículo 2º introduce un conjunto de enmiendas a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, mediante las cuales se regula detalladamente la forma en que -como he descrito- se realizarán las votaciones.

Luego, los artículos 3º a 7º efectúan las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la Ley Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos y la Ley sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral.

Enseguida, el artículo 8º se refiere al gasto que genere la aplicación de la ley.

Por último, el artículo 9º establece que la ley comenzará a regir sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Adicionalmente, se incluyen siete disposiciones transitorias destinadas a regular la situación de las juntas inscriptoras en actual funcionamiento; la inscripción sin más trámite en el Registro Electoral de todos aquellos que a la entrada en vigor de la ley ya estén inscritos; la inclusión en los registros electorales de los chilenos y extranjeros que no se encuentren inscritos a la fecha de entrada en vigencia de la ley, y los demás aspectos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema de inscripción y votación.

Por otra parte, debo hacer presente que la Excelentísima Corte Suprema hizo llegar su opinión sobre la iniciativa.

En el oficio correspondiente informa favorablemente el proyecto, si bien formula algunas observaciones que, por supuesto, debemos considerar durante el análisis en particular de su texto.

Estimo oportuno poner de relieve que el mencionado documento contiene un extenso comentario de los Ministros de la Corte Suprema que, al mismo tiempo, integran el Tribunal Calificador de Elecciones.

Tales Ministros expresaron su preocupación por diversos aspectos de la iniciativa, tales como la forma en que se hará el escrutinio, la organización y atribuciones del nuevo Servicio Electoral, la suspensión del derecho de sufragio y el derecho a voto de los chilenos que viven en el extranjero y de los privados de libertad.

Debo dejar constancia de que las disposiciones de la iniciativa deben ser aprobadas por las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, pues tienen carácter orgánico constitucional, salvo los artículos 6º, 8º y 9º, que son normas de ley común.

Asimismo, resulta necesario tener presente que en el trámite de la discusión particular el proyecto debe pasar a la Comisión de Hacienda.

Señor Presidente , eso es cuanto puedo informar como Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acerca del proyecto en discusión.

Para no volver a hacer uso de la palabra, deseo aprovechar esta ocasión para entregar mi opinión personal sobre la iniciativa.

Señor Presidente , quiero llamar la atención de la Sala en el sentido de que este proyecto requiere un especial cuidado al momento de ser analizado en particular, por cuanto una de las características importantes de Chile es precisamente contar con un sistema electoral creíble.

En la última elección presidencial, a las 6 de la tarde sabíamos quién era el Presidente electo.

La responsabilidad de los Poderes colegisladores al realizar un cambio de esta magnitud es muy importante, porque seremos responsables de cualquier situación que a futuro -¡Dios quiera que no sea así!- se pudiese presentar a raíz de la modificación legal que vamos a introducir. De modo que en el análisis en particular de la iniciativa se van a recibir todo tipo de indicaciones y a analizar las precisiones de la Corte Suprema, y, por cierto, las deliberaciones que surgirán en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La responsabilidad nuestra es enorme. Y no quiero que el día de mañana carguemos con el juicio de la ciudadanía de haber introducido un cambio que determine que las futuras elecciones no tengan el rigor y la credibilidad que mostraron hasta el momento.

Por último, señor Presidente, formularé reserva de constitucionalidad sobre el proyecto de ley, que hago presente en este momento.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , la completa presentación de la Senadora señora Alvear , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me ahorra extenderme sobre las características de esta iniciativa legal presentada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Solo quiero complementar algunos antecedentes que me parecen muy relevantes para la decisión de la Sala.

Como muy bien lo expresó la señora Senadora , estamos en presencia de un cambio sustantivo, importante, en todo el sistema de registro, evaluación, información y funcionamiento del mecanismo electoral.

Por eso, en mi opinión, resulta fundamental tener presente que este es el fruto de un trabajo muy extenso e intenso que se llevó a cabo durante el Gobierno de la señora Bachelet y que ha continuado en el del Presidente Sebastián Piñera , a fin de proponer al Congreso Nacional un texto que, por su complejidad e importancia, ha requerido una labor de mucho consenso y la participación de un grupo de expertos electorales muy calificados que representan a las distintas coaliciones políticas del país.

Menciono el hecho, porque he sido testigo del trabajo realizado el año pasado y porque también conozco el que se llevó a efecto a fines de la Administración Bachelet.

Por otro lado, deseo señalar que, desde el punto de vista de lo que la ciudadanía quiere y de lo que sería ideal, ojalá pudiéramos abocarnos al análisis detallado de la iniciativa en la Comisión de Constitución del Senado, y posteriormente en la de la Cámara de Diputados, con el propósito de que el nuevo sistema de inscripción automática pueda estar vigente y aplicarse -para tranquilidad de todos los sectores políticos del país y de la ciudadanía en general- a partir de la elección de alcaldes y concejales que se efectuará en octubre del próximo año.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente , pedí hacer uso de la palabra no para referirme al proyecto en estudio, sino a lo ocurrido en la sesión del día de ayer, que fue compleja, áspera y respecto de la cual haré uso del derecho a vindicación del artículo 114 del Reglamento.

Procederé a hacer un par de citas textuales, para no cometer errores.

En la sesión ordinaria celebrada ayer martes 3 de mayo, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Larroulet , sostuvo que, a su juicio, se plantearon "expresiones injuriosas hacia el Presidente de la República ", agregando que "tenemos todo el derecho a discrepar, pero no tenemos el derecho a injuriar".

Señor Presidente, creo muy necesario que dicho Secretario de Estado asuma y clarifique de qué manera se han cometido las injurias; es decir,...

El señor PROKURICA.- ¡Estamos en otro proyecto, señor Presidente!

El señor LAGOS.- ...cuáles serían las expresiones de descrédito, de deshonra o de menosprecio formuladas en contra del Presidente Piñera ,...

El señor PROKURICA.- ¡Pido la palabra, para un asunto reglamentario, señor Presidente!

El señor LAGOS.- ...y quién es el autor de ellas.

El señor PROKURICA.- ¡Presida, señor Presidente!

El señor LAGOS.- Ello es importante, desde luego, porque, planteadas las cosas de modo genérico -como aconteció ayer-, queda la sensación de que el Senado sería un espacio poco propicio para la discusión de ideas, pues se estarían reconduciendo nuestras legítimas diferencias por cauces, a lo menos, poco decorosos.

Puedo entender que el Ministro señor Larroulet haya tenido ayer un mal día. Pero eso no justifica que haga acusaciones graves y nos impute, sin especificar, que hemos cometido el delito de injuriar ni más ni menos que al Presidente de la República .

Entonces, aprovechando la presencia de dicho Secretario de Estado en la Sala, me permito solicitarle -por su intermedio, señor Presidente - que asuma la responsabilidad de la acusación que hizo y nos aclare dos cosas: cuáles a su juicio fueron las injurias y quién las habría proferido.

El señor CHADWICK.- ¡Señor Presidente, sigamos con el proyecto!

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , considero que la situación de ayer con el Ministro señor Larroulet fue inadecuada desde el punto de vista del buen debate político. Pero, obviamente, a todos les asiste el derecho de opinar y a tener malos días.

Eso es algo respecto de lo cual nadie puede exigir alguna explicación o condenar.

Ahora bien, creo que lo relevante es que hoy día estamos tratando un proyecto de ley relacionado -yo diría- con una decisión histórica en el 2009, cuando el Parlamento y el Poder Ejecutivo decidieron sacar adelante una iniciativa legal cuya finalidad era cambiar el sistema electoral y la forma en que se ejercía ese derecho tan fundamental de todos los chilenos de votar y decidir qué autoridades deseamos que nos representen.

Hasta ese momento, cuando no se introducía la reforma modificatoria del artículo 15 de la Carta Fundamental, quienes se inscribían estaban obligados a emitir su voto. No realizaban ese acto republicano solo aquellos que no tenían la intención de hacerlo. Y, con el tiempo, llega a casi cinco millones el número de chilenos que no ejercen esa vital e importante función.

A raíz de eso, se modificó la Constitución y se estableció que en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.

Ello ha generado un cambio, una revolución y amplias discusiones en el mundo ideológico, en los cientistas especializados y en todos quienes se relacionan con la política. Porque, a partir de ahí y de la aprobación y publicación de la normativa hoy en debate, cambiará también el mapa electoral.

¡Y qué bueno que así sea! Qué bueno que exista la posibilidad de que los 4 o 5 millones de chilenos que nunca han manifestado su opinión -porque están hastiados de la política, de los partidos o de quien sea- puedan llevar a cabo una actividad que les va a permitir, en definitiva, decidir quién será Presidente de la República , quién su parlamentario, quiénes sus alcaldes y concejales.

Estas enmiendas van a significar, en nuestra opinión, una gran democratización. Pero para eso resulta importante que la normativa que aprobemos cumpla un principio constitucional fundamental: que permita votar a todos aquellos que la Constitución señala que son ciudadanos.

El artículo 13 de la Carta prescribe: "Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

"La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran".

Por lo tanto, aunque hay otros acá, desde el punto de vista constitucional no existe requisito para que los chilenos que tienen la nacionalidad y poseen las facultades que la Constitución establece voten.

El texto que se propone como artículo 1º de la ley N° 18.556 señala: "La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República".

¿Por qué? Porque, como la Carta Fundamental determina quiénes son ciudadanos, también preceptúa en su artículo 18 que se debe regular este sistema. ¿Cómo? A través de una ley orgánica constitucional que "contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán," -insisto: se incorporarán- "por el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución".

En consecuencia, no cabe ninguna posibilidad de que una ley que regule lo que ella ha establecido violente la Carta.

Por consiguiente, resulta necesario que en esta ley en proyecto estén contemplados todos los que son chilenos, de acuerdo con la Constitución, y que tienen capacidad para votar por ser ciudadanos.

Pero en ella falta algo esencial: no se encuentran considerados ni todos los chilenos ni todos los que son ciudadanos, pues, violentando la Carta Fundamental, se refiere exclusivamente a quienes, conforme a sus normas, pueden ser inscritos en el registro por el Servicio Electoral.

Eso es parcial y no cumple lo preceptuado por la Constitución.

El artículo 10 propuesto expresa: "El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él.

"Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral".

Antes de presentar esta iniciativa, el Gobierno del Presidente Piñera conocía el proyecto de la Presidenta Bachelet , en cuya conformación jurídica y técnica estaban considerados, por supuesto, todos los chilenos, incluidos quienes viven en el extranjero, y que establecía un mecanismo dentro del sistema electoral para que ellos pudieran ejercer su derecho a voto.

¿Qué hizo el Ejecutivo ? Dijo: "No seguiré tramitando ese proyecto de ley", que, dicho sea de paso, no puede no seguir tramitándose. Y, en ese sentido, solicito a la Presidenta de la Comisión de Constitución que evacue el informe respectivo para que en la Sala discutamos y votemos esa iniciativa, en paralelo con el proyecto en debate. Porque, si actuamos así, en las normas relativas al Servicio Electoral podremos establecer que todos los chilenos pueden votar, con lo cual el Gobierno se verá obligado a institucionalizar el voto, que es lo que tiene que hacer. Porque no puede discriminar, no puede determinar quién es chileno y quién vota y quién no. Eso lo dispone la Carta Fundamental.

Sin embargo, como vio que había mayoría en el Senado al menos respecto de esos puntos, decidió dividir el proyecto de la Presidenta Bachelet y no continuar con él. Y presentó 3 iniciativas.

La primera corresponde a la reforma constitucional sobre voto de chilenos en el extranjero, siempre que se demostrara un vínculo, la cual fue rechazada por amplia mayoría en esta Corporación en el día de ayer. No se puede exigir un vínculo ni establecer restricciones a esos chilenos porque la Carta Fundamental no lo permite.

La segunda iniciativa es la que estamos discutiendo en este momento, sobre inscripción automática.

Y la tercera es aquella que también se refería a la inscripción de chilenos en el extranjero. ¡Cosa curiosa: esta última desapareció; fue retirada! ¿Por qué? Simplemente porque, al estar en tramitación, el Gobierno estaba reconociendo que la única forma de establecer alguna restricción era a través de una reforma constitucional que exigiera ciertos vínculos a los votantes chilenos residentes en el extranjero. Como nosotros presentamos un requerimiento al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo retiró el proyecto antes de su discusión y, por lo tanto, el Tribunal señaló que no tenía sobre qué pronunciarse.

Señor Presidente, estoy seguro de que las normas que entregan esa posibilidad a chilenos que tienen el absoluto respaldo y amparo de la Constitución no pueden ser excluidas de esta iniciativa.

En consecuencia, nosotros vamos a aprobar el proyecto, porque nos interesa que se instaure la inscripción automática y el voto voluntario de todos los chilenos. Pero en este mismo acto hago reserva de constitucionalidad a fin de acudir ante el Tribunal Constitucional para que establezca claramente que las normas contenidas en esta iniciativa son insuficientes, son arbitrarias, no concuerdan con todo lo que la Constitución establece y constituyen una definición del Gobierno para excluir a 800 mil compatriotas, la mitad de los cuales son hijos de chilenos, nacidos en el extranjero.

Por lo tanto, si al Gobierno le interesara que la amplitud de la votación fuera mayor, podría haber presentado un proyecto que eliminara las limitaciones para que los hijos de chilenos nacidos en el extranjero pudieran votar.

Eso sí sería importante.

Es decir, la misma consideración que el Gobierno tiene para los que nos encontramos en la patria, que vivimos en este país y que estamos felices de estar en él en las condiciones en que nos hallamos, con nuestras familias, podría tenerla también para quienes residen fuera de Chile por diversas razones (de carácter personal, familiar o laboral), pero que, como dije ayer, nunca han perdido el vínculo con su tierra, ni su mente hacia el país, ni su corazón de chileno.

Nosotros, por razones absolutamente lógicas, vamos a votar a favor del proyecto, pero esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la materia en los plazos cortos que la Constitución establece. No se trata, por tanto, de un entorpecimiento, pues ese organismo cuenta con 30 días para resolver si tenemos o no razón. Si, por desgracia, dictaminara que el Gobierno tiene la facultad de definir quiénes votan y, en definitiva, quién es o no chileno, en mi opinión sería gravísimo para la democracia. ¿Qué es lo que nos interesa a todos? Que vote la mayor cantidad posible de compatriotas.

Por eso, señor Presidente , por todas las normas que he mencionado y por varias otras a las que no me alcanzo a referir, por los tiempos con que contamos, votaré favorablemente la idea de legislar, reiterando mi petición a la titular de la Comisión de Constitución para que se informe también el proyecto de la Presidenta Bachelet , que contempla a todos los chilenos, a fin de que lo podamos votar en la Sala, y haciendo expresa reserva de constitucionalidad en función de lo que he expresado.

He dicho.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , deseo valorar, primero, el trabajo serio y arduo que realizamos en la Comisión, y segundo, el que el proyecto que nos ocupa haya sido aprobado ahí por unanimidad.

En verdad, estamos frente a un tema tremendamente importante para nuestra democracia y nuestro sistema político, que ha envejecido y requiere un nuevo dinamismo. Hay 4 o 5 millones de chilenos que no están votando, de los cuales 3 millones son jóvenes.

La Presidenta de la Comisión dio una cifra bien dramática: el año 88 votaban 3 millones de jóvenes; hoy día lo hacen solamente 700 mil.

Por eso este proyecto de ley es tan relevante.

Hay que decir, sí, que no estamos ante un hecho aislado. La Presidenta Bachelet promovió durante su mandato un proyecto de reforma constitucional para establecer el voto voluntario y la inscripción automática.

La normativa en debate, impulsada por el Gobierno actual, complementa esa reforma constitucional y permite hacer efectivo tal derecho.

Es conveniente resaltar que este no es un tema pacífico. En torno a él hay un debate legítimo, filosófico, desde el ámbito de la ciencia política, desde el ámbito práctico, en que parlamentarios de Gobierno y de Oposición tienen, legítimamente, posturas distintas.

La pregunta básica que uno se hace es por qué la situación es dramática y por qué tenemos que acometer esta tarea.

Existe un dato revelador: el año 88 los menores de 30 años representaban el 36 por ciento del universo electoral; hoy constituyen el 9,2 por ciento, que es el porcentaje que arrojó la última elección el 2009. Ese año estaba inscrito el 80 por ciento de los menores de 30 años; en la actualidad dicho porcentaje bajó a 20 por ciento.

Y una de las razones que los jóvenes dan para no inscribirse -no es la única; también hay un problema de la calidad de la política, del desprestigio de esta actividad- es que no se quieren, entre comillas, "amarrar", ponerse una especie de, entre comillas, "camisa de fuerza", que los obligue a participar en todas las elecciones. Por eso no se inscriben, sin perjuicio de que, cuando hubiera candidatos atractivos, cuando hubiera una elección que a ellos los sedujera, les interesaría participar.

Y, en ese sentido, aprobar este proyecto de ley facilita las cosas, más allá del tema de fondo, en que uno puede estimar, con razón, que votar es un deber cívico y, además, por supuesto, un derecho.

Pero tenemos un problema que debemos enfrentar. Está demostrado que los sectores más modestos votan menos. Si uno mira, por ejemplo, la última elección presidencial y parlamentaria, en la comuna de Las Condes, de 8 mil jóvenes entre 18 y 19 años, se inscribieron y votaron la mitad. En cambio, en la comuna de La Pintana, de 8 mil jóvenes entre esas mismas edades, votaron solamente 300.

Por lo tanto, tenemos un problema. Y lo tenemos hoy día, con reforma o sin ella. Y, además, existe el temor de que se mantenga o se profundice.

Por eso, junto con la Senadora Alvear y otros Honorables colegas vamos a presentar un conjunto de indicaciones para intentar incentivar la participación de los jóvenes, de todos, incluso de aquellos que viven en los sectores más modestos.

Estas indicaciones, señor Presidente, van en tres líneas.

En primer lugar, vamos a establecer algunos estímulos para que los ciudadanos ejerzan su derecho a sufragio. Un ejemplo: Colombia. Allí existe lo que se denomina "descanso laboral compensatorio". Es decir, si una persona participa en una elección parlamentaria, presidencial o comunal, a la semana o al mes siguiente se le da media jornada libre a modo de estímulo.

Y también, para las personas que postulan a crédito fiscal, a becas, a vivienda, en igualdad de condiciones, para no establecer una discriminación arbitraria que viole la Constitución, se permite efectivamente priorizar, preferir a la persona que cumplió con su deber cívico de participar en las elecciones.

En segundo lugar, vamos a formular indicaciones para facilitar que los ciudadanos ejerzan el derecho a sufragio: en materia de salas cunas y otras relativas a la movilización, algunas de las cuales, efectivamente, requieren patrocinio del Ejecutivo.

Y, en tercer lugar, proponemos crear un sistema nacional de educación cívica administrado por el Servicio Electoral. Básicamente, se trata de fomentar ese conocimiento. Hoy tenemos 90 por ciento de escolaridad, pero son muy pocos los establecimientos donde se enseña esa disciplina. En muchos casos, los electores no distinguen bien las funciones de un parlamentario, un alcalde, un intendente. Es importante que se imparta educación cívica y por eso también vamos a presentar indicaciones sobre el particular.

Y, junto con el anuncio de tales proposiciones, queremos que se reimpulse y se siga tramitando el proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet, el cual, además de la materia que se pretende regular ahora, establece la posibilidad de que los chilenos que residen en el extranjero voten.

Y ello, porque se ha producido un contrasentido entre lo que ocurrió ayer y lo que está pasando hoy día. Por una parte, se nos propone -y estamos de acuerdo con eso; la idea proviene de la Presidenta Bachelet - ampliar el universo electoral, permitir que muchas personas que hoy día no están votando, lo hagan, lo que nos parece positivo y por eso vamos a aprobar este proyecto de ley. Pero, por otra parte, estamos estableciendo cortapisas, restricciones. ¿Para qué? Para que los chilenos que residen en el extranjero puedan votar. Y eso no se entiende. Por un lado ampliamos el universo electoral y por el otro lo restringimos.

Señor Presidente , espero que de verdad seamos capaces, ojalá sin tener que esperar la resolución del Tribunal Constitucional, de ponernos de acuerdo para permitir, vía modificación legal, que todos los chilenos que están en el extranjero participen en las elecciones.

Por eso, quiero anunciar nuestro voto favorable a este proyecto de ley, que, estoy convencido, va a rejuvenecer, a revitalizar, a darle un nuevo dinamismo a nuestra democracia, a nuestro sistema político. Y va a significar, además, un desafío para quienes nos dedicamos a esta actividad, porque vamos a tener que lograr que la ciudadanía no solo vote por nosotros, sino que, primero y principalmente, decida votar; vamos a tener que elevar la calidad de la política y cuidar la democracia y el sistema político.

Junto con ello, como ya he dicho, presentaremos indicaciones en las líneas que he señalado, pues tenemos el temor de que los sectores más modestos voten menos, como está ocurriendo hoy día con el sistema de la inscripción voluntaria y voto obligatorio.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, parto por el principio.

Este proyecto de ley, en lo que respecta a la inscripción automática y al voto voluntario que la acompaña, de alguna forma busca ser una respuesta a la falta de participación de los jóvenes en la política. Aquí se han dado cifras tremendamente preocupantes. Se ha dicho, por ejemplo, que el año 88 el 36 por ciento del padrón estaba constituido por menores de 29 o 30 años, mientras que hoy día esa franja etaria solo llega a 9 por ciento.

Y digo que ello es preocupante porque, si uno analiza la solidez de nuestras instituciones en relación con las de otros países de Latinoamérica; si uno analiza la movilidad del voto, que en Chile es muy baja; si uno analiza también la calidad de los partidos políticos y su raigambre en nuestra historia democrática; e, incluso más, si uno analiza la valoración que los chilenos y las chilenas hacen de su democracia, llama poderosamente la atención que haya una brecha tan grande entre la ciudadanía, la sociedad civil, particularmente los jóvenes, y los partidos políticos, que son herramientas fundamentales de una democracia.

Hay falta de confianza. Los jóvenes, sobre todo, no se sienten interpretados por los partidos políticos ni por la política. Y eso se refleja en su baja participación en los procesos electorales.

En ese sentido, me preocupan más los datos que entregó recientemente el Senador Patricio Walker con relación a la diferencia en las inscripciones en los registros electorales entre las comunas pobres y las más ricas.

¿Qué es preciso hacer para que los jóvenes crean en la política, para que vuelvan a confiar en ella? ¿Hay que obligarlos a votar? Yo creo que no. Por eso he sido un firme partidario de la inscripción automática, pero con voto voluntario. Porque uno de los problemas que presenta el sistema político electoral en la actualidad es que tenemos un padrón envejecido, pero tremendamente archiconocido. O sea, no existe ninguna incertidumbre entre un proceso electoral y otro.

Algunos estudios demuestran que hoy el padrón electoral se renueva en un 2 por ciento. Es decir, en cada período eleccionario 98 por ciento corresponde a viejos electores y solo un 2 por ciento a nuevos votantes.

Según algunos estudios, se estima que con la inscripción automática y el voto voluntario tendremos 35 por ciento de nuevos sufragantes versus 65 por ciento de viejos o antiguos electores.

Yo siento que la incertidumbre que se produce a partir de este nuevo padrón electoral, que permite incorporar a cerca de 5 millones de nuevos votantes, podría provocar un remezón en el sistema político, generando ciertas condiciones para aumentar la participación de los jóvenes en la política.

Sin duda alguna, no es lo único que debemos hacer. Nadie puede pensar que con la inscripción automática y el voto voluntario se resuelve el problema de la falta de credibilidad en la política chilena, o la brecha que existe entre los partidos políticos y la ciudadanía o la lejanía que los jóvenes evidencian respecto a la política. No obstante, ayudan. ¿Por qué? Porque se va a obligar a un cambio en el discurso político.

Para que un joven se levante en la mañana del día de las elecciones y acuda a ejercer su derecho a voto -que puede hacerlo o no-, se requerirá un esfuerzo de seducción, de convencimiento, de proselitismo, que llevará a instalar sobre la mesa, en el debate nacional, nuevos temas, nuevas ideas.

Y, seguramente, las ideas progresistas estarán presentes con más fuerza en la discusión, porque, en general, los políticos nos hemos acostumbrado a apuntar nuestras campañas a cierto tipo de electorado. En cambio ahora vamos a tener un nuevo desafío: convocar a las personas que no se sienten identificadas con la política mediante el planteamiento de temas nuevos, que les son propios. O sea, evidentemente, será imposible no legislar acerca del aborto terapéutico o no decir nada de los derechos sexuales y reproductivos.

Seguramente, muchos de los jóvenes que vean el debate sobre el acceso a la píldora del día después van a sentirse compelidos a participar en las elecciones para votar por quienes defienden sus derechos, el ejercicio de sus autonomías y sus libertades individuales. Y así lo harán también muchas mujeres.

Entonces, yo pienso que vamos a cambiar los temas a tratar.

El Senador Chadwick, por lo que aprecio desde aquí, está totalmente de acuerdo con lo que planteo.

Esas materias van a ser parte del debate. Y el cambio de la discusión en torno a ellas, indudablemente va a fomentar -estoy convencido de que así ocurrirá- una mayor participación de los jóvenes.

A lo anterior hay que sumarle otros factores, naturalmente.

Iniciativa popular de ley: que un grupo de ciudadanos y ciudadanas puedan juntarse, organizarse y plantear una propuesta legal para que el Congreso la tramite y legisle al respecto.

Presupuestos participativos: que una parte del presupuesto comunal sea decidido por dirigentes o representantes de la ciudadanía.

Del mismo modo, debemos avanzar en la elección directa, democrática, de los consejeros regionales.

Tendremos que ocuparnos de los plebiscitos para definir o resolver las divergencias que muchas veces surgen entre el Ejecutivo y el Parlamento, o de otro tipo de temas, que irán en la dirección de lo que estamos buscando.

Finalmente, quiero referirme a lo que expresó con mucha claridad el Senador Gómez: la esquizofrenia que se observa entre lo que ayer hablamos, lo que ya se había aprobado: la reforma constitucional en cuanto a inscripción automática y voto voluntario, y lo que estamos votando hoy. Porque se supone que ahora debemos pronunciarnos sobre un proyecto de ley que permite implementar la forma en que se ejercen ciertos derechos garantizados en la Constitución Política, por ejemplo, el derecho a voto. En el fondo, la manera como se ejerce la ciudadanía desde esa perspectiva.

Sin embargo, esta iniciativa es incompleta y, a nuestro juicio, es inconstitucional en varios artículos. ¿Por qué? Porque no se hallan contemplados en ella los mecanismos que permitan ejercer un derecho consagrado en la Carta Fundamental a los chilenos que residen en el exterior, como es el derecho a sufragar.

Por eso ayer nos pronunciamos en contra de la reforma constitucional. No porque no deseáramos que los chilenos que viven en el exterior voten, sino porque pensamos que no era necesaria, pues la reforma constitucional que ya habíamos aprobado les permitía hacerlo.

Por tal razón es inaceptable -estoy de acuerdo con lo sostenido por los Senadores Gómez y Walker sobre el particular- poner en discusión el proyecto de ley que dice relación con establecer la forma en que los chilenos residentes en el extranjero puedan votar. La Constitución ya se los permite.

Escuché con mucha atención al Senador Chadwick ayer y no me convenció su intervención, en el sentido de que era necesario consignar dicho aspecto en la Carta Fundamental.

Podríamos hacer una analogía y considerar como vínculo el no haber sido condenado a pena aflictiva o tener 18 años. Yo no veo que eso sea un vínculo, sino un requisito. Es una condición, una exigencia. Aquí la cuestión es muy distinta. La Constitución no establece, desde esta perspectiva, diferencias entre el chileno que vive en el exterior y el que reside en el país.

En mi concepto, se trata de un asunto que deberá resolver el Tribunal Constitucional.

Volviendo al tema central, creo que el proyecto de ley en debate, referido a la inscripción automática y el voto voluntario, genera incertidumbre y va a provocar ciertas condiciones para que el discurso político cambie y de ese modo, ojalá, los políticos podamos recuperar la confianza de la gente en general y, en particular, la de los jóvenes.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer lugar este proyecto de ley es la materialización práctica de una reforma constitucional que impulsamos los Senadores de la Coalición por el Cambio en su momento y que permitió que en Chile existan, de aquí hacia el futuro, tanto la inscripción automática cuanto el voto voluntario.

Lo que estamos haciendo hoy es legislar sobre una materia que ya se contempla en la Constitución. Obviamente, si dicha reforma no hubiese contado con los votos de los Senadores de la Concertación, no se habría aprobado. Porque una cosa es patrocinar una iniciativa legal -y todos lo saben-, pero para aprobarla se requiere, en el caso de una reforma constitucional, de una cantidad de votos que va más allá del número de Senadores que pertenecen a cada coalición.

En segundo término, la Honorable señora Lily Pérez me solicitó expresamente -y lo hago con mucho agrado- dejar constancia de que ella fue una de las fuertes impulsoras de esta iniciativa que establece la inscripción automática y el voto voluntario.

Desde luego, señalo que no solo soy partidario de la inscripción automática, sino también del voto voluntario.

Y me inclino por la inscripción automática, porque me parece que en una sociedad moderna la posibilidad de que los jóvenes, al cumplir 18 años, queden automáticamente inscritos, no solo condice con el hecho de ir modernizando la legislación electoral, sino que además va a permitir que cerca de tres millones y medio de jóvenes que hoy no votan se hallen en condiciones de hacerlo.

Eso, en mi opinión, echa por la borda todas las críticas formuladas ayer, en el sentido de que no queríamos dar la posibilidad de votar a nuevas personas, a raíz de la discusión del voto de chilenos en el extranjero, cuando en estos momentos estamos abriendo las puertas, por primera vez, para que tres millones y medio de chilenos -particularmente, jóvenes- puedan sufragar. Y nadie puede saber cómo se van a pronunciar.

Este es el cambio más revolucionario que se ha hecho en Chile en materia del sistema electoral, impulsado y materializado por este Gobierno.

De otra parte, señor Presidente, soy partidario del voto voluntario por dos razones.

La primera, porque en Chile nunca se ha aplicado una multa -al menos hace mucho tiempo- a quien no concurre a votar. Todos los años se han dictado normas para indultar o eliminar la sanción a las personas que no acudían a votar. Por ende, tal precepto estaba absolutamente en desuso. Y no hay peor cosa que tener leyes que en la práctica nadie cumple.

Y la segunda razón es que no creo que vaya a disminuir el número de votantes efectivos. Si uno revisa la experiencia en distintos países, observará que esa cantidad se mantiene. En algunos casos crece, dependiendo de la importancia de la elección.

Si examinamos la última elección de Presidente de Estados Unidos -considérese que en ese país hay voto voluntario e inscripción voluntaria-, apreciaremos que no votó más gente que en otras ocasiones. Lo atractivo de ese proceso fue que las campañas resultaron extraordinariamente motivadoras. Por eso más ciudadanos se inscribieron.

En consecuencia, el voto voluntario hará que las personas participen cuando la elección tenga candidatos con propuestas atractivas que resulten relevantes para la población.

Ello implicará un esfuerzo doble para los políticos: primero, tendrán que llegar al mundo de los jóvenes, al que hoy no importa llegar porque estos no votan y no se inscriben, y segundo, deberán hacer que las propuestas sean bastante atractivas y las elecciones, suficientemente competitivas para que la gente participe.

Adicionalmente, no soy de los que creen que en esta materia hay que generar muchos incentivos. Porque el principal estímulo es prestigiar la política.

Cuando el debate se realiza con seriedad, sin descalificar al adversario, y se centra en las ideas, lo más probable es que la ciudadanía se sienta atraída por aquel. Pero, si la discusión se caracteriza por la injuria y la ofensa, la gente se va a alejar de la política. Podemos poner 20 incentivos y no prosperarán, pues los electores solo irán a votar cuando sientan que la política constituye algo relevante para su futuro y el de su familia.

Por lo tanto, señor Presidente , la iniciativa en análisis será un enorme desafío. Nos alegramos mucho de que pueda materializarse.

Además, debemos concretarla para la próxima elección municipal. Cabe recordar que todos los candidatos presidenciales se comprometieron a sacar adelante la inscripción automática. Si no la hacemos realidad, ahí sí que el desprestigio de la política será mucho más grande.

Podemos proponer 20 incentivos sociales, pero la gente dirá una vez más: "En campaña prometen una cosa, y después no cumplen".

Por otra parte, también quiero ahondar en lo planteado aquí respecto de la reforma constitucional sobre el voto de los chilenos en el extranjero.

En primer lugar, si la reforma es inconstitucional, significa, siendo un mínimo de coherente con ese juicio -recojo el argumento dado ayer por el Senador señor Chadwick-, que toda la legislación actual es inconstitucional.

Hoy día no hay mesas receptoras de sufragio en el exterior. Los chilenos que viven afuera pueden votar en nuestro país, pero no en el extranjero. Para ello, tienen que venir a Chile. Obviamente a muchos no les es posible. Por eso se dijo: "Busquemos un acuerdo para que puedan sufragar en otro país".

Siguiendo la argumentación de que el proyecto que vimos ayer es inconstitucional, cabe concluir que la legislación vigente, que no establece mesas receptoras de sufragio en el extranjero, es igualmente inconstitucional. De este modo, todas las elecciones que se han efectuado desde el retorno a la democracia son inconstitucionales. Si fuera así, todos nuestros cargos se habrían ejercido en forma ilegítima e ilegal; todas las resoluciones adoptadas por el Estado de Chile a contar de 1990 también serían ilegítimas e ilegales, lo que constituye un absurdo de proporciones.

¡Es simplemente una cuestión de coherencia política! ¡Nada más! Basta sumar 2 más 2. Si se señala que esta iniciativa tiene dificultades porque no considera mesas receptoras de sufragio en el extranjero, cabe preguntarse: si no las hubo en el pasado, ¿significa que las elecciones anteriores fueron todas viciadas? Entonces, fueron inconstitucionales. Porque lo que es inconstitucional en este proyecto hacia el futuro resulta igualmente inconstitucional en el pasado. ¡Y eso es ridículo!

Además, señor Presidente , ¿dónde habría que poner tales mesas? Imaginemos que se resuelve que es obligatorio instalarlas en el exterior: ¡dónde!

Estados Unidos tiene 50 Estados. Chile cuenta con 6 consulados en esa nación. Si existiera acuerdo, lo probable es que las mesas se ubicarían en estos últimos organismos. Pero, como la distancia entre los distintos Estados es muy grande, la ley tendría que obligar a que hubiera mesas receptoras de sufragio en cada uno de ellos, a fin de que todos los chilenos en Estados Unidos puedan votar.

Esos argumentos extremos, a mi juicio, reflejan el camino que tomó un sector de la Concertación, que le está provocando un grave problema.

Ustedes buscan una fórmula para lograr algo que no podrán conseguir.

En realidad, lo que tenemos aquí es una diferencia política muy simple: nosotros creemos que debe existir un mínimo vínculo con nuestro país para participar en una elección, pero ustedes le pegaron un portazo a esa propuesta.

Y el mínimo vínculo que proponíamos era haber venido a Chile una vez cada cinco años. Ustedes podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es lo que se planteó en el Programa del Presidente Piñera y lo que nosotros creemos. Ustedes piensan distinto. Nosotros, en vez de descalificar, aceptamos su planteamiento. Mas no toleraremos que se nos descalifique.

Y nadie puede decirse más o menos democrático, porque tenga una percepción diferente de cómo se ejerce el derecho a sufragio.

Adicionalmente, señor Presidente , quiero señalar a los Senadores de la Oposición que se perdieron una segunda oportunidad. Porque lo de ayer era solo el establecimiento de un vínculo.

Nuestra propuesta la planteamos en la Comisión de Constitución hace más de un mes y medio. ¡Que me desmientan los representantes de la Concertación en el órgano técnico diciendo que formalmente esa no era nuestra proposición! Entonces podrían haber hecho una contrapropuesta. Por ejemplo, decir: "Queremos que voten todos aquellos que en algún momento fueron exiliados, aunque no vengan cada cinco años a Chile", o interceder por las personas que se encuentran en un lugar muy distante del país. En esos casos se habría podido suprimir el plazo de cinco años o ampliar a más años.

Cuando se quiere lograr acuerdos -el Senador Zaldívar lo sabe muy bien, porque ha sido uno de los que más acuerdos han conseguido en el Parlamento-, cuando existe voluntad para ello, se hacen los esfuerzos necesarios. Y ustedes no hicieron ningún esfuerzo en este caso.

Por esas razones, señor Presidente, votaremos a favor de la iniciativa.

Lamentamos la forma como ustedes enfrentaron la votación de la reforma constitucional en el día de ayer. Espero que recapaciten y nos permitan generar un acuerdo sobre materias que son políticas de Estado.

He dicho.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente , deseo plantear una cuestión reglamentaria.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente , como algunos Senadores han entendido que el proyecto se votará en la sesión del próximo martes, solicito que se adopte el acuerdo formal para ese efecto, a fin de que no se produzcan confusiones y nadie reclame después que no se le avisó.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se procederá en la forma indicada.

--Así se acuerda.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¡Vamos a avisarle al Senador señor Navarro de todas maneras...!

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , primero quiero hacer dos observaciones sobre lo que se ha dicho aquí.

En primer lugar, un señor Senador ha manifestado que la Concertación no hace contrapropuestas y que simplemente negamos el apoyo a ciertos asuntos, sin aportar.

Resulta latoso en el Senado recordarles a los señores Senadores de la Alianza las ene veces que hemos efectuado propuestas, así como pedirles que las recojan. Por ejemplo, hoy en la mañana hicimos sugerencias concretas al Gobierno para mejorar el proyecto sobre el posnatal. Pero no acogió ni una sola. Se solicita primero aprobar la idea de legislar y luego se nos amarra al detalle, a lo particular, en circunstancias de que jamás ha sido ese el modelo de acuerdo que hemos tenido en Chile.

En segundo término, quiero referirme al discurso del colega que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, mi amigo...

El señor PROKURICA .- ¡Ex amigo...!

El señor RUIZ-ESQUIDE .- No. Lo quiero todavía como amigo.

Él entra en una especie de nihilismo. Su discurso no tiene otra compostura que llevarlo al extremo: se ha transformado en un verdadero Cratilo .

Cratilo fue un viejo y gran filósofo griego que, en su edad mayor, llegó a la conclusión de que nada era posible, porque al final todo era negativo. Y, entonces, sus últimos años los pasó sentado en la puerta de su casa moviendo el dedo índice solo para señalar que estaba vivo; pero no apreciaba ningún antecedente ni hablaba de nada.

Mi querido amigo el Senador Espina me recuerda al viejo Cratilo .

En seguida, señor Presidente, quiero connotar el valor que le atribuyo a la circunstancia de que estemos haciendo un debate bastante serio y profundo sobre el asunto que nos ocupa.

En tal sentido, efectuaré algunas precisiones.

Primero: el voto de los chilenos en el extranjero sin ninguna condición especial es un acto de soberanía para esas personas. Es lógico que les demos la oportunidad de sufragar en condiciones iguales que las nuestras. Y ello, no solo porque muchas perdieron el derecho a estar en Chile debido a la dictadura o por otras razones, sino también porque no podemos hacer una diferencia tan brutal y exigirles que vengan al país, pues con ello, en la práctica, volvemos al voto censitario.

Esa es la realidad objetiva, señor Presidente.

Por lo tanto, nos parece que la propuesta que formulamos es legítima y adecuada.

Segunda precisión.

Nosotros nos pronunciamos sobre la reforma constitucional relativa al voto voluntario.

Al respecto, debo decir con mucha franqueza que nunca fui partidario del voto voluntario. Y sigo siendo contrario a él.

Empero, bien saben Sus Señorías que un político -en nuestro caso, un Senador- tiene la obligación de reconocer el derecho a que se tome una opción distinta dentro de su partido.

Entonces, debemos rescatar tal valor. Pero eso no significa obsecuencia ni falta de libertad, sino que constituye el cumplimiento del compromiso de, no habiendo acuerdo sobre determinado asunto, respaldar a la mayoría, como alguna vez lo dijo un viejo Senador de la Derecha: "Aquí, en la Cámara Alta, mi conciencia es mía, pero mi voto es del Partido Conservador".

¿Y por qué alego lo del voto obligatorio, señor Presidente ? Porque, en nuestra concepción humanista cristiana, el hombre y la mujer tienen dos obligaciones y dos sentidos de vida.

Primero, libertad para moverse dentro del máximo factible, de la forma más expandida posible. Y eso es parte del voto voluntario: "Si usted quiere, vota; si no, no".

Pero hay otra parte, desde nuestra perspectiva.

El Senador que me antecedió en el uso de la palabra no tiene una visión humanista cristiana, la cual postula la necesidad de respetar a cada hombre y mujer y exigirles el cumplimiento de su obligación para con el cuerpo social.

El bien común es parte de la libertad. Y la manera de entender esa amplia visualización de dos cuestiones distintas es lo que conocemos como necesidad de conciliar la libertad con el bien común.

Tercera precisión (le hice un adelanto a mi colega el Senador Patricio Walker ): no se presentó ninguna indicación en la materia; empero, se conversó sobre esta, y ya se anticipan ideas en el sentido de tener lo que algunos llamaron "ventajas comparativas sin que se pase a llevar la equidad".

Anticipo que voy a votar en contra, señor Presidente, porque pienso que uno siempre debe ser franco.

Votar es el ejercicio brutal de la democracia. Y ahí doy cierta ventaja comparativa.

No voy a decir que aquello suena a chantaje, pero sí que me parece inconveniente, porque el pueblo no va a entender que estemos dando ventajas comparativas por el solo hecho de votar, acto que a mi juicio debe ser obligatorio.

Señor Presidente, rescato y comparto el planteamiento de que debemos mejorar la política para conquistar a las personas.

En eso estoy de acuerdo: en que mejoremos la política, y ahora.

¿Y cómo se mejora la política?

Lo dijeron ayer algunas personas con las que asistí a una reunión sobre el valor de la reforma interior, de la oración, y sobre la necesidad de ser contestatario y nunca conformista.

Señor Presidente, creo que se mejora la política, primero, modificando la conducta propia.

No habrá mejoramiento de la política chilena, señor Presidente , si no cambiamos nuestra conducta. No la del que está al lado o al frente: ¡la mía! Y cada Senador, por igual.

En seguida, se mejora la política cuando se difunden las cuestiones de bien público y que interpelan un poco a la conciencia de todas las personas.

También se mejora la política cuando somos consecuentes con nuestras propias actitudes. Vale decir, lo que señala con tanta franqueza uno de los mayores moralistas cristianos: "Hay que hablar como se piensa y actuar como se piensa".

Si no actuamos como pensamos terminaremos pensando como actuamos.

Entonces, estamos ante una justificación inadecuada.

Para ir cerrando este punto, señor Presidente , debo subrayar que no creo que lo que llevará a la gente a votar sean los llamados "temas valóricos", que nada tienen que ver con los requerimientos de la gente de menores ingresos, con menos educación.

El aborto terapéutico -se planteó aquí el punto- es algo científicamente inadecuado, constituye una antinomia. Entonces, tampoco se trata de una materia que le importe especialmente a la gente de menores recursos. Es un asunto de los sectores con más altos ingresos y no de aquellos a los cuales deseamos apoyar.

En vez de lo que se ha planteado -lo digo con toda franqueza, cariño y aprecio-, yo llamo a la Concertación a que expresemos una visión progresista, interesante para los jóvenes; a que toquemos las materias esenciales en esa línea; a que procuremos más cambios económicos que eviten las tremendas diferencias existentes en nuestro país.

Hagamos carne de nuestra tarea las ideas del cambio social. Concretemos la reforma que debe hacerse en nuestra comunidad, pero sobre cuestiones de verdad importantes para la dignidad de la persona.

No son los otros temas los que nos conducirán a un acuerdo entre nosotros, ni mucho menos a acometer lo que a mi parecer debe hacerse -es mi modesta opinión- para cambiar este país.

No se trata de que la gente tenga menos dinero. La idea es que quienes disponen de él en exceso no actúen pensando que les es dado no solo por su trabajo, sino también por las condiciones de la comunidad; que haya verdadera conciencia social cada vez que se pretende una reforma tributaria o se presenta un proyecto de ley para que la gente tribute más y así exista mayor cantidad de dinero para quienes menos tienen (se ha hablado aquí del anatocismo y de lo que sucede con los bancos; y eso me parece relevante), pues de lo contrario nadie se va a interesar en lo que nosotros queremos.

Por eso, votaré que sí.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente , al igual que el Senador Ruiz-Esquide, me pronuncié en contra del voto voluntario y, por tanto, a favor del voto obligatorio (el colega Longueira me señala que hizo lo mismo). Y he querido intervenir esta tarde para señalar que esa posición mía no ha cambiando en absoluto.

Desde mi punto de vista, es elemento esencial de cualquier sociedad que los ciudadanos tengan derechos y obligaciones.

Ahora bien, creo que el deber más importante de todo ciudadano es el de elegir a quienes lo van a representar en cargos de distintos niveles.

Yo temo que al existir voto voluntario -y quiero dejarlo establecido- nos encontremos con que a muchas autoridades se les cuestione su legitimidad cuando no sufrague más del 50 por ciento de los ciudadanos.

Eso es evidente. Y va a ocurrir en Chile.

Cuando los países son cada vez más estables; cuando la ciudadanía advierte que votar por un bloque u otro no da lugar a grandes diferencias sino a un problema de énfasis; cuando la gente ve que no cambia el sistema tras ciertas votaciones, se pierde el incentivo que había en el pasado, cuando las grandes divisiones ideológicas existentes determinaban que prácticamente en cada elección nos jugáramos proyectos de país distintos.

Por consiguiente, me parece inevitable que al haber voto voluntario sea cada vez menor el número de personas que acudan a sufragar.

Tal es mi diagnóstico, señor Presidente . Y aquello, lejos de fortalecer el sistema democrático, lo debilita.

Empero, a diferencia del Senador Ruiz-Esquide, voy a votar a favor del proyecto de ley en debate, porque no se refiere a aquella materia, la cual quedó resuelta con la reforma constitucional pertinente; ahí se decidió sobre la voluntariedad del voto. Con la iniciativa en discusión simplemente estamos analizando lo relativo a la inscripción automática, con la que siempre he estado de acuerdo.

Por eso, dejo establecido que me pronunciaré a favor única y exclusivamente porque el proyecto en debate se refiere a la inscripción automática y no al voto voluntario.

Reitero: mi opinión no ha cambiado en absoluto, pues sigo sosteniendo que para fortalecer la democracia debe haber inscripción automática y voto obligatorio.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente , con mucha convicción, voy a votar a favor del proyecto -y así se acordó hace mucho tiempo en todos los organismos regulares del Partido Por la Democracia- porque Chile necesita avanzar hacia una sociedad de más apertura, de mayor amplitud desde la perspectiva de quienes toman las decisiones.

Por consiguiente, incorporar a un número de chilenos tan representativo, tan importante -cerca de tres millones, muchos de ellos jóvenes, como se ha expresado acá-, naturalmente, constituye un paso muy relevante para fortalecer nuestro sistema democrático.

El proyecto en debate implementa la reforma constitucional de abril de 2009, ingresada por la Presidenta Bachelet, que estableció el voto voluntario.

Quiero subrayar aquello, pues muchas veces he escuchado decir: "No", "Tal vez", "Esto podría tener modificaciones".

No: ¡el voto es voluntario!

Distinta es la situación en que nos encontramos hoy, que podría ser más bien de transición o de indefinición en numerosas materias.

Desde luego, me habría gustado pronunciarme sobre el proyecto -lo señaló la Honorable señora Alvear - que presentó la Presidenta Bachelet . Está aprobado en general; se le han formulado indicaciones en la Comisión de Constitución, pero, sorprendentemente, no se quiere seguir moviéndolo.

Esa iniciativa, como muy bien dijo el Senador Gómez, debe ponerse en votación. Porque aquí nos quedaremos con un problema. El Ministro Larroulet ya se habrá dado cuenta del escenario que vamos a tener después de la reforma constitucional que se le cayó ayer -la relativa al voto de los chilenos en el extranjero- y luego del pronunciamiento sobre el proyecto en discusión.

La reforma constitucional pertinente dispuso que la norma sobre voluntariedad del voto entrara en vigencia una vez dictada la respectiva ley orgánica. Esto se concreta mediante el proyecto de ley en debate. Entonces, tenemos en la actualidad lo que yo denomino "situación de transición". Y pienso que este es el peor de los escenarios, el peor de los mundos, considerando que la intención ha sido siempre -reitero- aumentar el universo de quienes deciden los procesos eleccionarios.

Por eso justamente rechazamos ayer la modificación a la Carta que nos propuso el Gobierno, pues establecía un vínculo -así lo dijimos- inconstitucional.

Ahora, me alegro del planteamiento del Senador señor Orpis y, asimismo, de que este Honorable colega mantenga sus convicciones. Eso es lo importante. Porque debemos recordar que en medio del debate del año 2009 la UDI nos decía que era partidaria de las tres "v": voluntariedad del voto, voluntariedad de la inscripción y voluntariedad de la desafiliación. Pero entiendo que ya no sostiene eso.

Insisto: con la situación que explicité estaríamos en el peor de los mundos. Pero parcialmente lo estamos, pues, como sabemos, tanto por efecto de la reforma constitucional cuanto por la costumbre, en la última década ningún juez de policía local ha aplicado multa a quien no haya concurrido a votar. Entonces, podríamos decir que en el hecho tenemos un voto voluntario y en el Derecho un voto obligatorio.

Por eso sostengo que ese es el peor de los mundos. Y ni siquiera la UDI, que en algún momento argumentó a favor de algo parecido, lo sustenta hoy.

Como aún no tenemos ley sobre inscripción automática -la tendremos si se aprueba la iniciativa en debate-, para ejercer el voto voluntario es necesario inscribirse en los registros electorales.

Ahí enfrentamos un segundo gran problema, que nos sitúa también en un escenario bastante complejo.

Las cifras -y se trata de datos empíricos, reales- muestran que en los sectores más acomodados aumenta sostenidamente el número de personas que se inscriben para votar y que algo muy distinto ocurre en los estratos de menores ingresos, donde es mucho más reducida la cantidad de gente en edad de sufragar que realiza el trámite correspondiente. Con ello -como algunos Senadores lo manifestaron en la Sala, y con bastante razón- el voto sería censitario, porque, atendida la obligación de inscribirse, los ciudadanos con mayor poder económico tendrían cada vez más incidencia en las decisiones políticas.

Por si a alguien le asaltan dudas, señor Presidente citaré los casos de solo dos comunas.

Vitacura: de acuerdo al último censo, la población en edad de votar asciende a 62 mil 26 personas, de las cuales 60 mil 715 (¡97,89 por ciento!) se hallan inscritas en los registros electorales.

¿Y qué ocurre en La Pintana, comuna popular? Hay allí 139 mil 646 personas con derecho a sufragio. ¿Cuántas han cumplido el requisito de inscribirse? 59 mil 525: ¡42,6 por ciento!

¡Díganme, por favor, si eso no es censitario!

Pues bien, tal es la tendencia, que podría seguir acrecentándose si no hiciéramos la modificación que hoy se está proponiendo.

Señor Presidente , no voy a repetir la argumentación que expusimos ayer para rechazar la enmienda constitucional que consignaba un vínculo -algo absurdo- para el voto de los chilenos en el exterior (la famosa "letra chica" también viene en proyectos de reformas políticas), exigencia que muy pocos países -no queremos compararnos con ellos- establecen.

Por último, quiero referirme a un punto que planteó el Senador Gómez .

Su Señoría hizo una impecable argumentación sobre el particular. Sin embargo, tengo un matiz de diferencia, pues pienso que el proyecto en debate adolece de un problema en materia, no de registro, sino más bien de ejercicio del derecho a sufragio.

La iniciativa que nos ocupa no considera -sí lo hacía la de la Presidenta Bachelet , que era integral: incluía las tres áreas- la institucionalidad. Estoy pensando en una persona de Victoria -una de las comunas que represento-, o de Lautaro, o de Angol que, por razones de estudio o en busca de mejores expectativas de vida, se halla en Australia, en Nueva Zelandia o en otro país. Pues bien: como tiene domicilio en alguna de esas comunas de La Araucanía, va a quedar dentro del sistema. O sea, los 450 mil chilenos que viven en el exterior serán incorporados automáticamente en él una vez que aprobemos el proyecto en debate.

Al Gobierno se le viene encima un gigantesco problema, y no se ha dado cuenta: a los chilenos que hoy día, por distintas razones, se encuentran fuera del país deberá garantizarles que va a buscar un mecanismo, a través de los consulados, para posibilitarles el ejercicio del derecho a voto.

Esa es la gran dificultad.

No se trata de que la legislación deje al margen a los chilenos que viven en el extranjero. No podría hacerlo, porque la Constitución no puede discriminar en razón de la residencia. Y sobre esta base ayer rechazamos la reforma que se sometió a nuestra consideración.

Entonces, señor Presidente -insisto-, aquí hay un problema vinculado, no con el registro, sino con la implementación del mecanismo indispensable para permitirles a los chilenos residentes en el exterior el ejercicio del derecho a sufragio.

Por supuesto, vamos a respaldar el proyecto en discusión. Siempre hemos conversado con el Senador Lagos Weber sobre la necesidad de respaldar las iniciativas conducentes a ampliar la cantidad de derechos ciudadanos -para brindarles oportunidades a los jóvenes, por ejemplo- y a permitir su ejercicio sin más trámite, cuando el titular de ellos lo estime conveniente, más allá de que en la práctica -como ha ocurrido en otros países- vaya bajando la curva de la participación. Pero eso dependerá también de la clase política; de la calidad de la política que se hace en Chile, y de que entreguemos un mensaje claro a los sectores respecto de los cuales anticipamos temor en el sentido de que probablemente no voten en el futuro.

Por todo lo que señalé, señor Presidente, nos pronunciaremos a favor.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero recordar que el Gobierno de la Presidenta Bachelet mandó un proyecto en la materia que fue aprobado en general y que contiene los tres elementos sustantivos en términos de la participación política: inscripción automática, sufragio voluntario y voto de los chilenos en el exterior, sin requisitos.

Lamento, sinceramente, que la actual Administración haya decidido no seguir adelante con esa iniciativa, la cual ya había iniciado su tramitación -reitero que incluso fue acogida la idea de legislar, habiendo recibido indicaciones-, y que haya llevado a cabo una "reformulación", por llamarla de alguna manera, y planteado una indicación sustitutiva o un nuevo proyecto. Este último dejó fuera nada menos que uno de los tres componentes mencionados: el voto de los chilenos en el exterior.

Y aunque me referiré específicamente al tema, no puedo dejar de señalar, aun cuando les moleste a algunos Honorables colegas, que es absurda la pretensión de no hacer referencia a lo ocurrido en la sesión de ayer.

En ella sostuvimos que la reforma constitucional en la materia resulta por completo innecesaria. Ello es evidente. Basta una ley que regule la forma en que se puede sufragar, porque la Constitución le da ese derecho a todo chileno, que llega a ser ciudadano por haber cumplido la mayoría de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva. Es un derecho universal, muy respetable y respetado en muchas democracias.

Expresamos que 115 países les dan a sus connacionales el derecho a votar fuera de su territorio, de los cuales solo 29 ponen algún tipo de restricción. ¡Solo 29 de 115!

Pusimos el ejemplo de cómo en las colonias peruana, colombiana, venezolana, argentina, brasileña, se ejerce periódicamente aquí el derecho a sufragio, algo que no hemos sido capaces de reconocer a nuestros compatriotas en el exterior.

Pero lo que no es aceptable, señor Presidente -y lo rechazo una vez más-, es que se nos atribuya la responsabilidad de que a esos chilenos se les haya quitado el derecho a voto, se les haya restringido, se les haya negado.

La primera iniciativa en la materia -lo mencionamos ayer- fue presentada por el Diputado señor Dupré, de la Concertación.

La segunda, de mi autoría, es de 2007, y respecto de ella tuve el compromiso de Renovación Nacional, el cual no se cumplió.

La UDI siempre me dijo que no. Calculó que no le favorecía, de modo que no estuvo disponible. Y así de claro lo expresó. Era una cuestión de cálculo electoral.

Mas no ocurrió lo mismo con Renovación Nacional, que llegó a afirmar su disposición favorable, incluso sobre la base de una concesión con la cual no estuve de acuerdo. Pero, a veces, uno quisiera dar un paso más y me avine -lo reconozco- a una forma de lograr el apoyo necesario. Ello no fue posible.

Ante el rechazo en la sesión de ayer, hago presente a los parlamentarios de la Alianza que no pueden ni deben atribuirnos la posición de no permitir el voto de los chilenos en el extranjero. Me parece que ese es el mayor de los cinismos que se podrían escuchar, porque saben perfectamente que no hemos sido nosotros los que nos hemos opuesto.

Es más, le señalamos al Gobierno el camino más fácil y obvio. ¿Por qué no recurrir a la iniciativa ya aprobada en general, a aquella que ya había comenzado a tramitarse en el Senado?

Resulta incomprensible, no solo lo anterior, sino, además, el haber caído, como lo manifestamos ayer, en condiciones completamente absurdas e inaceptables, como la permanencia de un año en el país en los últimos diez años o de seis meses durante los últimos ocho años, lo cual significaba -y también lo señalamos- ¡más de 18 días anuales para que la persona pudiera ejercer su derecho a voto!

Por tales razones, dijimos que ello era discriminatorio, elitista, inconstitucional. Y lo seguimos reiterando.

Hoy día nos encontramos en la discusión general del proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario, el cual forma parte, como lo expresamos, de la tríada presentada por la Presidenta Bachelet . Y vamos a aprobarlo.

Pero queremos dejar claro que mantenemos una reserva constitucional, porque creemos que, en la medida en que se trata de una inscripción automática, es obvio que ella incluye a todos los ciudadanos, o sea, a todos los mayores de 18 años. La Ley Fundamental no establece ninguna discriminación ni contiene definición alguna respecto de encontrarse dentro del país o fuera. Por lo tanto, el Gobierno está cometiendo un grave error, a nuestro juicio, y se justifica nuestro reparo sobre la base de lo dispuesto por la Carta.

Y esperamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque no hacía falta la reforma. Era simple concluir en la necesidad de una ley reguladora, tal como lo será la que se dicte respecto de la inscripción automática.

En consecuencia, no solo hacemos la reserva, sino que, además, esperamos que continúe la tramitación de la iniciativa presentada por la Presidenta Bachelet . Y como lo manifestamos ayer, si se pone en discusión, la aprobamos mañana.

Insisto en que son inaceptables las palabras de los señores Senadores que se han permitido decir por la prensa que nosotros no les entregamos el derecho a sufragio a los chilenos en el extranjero. Francamente, se caen por sí solas.

En cuanto a la inscripción automática, nos hallamos en la discusión general del proyecto y habrá tiempo de analizar en particular su articulado; pero me surgen algunas reservas.

Respecto del principio, estoy de acuerdo con que tenemos que ampliar la participación ciudadana. No sé si con el mecanismo en examen vamos a lograr necesariamente lo que queremos. El objetivo, mucho mayor, tiene que ser el de mejorar la calidad de la política. Hoy día, los jóvenes no votan por sentirse profundamente decepcionados de la forma en que ella se practica, aquí y en muchas otras partes. El desprestigio de esa actividad y de los partidos no es privativo de Chile. Es algo que ha venido ocurriendo en distintos países.

Se halla en nuestras manos ser más consecuentes y coherentes entre lo que decimos y hacemos. Es probable que ello nos acerque de nuevo a jóvenes que nos miran con distancia por estar convencidos de que no presentamos esa característica.

La cuestión mayor, entonces, es cómo mejoramos la calidad de la política; cómo formamos a la juventud en un espíritu de educación cívica, comunitario y más colectivo. Este es un tipo de sociedad -una economía de mercado- que, en general, privilegia el éxito individual, el logro personal, por encima de valores más comunitarios y solidarios. A mi juicio, eso también daña la forma en que practicamos la política.

Pero si queremos de verdad lograr una más amplia participación, abramos el mecanismo de la consulta popular. Nunca he podido entender el problema.

Nos rige la Constitución de 1980, que fue impuesta. Ojalá tengamos alguna vez la fuerza necesaria para cambiarla y sea posible un nuevo texto de origen democrático, no el que presenta el actual. Tal normativa debiera contemplar la consulta. Es un mecanismo que no hace ningún daño. Todo lo contrario. La ciudadanía se sentiría consultada y contaría con un espacio de participación. Podría contemplarse la iniciativa popular de ley.

Cabe reconocer que la Presidenta Bachelet se había propuesto avanzar en la materia, pero jamás lo logró. Nunca pudimos sacar algo al respecto.

En concreto, hoy día no se dispone ni siquiera del mecanismo de la consulta popular; de un sistema que permita una participación más amplia.

Deseo manifestar una preocupación, además, de la cual espero ocuparme en la discusión en particular. Me parece que en el proyecto se disminuyen las facultades del Servicio Electoral.

La Senadora señora Alvear , Presidenta de la Comisión de Constitución , hizo presente, legítimamente, la conveniencia de tener extremo cuidado.

El Ministro señor Larroulet , presente en la Sala, sabe que un gran valor que exhibe nuestro proceso eleccionario democrático por soberanía popular, antes de 1973 y después de 1990, es la transparencia. Los chilenos nunca hemos dudado de los resultados entregados cada vez que han tenido lugar comicios. Y este es un tremendo activo que debemos cuidar.

Tengo la impresión de que con la iniciativa le quitamos algo al Servicio Electoral, en cierta manera, y generamos un Consejo Directivo que me merece cierta duda. No entiendo por qué tienen que formarlo cinco consejeros, cuatro de ellos designados por el Primer Mandatario.

Si hay un país presidencialista, es este; si hay un país profundamente centralista, es este. Y volvemos siempre a lo mismo: más facultades para el Presidente , más atribuciones fiscalizadoras...

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Señora Senadora , ha concluido su tiempo.

La señora ALLENDE.- ¿Me concede un minuto para terminar?

El señor GIRARDI (Presidente).- Conforme.

La señora ALLENDE.- Gracias, señor Presidente.

Por lo tanto, no puedo entender que cuatro consejeros sean designados por el Presidente de la República, previo acuerdo, es cierto, de tres quintos de los miembros en ejercicio del Senado. Ello me merece dudas.

Por su intermedio, señor Presidente , deseo consultarle al señor Ministro Secretario General de la Presidencia -más allá de que creemos que es preciso seguir trabajando en el proyecto enviado por la Presidenta Bachelet y que ya aprobamos- si la idea es aplicar el sistema de que se trata, en caso de que se disponga de tiempo suficiente, en las próximas elecciones. Me refiero a las municipales.

Si la respuesta es afirmativa, como todos lo quisiéramos, deseo expresarle que he escuchado declaraciones de altas autoridades del Servicio Electoral que manifiestan su preocupación en orden a que, para hacerlo bien y que no se toque el bien intangible, maravilloso, de la credibilidad de nuestros procesos eleccionarios, es necesario contar con tiempo, rigor y responsabilidad, para que nadie dude de lo que se realice.

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El señor GIRARDI ( Presidente ).- Antes de continuar con la discusión de la iniciativa, solicito el acuerdo de la Sala, a petición del Presidente de la Comisión de Minería y Energía, Senador señor Cantero, a fin de extender hasta el 30 de mayo, a las 13, el plazo para formular indicaciones al proyecto conocido como "20-20", que propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales.

Acordado.

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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , Honorable Sala, el proyecto de ley que nos ocupa tiene por objeto implementar en forma real la inscripción automática y el voto voluntario, incorporados en nuestra Constitución Política en virtud de la reforma de sus artículos 15 y 18, la cual se materializó a través de la ley No 20.337, de 2009.

Tal como lo señalamos cuando nos correspondió debatir acerca de la materia -en aquella época, en la Cámara de Diputados-, dicha modificación era y sigue siendo plenamente necesaria. Ello, a fin de atraer a la juventud a participar sin coerción en la actividad electoral, más aún si se considera que en la actualidad más de tres millones de jóvenes no se encuentran inscritos en los registros correspondientes, por los más diversos motivos.

De hecho, en la última elección de concejales, más del 50 por ciento de las personas habilitadas para sufragar no concurrieron a las urnas. Por tanto, hubo una participación inferior al 50 por ciento, lo que implica un problema grave de representatividad en nuestro sistema democrático.

La situación ha provocado, entre otras cosas, el envejecimiento del padrón electoral, lo que no resulta sano ni adecuado para la actividad política, por lo que estimamos que el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración, en primer trámite, es plenamente acertado.

Además, el articulado actualiza una serie de otras disposiciones de carácter electoral, y no puedo sino alegrarme de que se hayan acogido también algunas iniciativas legislativas que promoví como Diputado . Es el caso de la constitución de mesas únicas, sin distinción del sexo de los ciudadanos, como asimismo el que se encomiende a los delegados electorales a cargo de los locales de sufragio la entrega a los colegios escrutadores de los sobres con las cédulas de votación.

Por otra parte, considero digna de un mayor análisis la propuesta de la Corte Suprema en el sentido de eliminar la suspensión del derecho de sufragio que afecta a quienes hayan sido acusados por delitos que merezcan pena aflictiva. Ello vulnera el principio de la presunción de inocencia, porque la acusación es un mero trámite procesal que no importa en modo alguno una condena y que incluso puede ser impugnada por los recursos previstos en la ley, lo que no resulta factible en el caso de las acusaciones.

En el mismo sentido, es atendible la sugerencia del Máximo Tribunal en orden a evaluar la posibilidad de que las personas que se encuentren en prisión preventiva -esto es, recluidas-, pero sin haber sido condenadas por sentencia ejecutoriada, ejerzan el derecho de sufragio, en condiciones adecuadas a su especial situación, para lo cual se requiere una reforma constitucional específica.

Creo que ambas proposiciones deberán ser profundizadas en su estudio, de modo de garantizar a todos nuestros connacionales el derecho de sufragio en forma irrestricta.

Por lo anterior, votaré a favor de la iniciativa, sin perjuicio de las indicaciones que su mayor examen haga procedentes.

Señor Presidente , no puedo terminar mis palabras sin antes referirme a las opiniones que vertió en la Sala mi Honorable colega Allende .

Por supuesto que nos encontramos ante un proyecto emblemático, ante un proyecto que busca mejorar la calidad de la política. Y se inscribe en una agenda maciza del Presidente Sebastián Piñera .

No solo estábamos comprometidos con el voto de los chilenos en el extranjero bajo ciertas y determinadas circunstancias, en lo que ayer, lamentablemente, perdimos una oportunidad histórica de avanzar. Se trataba de una votación en general. Podíamos haber adelantado. Existía toda la flexibilidad por parte del Ministerio para hacerlo.

También se encuentra lo relativo a la inscripción automática y al voto voluntario, lo cual, de más está decirlo, surgió por una moción de Senadores de la Coalición por el Cambio, quienes impulsaron la reforma hasta lograr su aprobación.

Coincido completamente con la señora Senadora en la posibilidad de llevar a cabo consultas populares. Presenté mociones en esa línea en la Cámara de Diputados.

También me interesa la iniciativa popular de ley. Fui autor de un proyecto en tal sentido, al igual que el Senador señor Navarro.

Pedimos que se trate de materias sustantivas, en las cuales se registre una participación real.

Estamos ciertos de que con la mera modificación que nos ocupa no vamos a atraer a los tres millones de jóvenes ni al millón de adultos que hoy no se encuentran inscritos en los registros electorales. Incorporaremos a las personas que no se sienten parte del sistema político cuando mejoremos la calidad de la política; cuando en el Senado seamos capaces de llegar a grandes acuerdos nacionales que hagan posible que nuestro país se transforme en un solo y mismo proyecto para todos y cada uno de sus habitantes; cuando podamos terminar con la dicotomía de los dos Chile coexistentes: aquel cuyas cifras macroeconómicas le permitieron acceder a la OCDE y el que constituye una verdadera vergüenza moral, con pésima distribución del ingreso, donde no hay una participación real de los chilenos.

Y, por eso, el Gobierno también se encuentra trabajando en una agenda social sólida, sustantiva, que va a permitir avanzar.

No quiero decir que en los últimos veinte años no se progresó en la materia. Ello sí ocurrió.

El señor PROKURICA .- Poco.

El señor CHAHUÁN.- Pero hay que seguir trabajando en esa línea.

Queremos, entonces, que esta sea una oportunidad para que el Senado de la República genere los grandes acuerdos nacionales que permitan, justamente, que iniciativas emblemáticas de la agenda social sean aprobadas.

Me refiero al posnatal de seis meses, por ejemplo.

El señor LAGOS.- Que lo arreglen primero.

El señor CHAHUÁN.- Le hemos pedido al Gobierno que le fije urgencia de "discusión inmediata" al proyecto pertinente.

Deseamos progresar en la eliminación del 7 por ciento de descuento de salud en el caso de los pensionados.

Y queremos seguir adelante con el Ministerio de Desarrollo Social.

Pero también es preciso hacer otro tanto en los aspectos que dicen relación con los procedimientos; en la posibilidad de abrir la política a la gente; en abrir las grandes avenidas, para que los ciudadanos se sientan parte de un mismo proyecto de país y sean constructores de su propio destino.

He dicho.

REGULACIÓN DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SEVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7338-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 72ª, en 1 de diciembre de 2010.

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 9ª, en 13 de abril de 2011.

Discusión:

Sesión 15ª, en 4 de mayo de 2011 (queda pendiente su discusión en general).

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Cabe recordar que la discusión en general de este proyecto se inició en sesión del 4 de mayo en curso y que quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señores Chadwick, Bianchi, Andrés Zaldívar, Sabag, Escalona y Navarro.

Asimismo, cabe señalar que esta iniciativa requiere, para su aprobación en general, el voto conforme de 21 señores Senadores, con excepción de los artículos 6°, 8° y 9°, que son normas de ley común.

El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la discusión general del proyecto.

El señor TUMA.- ¿Me permite, señor Presidente?

Consulto sobre la posibilidad de inscribirse para usar de la palabra, ya que no pude hacerlo la vez anterior.

El señor GIRARDI (Presidente).- Quienes deseen inscribirse lo pueden hacer.

Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

No hará uso de ella.

Corresponde el turno al Senador señor Bianchi.

Prefiere intervenir después.

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , el proyecto consagra la inscripción automática y el voto voluntario. Yo separaría la discusión de ambos temas, cosa normal y lógica por el debate que hemos tenido.

Sobre la inscripción automática no hay ningún problema. Creemos que es un gran avance llegar a esa solución, a objeto de incorporar a muchos chilenos y chilenas que, por diversas razones, no concurren al Servicio Electoral a concretar su inscripción. En ese sentido, me parece que la iniciativa debe ser aprobada.

En cuanto al voto voluntario tengo la convicción de que no es bueno para el sistema electoral y para el país. Existen, por supuesto, opiniones diferentes: unos lo miran como un derecho; otros, como un deber. En lo personal, creo que concurren ambas condiciones: el sufragio es un deber y también un derecho. Y la experiencia de diversos países que han establecido los sistemas voluntarios de votación nos enseña que al final la participación ciudadana es cada vez menor.

Se me podría decir que en Chile, con el sistema actualmente en vigor, no más allá del 60 por ciento de los ciudadanos expresa su voluntad en los procesos eleccionarios. Es cierto. A mi juicio, la inscripción obligatoria, por sí misma, va a hacer aumentar la participación de los electores.

Asimismo, se me puede argumentar: "Mire, en realidad el sistema obligatorio de votación es una formalidad, porque en el caso chileno la gente puede dejar de ir a votar y la sanción que establece la ley jamás se aplica; siempre aplica una amnistía, alguna manera de condonar esas conductas". También es verdad.

No obstante lo anterior, señor Presidente , anuncio que voy a aprobar el proyecto, a pesar de que pueda parecer un contrasentido. Pero quiero dejar constancia de que, en mi opinión, el hecho de que se establezca un sistema voluntario de votación constituye un retroceso en materia cívica.

¿Y por qué lo hago? Porque el punto ya se resolvió en el Parlamento: hay una reforma constitucional que consagra el voto voluntario. La ley en proyecto no hace otra cosa que reconocer algo que la Carta Fundamental estableció: la voluntariedad del sufragio. Por lo tanto, lo que nos corresponde en este momento es, simplemente, ver cómo ella se expresa en el sistema electoral.

Existe, sí, una contradicción con el Ejecutivo en esta materia. El Gobierno se ha manifestado partidario de esta iniciativa. Me parece bien, ya que el voto voluntario es el cumplimiento de una disposición constitucional. Sin embargo, hace pocos días tuvimos una discusión sobre un tema relacionado con este mismo articulado: la votación de los chilenos en el extranjero.

La Constitución Política establece, en el artículo 10, quiénes son chilenos, y, en el artículo 13, que "Son ciudadanos" -no se hace distinción alguna- "los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva".

Y aquí ya se hizo la discusión: los chilenos en el extranjero son ciudadanos. Sin embargo, no les estamos permitiendo votar. El proyecto de ley en debate establece en el artículo 5º -Párrafo 2°, "De la inscripción"- que "Los chilenos comprendidos en el número 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años serán inscritos automáticamente en el Registro Electoral.".

Es decir, los chilenos que viven en el extranjero, que nacieron en nuestro territorio, que tienen la nacionalidad por disposición constitucional, van a ser inscritos en el Registro Electoral. Y ello se les va a comunicar. Sin embargo, no podrán ejercer el derecho a voto. ¿Por qué? Porque aquí se ha producido una discrepancia entre el Gobierno y nosotros sobre cómo podría ejercerse ese derecho. El Gobierno ha querido limitarlo haciendo exigible algún vínculo, que permanezcan cierto tiempo en Chile, y nosotros hemos creído que no debe haber otro vínculo que el hecho de haber nacido en el territorio nacional.

Me parece que el Gobierno, a pesar de que la enmienda al Texto Fundamental, que tenía por objeto limitar -limitar, no permitir- el derecho a voto de los chilenos en el extranjero, se rechazó, sigue estando obligado a cumplir la norma constitucional. Porque, si inscribe en el Registro Electoral a ese chileno en el extranjero, debiera consagrar, en este mismo proyecto, las disposiciones necesarias para ver cómo ese ciudadano, de acuerdo con esta ley orgánica constitucional, puede ejercer su derecho a voto.

El artículo 6° de la iniciativa en análisis se refiere a los hijos de padre o madre chilenos que nacieron en el extranjero, a los cuales les da un trato diferente: los obliga a estar avecindados por lo menos un año en nuestro país para adquirir la ciudadanía. Y allí se reglamenta cómo se hace: se dice que tienen que hacer una declaración ante el cónsul, que deben acreditar el avecindamiento en el país, etcétera, etcétera.

Entonces, yo le quiero pedir al Gobierno y al Ministro que hagan llegar las indicaciones correspondientes, en este proyecto de ley, para que aquí resolvamos cómo los chilenos van a ejercer este derecho. Es un mandato constitucional que el Gobierno no puede evadir. La Carta Fundamental establece la obligación de otorgar derecho a voto a los chilenos en el extranjero. Esta iniciativa señala que van a ser inscritos en el Registro Electoral. Yo creo que el Gobierno tiene que enviar las indicaciones pertinentes para hacer efectivo ese derecho.

En seguida, quiero manifestar una apreciación de orden personal sobre la conducta del Ejecutivo.

El Gobierno nos ha acusado durante todos estos días de ser obstruccionistas, de no colaborar con las legislaciones que impulsa. Yo creo que eso no es efectivo. Pero lo que más me llama la atención es que el Presidente de la República haya afirmado que quienes estamos en la Oposición somos como "el perro del hortelano". ¿Por qué? Porque no queremos legislar ni dejamos legislar.

Me parece inaceptable, señor Presidente.

Así como el Primer Mandatario ha hecho una comparación empleando una expresión relacionada con un animal, yo podría decirle que él y su Gobierno son como el Gatopardo, famoso personaje en la política florentina cuyo lema era: "Hagamos los cambios para que nada cambie". Y ese personaje ha tenido difusión en la literatura, en el cine, etcétera, etcétera.

Pues bien, yo creo que el Gobierno cumple, más o menos, esa misma norma: propone cambios para que nada cambie; propone el voto de los chilenos en el extranjero pero hace todo lo posible para que no se ejerza ese derecho. Y lo vemos en otras legislaciones.

Hace poco vimos un proyecto de ley que tenía por objeto regular el precio de la bencina. Se hizo toda una legislación y el Parlamento tuvo que pronunciarse en dos oportunidades, sobre dos iniciativas diferentes, para que fuera eficiente. Sin embargo, hasta el día de hoy no funciona.

¡Hagamos cambios para que no haya cambios!

Estamos estudiando la eliminación del 7 por ciento de la cotización de salud de los jubilados; el posnatal, etcétera.

Entonces, yo veo a un Gobierno que efectivamente sigue la política del Gatopardo. Y eso tiene un fundamento: ¡Hay un Gobierno que propone cambios para terminar no haciendo cambios!

Por todas estas razones, señor Presidente -y vuelvo al asunto concreto-, no estoy de acuerdo con la modificación constitucional que ya se consagró. Pero, como tenemos que cumplir con la norma constitucional que establece que el sufragio es voluntario, voy a votar a favor porque me corresponde cumplir con aquella disposición que el Parlamento aprobó.

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El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito el asentimiento del Senado para que ingrese a la Sala el señor Claudio Alvarado, Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

--Se accede.

El señor GIRARDI (Presidente).- Ha pedido la palabra el Honorable señor Chadwick, quien había declinado hacer uso de ella en su momento.

El señor CHADWICK.- Así es, señor Presidente , me había arrepentido de intervenir y puede que en su momento haya sido mejor.

Sin embargo, voy a hablar en forma muy breve, dado el debate que ha surgido y, en forma especial, por lo planteado por los Senadores señores Zaldívar y Gómez.

Creo que estamos dando un paso muy importante con el sistema de inscripción automática, que viene a materializar el ejercicio del derecho de voto voluntario, y con la norma constitucional que establece que la inscripción se hará por el solo ministerio de la ley.

No obstante, quiero hacer referencia al tema jurídico-constitucional al cual se hizo alusión.

La pregunta que nos podemos hacer hoy, a la luz de nuestra legislación actual, es la siguiente: ¿Tienen derecho a voto los chilenos que actualmente viven en el extranjero? Sí, lo tienen. El problema es que hoy deben cumplir dos requisitos: estar inscritos en los registros electorales y votar en la comuna, distrito o circunscripción que les corresponde de acuerdo a su inscripción.

Y esa doble exigencia que establece nuestra actual legislación, a la luz de nuestra Carta Fundamental, que no ha sido objeto de modificación en esta materia, ya fue revisada por el Tribunal Constitucional. Y dicho órgano la vio cuando tuvo que analizar, por disposición y de oficio, la Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Y cuando revisó dicha normativa, evaluó que para ejercer su derecho a voto los chilenos que viven en el extranjero tienen que cumplir dos requisitos: estar inscritos en los registros electorales y sufragar en Chile. Y señaló que eso era perfecta y absolutamente constitucional.

El único cambio que estamos promoviendo a través de la ley en proyecto es para que los chilenos que residen en el exterior puedan ejercer su derecho a voto cumpliendo un solo requisito. Ya no se les exige la inscripción, porque esta se da por el solo ministerio de la ley. No obstante, se mantiene vigente la decisión o determinación de que voten en Chile, en el lugar que les corresponde de acuerdo a su domicilio.

Desde el punto de vista constitucional no ha pasado nada: ¡Nada! La ley que les exigía cumplir dos requisitos y que siempre ha sido considerada constitucional -que fue revisada por el tribunal competente y aplicada durante 20 años- hoy día les exige solo uno.

En la sesión pasada se señaló que se iba a recurrir al Tribunal Constitucional: ¡Perfecto! Obviamente, ello corresponde al ejercicio de un derecho. Pero siento y creo que dicho órgano debería responder que la situación ya fue revisada, ya fue evaluada. Por consiguiente, aquí no existe ningún tema constitucional ni ninguna responsabilidad o deber de parte del Gobierno, en el sentido de incorporar una materia a esta legislación.

Él se halla facilitando el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero, porque les está eliminando un requisito. Y la voluntad política del Gobierno ya se encuentra expresada en el proyecto de reforma constitucional que vimos hace un par de sesiones, donde se estima que a través de una modificación a la Carta Fundamental se permitirá ejercer el derecho a voto, dentro del territorio chileno, sujeto a una ley que establezca algún tipo de vínculo o requisito, cuestión que quedó pendiente en la discusión.

Por lo tanto, señor Presidente , no veo que exista ninguna responsabilidad del Gobierno en agregar alguna materia a este proyecto de ley: lo considero plena y totalmente constitucional. El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre él y pensar distinto significaría que todo nuestro ordenamiento legislativo sobre elecciones sería contrario a la Carta Fundamental hoy día. Y lo que estamos haciendo con este proyecto, con relación a los votos de los connacionales en el extranjero, es eliminarles un requisito, tal como se lo estamos suprimiendo a todos los demás chilenos.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente , solo quiero expresar mi punto de vista en relación con el tema de la inscripción automática y el voto voluntario.

Yo sé que se trata de una materia muy opinable. Por lo mismo, voy a manifestar mi parecer desde una óptica estrictamente personal que me hace compartir el voto voluntario.

La idea de que se restringiría el ámbito de utilización de la Ley Electoral, en caso de que el voto no fuese obligatorio, es un argumento que, a mi juicio, resulta atendible. No desconoceré que se pueden entregar muchos razonamientos empíricos respecto a esa materia, pero entiendo que el derecho a establecer el sufragio voluntario es una tendencia creciente en la sociedad actual. Y lo que se dice, en el sentido de que al restarse la obligatoriedad y hacerse voluntario va a significar una elitización del padrón electoral, no me parece consistente. Creo que es exactamente al revés. No soy de los que piensan que se va a elitizar el ejercicio del derecho a voto al establecerse con carácter voluntario. Estimo que al universalizarse este derecho se generan las condiciones para la plena participación de los ciudadanos y ciudadanas.

Quería manifestar mi opinión sobre ese punto.

Entiendo que especialmente en el ámbito de las izquierdas esto representa un debate. He conocido artículos de muy destacados intelectuales y teóricos de Izquierda que plantean el peligro que ya señalé, en el sentido de que esto conduciría, incluso, a una cierta oligarquización del padrón electoral al quitarse la obligatoriedad y establecerse la voluntariedad.

Como digo, desde mi punto de vista eso no debiese ocurrir. La capacidad de organización y el dinamismo de las fuerzas políticas quedan bajo la responsabilidad de los actores políticos, quienes deberán ser capaces de convocar a la más amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de los jóvenes, para que expresen electoralmente su opción en diferentes comicios a lo largo del tiempo.

Lo anterior puede tener altos y bajos, pero, en definitiva, me resisto a aceptar que el mundo popular va a caer bajo el soborno de las prebendas o migajas que se pueden entregar en el curso de las campañas. Prefiero mantener mi convicción y mi confianza en que el mundo popular sabrá finalmente decidir de manera adecuada, en la perspectiva del tiempo y con el horizonte de diferentes actos electorales, y distinguir quiénes están de su lado y quiénes no.

En consecuencia, me pronuncio a favor del ejercicio del voto voluntario. Y entiendo, sí, que la enorme cantidad de páginas de la ley en proyecto, más allá de la letra, transpira -por así decirlo- el derecho a voto de todos y de todas, independientemente de donde residen.

Considero, pues, que este proyecto viene a ratificar el punto de vista que sostuvimos en la polémica surgida la semana pasada, en el sentido de que los chilenos residentes en el exterior deben ejercer el derecho a voto sin condición previa alguna.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, se cumple un anhelo largamente acariciado y se concretan propuestas que, para el desarrollo de la sociedad chilena, formulamos durante veinte años al objeto de facilitar el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

Diversos postulados sociológicos explican por qué en 1988, año en que algunos votamos por primera vez, el 36 por ciento del padrón electoral estaba compuesto por jóvenes. ¡El 36 por ciento!

Esa cifra ha caído de manera vertiginosa, y, claramente, hoy tenemos un padrón envejecido.

Siento que en el debate voto voluntario-voto obligatorio no hay solo una tesis filosófica o una tesis política; en él está, en el fondo, la esencia de la política.

La política está al servicio de la comunidad. La polis es el elemento central del quehacer público, como decía el Senador Ruiz-Esquide.

En definitiva, la ciudad-estado griega puede hallarse hoy en una república democrática donde los ciudadanos participen.

Ahora bien, en la polis griega había esclavos. En la actualidad muchos trabajadores sufren un tratamiento de esclavitud, por sus condiciones laborales, por su dependencia de las deudas. Antes los hombres perdían su libertad cuando perdían una guerra o cuando eran encarcelados por deudas: pasaban a ser esclavos. Ahora el sistema imperante permite la sujeción económica de millones de chilenos endeudados hasta la tusa -como diría una tía-, lo que, al final, les resta libertad.

¿Libres para elegir? No: ¡libres para adquirir!

Ese es el concepto que ha primado en los últimos 22 años.

Hoy decimos: ¡Libre para elegir a mi autoridad y para decidir si voto o no voto, sin ningún tipo de restricción, sin ninguna barrera de entrada!

Pienso que el desafío de la política es ser lo suficientemente atractiva para determinar la participación ciudadana.

El sistema binominal, único en el mundo que permite que dos grandes bloques tengan asegurada la mitad del Parlamento para cada uno, es sin duda antidemocrático.

No basta con abrir la posibilidad de que todos los jóvenes participen, en función de la inscripción automática, o con que haya libertad para el ejercicio voluntario del derecho a voto: hay que abolir los resabios dictatoriales pinochetistas que aún quedan en la Constitución.

Por eso yo saludo al Congreso del Partido Socialista "Eugenio González Rojas", que acordó reforma constitucional y asamblea constituyente. Es decir, introduce un debate que espero sea acogido por este Senado, Senado que debiera cautelar los principales valores democráticos de la nación, entre los cuales está el de la participación ciudadana.

El voto voluntario y la inscripción automática no garantizan participación, pero la posibilitan. Lo que garantiza participación es un sistema en que todos los ciudadanos chilenos se sientan parte de él, tomen decisiones, resuelvan.

En Chile no hay plebiscito vinculante, ni aun a nivel comunal; tampoco, referéndum revocatorio. Aquí se elige a un Senador, y si lo hace mal hay que "mamárselo" 8 años; no existe posibilidad de cambiarlo. Aquí se elige a una autoridad, y no hay opción de sacarla. Aquí no tenemos defensor del pueblo; no existe iniciativa popular de ley (solo para los parlamentarios: ¡fuera los ciudadanos!); en el Congreso no están presentes los pueblos originarios: no hay un solo Senador o Diputado que tenga esa proveniencia.

Por consiguiente, existen limitaciones muy drásticas a la participación.

Siento, señor Presidente , que este es un paso pequeño, que abre la posibilidad de una revolución electoral. Espero que el año 2012 los 3,4 o 3,5 millones de chilenos a que se ha hecho referencia se decidan a votar, y por quien quieran. Pero lo que deseo en el fondo es que haya un cambio que redunde en que la ciudadanía sea protagonista principal.

Por eso soy partidario del voto voluntario, porque considero que hay una misión política, del liderazgo político: ser atractivo en las propuestas y en la acción para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a elegir.

Señor Presidente , la inscripción automática significará que, al cumplir los 17 años, todos los ciudadanos nacidos en Chile sean adscritos automáticamente al padrón electoral. Lo que ocurra con los chilenos residentes en el exterior quedará pendiente, y será el Tribunal Constitucional, si así lo determina un grupo de parlamentarios, el que tendrá que decidir si el ejercicio de su derecho a voto ha de ser facilitado por el Estado -yo creo que debe serlo-, a través de nuestros consulados y embajadas, para permitir su participación.

Lo importante en esta materia es que estamos concretando una reforma que avanza en la línea de la democratización, de la participación y, particularmente, de la integración. ¡Cinco millones de chilenos no participan! Algunos votan en blanco; otros se abstienen o votan nulo. Tres millones cuatrocientos mil no se hallan inscritos. De estos, ni uno solo tendrá ahora esta excusa para no ir a votar. Podrán votar nulo o blanco, o abstenerse, e incluso, no concurrir a sufragar; pero, en definitiva, ellos lo decidirán.

Señor Presidente , espero que el Servicio Electoral esté a la altura de este desafío. Desde luego, se crean condiciones para eso. Se van a "democratizar las mesas de votación". Los hombres serán incorporados a mesas de mujeres, y viceversa. Esto va a dar origen a mesas mixtas. En estricto rigor, no las he visto en ningún lugar del mundo; en todos los países se vota de acuerdo a la inscripción electoral, no conforme a una división por sexo.

¡Muy militar esa decisión, establecida para el padrón electoral, creado el año 90! Pero fue parte de la negociación política que se hizo entonces.

Creo que el debate ha sido fructífero en la línea de develar posiciones. Y el Gobierno insiste en poner condiciones, en exigir vínculo para el voto de los chilenos en el exterior.

Respecto al voto voluntario, hay división tanto dentro de la Oposición como dentro del Gobierno -yo coincido con este-; pero existe unanimidad en cuanto a la inscripción automática.

Seguramente, este proyecto será aprobado. Sin embargo, quedará un debate pendiente: cómo mejorar las condiciones democráticas de la Constitución para que la enmienda que da acceso al voto y elimina las barreras de entrada permita una real participación ciudadana.

Con la Ley Electoral en vigor los independientes se hallan en absoluta desventaja. Se trata de un cuerpo legal concebido para los grandes bloques, no para las minorías, y menos para los independientes. En el sistema binominal hay privilegiados.

Por tanto, no nos engañemos. Este proyecto derriba las barreras de entrada para votar, pero no da acceso democrático para elegir y ser elegido. Subsiste, a raíz del sistema binominal, la hegemonía de dos grandes bloques: en la Cámara Baja, 59 Diputados de Oposición y 61 -si se suman 2 independientes- de Gobierno. O sea, ¡el equilibrio perfecto...! Y, por cierto, varios candidatos son electos antes de que se realice la votación; ¡pero electos por los partidos y no por la ciudadanía...!

Señor Presidente , la inscripción automática abre una verdadera oportunidad. Espero que los partidos políticos estén a la altura de este desafío y que la revolución electoral, el chaparrón electoral no nos pille desprevenidos.

Muchos van a querer participar en los próximos comicios municipales. Yo soy partidario de listas de concejales amplias, de la mayor cantidad de listas factible, de tal manera que haya numerosas posibilidades de participación; que no se hegemonice el control del acceso al derecho a elegir y ser elegido, sino que, por el contrario, se abra. Y, con el sistema binominal restrictivo que existe -no se aplica en las elecciones municipales, sino solo en las parlamentarias-, es menester buscar mejores condiciones para que participen los independientes, quienes están en desventaja.

Señor Presidente, en las escuelas no hay clases de educación cívica.

Joaquín Lavín , Ministro de Educación , envió cartas, con la firma del Presidente Piñera , a todos los padres y apoderados de Chile (se lo informo al Senador Quintana , Presidente de la Comisión de Educación ). ¿Cuántos millones de ellas se remitieron para que esas personas adquirieran un compromiso? Y se reitera el concepto de "compromiso" que, en mi opinión, la familia debe tener.

Pero a mí me interesan los compromisos del Gobierno en torno a su deber de fomentar la participación cívica.

Hace algún tiempo di una charla en una universidad privada, y dije: "Voy a hablar de política". Al iniciar mi exposición, les pregunté a los jóvenes: "¿Quiénes están inscritos en los registros electorales?". Levantó la mano el 99 por ciento.

En días recientes hice lo propio en una universidad pública, donde estudian alumnos de escasos recursos. Formulé la misma pregunta. Solo un tercio levantó la mano.

¡Los jóvenes ricos se inscriben y participan! ¡Los jóvenes pobres desconfían del sistema!

Espero que la oportunidad de participación amplia que se abre posibilite que todos los jóvenes participen y tengan el valor y el vigor necesarios para hacer la revolución electoral.

Señor Presidente , voy a votar a favor de este proyecto porque permite una revolución electoral para el cambio: reforma de la Carta, asamblea constituyente. Es lo que Chile requiere: ¡una nueva Constitución Política de la República!

He dicho.

¡Patagonia sin represas y sin tendido eléctrico a lo largo del país!

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente , si rememoramos la historia de la participación ciudadana desde que se instauró el derecho a voto en Chile, debemos tener presente que al comienzo solo votaban los propietarios -y los propietarios hombres- y que la situación ha devenido en que la gente vaya ganando cada vez más espacios de participación.

Al respecto, estamos muy orgullosos de cómo, crecientemente, nuestro país ha ido ganando terreno para que sus habitantes puedan elegir y ser elegidos.

El avance tecnológico que envuelve la inscripción automática constituye un paso importantísimo para que numerosos chilenos y chilenas participen no solo en los procesos electorales realizados para elegir a sus autoridades, sino también en la decisión de cuestiones relevantes para la comuna, para la región o para el país. Porque tanto el Gobierno cuanto el Parlamento aún se hallan en deuda al no haber implementado legislaciones para llevar a cabo plebiscitos vinculantes destinados a consultar a la ciudadanía sobre materias que le interesan.

Estamos pronunciándonos sobre un sistema de inscripción automática que, tras aprobarse la ley en proyecto, permitirá incorporar de inmediato en el Registro pertinente a más de cuatro millones de nuevos electores, en su mayoría jóvenes.

Lo anterior significará que la política se oriente hacia proyectos que hasta hoy carecen de prioridad. Entonces, tendremos una sociedad cada vez más demandante en aquello que fija su centro en los jóvenes, en la apertura de mayores oportunidades para quienes hoy no las tienen por la sola circunstancia de su edad.

La comunidad se rejuvenecerá con el establecimiento de la incidencia significativa de los jóvenes en el peso del padrón electoral. Y eso es un desafío para la política, para los políticos, para los partidos; en general, para la sociedad.

La universalidad del voto importa para que un número cada vez más elevado de electores participe voluntariamente en los comicios y sin condiciones, ni restricciones, ni requisitos.

Desde tal perspectiva, veo con preocupación que, pudiendo darles una oportunidad a los chilenos residentes en el extranjero, no hagamos el esfuerzo necesario para concretarlo.

El Gobierno, especialmente, no ha dado una señal para permitir que, sin discriminaciones, esos compatriotas ejerzan desde el exterior el derecho a voto.

Señor Presidente , con la existencia de un padrón electoral donde los ciudadanos quedarán inscritos automáticamente, ¡qué fácil sería para el Gobierno resolver otros problemas!

Por ejemplo, si tuviera voluntad, la consulta a los pueblos indígenas a que lo obliga el Convenio 169 de la OIT tratándose de situaciones que los afectan podría hacerla a través de ese padrón, en vez de utilizar un mecanismo no vinculante, anodino y que resulta bastante desorientador.

¡Qué sencillo sería, Ministro Larroulet , que el Ejecutivo decidiera dar facilidades para que el mundo indígena tuviera una asamblea nacional de sus pueblos con la cual interlocutar a los fines de determinar la forma de realizar la consulta a que lo obliga el referido instrumento internacional!

Creo que el paso que estamos dando con la inscripción automática debería estimular al Gobierno para que presentara un proyecto de ley conducente a la formalización de una asamblea nacional de pueblos indígenas a la que, a base de un mecanismo marco, sea factible consultar permanentemente sobre aquello a que lo obliga el Convenio 169.

Señor Presidente, este es un paso significativo para perfeccionar nuestra democracia.

Nos quedan muchos otros. Por ejemplo, el sistema binominal nos deja anclados, nos mantiene cautivos: aunque aumentemos el número de electores, no se diversifican las oportunidades de la ciudadanía para elegir. Entonces, seguiremos en deuda con ella.

En todo caso, la inscripción automática -reitero- constituye un paso muy relevante.

Importante es, asimismo, el voto voluntario. Empero, su emisión depende de las facilidades que otorgue el Estado. Porque la situación de quienes viven a pocas cuadras de las mesas receptoras de sufragios no es igual que la de los ciudadanos que residen lejos de ellas y el día de la elección deben viajar varios kilómetros después de largas esperas de un medio de locomoción.

Es obligación del Estado, pues, garantizar el ejercicio de tal derecho, el que, en mi concepto, debería tener como contrapartida una obligación.

¿Votar es solo un derecho o también envuelve una obligación?

Es algo sobre lo que deberíamos reflexionar, señor Presidente.

Pienso que no se trata únicamente de un derecho. Cada ciudadano debe imponerse la obligación de participar en los procesos eleccionarios.

Por eso, teniendo en cuenta especialmente la invitación al Gobierno respecto a las consultas al mundo indígena y la necesidad de que los jóvenes participen cada vez más en los comicios, votaré favorablemente esta iniciativa de ley.

He dicho.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente , el 1° de diciembre de 2010 el Gobierno ingresó a trámite legislativo la iniciativa que nos ocupa esta tarde.

En su exposición de motivos, el Primer Mandatario expresa que, si bien nuestro país cuenta con una democracia estable y madura, ella está perdiendo fuerza, y que los ciudadanos, en particular los jóvenes, se hallan cada vez más distantes de la política.

Quiero iniciar mi intervención, señor Presidente , al revés de como lo hicieron quienes me antecedieron.

Entonces, parto pidiendo disculpas porque aquí, si uno lee el mensaje, no hay un mea culpa de la clase política: se señala que los jóvenes y los ciudadanos se han alejado de la política.

Pienso, sinceramente, que estamos viendo la situación absolutamente al revés: tal vez somos nosotros quienes nos hemos alejado de las legítimas reclamaciones que nos hacen los ciudadanos por los problemas que viven en el día a día.

Por lo tanto, cabe preguntarse si son efectivamente los jóvenes quienes se han apartado de la política o somos nosotros, la clase política, los que nos hemos apartado de los problemas cotidianos, urgentes, de nuestra población; de la gente, en general.

Quisiera referirme a algunas materias que no he escuchado que hayan sido abordadas, salvo por el Senador señor Navarro , a quien agradezco profundamente por considerar a las personas sin militancia partidaria, que somos muy respetuosas de los que sí la tienen. Y, de hecho, queremos aportar y apoyar con el importante proyecto de ley sobre la inscripción automática y el voto voluntario.

Eso sí, no abrigaría tanto optimismo en orden a que el solo hecho de cambiar la figura respectiva redundará en cuatro millones de jóvenes votando. Creo que lo urgente es, precisamente, la renovación de la clase política. Los que nos hemos mantenido por años en esta actividad tendremos, de hoy en adelante, o que modificar el discurso, o renovarnos por completo, para que exista un verdadero interés de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de los adultos mayores, al ver que sus representantes interpretan efectivamente los reclamos que, muchas veces, les hace el país.

La iniciativa se traduce en que los errores en los patrocinios de los independientes no inhabiliten la inscripción si se cumple con los requisitos. Para ello, se propone sustituir los incisos primero y segundo del artículo 11 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Ahora, la disposición original no es muy distinta. No se observan mayores variaciones. Pero hago referencia al punto por la experiencia que me ha tocado vivir. Por lo menos en las dos oportunidades en que me he presentado como candidato, en mi situación de total independencia partidaria, he tenido que practicar una poda completa de los registros de adherentes, porque las propias colectividades políticas han enviado a gente inscrita en ellas para que no alcance la cantidad de patrocinantes necesaria y, de esta manera, fracase la inscripción que pretendía hacer en la calidad mencionada.

A lo menos, existe la intención de corregir ese hecho, lo que me parece de toda justicia.

Deben efectuarse otros cambios en la ley Nº 18.700, para igualar la injusta competencia entre un candidato independiente y uno de partido político, la cual rompe el principio de igualdad. Por ejemplo, eso es lo que sucede con la diferencia que se registra ante la imposibilidad de los independientes para configurar un pacto, sin que les ocurra otro tanto a quienes se hallan dentro de la estructura partidaria. Y me valgo de la presencia del Ministro señor Larroulet para plantearle abiertamente que en dicho cuerpo legal no existe, en la materia, una igualdad de condiciones tal cual la establece la propia Constitución.

Además, se plantea otro punto, que no es menor. Cada vez que se han celebrado elecciones, mis Honorables colegas han visto en la franja televisiva -y, a veces, con risa- las apariciones de candidaturas independientes a las que les corresponden segundos. Es decir, tampoco contamos allí con una posibilidad de igualarnos, en parte, a la situación de quienes se hallan dentro de las estructuras partidarias, fundamentalmente.

Lo relativo a la inscripción en el padrón electoral no es menor. La circunscripción será determinada según el lugar en que se saque carné de identidad. Muchos lo hacen en Santiago, de modo que no van a poder votar en Regiones. O sea, en ese aspecto se observa un claro perjuicio para quienes vivimos en ellas. Si bien es posible llevar a cabo el trámite del cambio en el Servicio Electoral, creo que numerosas personas pueden habitar por años en una Región distinta de aquella en donde sacaron su cédula.

No obstante -quisiera abordar en otro momento bastantes otros asuntos, señor Presidente -, estimo que tenemos que avanzar efectivamente en la materia. Voy a votar a favor, advirtiendo, sí, que, en la medida en que no cambiemos, en que la clase política siga cometiendo los mismos errores, dudo de que más de cuatro millones de personas se sumen al ejercicio democrático por contemplarse el voto voluntario y la inscripción automática. Pienso que, al revés, nos van a castigar -y que ello se recuerde- si no somos capaces de cambiar por completo la forma exhibida en el último tiempo en nuestro actuar político.

Gracias.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente , el objetivo fundamental del proyecto es regular un sistema automático de inscripciones electorales de manera de incorporar al padrón electoral a todos los que cumplan los requisitos para ejercer el derecho de sufragio. Asimismo, se modifica el Servicio Electoral y se moderniza el sistema de votaciones. Eso es lo esencial.

Y, naturalmente, muchas cuestiones han salido a la palestra, como el rechazo que formulamos hace pocos días a la reforma constitucional sobre la votación de los chilenos en el extranjero. Insisto en que eso no implica ningún drama, porque el proyecto perfectamente se puede volver a presentar en cualquier momento, si es necesario, aunque varios Honorables colegas sostuvieron que basta solamente con modificar la parte electoral y permitirles a esos compatriotas el sufragio, como todos lo deseamos.

Pero lo básico es que todos estamos de acuerdo, según creo, con la inscripción automática.

El voto voluntario no es el tema de hoy, pero deseo consignar que, en su oportunidad, me pronuncié en contra, por considerar que las personas tienen también un deber con su patria. No se trata tan solo de demandar mejor educación, mejor seguridad, mejor salud, mejores condiciones de vida, vivienda. Todo esas son exigencias. ¿Y cuál es la obligación? Solo la de votar. Y eso, además, es voluntario.

Resulta evidente que mucha gente concluirá que no media ningún imperativo al respecto. Entonces, es obvio que muchos se acercarán a "estimularla": "Si usted va, le proporciono esto".

¡El Gobierno pretende hacerlo! ¿Acaso no está diciendo que si se vota se va a obtener más puntaje para optar a una nueva vivienda o para tal cosa u otra? Para cualquier beneficio que se quiera del Estado será preciso demostrar que se sufragó. Es decir, de alguna manera, estamos también "cohechando" a nivel del Gobierno.

¿Y qué pasará con relación a los partidos políticos, a los candidatos? Van a buscar también argucias a fin de "incentivar", de "motivar" para cumplir con el deber cívico.

Y ya se señalaba en sesiones anteriores que, en casi todos los países donde la votación es voluntaria, el número de participantes es inferior al cincuenta por ciento del total.

Pero, en fin, eso ya está aprobado. Y, naturalmente, vamos a pronunciarnos a favor de la inscripción automática.

Mas deseo destacar que el proyecto, señor Presidente , cuyo texto contiene numerosos artículos, modifica varias normativas, entre ellas la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos; la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y la ley Nº 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones. Todas esas materias corresponden a la Comisión de Gobierno. Sin embargo, ella no fue consultada.

Por supuesto, no voy a pedir que la iniciativa, después del largo trabajo que ha demandado, sea enviada a ese órgano técnico. Tengo entendido que el Gobierno aspira a que la ley esté vigente para los próximos comicios de alcaldes y concejales. No queda mucho tiempo para lograrlo. Pero como nos hallamos ante un articulado complejo, que modifica todo el sistema electoral, el plazo para las indicaciones debe ser prudente, a fin de que se puedan hacer los estudios respectivos.

Y solicito, señor Presidente -le ruego poner atención en este aspecto-, que ellas se estudien en las Comisiones de Gobierno y de Constitución, unidas. Es lo mínimo. El proyecto fue enviado a esta última, pero, en realidad, la inmensa mayoría de las materias que contiene corresponden a la primera. Y también será posible avanzar rápido en el despacho.

He dicho.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quisiera aprovechar el debate para hacer primero un poco de memoria sobre lo que ha sido en el Congreso el análisis de la obligatoriedad o la voluntariedad del voto.

Básicamente, la cuestión resulta opinable. Algunos la han elevado a la categoría de dogma o poco menos a la de que estar por una u otra opción significa ser más o menos demócrata.

En las discusiones iniciales manifesté mi opinión favorable a la obligatoriedad. Lo hice con el convencimiento de que el sufragio es un derecho ciudadano, pero también un deber de participar en los momentos en que se toman decisiones en una sociedad democrática.

Asimismo, abrigaba la seguridad de que, producto de nuestra falta de cultura democrática o de participación ciudadana, era necesario asignarle un sentido de imperatividad al ejercicio del derecho.

Ello igualmente contribuiría, no solo a una mayor participación, sino también, en definitiva, a que cada persona, en el momento de decidir, pudiera expresar realmente su pensamiento o lo que quiere para el país, sin estar dependiendo de otros factores anexos o de incentivos que lleven a sufragar, como aquí se expuso.

Ese criterio cambió. La sociedad empezó a manifestarse de diferentes maneras buscando generar dos efectos. Uno de ellos fue el de que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a voto por la sola circunstancia de cumplir la mayoría de edad, de lo cual deriva toda la argumentación sobre la inscripción automática, con la que estoy totalmente de acuerdo; y el otro, el de que, una vez inscritos, resuelvan si participan o no, sin ningún tipo de condicionamiento, lo que conduce al voto voluntario.

Con posterioridad, cuando nos encontrábamos el año pasado en plena campaña presidencial, durante la segunda vuelta, se adoptó la determinación política de respaldar la propuesta correspondiente. Disciplinadamente, procedimos en esa forma. La definición ya tuvo lugar.

Cada vez que analizo el asunto, pienso que, en el fondo, la decisión de aplicar el voto voluntario constituye, básicamente, una apuesta arriesgada de nuestra sociedad democrática por la posibilidad, a través de ese mecanismo, de generar una mayor participación ciudadana.

Porque algunos, a mi juicio con mucho voluntarismo, entusiasmo, liviandad, afirman: "El sistema implicará una mayor participación ciudadana"; "Va a permitir que los jóvenes, que no se inscribían antes por darles lata ir al Servicio Electoral, concurran a sufragar al verificarse el trámite automáticamente". Por mi parte, considero que lo anterior es sumamente arriesgado para el buen funcionamiento de nuestra democracia, porque entendería esa lógica si contáramos con ejemplos concretos de la intervención de los jóvenes cuando pueden decidir sobre aspectos que les importan. Y la verdad es que, desde hace décadas, ella ni siquiera tiene lugar en su entorno más cercano o en las elecciones que les atañen directamente, como las de centros de alumnos, de federaciones estudiantiles, de sus propias organizaciones, y tampoco en la comunidad donde se hallan insertos. Los índices en estos comicios son menores que los registrados en los parlamentarios o presidenciales.

Entonces, uno tiene derecho a preguntarse si el solo establecimiento de la voluntariedad significará una mayor participación. En realidad, no existe ninguna garantía de ello. Por el contrario, lo más probable, como lo exponía bien el Senador señor Escalona , es que ese efecto se registre en los sectores más ilustrados o con más conciencia de la representación de sus intereses al momento de votar, que en aquellos que, desde un punto de vista popular o masivo, lo perciban como algo lejano.

Con franqueza, la cuestión de la participación, a mi juicio, se relaciona más, como lo plantearon mis Honorables colegas Sabag , Bianchi y Navarro , con el sistema electoral y la forma en que los potenciales electores perciben si sus visiones de sociedad o del mundo pueden contar con alguna oportunidad de representación en la institucionalidad democrática, sea a nivel de concejales, de alcaldes, del Congreso Nacional, e incluso, de la Presidencia de la República. Ahí es donde creo que debiera fijarse el foco de la discusión.

Reitero que eso tiene que ver necesariamente con el sistema político electoral vigente. Como se ha dicho, este es excluyente, discriminatorio y representa una bomba de tiempo, además, para la legitimidad de un funcionamiento democrático, porque, a la larga, lo que hace es desincentivar la participación cuando la gente comprende que, prácticamente, o los dos bloques mayoritarios se llevan todo, o no hay posibilidad de nuevos movimientos o de expresiones de grupos o sectores emergentes o de independientes.

Por otro lado, no estamos ni educando ni colocando los incentivos correctos a la participación ciudadana, fundamentalmente en relación con los más jóvenes. Y esta es una materia respecto de la cual tendríamos que preocuparnos como Estado, como sociedad en su conjunto, e implementar políticas públicas que permitieran que esa educación cívica -o "para la ciudadanía" o "para la democracia", como se llama en otros países- se expresase desde la base, a nivel de los colegios, para cada uno de los habitantes de nuestro país.

Deseo manifestar, con toda claridad, que el proyecto -para variar- será discriminatorio en su implementación, poco eficiente e incoherente con lo aprobado en la reforma constitucional que estableció la voluntariedad del voto. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que hacer operativa la inscripción automática y el que los chilenos voten voluntariamente, y ya sabemos que existe una discriminación respecto de aquellos que viven en el extranjero.

Lo anterior, a mi juicio, es lo que ha llevado a algunos Honorables colegas, acertadamente, a plantear la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Quizás es una manera curiosa de expresarlo, porque no se alegará la inconstitucionalidad de algún precepto, sino la omisión en la iniciativa de las normas que permitan a dichos compatriotas votar sin condiciones. Y ello obedece a que no se encuentra establecida la forma en que aquellos que residen en Argentina, en Estados Unidos, en Europa o dondequiera pueden votar y ejercer su derecho al igual que cualquier ciudadano que vive en nuestro país.

Tal silencio resulta imperdonable, porque, además, responde a un prejuicio político, a viejas miradas de sectores que creían en el antiguo voto censitario, el cual permitía a las personas, en la medida en que tuvieran bienes, participar en las decisiones democráticas ciudadanas o en las elecciones de representantes, como Diputados, Senadores o Presidentes.

Hoy día, la cuestión resulta mucho más perversa, porque, lisa y llanamente, lo que se está haciendo es condicionar a esos chilenos, como se pretendió en el proyecto respectivo, para que puedan ejercer el derecho sobre la base de que cuenten con recursos materiales para viajar.

Me parece que en este aspecto debemos establecer por ley -no se requiere reforma constitucional- la posibilidad de que todos los chilenos, los que vivimos acá y quienes residen en el extranjero, voten sin condicionamientos de ningún tipo. Así se obedecería al espíritu adoptado cuando se aprobó la reforma pertinente, en el sentido de que cada persona es libre, soberana para decidir si participa o no en un proceso electoral.

De todas maneras, la iniciativa constituye un avance. Tiene la lógica de ir con tiempo.

Espero que exista el debate necesario para permitir que la ley en proyecto sea eficaz; que la operación que implica cuente con toda la atención requerida y que se puedan introducir los perfeccionamientos pertinentes durante la discusión en particular.

Anuncio mi voto a favor.

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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Solicito el acuerdo de la Sala para que el Senador señor Andrés Zaldívar presida la sesión, a fin de que yo pueda hacer uso de la palabra desde mi pupitre.

Acordado.

--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental , el Honorable señor Andrés Zaldívar.

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El señor CANTERO.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor CANTERO.- Señor Presidente , en mi calidad de Comité, solicito que se abra la votación.

El señor WALKER (don Ignacio).- De acuerdo.

El señor PROKURICA.- Conforme.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).- Si le parece a la Sala...

El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LETELIER.- Señor Presidente, deseo plantear un asunto de Reglamento.

No estoy de acuerdo en que se abra la votación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el señor Ministro , quien tiene preferencia para intervenir.

El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , quiero expresar la satisfacción del Gobierno por la gran mayoría de Senadores que han manifestado su opinión favorable al proyecto, que sin lugar a dudas constituye un anhelo en el sentido de aumentar la participación en los procesos políticos, en especial de los más jóvenes del país.

Se han entregado aquí los antecedentes -y los di a conocer yo en una sesión anterior- en cuanto a cómo ha ido envejeciendo nuestro padrón electoral y a lo relevante que resulta, por lo tanto, la inscripción automática.

También hubo un debate a propósito del voto voluntario, postura que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera siempre ha planteado como otro elemento positivo y favorable que hay que incorporar en nuestro sistema electoral.

Por otro lado, debo mencionar que la iniciativa en análisis forma parte de un conjunto de proyectos en materias que el Ejecutivo ha estado impulsando, entre las que se encuentra el derecho a voto de los chilenos residentes en el extranjero. Ello fue propuesto a través de una reforma constitucional que, desgraciadamente, fue rechazada la semana pasada, la cual consideramos necesaria e imprescindible para consagrar el derecho a sufragio de los chilenos residentes en el exterior que mantengan una relación con el país. Esperamos que en el debate en particular de la presente iniciativa podamos seguir conversando sobre ese tema con la Oposición.

Asimismo, debo mencionar que el anhelo del Ejecutivo es que la inscripción automática y el voto voluntario se encuentren disponibles para la elección municipal de octubre de 2012.

A la vez, comparto lo que manifestó la Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento la semana pasada en orden a lo relevante que resulta el proyecto en análisis y el detalle de cada uno de sus artículos, en función de la seriedad y la confianza que deben rodear a nuestro sistema y a nuestro proceso electoral.

Por último, daré a conocer a la Sala una información que estimo importante, relacionada con los planteamientos de distintos señores Senadores acerca del valor de la educación cívica, a propósito de la responsabilidad que cada ciudadano ha de tener en materia del ejercicio de sus derechos.

Hace una semana, junto con el Ministro de Educación , recibimos a los representantes de todos los partidos políticos y creamos un grupo de trabajo a través del cual se le entregarán sugerencias a la Cartera de Educación respecto del perfeccionamiento de los aspectos vinculados con la formación cívica, o lo que antiguamente se llamaba "educación cívica".

Esa comisión está por integrarse. Los representantes de cada partido quedaron de enviar los nombres de sus expertos.

De esa manera, se dará un paso adicional en una preocupación presente en el debate realizado en la Sala, en orden a que, junto con establecer un mecanismo de inscripción automática, que a su vez acarrea -de acuerdo con la Constitución- el voto voluntario, se perfeccione nuestro sistema educativo incluyendo en él contenidos de formación cívica que apunten en la dirección de mostrar a los jóvenes la responsabilidad ciudadana que significa ejercer el derecho a sufragio.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).- Luego de que intervenga el Senador señor Letelier someteremos al parecer de la Sala la solicitud que se ha formulado para abrir la votación.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LETELIER.- Señor Presidente , fue en 1949, mediante la ley No 9.292, cuando se introdujo una innovación de tremendo alcance al sistema de inscripción de los electores en nuestro país.

En dicho año, contrariamente a lo que se señaló en la Sala, se estableció por primera vez el derecho de las mujeres para inscribirse en los registros electorales. Y la tradición de que en Chile las mujeres y los hombres voten por separado viene desde ese entonces. Tal situación no se encuentra asociada ni al Gobierno militar ni a fenómenos recientes.

Fue también en 1949 cuando se dispuso la obligación ciudadana de inscribirse en los registros electorales. Y se fijó como criterio no solo tal obligación, sino también la de sufragar, lo cual perduró hasta 1973. Ello correspondía al concepto de que el voto constituye un derecho. Se trataba de algo propio de la época que se vivía, cuando muchos estaban excluidos. Y aún quedaron fuera del derecho a sufragar los analfabetos, quienes se incorporaron posteriormente.

En 1973 era obligación inscribirse y votar para todos los chilenos que vivían en el territorio nacional. Y se sufragaba por separado, en recintos de mujeres y en recintos de hombres.

Cuando comenzamos el proceso de recuperación democrática se estableció un criterio distinto: la inscripción voluntaria. Y, por ende, se varió en algo básico, referido a si todos tenían la responsabilidad ciudadana.

Al leer las actas constitucionales de la Junta de Gobierno concernientes a ese punto se aprecia que existían dos corrientes de pensamiento: la de los que consideraban que el voto era una obligación y la de quienes eran partidarios de una concepción, no liberal, sino neoliberal respecto a las responsabilidades ciudadanas.

Señor Presidente , durante 20 años hemos vivido en nuestro país con esa concepción neoliberal. Es decir, con la de un nuevo liberalismo que piensa que las responsabilidades en la sociedad son individuales y no colectivas; que las cosas públicas se deben abordar desde el interés personal, como un consumidor más, como un ciudadano aislado de la polis.

Yo tuve muchas dudas cuando se abrió el debate sobre el voto voluntario hace algunos años. Pero siempre he considerado que el permitirles a los ciudadanos decidir si ejercen o no su derecho a sufragar -es una loable intención- debe ser condicionado y no obedecer a una concepción liberal o, diría yo, neoliberal, como se consagró en la reforma constitucional pertinente y se terminó plasmando en la iniciativa que nos ocupa.

Soy de aquellos que sostienen que los ciudadanos tenemos obligaciones para con la sociedad no solo en el sentido de pagar impuestos, sino también de tomar decisiones respecto a asuntos que nos afectan y de opinar. Porque, en tanto uno cumple con las obligaciones ciudadanas, tiene la posibilidad de ejercer los derechos correspondientes.

Señor Presidente, anuncio que voy a presentar indicaciones al proyecto.

No creo en la visión neoliberal implícita en su texto, ni en que el rol de los partidos políticos sea competir como si los seres humanos fueran elementos de un mercado perfecto. Porque esto no existe. Hay otras variables que inciden, desgraciadamente, y las ideas legítimas de cada colectividad deben concursar ante la ciudadanía.

A mi juicio, los ciudadanos tienen también una responsabilidad para con el colectivo en que viven, en orden a que el Estado use parte de sus recursos y les proporcione bienes públicos, como seguridad; defensa; medioambiente; servicios públicos (de electrificación, de salud, de educación, de sistema previsional o de otro tipo), etcétera. La lista podría ser muy larga.

No concuerdo con la idea neoliberal que se encierra aquí, en cuanto a que los ciudadanos puedan exigir derechos, sin tener ninguna obligación per se con la sociedad. Me parece una concepción errada. Y no solo eso, sino que también puede acarrear consecuencias graves para el colectivo societal.

Estimo que el mecanismo de inscripción automática que se propone es positivo, considerando que el actual procedimiento administrativo de inscripción es precario, malo. Por ejemplo, el Servicio Electoral abre los sábados solo en la mañana, lo cual hace difícil acceder a él. Y, sin duda, sería mejor reemplazar ese sistema por uno de inscripción automática.

Sin embargo, respecto a cómo se ejerce la voluntariedad en el sufragio, soy partidario de que, si las personas no quieren votar -lo digo con un ánimo de transacción, no de convicción-, simplemente concurran a borrarse del Registro Electoral. O sea, que efectúen una manifestación ciudadana expresa de que no desean formar parte de las decisiones. Pero, de hacerlo, tendrían que reconocer que pierden ciertos derechos frente a la sociedad.

Yo no considero iguales a quienes participan de la cosa pública, y a los que se restan de ello. En mi concepto, a veces esa posición es la antesala de una actitud anarquista, absolutamente anómica de las personas. Y pienso que es negativo fomentar este tipo de comportamientos en el mundo globalizado en que vivimos; más aún en sociedades pequeñas, en países de tamaño reducido como el nuestro.

Señor Presidente, estoy a favor de la inscripción automática.

Por cierto, creo en el derecho a concursar por las ideas. Pero si las personas que habitan esta tierra desean gozar de derechos ciudadanos también deben tener obligaciones ciudadanas. Y una de ellas es emitir opinión sobre las cosas públicas.

Aquí se ha señalado que este es un problema de los jóvenes. Yo no lo estimo así -aunque me gustaría considerarme entre ellos, en términos biológicos es evidente que quienes estamos aquí pasamos esa etapa hace bastante tiempo-; porque desde 1990 muchas personas no se han inscrito en los Registros Electorales. De modo que no se trata de un asunto de la gente de la edad de nuestros hijos o de los nietos de algunos de los Senadores que se hallan en la Sala, sino de uno más generalizado.

Señor Presidente , anuncio que presentaré indicaciones a fin de que se pueda calificar la voluntariedad. Ello constituye una transacción mínima para construir un acuerdo.

Antes de terminar deseo formular una reflexión sobre el sufragio de los chilenos en el extranjero, ya que no pude dar mi opinión antes y ello se relaciona con el proyecto en discusión.

A mi juicio, que un chileno vote en el extranjero es suficiente vínculo para lo que Chile requiere. Es decir, el que los connacionales de este pequeño país radicados en el exterior participen y voten los convierte en nuestros mejores embajadores. No considero necesario establecer otro vínculo ni discriminación de algún tipo para que puedan ejercer el derecho a sufragar.

Señor Presidente , espero que en el debate en particular exista la posibilidad de precisar el concepto de voluntariedad. Porque no es bueno que se elitice el voto ni que una minoría tome decisiones. Al contrario, como lógica cívica, sería bueno que las chilenas y los chilenos emitieran una opinión ciudadana, independiente de cuál fuera.

He dicho.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se procederá a abrir la votación, como han pedido algunos señores Senadores.

--Así se acuerda.

El señor GIRARDI (Presidente).- Cerrado el debate.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis, para fundamentar el voto.

El señor ORPIS.- Señor Presidente , al igual que la semana pasada, deseo señalar que siempre he sido partidario de la inscripción automática y del voto obligatorio. Sin embargo, lo relativo a esto último se resolvió en la reforma constitucional pertinente.

Por lo tanto, voy a apoyar el proyecto única y exclusivamente porque se refiere a la inscripción automática.

Voto a favor.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.

Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Se abstuvo el señor Letelier.

El señor GIRARDI (Presidente).- Se debe fijar plazo para formular indicaciones.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido la palabra.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , quiero plantear algo antes de que se establezca plazo para presentar indicaciones.

Hago mía la propuesta del Senador señor Sabag en el curso del debate, en orden a que en el segundo informe este proyecto sea estudiado por las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Gobierno, Descentralización y Regionalización, unidas. Ello, porque esta última siempre se ha abocado a tratar las materias relativas al sistema electoral.

La señora ALLENDE .- Así es.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entonces, solicito que en el segundo informe pudiésemos trabajar en Comisiones unidas.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Si le pareciera a la Sala, dado el ánimo que ha habido en la discusión del proyecto, se acogería la petición de los Honorables señores Sabag y Zaldívar.

--Así se acuerda.

La señora ALVEAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, deseo señalar la importancia de fijar un plazo prudente para presentar indicaciones.

Ya hemos destacado la gran relevancia de esta normativa y la enorme responsabilidad que implica para nosotros el mantener un sistema electoral creíble y eficiente. Por ende, requiere un estudio minucioso.

Llamo a todos los señores Senadores a presentar las indicaciones pertinentes, para lo cual pido fijar plazo...

El señor CANTERO.- ¡Hasta la primera semana de junio!

La señora ALVEAR.- No, es muy pronto.

Pienso que debería ser hasta la última semana de junio, con el propósito de disponer de tiempo suficiente para analizar una iniciativa de esta envergadura.

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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, pido recabar la autorización de la Sala para que pueda tratar en general y en particular en el primer informe, el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre información al Congreso Nacional en materia presupuestaria.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente , ratifico el planteamiento del Senador señor Frei, pues la Comisión decidió unánimemente requerir la anuencia del Senado en el sentido indicado.

El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

--Se accede.

)----------(

El señor NOVOA .- Señor Presidente , con relación al plazo para presentar indicaciones, si lo estableciéramos para la última semana de junio significaría postergar hasta julio el despacho del proyecto.

En verdad, lo tocante a la inscripción automática y el voto voluntario se viene discutiendo desde que se reformó la Constitución. No tiene sentido dilatar más el asunto, máxime cuando aquí se habla tanto de la necesidad de hacer participar a todo el mundo en los procesos electorales. Creo que el momento para ello debe ser ojalá en los próximos comicios municipales.

Entonces, solicito que el plazo para formular indicaciones sea hasta la segunda semana de junio.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- El 13 de junio sería más o menos la mitad del tiempo sugerido inicialmente.

¿Habría acuerdo?

El señor NOVOA.- Hay consenso en que sea el 6, señor Presidente.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- En atención a que la Honorable señora Alvear plantea el 30 de junio y otros Senadores el 6, para ser ecuánime propongo el 13 de junio.

El señor NOVOA.- Conforme.

--Se fija plazo para formular indicaciones hasta el lunes 13 de junio, a las 13.

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES.

13/06/2011

BOLETÍN N° 7.338-07

INDICACIONES

ARTÍCULO 1°.-

NÚMERO 1)

Artículo 6°.-

Inciso segundo

1.-De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de “que acredite el”, la expresión “cumplimiento del”.

Inciso tercero

2.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para eliminar la expresión “en Chile”.

Artículo 10.-

Inciso primero

3.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para eliminarlo.

Artículo 17.-

Inciso primero

4.-De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que en el mes anterior hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.”.

Artículo 24.-

5.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 24.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, se deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando uno nuevo bajo juramento en ese acto si así lo desea.”.

Artículo 27.-

6.-De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 27.- Para todos los efectos legales, se considerará como último domicilio electoral el que se señala en el inciso segundo del artículo 10.”.

7.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 27.- En los casos en que el elector se encuentre domiciliado en el extranjero, al momento de declarar su domicilio ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral deberá indicar, además, la comuna en Chile en la que deberá contabilizarse su sufragio.”.

Artículo 31.-

Inciso tercero

8.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para eliminar la frase

“, comuna, provincia y región”.

Artículo 35.-

9.-De S.E. el Presidente de la República, para eliminar la frase “con carácter de definitivo”.

° ° °

10.-De S.E. el Presidente de la República, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Cuando deba repetirse la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28, ambos de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral utilizado en la primera votación de la elección que no pudo perfeccionarse, ya sea por fallecimiento de un candidato para la segunda votación o por impedimento absoluto del presidente electo para tomar posesión del cargo.”.

Artículo 47.-

Inciso primero

11.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para agregar la siguiente oración final: “Tratándose de ciudadanos domiciliados en el extranjero, el reclamo se presentará directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones.”.

Artículo 48.-

Inciso segundo

12.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para reemplazarlo por el siguiente:

“Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, o se refiera a electores domiciliados en el extranjero, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.”.

Artículo 50.-

Inciso primero

13.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para incorporar la siguiente oración final: “Habrá también una Circunscripción electoral en el territorio en que ejerzan su jurisdicción los consulados chilenos en el extranjero.”.

NÚMERO 2)

Artículo 60.-

° ° °

14.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para intercalar, a continuación de la letra g), suprimiendo la conjunción “y” con la que termina esta letra, los siguientes literales, nuevos, pasando la actual letra h) a ser k):

“h) Disponer medios de movilización gratuitos y en cantidad suficiente en aquellas zonas rurales y aisladas del territorio nacional, para que los ciudadanos de dichas zonas puedan acudir a sufragar;

i) Desarrollar, en forma previa a cada elección o plebiscito, campañas masivas a través de los medios de comunicación social que den cuenta de las distintas etapas del correspondiente proceso y de la importancia del mismo para el fortalecimiento del sistema democrático;

j) Acreditar el hecho de haberse ejercido el derecho a sufragio por parte de los ciudadanos, lo que podrá verificarse por medios físicos o electrónicos, y”.

° ° °

NÚMERO 4)

Artículo 62.-

Incisos segundo, tercero y cuarto

15.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para sustituirlos por los siguientes:

“Dentro de los treinta días siguientes al inicio de su mandato, el Presidente de la República designará, con acuerdo de los tres quintos de los senadores en ejercicio, al quinto consejero, quien será el Presidente del Consejo.

Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos hasta por dos veces.”.

Artículo 63.-

Inciso primero

16.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para sustituir la expresión “cinco”, la segunda vez que aparece, por “dos”.

Inciso tercero

17.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para reemplazar la expresión “sirva” por “sirvan”.

Artículo 65.-

Inciso primero

Letra f)

18.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para suprimir la expresión

“, entre otras,”.

Inciso final

19.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para suprimirlo.

20.-De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“A los Consejeros y al Director, les será aplicable lo señalado en el N° 2 del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales.”.

o o o o

21.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para incorporar el siguiente número 7), nuevo:

“7) Agrégase el siguiente artículo 74, nuevo:

“Artículo 74.- Habrá un fondo estatal, que se financiará con cargo a la ley de presupuestos, destinado a financiar proyectos sociales para promover la educación cívica y la participación ciudadana. Dicho fondo será administrado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Podrán postularse a dicho fondo proyectos y programas, públicos o privados, destinados a fomentar la participación ciudadana y la educación cívica, ya sea de carácter comunal, regional o nacional. Dichos proyectos podrán ser presentados por Municipalidades, universidades estatales o reconocidas por el Estado y organizaciones sociales sin fines de lucro.

El llamado a concurso será anual. Un reglamento determinará la forma en que se deberán presentar los respectivos proyectos.”.”.

ARTÍCULO 2°.-

NÚMERO 2)

Artículo 3°.-

Inciso segundo

22.-De S.E. el Presidente de la República, para eliminar la frase “podrá incluir el nombramiento del Administrador Electoral conforme al artículo 30 de la ley N° 19.884 y”.

o o o o

23.-Del Honorable Senador señor Bianchi, para intercalar los siguientes números, nuevos:

“…) Modifícase el artículo 3° bis, de la siguiente manera:

a) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“De la misma forma dos o más candidaturas independientes podrán acordar entre sí un pacto electoral; asimismo, una o más candidaturas independientes podrán celebrar pactos electorales con un partido político que se encuentre constituido en la región respectiva.”.

b) Incorpórase el siguiente inciso, nuevo, a continuación del actual inciso tercero:

“En caso de un pacto electoral entre dos candidaturas independientes o entre una candidatura independiente y un partido político, el pacto electoral regirá en la región del país donde se encuentren inscritas dichas candidaturas y constituido el partido político respectivamente.”.

c) Agrégase el siguiente inciso, nuevo, a continuación del actual inciso cuarto:

“El pacto electoral en caso de que este constituido por candidaturas independientes o entre una candidatura independiente y un partido político, deberá formalizarse ante el Director de Servicio electoral antes del vencimiento del plazo para efectuar las declaraciones de candidaturas, mediante la presentación de los siguientes documentos:

Declaración suscrita por el Presidente y Secretario del Partido Político integrante del pacto y del candidato integrante de la candidatura independiente, o declaración conjunta de ambas candidaturas independientes, que deberá indicar la decisión de concurrir en lista conjunta en una elección de Parlamentarios, y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios.”.

…) Suprímese el inciso quinto del artículo 4°.

…) Modifícase el artículo 5°, de la siguiente forma:

a) Intercálase, en el inciso segundo, a continuación de “partidos políticos”, la frase “y de candidaturas independientes”.

b) Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de “partidos”, la expresión “y candidaturas independientes”.”.

o o o o

NÚMERO 4)

24.-De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“4) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 6°, por el siguiente:

“Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República, éstas solo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquel en que deba realizarse la primera o única votación, o hasta los treinta días siguientes a la convocatoria que se realice para una repetición de la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28, ambos de la Constitución Política de la República.”.”.

o o o o

25.-Del Honorable Senador señor Bianchi, para incorporar el siguiente número, nuevo:

“…) Suprímese el inciso tercero del artículo 17.”.

o o o o

27.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para incorporar el siguiente número, nuevo:

“…) Intercálase, en el artículo 17, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“Asimismo, el Director del Servicio Electoral deberá rechazar las declaraciones a candidaturas que no cumplan con las prohibiciones dispuestas en la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.”.”.

o o o o

26.-Del Honorable Senador señor Bianchi, para incorporar los siguientes números, nuevos:

“…) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 19, el punto final (.) por la frase: “, en caso de no conformar un pacto electoral en la respectiva Región.”.

…) Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 20, a continuación de “candidaturas independientes”, la frase “, en caso de no encontrarse en un pacto electoral en su respectiva Región”.

…) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 23, a continuación de “independiente”, la frase “que no haya celebrado pacto electoral en la respectiva Región”.

…) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto del artículo 31, por el siguiente:

“En las elecciones de diputados y senadores a cada Región le corresponderá un tiempo por día que será dividido semanalmente entre las distintas Regiones, pares o impares, que se encuentren en período de elección de sus representantes. En cada día de propaganda se distribuirá el tiempo en forma equivalente entre los distintos candidatos que se presenten.”.”.

o o o o

28.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para incorporar los siguientes números, nuevos:

“…) Modifícase el artículo 30, de la siguiente manera:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Se entenderá por propaganda pre electoral aquella cuyo propósito sea lograr presentar una candidatura, ya sea por un partido político, pacto electoral o como independiente, realizada durante el período que media entre una elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular.”.

b) Intercálase en el nuevo inciso cuarto, entre los vocablos “electoral” y “o”, el vocablo “, preelectoral”.

c) Incorpórase en el nuevo inciso quinto, antes de los vocablos “La propaganda”, la frase “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo,”, e intercálase, entre los vocablos “propaganda” y “electoral”, el término “propiamente”.

d) Intercálase en el inciso séptimo, entre los vocablos “electoral” y “en”, el término “preelectoral”.

…) Agrégase, en el artículo 31, el siguiente inciso final:

“Se prohíbe, en el extranjero, toda otra propaganda electoral que no sea aquella que consista en cualquier material que los candidatos envíen o entreguen directamente a los electores.”.

…) Modifícase el artículo 32, de la siguiente manera:

a) Intercálase en el inciso primero, entre los vocablos “electoral” y “con”, el término “preelectoral”.

b) Intercálase en el inciso segundo, entre “electoral” y “que”, el término “preelectoral”; entre “candidatos” e “y”, el vocablo “, precandidatos”; e incorpórase, antes del artículo “La”, lo siguiente: “Durante el período que media entre una elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular, sólo podrá efectuarse propaganda preelectoral por medio de volantes y elementos o afiches estáticos, de acuerdo al inciso primero del presente artículo.”.

…) Modifícase el artículo 33, de la siguiente forma:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Durante el período que media entre una elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular, sólo se permitirá hacer referencia al nombre o imagen de una persona que busque el apoyo de un partido político o pacto electoral o el patrocinio para presentar una candidatura independiente.”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Constituirá una causal de rechazo, según lo previsto en el inciso tercero del artículo 17, la vulneración a lo dispuesto en el inciso anterior, especialmente las de aquellas personas que, durante dicho período, señalaran el cargo al que pretenden postular o la institución asociada a este cargo o cualquier referencia a la intención de voto. Cualquier otra referencia distinta al nombre o imagen del precandidato, serán sancionadas conforme a las reglas generales establecidas en la presente ley.”.

…) Reemplázase el artículo 35, por el siguiente:

“Artículo 35.- Carabineros fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones de los artículos 30 y 32, salvo en lo referente a la prensa, radio y televisión, o en los casos de propaganda realizada fuera del territorio nacional, y procederá de oficio o a petición de cualquier persona, a retirar o suprimir los elementos de propaganda que contravengan esas disposiciones, dando cuenta de lo actuado de inmediato al juez de policía local competente, según el artículo 144 de esta ley.”.”.

NÚMERO 18)

Artículo 41.-

Inciso segundo

29.-De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Para proceder a la designación de vocales, a partir del cuadragésimo quinto día anterior a la elección, cada uno de los miembros de la Junta Electoral escogerá diez nombres, que deberán corresponder a diez ciudadanos con derecho a sufragio, que aparezcan en la nómina por mesa receptora de sufragio del padrón electoral con carácter de auditado, señalado en el artículo 32 de la ley N° 18.556, que el Servicio Electoral pondrá a disposición de la Junta. Si la Junta funcionare con dos miembros cada uno elegirá quince nombres.”.

NÚMERO 23)

30.-De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“23) Modifícase el artículo 49 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer” por “a las quince horas del”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“El Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria.”.”.

NÚMERO 24)

31.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para intercalar, en el inciso segundo sustitutivo propuesto, a continuación de “Electoral”, la frase

“, salvo en los casos de Juntas Electorales que funcionen fuera del territorio nacional,”.

NÚMERO 25)

Artículo 54.-

Inciso quinto

Numeral 6)

32.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para intercalar, a continuación de “Requerir”, la frase “, cuando sea procedente,”.

NÚMERO 30)

Artículo 60

° ° °

33.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“En conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República no se podrán establecer respecto a quienes voten en el exterior requisitos adicionales a los exigidos a los que sufraguen en Chile, para el ejercicio de su derecho a voto.”.

° ° °

o o o o

34.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para agregar el siguiente número, nuevo:

“…) Incorpórase, en el artículo 63, el siguiente inciso final, nuevo:

“Tratándose de mesas que funcionen en el exterior, y existiendo dicha disconformidad notoria y manifiesta, corresponderá a la mesa determinar si sufraga o no, dejando constancia en el Acta.”.”.

o o o o

NÚMERO 42)

Artículo 76

bis.-

Inciso primero

35.-De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar la frase “ingresarlos o transmitirlos” por “incorporar”.

NÚMERO 44)

36.-De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“44) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 80, la palabra “Director” por “Consejo”; la expresión “, o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito” por “o plebiscito”, y el vocablo “veinte” por “cuarenta y cinco”.”.

NÚMERO 55

Artículo 89.-

Inciso segundo

37.-De S.E. el Presidente de la República, para eliminar, en la primera letra e), la frase “la digitación efectuada en los locales de votación en el día anterior”, y sustituir la segunda letra “e)” por una “g)”.

NÚMERO 59)

38.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para intercalar en el inciso segundo sustitutivo propuesto, a continuación de “reclamo”, la frase

“, o directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones si los hechos se hubieren cometido en el extranjero”.

o o o o

39.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para incorporar los siguientes números, nuevos:

“…) Intercálase, en el inciso primer del artículo 98, a continuación de “Electoral”, la frase “, o ante el Tribunal Calificador de Elecciones, según corresponda”.

…) Intercálase, en el inciso primero del artículo 99, a continuación de “República”, la frase “, o de votaciones realizadas en el extranjero”.”.

o o o o

NÚMERO 61)

40.-De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“61) Agrégase el siguiente artículo 101 bis:

“Artículo 101 bis.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición del Tribunal, los resultados de los Colegios Escrutadores en formato digital, que sirvieron para generar los cuadros de resultados conforme al inciso primero del artículo 89, los que en todo caso deberán ser concordantes con los cuadros remitidos al Tribunal en virtud de los señalado en el artículo 91.”.”.

o o o o

41.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para incorporar los siguientes números, nuevos:

“…) Intercálase, en el inciso primero del artículo 111, a continuación de “localidades”, la frase “ubicadas dentro del territorio nacional”.”.

…) Intercálase en el artículo 125, entre “electoral” y “, será”, el vocablo “preelectoral”.

…) Intercálase en el artículo 126, entre “electoral” y “con”, el vocablo “preelectoral”.”.

o o o o

NÚMERO 72

42.-De S.E. el Presidente de la República, para suprimirlo.

NÚMERO 75)

Artículo 16

0.-

Inciso segundo

43.-De S.E. el Presidente de la República, para eliminar la expresión “Consejeros Regionales,”.

o o o o

44.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para incorporar los siguientes números, nuevos:

“…) Incorpórase, en el artículo 169, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Los días en que se realicen elecciones y plebiscitos serán feriados obligatorios e irrenunciables para todos los dependientes del comercio, con excepción de aquellos que se desempeñen en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, tales como, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabarets, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados. Tampoco será aplicable a los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. Las infracciones a lo dispuesto en el presente inciso serán sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 19.973.”.

…) Agréganse, a continuación del artículo 169, los siguientes, nuevos:

“Artículo 169 bis.- Las salas cunas, guarderías y en general los establecimientos de educación parvularia del Estado o financiados por éste, deberán funcionar durantes los días en que se realicen elecciones y plebiscitos, debiendo arbitrarse, por parte del organismo que los administre, los mecanismos para facilitar el ejercicio del derecho a sufragio de los funcionarios que en ellos se desempeñen.

Artículo 16

9 ter.- Durante los días en que se realicen elecciones y plebiscitos, el transporte público remunerado de pasajeros funcionará gratuitamente.

Artículo 169 quáter.- Ningún candidato, partido político, persona u organización, con la sola excepción de lo dispuesto en la letra h) del artículo 60 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, podrá contratar durante el día en que se celebren elecciones o plebiscitos medios de transporte de cualquier tipo para el transporte masivo de electores, aún a título gratuito.”.”.

o o o o

NÚMERO 83)

Artículo 17

5 bis.-

Inciso segundo

45.-De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el vocablo “ingresar” por “incorporar”, y eliminar la frase “, o en defecto de sistema computacional, remitirla al Servicio Electoral en la forma que éste determine”.

Inciso tercero

46.-De S.E. el Presidente de la República, para incorporar la siguiente oración final: “Además, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de las Intendencias y Gobernaciones respectivas, le otorgará las facilidades necesarias para asegurar el respaldo de los resultados y el traslado expedito de los mismos.”.

o o o o

47.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para incorporar el siguiente número, nuevo:

“…) Sustitúyese el artículo 176, por el siguiente:

“Artículo 176.- Se prohíbe la divulgación en Chile de los resultados electorales que se produzcan en el exterior antes de las 19 horas, hora de Chile continental, del día de la respectiva elección.”.”.

o o o o

NÚMERO 85)

Artículo 18

2.-

48.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 182.- En cada provincia habrá una Junta Electoral que tendrá las funciones que está ley y las demás leyes le encomienden. Asimismo, habrá una Junta Electoral en el territorio en que ejerzan su jurisdicción los consulados de Chile en el Extranjero.”.

Artículo 18

4.-

° ° °

49.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para intercalar el siguiente inciso cuarto, nuevo.

“A falta de los funcionarios indicados en los incisos anteriores, la designación podrá recaer en cualquier ciudadano habilitado para ejercer el derecho de sufragio, inscrito en la respectiva jurisdicción.”.

° ° °

Artículo 18

6.-

Inciso primero

50.-De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de “justicia”, la frase “señalados en los artículos 184 y 185 anteriores”.

ARTÍCULO 3°.-

NÚMERO 2)

51.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para sustituirlo por el siguiente:

“2) Sustitúyese, en el artículo 100, la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna” por “que sufragaron en la última elección municipal”.”.

o o o o

52.-De S.E. el Presidente de la República, para incorporar los siguientes numerales 8), 9), 10) y 11), nuevos:

“8) Intercálase el siguiente inciso primero, nuevo, al artículo 121, pasando el actual a ser segundo:

“Artículo 121.- Se considerará que constituyen una lista, los pactos electorales, los partidos que participen en la elección sin formar parte de un pacto electoral y cada una de las candidaturas independientes que no formen parte de un pacto electoral.”.

9) Sustitúyese el artículo 122 por el siguiente:

“Artículo 122.- Se determinará el cuociente electoral, para lo cual los votos de lista se dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente de mayor a menor y el que ocupe la posición ordinal correspondiente al número de consejeros a elegir será el cuociente electoral.

Para determinar cuántos son los elegidos en cada lista se dividirá el total de votos de la lista por el cuociente electoral. Se considerará la parte entera del resultado de la división, sin aproximar y despreciando cualquiera fracción o decimal.”.

10) Sustitúyese el número 3 del inciso primero del artículo 123, por el siguiente:

“3) Si el número de candidatos presentados es inferior al de los concejales que a la lista le corresponde elegir, se proclamará elegidos a todos los candidatos de la lista, debiéndose reasignarse el cargo sobrante recalculando el número de cargos elegidos por las demás listas. Para ello se repetirá el cálculo del inciso segundo del artículo anterior, utilizando como cuociente electoral al cuociente que ocupe la posición ordinal que siga en el orden decreciente de los cuocientes determinados según el inciso primero del artículo anterior. Si fuesen más de uno los cargos sobrantes, para determinar el cuociente electoral, se avanzará en el orden decreciente de los cuocientes del inciso primero del artículo anterior, tantas posiciones ordinales como cargos sobrantes existan.”.

11) Sustitúyese el artículo 124, por el siguiente:

“Artículo 124.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista que corresponda a un pacto electoral, se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos o de los subpactos, según sea el caso.

Posteriormente se repetirá el procedimiento descrito en los artículos 122 y 123 anteriores, considerando para estos efectos como si fueran una lista a cada uno de los integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o candidatos independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso.”.”.

o o o o

ARTÍCULO 6°.-

NÚMERO 1)

Letra a)

52A.-De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Gómez, para reemplazar la palabra sustitutiva “electores” que se propone, por la frase “personas que hayan sufragado en la última elección parlamentaria”.

Letra b)

52B.-De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Gómez, para reemplazar el vocablo sustitutivo “electores” que se propone, por la frase “personas que hayan sufragado en la última elección municipal”.

Letra c)

52C.-De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Gómez, para reemplazar la expresión sustitutiva “electores en el” que se propone, por la frase “personas que hayan sufragado en la última elección presidencial en el”.

o o o o

52D.-De los Honorables Senadores señora Alvear y señor Gómez, para intercalar el siguiente número, nuevo:

“…) Incorpórase el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 5° bis:

“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el candidato que exceda el límite de gastos electorales, calculado de conformidad con los artículos precedentes, deberá cesar en sus funciones.”.”.

o o o o

53.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para intercalar los siguientes números, nuevos:

“…) Modifícase el artículo 2°, en el siguiente sentido:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Asimismo, se entenderá por gastos preelectorales aquellos desembolsos incurridos en propaganda, publicidad, equipos, oficinas y servicios, durante el período que medie entre una elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular, cuyo propósito haya sido lograr ser candidato oficial, ya sea por un partido político, pacto electoral o independiente.”.

b) Intercálase en el nuevo inciso tercero, entre “electorales” y “los”, el vocablo “preelectorales”.

c) Intercálanse, en la letra a) del nuevo inciso tercero, entre “determinados,” y “cualquiera”, las frases “o para inducir el apoyo de los partidos políticos, pactos electorales o el patrocinio de candidaturas independientes en el período preelectoral comprendido entre la fecha de la última elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular”.

d) Incorpórase en la letra c) del nuevo inciso tercero, después de “electoral”, el vocablo “preelectoral”.

e) Incorpórase en la letra d) del nuevo inciso tercero, después de “candidaturas”, el vocablo “precandidaturas”.

f) Intercálanse en la letra e) del nuevo inciso tercero, entre “candidatos” y “de”, los vocablos “o precandidatos”; entre “candidaturas” y “como”, los vocablos “o precandidaturas”, y, entre “de” y “campaña”, los vocablos “precandidatura o”.

g) Intercálanse en la letra f) del nuevo inciso tercero, entre “la” y “campaña”, los vocablos “presentación de candidaturas o para la”.

h) Intercálase en la letra g) del nuevo inciso tercero, entre “candidatos” y “a”, el vocablo “precandidatos”.

i) Intercálase en la letra h) del nuevo inciso tercero, entre “campaña” y “tales”, la frase “o para la obtención de apoyo o patrocinio para la presentación de candidaturas”.

j) Intercálase en la letra i) del nuevo inciso tercero, entre “campaña” y “proporcionados”, la expresión “o preelectorales”.

…) Incorpórase el siguiente inciso cuarto, nuevo, al artículo 3°:

“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los gastos incurridos en el período que medie entre la fecha de la última elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular, cuyo propósito haya sido lograr ser candidato oficial, ya sea por un partido político, pacto electoral o independiente, serán considerados gastos preelectorales, cuyos límites, mecanismos de administración, rendición de cuentas, control, prohibiciones y sanciones se regularán por las disposiciones de la presente ley y de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.”.

…) Agrégase el siguiente artículo 5° bis, nuevo, pasando el actual a ser 5° ter:

“Artículo 5° bis.- Los candidatos que hubiesen realizado campaña preelectoral en los términos previstos en la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, podrán incrementar los límites permitidos en los artículos 4° y 5° de la presente ley en un 25%, lo que constituirá el límite de gasto preelectoral.

El mismo límite regirá para los precandidatos cuya candidatura definitiva no hubiese sido presentada, mediante declaración o inscripción, según los términos de la presente ley.”.

…) Intercálase, en el inciso primero del artículo 6°, entre “electorales” y “establecidos”, la expresión “o preelectorales”.

…) Reemplázase el literal b) del numeral 2) del artículo 6°. por el siguiente:

“b) Sustitúyese, en su inciso tercero, la frase “inscritos en los registros electorales de la comuna al 31 de diciembre del año anterior” por “que sufragaron en la última elección municipal”.”.

…) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 7°:

“Los gastos que autoriza esta ley para las campañas preelectorales, no podrán tener como fuente de financiamiento el aporte público regulado en el párrafo tercero del presente Título, rigiendo para dichos gastos, en todo caso, lo dispuesto en el párrafo 1° siguiente.”.

…) Intercálanse, en el artículo 8°, entre “electoral” y “toda”, los vocablos “o pre electoral”; y entre “electorales” y el punto final (.), el término “o preelectorales”.

…) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 9°:

“Lo establecido en este artículo será aplicado, de la misma forma, a los precandidatos, según los límites señalados en el artículo 5° bis.”.

…) Intercálase, en el inciso primero del artículo 10, entre “electoral” y “que”, la expresión “o preelectoral”.

…) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 11:

“Lo anterior no regirá para las donaciones y aportes que se efectúen a precandidatos, durante el período que medie entre la fecha de la última elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular.”.

…) Intercálanse, en el inciso final del artículo 12, luego de “independientes”, los vocablos “y precandidatos”.

…) Intercálase, en el artículo 16, entre “electoral” y “serán”, la expresión “o preelectoral”.

…) Agrégase, en el artículo 17, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Los precandidatos sólo podrán recibir aportes de carácter público, lo que regirá durante todo el período que medie entre la fecha de la última elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular.”.

…) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, al artículo 22:

“Lo establecido en este artículo también se aplicará a los aportes entregados a los aspirantes a candidatos durante el período preelectoral.”.

…) Intercálase, en el artículo 24, entre “electoral” y “provenientes”, la expresión “o preelectoral”.

…) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 25:

“Lo dispuesto en este artículo se aplicará, en lo pertinente, a las campañas preelectorales.”.

…) Intercálase, en el artículo 26, entre “electoral” y “las”, la expresión “o preelectoral”.

…) Intercálase, en el inciso primero del artículo 27 A, entre “candidatos” y “o”, la expresión “, precandidatos”.”.

…) Incorpórase el siguiente artículo 48 bis, nuevo:

“Artículo 48 bis.- Las cuentas de los ingresos y gastos preelectorales serán públicas, para lo cual el precandidato deberá llevar contabilidad y tener el registro actualizado de la misma en una página de Internet de libre acceso.

Si el precandidato resultare, finalmente, inscrito como candidato, dichas cuentas se agregarán a las de ingresos y gastos electorales y les serán aplicables lo dispuesto en el Título III y IV de la presente ley.

Si el precandidato no resultare, finalmente, inscrito como candidato, deberá entregar un informe de auditoría independiente ante el Servicio Electoral, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas.”.”.

o o o o

54.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), para incorporar los siguientes artículos, nuevos:

“Artículo ….- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 2009, que fija eñ texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 2005:

a) Reemplázase la letra c) del número 1) del artículo 29, por la siguiente:

“c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. Con este objeto, las mallas curriculares deberán considerar, en cada nivel, la asignatura de educación cívica.”.

b) Reemplázase la letra j) del número 2) del artículo 30, por la siguiente:

“j) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan. Las mallas curriculares de la enseñanza media deberán considerar el ramo de educación cívica y participación ciudadana como una asignatura independiente.”.

Artículo ….- Los trabajadores tendrán derecho irrenunciable a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilicen para ejercer su derecho a sufragio en las elecciones y plebiscitos a que se refiere la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Tal descanso compensatorio se disfrutará en los tres meses siguientes al día de la votación, de común acuerdo con el empleador.

La infracción de lo dispuesto en el presente artículo por parte del empleador, será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 del Código del Trabajo.

Artículo ….- Quien hubiere ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito regulado por la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, inmediatamente anterior, tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de condiciones en la lista de elegibles para un empleo público.

Artículo ….- Quien hubiere ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito regulado por la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, inmediatamente anterior, tendrá derecho a ser preferido en la adjudicación de becas por parte del Estado, frente a quienes no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de condiciones.”.

o o o o

ARTÍCULO 9°.-

55.-De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 9°.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación, siempre que a esa fecha faltaren al menos 240 días para la realización de la próxima elección general, ya sea de alcaldes y concejales o de Presidente y parlamentarios. De lo contrario, regirá a partir del primer día del mes siguiente de realizada la última votación de dicha elección.

En todo caso, la disposición contenida en el nuevo artículo 24 de la ley N° 18.556, comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.-

Inciso primero

56.-De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la frase “la publicación de la presente ley en el Diario Oficial” por “la fecha en que empiece a regir la presente ley”.

° ° °

57.-De S.E. el Presidente de la República, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Durante los primeros seis meses de vigencia de la ley, el Director del Servicio Electoral podrá disponer que las Junta Inscriptoras que estime necesarias continúen su funcionamiento con al menos uno de sus miembros, con el objeto de recibir las solicitudes de cambio de domicilio que se señalan en el nuevo artículo 25 de la ley N° 18.556.”.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO.-

Inciso final

58.-De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Con a lo menos 180 días de anticipación a la primera elección donde rijan las disposiciones de esta ley, el Servicio Electoral notificará a los electores señalados en los incisos anteriores, mediante carta certificada, del hecho de su inscripción, así como de su domicilio electoral, circunscripción electoral, comuna y mesa receptora de sufragios en la que hubieren sido inscritos. Adicionalmente, deberá poner a disposición del público el sistema de consultas señalado en el inciso segundo del nuevo artículo 7° de la ley N° 18.556, promoviendo su utilización.”.

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO.-

59.-De los Honorables Senadores señoras Alvear y Allende y señores Gómez, Quinta y Walker (don Patricio), para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Séptimo Transitorio.- El primer Consejero designado de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 18.556, durará en su cargo hasta treinta días después de terminado el período presidencial.”.

o o o o

60.-De S.E. el Presidente de la República, para agregar los siguientes artículos octavo y noveno transitorios, nuevos:

“Artículo Octavo Transitorio.- Durante los cinco primeros años de vigencia de esta ley, las Juntas Electorales podrán designar como delegados a cargo de las oficinas electorales de los locales de votación, a las personas que hubieren integrado un junta inscriptora a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo Noveno Transitorio.- Mientras no sean designados los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral, a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, sus funciones y atribuciones serán asumidas por el Director del Servicio Electoral.”.

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?SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN, Y REGIONALIZACIÓN Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, UNIDAS, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones.

BOLETIN N° 7.338-07.

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HONORABLE SENADO:

Las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, tienen a honra emitir un segundo informe acerca del proyecto de ley señalado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, y con urgencia calificada de “suma”.

A las sesiones en que las Comisiones unidas se abocaron al estudio de esta iniciativa concurrieron, además de sus miembros, el Honorable Senador señor José Antonio Gómez; el Ministro, Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet; el Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, señor Sergio Muñoz. Además, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, concurrieron el Subsecretario, señor Claudio Alvarado, el Jefe de la División Jurídica, señor Sebastián Soto, el abogado de la División de Relaciones Política, señor Francisco Javier Pereira, y los asesores, señora Ana María Muñoz y señores Andrés Sotomayor y Andrés Tagle; del Servicio Electoral: el Director Nacional, señor Juan Ignacio García y la Subdirectora, señora Elizabeth Cabrera; del Tribunal Calificador de Elecciones: la Secretaria Relatora (S), señora Lucía Meza; del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Director Nacional, señor Rodrigo Durán, la Jefa de Comunicaciones, señora Carolina Ruiz, y la asesora, señora Claudia Araya, y del Centro Democracia y Comunidad: el abogado, señor Jorge Claissac.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Prevenimos que los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° permanentes, y artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° y 9° transitorios, de aprobarse, deben serlo con quórum de ley orgánica constitucional pues afectan o modifican normas de esa jerarquía, como son las que regulan el sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral; votaciones populares y escrutinios; orgánica de municipalidades; límite y control del gasto electoral; gobierno y administración regional y partidos políticos.

CUESTIÓN PREVIA

Hacemos presente que durante la discusión en particular de esta iniciativa los señores Directores del Servicio Electoral y del Servicio de Registro Civil e Identificación hicieron llegar a las Comisiones unidas antecedentes técnicos de las materias que se abordaron durante el debate. Los referidos antecedentes están a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de las Comisiones unidas.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente:

1. Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 4°, 5°, 7°, 8°, 2° transitorio, 4° transitorio, 5° transitorio y 6° transitorio.

2. Indicaciones aprobadas sin modificaciones: las signadas con los números 1, 4, 18, 20, 22, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56 y 60.

3. Indicaciones aprobadas con modificaciones: las identificadas con los números 9, 10, 15, 17, 24, 55, 57 y 58.

4. Indicaciones rechazadas: las numeradas 3, 6, 16, 23, 32 y 59.

5. Indicaciones declaradas inadmisibles: las contenidas en los números 14, 21, 26, 28, 44 y 52 D.

6. Indicaciones retiradas: las de los números 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 47, 48, 49, 52 A, 52 B, 52 C y 53.

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DISCUSIÓN PARTICULAR

En sesión de 4 de agosto de 2011, al iniciarse el debate en particular de este proyecto, el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, expresó que la inscripción automática fue reconocida en la Constitución Política luego de la reforma del año 2009, por lo que sólo falta que la ley orgánica respectiva regule el procedimiento para su implementación.

Recordó que en el año 2009 la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, ingresó a tramitación el proyecto de ley que regula la inscripción automática, el sufragio voluntario y el voto de los chilenos en el extranjero (Boletín N° 6.418-07). En razón de la necesidad de generar consensos sobre esta materia, durante ese mismo año funcionó una comisión técnica integrada por representantes de todos los sectores políticos, cuyos acuerdos se plasmaron en una indicación sustitutiva a dicho proyecto de fecha 4 de enero de 2010.

Posteriormente, S.E. el Presidente de la República ingresó una nueva indicación sustitutiva en mayo del año 2010, que corrige, según expresó, la del día 4 de enero a que se hizo mención, que fue cuestionada en cuanto a su idea matriz, pues incorporaba nuevos temas como el Servicio Electoral o no incluía el voto de los chilenos en el extranjero.

Considerado lo anterior, el Ejecutivo formó una nueva comisión técnica que presentó sus conclusiones a este proyecto de ley (Boletín N° 7.338-07), que perfecciona los textos enunciados, comprendiendo, además, la inscripción automática, modificaciones al Servicio Electoral y la modernización del sistema de votaciones populares y escrutinios. Paralelamente, se envió un proyecto de reforma constitucional que permite el voto de chilenos desde el extranjero y un proyecto de ley que lo regula. Este último, explicó, se retiró a raíz de un requerimiento al Tribunal Constitucional de Senadores de la Concertación de Partidos por la Democracia, en tanto que la reforma constitucional fue rechazada por la Sala del Senado.

De esta manera, el proyecto que hoy conocen en particular las Comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, regula y sistematiza diversas iniciativas que tuvieron por objeto la inscripción automática y el voto voluntario como herramienta para el fomento de la democracia, que permitirá el ingreso de un número considerable de nuevos electores, particularmente jóvenes.

Las propuestas contenidas en esta iniciativa legal pueden agruparse en los siguientes temas:

I. Inscripción automática.

Uno) Registro Electoral.

El señor Subsecretario señaló que el Servicio Electoral llevará un registro de potenciales votantes en el que se inscribirán automáticamente los chilenos nacidos en Chile al cumplir 17 años. También se inscribirán los extranjeros y chilenos no nacidos en Chile que aporten antecedentes para acreditar avecindamiento de un año exigido por el artículo 13 de la Constitución Política. Además, el Servicio tendrá acceso directo y permanente a todos los datos electorales del Registro Civil y del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior para efectos de mantener esta base actualizada y completa. A su vez, la Policía de Investigaciones entregará datos de avecindamiento de las personas involucradas.

El Registro se actualizará mediante antecedentes proporcionados por los organismos pertinentes por causa de fallecimiento, revocación de permiso de residencia, pérdida de ciudadanía y su recuperación y suspensión del derecho a sufragio y su recuperación.

El Registro generará, de esta manera, padrones con electores habilitados para votar en cada elección.

Los datos electorales que debe contener este registro son:

- RUN.

- Nombre.

- Fecha y lugar de Nacimiento.

- Nacionalidad.

- Sexo.

- Profesión.

- Domicilio Electoral.

- Circunscripción Electoral, Comuna, Provincia y Región.

- Mesa de votación.

- Cumplimiento de la condición de avecindamiento.

- Pérdida o recuperación del derecho a sufragio y su causal.

- Pérdida o recuperación de ciudadanía y su causal.

- Registro no tiene alfabetización o discapacidades.

Dos) Domicilio Electoral.

De acuerdo con la propuesta contenida en la iniciativa, es necesario un nuevo concepto de domicilio, diferente al consignado en el Código Civil, razón por la cual se entenderá por domicilio “aquel situado en Chile con el cual el elector tiene un vínculo objetivo por residir temporal o permanentemente, ejercer profesión u oficio o desarrollar sus estudios”. Para estos efectos, el domicilio será consultado activamente por el Registro Civil al renovar la cedula de identidad o pasaporte, actualizándolo en los casos que sea necesario. También podrá modificarse en oficinas del Servicio Electoral presentando una solicitud, pues se eliminan las juntas inscriptoras.

Para asignar las mesas de votación, el proyecto previene que los electores ya inscritos mantendrán su mesa de votación, en tanto que los nuevos electores se asignarán primero a mesas existentes. (12 millones de electores pueden votar en las 34.300 mesas vigentes). En todo caso las mesas serán mixtas, para lo cual los nuevos electores hombres se asignarán a mesas existentes de mujeres, en tanto que las nuevas electoras mujeres se ubicarán en mesas existentes de hombres. Si han de crearse nuevas mesas, se hará sin distinción de sexo. Precisó que el elector mantiene su mesa, salvo que cambie de circunscripción electoral.

Tres) Padrones Electorales.

Sobre el particular, el señor Subsecretario expresó que el Servicio Electoral preparará padrones electorales para cada elección, conteniendo sólo electores con derecho a voto y una nómina de electores inscritos inhabilitados para votar. Según la etapa de que se trate, se distingue un padrón provisorio elaborado por el Servicio que será objeto de auditorías. Luego, habrá uno auditado que se puede reclamar ante los Tribunales Electorales. Finalmente, existirá uno definitivo utilizado en las mesas de votación que deberá estar cerrado con las actualizaciones y las modificaciones 120 días antes de la elección.

a. Auditorías.

En esta etapa se revisará si el padrón electoral provisorio está correcto y contiene todos los electores conforme a la ley; revisión que se practicará por dos firmas inscritas en un registro de la Superintendencia de Valores y Seguros que cumplan con los requisitos fijados por el Consejo Directivo del Servicio, seleccionadas previamente por medio de licitación pública. Sus informes serán públicos y podrán sugerir modificaciones al padrón electoral.

b. Reclamaciones.

El padrón electoral, luego de auditado, puede ser objeto de reclamación ante los tribunales electorales, quedando facultados para reclamar los afectados, los partidos políticos, los candidatos independientes y cualquier otra persona. También podrá reclamarse sobre la exclusión de personas y de su inclusión incorrecta. Si la reclamación afecta a un individuo, se formulará ante los tribunales electorales regionales; en caso de que afecte a más individuos, se hará ante el Tribunal Calificador de Elecciones. En cualquier caso, el fallo del tribunal regional será apelable ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

c. Padrón definitivo y de mesas.

El padrón electoral definitivo corresponderá al padrón provisorio, el que sólo podrá modificarse por sugerencias de auditores aceptadas por el Servicio y las reclamaciones acogidas por los tribunales. El padrón definitivo será dividido por padrones de mesa, según los electores que sufraguen en ellas.

Cuatro) Calendario.

El calendario se refiere a los días previos a la elección. Así, éste queda como sigue:

120 días: cierre de actualizaciones y modificaciones del Registro Electoral; 110 días: el Servicio Electoral emitirá el padrón electoral provisorio; 80 días: informe de los auditores; 70 días: el Servicio Electoral emitirá el padrón auditado con modificaciones de los auditores que sean aceptadas. Se inicia el plazo de las reclamaciones; 60 días: vencimiento del plazo para las reclamaciones; 55 días: se cumple el plazo para el informe del Servicio Electoral al Tribunal; 50 días: fallo del Tribunal; 47 días: vence plazo apelación; 42 días: fallo de la apelación; 30 días: el Servicio Electoral emite el padrón electoral definitivo por mesas; 25 días: copia del padrón por mesa a disposición de los partidos políticos, y finalmente, la elección.

Cinco) Información para los electores.

El elector será notificado por carta certificada de su inscripción, suspensión del derecho a sufragio, inhabilidad para votar o cambio de domicilio, y tendrá acceso al sitio electrónico del Servicio en forma permanente para revisar su inscripción, circunscripción electoral, comuna, mesa y si está habilitado para votar. El padrón electoral se pública en el sitio electrónico después de ser auditado con el RUN, nombre, sexo, domicilio electoral, circunscripción, comuna y mesa.

II. Servicio Electoral.

Uno) Consejo del Servicio Electoral.

Enseguida, el señor Subsecretario explicó que el Servicio Electoral será un organismo autónomo dirigido por un Consejo conformado por cinco miembros, cuatro de los cuales serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de los tres quintos del Senado. Durarán 8 años en sus cargos, pudiendo reelegirse por dos períodos, renovándose por parcialidades. El quinto miembro será designado por el Presidente de la República, durará 4 años en el cargo y presidirá el Consejo.

La función será remunerada con un máximo de 120 UF mensuales.

Dos) Requisitos e inhabilidades.

Los consejeros deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres;

- 5 años experiencia profesional;

- No pueden haber ejercido en cargos de elección popular, ni haber sido ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores o dirigentes de partido político en los 5 años anteriores, y

- No podrán estar afiliados a partidos políticos ni tener la calidad de funcionario público.

Tres) Funcionamiento.

El Consejo adoptará sus acuerdos con mayoría de 4 miembros en primera instancia, y de 3 si no hay acuerdo, previa publicación del desacuerdo. El Consejo designará al Director y Subdirector de una quina elaborada por Consejo de la Alta Dirección Pública.

III.- Modernización del sistema de votaciones.

Uno) Inscripción de candidaturas.

Agregó el señor Subsecretario que el proyecto simplifica el proceso de inscripción de candidaturas, pues éstas se harán por candidato y de forma separada al pacto electoral. El candidato presentará una sola declaración jurada que puede incluir al administrador electoral. Los errores en los patrocinios de independientes no inhabilitarán la inscripción si se cumplen los requisitos exigidos.

Dos) Vocales de mesa.

La designación de vocales de mesa se mantiene como función obligatoria, mejorando la remuneración a 2/3 de una unidad de fomento. Serán designados por sorteo entre los 30 electores más capacitados según la junta electoral. Tres se designan para la elección presidencial y dos para las elecciones municipales.

Durarán 4 años en sus cargos.

Tres) Constitución de las mesas.

Será el día sábado anterior a la elección, capacitando a quienes asistan voluntariamente. En el caso de que no asistan los vocales, el delegado constituye la mesa obligatoriamente sin vocales entre las 9:00 y 10:00 horas, prefiriendo a los voluntarios en orden de presentación o bien designando electores que voten en el local.

Cuatro) Delegados de la Junta Electoral en los locales de votación.

Se trata de auxiliares de la administración de Justicia cuya remuneración será de 5 unidades de fomento por acto electoral. No pueden ser funcionarios municipales o dependientes de los municipios.

Cinco) Útiles electorales.

Se elimina el cuaderno adicional de firmas.

Seis) Horario de funcionamiento de las mesas.

Los vocales se presentarán a las 8:00 horas, no pudiendo funcionar antes de esa hora. El cierre de mesas será a las 18:00 horas, salvo que existan electores por votar dentro del recinto.

Siete) Votación.

Si el elector se acerca a votar deberá hacerlo para todas las elecciones que se realizan en un mismo acto electoral y, para acreditar su identidad se permitirá el pasaporte además de la cedula de identidad.

Se suprime la tinta indeleble.

Ocho) Escrutinio.

El proyecto define de mejor manera el significado de los votos nulos, blancos, marcados u objetados. También se elimina en el escrutinio cualquier suma de votos por lista en actas.

Se dispone el llenado de una sola minuta que se publica en lugar visible.

Se levantarán tres actas: el original para el Tribunal Calificador de Elecciones en sobre cerrado; una copia para el Servicio Electoral que se digita o transmite en la oficina electoral del local, una copia para el colegio escrutador en sobre cerrado que se entrega al delegado del local, las que se podrán fotocopiar después de llenar la primera y antes de las firmas, si hay facilidades en el local.

Nueve) Apoderados.

La iniciativa preceptúa que el poder ante notario sólo será exigido para apoderados generales, en tanto que el apoderado de mesa sólo requerirá un poder simple otorgado por el apoderado general presente en el local de votación.

Los apoderados se identificarán con una credencial colgada al pecho del candidato o partido que representan. La credencial y la carpeta serán reguladas por el Servicio Electoral.

Diez) Día de la elección.

Se permitirán reuniones que no tengan carácter político y se prohibirán las reuniones políticas hasta dos horas después del cierre de la votación, los eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivos y el comercio de alcohol (venta y consumo) entre las cinco horas anteriores y las dos horas posteriores al cierre de la votación.

Once) Cómputos.

El proyecto considera que éstos serán ahora función del Servicio Electoral.

Para efectos de un proceso más eficiente y seguro, el señor Subsecretario explicó que existen en la iniciativa medidas tales como la digitación de datos en el local con presencia de apoderados; el acceso inmediato a los resultados por sitio electrónico del Servicio Electoral, ya sea por mesa o agregados por comuna, distrito, provincia, circunscripción senatorial o región. Los partidos políticos, los candidatos independientes y la prensa dispondrán de los resultados en medios digitales para su procesamiento.

Doce) Colegios escrutadores.

Los miembros de los colegios escrutadores serán electores seleccionados por Juntas Electorales y contaran con sistemas computacionales. A su turno, los delegados de local llevarán las actas en sobres cerrados.

Trece) Escrutinio Tribunal Calificador de Elecciones.

Finalmente, el señor Subsecretario manifestó que el Tribunal Calificador de Elecciones realizará el escrutinio en sesiones públicas, con lo que se solucionan problemas de transparencia en el escrutinio y resolución de solicitudes de rectificación, especialmente sobre actas faltantes, contradictorias o descuadradas. Precisó que el proyecto dispone que el padrón electoral incorrecto puede ser causa de nulidad.

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A continuación, el Director del Servicio Electoral, señor Juan Ignacio García, señaló que dicha institución ha revisado el proyecto hace largo tiempo y sus observaciones obedecen a consideraciones técnicas, particularmente a la intervención del Servicio de Registro Civil en materia de domicilio. A este respecto, recordó que por oficio N° 2.380, de 25 de agosto de 2010, solicitó a dicho Servicio los datos de los nombres completos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y comuna de 4.556.708 RUNES, cifra que resultó del recorrido que se hiciere desde el número 1 hasta el número 20.000.000, no considerando aquéllos respecto de los cuales se contaba con información. La respuesta a dicha solicitud, según dijo, se recibió por parte del Servicio Electoral con fecha 10 de junio de 2011.

De acuerdo con los datos contenidos en los documentos señalados precedentemente, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Número de RUN sin datos: 996.592. No hay información en la base de datos del Servicio de Registro Civil.

- Número de RUN con datos: 3.560.116, de los cuales 926.790 tiene datos de comuna y 2.633.326 no lo tienen (se presume que no tienen domicilio).

Enseguida, explicó que se procesaron sólo los RUNES que correspondían a personas mayores de 17 años, obteniéndose lo siguiente:

- Mayores de 17 años: 3.034.421, de los cuales 772.701 tiene dato de comuna y 2.261.720 no lo tienen (se presume que no tienen domicilio).

- De los mayores de 17 años con datos de comuna, existen 257.764 con datos de defunción y 514.937 sin datos de defunción.

- De los mayores de 17 años sin datos de comuna, existen 1.117.632 con datos de defunción y 1.114.088 sin esos datos.

Por último, respecto de los RUNES con datos, el señor Director indicó lo siguiente:

- Cédulas de identidad no informadas con anterioridad: 3.369.828. La diferencia de 190.288 casos puede corresponder a los 10 meses de diferencia entre el proceso que detectó los RUNES no informados con la respuesta entregada al Servicio Electoral.

- Defunciones no informadas con anterioridad: 1.394.498.

- Registros con datos inconsistentes: 190.288, problemas en fechas de nacimiento o defunción, o nombres con dificultades de verificación.

Luego de la exposición del señor Director del Servicio Electoral, el Honorable Senador señor Sabag manifestó su preocupación por los datos entregados, pues con ellos se ratifica la inquietud respecto de la incerteza del domicilio en el que quedarán inscritos quienes se incluyan por medio de la inscripción automática, particularmente por las dificultades que existen para el cruce de datos de esas personas.

La Honorable Senadora señora Alvear hizo presente que nuestro sistema electoral constituye una de las principales fortalezas de la democracia, que ha funcionado de manera transparente, rápida y veraz en todas las elecciones que se han realizado durante los últimos veinte años. De este modo, el proyecto en debate, que pretende introducir una reforma sustancial al sistema electoral, debe contar con el mismo nivel de certeza con el que ha funcionado hasta ahora, lo que, de acuerdo a los datos entregados por el señor Director del Servicio Electoral, aparece de difícil implementación. En este sentido, solicitó al Ejecutivo realizar los esfuerzos posibles para garantizar que esta iniciativa se lleve adelante, particularmente en lo que se refiere a la obligación (que hoy no la tiene) del Servicio de Registro Civil de contar con un catastro de domicilios. De otra forma, continuó, la ciudadanía responsabilizará tanto al Ejecutivo como al Congreso Nacional de no haber realizado los estudios y cruces necesarios para su puesta en marcha, lo que puede provocar un daño estructural en el funcionamiento de la democracia.

El Honorable Senador señor Bianchi arguyó que en regiones que presentan un alto nivel de traslados, tanto hacia como desde la zona, se hace aún más difícil determinar cuál es el domicilio, porque la cédula nacional de identidad puede relacionarse con otro lugar geográfico, por lo que compartió la preocupación de la Honorable Senadora señora Alvear en cuanto a la correcta implementación de esta iniciativa.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que de acuerdo con los datos entregados por el señor Director del Servicio Electoral, el proyecto requiere de importantes enmiendas que permitan al Registro Civil contar con un catastro que entregue certidumbre con respecto a los domicilios, por lo que requirió del Ejecutivo todas las adecuaciones que sean necesarias para ello. En el mismo sentido, concordó con lo expresado por la Honorable Senadora señora Alvear en el sentido de que el sistema electoral que ha funcionado en el país es motivo de orgullo a nivel mundial, permitiendo incluso que en la última elección presidencial (segunda vuelta) los resultados estuvieran listos -sin objeción- cerca de las 18:00 horas. De esta manera, solicitó también la elaboración de un cronograma que permita explicar a la ciudadanía cuándo y de qué forma se implementará la inscripción automática, respetando los domicilios, sin alterar el funcionamiento transparente y certero de nuestro sistema electoral.

Manifestó que mientras este problema no se solucione, no está disponible para avanzar en la tramitación de este proyecto.

El Honorable Senador señor Rossi señaló que los datos entregados por el señor Director del Servicio Electoral, al iniciar el debate en particular de este proyecto, demuestran que la iniciativa aún necesita importantes ajustes para que sea implementada en buena forma. En ese sentido, fue de opinión que el voto electrónico puede ser una solución viable para que cada ciudadano con su RUT vote debidamente georeferenciado.

La Honorable Senadora señora Allende consultó al Ejecutivo acerca de las alternativas que pueden implementarse en caso de que no se emplee el registro de domicilios. Al mismo tiempo, sugirió avanzar paralelamente en un proyecto que habilite la instalación de un sistema de votación electrónica, como existe en otros países como Brasil en que ha funcionado satisfactoriamente.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, declaró ser partidario del voto voluntario, por lo que este proyecto reviste particular importancia. Así, y de acuerdo a los datos entregados, la implementación del mismo aparece inviable para el buen funcionamiento del sistema electoral, lo que se traducirá en un descrédito de la política.

En respuesta a las consultas formuladas, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Andrés Tagle, explicó que la definición de domicilio que da el Código Civil es insuficiente para efectos electorales, y que se necesita un concepto que evite los fraudes como los que han ocurrido en lugares con pocos habitantes, donde se han inscrito electores que no viven en la comuna. De allí que la definición exija un vínculo objetivo con el domicilio, como la residencia habitual o temporal (segunda vivienda), lugar de trabajo o de estudios, que constituyen, según dijo, los principales vínculos con un lugar.

Además, se suprime el concepto de que el domicilio electoral debe estar en Chile. Esto es fundamental para proceder a la inscripción de los ciudadanos sea que residan en Chile o en el extranjero. En seis de las ocho votaciones consideradas en la Constitución el voto es diferente según el territorio electoral (caso de las elecciones de senadores, diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales y plebiscitos comunales). Si en la inscripción el ciudadano no tiene asociado un territorio electoral, no podría votar en las elecciones mencionadas, con lo cual se estaría limitando su derecho a sufragio. Esto también se aplica si se aprueba el voto desde el extranjero, ya que si se concibe para todas las elecciones, es menester un domicilio en Chile para que pueda votar y, en el caso de que el voto en el extranjero se apruebe sólo para las elecciones presidenciales, el chileno inscrito tendrá el derecho de votar en Chile para las demás elecciones, debiendo estar inscrito en un determinado territorio electoral.

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En sesión de 11 de agosto de 2011, las Comisiones unidas escucharon la exposición del Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, Ministro señor Sergio Muñoz, quien señaló que la Constitución Política establece el contenido mínimo de los derechos, el cual puede ser ampliado por el legislador de acuerdo con las circunstancias que la sociedad experimente en un momento determinado. Del mismo modo, afirmó que la Constitución también fija el máximo de las excepciones o limitaciones para el ejercicio de los derechos, sin que el legislador pueda establecer mayores restricciones a las garantías constitucionales. En ese sentido, la Constitución declara que son ciudadanos chilenos quienes hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. También establece las causales por las cuales se suspenden los derechos que confiere la calidad de ciudadano y aquéllas por las que se pierde dicha condición. Así, uno de los derechos que confiere la calidad de ciudadano es, precisamente, el de sufragio.

De acuerdo con lo enunciado, expresó que fijar mayores exigencias -como las que se contienen en el proyecto en estudio- que las que existen en la Constitución no se condice con la correcta interpretación de dicho cuerpo normativo, pues la definición de domicilio aparece restrictiva considerando las directrices que el texto constitucional establece en el artículo 10, norma que contiene los requisitos para ser considerado chileno. En este sentido, el señor Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones explicó que a raíz de las reclamaciones que ha conocido dicha instancia con motivo de la nacionalidad chilena de hijos de padre o madre extranjeros transeúntes, la Corte Suprema ha definido qué debe entenderse por avecindamiento, morada, habitación, residencia y domicilio, todos los cuales tienen distintas calidades. De esta forma, continuó, el domicilio hay que entenderlo tal cual lo ha definido el legislador en el Código Civil, esto es, “la residencia, acompañada real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.”.

Enseguida, se refirió a la confección del padrón electoral para la inscripción automática. Sobre este aspecto, sugirió que ésta sea resuelta por los órganos administrativos pertinentes, más no por el legislador. A mayor abundamiento, indicó que existen diferentes formas para ello, en que, además, se fije un tiempo para que las personas puedan adoptar las providencias necesarias con el objeto de registrar su domicilio.

Respecto de la propaganda electoral, explicó que las normas que regulan esta materia deben ser revisadas para que sean efectivamente cumplidas, puesto que, de otra forma, hay que derogarlas. Criticó una indicación que faculta a Carabineros de Chile para el retiro de la propaganda electoral, así como la competencia que se entrega a los juzgados de policía local para resolver sobre estos asuntos. En esta misma materia, el señor Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones se refirió a una indicación relativa a la publicidad electoral en el extranjero, asunto sobre el cual la experiencia judicial ha conocido casos que han vulnerado la prohibición de exhibir propaganda en Chile en sitios electrónicos en el extranjero, da tal manera que este es un problema que ha de tenerse presente al momento de debatir una norma como la descrita. Sobre el particular, explicó que el Tribunal Calificador de Elecciones ha previsto una tramitación no presencial, por lo que se podrán enviar requerimientos desde el extranjero, pudiendo ser tramitados por esta instancia jurisdiccional.

Afirmó que el Tribunal Calificador tiene toda la disponibilidad para ajustar sus procedimientos al cambio que se pretende implementar.

En la misma sesión, el Director Nacional del Registro Civil, señor Rodrigo Durán, expresó que el artículo 10 del proyecto de ley aprobado en general dispone, en su inciso tercero, que “el domicilio electoral será el declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de obtener o renovar su cédula de identidad o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, según corresponda.”. Sobre el particular, precisó que el Servicio de Registro Civil no tiene la obligación de mantener un catastro de los domicilios, aunque cuenta con los datos pues los obtiene al momento de la solicitud de la cédula de identidad o del pasaporte. Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que el Servicio de Registro Civil dispone del domicilio de todas las personas mayores de 17 años con cédula de identidad vigente.

Además, recordó que el proyecto aprobado en general considera que para el caso de que la cédula de identidad se haya obtenido en algún consulado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil, y, a falta de este, del lugar de nacimiento en Chile. Precisó sobre el particular que el Servicio cuenta con la información de todas las personas que renuevan documentación en el extranjero de acuerdo al último domicilio informado. En caso de que éste (el último domicilio informado) corresponda a uno en el extranjero, el Servicio informará el lugar (comuna) de nacimiento en Chile.

Para el caso de que una persona no hubiere obtenido su cédula de identidad al momento de proceder a su inscripción automática, el proyecto dispone que el Servicio de Registro Civil comunicará el domicilio registrado al momento de solicitar la inscripción de nacimiento, el cual será, para estos efectos, el domicilio electoral. Si fueren dos o más los domicilios registrados, se estará al de la madre. El señor Director precisó sobre esta materia que el Servicio está en condiciones de informar el 90% de los casos del domicilio de la madre, en tanto que para el restante 10% se comunicará el que corresponda al lugar de nacimiento.

Acompañó enseguida un cuadro estadístico que da cuenta de los siguientes datos:

Los datos correspondientes al total de personas mayores de 17 años con cédula vigente consideran, además, 170.650 personas mayores de 17 años con cédulas antiguas no vigentes. Para las 27.000 personas mayores de 17 años sin domicilio, no se dispone del número de RUN de la madre.

Con el mérito de la exposición y de los datos entregados, el señor Director afirmó que dicho Servicio está en condiciones de implementar los mecanismos necesarios para la viabilidad de este proyecto, con la ayuda de la información de que disponga el Servicio Electoral.

A continuación de las exposiciones transcritas, la Honorable Senadora señora Alvear consultó al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, señor Sergio Muñoz, acerca de las condiciones que se establecen en el proyecto para el sufragio y, particularmente, sobre el contenido de las indicaciones que se refieren al voto de los chilenos que residen en el extranjero.

Del mismo modo, preguntó al Director del Servicio del Registro Civil, señor Rodrigo Durán, sobre la diferencia que aparece de las cifras que están en poder del Servicio Electoral y las que están en custodia del Servicio de Registro Civil. Señaló que este es un punto clave al momento de resolver sobre el mecanismo de inscripción automática, porque la institucionalidad electoral en Chile es motivo de orgullo en cada uno de los ejercicios en que la ciudadanía se pronuncia por sus candidatos. En este sentido, propuso confeccionar un cuadro comparativo que permita demostrar cómo los datos con que cuenta cada una de las instituciones (Servicio Electoral y Servicio de Registro Civil) garantizan la legitimidad y transparencia de las elecciones que se desarrollen en el futuro con la nueva modalidad propuesta en el proyecto, particularmente considerando que las personas cambian de domicilio en la medida que van desarrollando nuevos trabajos o por otros motivos.

El Honorable Senador señor Zaldívar destacó que el sistema electoral chileno es un ejemplo a nivel mundial, pues entrega los resultados electorales a temprana hora, los que nunca han sido cuestionados, constituyendo un valor agregado del sistema democrático nacional. En este sentido, afirmó que no pueden existir fallas en la implementación de este proyecto de ley, por lo que solicitó al Servicio de Registro Civil y al Servicio Electoral la confección de un cuadro comparado que demuestre el efectivo calce (en medición porcentual) de los domicilios registrados en cada una de dichas instituciones, pues con ello, dijo, podrán considerarse los ajustes administrativos que sean necesarios para no cometer errores en un tema tan sensible como son las elecciones democráticas. Por esta razón, la definición del domicilio debe quedar zanjada antes de discutir cualquier otro asunto relacionado con este proyecto.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Allende concordó con la preocupación de la Honorable Senadora señora Alvear en el sentido de que han de hacerse todas las pruebas que sean necesarias para que la institucionalidad electoral funcione de manera eficiente y transparente, toda vez que los datos que hasta ahora se han entregado, ya sea por el Servicio Electoral como por el Servicio de Registro Civil, no son concordantes. Sobre el domicilio, expresó que las personas efectivamente lo cambian más de una vez desde su inscripción, de modo que es necesario que el sistema provea los mecanismos para que cada ciudadano ejerza su derecho a sufragio donde efectivamente resida.

También consultó al señor Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones acerca de su opinión sobre el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

El Honorable Senador señor Sabag instó a que los organismos estatales presentar cifras consolidadas y mecanismos claros que permitan asegurar la implementación de este proyecto, toda vez que los datos entregados por el Director del Servicio Electoral no concuerdan con los del Director del Servicio de Registro Civil.

El Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, valoró la propuesta de realizar una prueba piloto para ensayar el sistema propuesto en este proyecto de ley, en razón de que esta iniciativa, cual lo señalaron los señores Senadores, implica una modernización del sistema electoral que debe mantener y aumentar los estándares de credibilidad con que hasta ahora se ha operado.

Enseguida, el señor Director del Servicio Electoral manifestó que el ejercicio realizado se hizo con los datos de las personas no inscritas, respecto de los cuales hubo una preocupación por el cruce, cuyos resultados no fueron satisfactorios. En ningún caso se cuestionó la capacidad del Servicio de Registro Civil respecto del almacenamiento de datos. El señor Director señaló que es necesario prevenir cualquier tipo de error que pudiere llevar a cuestionamientos de la institucionalidad electoral del país. Destacó la información entregada por el Director del Servicio de Registro Civil, puesto que da certezas respecto del manejo de la información relativa a los domicilios de cerca de trece millones de chilenos.

De acuerdo con los datos entregados por el Director del Servicio de Registro Civil, continuó, sería útil contar con una norma que entregue los plazos necesarios para coordinar la información entre dicha institución y el Servicio Electoral, con el objeto de evitar problemas en los reclamos de domicilio que pudieren presentarse luego de la entrada en vigencia de esta ley.

El Honorable Senador señor Pérez Varela recordó que en la actualidad están inscritos en los registros electorales aproximadamente 8,5 millones de personas, en circunstancias que de acuerdo con los antecedentes entregados por el Servicio de Registro Civil existen datos de 13 millones 200 mil personas con cédula vigente, por lo que puede afirmarse que existiría inscripción automática de cerca de 5 millones de personas.

El señor Director del Servicio de Registro Civil concordó con lo expresado por el Honorable Senador señor Pérez Varela, y explicó que las diferencias con el Servicio Electoral en las cifras entregadas se presentan por la metodología utilizada. De esta manera, los datos que se entregaron por parte del Servicio de Registro Civil para el ejercicio anterior eran incompletos, por cuanto no eran referidos a la identificación sino a la inscripción de nacimiento de las personas, sin considerar los domicilios del sistema de identificación o de la cédula nacional de identidad.

El Honorable Senador señor Espina señaló que sólo existen dos formas de verificar el domicilio de una persona: el que consta en el Servicio de Registro Civil con motivo de la obtención de la cédula de identidad y el que existe en el Servicio Electoral, de tal manera que las observaciones que se han formulado sobre diferencias entre los datos del Servicio Electoral con los del Registro Civil pueden ser subsanados.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, solicitó al señor Director del Servicio de Registro Civil un reconocimiento público respecto de la factibilidad técnica en la implementación de este proyecto con los datos que están a disposición de esa repartición.

Los Honorables Senadores señora Alvear y señor Zaldívar sugirieron que tanto el Servicio de Registro Civil como el Servicio Electoral efectúen una simulación que permita arribar a conclusiones que reafirmen lo expresado por el señor Director del Servicio de Registro Civil, por cuanto en este proyecto no sólo está en juego la inclusión de más de 5 millones de personas, sino que, además, la credibilidad del sistema electoral del país.

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En sesión de día 12 de septiembre de 2011, el Director del Servicio de Registro Civil, señor Rodrigo Durán, entregó la información del cruce solicitado por las Comisiones unidas, que corresponde a los siguientes datos:

Las cifras contenidas en el cuadro, señaló, dan cuenta que el Servicio de Registro Civil dispone de un número importante de domicilios registrados, por lo que el proyecto puede implementarse con los datos que están en su poder.

Enseguida, la Subdirectora del Servicio Electoral, señora Elizabeth Cabrera, explicó que en razón de lo acordado por las Comisiones unidas, se ofició al Servicio de Registro Civil (oficio ordinario N° 1.338 de 11 de agosto de 2011) requiriendo el envío de los datos de números de RUN, nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, domicilio y comuna, de todas las personas mayores de 17 años con cédula de identidad vigente (13.232.311 personas según cifras proporcionadas por el señor Director del Servicio de Registro Civil a las Comisiones unidas). La respuesta, contenida en el oficio ordinario N° 529, fue recibida el 5 de septiembre de 2011. Además, se entregaron, por mano, dos discos compactos, uno con la información relativa a los datos biográficos y otro con información de domicilio, sin vinculación por la confidencialidad de esos datos, por lo que tuvo que hacerse el cruce desde el padrón electoral del Servicio.

El equipo técnico informó que dicha cifra corresponde a personas mayores de 17 años con cédula de identidad otorgada, vigente y no vigente.

Los discos compactos entregados contienen dos grupos de datos, y cada uno consta de diez archivos:

- Biográficos: N° de RUN, nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, y sexo.

- Domicilios: dirección, región (código y glosa), y comuna (código y glosa), no están vinculados a un N° de RUN.

Cada grupo de datos corresponde a 12.689.838 registros.

El resultado de los datos obtenidos fue el que sigue:

a) Procesados los archivos con datos biográficos (12.689.838 registros/personas) se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se detectaron 10.070 casos informados por el Servicio de Registro Civil con cédula vigente, que tienen su inscripción electoral cancelada por defunción, según comunicaciones propias del Servicio. El archivo con estos datos fue entregado al Servicio de Registro Civil para una nueva revisión.

- Comparado el total de datos biográficos con el padrón electoral que lleva el Servicio Electoral, se detectó que 328.126 personas con inscripción electoral vigente no venían informadas. El archivo con estos datos fue entregado al Servicio de Registro Civil para una nueva revisión.

- El total de datos biográficos, excluidas las personas con inscripción electoral vigente en el Padrón Electoral que lleva el Servicio Electoral, existirían 4.775.088 personas no inscritas, potenciales a inscribir automáticamente.

- No han sido consideradas en este análisis las personas con cédula de identidad otorgada no vigente.

b) Procesados los archivos con datos de domicilio (12.689.838 registros/personas) se obtuvieron los siguientes resultados:

- De una muestra de 90.000 registros, un 67% de las direcciones pudieron ser validadas en forma automatizada.

- Se detectó que hay algunas inconsistencias en los datos por región y comuna:

- Comunas repetidas escritas diferentes, ej. AISEN y AYSEN; MARCHIGUE y MARCHIHUE; OHIGGINS, O´HIGGINS y VILLA OHIGGINS, entre otras.

- Comunas que no corresponden a la región, ej. Concepción en las regiones I, II y IX; Las Condes en regiones XII y Región Metropolitana, entre otras.

- Comunas que no existen, por ejemplo, PUNTA DELGADA y VILLA OHIGGINS en la región XII.

- Regiones que no existen: XVI.

- Hay direcciones sin comuna (dato en blanco).

- Hay direcciones con problemas de formato que no se pudieron procesar.

- Para direcciones que corresponden al extranjero, la comuna dice EXTRANJERO, corresponden a 142.713 casos, sin señalar domicilio en Chile.

Por diferencia, se calculó que hay 542.473 personas mayores de 17 años con cédula de identidad otorgada, no vigente. De ellas, se desconoce la cantidad que tiene o no tiene informada dirección en el Servicio de Registro Civil.

De acuerdo con el resultado de los procesos desarrollados en la etapa descrita en los párrafos precedentes, el Servicio Electoral proporcionó al Servicio de Registro Civil 2 archivos:

• Archivo N° 1: con 328.126 personas con inscripción electoral vigente que no venían informadas en el disco compacto; y

• Archivo N °2: con 10.070 casos informados por el Servicio de Registro Civil con cédula vigente, pero que tienen su inscripción electoral cancelada por defunción.

En esta oportunidad el procesamiento correspondió al Servicio de Registro Civil, quién proporcionó los datos que a continuación se indican.

Respecto del archivo N° 1 (328.126 personas con inscripción electoral vigente no informadas) se entregaron los siguientes resultados:

- 278.664 personas con cédulas de identidad no vigentes, de ellas hay 80.895 personas que registran defunción.

- 49.143 personas con cédulas de identidad vigentes.

- 319 personas sin registro de otorgamiento de documento de identidad (pudiere corresponder a documentos de antigua data de otorgamiento (1984 a 2002), no traspasados a la base de datos de Identificación).

Sobre el archivo N° 2 (10.070 casos informados con cédula vigente, pero con inscripción electoral cancelada por defunción), se entregaron los siguientes resultados:

- 9.825 casos con fecha de defunción registrada.

- 245 casos sin fecha de defunción registrada (podrían corresponder a rescisiones de muerte presunta o desvinculaciones entre el N° de RUN y el registro de defunción).

Concluyó su exposición señalando que los datos deben seguir ajustándose con el objeto de obtener una correcta implementación de este proyecto de ley, por lo que los plazos con que se cuenta para hacerlo en la próxima elección municipal aparecen muy próximos.

Presentadas las cifras transcritas en los párrafos precedentes, el Honorable Senador señor Zaldívar reiteró su preocupación por los datos acompañados por el Servicio Electoral, los que, en conjunto con el Servicio de Registro Civil, deben ser depurados para asegurar que los cerca de 5.000.000 de chilenos que ingresarán al padrón electoral voten con un domicilio efectivo. De esta forma, sugirió nuevamente al Ejecutivo considerar los mecanismos que sean necesarios para la correcta implementación de este proyecto de ley, más aun considerando que existe un número importante de personas que tienen un alto grado de movilidad dentro del territorio nacional, por lo que la determinación de sus domicilios resulta difícil. Aprobarlo en los términos sugeridos, puede provocar un serio deterioro al prestigio de nuestro sistema electoral y, con ello, al funcionamiento de la democracia.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que existe un compromiso constitucional para regular la inscripción automática y el voto voluntario, de modo que hay que estudiar el mecanismo que sea necesario para que opere de buena manera. Para ello, hay que avanzar en determinadas medidas factibles de implementar y considerar los plazos de acuerdo a las soluciones a las que se arribe, por lo que no debe existir temor en cuanto a que este proyecto no se aplique en las próximas elecciones municipales. Lo que importa, continuó, es que exista una regulación de la reforma constitucional que asegure que los domicilios corresponden a aquéllos en que efectivamente las personas votan. En esta línea, sugirió al Ejecutivo iniciar un proyecto de ley que permita al Servicio de Registro Civil contar con un catastro domiciliario en un plazo no superior a seis meses, que puede entregar mayores grados de certeza en la implementación de esta iniciativa.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, expresó su preocupación por los plazos, particularmente respecto de la próxima elección municipal del año 2012, más aun considerando que el proyecto está en primer trámite constitucional, y resta su tramitación en la Honorable Cámara de Diputados. De esta forma, y considerando que el proyecto también dispone que los ciudadanos se informen y presenten sus respectivos reclamos, el tiempo para cumplir con los tiempos que la iniciativa considera prácticamente imposible su puesta en marcha para las próximas elecciones municipales.

El Honorable Senador señor Espina consultó por la causa de la diferencia entre las cifras entre el Servicio Electoral y el Servicio de Registro Civil y por la imposibilidad de su implementación.

La Subdirectora del Servicio Electoral señaló que efectuadas las pruebas con los datos entregados por el Servicio de Registro Civil, el Servicio Electoral realizó una prueba georeferencial con 90.000 registros en todo el país con domicilio registrado. Esos datos se enviaron a las respectivas circunscripciones electorales de acuerdo al último domicilio registrado en el Servicio de Registro Civil, arrojando un 67% de datos correctos adscritos a una circunscripción, mientras que para el 33% restante fue imposible por la mala calidad del dato relativo al domicilio, tal como puede desprenderse de los antecedentes que se han acompañado en las Comisiones unidas. Ello, aplicado a los 5.000.000 de personas aproximadas que ingresarían a los registros electorales, arroja que cerca de 1.600.000 personas quedarían erróneamente vinculadas respecto del domicilio. Precisó que mientras ambos Servicios no cuenten con la misma información y glosa domiciliaria, es difícil que pueda llevarse a cabo una correcta sincronía respecto de estos datos.

El Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, manifestó que no existe imposibilidad para la ejecución del sistema. Se requiere, sí, un nuevo plazo y un nuevo orden para el trabajo de este proyecto de ley. En rigor, sostuvo que en esta primera etapa existe un 67% de satisfacción en cuanto a la coordinación de los datos, en tanto que el 33% restante habrá que trabajarlo de otra forma para llegar al 100% de exactitud. De esta manera, sugirió la presentación de un proyecto de ley que, tramitado de forma paralela, faculte al Servicio Electoral para acceder a los datos electorales de las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el propósito de efectuar estudios y pruebas para la implementación de las normas sobre incorporaciones electorales. Del mismo modo, comprometió un cronograma con nuevos plazos para la implementación de este proyecto de ley.

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El día 6 de octubre del año 2011, el Subsecretario señor Alvarado presentó el proyecto de ley señalado en el párrafo precedente y, según consta en el informe de las Comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (Boletín N° 7.962-06), “el proyecto en debate tiene por objeto facilitar el acceso del Servicio Electoral a los datos del Registro Civil en materia de domicilios, de manera que puedan realizarse los ejercicios necesarios para garantizar la implementación del nuevo sistema de inscripción automática para las elecciones municipales del año 2012. En relación con lo anterior, el señor Subsecretario entregó un cronograma para la instalación del nuevo sistema electoral, que señala que la ley regirá para las elecciones que tengan lugar 330 días después de su publicación en el Diario Oficial, para lo cual ha de modificarse el artículo noveno del proyecto de ley de inscripción automática y voto voluntario. Además, el Servicio Electoral procederá a la inscripción masiva (y notificación de los nuevos electores) a lo menos 210 días antes de la primera elección en que rija la nueva ley, lo que otorga un plazo de 120 días para realizar el mencionado proceso de inscripción de nuevos electores, por lo que también debe modificarse el artículo tercero transitorio del mencionado proyecto. Agregó que durante el mismo período (entre los 210 y los 120 días previos a la primera elección), el Servicio Electoral estará obligado a realizar una campaña de promoción por radio y televisión llamando a los nuevos electores a revisar su inscripción en el sitio electrónico del Servicio, alterando, cuando sea necesario, el domicilio electoral en las juntas inscriptoras si el que aparece no es el correcto. Además, continuó, es preciso enmendar el artículo décimo del proyecto de ley de inscripción automática, en el sentido de generar opciones para aquellas personas cuya información del domicilio en el Servicio de Registro Civil sea imperfecta, de modo que aún en la ausencia total de datos domiciliarios, se les inscriba en la circunscripción electoral de más electores de la última comuna registrada o en la de su nacimiento.

En el mencionado informe de las Comisiones unidas consta, además, la opinión de los Honorables Senadores señora Alvear y señores Pérez Varela y Walker, las que transcribimos a continuación:

“La Honorable Senadora señora Alvear apuntó a que la diferencia entre los datos presentados por el Registro Civil y por el Servicio Electoral en cuanto al número de potenciales inscritos dificulta avanzar en la tramitación del proyecto de ley sobre inscripción automática. En ese sentido, anunció la presentación de un proyecto de ley que permita contar con antecedentes ciertos para establecer un registro de domicilios del Registro Civil de efectos electorales. Por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, solicitó al Ejecutivo patrocinar el mencionado proyecto.

El Honorable Senador señor Walker (don Patricio) expresó que para la implementación del proyecto de ley sobre inscripción automática la información del Registro Civil debe estar sistematizada electrónicamente, por lo que solicitó al Ejecutivo considerar la propuesta de la Honorable Senadora señora Alvear que apunta en el sentido indicado.

El Honorable Senador señor Pérez Varela consideró que el proyecto del Ejecutivo para agilizar la tramitación de la iniciativa relativa a la inscripción automática, soluciona el problema de la armonización de datos entre el Servicio Electoral y el Registro Civil, por cuanto permitirá al primero acceder al registro de domicilios de cerca de 13 millones de personas, posibilitando los ejercicios y ajustes para la implementación del nuevo sistema.”.

Hacemos presente que, a la fecha de confección de este informe, dicho proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional en el Senado.

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En sesión de 13 de octubre de 2011, la Honorable Senadora señora Alvear recordó que el proyecto a que se hizo mención surge de una presentación que hiciera el señor Director del Servicio Electoral quien señaló que al cruzar los datos entre el organismo que dirige y el Servicio de Registro Civil, sólo se obtuvieron los antecedentes de dos tercios de los eventuales votantes en las próximas elecciones. Por tal razón, se generó una inquietud entre los miembros de las Comisiones unidas en relación con la implementación de la iniciativa que regula la inscripción automática y el voto voluntario. Manifestó que la única manera de que el sistema funcione pasa por que el Servicio de Registro Civil cuente con un padrón domiciliario, así como posee otro para la inscripción de nacimientos, de matrimonios y de defunciones. Por consiguiente, de no existir un domicilio registrado en ese organismo público, se presenta el problema de que no se hallarán inscritas todas las personas mayores de 18 años en el próximo proceso electoral.

La iniciativa legal aprobada avanza en esa línea. Sin embargo, a su juicio, no zanja el problema por completo, pues el Servicio de Registro Civil no posee todos los antecedentes domiciliarios de las personas. Por tanto, al efectuarse el cruce con el Servicio Electoral, podrían quedar personas fuera.

Por las razones expuestas, solicitó al Ejecutivo que garantice la absoluta certeza de que no existen problemas que impidan que ningún chileno con derecho a voto, mayor de 18 años, quede imposibilitado de sufragar.

En respuesta a la Honorable Senadora señora Alvear, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, explicó que con la aprobación del proyecto de ley contenido en el Boletín N° 7.962-06, el Servicio de Registro Civil podrá transferir al Servicio Electoral las bases de datos electorales que posibilitarán a éste registrar los antecedentes de nombres y apellidos, rol único nacional, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión y domicilios, con la obligación de guardar reserva y efectuar los trabajos previos, con el objeto de adoptar las medidas correspondientes para que el proceso de inscripción automática permita asignar a cada persona el domicilio correspondiente, o en subsidio, inscribirla en una comuna.

Esta iniciativa, dijo, constituye un avance para contar con un mecanismo de inscripción automática, y, a su vez, mantener el prestigio de la institucionalidad electoral. Recordó que los Honorables Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, han sugerido un proyecto sobre esta materia, que el Ejecutivo se compromete a estudiar para ingresarla como indicación al proyecto que actualmente se tramita en la Honorable Cámara. En consecuencia, ante los planteamientos de distintos señores Senadores manifestó que el Ejecutivo está comprometido con el objetivo de tener un mecanismo de inscripción automática que, a su vez, mantenga la confianza, el prestigio, la rigurosidad y la prontitud en la entrega de resultados del actual esquema de inscripción y registros de votación.

El Honorable Senador señor Espina expresó que tiene el convencimiento de que el proyecto en debate debe implementarse en la próxima elección municipal, para lo cual debe aprobarse. Para ello, continuó, tanto el Parlamento como el Ejecutivo tienen responsabilidad: el primero en avanzar en la aprobación de la regulación para la inscripción automática y el voto voluntario, en tanto que el segundo en adoptar todas las medidas que sean necesarias para que no se produzcan situaciones que pudieren poner en duda el sistema electoral.

En este sentido, valoró el contenido del proyecto que se aprobó al que se ha hecho mención (Boletín N° 7.962-06).

Enseguida, las Honorables Senadoras señoras Alvear y Allende, consultaron al Ejecutivo acerca de la reforma constitucional sobre el derecho a voto de los chilenos en el extranjero, pues este proyecto (el de inscripción automática) está relacionado con ese tema. La idea es que puedan votar la mayor cantidad de chilenos que cumplan con los correspondientes requisitos, no sólo los que habitan en el país, sino, también quienes por diversas circunstancias se encuentran fuera del territorio nacional.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, señaló que el compromiso del Ejecutivo consiste en avanzar en la materia que indican las señoras Senadoras con una nueva definición de vínculo, diferente de la que se planteó al comienzo de la discusión sobre el derecho a voto de los chilenos en el extranjero, que se limitaba a un grupo reducido de personas. A este respecto, precisó que la nueva propuesta es más amplia pues faculta a quienes deseen votar manifestar su voluntad cada vez que exista una elección en que la Constitución les reconozca ese derecho. Agregó que la iniciativa considera el voto de chilenos en el extranjero (previa manifestación) para las elecciones presidenciales y plebiscitos, pero excluye las elecciones parlamentarias, municipales (incluidos los plebiscitos comunales) y las de consejeros regionales.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Sebastián Soto, señaló que se necesitan dos proyectos de ley para implementar el acuerdo al cual se refirió el señor Ministro, relativo al voto de chilenos en el extranjero. El primero de ellos dice relación con una modificación al sistema de inscripción y otros aspectos de carácter procedimental para su ejecución. El segundo, en tanto, trata de una reforma constitucional que reconozca el derecho de los chilenos para votar en el extranjero en las elecciones presidenciales y en los plebiscitos. Explicó que los artículos 10 y 11 de la Constitución se refieren a la nacionalidad y a la pérdida de la misma, respectivamente, en tanto que su artículo 13 declara que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva (inciso primero). La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran (inciso segundo). De esta manera, continuó, el derecho a sufragio es una garantía constitucional de todos los ciudadanos. Es la misma Constitución la que, en algunos casos, como es el de la nacionalidad por gracia y la adquirida por ius sanguinis, establece un requisito adicional que consiste en haber estado domiciliado por más de un año en Chile. Sobre estas materias existe consenso en que sólo los ciudadanos reconocidos por la Constitución tienen derecho a participar en todas las elecciones que se desarrollen en el país.

Respecto de la limitación del voto de los chilenos en el extranjero sólo para las elecciones presidenciales y los plebiscitos, expresó que el nuevo proyecto tendrá una nueva definición de vínculo que ampliará el número de personas que podrán votar desde el extranjero, estableciendo en la Constitución los requisitos para votar en esas elecciones y plebiscitos.

También debe tratarse en una reforma constitucional una nueva modalidad de inscripción, diferente a la que existe hoy, que habilita la inscripción por el sólo ministerio de la ley. Quien esté en el extranjero deberá manifestar su voluntad de participar en el proceso electoral de que se trate, ya sea éste una elección presidencial o un plebiscito.

La Honorable Senadora señora Alvear sugirió que los chilenos que viven en el exterior puedan inscribirse en los consulados o en otros lugares que el Servicio Electoral determine, con lo que se soluciona, a su juicio, el problema del domicilio de los chilenos en el extranjero. Respecto del ámbito de aplicación del voto de los chilenos en el extranjero (elecciones presidenciales y plebiscitos), recordó que con los Honorables Senadores señora Allende y señores Gómez, Quintana y Walker don Patricio, formuló una indicación al proyecto en debate, la número 33 del boletín, que declara que no se podrán establecer, respecto a quienes voten en el exterior, requisitos adicionales a los exigidos respecto de los que sufragan en Chile. Con el objeto de implementar dicha medida (que participen en todas las elecciones), sugirió que en los casos en que el elector se encuentre en el extranjero, al momento de declarar su domicilio ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral, se entienda por tal: 1) aquél en que emitió su sufragio en Chile por última vez; 2) si el ciudadano no hubiere sufragado en Chile, se tendrá como último domicilio el que tenga catastrado el Registro Civil, y 3) a falta de éste, el del el padre o la madre o cualquiera de sus ascendientes chilenos en ese orden. De acuerdo con estos antecedentes, no es menester reforma constitucional, y los chilenos en el extranjero podrán participar en todas las elecciones si se cuenta para tal efecto con los antecedentes suficientes y necesarios.

El Honorable Senador señor Gómez consultó por la forma en que se implementará la manifestación de voluntad a la que hizo alusión el señor Ministro, pues todos los chilenos, de acuerdo con la nueva legislación, se entienden inscritos automáticamente. Además, solicitó al Ejecutivo ingresar al Congreso a la brevedad la reforma constitucional anunciada, porque es necesario que tanto la inscripción automática, el voto voluntario y el voto de los chilenos en el extranjero se implementen para la próxima elección presidencial.

En respuesta a las consultas formuladas, el Ministro señor Larroulet explicó que el nuevo proyecto sobre el derecho a voto de chilenos en el extranjero que precisa el concepto del vínculo se reduce a la manifestación del ciudadano que vive en el extranjero para que cada vez que resuelva participar en un proceso electoral, así lo exprese. Ese es el concepto de vínculo. A mayor abundamiento, y de acuerdo con lo expuesto por el Jefe de la División Jurídica del Ministerio, es necesaria una reforma constitucional para la implementación de este derecho.

El Honorable Senador señor Espina opinó que el reconocimiento del voto de los chilenos en el extranjero sólo para las elecciones presidenciales y los plebiscitos es positivo, por cuanto ese es el compromiso del programa de Gobierno del Presidente señor Sebastián Piñera. Las elecciones municipales o de concejales muchas veces se definen por una estrecha votación que, por ser elecciones locales, ameritan que ellas se resuelvan por quienes habitan efectivamente en el lugar y no por quienes están, en razón de tiempo y distancia, lejos del territorio nacional.

La Honorable Senadora señora Alvear recordó que el acuerdo político sobre el voto de los chilenos en el extranjero considera la inscripción en las embajadas o consulados en los lugares que así se determine, lo que viabilizó esta reforma. Además, sugirió como alternativa, que los chilenos en el extranjero voten en todas las elecciones de acuerdo con la indicación a la que se refirió en un párrafo precedente, o bien que esos ciudadanos concurran a los lugares que determine el Servicio de Registro Civil para fijar su domicilio electoral.

Respecto de la reforma constitucional, fue de parecer que si ésta se impone, incluya el reconocimiento del derecho de los chilenos en el extranjero para las elecciones presidenciales y los plebiscitos, cuestión que, según dijo, puede provocar un acuerdo que acelere la tramitación tanto de esa reforma como del proyecto en debate, pues ya no se tratará del vínculo en sí mismo, sino que el de las elecciones en que aquéllos participarán. Ello permitirá el voto de los chilenos en el extranjero para las próximas elecciones presidenciales, cumpliendo así con un largo anhelo de la ciudadanía.

A continuación, consultó al Ejecutivo por la disposición de presentar un proyecto en el sentido indicado y, en caso de que esta fuera positiva, la fecha en que se haría.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet insistió en que es necesaria una reforma constitucional que acote el voto de los chilenos en el extranjero sólo para las elecciones presidenciales y para los plebiscitos nacionales. Además, señaló que en opinión del Ejecutivo es fundamental que los ciudadanos en esa condición formulen una manifestación de voluntad en cada uno de los procesos electorales en que participen.

Respecto de la propuesta de la Senadora Alvear, se comprometió a analizarla en su mérito con los grupos técnicos, con el objeto de acelerar la implementación del voto de los chilenos en el extranjero. En ese sentido, anunció que en el transcurso de la semana del 17 de octubre próximo insistirá en la Cámara de Diputados con el texto del proyecto de reforma, que fue rechazado por el Senado, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 68 de la Constitución Política, con las precisiones que se han anunciado en esta sesión.

Finalmente, incluimos en este acápite el debate a que dieron lugar diversas indicaciones formuladas por el Honorable Senador señor Bianchi relativas al tratamiento que debe dispensar la legislación a las candidaturas independientes.

Particularmente, el señor Senador se refirió a la indicación N° 23, que se transcribirá más adelante, que permite a las candidaturas independientes suscribir pactos entre sí o con partidos políticos.

Al efecto, señaló que la mencionada indicación tiene su fundamento en el artículo 18 de la Constitución Política, que garantiza la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en las elecciones.

En relación con lo anterior, la Honorable Senadora señora Alvear precisó que la norma constitucional aludida trata sobre la igualdad entre candidatos independientes y candidatos de partidos políticos, más no entre los primeros y los partidos políticos.

A su turno, la Honorable Senadora señora Allende expresó que los partidos políticos están estructurados institucionalmente por normas reguladas en la Constitución Política y en la respectiva ley orgánica, a las que deben someterse y de las cuales arrancan derechos y obligaciones distintos de los que organizan la actividad de los independientes en las elecciones. En todo caso, agregó, los partidos políticos están autorizados para pactar con los candidatos independientes, por lo que, en su opinión, no existe vulneración de ese principio de igualdad consignado en la norma constitucional citada.

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DISCUSIÓN DE LAS INDICACIONES

A continuación, se describen en el orden del articulado del proyecto, las normas e indicaciones formuladas al texto aprobado en general y los acuerdos adoptados.

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Artículo 1°

El artículo 1° del proyecto, en los seis números que lo conforman, propone enmiendas a la ley orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral. (Ley N° 18.556).

Número 1

Este número del artículo 1° del proyecto reemplaza los Títulos Preliminar y I, II y III del texto legal mencionado.

Artículo 6°

Inciso segundo

Este precepto del proyecto aprobado en general dispone que los chilenos a que se refiere los artículos 10, N°s. 2 y 4, y 14, ambos de la Constitución Política, (hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero y chilenos nacionalizados por ley, en los dos primeros casos, y los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, en el tercero) serán inscritos en el Registro Electoral cuando cumplan los requisitos de edad y avecindamiento correspondiente.

El inciso segundo de esta norma dispone que la inscripción procederá automáticamente en la medida en que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el avecindamiento.

Por su parte, el inciso tercero señala que no obstante lo anterior, el interesado podrá solicitar su inscripción en cualquier oficina del Registro Electoral, acompañando los documentos que den cuenta de su avecindamiento y declarando su domicilio electoral en Chile. La solicitud será examinada por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y por la Policía Internacional, los que emitirán una certificación de avecinamiento que se remitirá al Servicio Electoral para que practique la inscripción. Si el interesado tiene domicilio en el extranjero, la solicitud se presentará en el respectivo consulado.

La indicación N° 1, de S.E. el Presidente de la República, que recae en el inciso segundo transcrito, propone intercalar, a continuación de la frase “que acredite el” las palabras “cumplimiento del”.

La indicación N° 1 contó con la aprobación unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas, que se la prestaron con los votos de los Honorables Senadores señores Bianchi, Espina, Larraín, don Hernán, Orpis, Pérez Varela, Walker, don Patricio y Zaldívar.

La indicación N° 2, de los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker, don Patricio sugiere eliminar en el inciso tercero las expresiones “en Chile”.

Como quiera que esta indicación se vincula con el derecho a votos de los chilenos en el extranjero que, según ha quedado dicho, se abordará en otro proyecto de ley, la Honorable Senadora señora Alvear, debidamente habilitada por sus coautores, retiró esta indicación.

Artículo 10

Inciso primero

El inciso primero de este artículo del proyecto define el domicilio electoral como el situado dentro de Chile, con el cual una persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él.

La indicación N° 3, de los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) propone suprimir este inciso.

Esta indicación fue rechazada con el voto unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos), Rincón (dos votos) y Von Baer (dos votos) y señor Bianchi, quienes, con la misma unanimidad, prestaron su aprobación a otra indicación del Ejecutivo al amparo del artículo 121 del Reglamento de la Corporación, que reformula este artículo con otro conformado por tres incisos. El primero define el domicilio electoral como el situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los chilenos que residen en el extranjero, ese vínculo se considerará respecto del tiempo en que residieron en Chile o de su lugar de nacimiento.

Enseguida -inciso segundo- reproduce el texto del precepto reemplazado, esto es, el que considera como domicilio electoral el último declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil o ante el Servicio Electoral.

Finalmente, expresa que para efectos del registro automático de las personas mencionadas en los artículos 5° y 6°, el domicilio será el declarado ante el Servicio de Registro Civil o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, o el acreditado para cumplir el requisito de avecindamiento. En caso que este último domicilio corresponda a uno ubicado en el extranjero, el domicilio electoral será el último que haya tenido en Chile y que haya informado al Servicio de Registro Civil y a falta de éste al lugar de nacimiento en Chile.

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La misma unanimidad precedente aprobó otra indicación del Ejecutivo, formulada también al amparo del artículo 121 del Reglamento de la Corporación, que reemplaza el artículo 11 de la ley sobre inscripciones electorales y Servicio Electoral con otro que declara que todo ciudadano con derecho a sufragio debe estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción correspondiente a su domicilio electoral.

Agrega que si los antecedentes del domicilio o lugar de nacimiento de las personas a que se refieren los artículos 5° y 6° no permiten identificar al ciudadano con una determinada circunscripción, se le registrará en la circunscripción con más electores en la comuna con cuya información se cuente.

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Artículo 17

Inciso primero

El inciso primero de este precepto del texto del proyecto aprobado en general dispone que dentro de los cinco primeros días de cada mes, los juzgados de garantía comunicarán al Servicio Electoral las personas que hayan sido acusadas en el mes anterior por el Ministerio Público o por querellante particular, por delito que merezca pena aflictiva o por delito que se califique como conducta terrorista.

La indicación N° 4, de S.E. el Presidente de la República, sustituye este inciso por otro que reproduce sus mismas prescripciones, eliminando las menciones al “Ministerio Público o querellante particular” escritas en el texto reemplazado.

Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Bianchi, Espina, Larraín, don Hernán, Orpis, Pérez Varela, Walker, don Patricio y Zaldívar.

Artículo 24

Esta norma aprobada en general preceptúa que cuando una persona obtiene o renueva su cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación le informará acerca de su domicilio electoral registrado, con el fin de que, si lo estima conveniente, lo actualice declarando uno nuevo bajo juramento.

Al igual que en el caso del precepto e indicación precedentes, en la indicación N° 5 los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) reemplazan este artículo por otro que también reproduce sus normas pero suprime la mención al Servicio de Registro Civil e Identificación.

Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear, debidamente autorizada por sus coautores.

Artículo 27

Este artículo del proyecto aprobado en general dispone que se considera domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

En la indicación N° 6, S.E. el Presidente de la República reemplaza este precepto por otro que señala como tal (domicilio electoral) el consignado en el inciso segundo del artículo 10. (El declarado ante el Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral).

Esta indicación fue rechazada unánimemente por los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos), Rincón (dos votos) y Von Baer (dos votos) y señor Bianchi. No obstante tal rechazo, la indicación y el precepto sobre la cual este recae deben entenderse vinculados al inciso segundo del nuevo artículo 10 propuesto por el Ejecutivo en la nueva indicación que se aprobó en reemplazo de la indicación N° 3, que reproduce los mismos conceptos.

En la indicación N° 7, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), también sustituyen el artículo 27 por otro que establece, en caso de que el elector esté domiciliado en el extranjero, que al momento de declarar su domicilio ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral, habrá de indicar, además, la comuna en Chile en la que deberá contabilizarse su sufragio.

Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear, debidamente autorizada por sus coautores, pues se vincula al derecho a voto de los chilenos en el extranjero que se tratará en un proyecto de ley aparte.

Artículo 31

Inciso tercero

Este precepto de la iniciativa en informe atribuye al Servicio Electoral la potestad de determinar el padrón electoral provisorio.

Su inciso tercero prevé que el padrón se ordenará alfabéticamente y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción, comuna, provincia y región a la que pertenezca y el número de su mesa receptora.

En la indicación N° 8, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) proponen eliminar las expresiones “comuna, provincia y región”.

Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora Alvear, debidamente autorizada, pues también se vincula al derecho a voto de chilenos en el extranjero, que según se dijo, será considerado en otra iniciativa legal.

Artículo 35

Esta norma del proyecto aprobado en general establece que para la segunda votación en la elección presidencial se utilizará el mismo padrón electoral “con carácter de definitivo utilizado en” la primera votación.

La indicación N° 9, de S.E. el Presidente de la República, sugiere suprimir la frase “con carácter de definitivo”.

Esta indicación fue aprobada unánimemente por los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Bianchi, Espina, Larraín, don Hernán, Orpis, Pérez Varela, Sabag, Walker, don Patricio y Zaldívar, con la sola enmienda de incluir en la supresión las palabras “utilizado en” y reemplazarlas por la preposición “de”.

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Enseguida, en la indicación N° 10 el Ejecutivo agrega al artículo 35 un inciso segundo, nuevo, que dispone que cuando deba repetirse la elección presidencial por aplicación del inciso cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28, ambos de la Constitución Política (muerte de uno o de los dos candidatos que postulan en segunda vuelta o Presidente electo afectado por impedimento absoluto), se empleará el padrón electoral utilizado en la primera votación.

También fue aprobada esta indicación N° 10, con la misma votación que la precedente, enmendada en el sentido de suprimir la expresión “ambos” que antecede a los términos “de la Constitución Política de la República.” y sustituir las palabras “utilizado en” por la preposición “de”.

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Artículo 47

Inciso primero

Este precepto del proyecto aprobado en general habilita al que estimare haber sido omitido injustificadamente del padrón electoral con carácter de auditado y publicado conforme al artículo 32, para reclamar dentro de los diez días siguientes a la resolución impugnada ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral.

En la indicación N° 11, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) sugieren agregar a este precepto la oración final “Tratándose de ciudadanos domiciliados en el extranjero, el reclamo se presentará directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones.”.

Correspondiendo la materia de esta indicación al derecho a voto de los chilenos en el extranjero, la Honorable Senadora señora Alvear, autorizada por sus coautores, procedió a retirarla.

Artículo 48

Inciso segundo

En general, esta norma del texto del proyecto permite excluir electores del padrón electoral inscritos con contravención a la ley.

Su inciso segundo declara que cuando estas reclamaciones (las solicitudes de exclusión) involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.

En la indicación N° 12, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) agregan a los electores domiciliados en el extranjero entre los involucrados en la reclamación.

En concordancia con el criterio con que se abordó la indicación precedente, y con la misma autorización, la Honorable Senadora señora Alvear retiró esta indicación.

Artículo 50

Inciso primero

Este precepto aprobado en general define la circunscripción electoral como la unidad territorial básica formada por todo o parte del territorio comunal. En cada circunscripción se determinarán mesas receptoras de sufragios que funcionarán en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

La indicación N° 13, de que son autores los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), agrega al final de este inciso la frase “Habrá una circunscripción electoral en el territorio en que ejerzan su jurisdicción los consulados chilenos en el extranjero.”.

Esta indicación, al igual que las anteriores, fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear.

Número 2

Este número del proyecto aprobado en general reemplaza la numeración del actual Título IV por la de Título VI de la ley de inscripciones electorales y Servicio Electoral, y la de los artículos 87,88 y 89 por 57, 58 y 59. Además, sustituye el actual artículo 90, que pasa a ser artículo 60.

Artículo 60

Esta norma del texto aprobado en general que, cual se dijo, pasó de ser artículo 90 a artículo 60, establece las funciones del Servicio Electoral en ocho literales, a) al h).

En la indicación N° 14, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) proponen la agrupación de los siguientes nuevos literales, a continuación de la letra g), pasando la actual letra h) a ser letra k):

El nuevo literal h) atribuye al Servicio la potestad de disponer medios de movilización gratuitos en zonas rurales aisladas para que los ciudadanos acudan a votar.

El literal i) lo faculta para realizar antes de una elección o plebiscito campañas masivas por los medios de comunicación social que den a conocer las etapas del proceso y su importancia para fortalecer el sistema democrático.

La nueva letra j) declara que el Servicio podrá acreditar el hecho de haberse ejercido el derecho a sufragio, lo que se verificará por medios físicos o electrónicos.

Esta indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de las Comisiones unidas, pues versa sobre materias que la Constitución Política reserva a la iniciativa del Ejecutivo, como son las de proponer nuevas funciones o atribuciones a un órgano de la Administración o comprometer recursos públicos.

Número 4

Este número del proyecto aprobado en general reemplaza los párrafos 2° y 3° del actual Título IV de la ley N° 18.556, que pasa a ser VI.

Artículo 62

Incisos segundo, tercero y cuarto

Este precepto establece la composición del Consejo Directivo del Servicio Electoral (cinco consejeros, uno de los cuales es de designación presidencial).

Su inciso segundo dispone que dentro de los 30 días siguientes al inicio de su mandato, el Presidente de la República designará al quinto consejero, que será el Presidente del Consejo.

El inciso tercero establece que los consejeros designados con acuerdo del Senado durarán ocho años en sus funciones y podrán ser reelegidos hasta por dos veces. Se renovarán por parcialidades de cuatro años.

El inciso cuarto limita a cuatro años el mandato del consejero designado por el Presidente de la República, el que podrá ser reelegido hasta por dos veces.

En la indicación N° 15, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) sugieren la sustitución de estos tres incisos por los dos siguientes:

El primero reproduce el inciso segundo ya transcrito, pero agrega que el consejero de designación presidencial debe serlo con acuerdo de los tres quintos de los senadores en ejercicio.

El segundo limita a cuatro años la duración en el cargo de todos los consejeros, los que podrán ser reelegidos hasta por dos veces.

Esta indicación fue parcialmente aprobada por las Comisiones unidas, sólo en lo que se refiere a la intervención del Senado en la designación del quinto consejero (se acordó que todos los consejeros fueras designados con la aprobación del Senado). No obstante esta aprobación parcial, y conforme lo autoriza el artículo 121 del Reglamento de la Corporación, las Comisiones unidas, con el concurso del Ejecutivo que formuló la correspondiente indicación, resolvieron reestructurar la totalidad del artículo 62, consignando uno nuevo que considera las siguientes materias:

El nuevo precepto (conformado por seis incisos) atribuye al Presidente de la República la facultad de designar a los cinco consejeros, previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio (inciso primero).

El inciso segundo prevé que los consejeros desempeñarán sus funciones por ocho años, pudiendo ser designados para otro período, también de ocho años, por una sola vez. Se renovarán por parcialidades de cuatro años.

El siguiente inciso -el tercero- dispone que serán los consejeros quienes designen al Presidente del Consejo; que éste, en caso de ausencia o impedimento temporal, será subrogado por el consejero que se elija en el acto. En ambos casos, si no se logra mayoría, se procede por sorteo.

El inciso cuarto limita el mandato del Presidente a cuatro años, pudiendo ser reelegido por una sola vez; el subrogante ejercerá el cargo hasta que cese el impedimento o ausencia temporal del titular.

El inciso quinto declara que al cesar un consejero en sus funciones, por cualquier causa, se designará otro en la forma prevista en el inciso primero, que desempeñará el cargo hasta completar el período del reemplazado.

Finalmente, este artículo -inciso sexto- preceptúa que si el que cesa en su cargo es el Presidente, se procederá a la elección de uno nuevo por los consejeros una vez que se haya provisto su cargo de consejero. El nuevo Presidente durará hasta completar el período del que produjo la vacante.

A continuación, las Comisiones unidas, debidamente habilitadas, incorporaron al proyecto un artículo transitorio, que se examinará con mayor detalle en su oportunidad.

El primer inciso de ese precepto, faculta al Presidente de la República para que en la primera propuesta que haga al Senado para designar a los consejeros, indique dos consejeros que durarán cuatro años y tres que durarán ocho años.

El inciso segundo previene que en la primera sesión que celebre, el Consejo elegirá su Presidente. Esta sesión será provisoriamente presidida por el consejero de más edad que asista.

El texto de esta indicación, que cual se dijo contó con el patrocinio del Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, que lo fueron los Honorables Senadores señora Alvear (dos votos), y señores Bianchi, Espina, Orpis, Pérez Varela (dos votos), Rossi, Sabag y Walker, don Patricio.

Como consecuencia de lo anterior, con la misma unanimidad y también habilitada por el artículo 121 del Reglamento de la Corporación, las Comisiones unidas suprimieron en el inciso segundo del artículo 66 (Dispone que presidirá el Consejo su Presidente y a falta de éste, el Vicepresidente) la mención al Vicepresidente atendiendo la nueva redacción que se ha dado al artículo 62, que no considera ese cargo. Por la misma razón, eliminaron del proyecto la letra a) del artículo 67, que atribuye al Consejo la potestad de elegir de entre sus miembros un Vicepresidente). (La eliminación de la letra a) de este artículo obligó a corregir el orden correlativo de sus demás literales y reemplazar en el artículo 66, inciso séptimo, la expresión “i)” por “h)”).

Artículo 63

Inciso primero

Este precepto del texto aprobado en general consigna las exigencias para ser designado consejero. Además de los requisitos generales para ocupar cargos públicos, dispone como tales los de acreditar título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración en una universidad o instituto profesional reconocido por el Estado; experiencia profesional no inferior a cinco años, y no haber desempeñado cargos de representación popular; de Ministro de Estado; de Subsecretario; de Intendente; de Gobernador o de dirigente de partico político en los cinco años anteriores a la designación.

En la indicación N° 16, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) reemplazan la expresión “cinco” por “dos” la segunda vez que aparece en el texto.

Esta indicación resultó unánimemente rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Bianchi, Espina, Larraín, don Hernán, Orpis, Pérez Varela, Sabag, Walker, don Patricio y Zaldívar.

Inciso tercero

Prohíbe a los consejeros afiliarse a partidos políticos mientras sirva sus cargos.

En la indicación N° 17, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) reemplazan la forma verbal “sirva” por “sirvan”.

La indicación N° 17 contó con el asentimiento unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas, que se lo prestaron enmendada y subsumida en el sentido de reemplazar la voz “sirvan” por las de “ejerzan su”. (Unanimidad de los Honorables Senadores señora Alvear (dos votos) y señores Bianchi, Espina, Orpis, Pérez Varela (dos votos), Rossi, Sabag y Walker, don Patricio).

Artículo 65

Inciso primero

Letra f)

Este precepto del texto aprobado en general establece las causales de cesación en el cargo de consejero. En su letra f) tipifica como tal la falta grave a sus obligaciones: entre otras, inasistencia injustificada a tres citaciones consecutivas o a seis sesiones, ordinarias o extraordinarias, en un semestre calendario.

En la indicación N° 18, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) suprimen las expresiones “entre otras” y la coma (,) que la precede.

La indicación N° 18 de este número fue unánimemente aprobada por los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Alvear (dos votos) y señores Bianchi, Espina, Orpis, Pérez Varela (dos votos), Rossi, Sabag y Walker, don Patricio.

Inciso final

Esta norma del artículo 65 declara que en las causas civiles en contra de un consejero o del Director del Servicio conocerá, en primera instancia, un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y, en segunda, esa Corte

La indicación N° 19, de los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), propone eliminar este inciso, y en la indicación N° 20, S.E. el Presidente de la República lo sustituye por otro que declara que a los consejeros y al Director les será aplicable el N° 2 del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales. (Enumera las autoridades de cuyas causas civiles conoce un Ministro de Corte de Apelaciones: el Presidente de la República; los ex Presidentes; los Ministros de Estado; los Senadores; Diputados; miembros de los Tribunales Superiores; el Contralor General de la República; los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas; General Director de Carabineros, Director General de la Policía de Investigaciones y otros).

La indicación N° 19 fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear debidamente autorizada por sus coautores, en tanto que la indicación N° 20 fue aprobada con la misma votación con que se aprobó la indicación N° 18.

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Enseguida, en la indicación N° 21, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) proponen un número 7), nuevo, que agrega a la ley sobre inscripciones electorales un artículo 74 que crea un fondo estatal con aportes de la ley de presupuestos destinado a financiar proyectos sociales para la promoción de la educación cívica y la participación ciudadana, administrado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno (inciso primero).

Podrán postular a este fondo, proyectos y programas públicos o privados que fomenten la participación ciudadana y la educación cívica, patrocinados por municipios, universidades reconocidas por el Estado y organizaciones sociales sin fines de lucro (inciso segundo).

El inciso tercero dispone que el llamado a concurso será anual y un reglamento determinará el procedimiento para formular los proyectos.

Esta indicación fue declarada inadmisible habida consideración de que versa sobre materias que la Constitución Política reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. No obstante tal declaración de inadmisibilidad y a petición de los Honorables Senadoras señoras Allende y Alvear, las Comisiones unidas acordaron oficiar al Ejecutivo con el fin de solicitarle considere patrocinar una indicación o proyecto de ley que recoja las ideas contenidas en ella.

Artículo 2°

N° 2

El artículo 2° del proyecto aprobado en general introduce enmiendas a la ley N° 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios.

El número 2) de este artículo reemplaza el artículo 3° de la ley de votaciones por otro que regula la presentación de las declaraciones de candidaturas. (Se formulan por escrito ante el Director del Servicio Electoral o ante los directores regionales del mismo).

En lo pertinente a este informe, su inciso segundo dispone que las declaraciones se efectuarán por el presidente y el secretario de la directiva central de cada partido o de los partidos que hubieren conformado un pacto o por, a lo menos, cinco ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliado a un partido político, constituido o en formación (artículo 11), con domicilio electoral en el distrito o circunscripción que corresponda al candidato. La declaración se acompañará de otra jurada del candidato, en que conste que cumple los requisitos constitucionales para postular y no está afecto a inhabilidades. La declaración jurada podrá incluir el nombramiento del Administrador Electoral conforme al artículo 30 de la ley N° 19.884 y a ella se adjuntarán sólo los antecedentes que acrediten los estudios del candidato.

La indicación N° 22, de S.E. el Presidente de la República, sugiere suprimir la frase subrayada.

Esta indicación resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Alvear (dos votos), Bianchi, Espina, Orpis, Pérez Varela (dos votos), Rossi, Sabag y Walker, don Patricio.

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A continuación, en la indicación N° 23, el Honorable Senador señor Bianchi propone la intercalación de tres números nuevos al artículo 2° del proyecto.

El primer número nuevo conformado con tres literales incluye tres nuevos incisos en el artículo 3° bis de la ley de votaciones populares y escrutinios.

Mediante el primer literal incorpora un inciso, a continuación del inciso segundo, que habilita a dos o más candidaturas independientes para conformar un pacto electoral, y a una o más de éstas para celebrar pactos electorales con un partido político constituido en la correspondiente región.

El segundo literal también intercala un nuevo inciso a continuación del actual inciso tercero, que dispone, en el caso de un pacto electoral entre dos candidaturas independientes o una candidatura independiente y un partido político, que el pacto regirá en la región en que estén inscritas las candidaturas y constituido el partido.

El tercer literal agrega a continuación del actual inciso cuarto del artículo 3° bis otro inciso que estatuye, en caso de que el pacto electoral esté constituido por candidaturas independientes o una candidatura independiente y un partido político, que dicho pacto se formalizará ante el Director del Servicio Electoral antes del vencimiento del plazo para las declaraciones de candidaturas, con la presentación de una declaración del presidente y del secretario del partido político y del candidato independiente, o declaración de ambas candidaturas independientes, que exprese su voluntad de concurrir en lista conjunta a una elección parlamentaria y que existe afinidad de principio entre los pactantes.

El segundo nuevo número consignado en la indicación suprime el inciso quinto del artículo 4° del texto vigente, que previene que las declaraciones de candidaturas independientes sólo contendrán el nombre de un candidato cualquiera sea el número de cargos a elegir.

El tercer número nuevo que esta indicación sugiere al artículo 2° del proyecto aprobado en general, contiene dos enmiendas al artículo 5° de la ley de votaciones:

La primera intercala en el inciso segundo, a continuación de las expresiones “partidos políticos” la frase “y de candidaturas independientes”. (El referido inciso segundo prescribe que las declaraciones de candidaturas de pactos podrán modificarse por acuerdo de los partidos políticos que lo integran).

La segunda agrega a continuación de la palabra “partidos” en el inciso tercero la frase “y candidaturas independientes”. (El inciso tercero de este artículo 5° autoriza el retiro de candidaturas. En lo que interesa a esta indicación, el precepto declara que el retiro de una declaración de candidatura incluida en un pacto electoral requerirá el acuerdo de todos los partidos que lo integren).

Esta indicación de cuyo debate ha quedado constancia en un acápite precedente de este informe, fue rechazada con los votos de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos), Rincón (dos votos) y Von Baer (dos votos). Votó a favor de ella el Honorable Senador Bianchi.

N° 4

El texto del proyecto aprobado en general, en este número del artículo 2°, reemplaza el inciso segundo del artículo 6° de la ley de votaciones populares y escrutinios.

El precepto vigente previene que las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República podrán hacerse hasta las 24 horas del nonagésimo día anterior a la elección (primera o única votación) o del décimo día siguiente al acuerdo del Senado a que se refiere el inciso segundo del artículo 28 o a la convocatoria dispuesta por el inciso cuarto del artículo 29, ambos de la Constitución Política, que den lugar a una elección extraordinaria. (Nueva elección en caso de impedimento del Presidente electo o vacancia del cargo del Presidente en ejercicio cuando falten menos de dos años para la próxima elección presidencial).

El N° 4 del proyecto aprobado en general restringe el alcance de la disposición comentada señalando que las declaraciones de candidaturas a la Presidencia de la República sólo podrán practicarse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior al de la primera o única votación.

La indicación N° 24, de S.E. el Presidente de la República, reemplaza el texto descrito por otro que regula la misma materia, pero difiere de éste en el sentido de que, además, agrega como referencia para formular la declaración la circunstancia prevista para la repetición de la elección presidencial, es decir, que la declaración podrá practicarse hasta los treinta días siguientes a la convocatoria para la segunda votación en los casos del artículo 26, inciso cuarto, ó 28, inciso segundo, ambos de la Constitución Política. (Caso de muerte de uno de los candidatos en la segunda vuelta e impedimento del Presidente electo, respectivamente).

Esta indicación también fue aprobada unánimemente por las Comisiones unidas, con los votos de sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Allende y Von Baer y señores Bianchi, Espina, Orpis, Walker, don Patricio y Zaldívar. (En correspondencia con la supresión de la palabra “ambos” del nuevo texto al inciso segundo del artículo 35 propuesto por la indicación N° 10, al inciso segundo del artículo 6° en informe, también se le eliminó esa expresión.).

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N° 7

A continuación, la indicación N° 25, del Honorable Senador señor Bianchi, suprime el inciso tercero del artículo 17, proposición que debe entenderse formulada al texto del precepto vigente, pues el proyecto, en el numeral 7° del artículo 2°, sugiere el reemplazo de este artículo por otro conformado sólo por dos incisos.

El inciso tercero del texto vigente prescribe que las declaraciones de candidaturas independientes, patrocinadas por afiliados a partidos políticos no invalidarán la candidatura, salvo que representen más del cinco por ciento del total del patrocinantes.

Esta indicación fue retirada por su autor.

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El Boletín de Indicaciones consigna, a continuación, la indicación N° 27, (altera la numeración correlativa de las indicaciones) de que son autores los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), que intercala en el artículo 17 un nuevo inciso tercero, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto (se plantea igual situación que la explicada con relación a la indicación N° 25, pues el nuevo texto del artículo 17 contenido en el proyecto, según se dijo, no tiene inciso tercero).

La nueva norma propuesta en la indicación expresa que el Director del Servicio Electoral rechazará las declaraciones de candidaturas que no cumplan las prohibiciones dispuestas en la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. (No sobrepasar el límite al gasto electoral dispuesto en la ley; prohibición de aportar a un mismo candidato a alcalde o concejal el equivalente a más de mil unidades de fomento; mil doscientas cincuenta por candidato a diputado o senador, y dos mil unidades de fomento en el caso de candidaturas presidenciales; prohibición de aportes de personas naturales y jurídicas extranjeras, salvo los extranjeros habilitados para votar; prohibición de aportes de campaña electoral de los órganos de la Administración, empresas del Estado o de aquellas en que este, sus empresas o sociedades tenga participación; prohibición de aportes a campaña electoral de personas jurídicas que reciban subvenciones del Estado que superen el quince por ciento de sus ingresos; prohibición de aportes de campaña electoral de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado sin fines de lucro, con excepción de los partidos políticos).

Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear, autorizada por sus coautores.

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N° 8

La indicación N° 26 incluida en este acápite en el Boletín de Indicaciones, de autoría del Honorable Senador señor Bianchi, incorpora a su vez al proyecto cuatro números nuevos.

El primero agrega al final del inciso segundo del artículo 19 (debe entenderse el del texto vigente de la ley de votaciones populares y escrutinios y no el de la proposición contenida en el proyecto, atendida la materia de que trata la indicación) la frase “en caso de no conformar un pacto electoral en la respectiva Región”, precedida de una coma (,).

El precepto en vigor señala que las declaraciones constituirán listas en los respectivos distritos y circunscripciones. En el caso de los candidatos independientes a diputado o a senador cada declaración suscrita constituirá una nómina.

El segundo nuevo número consignado en este indicación intercala en el inciso cuarto del artículo 20 (texto vigente), a continuación de las palabras “candidaturas independientes”, la frase “en caso de no encontrarse en un pacto electoral en su respectiva Región”.

La norma actual regula la situación de un candidato a parlamentario que fallece entre las cero horas del octavo día anterior a la elección y el momento en que el Tribunal Calificador de Elecciones proclama a los elegidos. En tal evento, el candidato no será reemplazado y sus votos favorecerán al otro candidato de su lista, si lo hubiere. A falta de otro candidato o en el caso de candidaturas independientes, los votos se consideran nulos.

El tercer nuevo número propuesto en la indicación N° 26, agrega en el inciso tercero del artículo 23 (texto vigente), a continuación de la palabra “independiente” la frase “que haya celebrado pacto electoral en la respectiva Región”.

En lo pertinente a la indicación, el mencionado precepto establece que a cada candidatura independiente a diputado o senador, el Director le asignará un número cardinal correlativo de acuerdo con el orden de su recepción.

Por último, el cuarto número que la indicación agrega al proyecto sustituye los incisos cuarto y quinto del artículo 31 (texto de la ley vigente) por otro que prescribe que en las elecciones de diputados y senadores a cada región le corresponderá un tiempo por día que se dividirá semanalmente entre las regiones pares e impares. En cada día de propaganda se distribuirá el tiempo en forma equivalente entre los candidatos.

(El artículo 31 del texto actual de la ley de votaciones populares y escrutinios, en general, dispone que los canales de televisión de libre recepción destinarán gratuitamente treinta minutos diarios a propaganda electoral en las elecciones de Presidente de la República, diputados y senadores, únicamente de diputados o de plebiscitos nacionales).

Esta indicación fue declarada inadmisible en razón de que aborda materias que se alejan de las ideas matrices del proyecto, como son las consignadas en el último número que propone (propaganda televisiva).

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Seguidamente, en la indicación N° 28 los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) proponen la intercalación de cinco nuevos números al artículo 2° del proyecto, con las siguientes finalidades:

El primero sugiere cuatro enmiendas al artículo 30 de la ley de votaciones y escrutinios en vigor, que regula la propaganda electoral.

La primera -letra a)- intercala un inciso segundo, nuevo, que define la propaganda preelectoral como aquella que tiene por objeto lograr presentar una candidatura, sea por un partido político, pacto electoral o como independiente, en el período que media entre una elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección.

La segunda enmienda de este primer nuevo número -letra b)- agrega la voz “preelectoral” entre la palabra “electoral” y la conjunción “o” en el nuevo inciso. (El referido precepto dispone que el financiamiento de los gastos en propaganda electoral o plebiscitaria sólo puede provenir de recursos de origen nacional).

La tercera enmienda -letra c)- incorpora en el inciso (quinto) (cuarto del texto vigente) antes de las palabras “La propaganda” la frase “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo” e intercala entre los vocablos “propaganda” y “electoral” el término “propiamente”.

(Este precepto -inciso cuarto de la ley en vigor- declara que la propaganda electoral por medio de la prensa, radio y TV sólo podrá practicarse desde 30 días y hasta el tercer día anterior a la elección o plebiscito).

La siguiente enmienda recaída en el artículo 30 -letra d)- intercala en el inciso séptimo (sexto del texto vigente) entre la palabra “electoral” y la preposición “en” el vocablo “preelectoral”.

“El referido precepto, en lo que interesa a este informe, prohíbe la propaganda electoral en cinematógrafos y otras salas de exhibición).

Luego, la indicación N° 28, también en un nuevo número, agrega al artículo 31 del texto vigente de la ley de votaciones un inciso final que prohíbe, en el extranjero, toda propaganda electoral como no sea la que consiste en material que los candidatos envíen o entreguen a los electores.

El número siguiente que la mencionada indicación N° 28, incorpora dos enmiendas al artículo 32 del texto vigente de la ley electoral.

La primera intercala en el inciso primero, entre la palabra “electoral” y la preposición “con”, el término “preelectoral”.

El precepto afectado por la indicación, en lo pertinente, prohíbe la campaña electoral con pintura, carteles y afiches adheridos en muros exteriores y cierros.

La segunda enmienda intercala en el inciso segundo, entre la voz “electoral” y el pronombre “que” el término “preelectoral”; entre la palabra “candidatos” y la conjunción “y” el vocablo “precandidatos” precedido de una coma (,); y antes del artículo “La” de este inciso incorpora la oración: “Durante el período que media entre una elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular, sólo podrá efectuarse propaganda electoral por medio de volantes y elementos o afiches estáticos, de acuerdo al inciso primero del presente artículo.”.

(El referido precepto del inciso segundo obliga a los municipios a retirar la propaganda electoral que se haga con infracción a este artículo y a los candidatos y partidos reembolsar los gastos del retiro).

Posteriormente, esta indicación N° 28 propone dos modificaciones al artículo 33 del texto vigente de la ley de votaciones.

Mediante la primera, incluye en su texto un nuevo inciso segundo que dispone que en el período que media entre una elección popular y el día que vence el plazo para declarar candidaturas de la próxima elección, sólo se podrá hacer referencia al nombre o imagen de una persona que busque el apoyo de un partido o pacto o el patrocinio para una candidatura independiente.

La segunda modificación consiste en agregar al artículo 33 un tercer inciso, nuevo, que establece como causal de rechazo de las declaraciones de candidaturas la vulneración del inciso anterior (el que corresponde a la primera modificación de este artículo 33 del texto vigente). Cualquier otra referencia distinta al nombre o imagen del precandidato será sancionada conforme a las reglas generales.

Finalmente, esta indicación N° 28 reemplaza el actual texto del artículo 35 de la ley de votaciones populares por otro que atribuye al Cuerpo de Carabineros la función de fiscalizar el cumplimiento de los artículos 30 y 32 (normas sobre propaganda electoral), con excepción de lo relativo a la prensa, radio y televisión o a la propaganda hecha fuera del territorio nacional. También faculta a la policía uniformada para retirar la propaganda que contravenga esas disposiciones, dando cuenta al juez de policía local.

Esta indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de las Comisiones unidas, por estimarse que incide en asuntos ajenos a la idea matriz del proyecto. Sin embargo, y al igual que en el caso de la indicación N° 21 precedentemente reseñada, al compartir el mérito de la iniciativa, las Comisiones unidas acordaron oficiar al Ejecutivo solicitándole considerar el envío de un proyecto de ley que incluya su contenido.

N° 18

Artículo 41

Inciso segundo

El inciso segundo del nuevo artículo 48 propuesto en el proyecto aprobado en general expresa que para designar a los vocales, el trigésimo día anterior a la elección cada miembro de la junta electoral escogerá diez nombres que corresponderán a diez ciudadanos que sufragan en el respectivo padrón de mesa. Si la junta funciona con dos miembros, cada uno elige quince nombres.

En la indicación N° 29, S.E. el Presidente de la República propone sustituir este precepto por otro que recoge la misma idea en los siguientes términos: para la designación de vocales, desde el día cuadragésimo quinto anterior a la elección, cada miembro de la junta elige diez nombres que aparezcan en la mesa receptora del padrón electoral con el carácter de auditado (artículo 32 de la ley N° 18.556). Si la junta funciona con dos miembros, cada uno elige quince nombres.

Esta indicación contó con la aprobación unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas, que lo fueron los Honorables Senadores señoras Alvear (dos votos) y Von Baer y señores Bianchi, Espina, Escalona y Pérez Varela (dos votos).

N° 23

Este número del proyecto aprobado en general consigna dos modificaciones para el artículo 49 del texto vigente de la ley de votaciones populares y escrutinios, precepto que obliga a los vocales de las mesas receptoras a constituirse en el lugar fijado para su funcionamiento o determinado por la junta electoral, a las 14 horas del último sábado que preceda al tercer día anterior a la elección o plebiscito.

El número 23) en informe reemplaza la expresión “a las catorce horas del último sábado que preceda al tercer día anterior” por “a las quince horas del día sábado”, e incorpora a este artículo un inciso tercero, nuevo, que agrega que en esta misma ocasión el Servicio dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando la aplicación de criterios objetivos y homogéneos. La asistencia a la capacitación es voluntaria.

En la indicación N° 30, S.E. el Presidente de la República reemplaza este número 23 por otro que también incluye dos enmiendas al artículo 49.

La primera sustituye en el inciso primero la frase “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer” por “a las quince horas del”, y la segunda también agrega un tercer inciso a este precepto que atribuye al Director del Servicio Electoral la potestad de disponer la capacitación de los vocales respecto de las atribuciones que ejercerán el día de la elección, fomentando la aplicación de criterios objetivos y homogéneos. También agrega al final la declaración de que esta capacitación es voluntaria. (La indicación suprime la mención a la ocasión en que se ejercerá esta atribución).

Ambas enmiendas contenidas en la indicación resultaron aprobadas por las Comisiones unidas, que se la prestaron con la misma unanimidad que la indicación precedente.

N° 24

Artículo 52

Recae en el artículo 52 de la ley de votaciones. Este número del artículo 2° del proyecto reemplaza el inciso segundo de ese precepto por otro que entrega al Secretario de la Junta Electoral la potestad de requerir a la Comandancia de Guarnición, con sesenta días de anticipación a la audiencia (en la que se designan a los vocales de las mesas receptoras), un informe acerca de los locales públicos o privados más adecuados para el funcionamiento de las mesas. Previene además que el jefe militar podrá por sí o por delegado concurrir a esa audiencia y proponer otros locales. Concluye señalando que, en lo posible, la asignación de las mesas se hará tratando de mantener las asignaciones anteriores.

En la indicación N° 31, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) agregan, a continuación del término “Electoral” la frase “salvo en los casos de Juntas Electorales que funcionen fuera del territorio nacional.”, precedida de una coma (,).

Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear, autorizada por sus coautores, en concordancia con el acuerdo de considerar las materias relativas al derecho a voto de los chilenos en el extranjero en una nueva y distinta iniciativa.

N° 25

Artículo 54

Inciso quinto

Numeral 6)

Este número del proyecto reemplaza el artículo 54 del texto vigente de la ley de votaciones populares y escrutinios (regula las funciones del delegado de la junta electoral en el local de votación).

El inciso quinto del nuevo precepto, en su numeral 6), dispone que el delegado, entre sus atribuciones, tendrá la de requerir el auxilio de la fuerza pública encargada del orden público.

En la indicación N° 32, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) proponen intercalar la frase “cuando sea procedente” precedida de una coma (,), después de la forma verbal “Requerir”.

Esta indicación fue rechazada con los votos de los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pérez Varela (dos votos) y el voto a favor de los Honorables Senadores señora Alvear (dos votos) y Escalona.

N° 30

Artículo 60

En este número el proyecto reemplaza el artículo 60 de la ley de votaciones (define quiénes son electores) por otro que se ocupa de la misma materia declarando que lo son los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los padrones de mesa, que hayan cumplido 18 años de edad al día de la votación.

Agrega que el elector debe votar en todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral al que concurra.

En la indicación N° 33, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) proponen la agregación de un nuevo inciso para el precepto transcrito que declara, en conformidad con la Constitución Política, que respecto de los que voten en el extranjero no se pueden exigir requisitos adicionales a los que votan en el territorio nacional.

Al versar sobre un asunto que dice relación con el derecho a voto de los chilenos en el extranjero, esta indicación fue retirada, con autorización de sus coautores, por la Honorable Senadora señora Alvear.

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Enseguida, en la indicación N° 34, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) agregan un inciso final al artículo 63 del texto vigente, modificado por el N° 33 del artículo 2° del proyecto.

El referido precepto dispone la forma de regular las disconformidades que surjan entre el padrón de mesa y la identidad del elector.

El nuevo inciso final que sugiere la indicación previene que tratándose de mesas que funcionan en el extranjero, corresponderá a la mesa determinar si el elector sufraga o no ante disconformidades notorias y manifiestas, dejándose constancia en el acta.

Al igual que la precedente y con la misma habilitación, esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear.

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N° 42

Artículo 76 bis

Inciso primero

Este número del proyecto propone incorporar un artículo 76 bis a la ley de votaciones, cuyo inciso primero atribuye al Servicio Electoral la facultad de instalar en la oficina electoral del local de votación un delegado que reciba los ejemplares del acta a que se refiere el inciso cuarto del artículo 72 (copia del acta del escrutinio de la votación que se practica en la mesa receptora) cuyos datos procederá a ingresarlos o transmitirlos al sistema computacional del Servicio.

En la indicación N° 35, S.E. el Presidente de la República propone reemplazar la frase “ingresarlos o transmitirlos” por la forma verbal “incorporarlos”.

Esta indicación fue aprobada por las Comisiones unidas por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear (dos votos) y Von Baer y señores Bianchi, Escalona y Pérez Varela (dos votos).

N° 44

Este número del proyecto aprobado en general sustituye en el inciso primero del artículo 80 la palabra “Director” por “Consejo” y la frase “o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito” por “o plebisicito”.

En la indicación N° 36, S.E. el Presidente de la República mantiene estas modificaciones y les agrega la de reemplazar el vocablo “veinte” por “cuarenta y cinco”.

El texto vigente, en lo pertinente, previene que existirán los colegios escrutadores que determine el Director del Servicio Electoral por resolución que se publicará con a lo menos veinte días de anticipación a aquel en que se deba celebrar una elección o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a plebiscito.

Esta indicación fue aprobada por las Comisiones unidas por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear (dos votos) y Von Baer y señores Bianchi, Escalona, Espina y Pérez Varela (dos votos).

N° 55

Artículo 89

Inciso segundo

Este número consigna el texto de reemplazo del artículo 89 de la ley de votaciones dispuesto en el proyecto.

El referido texto establece en su inciso primero que resueltas las discrepancias (diferencias entre la suma real de los votos de cada candidato, nulos y blancos y los totales indicados en el acta), se obtendrá el resultado definitivo del colegio escrutador.

En su inciso segundo prescribe que deberá levantarse acta en que se harán constar los hechos o circunstancias que se describen en los siete literales que siguen. En la letra e) la primera vez que aparece (la segunda vez se incluye como un literal de por medio que debe considerarse como literal g), dispone que en el acto se hará contar un detalle de las mesas que el colegio no pudo escrutar “o no pudo revisar la digitación efectuada en los locales de votación en el día anterior” por no haber recibido la correspondiente acta de escrutinio.

En la indicación N° 37, S.E. el Presidente de la República sugiere suprimir la frase “la digitación efectuada en los locales de votación en el día anterior” y sustituir la segunda letra “e” por una “g”.

La indicación N° 37 fue aprobada con la misma votación que la precedente.

N° 59

Este número del proyecto reemplaza los incisos primero y segundo del artículo 97, precepto que habilita a cualquier elector para pedir la rectificación de los escrutinios cuando en éstos se ha incurrido en omisiones o errores numéricos.

En lo que interesa a este informe, el nuevo inciso segundo propuesto en el texto aprobado en general dispone que las solicitudes de rectificación de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones y plebiscitos se formularán ante el Tribunal Electoral Regional del territorio en que se hubieren cometidos los hechos que fundamentan el reclamo.

En la indicación N° 38, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) sugieren la intercalación, a continuación de la voz “reclamo”, de la frase “o directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones si los hechos se hubieren cometido en el extranjero”.

Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear, debidamente autorizada, por tratar acerca de una materia que se vincula al derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

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En la indicación N° 39, los mismos señoras y señores Senadores autores de la indicación precedente, proponen la agregación de dos nuevos números al artículo 2° del proyecto que recaen en los artículos 98 y 99 del texto vigente de la ley de votaciones.

El primero incide en el inciso primero del artículo 98 y consiste en intercalar, a continuación de la palabra “Electoral” la frase “o ante el Tribunal Calificador de Elecciones, según corresponda”, precedida de una coma (,).

El precepto mencionado, en lo pertinente, prescribe que dentro de los cinco días siguientes a la resolución que admita a tramitación el reclamo, se rendirán ante el Tribunal Electoral Regional las informaciones, contrainformaciones y pruebas que ameriten la nulidad.

El segundo nuevo número contenido en la indicación modifica el inciso primero del artículo 99 para agregar la frase “o de votaciones realizadas en el extranjero”, precedida de una coma (,), a continuación de la palabra “República”. (La expresión “República” no aparece mencionada en este nuevo inciso, el cual se refiere a las denuncias criminales que deban practicarse con ocasión de los reclamos, ante un hecho o circunstancia que tenga carácter de delito. En consecuencia, la indicación debiera estar referida al artículo 99 bis, introducido por el N° 60 del artículo 2° del proyecto, que en lo pertinente dispone que tratándose de la elección del Presidente de la República, las solicitudes de rectificación de escrutinios se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones).

Debidamente autorizada, esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear, pues al tenor de la explicación precedente, se vincularía con el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

N° 61

Este número del proyecto propone la agregación de un artículo 101 bis a la ley de votaciones, que impone al Servicio Electoral la obligación de poner a disposición del Tribunal los resultados de los colegios escrutadores en formato digital.

En la indicación N° 40, S.E. el Presidente de la República sugiere el reemplazo del mencionado artículo por otro que reproduce el mismo mandato, pero explica que esos resultados deben ser los que sirvieron para generar los cuadros de resultados conforme al inciso primero del artículo 89, los cuales han de ser concordantes con los cuadros remitidos al Tribunal por disposición del artículo 91.

Esta indicación resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, que lo fueron los Honorables Senadores señora Alvear (dos votos) y señores Bianchi, Escalona, Espina y Pérez Varela (dos votos).

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A continuación, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), en la indicación N° 41, incorporan tres nuevos números al artículo 2° del proyecto.

El primero intercala en el inciso primero del artículo 111 del texto vigente, a continuación del término “localidades” la frase “ubicadas dentro del territorio nacional”.

El precepto objeto de esta indicación faculta al Presidente de la República para designar, cuarenta días antes de la elección, a los oficiales de las Fuerzas Armadas o de Carabineros que tendrán a su cargo el mando de la fuerza encargada del orden público en las localidades donde funcionarán las mesas receptoras y los colegios escrutadores.

El segundo nuevo número intercala en el artículo 125 de la actual ley, entre las palabras “electoral” y “será”, el vocablo “preelectoral”.

La referida disposición prescribe que el administrador de un cinematógrafo o sala de video en que se realice propaganda electoral, será sancionado con la multa que el precepto indica.

El tercer número propone idéntica indicación en el artículo 126, que se refiere a las infracciones a la propaganda electoral en la vía o lugares públicos.

Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear con autorización de sus coautores, de acuerdo con el compromiso de incluir las materias relativas al derecho a voto de los chilenos en el extranjero en otro proyecto de ley.

N° 72

Este número del texto aprobado en general suprime del inciso primero del artículo 157 las expresiones “independientes, en su caso,”.

El mencionado inciso establece que los partidos políticos y los candidatos independientes, en su caso, declararán la ubicación de sus sedes ante la Junta Electoral, con quince días de anticipación a la elección o plebiscito.

En la indicación N° 42, S.E. el Presidente de la República elimina este número.

Esta indicación contó con la aprobación unánime de las Comisiones unidas, con los votos de los Honorables Senadores señora Alvear (dos votos) y señores Bianchi, Escalona, Espina y Pérez Varela (dos votos).

Los números 73 y 74 pasan a ser números 72 y 73, sin enmiendas.

N° 75

Pasa a ser N° 74.

Este número del proyecto reemplaza el artículo 160 de la ley de votaciones, que establece los requisitos para ser designado apoderado por los partidos y candidatos independientes.

El inciso segundo del texto sustitutivo propuesto en el proyecto declara que no podrán ser apoderados los Ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los consejeros regionales, los gobernadores y los alcaldes; los magistrados de los tribunales superiores, los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de policía local, los jefes superiores de servicio y secretarios regionales ministeriales; el Contralor General de la República y los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Tampoco lo serán los no videntes y los analfabetos.

En la indicación N° 43, S.E. el Presidente de la República suprime de este inciso sustitutivo la denominación “Consejeros Regionales”.

Esta indicación resultó aprobada por mayoría de votos. Se pronunciaron favorablemente a ella los Honorables Senadores señora Von Baer y los señores Bianchi, Espina y Pérez Varela (dos votos). Por la negativa lo hicieron los Honorables Senadores señora Alvear (dos votos) y señor Escalona.

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A continuación, en la indicación N° 44, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) agregan dos nuevos números al texto del proyecto.

El primer número incorpora un inciso segundo al artículo 169 de la ley de votaciones, precepto que declara feriado legal el día que se celebre una elección o plebiscito.

El nuevo inciso dispone que ese día será feriado obligatorio e irrenunciable para los dependientes del comercio, con excepción de los que trabajan en clubes, restaurantes y establecimientos de entretenimiento (cines, espectáculos vivos, discotecas, bares, casinos de juegos y otros).

Tampoco será aplicable este feriado a los que se desempeñen en el expendio de combustibles o en farmacias de urgencia y de turno.

Finalmente, sanciona las infracciones a su normativa en la forma dispuesta por el artículo 2° de la ley N° 19.973. (Multa de 5 unidades tributarias mensuales por cada trabajador afectado por la infracción; si fueren más de 50 trabajadores la multa ascenderá a 10 UTM por trabajador, y si son más de 200, la muta será de 20 UTM por trabajador).

Enseguida, la indicación propone otro número que agrega a la ley de votaciones tres nuevos artículos: 169 bis; 169 ter y 169 quáter.

El primero -artículo 169 bis- dispone que los establecimientos de atención parvularia (salas cunas, guarderías) del Estado o financiados por éste funcionarán en los días de elecciones o plebiscitos, disponiendo su administrador las medidas que permitan concurrir a votar a sus funcionarios.

El segundo artículo -169 ter-, que durante esos días el transporte de pasajeros remunerado funcionará gratuitamente, y

El tercero -artículo 160 quáter- prohíbe a las candidaturas y partidos contratar medios de transporte masivo el día de los comicios, con excepción de lo dispuesto en la letra h) del artículo 60 de la ley N° 18.556.

Esta indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de las Comisiones unidas, pues su texto se aleja de las ideas matrices de este proyecto de ley.

Con todo, la Honorable Senadora señora Alvear solicitó oficiar al Ejecutivo para que proponga un proyecto de ley sobre esta materia, de evidente beneficio para los trabajadores o solicitarle que otorgue un patrocinio a esta indicación.

Números 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82

Pasan a ser Números 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81, sin enmiendas.

N° 83

Pasa a ser N° 82.

Artículo 175 bis

Inciso segundo

Este precepto del texto aprobado en general dispone que para tener informada a la opinión pública respecto del acto eleccionario o plebiscitario, el Servicio Electoral acreditará un encargado de recibir las copias de las actas de las mesas receptoras e ingresar los resultados al sistema computacional o en defecto del sistema computacional, remitirla al Servicio Electoral en la forma que éste determine.

En la indicación N° 45, S.E. el Presidente de la República propone reemplazar la forma verbal “ingresar” por “incorporar” y suprimir la frase subrayada.

Esta indicación resultó aprobada por las Comisiones unidas con los votos de sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Alvear (dos votos) y Von Baer y señores Bianchi, Escalona, Larraín, don Hernán, y Pérez Varela.

Inciso tercero

Esta norma del texto aprobado en general previene que para el desempeño adecuado del encargado de recibir las actas, el municipio le habilitará una instalación eléctrica en el local de votación.

En la indicación N° 46, S.E. el Presidente de la República agrega a la norma descrita un precepto que impone a las intendencias y gobernaciones la obligación de darle a ese funcionario las facilidades para asegurar el respaldo de los resultados y su traslado expedito.

Esta indicación fue unánimemente aprobada por las Comisiones unidas con la misma votación que la precedente.

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A continuación en la indicación N° 47, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) incorporan un nuevo número al proyecto en virtud del cual se reemplaza el artículo 176 por otro que prohíbe divulgar en Chile, antes de las 19 horas de Chile continental, los resultados electorales que se produzcan en el exterior el día de la elección.

Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear, autorizada por sus coautores, pues también se vincula con el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

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El número 84 pasa a ser número 83, sin enmiendas.

N° 85

Pasa a ser número 84.

Este número del proyecto incorpora un Título XII, nuevo, a la ley de votaciones populares, que regula el funcionamiento de las juntas electorales.

Artículo 182

Este precepto del texto aprobado en general, que encabeza el Título XII, preceptúa que en cada provincia habrá una junta electoral que tendrá las funciones que esta y las demás leyes le encomienden.

En la indicación N° 48, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) reemplazan este artículo con otro que reproduce la misma norma, pero agrega que también habrá una junta electoral en el territorio en que ejerzan jurisdicción los consulados de Chile.

Habilitada por sus suscriptores, esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear, por la misma razón que la que la precede.

Artículo 184

En este artículo el proyecto aprobado en general establece la integración de las juntas electorales. En las capitales de provincia que sean asiento de Corte de Apelaciones, las conformarán el Fiscal Judicial, el Defensor Público y el Conservador de Bienes Raíces, siendo el primero el Presidente y Secretario el último.

En las demás capitales de provincia se integrarán con el Defensor Público, el Notario Público y el Conservador de Bienes Raíces. También será su Presidente el primero y Secretario el último.

En su inciso tercero prevé que si hay más de un funcionario de los mencionados, integrará la junta el más antiguo en la respectiva categoría.

En la indicación N° 49, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) incorporan un inciso cuarto a este artículo que declara que a falta de los funcionarios mencionados, la designación podrá recaer en cualquier ciudadano habilitado para votar en la respectiva jurisdicción.

Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear, autorizada por sus coautores, en atención a que, según se dijo, la relevancia de esta función amerita que ella sea asumida por funcionarios de la administración de justicia de esa jerarquía.

Artículo 186

Inciso primero

Este precepto del texto aprobado en general dispone que para la designación de los integrantes de las juntas electorales, el Servicio Electoral solicitará a la Corte Suprema la nómina de los funcionarios y auxiliares de la administración de justicia con jurisdicción en el territorio de cada junta.

En la indicación N° 50, S.E. el Presidente de la República sugiere intercalar, a continuación de la voz “justicia” la frase “señalados en los artículos 184 y 185 anteriores”.

Esta indicación fue aprobada por las Comisiones unidas con los votos de los Honorables Senadores señoras Alvear (dos votos) y Von Baer y señores Bianchi, Escalona, Larraín, don Hernán y Pérez Varela.

Artículo 3°

Este artículo del texto aprobado en general propone enmiendas a la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades.

N° 2

Este número del artículo 3° del proyecto reemplaza en el artículo 100 de la ley municipal la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna” por “habilitados para votar en la comuna”.

El referido precepto de la ley vigente, en lo que compete a este informe, dispone que para que proceda el plebiscito por requerimiento ciudadano deberá concurrir con su firma ante notario u oficial del Registro Civil, a lo menos, el 5% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna.

En la indicación N° 51, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) sugieren sustituir el numeral 2) del proyecto por otro que expresa “Sustitúyese, en el artículo 100, la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna” por “que sufragaron en la última elección municipal.”.”

Esta indicación fue aprobada por los miembros presentes de las Comisiones unidas, que lo fueron los Honorables Senadores señora Alvear (dos votos), Larraín, don Hernán (dos votos) y Zaldívar (dos votos) quienes además, habilitados por el artículo 121 del Reglamento de la Corporación, aumentaron al 10% el porcentaje del 5% previsto en el artículo 100 de la ley municipal, en concordancia con otro proyecto de ley sobre plebiscitos comunales, (Boletín N° 7.308-06), que consignó dicho porcentaje (10%) en el referido artículo 100 para que los ciudadanos de la comuna requieran la celebración de estas consultas.

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Enseguida, en la indicación N° 52, S.E. el Presidente de la República propone intercalar en el proyecto de ley los siguientes N°s. 8, 9, 10 y 11, nuevos:

El nuevo número 8) de este artículo 3° modifica el artículo 121 de la ley municipal que dispone que para determinar los votos de lista, el tribunal revisará las preferencias emitidas en favor de cada candidato de una misma lista.

La modificación consiste en anteponer un inciso primero al precepto transcrito que declara que se considerará que constituyen una lista los pactos electorales, los partidos partícipes de la elección sin integrar pactos y cada candidatura independiente que no forme parte de un pacto.

El nuevo número 9) sustituye el artículo 122 de la ley municipal, que determina el cuociente electoral.

La norma de reemplazo dispone que para ese efecto (determinación del cuociente electoral) los votos de lista se dividirán por uno, dos, tres, cuatro y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes por lista como concejales a elegir, los cuales (los cuocientes) se ordenarán decrecientemente hasta el que ocupe la posición ordinal que corresponda al número de concejos a elegir, el cual será el cuociente electoral.

Los elegidos se determinan dividiendo el total de votos de la lista por el cuociente electoral.

El nuevo número 10) reemplaza el N° 3 del inciso primero del artículo 123 del texto municipal (establece reglas para determinar los candidatos a concejal elegidos dentro de cada lista) por otro que previene que en caso de que el número de candidatos presentados fuere inferior al de los concejales que corresponde elegir por cada lista, se proclamarán todos dichos candidatos, reasignándose el sobrante entre las demás listas.

Agrega que si fuere más de uno los cargos sobrantes se avanzará en el orden decreciente de los cuocientes tantas veces como cargos sobrantes existan.

Por último, el N° 11) nuevo, propuesto, reemplaza el artículo 124 de la ley municipal por otro que prescribe que para determinar los candidatos elegidos en una lista de pacto, se sumarán los votos de los candidatos de cada partido o de los subpactos. Después se repetirá el procedimiento de los artículos 122 y 123, considerando como lista a cada integrante del pacto, en el caso de partidos, de subpactos o de candidatos independientes que no hubieren subpactado.

Esta indicación N° 52 resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Allende y Alvear (dos votos) y señores Larraín, don Hernán (dos votos) y Zaldívar (dos votos).

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Artículo 6°

Este artículo del proyecto aprobado en general propone enmiendas a la ley N° 19.884, sobre límite y control del gasto electoral.

N° 1)

Su N° 1) propone tres enmiendas al artículo 4° del cuerpo legal mencionado.

La primera -letra a)- reemplaza en el inciso tercero la frase “inscritos en los Registros Electorales” por “electores”.

(El referido inciso fija el monto máximo del gasto electoral de un candidato a diputado; esto es, la cantidad de 1500 unidades de fomento más la suma que resulte de multiplicar por tres centésimos de unidad de fomento el número de inscritos en los registros electorales en el respectivo distrito).

La indicación N° 52 A, de los Honorables Senadores señora Alvear y señor Gómez reemplaza la palabra sustitutiva “electores” por la frase “personas que hayan sufragado en la última elección parlamentaria”.

La segunda enmienda recae en el inciso cuarto -letra b)- precepto que fija el monto máximo de gasto electoral de los candidatos a alcalde, empleando una fórmula similar e igual nomenclatura de palabras que el inciso precedente.

La enmienda propuesta en el proyecto también reemplaza en este inciso cuarto la frase “inscritos en los Registros Electorales” por “electores”.

La indicación N° 52 B, de los mismos autores de la indicación anterior, sugiere igual sustitución que ésta, es decir, reemplazar la voz “electores” por “personas que hayan sufragado en la última elección municipal”.

La tercera, letra c) del N° 1 del artículo 6° del proyecto, reemplaza en el inciso quinto del artículo 4° de la ley sobre límite y control del gasto electoral la frase “inscrito en los Registros Electorales del) por “electores en el”.

El referido precepto, al igual que los anteriores, regula la limitación del gasto de las candidaturas de elección popular, esta vez a Presidente de la República, que emplea los términos que se pretende reemplazar para determinar el gasto.

En la indicación N° 52 C, también de los mismos autores de la anterior, se propone la sustitución de las expresiones “electores en el” por la oración “personas que hayan sufragado en la última elección presidencial en el”.

Estas indicaciones 52 A, 52, B y 52 C fueron retiradas por la Honorable Senadora señora Alvear con autorización de sus coautores, entendiendo que su contenido puede quedar regulado en otro proyecto de ley.

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A continuación, en la indicación N° 52 D los Honorables Senadores señora Alvear y señor Gómez intercalan un nuevo número al proyecto por el que proponen un inciso final al artículo 5° bis (debe entenderse de la ley de límite y control de gasto electoral).

La nueva disposición previene que el candidato que exceda el límite electoral deberá cesar en sus funciones.

Esta indicación fue declarada inadmisible pues excede los requisitos consignados en la Constitución para las candidaturas a diputado o a senador.

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A su turno, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio), en la indicación N° 53, también incorporan nuevos números al proyecto (que con la excepción que se señalará más adelante, debe entenderse que proponen enmiendas a la ley de límite y control del gasto electoral).

El primer nuevo número, conformado con las letras a) a j) propone enmiendas al artículo 2° de la ley sobre límite al gasto electoral.

El texto vigente del referido precepto, integrado por un inciso conformado con nueve letras, define el gasto electoral y enuncia los conceptos que lo constituyen.

Del modo dicho, en su encabezamiento el precepto entiende por gasto electoral todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de equipos, oficinas y servicios de partidos políticos y candidatos con ocasión o a propósito de una elección. Enseguida, considera como gastos electorales los que se efectúen por los conceptos que indica a continuación, que se enuncian y describen en las letras mencionadas: a) propaganda; b) encuestas; c) arrendamiento de inmuebles y bienes inmuebles, y así sucesivamente hasta la letra i).

La indicación reorganiza este artículo separando en dos incisos su encabezamiento. Al inciso primero resultante, esto es la primera parte del antiguo encabezamiento que define el gasto electoral, la indicación agrega una segunda parte que define los gastos preelectorales: desembolsos incurridos en propaganda, publicidad, equipos, oficinas y servicios, durante el período que media entre una elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular, cuyo propósito haya sido lograr ser candidato oficial, ya sea por un partido político, pacto electoral o independiente.

Enseguida, incorpora como inciso segundo los ítem o conceptos que deben considerarse gastos electorales “y preelectorales” y los literales que los contienen. (Las expresiones “y preelectorales” los incorpora la indicación).

En el literal a), en que el precepto incluye como gasto electoral la propaganda y publicidad dirigidas a promover el voto para un candidato o candidatos determinados, la indicación propone agregar, a continuación de la palabra subrayada la frase “o para inducir el apoyo de los partidos políticos, pactos electorales o el patrocinio de candidaturas independientes en el período preelectoral comprendido entre la fecha de la última elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la siguiente elección popular.”.

En el literal c), en la parte que considera gasto electoral el arriendo de bienes para actos de proselitismo electoral, la indicación incorpora las expresiones “y preelectoral” a continuación de la palabra “electoral”.

En los literales d) y e), que se refieren a los gastos electorales ocasionados por servicios o viajes de personas vinculadas a las “candidaturas” o al “candidato”, la indicación propone agregar las palabras “precandidaturas” y “precandidatos”, respectivamente.

En la letra f), relativa a los gastos electorales conformados por endosos, intereses, impuesto de timbres y otros para la campaña electoral, la indicación propone agregar, antes de la expresiones subrayadas la frase “presentación de candidaturas”.

En la letra g), sobre donaciones o erogaciones a los candidatos, la indicación agrega a los “precandidatos”.

En la letra h), gastos menores tales como alimentación, mantención de vehículos, de sedes electorales y otros, incluye también los que se causen “para la obtención de apoyo o patrocinio para la presentación de candidaturas.”.

Finalmente, la indicación incorpora los vocablos “o preelectorales” a continuación de la palabra “campaña” en la letra i), que se refiere a los gastos de campaña electoral.

El nuevo segundo número que la indicación propone incorporar al proyecto dice relación con el artículo 3° de la ley sobre límite y control del gasto electoral, que se refiere a la forma de determinar los gastos electorales.

La indicación agrega a este precepto un inciso cuarto que prescribe que no obstante la prohibición señalada en el inciso precedente (no realizar gastos electorales de propaganda antes de los plazos legales o 30 días del vencimiento del plazo para la declaración de candidaturas), los gastos en que se hubiere incurrido en el período que va desde la fecha de la última elección popular y el día que vence el plazo para la declaración de candidaturas, con el propósito de lograr ser candidato de un partido, pacto o independiente, se considerarán gastos preelectorales, que se regularán en cuanto su administración, rendición de cuentas, control y prohibiciones por las normas de esta ley y por las de la ley de votaciones populares y escrutinios.

El siguiente nuevo número consignado en esta indicación N° 53, consiste en incorporar a la ley sobre control y límite del gasto electoral un artículo 5° bis, nuevo, pasando el actual a ser artículo 5° ter, que faculta a los candidatos que hubieren hecho campaña preelectoral en los términos de la ley de votaciones populares para incrementar los límites de gasto dispuestos en los artículos 4° y 5° de esta ley, en un 25%. Este límite también regirá para los precandidatos que no sean presentados como candidatos.

La indicación propone otro número que agrega el término “preelectorales” en la norma del artículo 6° que obliga a denunciar las infracciones al límite del gasto electoral.

El número que sigue consignado en la indicación reemplaza en el inciso tercero de este artículo la frase “inscritos en los registros electorales de la comuna al 31 de diciembre del año anterior” por “que sufragaron en la última elección municipal.”.

Enseguida, la indicación plantea otro número mediante el cual propone la incorporación de un segundo inciso al artículo 7° de la ley de límite y control del gasto electoral, que dispone que el financiamiento de los gastos electorales se sujetará a las normas del Título II de ese texto legal.

El referido nuevo inciso prescribe que los gastos preelectorales de campaña no podrán ser financiados con el aporte público regulado en el párrafo tercero de este artículo.

Otro nuevo número sugerido por la indicación dice relación con el artículo 8° del mencionado texto legal, que define el financiamiento privado de campaña electoral como toda contribución en dinero o estimable en dinero que se efectúe a un candidato o partido, bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier otro acto gratuito destinado a financiar gastos electorales.

La indicación agrega las palabras “preelectoral” y “o preelectorales”, respectivamente a continuación de los vocablos subrayados.

El número nuevo siguiente propuesto en la indicación se refiere al artículo 9° del texto vigente de la ley sobre control del gasto electoral. El referido precepto prohíbe los aportes individuales a más de las candidaturas que indica en los casos de los candidatos a alcalde o concejal; a diputado o a senador, y a Presidente de la República.

La indicación adiciona este artículo con un inciso quinto y final que hace aplicable a los precandidatos las normas de este artículo con los límites señalados en el artículo 5° bis (el artículo 5° bis propuesto precedentemente en esta indicación ).

El número sugerido a continuación en la indicación también intercala las expresiones “o preelectoral” a continuación de la palabra “electoral” en el inciso primero del artículo 10, que regula los aportes de campaña electoral por personas jurídicas con fines de lucro.

En otro nuevo número la indicación agrega un inciso segundo al artículo 11, que libera del trámite de insinuación y de impuesto a las donaciones para fines electorales. La nueva disposición previene que este artículo no se aplicará a los precandidatos entre la fecha de la última elección y el día en que vence el plazo para la declaración de candidatos de la próxima.

En un siguiente número, la indicación propone agregar las palabras “y precandidatos” a continuación de la voz “independientes” en el inciso final del artículo 12, que se refiere a los excedentes de los aportes hechos a las campañas electorales. (El precepto ordena devolver estos excedentes a sus aportantes de candidatos de partidos políticos e independientes).

Además, la indicación incorpora otro nuevo número por el cual se intercalan las expresiones “o preelectoral” entre los vocablos “electoral” y “serán”, en el artículo 16. La referida norma dispone que esos aportes de campaña electoral serán anónimos, reservados o públicos, de conformidad con los artículos siguientes.

El número siguiente propuesto en la indicación agrega un inciso tercero al artículo 17, que declara que los precandidatos sólo podrán recibir aportes públicos en el período que va desde la última elección popular y el día en que vence el plazo para declarar candidaturas para la próxima elección.

La indicación sugiere a continuación un nuevo número mediante el cual se adiciona el artículo 22 con un inciso tercero que declara que este artículo se aplica también a los aportes entregados a aspirantes a candidatos durante el período preelectoral.

El artículo 22, en sus dos incisos precedentes, dispone que los aportes públicos deben constar por escrito con la identidad del aportante. Agrega que se entiende que hay constancia escrita cuando el aporte aparece en una boleta, factura, depósito en cuenta corriente, recibo de dinero o cualquier otro documento de esa naturaleza.

Otro nuevo número consignado en la indicación intercala entre las palabras “electoral” y “provenientes” las expresiones “o preelectoral” en el artículo 24, que prohíbe los aportes de campaña electoral de personas naturales o jurídicas extranjeras, con excepción de los extranjeros habilitados para votar.

En el siguiente nuevo número, la indicación agrega un inciso final al artículo 25 que previene que dicho precepto se aplicará, en lo pertinente, a las campañas preelectorales.

(En general, este artículo, con las modalidades que indica, prohíbe aportes electorales a candidatos y partidos políticos hechos por los órganos de la Administración, de las empresas del Estado y en aquéllas que éste, sus empresas o sociedades tengan participación.

En otro nuevo número la indicación intercala entre las expresiones “electoral” y “las” las palabras “o preelectoral”, en el artículo 26 que, con excepción de los partidos políticos, prohíbe efectuar aportes de campaña electoral a las personas jurídicas de derecho público o privadas sin fines de lucro.

En el nuevo número que enseguida consignamos, la indicación agrega la palabra “precandidatos” precedida de una coma (,) después de el vocablo “candidatos” en el artículo 27 A, que establece determinadas sanciones para los particulares, entidades aportantes, candidatos o partidos políticos, por las infracciones a los párrafos 1°, 3° y 4° del Título II de la ley sobre control del gasto electoral.

Finalmente, esta indicación N° 53 propone la incorporación de un artículo 48 bis, nuevo, a la ley sobre límite y control del gasto electoral que regula las cuentas de ingresos y gastos preelectorales.

Al efecto, la nueva disposición señala que éstas serán públicas, para lo cual el candidato deberá llevar contabilidad y un registro actualizado de la cuenta en una página de libre acceso en internet.

Agrega que si el precandidato resulta inscrito, esas cuentas se sumarán a las de ingresos y gastos electorales siéndoles aplicables los Títulos III y IV de esta ley.

Si el precandidato no resultase inscrito, entregará un informe de auditoría independiente al Servicio Electoral, dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del plazo para presentar candidaturas.

Esta indicación N° 53 fue retirada por la Honorable Senadora señora Alvear autorizada por sus coautores, en razón de que se ha considerado incluir las materias de que ésta trata en el proyecto de ley actualmente en primer trámite constitucional en la Honorable Cámara, que regula las elecciones primarias.

Al retirar esta indicación, la señora Senadora solicitó hacer constar en este informe acerca de una proposición de iniciar un proyecto de acuerdo en el Senado mediante el cual se solicite al Ejecutivo la formulación de otro proyecto de ley que regule los gastos preelectorales de todos los procesos electorales, incluido el que se celebrará próximamente para elegir alcalde y concejales.

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En la indicación N° 54, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) incorporan cuatro artículos nuevos al proyecto. El primero propone enmiendas al D.F.L. N° 2, de Educación, de 2009, que fijó el texto de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de Educación, de 2001.

En la primera modificación -literal a) del nuevo artículo- la proposición reemplaza la letra a) del N° 1 del artículo 29 del cuerpo legal citado, que señala que la educación básica tiene como objetivo general que los educandos desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan, en el ámbito personal y social, actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades y asumir compromisos consigo mismo y con los otros.

La enmienda consiste en complementar las frases subrayadas con otra que declara que con ese objeto, las mallas curriculares deberán considerar en cada nivel la asignatura de educación cívica.

La segunda enmienda -letra b)- reemplaza la letra j) del N° 2 del artículo 30 de ese mismo texto, que establece como objetivo general de la educación media, en el ámbito del conocimiento y la cultura, comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan.

La indicación también propone complementar las frases destacadas disponiendo que las mallas curriculares considerarán el ramo de educación cívica y participación ciudadana como una asignatura independiente.

Enseguida, esta indicación N° 54 incorpora al proyecto otro artículo que declara el derecho irrenunciable de los trabajadores a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilicen para votar en las elecciones y plebiscitos. El descanso se hará efectivo en los tres meses siguientes al día de la votación, de acuerdo con el empleador.

Agrega el precepto que la infracción a sus normas por el empleador se sancionará de conformidad con el artículo 506 del Código del Trabajo.

Además, esta indicación N° 54 sugiere la agregación de otro artículo al proyecto que declara el derecho preferente, en igualdad de condiciones, de acceder a un empleo público de la persona que hubiere ejercido el derecho de sufragio en la última elección, frente a otros que no lo hubieren hecho.

Finalmente, la indicación N° 54 propone un tercer artículo nuevo que declara igual preferencia que la precedente para la adjudicación de becas por parte del Estado.

Esta indicación, que se estimó admisible, se aprobó en votación dividida:

Los literales a) y b), que enmiendan los artículos 29 y 30 de la ley N° 20.370, resultaron aprobados por mayoría de votos. Se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos), Rincón (dos votos) y señor Bianchi. Se abstuvo el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán (dos votos).

El precepto de la indicación que declara el derecho irrenunciable de media jornada de descanso compensatorio remunerado en las elecciones, contó con la aprobación de los Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos) y Rincón (dos votos). Por la negativa se pronunciaron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Larraín, don Hernán (dos votos). Se abstuvo el Honorable Senador señor Bianchi.

Con la misma votación se aprobaron los restantes artículos de la indicación relativos al derecho preferente al empleo público y a la adjudicación de becas de estudio.

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Como consecuencia de los nuevos artículos aprobados en virtud de la indicación N° 54, más arriba descritos, el artículo 8° del proyecto aprobado en general pasa a ser artículo 12, sin enmiendas.

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Artículo 9°

Pasa a ser artículo 13.

Este precepto del texto aprobado en general dispone que esta ley regirá 60 días después de su publicación en el Diario Oficial, con excepción del artículo 23 de la ley N° 18.556, que empezará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente a esa publicación. (El nuevo artículo 23 dispone que el Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias:

a) Solicitudes de cambio de domicilio y sus actualizaciones;

b) Rectificaciones de inscripciones de nacimiento, y

c) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 7° (circunscripción electoral y nueva receptora que el Servicio debe comunicar al elector).

La indicación N° 55, de S.E. el Presidente de la República, propone reemplazar el texto transcrito por otro que señala que esta ley regirá desde su publicación siempre que a esa fecha faltaren al menos 240 días para la próxima elección general de alcaldes y concejales o de Presidente y parlamentarios. De contrario, regirá a partir del primer día del mes siguiente de realizada la última votación de dicha elección.

Agrega, en un inciso segundo, que el nuevo artículo 24 de la ley N° 18.556, regirá en todo caso desde el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de esta ley. (El Servicio Electoral deberá informar al elector su domicilio electoral, facultándolo para actualizarlo declarando uno nuevo bajo juramento, con ocasión de la renovación del pasaporte o cédula de identidad).

Esta indicación se aprobó enmendada con una proposición del Ejecutivo que reemplaza en el inciso primero del guarismo “240” por “330”. Además se suprimieron las palabras subrayadas (“votación de dicha”). Concurrió a estos acuerdos la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos), Rincón (dos votos), Von Baer (dos votos) y señor Bianchi.

Artículos transitorios

Artículo 1°

Este precepto del texto del proyecto aprobado en general, conformado con tres incisos, regula la transición desde el actual sistema electoral al que devendrá con la vigencia de esta ley en materia de funcionamiento de las juntas inscriptoras.

El inciso primero expresa que éstas no recibirán más inscripciones desde la publicación de esta ley, y desde esa fecha tendrán cinco días para remitir los registros electorales al Servicio Electoral.

Agrega en su inciso segundo que los secretarios de las juntas electorales, dentro de los veinte días siguientes a la publicación de esta ley, entregarán al Servicio Electoral todos los archivos electorales a su cargo.

Finalmente, el inciso tercero ordena al Director del Servicio Electoral inutilizar y destruir los archivos en el plazo de ocho meses, desde la vigencia de esta ley, previa su microfilmación.

S.E. el Presidente de la República formuló dos indicaciones respecto de este precepto.

La primera -indicación N° 56- sustituye en el inciso primero la frase “la publicación de la presente ley en el Diario Oficial” por “la fecha en que empiece a regir la presente ley”.

La segunda -indicación N° 57- le incorpora al precepto un inciso cuarto y final, nuevo, que declara que durante los primeros seis meses de vigencia de esta ley, el Director del Servicio Electoral queda facultado para disponer que las juntas inscriptoras continúen funcionando con, al menos, uno de sus miembros, para recibir las solicitudes de cambios de domicilio a que se refiere el artículo 25 de la ley N° 18.556.

Ambas indicaciones fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos), Rincón (dos votos) y Von Baer (dos votos) y señor Bianchi, con enmiendas en la indicación N° 57, esto es, que las juntas inscriptoras, para los propósitos consignados en la indicación, podrán funcionar a partir desde la fecha de vigencia de esta ley y hasta 120 días antes de la primera elección en que se apliquen sus disposiciones.

Artículo 3°

Este artículo del proyecto aprobado en general regula la inscripción de chilenos y extranjeros no inscritos a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

En la indicación N° 58, S.E. el Presidente de la República reemplaza el inciso final por otro que dispone que con a lo menos 180 días de anticipación a la primera elección en que deba aplicarse esta ley, el Servicio Electoral notificará a los electores (no inscritos a la fecha de vigencia de la ley) del hecho de su inscripción, su domicilio y circunscripción electoral, comuna y mesa receptora. Además, pondrá a disposición del público el sistema de consultas a que se refiere el artículo 7° de la ley N° 18.556, promoviendo su empleo. (En el sitio electrónico o teléfono especial del Servicio se proveerá un sistema de consultas para verificar el número de la cédula de identidad o nombre, el hecho de la inscripción, circunscripción y comuna de ésta, mesa de votación y si está el elector habilitado para sufragar en la próxima votación).

El texto reemplazado dispone que el Servicio Electoral notificará a los electores (no inscritos a la fecha de vigencia de esta ley), del hecho de su inscripción, circunscripción y nueva receptora que le corresponda.

Esta indicación se aprobó enmendada en el siguiente sentido:

1. Se reemplazó el guarismo “180” por “210”.

2. Se agregó un nuevo inciso que reproduce la parte final del inciso reemplazado (poner a disposición del público el sistema de consultas de la ley N° 18.556)

3. Se consignó en este nuevo inciso la obligación del Servicio Electoral de promover el referido sistema de consultas por medio de una campaña de comunicación social.

Concurrió a estos acuerdos la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos), Rincón (dos votos) y Von Baer (dos votos) y señor Bianchi.

Artículo 7°

Esta norma aprobada en general prescribe que el Presidente de la República, en la primera propuesta que haga para designar los cuatro consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, indicará los dos que durarán cuatro años y los dos que durarán ocho años (inciso primero).

Agrega que el consejero designado por el Presidente de la República que asesora la presidencia del Consejo cesará en su cargo treinta días después de terminado el período presidencial (inciso segundo).

En la indicación N° 59, los Honorables Senadores señoras Allende y Alvear y señores Gómez, Quintana y Walker (don Patricio) suprimen el inciso primero descrito.

Esta indicación fue rechazada con la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos), Rincón (dos votos) y Von Baer (dos votos) y señor Bianchi, quienes, en su reemplazo y en virtud del artículo 121 del Reglamento de la Corporación, prestaron su aprobación a un texto sugerido por el Ejecutivo que señala que en la primera propuesta que el Presidente de la República haga al Senado para designar a los integrantes del Consejo Directivo del Consejo Electoral, indicará dos consejeros que durarán cuatro años en sus cargos y tres que durarán ocho años.

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A continuación, y con la misma unanimidad y habilitación, las Comisiones unidas agregaron un nuevo inciso al artículo 7° transitorio, a proposición del Ejecutivo, que prescribe que en la primera sesión que celebre, el Consejo Directivo del Servicio Electoral elegirá su Presidente. Esta sesión será presidida provisionalmente por el consejero de más edad que asista.

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Finalmente, la indicación N° 60, de S.E. el Presidente de la República, propone la agregación de los siguientes artículos octavo y noveno transitorios, nuevos, al texto del proyecto.

El primero -artículo octavo- faculta a las juntas electorales, durante los cinco años siguientes a la publicación de esta ley, para designar delegados en las oficinas electorales a los que hubieren integrado juntas inscriptoras a la fecha de vigencia de esta ley.

El segundo -artículo noveno- prescribe que mientras no se designen los miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, sus funciones y atribuciones serán ejercidas por el Director del Servicio Electoral.

Ambas proposiciones fueron aprobadas en sus mismos términos por las Comisiones unidas, con los votos de sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Allende, Alvear (dos votos), Rincón (dos votos) y Von Baer (dos votos) y señor Bianchi.

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CAPÍTULO DE MODIFICACIONES

De conformidad con los acuerdos adoptados precedentemente, estas Comisiones unidas tienen a honra someter a la consideración de la Sala el proyecto de ley aprobado en general, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1°

N° 1

Artículo 6°

Inciso segundo

Intercalar a continuación de la frase “que acredite el” las expresiones “cumplimiento del”.

(Indicación N° 1. Unanimidad 7x0)

Artículos 10 y 11

Reemplazarlos por los siguientes:

“Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los chilenos que residen en el extranjero, dicho vínculo se considerará respecto del tiempo en que residieron en Chile o de su lugar de nacimiento.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6°, el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, o al acreditado para el cumplimiento del requisito de avecindamiento según corresponda. En caso que este último domicilio corresponda a uno ubicado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y a falta de éste al lugar de nacimiento en Chile.

Artículo 11.- Todo ciudadano con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Si los antecedentes del domicilio o lugar de nacimiento con que se cuente para el registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6°, no permitieran al Servicio Electoral poder identificarlo con una determinada circunscripción electoral, procederá a registrarlo en la circunscripción electoral con más electores de la Comuna con cuya información se cuente.”.

(Artículo 121 del Reglamento de la Corporación. Unanimidad 8x0).

Artículo 17

Inciso primero

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que en el mes anterior hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.”.

(Indicación N° 4. Unanimidad 7x0).

Artículo 35

Introducir las siguientes enmiendas:

Uno) Suprimir la frase “con carácter de definitivo utilizado en” y anteponer la preposición “de” a las palabras “la primera votación”.

Dos) Agregar el siguiente inciso segundo:

“Cuando deba repetirse la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28, de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral de la primera votación de la elección que no pudo perfeccionarse, ya sea por fallecimiento de un candidato para la segunda votación o por impedimento absoluto del presidente electo para tomar posesión del cargo.”.

(Indicaciones N°s. 9 y 10. Unanimidad 8x0).

N° 4

Artículo 62

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. El Presidente formulará su proposición en un solo acto y el Senado se pronunciará sobre el conjunto de la propuesta.

Los consejeros durarán ocho años en sus cargos y podrán ser designados para otro período, por una sola vez, en la forma prevista en el inciso precedente. Se renovarán por parcialidades cada cuatro años.

Los consejeros elegirán de entre ellos un Presidente por mayoría de votos. En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será subrogado por el consejero que en el acto se elija. Si no se lograre mayoría, en ambos casos, se procederá por sorteo.

El Presidente del Consejo durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido por una sola vez. El Presidente subrogante ejercerá el cargo mientras dure la ausencia o impedimento de aquél.

En caso de que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se designará un nuevo consejero de conformidad con el inciso primero, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tuvo lugar el hecho o circunstancia que ocasionó el cese. El nuevo consejero desempeñará su cargo hasta completar el período del consejero reemplazado.

Si el que cesare fuere el Presidente del Consejo, se procederá a la elección de su reemplazante una vez que se haya provisto su cargo de consejero. El nuevo Presidente desempeñará el cargo hasta completar el período del cesado.”.

(Indicación N° 15 y artículo 121 del Reglamento de la Corporación. Unanimidad 8x0).

Artículo 63

Inciso tercero

Reemplazar la forma verbal “sirva” por “ejerzan su”.

(Indicación N° 17. Unanimidad 10x0).

Artículo 65

Modificarlo de la siguiente forma:

Uno) En su inciso primero, letra f), suprimir las expresiones “entre otras,” y la coma (,) que las precede.

Dos) Reemplazar su inciso final por el siguiente:

“A los Consejeros y al Director, les será aplicable lo señalado en el N° 2 del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales.”.

(Indicaciones N°s. 18 y 20. Unanimidad 10x0).

Artículo 66

Suprimir en su inciso primero la frase “y, a falta de éste, su Vicepresidente”, y sustituir en el inciso séptimo la expresión “i)” por “h)”.

(Artículo 121 del Reglamento de la Corporación. Unanimidad 8x0).

Artículo 67

Suprimir su letra a), pasando las letras b), c), d), e), f), g), h), i) y j), a ser letras a), b), c), d), e), f), g), h) e i), respectivamente.

(Artículo 121 del Reglamento de la Corporación. Unanimidad 8x0).

Artículo 2°

N° 2

Artículo 3°

Inciso segundo

Suprimir la oración “podrá incluir el nombramiento del Administrador Electoral conforme al artículo 30 de la ley N° 19.884 y”.

(Indicación N° 22. Unanimidad 10x0).

N° 4

Artículo 6°

Inciso segundo

Reemplazarlo por el siguiente:

“Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República, éstas solo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquel en que deba realizarse la primera o única votación, o hasta los treinta días siguientes a la convocatoria que se realice para una repetición de la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28, de la Constitución Política de la República.”.”.

(Indicación N° 24. Unanimidad 7x0).

N° 18

Artículo 41

Inciso segundo

Reemplazarlo por el siguiente:

“Para proceder a la designación de vocales, a partir del cuadragésimo quinto día anterior a la elección, cada uno de los miembros de la Junta Electoral escogerá diez nombres, que deberán corresponder a diez ciudadanos con derecho a sufragio, que aparezcan en la nómina por mesa receptora de sufragio del padrón electoral con carácter de auditado, señalado en el artículo 32 de la ley N° 18.556, que el Servicio Electoral pondrá a disposición de la Junta. Si la Junta funcionare con dos miembros cada uno elegirá quince nombres.”.

(Indicación N° 29. Unanimidad 8x0).

N° 23

Reemplazarlo por el siguiente:

“23) Modifícase el artículo 49 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer” por “a las quince horas del”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“El Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria.”.”.

(Indicación N° 30. Unanimidad 8x0).

N° 42

Artículo 76 bis

Inciso primero

Reemplazar la frase “ingresarlos o transmitirlos” por la palabra “incorporarlos”.

(Indicación N° 35. Unanimidad 7x0).

N° 44

Reemplazarlo por el siguiente:

“44) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 80, la palabra “Director” por “Consejo”; la expresión “, o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito” por “o plebiscito”, y el vocablo “veinte” por “cuarenta y cinco”.”.

(Indicación N° 36. Unanimidad 8x0).

N° 55

Artículo 89

Inciso segundo

Incorporar las siguientes enmiendas:

Uno) Suprimir en la letra e) la frase “la digitación efectuada en los locales de votación en el día anterior”, y

Dos) Reemplazar la expresión “e)” por “g)”, la segunda vez que aparece.

(Indicación N° 37. Unanimidad 8x0).

N° 61

Reemplazarlo por el siguiente:

“61) Agrégase el siguiente artículo 101 bis:

“Artículo 101 bis.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición del Tribunal, los resultados de los Colegios Escrutadores en formato digital, que sirvieron para generar los cuadros de resultados conforme al inciso primero del artículo 89, los que en todo caso deberán ser concordantes con los cuadros remitidos al Tribunal en virtud de lo señalado en el artículo 91.”.”.

(Indicación N° 40. Unanimidad 7x0).

N° 72

Suprimirlo.

(Indicación N° 42. Unanimidad 7x0).

N°s. 73 y 74

Pasan a ser N°s. 72 y 73, respectivamente, sin enmiendas.

N° 75

Pasa a ser N° 74.

Artículo 160

Inciso segundo

Eliminar las expresiones “Consejeros Regionales”.

(Indicación N° 43. Mayoría de votos 5x3).

N°s. 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82

Pasan a ser N°s. 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81, respectivamente, sin enmiendas.

N° 83

Pasa a ser N° 82.

Artículo 175 bis

Introducirle las siguientes enmiendas:

Uno) En su inciso segundo, reemplazar el vocablo “ingresar” por “incorporar” y suprimir la frase “o en defecto de sistema computacional, remitirla al Servicio Electoral en la forma que éste determine,” y la coma (,) que la precede.

Dos) Reemplazar su inciso tercero por el siguiente:

“Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitar una instalación eléctrica en la Oficina Electoral del Local de Votación. Además, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de las Intendencias y Gobernaciones respectivas, le otorgará las facilidades necesarias para asegurar el respaldo de los resultados y el traslado expedito de los mismos.”.

(Indicaciones N°s. 45 y 46. Unanimidad 7x0).

N° 84

Pasa a ser N° 83, sin enmiendas.

N° 85

Pasa a ser N° 84.

Artículo 186

Intercalar la frase “señalados en los artículos 184 y 185 anteriores” a continuación de la voz “justicia”.

(Indicación N° 50. Unanimidad 7x0).

Artículo 3°

N° 2

Sustituirlo por el siguiente:

“2) Sustitúyese en el artículo 100 la expresión “5%” por “10%” y la frase “inscritos en los registros electorales de la comuna” por “que sufragaron en la última elección municipal”, respectivamente.

(Indicación N° 51 y artículo 121 del Reglamento de la Corporación. Unanimidad 6x0).

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Enseguida, incluir los siguientes números 8, 9, 10 y 11, nuevos en el artículo 3° del proyecto:

“8) Intercálase el siguiente inciso primero, nuevo, al artículo 121, pasando el actual a ser segundo:

“Artículo 121.- Se considerará que constituyen una lista, los pactos electorales, los partidos que participen en la elección sin formar parte de un pacto electoral y cada una de las candidaturas independientes que no formen parte de un pacto electoral.”.

9) Sustitúyese el artículo 122 por el siguiente:

“Artículo 122.- Se determinará el cuociente electoral, para lo cual los votos de lista se dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente de mayor a menor y el que ocupe la posición ordinal correspondiente al número de consejeros a elegir será el cuociente electoral.

Para determinar cuántos son los elegidos en cada lista se dividirá el total de votos de la lista por el cuociente electoral. Se considerará la parte entera del resultado de la división, sin aproximar y despreciando cualquiera fracción o decimal.”.

10) Sustitúyese el número 3 del inciso primero del artículo 123, por el siguiente:

“3) Si el número de candidatos presentados es inferior al de los concejales que a la lista le corresponde elegir, se proclamará elegidos a todos los candidatos de la lista, debiéndose reasignarse el cargo sobrante recalculando el número de cargos elegidos por las demás listas. Para ello se repetirá el cálculo del inciso segundo del artículo anterior, utilizando como cuociente electoral al cuociente que ocupe la posición ordinal que siga en el orden decreciente de los cuocientes determinados según el inciso primero del artículo anterior. Si fuesen más de uno los cargos sobrantes, para determinar el cuociente electoral, se avanzará en el orden decreciente de los cuocientes del inciso primero del artículo anterior, tantas posiciones ordinales como cargos sobrantes existan.”.

11) Sustitúyese el artículo 124, por el siguiente:

“Artículo 124.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista que corresponda a un pacto electoral, se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos o de los subpactos, según sea el caso.

Posteriormente se repetirá el procedimiento descrito en los artículos 122 y 123 anteriores, considerando para estos efectos como si fueran una lista a cada uno de los integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o candidatos independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso.”.”.

(Indicación N° 52. Unanimidad 7x0).

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Consignar, enseguida, los siguientes artículos 8°, 9°, 10 y 11, nuevos, al proyecto de ley:

“Artículo 8°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 2005:

a) Reemplázase la letra c) del número 1) del artículo 29, por la siguiente:

“c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. Con este objeto, las mallas curriculares deberán considerar, en cada nivel, la asignatura de educación cívica.”.

b) Reemplázase la letra j) del número 2) del artículo 30, por la siguiente:

“j) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan. Las mallas curriculares de la enseñanza media deberán considerar el ramo de educación cívica y participación ciudadana como una asignatura independiente.”.”.

(Indicación N° 54. Mayoría de votos 6x1 abstención).

“Artículo 9°.- Los trabajadores tendrán derecho irrenunciable a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilicen para ejercer su derecho a sufragio en las elecciones y plebiscitos a que se refiere la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Tal descanso compensatorio se disfrutará en los tres meses siguientes al día de la votación, de común acuerdo con el empleador.

La infracción de lo dispuesto en el presente artículo por parte del empleador, será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 del Código del Trabajo.”.

(Indicación N° 54. Mayoría de votos 5x3x1).

“Artículo 10.- Quien hubiere ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito regulado por la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, inmediatamente anterior, tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de condiciones en la lista de elegibles para un empleo público.”.

(Indicación N° 54. Mayoría de votos 5x3x1).

“Artículo 11.- Quien hubiere ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito regulado por la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, inmediatamente anterior, tendrá derecho a ser preferido en la adjudicación de becas por parte del Estado, frente a quienes no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de condiciones.”.

(Indicación N° 54. Mayoría de votos 5x3x1).

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Artículo 8°

Pasa a ser artículo 12, sin enmiendas.

Artículo 9°

Pasa a ser artículo 13.

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 13.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación, siempre que a esa fecha faltaren al menos 330 días para la realización de la próxima elección general, ya sea de alcaldes y concejales o de Presidente y parlamentarios. De lo contrario, regirá a partir del primer día del mes siguiente de realizada la última elección.

En todo caso, la disposición contenida en el nuevo artículo 24 de la ley N° 18.556, comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.”.

(Indicación N° 55. Unanimidad 8x0).

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Artículos transitorios

Artículo 1°

Modificarlo de la siguiente forma:

Uno) En su inciso primero, reemplazar la frase “la publicación de la presente ley en el Diario Oficial” por “la fecha en que empiece a regir la presente ley”.

Dos) Agregar el siguiente inciso final:

“A partir de la vigencia de esta ley y hasta 120 días antes de la primera elección en que se apliquen sus disposiciones, el Director del Servicio Electoral podrá disponer que las Juntas Inscriptoras que estime necesarias continúen su funcionamiento con al menos uno de sus miembros, con el objeto de recibir las solicitudes de cambio de domicilio que se señalan en el nuevo artículo 25 de la ley N° 18.556.”.

(Indicaciones N°s. 56 y 57. Unanimidad 8x0).

Artículo 3°

Inciso final

Reemplazarlo por los siguientes:

“Con a lo menos 210 días de anticipación a la primera elección donde rijan las disposiciones de esta ley, el Servicio Electoral notificará a los electores señalados en los incisos anteriores, mediante carta certificada, del hecho de su inscripción, así como de su domicilio electoral, circunscripción electoral, comuna y mesa receptora de sufragios en la que hubieren sido inscritos.

A partir de la fecha señalada en el inciso anterior, el Servicio Electoral deberá poner a disposición del público el sistema de consultas contemplado en el inciso segundo del nuevo artículo 7° de le ley N° 18.556 y durante los siguientes noventa días deberá promover su uso entre los electores, por medio de una campaña a través de medios masivos de comunicación social, llamándolos a revisar su domicilio electoral y la circunscripción electoral donde está registrada su inscripción, convocándolos a corregir su domicilio electoral si fuese necesario, concurriendo a las Juntas Inscriptoras que estarán habilitadas para estos efectos.”.

(Indicación N° 58. Unanimidad 8x0).

Artículo 7°

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Séptimo Transitorio.- En la primera propuesta que haga el Presidente de la República al Senado para que éste preste su acuerdo a la designación de los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 18.556, indicará dos consejeros que durarán cuatro años en sus cargos y tres consejeros que durarán ocho años.

En la primera sesión que celebre, el Consejo elegirá su Presidente. Esta reunión será presidida inicial y provisoriamente por el consejero de mayor edad que asista.”.

(Artículo 121 del Reglamento de la Corporación. Unanimidad 8x0).

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Enseguida, incorporar los siguientes artículos 8° y 9°, nuevos:

“Artículo Octavo Transitorio.- Durante los cinco primeros años de vigencia de esta ley, las Juntas Electorales podrán designar como delegados a cargo de las oficinas electorales de los locales de votación, a las personas que hubieren integrado un junta inscriptora a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo Noveno Transitorio.- Mientras no sean designados los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral, a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, sus funciones y atribuciones serán asumidas por el Director del Servicio Electoral.”.

(Artículo 121 del Reglamento de la Corporación e indicación N° 60. Unanimidad 8x0).

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TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones descritas, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:

1) Reemplázanse su Título Preliminar y los Títulos I, II y III por los siguientes:

“TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°.- La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República.

Artículo 2°.- El organismo encargado del proceso de inscripción electoral es el Servicio Electoral.

TITULO I

DEL REGISTRO ELECTORAL

Párrafo 1°

Disposiciones Generales

Artículo 3°.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1 y 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, aún cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella.

Artículo 4°.- El conocimiento público del Registro Electoral procederá en la forma dispuesta en el párrafo 1° del Título II.

Los centros de estudio o de investigación podrán solicitar datos del Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina Provisoria de Inhabilitados, para el solo efecto de su análisis. El Consejo del Servicio Electoral calificará la procedencia de la solicitud y entrega de los respectivos datos.

Los datos del Padrón Electoral no podrán ser usados para fines comerciales.

El Servicio Electoral deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, salvo en los casos señalados en esta ley.

Párrafo 2°

De la inscripción

Artículo 5°.- Los chilenos comprendidos en el número 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años serán inscritos automáticamente en el Registro Electoral.

Los chilenos comprendidos en el número 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, serán inscritos automáticamente luego de obtener su carta de nacionalización de conformidad a la ley.

Artículo 6°.- Los chilenos comprendidos en los números 2 y 4 del artículo 10 y los extranjeros señalados en el artículo 14, ambos de la Constitución Política de la República, serán inscritos en el Registro Electoral desde que se acredite que cumplen con los requisitos de edad y avecindamiento exigido por el inciso 3° del artículo 13 o por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, según corresponda.

La inscripción procederá de forma automática en la medida que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el cumplimiento del requisito de avecindamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá presentar una solicitud de inscripción ante el Servicio Electoral en cualquiera de sus oficinas, acompañando los antecedentes que acrediten su avecindamiento en el país por el tiempo exigido, y declarando bajo juramento su domicilio electoral en Chile. Dicha solicitud será remitida al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, si correspondiere, emitirán un certificado que acreditará el hecho de haber cumplido el avecindamiento y lo remitirán al Servicio Electoral para que practique la correspondiente inscripción. En caso que la persona tenga su residencia en el extranjero, dicha solicitud podrá ser presentada en el Consulado de Chile respectivo.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por Consulado a las Oficinas Consulares, incluyendo las Secciones Consulares de una Misión Diplomática, a cargo de un funcionario de la Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores designado para desempeñar funciones consulares.

Artículo 7°.- El Servicio Electoral deberá comunicar a los nuevos electores el hecho de su inscripción en el Registro Electoral, entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a la siguiente elección o plebiscito, indicando la circunscripción electoral y la mesa receptora de sufragios donde le corresponde votar, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

El Servicio Electoral deberá poner a disposición del público en forma permanente, a través de su sitio web y de una línea telefónica, un sistema de consulta donde cada elector podrá verificar mediante su número de cédula de identidad o nombre, el hecho de su inscripción, la circunscripción y comuna donde se encuentra inscrito, su mesa de votación y si está habilitado para votar en la próxima elección.

Párrafo 3°

De los datos electorales

Artículo 8°.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el haber cumplido la condición de avecindamiento si corresponde.

El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.

Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral.

Artículo 9°.- Para el solo efecto de obtener los datos señalados en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y al registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán proporcionar de la misma forma la información del avecindamiento de los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proporcionar al Servicio Electoral cualquier otro antecedente que resulte necesario para la inscripción de los chilenos y extranjeros en el Registro Electoral y que se encuentre en su poder, quedándole expresamente prohibido calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los chilenos que residen en el extranjero, dicho vínculo se considerará respecto del tiempo en que residieron en Chile o de su lugar de nacimiento.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6°, el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, o el acreditado para el cumplimiento del requisito de avecindamiento según corresponda. En caso que este último domicilio corresponda a uno ubicado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y a falta de éste al lugar de nacimiento en Chile.

Artículo 11.- Todo ciudadano con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Si los antecedentes del domicilio o lugar de nacimiento con que se cuente para el registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6°, no permitieran al Servicio Electoral poder identificarlos con una determinada circunscripción electoral, procederá a registrarlo en la circunscripción electoral con más electores de la Comuna con cuya información se cuente.

Artículo 12.- Al momento de la inscripción de un ciudadano o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo.

En primer lugar serán asignados a las mesas receptoras de sufragios existentes de la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores habilitados para votar, debido a cancelaciones de inscripción producidas por cambio de domicilio electoral, por causa de fallecimiento, o cualquier otra inhabilidad permanente para sufragar, hasta completar la cifra máxima de 350 electores por mesa.

Si realizado lo anterior, quedaren nuevos electores por asignar, ellos serán asignados a nuevas mesas receptoras de sufragios que se crearán para estos efectos, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Cada elector solo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios y no podrá ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral.

Párrafo 4°

De las actualizaciones del Registro Electoral

Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

b) Pérdida de ciudadanía de una persona inscrita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17° de la Constitución Política de la República, o su recuperación.

c) Suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, o el cese de dicha suspensión.

d) Pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

e) Revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados del Registro.

f) Reclamaciones al Padrón Electoral Provisorio Auditado acogidas en conformidad a la ley.

El Servicio Electoral conservará los antecedentes en que se funde la actualización por un lapso no inferior a 5 años.

Artículo 14.- Para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales que el Servicio de Registro Civil e Identificación tenga de las personas cuyas defunciones hubieren sido registradas en el mes inmediatamente anterior; de las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva y los que recuperen su ciudadanía; y de las personas que hubieren perdido la nacionalidad.

Artículo 15.- El Tribunal Constitucional deberá comunicar al Servicio Electoral las sanciones que hubiere aplicado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como asimismo el cumplimiento del plazo a que se refiere dicha disposición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia hubiere quedado firme o ejecutoriada.

Artículo 16.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior informará al Servicio Electoral las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, ejecutoriadas dentro del mes anterior.

Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no sean condenados a pena aflictiva, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.

Artículo 18.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, los jueces de letras comunicarán al Servicio Electoral los nombres de las personas que hubieren sido declaradas en interdicción por causa de demencia por sentencia ejecutoriada, en el mes anterior, indicando los antecedentes necesarios para su cabal identificación.

En el mismo plazo, los jueces de letras comunicarán sobre las revocaciones de dichas declaratorias.

Artículo 19.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Senado deberá comunicar al Servicio Electoral las personas a las cuales se hubiere rehabilitado su ciudadanía en el mes anterior, conforme al inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República.

Artículo 20.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Ministerio de Justicia deberá comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren extinguido su responsabilidad penal en el mes anterior, conforme a lo dispuesto en el número 4° del artículo 93 del Código Penal.

Artículo 21.- Los órganos, servicios y tribunales señalados en este párrafo, así como cualquier otra repartición que deba aportar datos para la conformación y actualización del Registro Electoral, deberán proporcionar todos los antecedentes que para este solo efecto requiera el Servicio Electoral, en ningún caso podrán excluir información, calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 22.- Entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá informar a los electores que su derecho a sufragio ha sido suspendido o que han sido inhabilitados para votar en la siguiente elección, con indicación de la causa que dio origen a dicha suspensión o inhabilidad, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

Párrafo 5°

De las modificaciones de los datos electorales

Artículo 23.- El Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias:

a) Solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad.

b) Las rectificaciones de inscripciones de nacimiento de los ciudadanos, con indicación de los datos originales que fueron objeto de la rectificación, y

c) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 24.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando uno nuevo bajo juramento en ese acto si así lo desea.

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el cambio de domicilio podrá también efectuarse directamente ante el Servicio Electoral, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por este organismo, donde declarará bajo juramento su nuevo domicilio electoral. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas que el Servicio Electoral disponga a lo largo del país. Los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, podrán presentar la solicitud a través del respectivo Consulado.

El Servicio Electoral deberá notificar al elector mediante carta certificada dirigida al nuevo domicilio electoral, que ha procedido al cambio de su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa de sufragio donde le corresponderá votar.

El Servicio Electoral podrá disponer de otras formas para efectuar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o a través de medios electrónicos, siempre que éstas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos.

Artículo 26.- El Servicio Electoral podrá convenir con otros organismos públicos la recepción de solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Artículo 27.- Para todos los efectos legales, se considerará como domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Párrafo 6°

De la suspensión de inscripciones, actualizaciones y modificaciones

Artículo 28.- Con el objeto de elaborar los padrones electorales que se utilizarán en cada elección o plebiscito, las inscripciones en el Registro Electoral que provengan de solicitudes de acreditación de avecindamiento conforme al artículo 6, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en las letras a) a la e) del artículo 13 y las modificaciones señaladas en el artículo 23, se suspenderán a los ciento veinte días anteriores a cada elección o plebiscito, reanudándose a partir del primer día del mes siguiente de la elección o plebiscito.

Artículo 29.- Tratándose de plebiscitos comunales, la suspensión a que alude el artículo precedente se aplicará solo respecto de los electores que correspondan a la comuna o agrupación de comunas donde se realizará.

TITULO II

DEL PADRÓN ELECTORAL Y DE SU AUDITORIA

Párrafo 1°

Del Padrón Electoral

Artículo 30.- El Servicio Electoral deberá elaborar un Padrón Electoral, el que contendrá la nómina de los electores inscritos en el Registro Electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él.

Cada elector podrá figurar solo una vez en él.

Artículo 31.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de provisorio, ciento diez días antes de una elección o plebiscito. Éste contendrá una nómina de las personas inscritas en el Registro Electoral que, conforme a los antecedentes conocidos por el Servicio Electoral antes de los ciento veinte días previos al acto electoral, reúnan a la fecha de la elección o plebiscito correspondiente los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio.

El Padrón Electoral con carácter de provisorio será objeto de auditorías conforme al Párrafo 2° de este Título.

Este Padrón se ordenará en forma alfabética y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Provisoria de Inhabilitados, que incluirá a las personas inscritas que se encuentren inhabilitadas de votar en la correspondiente elección o plebiscito, con indicación de la causal que dio lugar a dicha condición.

El Padrón Electoral y la Nómina Provisoria de Inhabilitados, son públicos para los partidos políticos, solo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero. Los partidos políticos podrán tener acceso y copia de ellos en medios magnéticos o digitales, no encriptados y procesables por software de general aplicación, debiendo solo pagar los costos directos de la reproducción. Lo mismo se aplicará para los candidatos independientes, respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Solo las personas inhabilitadas podrán conocer, además, la respectiva causal que las inhabilita.

Artículo 32.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de auditado, setenta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de provisorio, después de ser auditado por las empresas de auditoría a las que se refiere el Título II de esta ley y que ha sido modificado solo como consecuencia de la correcciones sugeridas por las empresas de auditorías en sus informes si las hubiere y que conforme a lo señalado en el artículo 43 de esta ley, sean aceptadas por el Servicio Electoral.

El Padrón Electoral con carácter de auditado podrá ser objeto de reclamación de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Auditada de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las correcciones sugeridas por las empresas de auditorias que haya aceptado, si las hubiere.

El Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, deberán ser publicados por el Servicio Electoral en su sitio web con setenta días de antelación a la fecha que deba verificarse una elección o plebiscito.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo anterior.

Artículo 33.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de definitivo, treinta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de auditado, que ha sido modificado solo como consecuencia de las reclamaciones acogidas, si las hubiere, de conformidad con lo dispuesto en el Título siguiente.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Definitiva de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las reclamaciones acogidas.

El Servicio Electoral publicará en su sitio web, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse una elección o plebiscito, el Padrón Electoral con carácter de definitivo, que contiene la nómina de electores con derecho a sufragio en la respectiva elección o plebiscito y la Nómina Definitiva de electores Inhabilitados.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo 31.

Artículo 34.- El Servicio Electoral deberá publicar en su sitio web, las modificaciones efectuadas al Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados que provengan de las reclamaciones acogidas en conformidad a esta ley, o de las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría que hayan sido aceptadas por el Servicio.

Artículo 35.- Para la segunda votación de la elección presidencial que se realice en virtud del inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral de la primera votación.

Cuando deba repetirse la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral de la primera votación de la elección que no pudo perfeccionarse, ya sea por fallecimiento de un candidato para la segunda votación o por impedimento absoluto del presidente electo para tomar posesión del cargo.

Artículo 36.- El Servicio Electoral, en la misma oportunidad en que debe determinar el Padrón Electoral con carácter de definitivo, deberá confeccionar los Padrones de Mesa que se utilizarán en la respectiva elección o plebiscito.

A cada Mesa Receptora de Sufragios le corresponderá un Padrón de Mesa.

Cada Padrón de Mesa contendrá una nómina, ordenada alfabéticamente, de las personas habilitadas para votar en la Mesa Receptora de Sufragios respectiva.

Los Padrones de Mesa contendrán los nombres y apellidos de cada elector y su número de rol único nacional.

Cada elector podrá figurar solo en un Padrón de Mesa y una vez en él.

Artículo 37.- Veinte días antes de la elección o plebiscito, el Servicio Electoral en forma gratuita pondrá a disposición de los partidos que participan en la elección o plebiscito, un listado impreso de cada Padrón de Mesa, que contendrá los nombres, apellidos y número de rol único nacional de los electores. Igual información deberá entregarse a los candidatos independientes respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Párrafo 2°

De las Auditorias

Artículo 38.- El Registro Electoral, el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados serán sometidos a un proceso de auditoria con el objeto de revisar y determinar si contienen los antecedentes dispuestos por la ley. También se revisarán los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales utilizados en su elaboración.

Artículo 39.- Las auditorias serán practicadas por dos empresas independientes de auditoria externa, de niveles equivalentes, inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales deberán cumplir con los requisitos de capacidad, tamaño, confiabilidad y garantía que mediante una norma general emitirá el Consejo del Servicio Electoral.

El presupuesto del Servicio Electoral deberá contemplar los fondos necesarios para financiar los procesos de auditorías.

Artículo 40.- La selección de las empresas de auditoria, se realizará a través de una licitación pública a la cual deberá convocar el Servicio Electoral, conforme a las bases que elaborará su Consejo.

El Consejo del Servicio Electoral seleccionará a dos empresas de entre las cuatro que, cumpliendo con las bases de la licitación, hayan efectuado las menores ofertas económicas por sus servicios. En caso de haber menos de cuatro, la selección se circunscribirá a todos ellos.

Las dos empresas de auditoría serán seleccionadas por la unanimidad de los Consejeros del Servicio Electoral. A falta de unanimidad la selección se hará en una sola votación, teniendo cada Consejero derecho a votar solo por una de las candidatas. Quedarán seleccionadas las empresas que obtuvieren las dos más altas mayorías.

Las empresas serán seleccionadas por un período de ocho años. Dentro de ese período sus servicios podrán ser revocados solo por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, a petición fundada de la unanimidad del Consejo del Servicio Electoral, o por acuerdo del Senado.

Artículo 41.- Las empresas de auditoria deberán revisar anualmente y emitir un informe que contendrá su opinión, sobre los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales del Servicio Electoral, destinados a la inscripción de los electores en el Registro Electoral y a la confección del Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados. Dicho informe deberá señalar la capacidad de ellos de poder cumplir las funciones para la cual están requeridos, sus errores, si los hubiere, y los factores de riesgo que pudieran afectar su correcto funcionamiento. El informe deberá contener también sugerencias respecto a la solución de los problemas detectados.

En los años que correspondan elecciones generales, el informe deberá ser emitido doscientos diez días antes de la elección.

Artículo 42.- Determinado el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados conforme al artículo 31 de esta ley, las empresas de auditoria procederán a su revisión, que tendrá por objeto entregar una opinión respecto de si ellos cumplen con lo dispuesto en la ley. Terminada la revisión, elaborarán un informe, que deberá ser emitido ochenta días antes de la elección o plebiscito, y contendrá, al menos, un detalle de los errores encontrados con indicación de una sugerencia respecto de cómo pueden ser subsanados, y los demás comentarios u observaciones que los auditores estimen procedentes.

Artículo 43.- El Consejo del Servicio Electoral analizará los informes de auditoría y realizará las correcciones que estime pertinentes. Lo anterior constará en un acta que será publicada en la página web de dicho organismo.

Cumplido lo anterior, el Consejo del Servicio determinará el Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, conforme al artículo 32.

Artículo 44.- Todos los informes de las empresas de auditoria serán públicos, salvo respecto de las causales de inhabilidad. El informe deberá ser entregado al Consejo del Servicio Electoral, al Senado, a la Cámara de Diputados, a los Partidos Políticos, a los Tribunales Electorales Regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones, en la misma oportunidad.

Artículo 45.- Las empresas de auditoria deberán efectuar sus funciones con total independencia entre ellas. En consecuencia, no podrán compartir sus antecedentes, consultarse entre sí, tomar acuerdos, coordinar o efectuar trabajos en forma conjunta, ni externalizar parte de las funciones encargadas con los mismos terceros.

Artículo 46.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición de las empresas de auditoria todos sus registros, físicos y computacionales y demás antecedentes que en opinión de ellas sean necesarios para realizar sus informes. El Servicio de Registro Civil e Identificación y los demás organismos señalados en los artículos 15 al 20, deberán poner a disposición de las empresas de auditoria, la misma información que hubieren entregado al Servicio Electoral, cuando exista disconformidad entre los datos electorales y el Padrón Electoral.

Las empresas de auditoría deberán mantener reserva o secreto, según corresponda, de la información, datos y antecedentes que se les proporcione en virtud de este artículo, siendo público solamente los resultados de su auditoría.

TÍTULO III

DE LAS RECLAMACIONES

Artículo 47.- La persona que estimare que injustificadamente fue omitida del Padrón Electoral con carácter de Auditado, publicado conforme al artículo 32, podrá reclamar de este hecho, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, que conocerá del asunto.

En el mismo plazo, los Partidos Políticos, candidato independiente y cualquier otra persona, podrán presentar reclamaciones ante el mismo Tribunal, respecto de electores injustificadamente omitidos de este Padrón Electoral. Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones, en única instancia.

El Tribunal resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de cuatro días de requerido. El Tribunal deberá fallar, con o sin informe, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la presentación del reclamo.

El Tribunal ordenará la incorporación del reclamante o electores afectados al padrón electoral en los casos en que hubiere lugar a ella.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente o por el Servicio Electoral dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de su incorporación en el Estado Diario del respectivo Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá fallar dentro de un plazo de cinco días de presentada la apelación.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la comunicará inmediatamente al Servicio Electoral, el cual procederá a cumplirla sin más trámite.

Artículo 48.- Dentro de los diez días siguientes a la publicación del Padrón Electoral con carácter de Auditado, señalado en el artículo 32, cualquiera persona natural, partido político o candidato independiente podrá pedir al Tribunal Electoral Regional correspondiente al domicilio electoral del impugnado, la exclusión de quien figure en el Padrón Electoral en contravención a la ley.

Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.

No procederá solicitar la exclusión del padrón electoral respecto de un candidato cuya aceptación de candidatura se encuentre ejecutoriada.

La solicitud deberá ser acompañada de una boleta de depósito en arcas fiscales. El monto del depósito deberá ser igual o mayor a un cuarto de una unidad tributaria mensual, e igual o menor a cien unidades tributarias mensuales, según lo determine el Tribunal.

El Tribunal citará dentro de cinco días al reclamante y a la persona o personas cuya exclusión se pide, las que no estarán obligadas a asistir, pudiendo concurrir con todos sus medios de prueba. Para este efecto, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el Padrón. Si la persona reclamada o alguna de ellas hubiesen cambiado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará a costa del recurrente en un diario de los de mayor circulación en la localidad a que corresponda dicho domicilio.

En caso de que la reclamación afectare a un considerable número de personas o que el número de reclamos fuera muy elevado, podrá el Tribunal ordenar que la citación se haga por medio de un aviso que se publicará, a costa del reclamante, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que corresponda. Además, señalará diversas audiencias para oírlos, las cuales deberán celebrarse dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de ellas compareciere, el Tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes que se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos reclamos.

Los Tribunales resolverán con los antecedentes que el interesado o él o los afectados le suministren, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser evacuado a más tardar al cuarto día de ser solicitado.

La resolución judicial se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la audiencia y se notificará a las partes por el Estado Diario.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente, él o los afectados y el Servicio Electoral, dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de incorporación en el Estado Diario del Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, quien deberá resolver la apelación dentro del plazo de cinco días.

Ejecutoriada la sentencia que ordena la exclusión, será notificada al Servicio Electoral para que efectúe la cancelación correspondiente.

Artículo 49.- Los informes de las empresas de auditoria tendrán ante los tribunales el valor de un informe de peritos.

TITULO IV

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios las que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia, lo hagan aconsejable.

La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando circunstancias tales como la cantidad de población o dificultades para sufragar lo hagan aconsejable. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragio de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7° inciso primero, de esta ley.

TÍTULO V

DE LAS SANCIONES

Párrafo 1°

De los procedimientos judiciales por faltas y delitos contemplados en esta ley

Artículo 51.- Los delitos o faltas electorales se regirán por las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente, por el Código Penal.

Cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, podrá deducir querella para la investigación de los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 52.- No procederá el indulto particular en favor de los condenados en virtud de esta ley.

Párrafo 2°

De las sanciones

Artículo 53.- Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona;

2.- El que proporcionare datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento;

3.- El que ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio, un Libro de Actas, o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan; y

4.- El que use para fines comerciales los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 54.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos:

1.- El que maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en el Padrón Electoral, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usados para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones;

2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cedula de identidad;

3.- El que incite u organice a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral; y

4.- El que comercialice los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 55.- Si los delitos señalados en el artículo precedente son cometidos por un funcionario público, se les aplicarán las penas asignadas a los referidos delitos, aumentadas en un grado, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Artículo 56.- El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o libros de actas que se le hubieren confiado o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.

Si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

2) Reemplázase la numeración del actual Título IV por la de Título VI y la de los artículos 87, 88 y 89 por 57, 58 y 59. Además reemplázase el actual artículo 90, que pasa a ser artículo 60:

“Artículo 60.- Corresponderá al Servicio Electoral ejercer las siguientes funciones:

a) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la ley 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente;

b) Formar, mantener y actualizar el Registro Electoral;

c) Determinar el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados en los términos señalados en esta ley;

d) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral;

e) Resolver respecto de las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación de avecindamiento que se le presenten;

f) Solicitar la colaboración y antecedentes que sean necesarios, de los distintos órganos del Estado, para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;

g) Disponer la compra de los programas y equipos computaciones que utilizará en el cumplimiento de sus funciones, y los sistemas de mantención, protección y actualización de éstos; y

h) Las demás que esta u otras leyes establezcan.”.

3) Agrégase un nuevo artículo final al párrafo 1° del actual Titulo IV que pasa a ser VI:

“Artículo 61.- Los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo Directivo y su Director. Al Consejo corresponderá la dirección superior del Servicio y la dirección administrativa al Director.”.

4) Sustitúyense los Párrafos 2° y 3° del actual Titulo IV que pasa a ser VI por los siguientes:

“Párrafo 2°

Del Consejo Directivo del Servicio Electoral

Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. El Presidente formulará su proposición en un solo acto y el Senado se pronunciará sobre el conjunto de la propuesta.

Los consejeros durarán ocho años en sus cargos y podrán ser designados para otro período, por una sola vez, en la forma prevista en el inciso precedente. Se renovarán por parcialidades cada cuatro años.

Los consejeros elegirán de entre ellos un Presidente por mayoría de votos. En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será subrogado por el consejero que en el acto se elija. Si no se lograre mayoría, en ambos casos, se procederá por sorteo.

El Presidente del Consejo durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido por una sola vez. El Presidente subrogante ejercerá el cargo mientras dure la ausencia o impedimento de aquél.

En caso de que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se designará un nuevo consejero de conformidad con el inciso primero, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tuvo lugar el hecho o circunstancia que ocasionó el cese. El nuevo consejero desempeñará su cargo hasta completar el período del consejero reemplazado.

Si el que cesare fuere el Presidente del Consejo, se procederá a la elección de su reemplazante una vez que se haya provisto su cargo de consejero. El nuevo Presidente desempeñará el cargo hasta completar el período del cesado.

Artículo 63.- Para ser designado Consejero del Servicio será necesario, además de cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos públicos, poseer título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de conformidad a la legislación vigente, acreditar experiencia profesional no inferior a cinco años en el sector público o privado y no haber desempeñado cargos de representación popular, de Ministro de Estado, de Subsecretario, de Intendente, de Gobernador o de dirigente de partido político en los cinco años anteriores a su designación.

Tampoco podrán ser Consejeros, las personas que se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con la sola excepción del desempeño en cargos docentes de hasta media jornada.

Los Consejeros no podrán estar afiliados a partidos políticos mientras ejerzan su cargo.

La función de Consejero no es delegable y se ejerce colectivamente, en sala legalmente constituida.

Artículo 64.- Los Consejeros tendrán derecho a ser informados plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el Director o quien haga sus veces, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del Servicio. Además, tendrán derecho a revisar el Registro Electoral y los padrones electorales, con la sola limitación de no afectar el funcionamiento del Servicio.

Los Consejeros percibirán una dieta equivalente a 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento por mes calendario.

El Presidente del Consejo o quien le subrogue, percibirá igual dieta, aumentada en un 50%.

Artículo 65.- Son causales de cesación en el cargo de Consejero, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado. Sin perjuicio de ello, éste será prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante;

b) Haber cumplido los 75 años de edad;

c) Renuncia, aceptada por el Presidente de la República;

d) Incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo;

e) Alguna causal de inhabilidad sobreviniente. El Consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar el cargo, cesará automáticamente en él; y

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como Consejero. Serán faltas graves la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un semestre calendario.

La existencia de las causales establecidas en las letras d) y e), si hubiere discusión sobre la sobreveniencia de la inhabilidad, y f) precedentes, serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo o del Ministro del Interior en el caso de la letra f), o de cualquier persona en el caso de la letra e). El requerimiento deberá hacerse por escrito, acompañándose todos los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal. Se dará traslado al afectado por el término fatal de diez días hábiles para que exponga lo que estime conveniente en su defensa.

Vencido este plazo, con o sin la respuesta del afectado, se decretará autos en relación y la causa, para su agregación a la tabla, vista y fallo, se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección. Tratándose de la causal de la letra d), el Tribunal, como medida para mejor resolver, podrá decretar informe pericial.

Los Consejeros y el Director tendrán el carácter de ministro de fe en las actuaciones que las leyes le encomienden.

A los Consejeros y al Director les será aplicable lo señalado en el N° 2 del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 66.- El Consejo sesionará, a lo menos, con cuatro de sus miembros en ejercicio. Presidirá las sesiones el Presidente del Consejo.

El Consejo podrá sesionar en forma ordinaria o extraordinaria.

Son sesiones ordinarias aquellas que determine el propio Consejo para días y horas determinadas, en ellas se tratarán todas las materias que el Presidente incluya en la tabla respectiva, la que deberá ser comunicada a los consejeros con no menos de 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión.

Por cada mes el Consejo deberá sesionar en forma ordinaria no menos de una vez y no más de tres veces.

Son sesiones extraordinarias aquellas en que el Consejo es convocado especialmente para conocer de modo exclusivo las materias que motivan la convocatoria. Estas sesiones serán convocadas por su Presidente, cuando exista algún asunto urgente que requiera del conocimiento del Consejo, o cuando así sea solicitado a éste, por requerimiento escrito de dos Consejeros. La citación a sesión extraordinaria deberá hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y contendrá expresamente las materias a tratar.

Los acuerdos requerirán del voto favorable de, a lo menos, cuatro Consejeros. Si el Consejo no lograra el anterior quórum, deberá dejar constancia pública de su desacuerdo y las razones fundadas de las partes, convocando el Presidente del Consejo a una nueva sesión que deberá realizarse no antes de cuatro días ni después de quince, siempre que este último plazo no altere el cumplimiento de un plazo legal, donde deberá resolverse el desacuerdo con el voto conforme de, a lo menos, tres de sus miembros.

En todo caso, se requerirá siempre del voto conforme de, al menos, cuatro Consejeros para tomar los acuerdos señalados en la letra h) del artículo 67.

El Servicio no podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más Consejeros tengan interés por sí o como representantes de otra persona. Se presume que existe interés directo de un Consejero en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño directo, o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

De toda deliberación y acuerdo del Consejo se deberá dejar constancia en un libro de actas. El acta deberá ser firmada por todos los Consejeros que hubieren concurrido a la sesión.

Artículo 67.- Corresponderá al Consejo:

a) Designar a los miembros de las Juntas Electorales según propuesta del Director;

b) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Servicio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento;

c) Aprobar la propuesta del presupuesto del Servicio efectuada por el Director;

d) Supervisar los actos del Director y Subdirector;

e) Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales para su ejecución por los organismos establecidos en ellas;

f) Aprobar los Padrones Electorales y la Nomina de Electores Inhabilitados, a los que se refiere esta ley;

g) Aprobar las bases para llamar a la licitación de las empresas de auditoria, seleccionarlas y conocer de sus informes;

h) Designar y remover al Director y Subdirector del Servicio Electoral. La designación se hará a partir de una quina propuesta para el cargo por el Consejo de la Alta Dirección Pública, en conformidad a las normas del Título VI de la ley 19.882; y

i) Las demás que le señale la ley o sobre las que deban pronunciarse en virtud de sus funciones o atribuciones.

Párrafo 3°

Del Director del Servicio Electoral

Artículo 68.- El Director del Servicio Electoral, será el representante legal del servicio y el Jefe Superior de éste. Le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo;

b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo;

c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Servicio, previo acuerdo del Consejo Directivo;

d) Nombrar al personal del Servicio y poner término a sus servicios, de conformidad a las normas estatutarias;

e) Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Servicio;

f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio;

g) Representar al Servicio Electoral tanto judicial como extrajudicialmente;

h) Llevar el Registro de Partidos Políticos, actualizado por regiones y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomienden la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos u otras leyes;

i) Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o programas, que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión de los fines del Servicio;

j) Convocar a propuestas públicas o privadas, aceptarlas o rechazarlas;

k) Dictar las resoluciones generales y particulares necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

l) Contratar personal para labores transitorias cuando por necesidades del Servicio así se requiera, conforme a las normas del Código del Trabajo o sobre la base de honorarios;

m) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo; y

n) Ejercer las demás funciones que le encomienda esta u otras leyes.

Artículo 69.- El Director y Subdirector tendrán derecho a asistir a las sesiones de Consejo con derecho a voz.

Artículo 70.- Al Director y al Subdirector les serán aplicables las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los Consejeros.

Párrafo 4°

Del personal del Servicio Electoral

Artículo 71.- Los funcionarios y demás personas que presten servicios en el Servicio Electoral, estarán obligados a mantener reserva acerca de los antecedentes, informaciones o documentos que conozcan en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las publicaciones que deban efectuarse y de las informaciones que pueda proporcionar dicho Servicio en conformidad a la ley.

Ni el personal del Servicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él, podrán militar en partidos políticos, ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter político-partidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular. Tampoco podrán participar de modo similar con ocasión de los actos plebiscitarios.

Toda contravención a este artículo se sancionará con las penas contenidas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta. Asimismo, serán aplicables las normas de responsabilidad funcionaria y del Estado contempladas en la ley Nº 19.880, en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.”.

5) Sustitúyase el actual artículo 99, que pasa a ser 72, del Título V que pasa a ser VII, por el siguiente:

“Artículo 72.- Los Partidos Políticos, candidatos independientes y demás entidades o personas que de acuerdo a la ley tengan acceso a la información contenida en el Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina de Inhabilitados, deberán actuar responsablemente en su manejo, debiendo responder civil y penalmente, según corresponda, y en conformidad a lo que establezca la ley.”.

6) Agrégase un nuevo artículo 73:

“Artículo 73.- Todos los plazos a que se refiere esta ley serán de días corridos.”.

Artículo 2º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:

1) Agréguese al final del artículo 1° la siguiente oración, pasando el punto final a ser punto seguido:

“Además establece y regula las Juntas Electorales.”

2) Sustitúyase el artículo 3°, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por escrito, para cada acto eleccionario, ante el Director del Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio, si lo hubiere, quien les pondrá cargo y otorgará recibo.

Las declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el Secretario de la Directiva Central de cada partido político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral o por a lo menos cinco de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. En todo caso, será acompañada por una declaración jurada del candidato, o de un mandatario designado especialmente al efecto por escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto a las inhabilidades. La declaración jurada deberá ser acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los estudios del candidato cuando corresponda en los términos que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el candidato.

La declaración de candidatura podrá presentarse en un acto separado por cada candidato.

Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente.”.

3) Sustitúyase el inciso cuarto del artículo 3 bis, por el siguiente:

“El pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral, antes del vencimiento del plazo y en forma previa a las declaraciones de candidaturas, mediante la presentación de una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en lista conjunta en una elección de Parlamentarios y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios.”.

4) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 6, por el siguiente:

“Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República, éstas solo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la primera o única votación, o hasta los treinta días siguientes a la convocatoria que se realice para una repetición de la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28, de la Constitución Política de la República.”.

5) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 11, por los siguientes:

“El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante cualquier notario por ciudadanos con derecho a sufragio que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político legalmente constituido o en formación, y cuyos domicilios electorales registrados en el Registro Electoral corresponda al distrito o circunscripción senatorial, según se trate de elecciones de Diputados o Senadores. Será notario competente cualquiera del respectivo territorio.

La nómina de patrocinantes deberá señalar en su encabezamiento el nombre del candidato y el acto electoral de que se trate. A continuación, deberá dejarse expresa constancia del juramento a que se refiere el inciso anterior y de los siguientes antecedentes: primera columna, numeración correlativa de todos los ciudadanos que la suscriban; segunda columna, sus apellidos y nombres completos; tercera columna, número de la cédula nacional de identidad; cuarta columna, indicación de su domicilio electoral, con mención de la comuna; quinta columna, firma del elector o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.”.

6) Reemplázase en el artículo 13, la expresión “inscritos en cualquier parte del territorio nacional” por “habilitados para ejercer el derecho a sufragio”.

7) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- El Consejo del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo para declaración de candidaturas, deberá aceptarlas o rechazarlas. Para tal efecto dictará las resoluciones respectivas que se publicarán dentro de tercer día en el Diario Oficial.

El Consejo del Servicio Electoral deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 25, 48 y 50 de la Constitución Política de la República, o que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 57 de la Constitución. Asimismo, rechazará las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los Párrafos 1° a 3° de este Título.”.

8) Agréguese en el artículo 19 el siguiente inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Si el rechazo de la candidatura por parte del Servicio Electoral conforme al artículo 17, se hubiere fundado en no ser el candidato declarado ciudadano con derecho a sufragio, y el fallo del Tribunal hubiere ordenado su inscripción como candidato, el Servicio Electoral deberá también incorporar al candidato dentro del padrón de electores. Si, por el contrario, el Tribunal rechazare una candidatura aceptada por el Servicio Electoral, al considerar que el candidato no es ciudadano con derecho a sufragio, el Servicio Electoral deberá excluir al candidato del padrón de electores”.

9) Deróguese el artículo 21.

10) Reemplácese en el inciso primero del artículo 27, la expresión “Director del” por el vocablo “El”.

11) Elimínese en el artículo 29 el inciso tercero y sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“El Servicio Electoral entregará a los partidos políticos, a los pactos electorales y a los candidatos independientes, el número de facsímiles de las cédulas con las cuales se sufragará que determine el Servicio. La entrega se hará dentro del plazo señalado en el inciso anterior.”.

12) Deróguese el Artículo 34.

13) Reemplázase el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- El Servicio Electoral podrá fusionar aquellas mesas receptoras de sufragios que tengan menos de ciento setenta y cinco electores habilitados para votar al momento de determinarse el padrón electoral, con una o más mesas receptoras de sufragio de la misma circunscripción electoral, con el objeto de que funcionen conjuntamente como si fueran una sola mesa, siempre que el resultado de dicha fusión no signifique que la mesa resultante supere el número de trescientos cincuenta electores habilitados para votar.

En este caso existirá un solo padrón de la mesa fusionada y se ordenará alfabéticamente.

La nueva mesa se identificará con los números de las mesas que se fusionaron separados por guiones.”

14) Sustitúyase el artículo 38, por el siguiente:

“Artículo 38.- Cada Mesa Receptora se compondrá de cinco vocales elegidos de entre los inscritos en el Padrón de Mesa respectivo.”

15) Intercálese en el inciso primero del artículo 40, entre las expresiones “representación popular;” y “los Ministros de Estado”, la expresión “las personas a cargo de los trabajos electorales que señala el artículo 7 de esta ley;”.

16) Reemplácese en el inciso primero del artículo 40 la expresión “los jueces letrados y los de Policía Local” por la expresión “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local;”.

17) Reemplácese el inciso segundo del artículo 40 por el siguiente:

“Si por las causales anteriores no fuere posible integrar la Mesa, se constituirá con ciudadanos que figuren en los Padrones de Mesas correspondientes a mesas contiguas.”.

18) Sustitúyase el artículo 41, por el siguiente:

“Artículo 41.- Se designarán tres vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios con ocasión de la elección de diputados y senadores, y dos con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si se trata de una mesa nueva, o si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiera cambiado de Circunscripción Electoral o hubiera perdido el derecho a sufragio.

Para proceder a la designación de vocales, a partir del cuadragésimo quinto día anterior a la elección, cada uno de los Miembros de la Junta Electoral escogerá diez nombres, que deberán corresponder a diez ciudadanos con derecho a sufragio, que aparezcan en la nómina por mesa receptora de sufragio del padrón electoral con carácter de auditado, señalado en el artículo 32 de la ley N° 18.556, que el Servicio Electoral pondrá a disposición de la Junta. Si la Junta funcionare con dos miembros cada uno elegirá quince nombres.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de vocales de Mesas y a los que no hubieran ejercido igual función durante los cuatro años anteriores.

Escogidos los nombres, la Junta Electoral procederá a confeccionar para cada Mesa Receptora una nómina en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al treinta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, a las catorce horas del trigésimo día anterior a la fecha de la elección o plebiscito, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros números, según corresponda, sirvan para individualizar en cada nómina a las personas que se desempeñarán como vocales de las Mesas Receptoras, y los siguientes, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como reemplazantes.”.

19) Elimínese en el inciso primero del artículo 42 la expresión “comenzando por las de varones,”.

20) Reemplázase el inciso primero del artículo 43, por el siguiente:

“Artículo 43.- El Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina completa de los vocales designados para cada Mesa Receptora de la respectiva elección. Respecto de todos ellos se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en un diario o periódico el vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito, o, si ese día no circulare el periódico en que deba publicarse, en la primera ocasión posterior a esa fecha en que esto ocurra, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.”

21) Sustitúyase el artículo 47, por el siguiente:

“Artículo 47.- Los vocales sorteados por las Juntas Electorales para las Mesas Receptoras ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los vocales sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

22) Incorporase el siguiente artículo 47 bis, nuevo:

“Artículo 47 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de vocal de Mesa Receptora de Sufragio un bono equivalente a la suma de dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral en el que participen.

Dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Este bono se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, los delegados de las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 77 de esta ley, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la función de vocales en el acto electoral respectivo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

23) Modifícase el artículo 49 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer” por “a las quince horas del”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“El Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria.”.”.

24) Reemplázase el inciso segundo del artículo 52 por el siguiente:

“El Secretario de la Junta Electoral requerirá de la Comandancia de Guarnición respectiva, a lo menos con sesenta días de anticipación a la audiencia, un informe sobre los locales estatales o privados que sean más adecuados para el expedito funcionamiento de las Mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención del orden público. Sin perjuicio de su informe escrito, el jefe aludido podrá, personalmente o representado por quien él designe, asistir a la audiencia de la Junta y proponer otros locales. La asignación de las Mesas que corresponderán a cada local se hará tratando de mantener, en la medida que ello sea posible, la misma asignación de las elecciones anteriores.”.

25) Sustitúyase el artículo 54, por el siguiente:

“Artículo 54.- A partir de las catorce horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito, en cada recinto de votación iniciará sus funciones una Oficina Electoral dependiente de la respectiva Junta Electoral, que estará a cargo de un Delegado que designará dicha Junta. Esta nominación, que se entenderá subsistente para el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, deberá recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras o Secretario Abogado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe. En ningún caso podrá recaer en funcionarios Municipales o dependientes directa o indirectamente de Corporaciones Municipales. Estos delegados podrán hacerse asesorar por el personal necesario para el funcionamiento de la oficina, con cargo al Servicio Electoral y de acuerdo con las instrucciones que el Servicio imparta. Este personal percibirá un bono diario equivalente a media Unidad de Fomento.

El delegado tendrá derecho a un bono total equivalente a cinco Unidades de Fomento por todas las tareas realizadas con ocasión de las elecciones y plebiscitos que se realicen en un mismo acto electoral. Se considerará para estos efectos como otro acto electoral, la segunda votación realizada, conforme al inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política.

A estos bonos le será aplicable lo señalado en el inciso segundo del artículo 47 bis.

Las Oficinas Electorales funcionarán no menos de cuatro horas durante el segundo día anterior a la elección o plebiscito; desde las nueve horas y hasta al menos las dieciocho horas el día anterior a la elección o plebiscito; y desde las siete horas y hasta completar todas sus funciones en el día de la elección o plebiscito.

Corresponderá al delegado de la Junta Electoral, sin perjuicio de las demás tareas que señala esta ley:

1) Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio. Para estos efectos deberá contar con medios expeditos para la atención de las consultas de los electores de toda la Circunscripción Electoral, especialmente en lo que tenga relación, con su local de votación y su Mesa Receptora de Sufragios o poder señalar al elector su condición de estar inhabilitado para votar en la elección mencionando la causal;

2) Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras y, cuando corresponda, designar a los reemplazantes de los vocales que no hubieren concurrido conforme al artículo 57;

3) Hacer entrega a los Comisarios de Mesa de los útiles electorales;

4) Instruir a los electores no videntes sobre el uso de la plantilla a que se refiere el artículo 28;

5) Recibir, terminada la votación, los útiles electorales empleados en las mesas y los sobres con las actas de escrutinio que debe entregar al día siguiente al Colegio Escrutador;

6) Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público.”.

26) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:

“Artículo 55.- El Servicio Electoral pondrá a disposición de la Oficinas Electorales, por intermedio de las Juntas Electorales, los útiles destinados a cada una de las Mesas Receptoras de Sufragios del respectivo local a lo menos el día anterior a la elección o plebiscito.

Para cada Mesa Receptora deberá considerarse el siguiente material:

1) El Padrón de Mesa con la nómina alfabética de los electores habilitados para votar en ella y los datos para identificarlos. Este padrón deberá disponer en la línea de cada elector de un espacio donde se estamparán las firmas o huellas dactiloscópicas de los electores que voten. Este espacio deberá ser de por lo menos tres centímetros de arriba a abajo por cada elector. Además deberá disponer de un espacio para anotar los números de las cédulas electorales. El Padrón de Mesa podrá estar dividido en dos secciones si así lo dispone el Servicio Electoral.

2) Dos ejemplares de la cartilla de instrucciones para uso de la Mesa Receptora de Sufragios, que elaborará el Servicio Electoral;

3) Las cédulas para la emisión de los sufragios en número igual al de los electores que deben sufragar, más un diez por ciento;

4) Cuatro lápices de grafito de color negro y dos lápices pasta de color azul;

5) Un tampón para huella dactilar.

6) Un formulario de acta de instalación;

7) Tres formularios de actas de escrutinio por cada elección o plebiscito y un cuarto de reemplazo en caso de que inutilicen alguno de los anteriores;

8) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Colegio Escrutador;

9) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Tribunal Calificador de Elecciones;

10) Cinco sobres por cada elección o plebiscito que se realice, para colocar las cédulas con que se sufrague. Uno de ellos llevará en su parte exterior la indicación “Votos escrutados no objetados”; otro, “Votos escrutados marcados y objetados”; otro, “Votos nulos y en blanco”; otro, “Talones de las cédulas emitidas”; y el quinto, “Cédulas no usadas o inutilizadas y talones y sellos adhesivos no usados”;

11) El sobre para colocar el Padrón de la Mesa;

12) El o los sobres para guardar el resto de los útiles usados;

13) Formularios de recibos de los útiles electorales y de las actas, que deban entregarse al Delegado de la Junta;

14) Un formulario de minuta del resultado del escrutinio por cada elección o plebiscito;

15) Un ejemplar de esta ley; y

16) Sellos adhesivos.

En los padrones, formularios y sobres se deberá indicar la región y circunscripción, el número de Mesa correspondiente y el sello del Servicio Electoral. Los sobres llevarán, además, la indicación del objeto a que están destinados o de su destinatario.

En la misma oportunidad, el Servicio Electoral remitirá, para uso de los Delegados de las Juntas Electorales, dos ejemplares del Padrón Electoral y de la Nómina de Electores Inhabilitados de toda la Circunscripción Electoral correspondiente y los formularios de recibo de los útiles electorales por parte de los Comisarios.”.

27) Sustituyese el artículo 57, por el siguiente:

“Artículo 57.- A las ocho horas de la mañana del día fijado para la elección o plebiscito se reunirán, en los locales designados para su funcionamiento, los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios.

Las Mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales.

Los vocales asistentes que no se encontraren en número suficiente para el funcionamiento de las respectiva Mesa darán aviso inmediato al delegado de la Junta Electoral.

A partir de las nueve horas el delegado procederá a designar los vocales que faltaren hasta completar solo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto. Deberá preferir a los electores que voluntariamente se ofrezcan en el orden en que se presenten. A falta de éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario. El delegado deberá haber constituido todas las mesas a más tardar a las diez horas.

Integrada la mesa, los vocales originalmente designados podrán incorporarse a ella, en orden de presentación hasta completar el máximo de cinco, sin que puedan reemplazar a los vocales designados en virtud del inciso anterior y siempre que ello ocurra con anterioridad a las once horas. Del hecho de las incorporaciones y de su hora se dejará constancia en el acta de instalación.

En ningún caso las Mesas podrán integrarse pasadas las doce horas.”

28) Modifíquese el artículo 58 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso segundo, la expresión “el o los Registros” por “el Padrón de Mesa”.

b) Elimínese los incisos tercero y cuarto.

29) Intercálese en el inciso segundo del artículo 59, después de la expresión “Cumplidos los trámites anteriores,” la frase “y nunca antes de las ocho de la mañana,”.

30) Sustitúyase el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- Son electores, para los efectos de esta ley, los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los Padrones de Mesa y que tengan cumplidos dieciocho años de edad el día de la votación.

El elector que concurra a votar deberá hacerlo para todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral.”

31) Agréguese al final del inciso cuarto del artículo 61, la siguiente frase:

“En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa Receptora de Sufragios, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.”.

32) Sustitúyase el artículo 62, por el siguiente:

“Artículo 62.- El elector chileno entregará al Presidente su cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero su cédula de identidad para extranjeros. Dichos documentos deberán estar vigentes. Ningún certificado u otros documentos podrán reemplazar a los anteriores.

Una vez comprobada la identidad del elector, la vigencia de su cédula de identidad o de su pasaporte, y el hecho de estar habilitado para sufragar en la Mesa, el elector firmará en la línea que le corresponda en el Padrón Electoral de la Mesa o, si no pudiere hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo pulgar derecho o, en su defecto cualquier otro dedo, de lo que el presidente dejará constancia al lado de la huella. De la falta de este requisito, se dejará constancia en el Acta, aceptándose que el elector sufrague.”.

33) Reemplázase el inciso primero del artículo 63, por el siguiente:

“Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del Padrón de Mesa y la identidad del elector, se recabará la intervención del experto de identificación que habrá en cada local de votación. El experto hará que el elector estampe su huella dactilar derecha al lado de su firma y la cotejará con la estampada en su cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros.”.

34) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 64, la expresión “respectivo cuaderno de firmas” por “Padrón de la Mesa” y la expresión “votación” por “elección”.

35) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

“Artículo 66.- Después de haber sufragado y depositadas las cédulas en la urna, se procederá a devolver al elector su cédula nacional de identidad, el pasaporte o su cédula de identidad para extranjeros, según corresponda.”.

36) Sustitúyase en el inciso final del artículo 67, la expresión “numérico de las inscripciones” por “alfabético en el Padrón de Mesa”.

37) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

“Artículo 68.- A las dieciocho horas del día de la elección, y siempre que no hubiere algún elector que deseare sufragar, el Presidente declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación.

Efectuada la declaración de cierre, el Secretario o el vocal en su caso, escribirá en el Padrón de la Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión “no votó” respecto de los electores que no hayan sufragado.”

38) Modifícase el artículo 71, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyase el numeral 1), por el siguiente:

“1) El Presidente contará el número de electores que hayan sufragado según el Padrón de la Mesa y el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas para cada elección o para el plebiscito;”.

b) Reemplázase el numeral 5), por el siguiente:

“5) Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas. La Mesa dejará constancia al dorso de ella del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión.

Se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta señalada en el artículo 65, y las que tengan además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquella emitida con una preferencia pero sin los dobleces correctos. Estas cédulas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen.

Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas;”.

c) Reemplázase el numeral 6), por el siguiente:

“6) Tratándose de una elección de Presidente de la República y de Parlamentarios, se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.

En los plebiscitos se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión.

Las operaciones se practicarán por el Presidente, por el Secretario y demás vocales;”.

d) Reemplázase el numeral 7), por el siguiente:

“7) Terminado el escrutinio se llenará la minuta con los resultados, y será firmadas por los vocales colocándose en un lugar visible de la mesa.”.

e) Reemplázase el numeral 8), por el siguiente:

“8) Los vocales, apoderados y candidatos tendrán derecho a exigir que se les certifique, por el Presidente y el Secretario, copia del resultado, lo que se hará una vez terminada las actas de escrutinio.”

39) Sustitúyase el artículo 72, por el siguiente:

“Artículo 72.- Inmediatamente después de practicado cada escrutinio, y en el mismo lugar en que hubiere funcionado la Mesa Receptora se levantarán actas del escrutinio, estampándose separadamente, en letras y en cifras, el número de sufragios que hubiere obtenido cada candidato o cada una de las proposiciones de la cédula para plebiscito, en su caso.

Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio y de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio que deseen hacer constar los vocales y apoderados, sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación, bajo las penas que esta ley señala. Se dejará especial testimonio en el acta del cumplimiento de las exigencias del artículo 71.

El acta de escrutinio se escribirá en tres ejemplares idénticos, los que tendrán para todos los efectos legales el carácter de copias fidedignas, serán firmadas por todos los vocales y los apoderados que lo deseen.

El primer ejemplar del acta quedará en poder del Secretario de la Mesa en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales, por el lado del cierre, para su remisión al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, y dejándose testimonio, en letras, en la cubierta del sobre, de la hora en que el Secretario lo hubiere recibido.

El segundo ejemplar del acta se entregará por el Presidente de la Mesa al Delegado de la Junta Electoral, en sobre dirigido al Colegio Escrutador, cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre, para que éste lo presente al Colegio en la oportunidad señalada en el artículo 86. El Delegado entregará recibo de su recepción.

El tercer ejemplar del acta, inmediatamente después de llenada, y antes de practicar el escrutinio de otra elección, se entregará por el Comisario de la Mesa a la persona dispuesta por el Servicio Electoral de la Oficina Electoral del local a que se refiere el artículo 76 bis, en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre. Se entregará recibo de su recepción.

Si en el local de votación se contare con facilidades de fotocopia, se procederá a llenar un solo ejemplar del acta y, antes de su firma por los vocales, el Comisario de la Mesa concurrirá al lugar de fotocopia, obteniendo las otras dos copias y las copias necesarias para entregar a todos los apoderados que la hubieran solicitado. Después regresará a la mesa, donde se procederá a firmar el original y las copias por los vocales y apoderados que lo deseen con tinta o lápiz a pasta de color azul, cerciorándose de que sean idénticas al original. Posteriormente, se procederá a su ensobrado y distribución conforme a los incisos anteriores, debiendo destinarse el original al sobre que el Secretario de la Mesa remitirá al Tribunal Calificador de Elecciones.

40) Reemplázase el artículo 73, por el siguiente:

“Artículo 73.- Después de practicado cada escrutinio y llenado de las actas conforme al artículo anterior, el Presidente pondrá las cédulas escrutadas con las que se hubiere sufragado en la elección o el plebiscito, separando las cédulas escrutadas y no objetadas, las escrutadas marcadas y objetadas, los votos nulos y en blanco, las cédulas no usadas o inutilizadas, los talones desprendidos de las cédulas emitidas y los talones y sellos adhesivos no utilizados, dentro de los sobres especiales destinados a cada efecto.

En el sobre caratulado "Votos escrutados no objetados" se colocarán aquellas cédulas que, emitidas correctamente conforme al artículo 65, no se encuentran en las situaciones señaladas en el número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos nulos y en blanco" se colocarán aquellas cédulas que, a juicio de la mayoría de la Mesa, se encuentren en cualquiera de los casos señalados en los párrafos primero y tercero del número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos escrutados marcados y objetados" se colocarán aquellas cédulas consideradas marcadas conforme al párrafo segundo del número 5 del artículo 71, contra las cuales se hayan formulado objeciones, que consten en el acta respectiva.

Se pondrán, además, dentro del respectivo sobre el Padrón de Mesa empleado en la votación de la Mesa.

Los sobres se cerrarán, sellarán y firmarán, por el lado del cierre, por todos los vocales y por los apoderados que quisieren.”.

41) Sustitúyase el artículo 75, por el siguiente:

“Artículo 75.- Completados todos los escrutinios, llenadas las actas y ensobrados los votos, se hará un paquete en que se pondrán los sobres de los votos a que se refiere el artículo 73, el acta de instalación y los demás útiles usados en la votación.

El paquete será cerrado y sellado. En su cubierta se anotará la hora y se firmará por todos los vocales y los apoderados que lo desearen. Luego, se dejará en poder del Comisario.”.

42) Agréguese el siguiente artículo 76 bis.

“Artículo 76 bis. La persona que disponga el Servicio Electoral se instalará en la Oficina Electoral del local de votación y procederá a recibir los ejemplares del acta señalados en el inciso sexto del artículo 72, cuyos datos procederá a incorporarlos al sistema computacional en la forma que disponga el Servicio Electoral, en conformidad al artículo 175 bis.

Los apoderados acreditados ante la Oficina Electoral del Local Votación, podrán estar presentes y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso o transmisión de los datos que ellas contienen.

43) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 77:

“El Delegado de la Junta Electoral deberá concurrir personalmente al inicio de la sesión que se señala en el artículo 86 del Colegio Escrutador que corresponda, con objeto de hacer entrega personalmente de los sobre cerrados y dirigidos al Colegio Escrutador que contienen las actas de escrutinios de las mesas de votación del Local donde ejerció su función.”.

44) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 80, la palabra “Director” por “Consejo”; la expresión “, o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito” por “o plebiscito”, y el vocablo “veinte” por “cuarenta y cinco”.

45) Reemplázase el artículo 81, por el siguiente:

“Artículo 81.- Cada Colegio estará compuesto de seis miembros titulares e igual número de suplentes, designados por las respectivas Juntas Electorales, en conformidad a los artículos siguientes.

Se designarán tres miembros con ocasión de la elección de diputados y senadores, y tres con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiere cambiado de Circunscripción Electoral a una que no deba escrutar el Colegio o hubiere perdido el derecho a sufragio.

No podrán ser designados como miembros de los Colegios Escrutadores las personas señaladas en el inciso primero del artículo 40, ni aquéllas que hubieren sido designadas como vocales de mesas receptoras de sufragios para la misma elección de que se trate.”.

46) Sustitúyase el artículo 82, por el siguiente:

“Artículo 82.- Para proceder a la designación de los miembros de los Colegios Escrutadores, cada uno de los miembros de la Junta Electoral respectiva escogerá veinte nombres, que deberán corresponder a veinte ciudadanos inscritos en las mesas que corresponda escrutar al Colegio respectivo. Si la Junta funcionare con dos miembros, elegirán treinta cada uno de ellos.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de miembro del Colegio Escrutador, cuyo domicilio electoral corresponda a la localidad donde sesionará el Colegio Escrutador, y que no hubieren sido seleccionadas para vocales de mesas en la misma elección.

A continuación, la Junta Electoral procederá a confeccionar una nómina para cada Colegio Escrutador que le corresponda designar, en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al sesenta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, inmediatamente designados los vocales de las respectivas Mesas Receptoras de Sufragios, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros seis números sirvan para individualizar, en cada nómina, a las personas que se desempeñarán como miembros de los Colegios Escrutadores, y los siguientes seis, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como suplentes.

La Junta Electoral formará un libro con las nóminas alfabéticas firmadas por todos sus miembros, debidamente foliadas y con indicación del Colegio a que corresponda, el que se entenderá como parte integrante del acta del sorteo. Este libro será público y se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.

En todo caso, las nóminas deberán encontrarse en el local donde se efectúe el sorteo respectivo.”.

47) Reemplázase el artículo 83, por el siguiente:

“Artículo 83.- El Secretario de la Junta Electoral publicará el acta de lo obrado, incluyendo las nóminas de los miembros designados para cada Colegio Escrutador, respecto de quienes se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en la forma establecida en el artículo 43 de esta ley, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.

Dentro del mismo plazo, comunicará su nombramiento por carta certificada a los miembros designados, indicando la fecha, hora y lugar en que el Colegio Escrutador funcionará, y el nombre de los demás integrantes. El encargado de la oficina de correos deberá otorgar recibo circunstanciado de los avisos que se entregaren.”.

48) Incorpórese el siguiente artículo 83 bis, nuevo:

“Artículo 83 bis.- Cualquier miembro de los Colegios Escrutadores podrá excusarse de desempeñar el cargo, en los plazos, formas y causales establecidas en el artículo 44.

En el mismo plazo, cualquier persona podrá solicitar la exclusión del o los miembros de un Colegio Escrutador que estuvieren afectados por alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el artículo 81.

Para los efectos de conocer y resolver las excusas que se presentaren y reemplazar a los miembros cuya excusa o exclusión hubiere sido acordada por la Junta Electoral, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de esta ley.”.

49) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 84 la expresión “Director” por “Consejo”.

50) Reemplázase el artículo 85, por el siguiente:

“Artículo 85.- Los miembros de los Colegios Escrutadores ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los miembros sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

51) Incorpórese el siguiente artículo 85 bis, nuevo:

“Artículo 85 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de miembro de los Colegios Escrutadores y de Secretario de Colegio Escrutador un bono equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral.

Dicha cantidad no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Esta cantidad se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, dentro de los dos días siguientes al término de la función de los Colegios Escrutadores, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la funciones respectivas en dicho organismo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

52) Sustitúyase el artículo 86, por el siguiente:

“Artículo 86.- A las catorce horas del día siguiente a la elección o plebiscito, el Colegio Escrutador se reunirá con al menos tres de sus miembros, en el lugar que hubiere designado la Junta Electoral correspondiente, bajo la presidencia provisional del Secretario del Colegio, nombrado de conformidad al artículo 84. Reunido el número requerido, se procederá a sortear de entre los miembros presentes un Presidente.

Al inicio de la sesión, los delegados de las Juntas Electorales deberán entregar al Secretario los sobres sellados que contengan las actas de escrutinios de las Mesas Receptoras que hubieren funcionado en su respectivo local de votación. Éste se cerciorará del estado de los sellos y de las firmas y otorgará el recibo correspondiente, en original y copia. El Delegado conservará el original y la copia la remitirá al Secretario de la Junta Electoral.

Inmediatamente, el Presidente declarará constituido el Colegio, levantándose un acta en que se dejará constancia de los siguientes hechos y circunstancias: a) individualización del Colegio, expresándose la correspondiente región, provincia, comuna y circunscripción; b) el local de su funcionamiento; c) las Mesas que debe escrutar; d) nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; e) el día y hora de la constitución del Colegio, y f) la nómina de los miembros del Colegio que no hubieren asistido a la reunión. El acta se extenderá en el Libro de Actas correspondiente y será firmada por los miembros del Colegio y el Secretario, quien deberá remitirla para los efectos de las ausencias injustificadas, al Juzgado de Policía Local correspondiente.”.

53) Reemplázase el artículo 87, por el siguiente:

“Artículo 87.- El Colegio Escrutador, en audiencia pública, procederá con la ayuda de un sistema computacional, a registrar y sumar el número de votos obtenidos por cada candidato en las mesas que debe escrutar y, además, en el caso de elecciones de Parlamentarios, a sumar los votos obtenidos por cada lista de candidatos, de acuerdo con el procedimiento del artículo siguiente. Una vez terminado dicho procedimiento se extenderá el acta y el cuadro a que se refiere el artículo 88 de esta ley.

Para efectos de lo anterior, el Servicio Electoral dotará a cada Colegio Escrutador de computador con su respectiva impresora y de un software o sistema que permita realizar el ingreso o revisión de los resultados por mesa y candidato, que proceda a realizar las sumas y emita los cuadros y actas a que se refiere el artículo 89. Además, deberá proveer de una manual para el uso de este equipo y su software.

El sistema computacional señalado en los incisos anteriores deberá tener ya registrado los resultados de cada candidato por Mesa Receptora de Sufragios, que se hubieren ingresados a los sistemas del Servicio Electoral, conforme al artículo 76 bis.”.

54) Sustitúyase el artículo 88, por el siguiente:

“Artículo 88.- El Presidente leerá el acta de la mesa en alta voz, debiendo el Secretario comprobar los resultados por candidato con los datos ya ingresados al sistema computacional, pudiendo corregirlos, modificarlos o completarlos si ellos faltaren. Los demás miembros del Colegio y los apoderados podrán comprobar la exactitud de la lectura con los datos que en definitiva queden registrados en el sistema. Cada uno de los miembros y apoderados podrán a su vez tomar nota separadamente del resultado de las actas a medida que sean leídas con el objeto de verificar los datos ingresados y las sumas de los votos obtenidos por cada candidato y lista cuando corresponda.

Si faltaren actas de Mesas que hubieren funcionado el día de la elección, se dejará constancia expresa en el acta que dichas mesas no fueron escrutadas por el Colegio. Si respecto de esas mesas, el sistema computacional tuviere registrado sus resultados en base al ingreso de datos efectuados conforme al artículo 76 bis, se dejará constancia que dichos resultados no fueron revisados por el Colegio por carecer de un ejemplar del acta.

Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias, entre la suma real de los votos de cada candidato, los nulos y blancos y los totales indicados en las actas, se ingresaran igual al sistema los datos que existan, dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los errores que se hubiere detectado.

Terminada la lectura y el ingreso de resultados al sistema computacional, se obtendrá de este último, en forma provisoria, un cuadro de resultados, que contendrá para cada Mesa, los votos obtenidos por cada candidato y por lista si correspondiere, además de los votos nulos y blancos y el total de votos escrutados de la Mesa. Este cuadro contendrá también la suma total de votos del Colegio por cada candidato, y lista si correspondiere, además de la suma total de votos blancos y nulos y total de votos escrutados. El cuadro provisorio se emitirá con el número de copias que sea necesario para que los miembros del Colegio y los apoderados puedan revisar los datos ingresados y las sumas, a objeto de que puedan sugerir correcciones cuando consideren que existen errores.

Se efectuarán las correcciones que acuerde la unanimidad de los miembros del Colegio, así como las que acuerde la mayoría de los miembros del Colegio cuando haya discrepancias respecto del valor correcto de un resultado ingresado, resolviendo el Secretario en caso de empate. En todo caso, se deberá dejar siempre constancia detallada en el acta de la discrepancia surgida, como también de las correcciones u observaciones requeridas por los apoderados y que el Colegio no haya considerado.”.

55) Reemplázase el artículo 89, por el siguiente:

“Artículo 89.- Terminada la revisión y resueltas las discrepancias señaladas en el artículo anterior, se obtendrá del sistema computacional el cuadro de resultados definitivo del Colegio en tres ejemplares.

Deberá levantarse un acta donde se harán constar los siguientes hechos o circunstancias:

a) El día y la hora del término de su labor;

b) Las cifras totales, en número y letras, alcanzadas por los candidatos y por las listas de candidatos en el caso de elecciones Parlamentarias;

c) La cantidad de votos nulos y en blanco emitidos dentro de su territorio jurisdiccional y la circunstancia de haberse practicado la agregación a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente;

d) Los reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento observado al hacerse la operación;

e) Un detalle de las mesas que el Colegio no pudo escrutar o no pudo revisar, por no haber recibido la correspondiente acta de escrutinio.

f) Un detalle de las mesas donde existen desigualdades en el acta entre los totales que ellos muestran y las suma de los votos por candidatos más los nulos y blancos.

g) Todos los demás que determine esta ley o el Colegio.”.

56) Sustitúyase el inciso primero del artículo 94, por el siguiente:

“El Secretario del Colegio Electoral deberá, obtener del sistema computacional y hacer entrega de un copia certificada por él, del cuadro de resultados definitivo y del acta, a todos los apoderados y candidatos que lo soliciten.”.

57) Reemplázase el artículo 95, por el siguiente:

“Artículo 95.- El Servicio Electoral deberá dar a conocer los resultados de los escrutinios practicados por los Colegios Escrutadores a medida que vaya disponiendo de ellos.

Para estos efectos, el Director del Servicio Electoral abrirá el sobre con el acta y cuadro que hubiere recibido del Presidente de cada Colegio Escrutador, comprobará las exactitud de dichos resultados con los contenidos en el sistema computacional, efectuará las correcciones que fueren necesarias para que los resultados del sistema computacional se ajusten al acta y cuadro, y procederá a liberar su información en los términos señalados en el inciso siguiente.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de los Colegios Escrutadores. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos y los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito, podrán también disponer de esos mismos resultados en medios magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo deberán señalar su condición de provisorios y sujetos al escrutinio general de los Tribunales que correspondan.

58) Agréguese al final del inciso primero del artículo 96 la siguiente letra f):

“f) La utilización de un Padrón Electoral incorrecto, que contengan omisiones de inscritos o electores con derecho a sufragio, inhabilidades mal aplicadas, errores en el domicilio electoral y la correspondiente circunscripción electoral, y en los demás datos del padrón.”.

59) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 97, por los siguientes:

“Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios cuando, en su opinión, se haya incurrido en omisiones, calificación errada de los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco por parte de la mesa, errores en las actas de escrutinios, en sus sumas y totales, diferencias entre las actas o entre ellas y los certificados de escrutinios entregados a los apoderados, resultados mal imputados por los Colegios Escrutadores o en errores aritméticos.

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones o plebiscitos, se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, debiendo acompañarse en el mismo acto los antecedentes en que se funde. Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.”

60) Sustitúyase el artículo 99 bis, por el siguiente:

“Artículo 99 bis.- Tratándose de la elección de Presidente de la República, las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección, acompañándose en el mismo acto los antecedentes en que aquéllas se fundaren.

Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.

Dentro del plazo fatal de dos días, contado desde la fecha del respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el Tribunal las informaciones y contrainformaciones que se produzcan. El Tribunal conocerá, adoptará las medidas para mejor resolver y emitirá su fallo dentro del plazo señalado por el artículo 27 de la Constitución Política de la República. En todo caso, dicho fallo no será susceptible de recurso alguno y su notificación se practicará por el estado diario.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal deberá además, dar cumplimiento a las normas establecidas en el Título V de la presente ley, en lo que fuere pertinente.”.

61) Agrégase el siguiente artículo 101 bis:

“Artículo 101 bis.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición del Tribunal los resultados de los Colegios Escrutadores en formato digital, que sirvieron para generar los cuadros de resultados conforme al inciso primero del artículo 89, los que en todo caso deberán ser concordantes con los cuadros remitidos al Tribunal en virtud de lo señalado en el artículo 91.”.

62) Reemplázase el artículo 103, por el siguiente:

“Artículo 103.- Para practicar el escrutinio general el Tribunal se apoyará en equipos y sistemas computacionales, debiendo resolver las solicitudes de rectificaciones conjuntamente con el escrutinio y observando las siguientes reglas:

1) Todas las sesiones del Tribunal que tengan por objeto practicar el escrutinio general o el escrutinio de alguna mesa en particular, serán públicas. A ellas podrán asistir los candidatos y hasta dos apoderados, designados al efecto por cada uno de los partidos políticos y por los candidatos independientes que hayan participado en la elección o plebiscito.

2) Si no se dispusiere del acta y cuadro de uno o más Colegios Escrutadores, el Tribunal requerirá del Servicio Electoral la remisión de todas las actas y cuadros que faltaren y que obren en su poder y procederá a completar el escrutinio general.

3) Respecto de todas aquellas Mesas, cuyos resultados estén contenidos en los cuadros de resultados de los Colegios Escrutadores, que no hayan sido objeto de observaciones o discrepancias, según el acta del mismo Colegio, ni hayan sido objeto de una reclamación o de una solicitud de rectificación, y siempre que sean concordantes con resultados contenidos en las actas de las mesas remitidas al Tribunal, se practicará el escrutinio general en base a los resultados de dichos cuadros sin más trámite. Para establecer la concordancia podrán usarse sistemas computacionales.

4) Si algún Colegio hubiere dejado de escrutar una o más actas de Mesas, ya sea por no haber conseguido las actas o aquéllas contuvieren errores u omisiones que impidieren conocer el resultado real y completo de la Mesa, el Tribunal recurrirá al ejemplar del acta de la mesa que le fue remitida, y procederá a completar el escrutinio.

5) Si, con todo, no fuese posible contar con uno de los ejemplares del acta de las mesas no escrutadas por el Colegio Escrutador, el Tribunal practicará el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

6) En relación a las Mesas que hayan sido objeto sólo de reclamaciones de nulidad, el Tribunal considerará provisoriamente su resultado según el cuadro del Colegio Escrutador a objeto de completar el escrutinio general y en espera de lo que resuelva posteriormente, según lo señalado en los artículos siguientes.

7) En relación a las Mesas que hayan sido objeto de observaciones, discrepancias o desigualdades, según el acta del Colegio Escrutador, o que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, el Tribunal procederá a revisar todos los antecedentes que obren en su poder o hayan sido presentados por los requirentes, y cotejará al menos dos ejemplares del acta de escrutinio para poder resolver la rectificación solicitada y los resultados de la Mesa, pudiendo, en caso de que lo considere necesario, proceder a practicar el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

8) En relación a las Mesas del número anterior y en el caso de que existieran discrepancias entre los resultados de al menos dos ejemplares del acta de escrutinio, o discrepancia entre las actas de escrutinio y un certificado de escrutinio emitido por el Presidente o Secretario de la misma, en virtud del N° 8 del inciso primero del artículo 71 de esta ley, que haya sido presentado en una rectificación al Tribunal, este procederá a resolver la solicitud de rectificación, practicando el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

9) En relación a las Mesas del número 7 anterior, que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, fundamentada en una mala calificación de los votos que la mesa consideró válidos, nulos o blancos, o que hayan sido equivocadamente asignados a otro candidato, o que siendo considerados como marcados no hayan sido contabilizados para el candidato de la preferencia, y que de estos hechos algún apoderado de mesa o vocal haya dejado observación o constancia en el acta de la mesa, o haya sido impedido por la Mesa de hacerlo, el Tribunal deberá proceder a resolver la solicitud de rectificación practicando el escrutinio de la Mesa, en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral. Lo anterior procederá siempre y cuando la revisión de la totalidad de los votos alegados de todas las mesas sujetas de rectificación, pudieren dar lugar a la elección de un candidato distinto o de una opción distinta, a la que arrojan los resultados del escrutinio, de no ser revisados estos votos.”.

63) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 110:

“Los encargados del orden público se constituirán en los locales de votación a partir de las 14 horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito.”

64) Modifíquese el artículo 115 de la siguiente forma:

a) Elimínese del inciso final la expresión “de la respectiva localidad”.

b) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“Cualquier local público o privado en el que, en el período señalado, se realicen actividades de propaganda o se desarrollen reuniones de carácter electoral, salvo las señaladas en el artículo 158, será clausurado por la fuerza encargada del orden público, hasta dos horas después de haberse cerrado la votación.”.

65) Reemplázase el artículo 116, por el siguiente:

“Artículo 116.- El día de una elección o plebiscito, hasta dos horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que éstos podrían afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

El día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose solo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos.

La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringiere esta disposición.”.

66) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 117 la expresión “deberán” por “podrán”.

67) Sustitúyase los números 3) y 6) del artículo 132, por los siguientes:

“3) Admitir el sufragio de personas que no aparezcan en el padrón de la Mesa o que no exhiban su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros vigentes según corresponda;”

“6) Impedir la presencia de algún apoderado o miembro de la Mesa, sin perjuicio de lo señalado en el inciso quinto del artículo 57;”

68) Sustitúyase los números 4) y 8) del artículo 136, por los siguientes:

“4) El que falsificare, sustrajere, ocultare o destruyere algún Padrón de Mesa, acta de escrutinio o cédula electoral;”

“8) El que impidiere a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar por medios violentos, amenazas o privándolo de su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros, y”.

69) Sustitúyase el artículo 139 por el siguiente:

“Artículo 139.- A quienes perciban maliciosamente los bonos a que se refieren el artículo 47 bis y 85 bis, sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio del reintegro de las sumas percibidas indebidamente.”.

70) Elimínese del artículo 140 la expresión “, para no sufragar”.

71) Reemplázase el artículo 153, por el siguiente:

“Artículo 153.- Terminado el proceso de calificación de una elección o plebiscito, el Director del Servicio Electoral denunciará, ante los jueces de Policía Local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral, a los miembros de las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras, que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece esta ley.”.

72) Reemplázase el artículo 158, por el siguiente:

“Artículo 158.- Las sedes oficiales de los partidos políticos y de los candidatos, en su caso, podrán funcionar aún en el día de la elección, especialmente para efectos de atender, preparar y distribuir a los apoderados y entregarles su materiales y recibir copias de las actas de escrutinios. También podrán seguir los escrutinios conforme al artículo 175 bis, sin que les sea permitido realizar propaganda electoral o política, atender electores o realizar reuniones de carácter político antes del cierre de las mesas de votación.”

73) Reemplázase el artículo 159, por el siguiente:

“Artículo 159.- Los candidatos a Presidente de la República, los partidos que participen en una elección y los candidatos independientes, podrán designar un apoderado con derecho a voz, pero sin voto, para que asista a las actuaciones que establece esta ley de las respectivas Juntas Electorales, Mesas Receptoras de Sufragios, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales que funcionen en los locales de votación, Tribunales Electorales Regionales y Tribunal Calificador de Elecciones. El mismo derecho tendrán los partidos políticos y los parlamentarios independientes en los plebiscitos nacionales. Tratándose de plebiscitos comunales, este derecho solo corresponderá a las organizaciones comunitarias y actividades relevantes de la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Podrá designarse también un Apoderado General titular y uno suplente por cada recinto o local de votación en que funcionaren Mesas Receptoras de Sufragios, para la atención de los apoderados de Mesas.

Servirá de título suficiente para los apoderados generales de local, titular o suplente, así como para los apoderados ante las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Tribunales Electorales y Tribunal Calificador de Elecciones, el nombramiento mediante un poder autorizado ante notario que se les otorgue por los encargados electorales a que se refiere el artículo 7°. En el caso de los apoderados de Mesa y los apoderados ante la Oficina Electoral del local de votación, servirá de título suficiente un poder simple otorgado por un apoderado general, sea titular o suplente, que esté presente en el local de votación.

En el nombramiento deberá indicarse los nombres y apellidos y la cédula nacional de identidad del apoderado, el candidato o partido que representa, y la Junta, Mesa, Local, Colegio, Oficina Electoral o Tribunal ante el cual se acredita. La omisión de cualquiera de esos antecedentes invalidará el nombramiento.

En los plebiscitos, los nombramientos de apoderados que corresponden a los encargados electorales del artículo 7°, serán efectuados por el Presidente y el Secretario del Consejo Regional del partido o por el parlamentario independiente, en su caso.

74) Sustitúyase el artículo 160, por el siguiente:

“Artículo 160.- Para ser designado apoderado, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio y no haber sido condenado por delitos sancionados por esta ley o por cualquiera de las leyes que regulan el Sistema Electoral Público. Esta última condición se presumirá siempre existente mientras no se pruebe lo contrario ante el Presidente de la respectiva Junta, Mesa o Colegio.

Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y Alcaldes; los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local, los jefes superiores de Servicio y Secretarios Regionales Ministeriales; el Contralor General de la República ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en servicio activo. Tampoco podrán serlo los no videntes y los analfabetos.

75) Sustitúyase el artículo 161, por el siguiente:

“Artículo 161.- Si dos o más ciudadanos exhibieren simultáneamente una designación de apoderado ante una misma Junta, Local de Votación, Colegio o Tribunal, se estimará válida la que tuviere fecha posterior. Si tuvieren la misma fecha, se preferirá a aquél de más edad. En el caso de apoderados de Mesa o ante la Oficinas Electorales se estará a lo que resuelva el apoderado general de local.”.

76) Sustitúyase el artículo 162, por el siguiente:

“Artículo 162.- Los apoderados generales de Local, de Mesa y ante la Oficina Electoral del Local, se identificarán con un credencial durante el día de la elección o plebiscito, que señale al candidato o partido que representan y que deberán colgar en su pecho. Podrán también contar con una carpeta para guardar su material de trabajo. El contenido, tamaño y formato de la credencial y carpeta serán regulados por resolución del Consejo del Servicio Electoral.

Los encargados electorales mencionados en el artículo 7°, deberán someter ante el Servicio Electoral el formato de las carpetas y credenciales que usarán sus representados, dentro de los cuarenta y cinco días antes de la elección, para que sea aprobada o rechazada por el Servicio en un plazo no superior a los cinco días de presentada.

Los apoderados tendrán derecho a instalarse en los locales de votación o al lado de los miembros de las Mesas Receptoras, en las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales o Tribunales Electorales, observar los procedimientos, formular las objeciones que estimaren convenientes y, cuando corresponda, exigir que se deje constancia de ellas en las actas respectivas, verificar u objetar la identidad de los electores y, en general, tendrán derecho a todo lo que conduzca al buen desempeño de sus mandatos.

La Junta, Mesa o Colegio, deberá hacer constar en acta los hechos cuya anotación pida cualquier apoderado y no podrá denegar el testimonio por motivo alguno.”.

77) Derógase el artículo 171.

78) Derógase el artículo 171 bis.

79) Derógase el artículo 173.

80) Reemplázase el artículo 174, por el siguiente:

“Artículo 174.- Las elecciones de Diputados y Senadores se harán conjuntamente pero en cédulas separadas, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquél en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado.”

81) Reemplázase el artículo 175, por el siguiente:

Artículo 175.- El Director del Servicio Electoral deberá entregar a los partidos políticos y a los candidatos independientes, dentro de los treinta días contados desde la fecha del término de la calificación de una elección o plebiscito, el resultado completo de la elección, en medios magnéticos o digitales no encriptados. Deberán detallarse a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Al efecto, el Tribunal Calificador de Elecciones pondrá los referidos resultados a disposición del Director, dentro de los diez días siguientes al término de la calificación.

82) Reemplázase el artículo 175 bis, por el siguiente:

“Artículo 175 bis.- Con objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Servicio Electoral emitirá boletines y desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio.

Para estos efectos, el Servicio Electoral acreditará, en cada local de votación, una persona en la Oficina Electoral del local de votación, que será responsable de recepcionar las copias del acta de las mesas señalada en el inciso sexto del artículo 72, e incorporar los resultados al sistema computacional en los términos señalados en el artículo 76 bis.

Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitar una instalación eléctrica en la Oficina Electoral del Local de Votación. Además, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de las Intendencias y Gobernaciones respectivas, le otorgará las facilidades necesarias para asegurar el respaldo de los resultados y el traslado expedito de los mismos.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de la elección, a medida que se vayan ingresando al sistema computacional conforme al artículo 76 bis. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos, los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito y los medios de comunicación que lo soliciten al Servicio Electoral, podrán también acceder a esos mismos resultados en archivos magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

El Servicio Electoral emitirá boletines parciales y final con los resultados de la elección o plebiscito.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo, tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno, debiendo señalar está condición en sus informes o boletines.”.

83) Deróguese el artículo 176.

84) Agréguese, a continuación del Título Final, que pasa a ser Título XI, el siguiente Título XII nuevo:

“TITULO XII

DE LAS JUNTAS ELECTORALES

Artículo 182.- En cada provincia habrá una Junta Electoral que tendrá las funciones que está ley y las demás leyes le encomienden.

Artículo 183.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral, por acuerdo de su Consejo, mediante resolución del Director y previo informe de la Junta respectiva, podrá crear temporal o permanentemente otras Juntas Electorales, cuando circunstancias tales como la cantidad de población, la dificultad de comunicaciones o las distancias entre los diversos centros poblados lo hagan aconsejable.

La resolución designará a los integrantes de las nuevas Juntas Electorales, establecerá su territorio jurisdiccional y la localidad en que tendrán su sede. Dicha resolución se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva. En caso que no lo hubiere, la publicación se realizará en un periódico correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 184.- Las Juntas Electorales, en las provincias cuya capital sea asiento de Corte de Apelaciones, estarán integradas por el Fiscal Judicial de esta última, el Defensor Público de la capital de la provincia y el Conservador de Bienes Raíces de la misma. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

En las demás capitales de provincia, las Juntas se integrarán con el Defensor Público, el Notario Público y el Conservador de Bienes Raíces de ellas. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

Si hubiere más de uno de los funcionarios mencionados en los incisos precedentes, integrará la respectiva Junta el más antiguo de ellos en la categoría respectiva.

Los miembros de las Juntas Electorales serán permanentes y conservarán ese carácter en tanto desempeñen la función pública requerida para su designación.

Artículo 185.- Las Juntas Electorales que cree el Servicio Electoral de acuerdo con las normas del artículo 183 de esta ley, se integrarán con el Defensor Público, un Notario y un Conservador de Bienes Raíces que tengan competencia en todo o parte del territorio jurisdiccional que se les asigne y, si hubiere más de uno de ellos, por los que tengan su oficio en la localidad en que tendrá su sede la respectiva Junta, de acuerdo con su antigüedad en la categoría, excluidos los que deban integrar otras Juntas de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo anterior.

Si no hubiere alguno de los auxiliares de la administración de justicia señalados en el inciso anterior, la Junta Electoral se integrará con un Secretario del Juzgado de Letras, con otro Notario o con el Secretario Municipal de la Municipalidad que tenga asiento en la localidad sede de la Junta. Sin embargo, la falta de Conservador solo podrá ser suplida por un Archivero Judicial o un Notario.

En estas Juntas actuará como Presidente el Defensor Público o, en su defecto, el miembro que designe el Servicio Electoral, y como Secretario el Conservador de Bienes Raíces o, a falta de éste, el Archivero Judicial o el Notario que nomine el Servicio Electoral. La permanencia de sus miembros será la misma indicada en el inciso final del artículo anterior.

Artículo 186.- Para los efectos de la designación de los integrantes de las Juntas Electorales, el Servicio Electoral requerirá de la Corte Suprema la nómina de los correspondientes funcionarios y auxiliares de la administración de justicia señalados en los artículos 184 y 185 anteriores, con jurisdicción en el territorio de competencia de la Junta.

Los miembros serán notificados de su designación por el Secretario de la Corte de Apelaciones respectiva, a requerimiento del Servicio Electoral. La notificación se hará personalmente o por carta certificada que contendrá copia íntegra de la resolución. Se entenderá practicada esta última notificación al tercer día hábil siguiente de la recepción de la carta por la oficina de correos.

Las Juntas Electorales se instalarán el quinto día siguiente a la notificación del último de sus miembros, a las quince horas.

Artículo 187.- Si en alguna provincia no se reuniere el número de funcionarios suficientes para integrar una Junta Electoral, el Servicio Electoral dispondrá, mediante resolución fundada, que será publicada en la forma señalada en el artículo 183 de esta ley, que sus funciones sean cumplidas por la Junta Electoral de la provincia de la misma Región que tenga mayores facilidades de comunicación terrestre con aquélla.

Artículo 188.- Las Juntas Electorales celebrarán sus sesiones en el oficio del Secretario y podrán funcionar válidamente con dos de sus miembros. Si faltare alguno de ellos será sustituido por la persona a quien corresponda reemplazarlo en sus funciones.

Corresponderá a los Presidentes velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a las Juntas. Podrán convocarlas cuando lo estimen necesario o lo pidan otros miembros. Las Juntas se reunirán, además, en las ocasiones que señale la ley o cuando hubiere asuntos que requieran de su conocimiento, situación que los Secretarios informarán de inmediato a los Presidentes, caso en el cual aquéllos efectuarán las citaciones correspondientes.

Artículo 189.- De todas las actuaciones de la Junta se levantarán actas que se estamparán en un libro denominado Protocolo Electoral. En ellas se indicará la fecha de la sesión, la individualización de los miembros asistentes, las materias tratadas y las resoluciones adoptadas. Estas actas serán firmadas por todos los miembros asistentes.

El Protocolo Electoral será público y se sujetará a las reglas que rigen los registros notariales. Copia de él, deberá remitirse al Servicio Electoral para su publicación en su sitio web.

El Protocolo se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Reemplázase, en el artículo 99, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

2) Sustitúyese, en el artículo 100, la expresión “5%” y la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna”, por “10%” y “que sufragaron en la última elección municipal”, respectivamente.

3) Modifícase el artículo 101 en la siguiente forma:

a) Sustitúyase, el inciso segundo, por el siguiente:

“El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente”.

b) Reemplázase, en su inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

c) Derógase el inciso cuarto.

4) Modifíquese el artículo 107 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en la declaración mencionada en el artículo 3 de la ley N° 18.700, o su omisión, producen la nulidad de la declaración de ese candidato y la de todos sus efectos legales posteriores, incluyendo su elección.”.

b) Sustitúyase el inciso quinto por el siguiente:

“En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3°, con excepción del inciso tercero para el caso de los concejales, 3° bis, con excepción de su inciso tercero, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de la ley 18.700.”

c) Agréguese el siguiente inciso final:

“Las declaraciones de candidaturas de concejales deberán ser presentadas por los partidos políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de cada comuna.”

5) Sustitúyase el artículo 110, por el siguiente:

“Artículo 110.- Las declaraciones de pactos electorales, de los subpactos que se acuerden, así como la o las comunas excluidas de los subpactos, deberán constar en un único instrumento y su entrega se formalizará en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido en el artículo 107 y en forma previa a las declaraciones de candidaturas.”.

6) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 113, la frase “inscritos en los registros electorales de” por “habilitados para votar en”.

7) Sustitúyase el artículo 119, por el siguiente:

“Artículo 119.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los tribunales electorales regionales, en conformidad a los Títulos IV y V de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, teniendo, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones.

Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales Regionales, en el marco de la competencia que se les confiere por la presente ley, serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

El plazo para comparecer en segunda instancia será el segundo día contado desde el respectivo certificado de ingreso. La resolución que proclame a los candidatos definitivamente electos, no será susceptible de recurso alguno.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, las instancias jurisdiccionales electorales deberán poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente, aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación, que a su juicio revistieren las características de delito.”.

8) Intercálase el siguiente inciso primero, nuevo, al artículo 121, pasando el actual a ser segundo:

“Artículo 121.- Se considerará que constituyen una lista, los pactos electorales, los partidos que participen en la elección sin formar parte de un pacto electoral y cada una de las candidaturas independientes que no formen parte de un pacto electoral.”.

9) Sustitúyese el artículo 122 por el siguiente:

“Artículo 122.- Se determinará el cuociente electoral, para lo cual los votos de lista se dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente de mayor a menor y el que ocupe la posición ordinal correspondiente al número de consejeros a elegir será el cuociente electoral.

Para determinar cuántos son los elegidos en cada lista se dividirá el total de votos de la lista por el cuociente electoral. Se considerará la parte entera del resultado de la división, sin aproximar y despreciando cualquiera fracción o decimal.”.

10) Sustitúyese el número 3 del inciso primero del artículo 123, por el siguiente:

“3) Si el número de candidatos presentados es inferior al de los concejales que a la lista le corresponde elegir, se proclamará elegidos a todos los candidatos de la lista, debiéndose reasignarse el cargo sobrante recalculando el número de cargos elegidos por las demás listas. Para ello se repetirá el cálculo del inciso segundo del artículo anterior, utilizando como cuociente electoral al cuociente que ocupe la posición ordinal que siga en el orden decreciente de los cuocientes determinados según el inciso primero del artículo anterior. Si fuesen más de uno los cargos sobrantes, para determinar el cuociente electoral, se avanzará en el orden decreciente de los cuocientes del inciso primero del artículo anterior, tantas posiciones ordinales como cargos sobrantes existan.”.

11) Sustitúyese el artículo 124, por el siguiente:

“Artículo 124.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista que corresponda a un pacto electoral, se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos o de los subpactos, según sea el caso.

Posteriormente se repetirá el procedimiento descrito en los artículos 122 y 123 anteriores, considerando para estos efectos como si fueran una lista a cada uno de los integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o candidatos independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso.”.

Artículo 4º.- Modifícase el inciso tercero del artículo 83 de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, reemplazando la expresión “inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva” por “con derecho a sufragio que hubieren sufragado en la respectiva provincia en la última elección municipal”.

Artículo 5º.- Incorpórense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos:

1) Derógase, en el inciso primero del artículo 2º, la frase “Asimismo, podrán asistir, sólo con derecho a voz, mediante un representante debidamente acreditado en la forma que señale el Director de Servicio electoral, a las actividades de las Juntas Inscriptoras establecidas por la ley N° 18.556.”

2) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 5º, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

3) Modifícase el artículo 6º de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en los incisos primero y segundo, las expresiones “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscrito en los Registros Electorales de” por “habilitado para votar en”.

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 18, la expresión “inscrito en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

5) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 27, la expresión “estar inscrito en los Registros Electorales de la Región” por “que el domicilio electoral esté ubicado en una circunscripción de la Región”.”.

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral:

1) Modifícase el artículo 4° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “electores”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “inscritos en los Registro Electorales” por “electores”.

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la expresión “inscritos en los Registros Electorales del”, por “electores en él”.

2) Sustitúyase el artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Todo candidato a Presidente de la República, a Senador o a Diputado, deberá nombrar un Administrador Electoral, el que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a alcalde o a concejal. Si no se efectuare la designación las funciones de Administrador Electoral recaerán en el propio candidato.

Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral para más de un candidato, siempre que las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido político o pacto.

El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral, al momento de la declaración de la correspondiente candidatura o en la declaración jurada a que se refiere el inciso cuarto del artículo 3° de la ley N° 18.700.

La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula de identidad y domicilio del respectivo Administrador, el que deberá también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo.

Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento, mediante comunicación del candidato correspondiente al Director del Servicio Electoral, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37.

3) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente de la República, de senadores, de diputados y de alcaldes y concejales, podrá ejercer el cargo de Administrador Electoral General.

El nombramiento de éste deberá efectuarse por el partido político ante el Director del Servicio Electoral, en la forma que establece el inciso cuarto del artículo 30, en forma previa a la declaraciones de candidaturas.”

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 34, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.”.

Artículo 7º.- Modifíquese el artículo 9 de la ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, de la siguiente forma:

a) sustitúyase al final del texto de la letra d) la expresión “, y” por un punto y coma.

b) Agréguese la siguiente letra e) pasando la actual a ser letra f):

“e) Reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, en la forma señalada en el artículo 12 y consultando previamente la opinión de éstos, y”.

Artículo 8°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 2005:

a) Reemplázase la letra c) del número 1) del artículo 29, por la siguiente:

“c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. Con este objeto, las mallas curriculares deberán considerar, en cada nivel, la asignatura de educación cívica.”.

b) Reemplázase la letra j) del número 2) del artículo 30, por la siguiente:

“j) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan. Las mallas curriculares de la enseñanza media deberán considerar el ramo de educación cívica y participación ciudadana como una asignatura independiente.

Artículo 9°.- Los trabajadores tendrán derecho irrenunciable a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilicen para ejercer su derecho a sufragio en las elecciones y plebiscitos a que se refiere la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Tal descanso compensatorio se disfrutará en los tres meses siguientes al día de la votación, de común acuerdo con el empleador.

La infracción de lo dispuesto en el presente artículo por parte del empleador, será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 del Código del Trabajo.

Artículo 10.- Quien hubiere ejercido su derechos a sufragio en la elección o plebiscito regulado por la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, inmediatamente anterior, tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes no lo han hubieren hecho, en caso de igualdad de condiciones en la lista de elegibles para un empleo público.

Artículo 11.- Quien hubiere ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito regulado por la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, inmediatamente anterior, tendrá derecho a ser preferido en la adjudicación de becas por parte del Estado, frente a quienes no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de condiciones.

Artículo 12.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral.

Artículo 13.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación, siempre que a esa fecha faltaren al menos 330 días para la realización de la próxima elección general, ya sea de alcaldes y concejales o de Presidente y parlamentarios. De lo contrario, regirá a partir del primer día del mes siguiente de realizada la última elección.

En todo caso, la disposición contenida en el nuevo artículo 24 de la ley N° 18.556, comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.

Artículos Transitorios

Artículo Primero Transitorio.- Las Juntas Inscriptoras en actual funcionamiento dejarán de recibir inscripciones desde la fecha en que empiece a regir la presente ley. A contar de esa fecha, las Juntas Inscriptoras tendrán un plazo de 5 días para remitir al Servicio Electoral todos los Registros Electorales de que dispongan, tanto en uso como en blanco.

Los secretarios de Juntas Electorales, en el plazo de veinte días desde la entrada en vigencia de esta ley, harán entrega al Servicio Electoral, en la forma que su Director disponga, de todos los ejemplares de los archivos electorales locales a su cargo.

El Director del Servicio Electoral dispondrá la inutilización y destrucción de esos ejemplares dentro del plazo de ocho meses, desde la vigencia de esta ley, previa su microfilmación.

A partir de la vigencia de esta ley y hasta 120 días antes de la primera elección en que se apliquen sus disposiciones, el Director del Servicio Electoral podrá disponer que las juntas inscriptoras que estime necesarias continúen su funcionamiento con al menos uno de sus miembros, con el objeto de recibir las solicitudes de cambio de domicilio que se señalan en el nuevo artículo 25 de la ley N° 18.556.

Artículo Segundo Transitorio.- Todas las personas que a la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren inscritas en los registros electorales de conformidad a la Ley 18.556, serán inscritas sin más trámite en el Registro Electoral manteniendo la misma mesa receptora de sufragios o registro.

Respecto de estas personas ya inscritas, el servicio Electoral queda eximido del deber de comunicar sus inscripciones, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7º de la ley N° 18.556.

Artículo Tercero Transitorio.- Respecto de los chilenos y extranjeros no inscritos en los registros electorales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos para ser inscritos automáticamente en el Registro Electoral, serán inscritos en él de conformidad a las reglas que a continuación se indican.

El Servicio Electoral asignará a los nuevos electores, a mesas receptoras de sufragio de la circunscripción electoral que corresponda a su domicilio electoral, distinguiendo entre hombres y mujeres. Los hombres serán inscritos siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de mujeres existentes en la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número. Las mujeres serán inscritas siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de hombres existentes que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número.

Si realizado lo anterior, quedarán electores por asignar, ellos serán destinados sin distinción de sexo, siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, a nuevas mesas que se crearán para estos efectos en la circunscripción electoral, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Con a lo menos 210 días de anticipación a la primera elección donde rijan las disposiciones de esta ley, el Servicio Electoral notificará a los electores señalados en los incisos anteriores, mediante carta certificada, del hecho de su inscripción, así como de su domicilio electoral, circunscripción electoral, comuna y mesa receptora de sufragios en las que hubieren sido inscritos.

A partir de la fecha señalada en el inciso anterior, el Servicio Electoral deberá poner a disposición del público el sistema de consultas contemplado en el inciso segundo del nuevo artículo 7° de la ley N° 18.556 y durante los siguientes noventa días deberá promover su uso entre los electores, por medio de una campaña a través de medios masivos de comunicación social, llamándolos a revisar su domicilio electoral y la circunscripción electoral donde está registrada su inscripción, convocándolos a corregir su domicilio electoral si fuese necesario, concurriendo a las Juntas Inscriptoras que estarán habilitadas para estos efectos.

Artículo Cuarto Transitorio.- Las mesas o registros existentes a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se identificarán con una letra y un número. Las antiguas mesas o registros de varones con la letra “V” y las antiguas mesas o registros de mujeres con la letra “M”, y el número corresponderá al que actualmente tienen de acuerdo con la circunscripción electoral a la que corresponden.

Las nuevas mesas que se creen en virtud de esta ley, se identificarán sólo por un número, dicho número se asignará en forma correlativa, partiendo desde el número de mesa o registro más alto existente en la circunscripción electoral incrementado en uno.

Artículo Quinto Transitorio.- En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de vocales, a sortear tres de los cinco vocales que ejercieron en la última elección, quienes mantendrán su condición de vocales hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás vocales se aplicará lo señalado en el artículo 41 de la ley N° 18.700.

En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de miembros de los Colegios Escrutadores, a sortear tres de los seis que eligieron, quienes mantendrán su condición de miembro del Colegio Escrutador hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás miembros de los Colegios Escrutadores se aplicará lo señalado en los artículos 82 y 85 de la ley N° 18.700.

Artículo Sexto Transitorio.- La primera de las revisiones anuales que deberán realizar las empresas de auditoría, según lo dispuesto en el artículo 41 de la ley N° 18.556, deberá efectuarse cinco meses después de la publicación la presente ley.

Artículo Séptimo Transitorio.- En la primera propuesta que haga el Presidente de la República al Senado para que éste preste su acuerdo a la designación de los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 18.556, indicará dos consejeros que durarán cuatro años en sus cargos y tres consejeros que durarán ocho años.

En la primera sesión que celebre, el Consejo elegirá su Presidente. Esta reunión será presidida inicial y provisoriamente por el consejero de mayor edad que asista.

Artículo Octavo Transitorio.- Durante los cinco primeros años de vigencia de esta ley, las Juntas Electorales podrán designar como delegados a cargo de las oficinas electorales de los locales de votación, a las personas que hubieren integrado un junta inscriptora a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo Noveno Transitorio.- Mientras no sean designados los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral, a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, sus funciones y atribuciones serán asumidas por el Director del Servicio Electoral.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 11 de julio de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señor Víctor Pérez Varela (Presidente), señora Soledad Alvear y señores Carlos Bianchi, Víctor Pérez Varela (Andrés Chadwick), Hosain Sabag y Patricio Walker; 4 de agosto de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señor Víctor Pérez Varela (Presidente), señoras Isabel Allende y Soledad Alvear, y señores Carlos Bianchi, Alberto Espina, Hernán Larraín, Fulvio Rossi; Hosain Sabag, Patricio Walker y Andrés Zaldívar; 11 de agosto de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señor Víctor Pérez Varela (Presidente), señoras Isabel Allende y Soledad Alvear y señores Alberto Espina, Hosain Sabag, Patricio Walker y Andrés Zaldívar; 12 de septiembre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Víctor Pérez Varela (Presidente), Carlos Bianchi, Alberto Espina, Hernán Larraín, Jaime Orpis, Hosain Sabag, Patricio Walker y Andrés Zaldívar; 3 de octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señor Víctor Pérez Varela (Presidente), señoras Isabel Allende y Soledad Alvear y señores Carlos Bianchi, Alberto Espina, Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Hosain Sabag y Patricio Walker; 6 de octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señor Hernán Larraín (Presidente accidental), señoras Isabel Allende (Fulvio Rossi) y Ena Von Baer (Víctor Pérez Varela) y señores Carlos Bianchi, Alberto Espina, Jaime Orpis, Patricio Walker y Andrés Zaldívar; 13 de octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señor Víctor Pérez Varela (Presidente), señoras Soledad Alvear y Ena Von Baer (Jaime Orpis) y señores Carlos Bianchi, Camilo Escalona (Fulvio Rossi), Alberto Espina, Hernán Larraín, Hosain Sabag, Andrés Zaldívar (por sí y por Patricio Walker), y 17 de octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear (Presidenta accidental), señoras Isabel Allende (Fulvio Rossi), Ximena Rincón (Patricio Walker) y Ena Von Baer (Jaime Orpis) y señores Carlos Bianchi, Hernán Larraín (por sí y por Víctor Pérez Varela), Hosain Sabag y Andrés Zaldívar.

Sala de la Comisión, a 24 de octubre de 2011.

MARIO TAPIA GUERRERO

Secretario de las Comisiones unidas

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, UNIDAS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES

(BOLETÍN Nº 7.338-07)

I.- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- Incorporar un sistema de Registro Electoral con real inscripción automática y cambio de domicilio electoral;

- Modificar el Servicio Electoral en su organización, estructura y funciones, y

- Modernizar el sistema de votaciones en lo relativo a la inscripción de candidaturas; vocales de mesa; delegados de la Junta Electoral; funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios; escrutinio de los votos y procedimientos y funciones del tribunal Calificador de Elecciones.

II.- ACUERDOS:

Indicación N° 1: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 2: Retirada

Indicación N° 3: Rechazada. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 4: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 5: Retirada.

Indicación N° 6: Rechazada. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 7: Retirada.

Indicación N° 8: Retirada.

Indicación N° 9: Aprobada con modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 10: Aprobada con modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 11: Retirada.

Indicación N° 12: Retirada.

Indicación N° 13: Retirada.

Indicación N° 14: Inadmisible.

Indicación N° 15: Aprobada con modificaciones. Unanimidad (10x0).

(Artículo 121 del Reglamento de la Corporación).

Indicación N° 16: Rechazada. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 17: Aprobada con modificaciones. Unanimidad (10x0).

Indicación N° 18: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (10x0).

Indicación N° 19: Retirada.

Indicación N° 20: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (10x0).

Indicación N° 21: Inadmisible.

Indicación N° 22: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (10x0).

Indicación N° 23: Rechazada. Mayoría de votos (7x1).

Indicación N° 24: Aprobada con modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 25: Retirada.

Indicación N° 26: Inadmisible.

Indicación N° 27: Retirada.

Indicación N° 28: Inadmisible.

Indicación N° 29: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 30: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 31: Retirada.

Indicación N° 32: Rechazada. Mayoría de votos (5x3).

Indicación N° 33: Retirada.

Indicación N° 34: Retirada.

Indicación N° 35: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 36: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 37: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 38: Retirada.

Indicación N° 39: Retirada.

Indicación N° 40: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 41: Retirada.

Indicación N° 42: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 43: Aprobada sin modificaciones. Mayoría de votos (5x3).

Indicación N° 44: Inadmisible.

Indicación N° 45: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 46: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 47: Retirada.

Indicación N° 48: Retirada.

Indicación N° 49: Retirada.

Indicación N° 50: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 51: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (6x0).

(Artículo 121 del Reglamento de la Corporación).

Indicación N° 52: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (7x0).

Indicación N° 52 A: Retirada.

Indicación N° 52 B: Retirada.

Indicación N° 52 C: Retirada.

Indicación N° 52 D: Inadmisible.

Indicación N° 53: Retirada.

Indicación N° 54: Aprobada sin modificaciones en votación dividida.

Mayoría de votos (6x1 abstención) (5x3x1 abstención).

Indicación N° 55: Aprobada con modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 56. Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 57: Aprobada con modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 58: Aprobada con modificaciones. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 59: Rechazada. Unanimidad (8x0).

Indicación N° 60: Aprobada sin modificaciones. Unanimidad (8x0).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO: Consta de trece artículos permanentes y diez disposiciones transitorias.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Prevenimos que los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° permanentes, y artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° y 9° transitorios, de aprobarse, deben serlo con quórum de ley orgánica constitucional pues afectan o modifican normas de esa jerarquía, como son las que regulan el sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral; votaciones populares y escrutinios; orgánica de municipalidades; límite y control del gasto electoral; gobierno y administración regional y partidos políticos.

V.- URGENCIA: Suma.

VI.- ORIGEN DE LA INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primer trámite.

VIII.APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: No tiene.

IX.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 1 de diciembre de 2010.

X.-TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe.

XI.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

a) Constitución Política de la República consagra, en su Capítulo II contiene las normas básicas sobre nacionalidad y ciudadanía. En especial, los artículos 13 indica quiénes son ciudadanos chilenos y el 18 dispone que habrá un sistema electoral público.

b) Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

c) Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

d) Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

f) Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.

g) Ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

h) Código Orgánico de Tribunales.

i) Ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

Valparaíso, 24 de octubre de 2011.

MARIO TAPIA GUERRERO

Secretario de las Comisiones unidas

INDICE

NORMAS DE QUÓRUM...1

CUESTIÓN PREVIA...2

CUADRO REGLAMENTARIO (ARTÍCULO 124)...2

DISCUSIÓN PARTICULAR...2

DISCUSIÓN DE LAS INDICACIONES...28

CAPÍTULO DE MODIFICACIONES...71

TEXTO DEL PROYECTO...83

ASISTENCIA...145

RESUMEN EJECUTIVO...147

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones.

BOLETÍN Nº 7.338-07

____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de presentaros su informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

A la sesión en que se consideró esta iniciativa de ley asistieron, además de los miembros de la Comisión, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministro, señor Cristián Larroulet, el Subsecretario, señor Claudio Alvarado, el asesor legislativo, señor Andrés Sotomayor, y el asesor, señor Andrés Tagle.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado se deja constancia de que la Comisión no introdujo modificaciones respecto del segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas.

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De conformidad con su competencia, vuestra Comisión de Hacienda se pronunció acerca del artículo 1°, numeral 1), en lo referente a los artículos 3°, 37, 39, 53, 54, 55 y 56 de la ley N° 18.556; numeral 3), artículo 61 de la ley N° 18.556; numeral 4), artículos 62 y 64 de la ley N° 18.556; artículo 2°, numerales 22), 25), incisos primero, segundo y tercero del artículo 54 que se sustituye, y 51), y artículo 12 permanentes, en los términos en que fueron aprobados por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, como reglamentariamente corresponde.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY

Incorporar un sistema de Registro Electoral con real inscripción automática y cambio de domicilio electoral; modificar el Servicio Electoral en su organización, estructura y funciones, y modernizar el sistema de votaciones en lo relativo a la inscripción de candidaturas; vocales de mesa; delegados de la Junta Electoral; funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios; escrutinio de los votos y procedimientos y funciones del Tribunal Calificador de Elecciones.

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DISCUSIÓN

Las disposiciones de competencia de la Comisión se reseñan de manera sumaria a continuación:

Artículo 1°

La disposición, en los seis números que lo conforman, propone enmiendas a la ley N° 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral.

Número 1)

Reemplaza los Títulos Preliminar y I, II y III del texto legal mencionado.

Artículo 3°

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 3°.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1 y 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, aún cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella.”.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Artículo 37

Establece que veinte días antes de la elección o plebiscito, el Servicio Electoral en forma gratuita pondrá a disposición de los partidos que participan un listado impreso de cada Padrón de Mesa, que contendrá los nombres, apellidos y número de rol único nacional de los electores. Igual información deberá entregarse a los candidatos independientes respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Artículo 39

Dispone que las auditorias serán practicadas por dos empresas independientes de auditoria externa, de niveles equivalentes, inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales deberán cumplir con los requisitos de capacidad, tamaño, confiabilidad y garantía que mediante una norma general emitirá el Consejo del Servicio Electoral. Asimismo, establece que el presupuesto del Servicio Electoral deberá contemplar los fondos necesarios para financiar los procesos de auditorías.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Artículo 53

Es del siguiente tenor:

“Artículo 53.- Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona;

2.- El que proporcionare datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento;

3.- El que ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio, un Libro de Actas, o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan; y

4.- El que use para fines comerciales los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.”.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Artículo 54

Dispone lo siguiente:

“Artículo 54.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos:

1.- El que maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en el Padrón Electoral, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usados para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones;

2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cedula de identidad;

3.- El que incite u organice a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral; y

4.- El que comercialice los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.”.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Artículo 55

Establece que si los delitos señalados en el artículo precedente son cometidos por un funcionario público, se les aplicarán las penas asignadas a los referidos delitos, aumentadas en un grado, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Artículo 56

Es del siguiente tenor:

“Artículo 56.- El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o libros de actas que se le hubieren confiado o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.

Si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.”.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Número 3)

Agrega un nuevo artículo final al párrafo 1° del actual Titulo IV que pasa a ser VI:

Artículo 61

Dispone que los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo Directivo y su Director. Al Consejo corresponderá la dirección superior del Servicio y la dirección administrativa al Director.”.

Puesto en votación el artículo 61, contenido en el número 3), fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Número 4)

Este número reemplaza los párrafos 2° y 3° del actual Título IV de la ley N° 18.556, que pasa a ser VI.

Artículo 62

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. El Presidente formulará su proposición en un solo acto y el Senado se pronunciará sobre el conjunto de la propuesta.

Los consejeros durarán ocho años en sus cargos y podrán ser designados para otro período, por una sola vez, en la forma prevista en el inciso precedente. Se renovarán por parcialidades cada cuatro años.

Los consejeros elegirán de entre ellos un Presidente por mayoría de votos. En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será subrogado por el consejero que en el acto se elija. Si no se lograre mayoría, en ambos casos, se procederá por sorteo.

El Presidente del Consejo durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido por una sola vez. El Presidente subrogante ejercerá el cargo mientras dure la ausencia o impedimento de aquél.

En caso de que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se designará un nuevo consejero de conformidad con el inciso primero, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tuvo lugar el hecho o circunstancia que ocasionó el cese. El nuevo consejero desempeñará su cargo hasta completar el período del consejero reemplazado.

Si el que cesare fuere el Presidente del Consejo, se procederá a la elección de su reemplazante una vez que se haya provisto su cargo de consejero. El nuevo Presidente desempeñará el cargo hasta completar el período del cesado.”.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Artículo 64

Su texto es el siguiente:

“Artículo 64.- Los Consejeros tendrán derecho a ser informados plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el Director o quien haga sus veces, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del Servicio. Además, tendrán derecho a revisar el Registro Electoral y los padrones electorales, con la sola limitación de no afectar el funcionamiento del Servicio.

Los Consejeros percibirán una dieta equivalente a 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento por mes calendario.

El Presidente del Consejo o quien le subrogue, percibirá igual dieta, aumentada en un 50%.”.

El Honorable Senador señor Escalona planteó que por la importancia para el país y para el sistema democrático del cargo de Consejero y, especialmente, de Presidente del Consejo la dieta que reciban debiera ser mayor.

El Ministro, señor Larroulet, señaló que la dieta es muy parecida a la que reciben los miembros del Consejo para la Transparencia.

El Asesor, señor Tagle, observó que no hay exclusividad del cargo a diferencia del caso de Consejero del Banco Central o Ministro de la Corte Suprema.

El Honorable Senador señor Novoa manifestó que los consejeros normalmente desarrollarán otras labores, dado que no tienen incompatibilidades que le impidan ejercer su profesión. Sin embargo, consideró que sería bueno revisar posteriormente el monto de la dieta por la importancia que reviste el cargo.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Artículo 2°

Introduce enmiendas a la ley N° 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios.

Número 22)

Incorpora el siguiente artículo 47 bis, nuevo:

“Artículo 47 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de vocal de Mesa Receptora de Sufragio un bono equivalente a la suma de dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral en el que participen.

Dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Este bono se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, los delegados de las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 77 de esta ley, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la función de vocales en el acto electoral respectivo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

Puesto en votación el número 22) fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Número 25)

Sustituye el artículo 54, siendo de competencia de la Comisión de Hacienda los siguientes incisos primero, segundo y tercero:

El inciso primero dispone que a partir de las catorce horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito, en cada recinto de votación iniciará sus funciones una Oficina Electoral dependiente de la respectiva Junta Electoral, que estará a cargo de un Delegado que designará dicha Junta. Esta nominación, que se entenderá subsistente para el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, deberá recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras o Secretario Abogado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe. En ningún caso podrá recaer en funcionarios Municipales o dependientes directa o indirectamente de Corporaciones Municipales. Estos delegados podrán hacerse asesorar por el personal necesario para el funcionamiento de la oficina, con cargo al Servicio Electoral y de acuerdo con las instrucciones que el Servicio imparta. Este personal percibirá un bono diario equivalente a media Unidad de Fomento.

El inciso segundo establece que el delegado tendrá derecho a un bono total equivalente a cinco Unidades de Fomento por todas las tareas realizadas con ocasión de las elecciones y plebiscitos que se realicen en un mismo acto electoral. Se considerará para estos efectos como otro acto electoral, la segunda votación realizada, conforme al inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política.

El inciso tercero dispone que a estos bonos le será aplicable lo señalado en el inciso segundo del artículo 47 bis.

Puesto en votación el número 25), incisos primero, segundo y tercero del artículo 54 que se sustituye, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Número 51)

Incorpora el siguiente artículo 85 bis, nuevo:

“Artículo 85 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de miembro de los Colegios Escrutadores y de Secretario de Colegio Escrutador un bono equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral.

Dicha cantidad no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Esta cantidad se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, dentro de los dos días siguientes al término de la función de los Colegios Escrutadores, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la funciones respectivas en dicho organismo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

Puesto en votación el número 51), fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

Artículo 12

Establece que el mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa.

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INFORME FINANCIERO

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con fecha 18 de octubre de 2011, señala, de modo textual, lo siguiente:

“I. Antecedentes

1. El proyecto de ley tiene por objetivo modernizar el sistema de votaciones y fortalecer el Servicio Electoral, de modo que la interacción entre el sistema político y el electorado, que promueve el voto voluntario y la inscripción automática, puedan confluir a un sistema de votación amigable y una institucionalidad moderna, lo cual requiere modificar la ley N° 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, la ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la ley N° 18.603 Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos, la ley N° 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

2. En cuanto a la inscripción automática, se materializará para los chilenos nacidos en Chile al cumplir 17 años de edad y los extranjeros y chilenos no nacidos en Chile si se cuenta con antecedentes que acrediten su avecindamiento, otorgando también la posibilidad de inscribirlos a solicitud cuando aporten dichos antecedentes, para lo cual el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a todos los datos electorales del Registro Civil y Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.

3. junto a lo anterior, el Registro Electoral será actualizado por el Servicio Electoral mediante datos proporcionados por diferentes organismos públicos y que dicen relación con fallecimientos, revocación de permisos de residencia, pérdida de ciudadanía y su recuperación, suspensión del derecho a sufragio y su recuperación y modificaciones de datos y domicilio electoral, por cuanto el objeto de este Registro es generar padrones con electores habilitados para votar en cada elección.

4. En lo que se refiere a la modificación del Servicio Electoral, ella implica que éste será un organismo con mayor independencia, dirigido por un Consejo, integrado por 5 miembros de los cuales 4 serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de 3/5 del Senado, durarán 8 años en sus cargos y podrán reelegirse por dos períodos. Se renovarán por parcialidades. El quinto miembro será designado por el Presidente de la República, durará 4 años en el cargo y presidirá el Consejo. Se determina que los miembros del Consejo tendrán una remuneración máxima de 120 Unidades de Fomento.

5. Además, se establece que las funciones del Consejo, entre otras, sarán el designar y supervisar al Director y Subdirector de la institución, aprobar los padrones electorales, aprobar las bases para la licitación de las empresas de auditoria y determinarlas, y designar a los miembros de las Juntas Electorales.

6. Cabe destacar que el cómputo de las elecciones pasa a ser función del Servicio Electoral y se hará a través de la digitalización de los datos en cada local con presencia de los apoderados utilizando sistemas OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres).

7. En cuanto al sufragio, se podrá votar con cédula de identidad o bien con pasaporte. Si el elector se acerca a votar, deberá hacerlo en todas las elecciones que se realizan en un mismo acto electoral. Además, una misma persona no podrá asistir a más de una persona por mesa, salvo parientes.

8. En materia de escrutinios, se define el voto nulo, blanco, marcado u objetado. Se elimina cualquier suma de votos por lista y se establece que se llenará una sola minuta que se publicará en un lugar visible. Las actas se podrán fotocopiar luego de llenada la primera y antes de las firmas, siendo el original para el Tribunal Calificador de Elecciones, una copia para el Servicio Electoral que se digitará en la oficina electoral del local, una segunda copia para el Colegio Escrutador que se entregará en sobre cerrado por el Delegado del local; así los Presidentes de Mesa no deben concurrir al Colegio Escrutador al día siguiente.

9. Se determina que el horario de funcionamiento de las mesas será fijo, de 08:00 AM a 18:00 PM, salvo que queden electores por votar en la mesa, de tal forma que los vocales deberán Ilegar a la hora señalada y en caso de constitución forzada de mesas, el Delegado deberá hacerlo entre las 9:00 y las 10:00 hrs., prefiriendo a los voluntarios en orden de presentación, o bien, designarlos de entre los electores que voten en el mismo local de votación.

II. Efecto del Proyecto sobre los Gastos Fiscales

El proyecto de ley tiene gastos que se deberán materializar por una vez y gastos recurrentes en régimen conforme a lo siguiente:

1. Gastos por una vez ascendentes a M$2.811.237, destinados a la adquisición de activos no financieros (hardware y software), financiamiento para notificar a los nuevos electores y gastos de difusión. Incluye además, la modernización de la plataforma web del servicio, de tal forma que sirva para cambios de domicilio y accesos al Servicio de Registro Civil e Identificación.

2. Gastos en régimen ascendentes a M$7.279.764, los cuales se desglosan en los siguientes conceptos:

a) Gastos en años de elecciones por un monto de M$3.291.764, que considera bonos a delegados de local de votación, de asesores, de secretarios e integrantes del Colegio Escrutador y del personal para recopilar cómputos, personal a honorarios para la elaboración de software adicionales y diseño del sistema computacional para la captura y transmisión de cómputos.

b) Gastos anuales permanentes por un monto de M$1.473.655, para cancelar remuneraciones al Consejo, financiamiento de auditorías al padrón electoral y la operación de una línea 800.

c) Gastos por un monto de M$2.514.345 correspondiente al bono por desempeñarse como vocal de mesa.

III. Efecto Neto del Proyecto sobre el Resultado Fiscal

Este proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal total ascendente a M$10.091.001, de los cuales M$7.279.764 son gastos recurrentes.

Los gastos del proyecto implican la siguiente distribución:

a) Total Tesoro Público M$ 2.514.345

b) Total Servicio Electoral M$ 7.576.656

El presente informe financiero sustituye el N° 48, del 10 de junio de 2011. El mayor gasto fiscal se financiará con cargo a los recursos contemplados en el presupuesto del Servicio Electoral y, en lo que no alcanzare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público 50-01-03-24-03-104.”.

En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del país.

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TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:

1) Reemplázanse su Título Preliminar y los Títulos I, II y III por los siguientes:

“TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°.- La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República.

Artículo 2°.- El organismo encargado del proceso de inscripción electoral es el Servicio Electoral.

TITULO I

DEL REGISTRO ELECTORAL

Párrafo 1°

Disposiciones Generales

Artículo 3°.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1 y 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, aún cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella.

Artículo 4°.- El conocimiento público del Registro Electoral procederá en la forma dispuesta en el párrafo 1° del Título II.

Los centros de estudio o de investigación podrán solicitar datos del Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina Provisoria de Inhabilitados, para el solo efecto de su análisis. El Consejo del Servicio Electoral calificará la procedencia de la solicitud y entrega de los respectivos datos.

Los datos del Padrón Electoral no podrán ser usados para fines comerciales.

El Servicio Electoral deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, salvo en los casos señalados en esta ley.

Párrafo 2°

De la inscripción

Artículo 5°.- Los chilenos comprendidos en el número 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años serán inscritos automáticamente en el Registro Electoral.

Los chilenos comprendidos en el número 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, serán inscritos automáticamente luego de obtener su carta de nacionalización de conformidad a la ley.

Artículo 6°.- Los chilenos comprendidos en los números 2 y 4 del artículo 10 y los extranjeros señalados en el artículo 14, ambos de la Constitución Política de la República, serán inscritos en el Registro Electoral desde que se acredite que cumplen con los requisitos de edad y avecindamiento exigido por el inciso 3° del artículo 13 o por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, según corresponda.

La inscripción procederá de forma automática en la medida que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el cumplimiento del requisito de avecindamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá presentar una solicitud de inscripción ante el Servicio Electoral en cualquiera de sus oficinas, acompañando los antecedentes que acrediten su avecindamiento en el país por el tiempo exigido, y declarando bajo juramento su domicilio electoral en Chile. Dicha solicitud será remitida al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, si correspondiere, emitirán un certificado que acreditará el hecho de haber cumplido el avecindamiento y lo remitirán al Servicio Electoral para que practique la correspondiente inscripción. En caso que la persona tenga su residencia en el extranjero, dicha solicitud podrá ser presentada en el Consulado de Chile respectivo.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por Consulado a las Oficinas Consulares, incluyendo las Secciones Consulares de una Misión Diplomática, a cargo de un funcionario de la Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores designado para desempeñar funciones consulares.

Artículo 7°.- El Servicio Electoral deberá comunicar a los nuevos electores el hecho de su inscripción en el Registro Electoral, entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a la siguiente elección o plebiscito, indicando la circunscripción electoral y la mesa receptora de sufragios donde le corresponde votar, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

El Servicio Electoral deberá poner a disposición del público en forma permanente, a través de su sitio web y de una línea telefónica, un sistema de consulta donde cada elector podrá verificar mediante su número de cédula de identidad o nombre, el hecho de su inscripción, la circunscripción y comuna donde se encuentra inscrito, su mesa de votación y si está habilitado para votar en la próxima elección.

Párrafo 3°

De los datos electorales

Artículo 8°.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el haber cumplido la condición de avecindamiento si corresponde.

El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.

Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral.

Artículo 9°.- Para el solo efecto de obtener los datos señalados en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y al registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán proporcionar de la misma forma la información del avecindamiento de los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proporcionar al Servicio Electoral cualquier otro antecedente que resulte necesario para la inscripción de los chilenos y extranjeros en el Registro Electoral y que se encuentre en su poder, quedándole expresamente prohibido calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los chilenos que residen en el extranjero, dicho vínculo se considerará respecto del tiempo en que residieron en Chile o de su lugar de nacimiento.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6°, el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, o el acreditado para el cumplimiento del requisito de avecindamiento según corresponda. En caso que este último domicilio corresponda a uno ubicado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y a falta de éste al lugar de nacimiento en Chile.

Artículo 11.- Todo ciudadano con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Si los antecedentes del domicilio o lugar de nacimiento con que se cuente para el registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6°, no permitieran al Servicio Electoral poder identificarlos con una determinada circunscripción electoral, procederá a registrarlo en la circunscripción electoral con más electores de la Comuna con cuya información se cuente.

Artículo 12.- Al momento de la inscripción de un ciudadano o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo.

En primer lugar serán asignados a las mesas receptoras de sufragios existentes de la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores habilitados para votar, debido a cancelaciones de inscripción producidas por cambio de domicilio electoral, por causa de fallecimiento, o cualquier otra inhabilidad permanente para sufragar, hasta completar la cifra máxima de 350 electores por mesa.

Si realizado lo anterior, quedaren nuevos electores por asignar, ellos serán asignados a nuevas mesas receptoras de sufragios que se crearán para estos efectos, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Cada elector solo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios y no podrá ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral.

Párrafo 4°

De las actualizaciones del Registro Electoral

Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

b) Pérdida de ciudadanía de una persona inscrita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17° de la Constitución Política de la República, o su recuperación.

c) Suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, o el cese de dicha suspensión.

d) Pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

e) Revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados del Registro.

f) Reclamaciones al Padrón Electoral Provisorio Auditado acogidas en conformidad a la ley.

El Servicio Electoral conservará los antecedentes en que se funde la actualización por un lapso no inferior a 5 años.

Artículo 14.- Para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales que el Servicio de Registro Civil e Identificación tenga de las personas cuyas defunciones hubieren sido registradas en el mes inmediatamente anterior; de las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva y los que recuperen su ciudadanía; y de las personas que hubieren perdido la nacionalidad.

Artículo 15.- El Tribunal Constitucional deberá comunicar al Servicio Electoral las sanciones que hubiere aplicado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como asimismo el cumplimiento del plazo a que se refiere dicha disposición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia hubiere quedado firme o ejecutoriada.

Artículo 16.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior informará al Servicio Electoral las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, ejecutoriadas dentro del mes anterior.

Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no sean condenados a pena aflictiva, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.

Artículo 18.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, los jueces de letras comunicarán al Servicio Electoral los nombres de las personas que hubieren sido declaradas en interdicción por causa de demencia por sentencia ejecutoriada, en el mes anterior, indicando los antecedentes necesarios para su cabal identificación.

En el mismo plazo, los jueces de letras comunicarán sobre las revocaciones de dichas declaratorias.

Artículo 19.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Senado deberá comunicar al Servicio Electoral las personas a las cuales se hubiere rehabilitado su ciudadanía en el mes anterior, conforme al inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República.

Artículo 20.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Ministerio de Justicia deberá comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren extinguido su responsabilidad penal en el mes anterior, conforme a lo dispuesto en el número 4° del artículo 93 del Código Penal.

Artículo 21.- Los órganos, servicios y tribunales señalados en este párrafo, así como cualquier otra repartición que deba aportar datos para la conformación y actualización del Registro Electoral, deberán proporcionar todos los antecedentes que para este solo efecto requiera el Servicio Electoral, en ningún caso podrán excluir información, calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 22.- Entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá informar a los electores que su derecho a sufragio ha sido suspendido o que han sido inhabilitados para votar en la siguiente elección, con indicación de la causa que dio origen a dicha suspensión o inhabilidad, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

Párrafo 5°

De las modificaciones de los datos electorales

Artículo 23.- El Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias:

a) Solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad.

b) Las rectificaciones de inscripciones de nacimiento de los ciudadanos, con indicación de los datos originales que fueron objeto de la rectificación, y

c) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 24.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando uno nuevo bajo juramento en ese acto si así lo desea.

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el cambio de domicilio podrá también efectuarse directamente ante el Servicio Electoral, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por este organismo, donde declarará bajo juramento su nuevo domicilio electoral. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas que el Servicio Electoral disponga a lo largo del país. Los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, podrán presentar la solicitud a través del respectivo Consulado.

El Servicio Electoral deberá notificar al elector mediante carta certificada dirigida al nuevo domicilio electoral, que ha procedido al cambio de su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa de sufragio donde le corresponderá votar.

El Servicio Electoral podrá disponer de otras formas para efectuar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o a través de medios electrónicos, siempre que éstas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos.

Artículo 26.- El Servicio Electoral podrá convenir con otros organismos públicos la recepción de solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Artículo 27.- Para todos los efectos legales, se considerará como domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Párrafo 6°

De la suspensión de inscripciones, actualizaciones y modificaciones

Artículo 28.- Con el objeto de elaborar los padrones electorales que se utilizarán en cada elección o plebiscito, las inscripciones en el Registro Electoral que provengan de solicitudes de acreditación de avecindamiento conforme al artículo 6, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en las letras a) a la e) del artículo 13 y las modificaciones señaladas en el artículo 23, se suspenderán a los ciento veinte días anteriores a cada elección o plebiscito, reanudándose a partir del primer día del mes siguiente de la elección o plebiscito.

Artículo 29.- Tratándose de plebiscitos comunales, la suspensión a que alude el artículo precedente se aplicará solo respecto de los electores que correspondan a la comuna o agrupación de comunas donde se realizará.

TITULO II

DEL PADRÓN ELECTORAL Y DE SU AUDITORIA

Párrafo 1°

Del Padrón Electoral

Artículo 30.- El Servicio Electoral deberá elaborar un Padrón Electoral, el que contendrá la nómina de los electores inscritos en el Registro Electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él.

Cada elector podrá figurar solo una vez en él.

Artículo 31.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de provisorio, ciento diez días antes de una elección o plebiscito. Éste contendrá una nómina de las personas inscritas en el Registro Electoral que, conforme a los antecedentes conocidos por el Servicio Electoral antes de los ciento veinte días previos al acto electoral, reúnan a la fecha de la elección o plebiscito correspondiente los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio.

El Padrón Electoral con carácter de provisorio será objeto de auditorías conforme al Párrafo 2° de este Título.

Este Padrón se ordenará en forma alfabética y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Provisoria de Inhabilitados, que incluirá a las personas inscritas que se encuentren inhabilitadas de votar en la correspondiente elección o plebiscito, con indicación de la causal que dio lugar a dicha condición.

El Padrón Electoral y la Nómina Provisoria de Inhabilitados, son públicos para los partidos políticos, solo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero. Los partidos políticos podrán tener acceso y copia de ellos en medios magnéticos o digitales, no encriptados y procesables por software de general aplicación, debiendo solo pagar los costos directos de la reproducción. Lo mismo se aplicará para los candidatos independientes, respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Solo las personas inhabilitadas podrán conocer, además, la respectiva causal que las inhabilita.

Artículo 32.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de auditado, setenta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de provisorio, después de ser auditado por las empresas de auditoría a las que se refiere el Título II de esta ley y que ha sido modificado solo como consecuencia de la correcciones sugeridas por las empresas de auditorías en sus informes si las hubiere y que conforme a lo señalado en el artículo 43 de esta ley, sean aceptadas por el Servicio Electoral.

El Padrón Electoral con carácter de auditado podrá ser objeto de reclamación de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Auditada de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las correcciones sugeridas por las empresas de auditorias que haya aceptado, si las hubiere.

El Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, deberán ser publicados por el Servicio Electoral en su sitio web con setenta días de antelación a la fecha que deba verificarse una elección o plebiscito.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo anterior.

Artículo 33.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de definitivo, treinta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de auditado, que ha sido modificado solo como consecuencia de las reclamaciones acogidas, si las hubiere, de conformidad con lo dispuesto en el Título siguiente.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Definitiva de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las reclamaciones acogidas.

El Servicio Electoral publicará en su sitio web, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse una elección o plebiscito, el Padrón Electoral con carácter de definitivo, que contiene la nómina de electores con derecho a sufragio en la respectiva elección o plebiscito y la Nómina Definitiva de electores Inhabilitados.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo 31.

Artículo 34.- El Servicio Electoral deberá publicar en su sitio web, las modificaciones efectuadas al Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados que provengan de las reclamaciones acogidas en conformidad a esta ley, o de las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría que hayan sido aceptadas por el Servicio.

Artículo 35.- Para la segunda votación de la elección presidencial que se realice en virtud del inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral de la primera votación.

Cuando deba repetirse la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral de la primera votación de la elección que no pudo perfeccionarse, ya sea por fallecimiento de un candidato para la segunda votación o por impedimento absoluto del presidente electo para tomar posesión del cargo.

Artículo 36.- El Servicio Electoral, en la misma oportunidad en que debe determinar el Padrón Electoral con carácter de definitivo, deberá confeccionar los Padrones de Mesa que se utilizarán en la respectiva elección o plebiscito.

A cada Mesa Receptora de Sufragios le corresponderá un Padrón de Mesa.

Cada Padrón de Mesa contendrá una nómina, ordenada alfabéticamente, de las personas habilitadas para votar en la Mesa Receptora de Sufragios respectiva.

Los Padrones de Mesa contendrán los nombres y apellidos de cada elector y su número de rol único nacional.

Cada elector podrá figurar solo en un Padrón de Mesa y una vez en él.

Artículo 37.- Veinte días antes de la elección o plebiscito, el Servicio Electoral en forma gratuita pondrá a disposición de los partidos que participan en la elección o plebiscito, un listado impreso de cada Padrón de Mesa, que contendrá los nombres, apellidos y número de rol único nacional de los electores. Igual información deberá entregarse a los candidatos independientes respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Párrafo 2°

De las Auditorias

Artículo 38.- El Registro Electoral, el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados serán sometidos a un proceso de auditoria con el objeto de revisar y determinar si contienen los antecedentes dispuestos por la ley. También se revisarán los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales utilizados en su elaboración.

Artículo 39.- Las auditorias serán practicadas por dos empresas independientes de auditoria externa, de niveles equivalentes, inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales deberán cumplir con los requisitos de capacidad, tamaño, confiabilidad y garantía que mediante una norma general emitirá el Consejo del Servicio Electoral.

El presupuesto del Servicio Electoral deberá contemplar los fondos necesarios para financiar los procesos de auditorías.

Artículo 40.- La selección de las empresas de auditoria, se realizará a través de una licitación pública a la cual deberá convocar el Servicio Electoral, conforme a las bases que elaborará su Consejo.

El Consejo del Servicio Electoral seleccionará a dos empresas de entre las cuatro que, cumpliendo con las bases de la licitación, hayan efectuado las menores ofertas económicas por sus servicios. En caso de haber menos de cuatro, la selección se circunscribirá a todos ellos.

Las dos empresas de auditoría serán seleccionadas por la unanimidad de los Consejeros del Servicio Electoral. A falta de unanimidad la selección se hará en una sola votación, teniendo cada Consejero derecho a votar solo por una de las candidatas. Quedarán seleccionadas las empresas que obtuvieren las dos más altas mayorías.

Las empresas serán seleccionadas por un período de ocho años. Dentro de ese período sus servicios podrán ser revocados solo por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, a petición fundada de la unanimidad del Consejo del Servicio Electoral, o por acuerdo del Senado.

Artículo 41.- Las empresas de auditoria deberán revisar anualmente y emitir un informe que contendrá su opinión, sobre los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales del Servicio Electoral, destinados a la inscripción de los electores en el Registro Electoral y a la confección del Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados. Dicho informe deberá señalar la capacidad de ellos de poder cumplir las funciones para la cual están requeridos, sus errores, si los hubiere, y los factores de riesgo que pudieran afectar su correcto funcionamiento. El informe deberá contener también sugerencias respecto a la solución de los problemas detectados.

En los años que correspondan elecciones generales, el informe deberá ser emitido doscientos diez días antes de la elección.

Artículo 42.- Determinado el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados conforme al artículo 31 de esta ley, las empresas de auditoria procederán a su revisión, que tendrá por objeto entregar una opinión respecto de si ellos cumplen con lo dispuesto en la ley. Terminada la revisión, elaborarán un informe, que deberá ser emitido ochenta días antes de la elección o plebiscito, y contendrá, al menos, un detalle de los errores encontrados con indicación de una sugerencia respecto de cómo pueden ser subsanados, y los demás comentarios u observaciones que los auditores estimen procedentes.

Artículo 43.- El Consejo del Servicio Electoral analizará los informes de auditoría y realizará las correcciones que estime pertinentes. Lo anterior constará en un acta que será publicada en la página web de dicho organismo.

Cumplido lo anterior, el Consejo del Servicio determinará el Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, conforme al artículo 32.

Artículo 44.- Todos los informes de las empresas de auditoria serán públicos, salvo respecto de las causales de inhabilidad. El informe deberá ser entregado al Consejo del Servicio Electoral, al Senado, a la Cámara de Diputados, a los Partidos Políticos, a los Tribunales Electorales Regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones, en la misma oportunidad.

Artículo 45.- Las empresas de auditoria deberán efectuar sus funciones con total independencia entre ellas. En consecuencia, no podrán compartir sus antecedentes, consultarse entre sí, tomar acuerdos, coordinar o efectuar trabajos en forma conjunta, ni externalizar parte de las funciones encargadas con los mismos terceros.

Artículo 46.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición de las empresas de auditoria todos sus registros, físicos y computacionales y demás antecedentes que en opinión de ellas sean necesarios para realizar sus informes. El Servicio de Registro Civil e Identificación y los demás organismos señalados en los artículos 15 al 20, deberán poner a disposición de las empresas de auditoria, la misma información que hubieren entregado al Servicio Electoral, cuando exista disconformidad entre los datos electorales y el Padrón Electoral.

Las empresas de auditoría deberán mantener reserva o secreto, según corresponda, de la información, datos y antecedentes que se les proporcione en virtud de este artículo, siendo público solamente los resultados de su auditoría.

TÍTULO III

DE LAS RECLAMACIONES

Artículo 47.- La persona que estimare que injustificadamente fue omitida del Padrón Electoral con carácter de Auditado, publicado conforme al artículo 32, podrá reclamar de este hecho, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, que conocerá del asunto.

En el mismo plazo, los Partidos Políticos, candidato independiente y cualquier otra persona, podrán presentar reclamaciones ante el mismo Tribunal, respecto de electores injustificadamente omitidos de este Padrón Electoral. Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones, en única instancia.

El Tribunal resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de cuatro días de requerido. El Tribunal deberá fallar, con o sin informe, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la presentación del reclamo.

El Tribunal ordenará la incorporación del reclamante o electores afectados al padrón electoral en los casos en que hubiere lugar a ella.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente o por el Servicio Electoral dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de su incorporación en el Estado Diario del respectivo Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá fallar dentro de un plazo de cinco días de presentada la apelación.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la comunicará inmediatamente al Servicio Electoral, el cual procederá a cumplirla sin más trámite.

Artículo 48.- Dentro de los diez días siguientes a la publicación del Padrón Electoral con carácter de Auditado, señalado en el artículo 32, cualquiera persona natural, partido político o candidato independiente podrá pedir al Tribunal Electoral Regional correspondiente al domicilio electoral del impugnado, la exclusión de quien figure en el Padrón Electoral en contravención a la ley.

Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.

No procederá solicitar la exclusión del padrón electoral respecto de un candidato cuya aceptación de candidatura se encuentre ejecutoriada.

La solicitud deberá ser acompañada de una boleta de depósito en arcas fiscales. El monto del depósito deberá ser igual o mayor a un cuarto de una unidad tributaria mensual, e igual o menor a cien unidades tributarias mensuales, según lo determine el Tribunal.

El Tribunal citará dentro de cinco días al reclamante y a la persona o personas cuya exclusión se pide, las que no estarán obligadas a asistir, pudiendo concurrir con todos sus medios de prueba. Para este efecto, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el Padrón. Si la persona reclamada o alguna de ellas hubiesen cambiado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará a costa del recurrente en un diario de los de mayor circulación en la localidad a que corresponda dicho domicilio.

En caso de que la reclamación afectare a un considerable número de personas o que el número de reclamos fuera muy elevado, podrá el Tribunal ordenar que la citación se haga por medio de un aviso que se publicará, a costa del reclamante, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que corresponda. Además, señalará diversas audiencias para oírlos, las cuales deberán celebrarse dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de ellas compareciere, el Tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes que se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos reclamos.

Los Tribunales resolverán con los antecedentes que el interesado o él o los afectados le suministren, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser evacuado a más tardar al cuarto día de ser solicitado.

La resolución judicial se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la audiencia y se notificará a las partes por el Estado Diario.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente, él o los afectados y el Servicio Electoral, dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de incorporación en el Estado Diario del Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, quien deberá resolver la apelación dentro del plazo de cinco días.

Ejecutoriada la sentencia que ordena la exclusión, será notificada al Servicio Electoral para que efectúe la cancelación correspondiente.

Artículo 49.- Los informes de las empresas de auditoria tendrán ante los tribunales el valor de un informe de peritos.

TITULO IV

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios las que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia, lo hagan aconsejable.

La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando circunstancias tales como la cantidad de población o dificultades para sufragar lo hagan aconsejable. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragio de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7° inciso primero, de esta ley.

TÍTULO V

DE LAS SANCIONES

Párrafo 1°

De los procedimientos judiciales por faltas y delitos contemplados en esta ley

Artículo 51.- Los delitos o faltas electorales se regirán por las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente, por el Código Penal.

Cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, podrá deducir querella para la investigación de los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 52.- No procederá el indulto particular en favor de los condenados en virtud de esta ley.

Párrafo 2°

De las sanciones

Artículo 53.- Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona;

2.- El que proporcionare datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento;

3.- El que ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio, un Libro de Actas, o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan; y

4.- El que use para fines comerciales los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 54.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos:

1.- El que maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en el Padrón Electoral, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usados para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones;

2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cedula de identidad;

3.- El que incite u organice a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral; y

4.- El que comercialice los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 55.- Si los delitos señalados en el artículo precedente son cometidos por un funcionario público, se les aplicarán las penas asignadas a los referidos delitos, aumentadas en un grado, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Artículo 56.- El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o libros de actas que se le hubieren confiado o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.

Si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

2) Reemplázase la numeración del actual Título IV por la de Título VI y la de los artículos 87, 88 y 89 por 57, 58 y 59. Además reemplázase el actual artículo 90, que pasa a ser artículo 60:

“Artículo 60.- Corresponderá al Servicio Electoral ejercer las siguientes funciones:

a) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la ley 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente;

b) Formar, mantener y actualizar el Registro Electoral;

c) Determinar el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados en los términos señalados en esta ley;

d) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral;

e) Resolver respecto de las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación de avecindamiento que se le presenten;

f) Solicitar la colaboración y antecedentes que sean necesarios, de los distintos órganos del Estado, para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;

g) Disponer la compra de los programas y equipos computaciones que utilizará en el cumplimiento de sus funciones, y los sistemas de mantención, protección y actualización de éstos; y

h) Las demás que esta u otras leyes establezcan.”.

3) Agrégase un nuevo artículo final al párrafo 1° del actual Titulo IV que pasa a ser VI:

“Artículo 61.- Los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo Directivo y su Director. Al Consejo corresponderá la dirección superior del Servicio y la dirección administrativa al Director.”.

“Párrafo 2°

Del Consejo Directivo del Servicio Electoral

Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. El Presidente formulará su proposición en un solo acto y el Senado se pronunciará sobre el conjunto de la propuesta.

Los consejeros durarán ocho años en sus cargos y podrán ser designados para otro período, por una sola vez, en la forma prevista en el inciso precedente. Se renovarán por parcialidades cada cuatro años.

Los consejeros elegirán de entre ellos un Presidente por mayoría de votos. En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será subrogado por el consejero que en el acto se elija. Si no se lograre mayoría, en ambos casos, se procederá por sorteo.

El Presidente del Consejo durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido por una sola vez. El Presidente subrogante ejercerá el cargo mientras dure la ausencia o impedimento de aquél.

En caso de que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se designará un nuevo consejero de conformidad con el inciso primero, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tuvo lugar el hecho o circunstancia que ocasionó el cese. El nuevo consejero desempeñará su cargo hasta completar el período del consejero reemplazado.

Si el que cesare fuere el Presidente del Consejo, se procederá a la elección de su reemplazante una vez que se haya provisto su cargo de consejero. El nuevo Presidente desempeñará el cargo hasta completar el período del cesado.

Artículo 63.- Para ser designado Consejero del Servicio será necesario, además de cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos públicos, poseer título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de conformidad a la legislación vigente, acreditar experiencia profesional no inferior a cinco años en el sector público o privado y no haber desempeñado cargos de representación popular, de Ministro de Estado, de Subsecretario, de Intendente, de Gobernador o de dirigente de partido político en los cinco años anteriores a su designación.

Tampoco podrán ser Consejeros, las personas que se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con la sola excepción del desempeño en cargos docentes de hasta media jornada.

Los Consejeros no podrán estar afiliados a partidos políticos mientras ejerzan su cargo.

La función de Consejero no es delegable y se ejerce colectivamente, en sala legalmente constituida.

Artículo 64.- Los Consejeros tendrán derecho a ser informados plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el Director o quien haga sus veces, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del Servicio. Además, tendrán derecho a revisar el Registro Electoral y los padrones electorales, con la sola limitación de no afectar el funcionamiento del Servicio.

Los Consejeros percibirán una dieta equivalente a 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento por mes calendario.

El Presidente del Consejo o quien le subrogue, percibirá igual dieta, aumentada en un 50%.

Artículo 65.- Son causales de cesación en el cargo de Consejero, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado. Sin perjuicio de ello, éste será prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante;

b) Haber cumplido los 75 años de edad;

c) Renuncia, aceptada por el Presidente de la República;

d) Incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo;

e) Alguna causal de inhabilidad sobreviniente. El Consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar el cargo, cesará automáticamente en él; y

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como Consejero. Serán faltas graves la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un semestre calendario.

La existencia de las causales establecidas en las letras d) y e), si hubiere discusión sobre la sobreveniencia de la inhabilidad, y f) precedentes, serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo o del Ministro del Interior en el caso de la letra f), o de cualquier persona en el caso de la letra e). El requerimiento deberá hacerse por escrito, acompañándose todos los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal. Se dará traslado al afectado por el término fatal de diez días hábiles para que exponga lo que estime conveniente en su defensa.

Vencido este plazo, con o sin la respuesta del afectado, se decretará autos en relación y la causa, para su agregación a la tabla, vista y fallo, se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección. Tratándose de la causal de la letra d), el Tribunal, como medida para mejor resolver, podrá decretar informe pericial.

Los Consejeros y el Director tendrán el carácter de ministro de fe en las actuaciones que las leyes le encomienden.

A los Consejeros y al Director les será aplicable lo señalado en el N° 2 del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 66.- El Consejo sesionará, a lo menos, con cuatro de sus miembros en ejercicio. Presidirá las sesiones el Presidente del Consejo.

El Consejo podrá sesionar en forma ordinaria o extraordinaria.

Son sesiones ordinarias aquellas que determine el propio Consejo para días y horas determinadas, en ellas se tratarán todas las materias que el Presidente incluya en la tabla respectiva, la que deberá ser comunicada a los consejeros con no menos de 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión.

Por cada mes el Consejo deberá sesionar en forma ordinaria no menos de una vez y no más de tres veces.

Son sesiones extraordinarias aquellas en que el Consejo es convocado especialmente para conocer de modo exclusivo las materias que motivan la convocatoria. Estas sesiones serán convocadas por su Presidente, cuando exista algún asunto urgente que requiera del conocimiento del Consejo, o cuando así sea solicitado a éste, por requerimiento escrito de dos Consejeros. La citación a sesión extraordinaria deberá hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y contendrá expresamente las materias a tratar.

Los acuerdos requerirán del voto favorable de, a lo menos, cuatro Consejeros. Si el Consejo no lograra el anterior quórum, deberá dejar constancia pública de su desacuerdo y las razones fundadas de las partes, convocando el Presidente del Consejo a una nueva sesión que deberá realizarse no antes de cuatro días ni después de quince, siempre que este último plazo no altere el cumplimiento de un plazo legal, donde deberá resolverse el desacuerdo con el voto conforme de, a lo menos, tres de sus miembros.

En todo caso, se requerirá siempre del voto conforme de, al menos, cuatro Consejeros para tomar los acuerdos señalados en la letra h) del artículo 67.

El Servicio no podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más Consejeros tengan interés por sí o como representantes de otra persona. Se presume que existe interés directo de un Consejero en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño directo, o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

De toda deliberación y acuerdo del Consejo se deberá dejar constancia en un libro de actas. El acta deberá ser firmada por todos los Consejeros que hubieren concurrido a la sesión.

Artículo 67.- Corresponderá al Consejo:

a) Designar a los miembros de las Juntas Electorales según propuesta del Director;

b) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Servicio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento;

c) Aprobar la propuesta del presupuesto del Servicio efectuada por el Director;

d) Supervisar los actos del Director y Subdirector;

e) Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales para su ejecución por los organismos establecidos en ellas;

f) Aprobar los Padrones Electorales y la Nomina de Electores Inhabilitados, a los que se refiere esta ley;

g) Aprobar las bases para llamar a la licitación de las empresas de auditoria, seleccionarlas y conocer de sus informes;

h) Designar y remover al Director y Subdirector del Servicio Electoral. La designación se hará a partir de una quina propuesta para el cargo por el Consejo de la Alta Dirección Pública, en conformidad a las normas del Título VI de la ley 19.882; y

i) Las demás que le señale la ley o sobre las que deban pronunciarse en virtud de sus funciones o atribuciones.

Párrafo 3°

Del Director del Servicio Electoral

Artículo 68.- El Director del Servicio Electoral, será el representante legal del servicio y el Jefe Superior de éste. Le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo;

b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo;

c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Servicio, previo acuerdo del Consejo Directivo;

d) Nombrar al personal del Servicio y poner término a sus servicios, de conformidad a las normas estatutarias;

e) Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Servicio;

f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio;

g) Representar al Servicio Electoral tanto judicial como extrajudicialmente;

h) Llevar el Registro de Partidos Políticos, actualizado por regiones y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomienden la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos u otras leyes;

i) Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o programas, que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión de los fines del Servicio;

j) Convocar a propuestas públicas o privadas, aceptarlas o rechazarlas;

k) Dictar las resoluciones generales y particulares necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

l) Contratar personal para labores transitorias cuando por necesidades del Servicio así se requiera, conforme a las normas del Código del Trabajo o sobre la base de honorarios;

m) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo; y

n) Ejercer las demás funciones que le encomienda esta u otras leyes.

Artículo 69.- El Director y Subdirector tendrán derecho a asistir a las sesiones de Consejo con derecho a voz.

Artículo 70.- Al Director y al Subdirector les serán aplicables las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los Consejeros.

Párrafo 4°

Del personal del Servicio Electoral

Artículo 71.- Los funcionarios y demás personas que presten servicios en el Servicio Electoral, estarán obligados a mantener reserva acerca de los antecedentes, informaciones o documentos que conozcan en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las publicaciones que deban efectuarse y de las informaciones que pueda proporcionar dicho Servicio en conformidad a la ley.

Ni el personal del Servicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él, podrán militar en partidos políticos, ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter político-partidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular. Tampoco podrán participar de modo similar con ocasión de los actos plebiscitarios.

Toda contravención a este artículo se sancionará con las penas contenidas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta. Asimismo, serán aplicables las normas de responsabilidad funcionaria y del Estado contempladas en la ley Nº 19.880, en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.”.

5) Sustitúyase el actual artículo 99, que pasa a ser 72, del Título V que pasa a ser VII, por el siguiente:

“Artículo 72.- Los Partidos Políticos, candidatos independientes y demás entidades o personas que de acuerdo a la ley tengan acceso a la información contenida en el Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina de Inhabilitados, deberán actuar responsablemente en su manejo, debiendo responder civil y penalmente, según corresponda, y en conformidad a lo que establezca la ley.”.

6) Agrégase un nuevo artículo 73:

“Artículo 73.- Todos los plazos a que se refiere esta ley serán de días corridos.”.

Artículo 2º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:

1) Agréguese al final del artículo 1° la siguiente oración, pasando el punto final a ser punto seguido:

“Además establece y regula las Juntas Electorales.”

2) Sustitúyase el artículo 3°, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por escrito, para cada acto eleccionario, ante el Director del Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio, si lo hubiere, quien les pondrá cargo y otorgará recibo.

Las declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el Secretario de la Directiva Central de cada partido político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral o por a lo menos cinco de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. En todo caso, será acompañada por una declaración jurada del candidato, o de un mandatario designado especialmente al efecto por escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto a las inhabilidades. La declaración jurada deberá ser acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los estudios del candidato cuando corresponda en los términos que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el candidato.

La declaración de candidatura podrá presentarse en un acto separado por cada candidato.

Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente.”.

3) Sustitúyase el inciso cuarto del artículo 3 bis, por el siguiente:

“El pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral, antes del vencimiento del plazo y en forma previa a las declaraciones de candidaturas, mediante la presentación de una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en lista conjunta en una elección de Parlamentarios y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios.”.

4) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 6, por el siguiente:

“Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República, éstas solo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la primera o única votación, o hasta los treinta días siguientes a la convocatoria que se realice para una repetición de la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28, de la Constitución Política de la República.”.

5) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 11, por los siguientes:

“El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante cualquier notario por ciudadanos con derecho a sufragio que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político legalmente constituido o en formación, y cuyos domicilios electorales registrados en el Registro Electoral corresponda al distrito o circunscripción senatorial, según se trate de elecciones de Diputados o Senadores. Será notario competente cualquiera del respectivo territorio.

La nómina de patrocinantes deberá señalar en su encabezamiento el nombre del candidato y el acto electoral de que se trate. A continuación, deberá dejarse expresa constancia del juramento a que se refiere el inciso anterior y de los siguientes antecedentes: primera columna, numeración correlativa de todos los ciudadanos que la suscriban; segunda columna, sus apellidos y nombres completos; tercera columna, número de la cédula nacional de identidad; cuarta columna, indicación de su domicilio electoral, con mención de la comuna; quinta columna, firma del elector o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.”.

6) Reemplázase en el artículo 13, la expresión “inscritos en cualquier parte del territorio nacional” por “habilitados para ejercer el derecho a sufragio”.

7) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- El Consejo del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo para declaración de candidaturas, deberá aceptarlas o rechazarlas. Para tal efecto dictará las resoluciones respectivas que se publicarán dentro de tercer día en el Diario Oficial.

El Consejo del Servicio Electoral deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 25, 48 y 50 de la Constitución Política de la República, o que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 57 de la Constitución. Asimismo, rechazará las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los Párrafos 1° a 3° de este Título.”.

8) Agréguese en el artículo 19 el siguiente inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Si el rechazo de la candidatura por parte del Servicio Electoral conforme al artículo 17, se hubiere fundado en no ser el candidato declarado ciudadano con derecho a sufragio, y el fallo del Tribunal hubiere ordenado su inscripción como candidato, el Servicio Electoral deberá también incorporar al candidato dentro del padrón de electores. Si, por el contrario, el Tribunal rechazare una candidatura aceptada por el Servicio Electoral, al considerar que el candidato no es ciudadano con derecho a sufragio, el Servicio Electoral deberá excluir al candidato del padrón de electores”.

9) Deróguese el artículo 21.

10) Reemplácese en el inciso primero del artículo 27, la expresión “Director del” por el vocablo “El”.

11) Elimínese en el artículo 29 el inciso tercero y sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“El Servicio Electoral entregará a los partidos políticos, a los pactos electorales y a los candidatos independientes, el número de facsímiles de las cédulas con las cuales se sufragará que determine el Servicio. La entrega se hará dentro del plazo señalado en el inciso anterior.”.

12) Deróguese el Artículo 34.

13) Reemplázase el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- El Servicio Electoral podrá fusionar aquellas mesas receptoras de sufragios que tengan menos de ciento setenta y cinco electores habilitados para votar al momento de determinarse el padrón electoral, con una o más mesas receptoras de sufragio de la misma circunscripción electoral, con el objeto de que funcionen conjuntamente como si fueran una sola mesa, siempre que el resultado de dicha fusión no signifique que la mesa resultante supere el número de trescientos cincuenta electores habilitados para votar.

En este caso existirá un solo padrón de la mesa fusionada y se ordenará alfabéticamente.

La nueva mesa se identificará con los números de las mesas que se fusionaron separados por guiones.”

14) Sustitúyase el artículo 38, por el siguiente:

“Artículo 38.- Cada Mesa Receptora se compondrá de cinco vocales elegidos de entre los inscritos en el Padrón de Mesa respectivo.”

15) Intercálese en el inciso primero del artículo 40, entre las expresiones “representación popular;” y “los Ministros de Estado”, la expresión “las personas a cargo de los trabajos electorales que señala el artículo 7 de esta ley;”.

16) Reemplácese en el inciso primero del artículo 40 la expresión “los jueces letrados y los de Policía Local” por la expresión “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local;”.

17) Reemplácese el inciso segundo del artículo 40 por el siguiente:

“Si por las causales anteriores no fuere posible integrar la Mesa, se constituirá con ciudadanos que figuren en los Padrones de Mesas correspondientes a mesas contiguas.”.

18) Sustitúyase el artículo 41, por el siguiente:

“Artículo 41.- Se designarán tres vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios con ocasión de la elección de diputados y senadores, y dos con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si se trata de una mesa nueva, o si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiera cambiado de Circunscripción Electoral o hubiera perdido el derecho a sufragio.

Para proceder a la designación de vocales, a partir del cuadragésimo quinto día anterior a la elección, cada uno de los Miembros de la Junta Electoral escogerá diez nombres, que deberán corresponder a diez ciudadanos con derecho a sufragio, que aparezcan en la nómina por mesa receptora de sufragio del padrón electoral con carácter de auditado, señalado en el artículo 32 de la ley N° 18.556, que el Servicio Electoral pondrá a disposición de la Junta. Si la Junta funcionare con dos miembros cada uno elegirá quince nombres.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de vocales de Mesas y a los que no hubieran ejercido igual función durante los cuatro años anteriores.

Escogidos los nombres, la Junta Electoral procederá a confeccionar para cada Mesa Receptora una nómina en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al treinta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, a las catorce horas del trigésimo día anterior a la fecha de la elección o plebiscito, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros números, según corresponda, sirvan para individualizar en cada nómina a las personas que se desempeñarán como vocales de las Mesas Receptoras, y los siguientes, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como reemplazantes.”.

19) Elimínese en el inciso primero del artículo 42 la expresión “comenzando por las de varones,”.

20) Reemplázase el inciso primero del artículo 43, por el siguiente:

“Artículo 43.- El Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina completa de los vocales designados para cada Mesa Receptora de la respectiva elección. Respecto de todos ellos se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en un diario o periódico el vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito, o, si ese día no circulare el periódico en que deba publicarse, en la primera ocasión posterior a esa fecha en que esto ocurra, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.”

21) Sustitúyase el artículo 47, por el siguiente:

“Artículo 47.- Los vocales sorteados por las Juntas Electorales para las Mesas Receptoras ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los vocales sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

22) Incorporase el siguiente artículo 47 bis, nuevo:

“Artículo 47 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de vocal de Mesa Receptora de Sufragio un bono equivalente a la suma de dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral en el que participen.

Dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Este bono se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, los delegados de las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 77 de esta ley, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la función de vocales en el acto electoral respectivo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

23) Modifícase el artículo 49 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer” por “a las quince horas del”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“El Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria.”.”.

24) Reemplázase el inciso segundo del artículo 52 por el siguiente:

“El Secretario de la Junta Electoral requerirá de la Comandancia de Guarnición respectiva, a lo menos con sesenta días de anticipación a la audiencia, un informe sobre los locales estatales o privados que sean más adecuados para el expedito funcionamiento de las Mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención del orden público. Sin perjuicio de su informe escrito, el jefe aludido podrá, personalmente o representado por quien él designe, asistir a la audiencia de la Junta y proponer otros locales. La asignación de las Mesas que corresponderán a cada local se hará tratando de mantener, en la medida que ello sea posible, la misma asignación de las elecciones anteriores.”.

25) Sustitúyase el artículo 54, por el siguiente:

“Artículo 54.- A partir de las catorce horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito, en cada recinto de votación iniciará sus funciones una Oficina Electoral dependiente de la respectiva Junta Electoral, que estará a cargo de un Delegado que designará dicha Junta. Esta nominación, que se entenderá subsistente para el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, deberá recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras o Secretario Abogado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe. En ningún caso podrá recaer en funcionarios Municipales o dependientes directa o indirectamente de Corporaciones Municipales. Estos delegados podrán hacerse asesorar por el personal necesario para el funcionamiento de la oficina, con cargo al Servicio Electoral y de acuerdo con las instrucciones que el Servicio imparta. Este personal percibirá un bono diario equivalente a media Unidad de Fomento.

El delegado tendrá derecho a un bono total equivalente a cinco Unidades de Fomento por todas las tareas realizadas con ocasión de las elecciones y plebiscitos que se realicen en un mismo acto electoral. Se considerará para estos efectos como otro acto electoral, la segunda votación realizada, conforme al inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política.

A estos bonos le será aplicable lo señalado en el inciso segundo del artículo 47 bis.

Las Oficinas Electorales funcionarán no menos de cuatro horas durante el segundo día anterior a la elección o plebiscito; desde las nueve horas y hasta al menos las dieciocho horas el día anterior a la elección o plebiscito; y desde las siete horas y hasta completar todas sus funciones en el día de la elección o plebiscito.

Corresponderá al delegado de la Junta Electoral, sin perjuicio de las demás tareas que señala esta ley:

1) Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio. Para estos efectos deberá contar con medios expeditos para la atención de las consultas de los electores de toda la Circunscripción Electoral, especialmente en lo que tenga relación, con su local de votación y su Mesa Receptora de Sufragios o poder señalar al elector su condición de estar inhabilitado para votar en la elección mencionando la causal;

2) Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras y, cuando corresponda, designar a los reemplazantes de los vocales que no hubieren concurrido conforme al artículo 57;

3) Hacer entrega a los Comisarios de Mesa de los útiles electorales;

4) Instruir a los electores no videntes sobre el uso de la plantilla a que se refiere el artículo 28;

5) Recibir, terminada la votación, los útiles electorales empleados en las mesas y los sobres con las actas de escrutinio que debe entregar al día siguiente al Colegio Escrutador;

6) Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público.”.

26) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:

“Artículo 55.- El Servicio Electoral pondrá a disposición de la Oficinas Electorales, por intermedio de las Juntas Electorales, los útiles destinados a cada una de las Mesas Receptoras de Sufragios del respectivo local a lo menos el día anterior a la elección o plebiscito.

Para cada Mesa Receptora deberá considerarse el siguiente material:

1) El Padrón de Mesa con la nómina alfabética de los electores habilitados para votar en ella y los datos para identificarlos. Este padrón deberá disponer en la línea de cada elector de un espacio donde se estamparán las firmas o huellas dactiloscópicas de los electores que voten. Este espacio deberá ser de por lo menos tres centímetros de arriba a abajo por cada elector. Además deberá disponer de un espacio para anotar los números de las cédulas electorales. El Padrón de Mesa podrá estar dividido en dos secciones si así lo dispone el Servicio Electoral.

2) Dos ejemplares de la cartilla de instrucciones para uso de la Mesa Receptora de Sufragios, que elaborará el Servicio Electoral;

3) Las cédulas para la emisión de los sufragios en número igual al de los electores que deben sufragar, más un diez por ciento;

4) Cuatro lápices de grafito de color negro y dos lápices pasta de color azul;

5) Un tampón para huella dactilar.

6) Un formulario de acta de instalación;

7) Tres formularios de actas de escrutinio por cada elección o plebiscito y un cuarto de reemplazo en caso de que inutilicen alguno de los anteriores;

8) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Colegio Escrutador;

9) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Tribunal Calificador de Elecciones;

10) Cinco sobres por cada elección o plebiscito que se realice, para colocar las cédulas con que se sufrague. Uno de ellos llevará en su parte exterior la indicación “Votos escrutados no objetados”; otro, “Votos escrutados marcados y objetados”; otro, “Votos nulos y en blanco”; otro, “Talones de las cédulas emitidas”; y el quinto, “Cédulas no usadas o inutilizadas y talones y sellos adhesivos no usados”;

11) El sobre para colocar el Padrón de la Mesa;

12) El o los sobres para guardar el resto de los útiles usados;

13) Formularios de recibos de los útiles electorales y de las actas, que deban entregarse al Delegado de la Junta;

14) Un formulario de minuta del resultado del escrutinio por cada elección o plebiscito;

15) Un ejemplar de esta ley; y

16) Sellos adhesivos.

En los padrones, formularios y sobres se deberá indicar la región y circunscripción, el número de Mesa correspondiente y el sello del Servicio Electoral. Los sobres llevarán, además, la indicación del objeto a que están destinados o de su destinatario.

En la misma oportunidad, el Servicio Electoral remitirá, para uso de los Delegados de las Juntas Electorales, dos ejemplares del Padrón Electoral y de la Nómina de Electores Inhabilitados de toda la Circunscripción Electoral correspondiente y los formularios de recibo de los útiles electorales por parte de los Comisarios.”.

27) Sustituyese el artículo 57, por el siguiente:

“Artículo 57.- A las ocho horas de la mañana del día fijado para la elección o plebiscito se reunirán, en los locales designados para su funcionamiento, los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios.

Las Mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales.

Los vocales asistentes que no se encontraren en número suficiente para el funcionamiento de las respectiva Mesa darán aviso inmediato al delegado de la Junta Electoral.

A partir de las nueve horas el delegado procederá a designar los vocales que faltaren hasta completar solo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto. Deberá preferir a los electores que voluntariamente se ofrezcan en el orden en que se presenten. A falta de éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario. El delegado deberá haber constituido todas las mesas a más tardar a las diez horas.

Integrada la mesa, los vocales originalmente designados podrán incorporarse a ella, en orden de presentación hasta completar el máximo de cinco, sin que puedan reemplazar a los vocales designados en virtud del inciso anterior y siempre que ello ocurra con anterioridad a las once horas. Del hecho de las incorporaciones y de su hora se dejará constancia en el acta de instalación.

En ningún caso las Mesas podrán integrarse pasadas las doce horas.”

28) Modifíquese el artículo 58 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso segundo, la expresión “el o los Registros” por “el Padrón de Mesa”.

b) Elimínese los incisos tercero y cuarto.

29) Intercálese en el inciso segundo del artículo 59, después de la expresión “Cumplidos los trámites anteriores,” la frase “y nunca antes de las ocho de la mañana,”.

30) Sustitúyase el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- Son electores, para los efectos de esta ley, los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los Padrones de Mesa y que tengan cumplidos dieciocho años de edad el día de la votación.

El elector que concurra a votar deberá hacerlo para todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral.”

31) Agréguese al final del inciso cuarto del artículo 61, la siguiente frase:

“En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa Receptora de Sufragios, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.”.

32) Sustitúyase el artículo 62, por el siguiente:

“Artículo 62.- El elector chileno entregará al Presidente su cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero su cédula de identidad para extranjeros. Dichos documentos deberán estar vigentes. Ningún certificado u otros documentos podrán reemplazar a los anteriores.

Una vez comprobada la identidad del elector, la vigencia de su cédula de identidad o de su pasaporte, y el hecho de estar habilitado para sufragar en la Mesa, el elector firmará en la línea que le corresponda en el Padrón Electoral de la Mesa o, si no pudiere hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo pulgar derecho o, en su defecto cualquier otro dedo, de lo que el presidente dejará constancia al lado de la huella. De la falta de este requisito, se dejará constancia en el Acta, aceptándose que el elector sufrague.”.

33) Reemplázase el inciso primero del artículo 63, por el siguiente:

“Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del Padrón de Mesa y la identidad del elector, se recabará la intervención del experto de identificación que habrá en cada local de votación. El experto hará que el elector estampe su huella dactilar derecha al lado de su firma y la cotejará con la estampada en su cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros.”.

34) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 64, la expresión “respectivo cuaderno de firmas” por “Padrón de la Mesa” y la expresión “votación” por “elección”.

35) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

“Artículo 66.- Después de haber sufragado y depositadas las cédulas en la urna, se procederá a devolver al elector su cédula nacional de identidad, el pasaporte o su cédula de identidad para extranjeros, según corresponda.”.

36) Sustitúyase en el inciso final del artículo 67, la expresión “numérico de las inscripciones” por “alfabético en el Padrón de Mesa”.

37) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

“Artículo 68.- A las dieciocho horas del día de la elección, y siempre que no hubiere algún elector que deseare sufragar, el Presidente declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación.

Efectuada la declaración de cierre, el Secretario o el vocal en su caso, escribirá en el Padrón de la Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión “no votó” respecto de los electores que no hayan sufragado.”

38) Modifícase el artículo 71, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyase el numeral 1), por el siguiente:

“1) El Presidente contará el número de electores que hayan sufragado según el Padrón de la Mesa y el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas para cada elección o para el plebiscito;”.

b) Reemplázase el numeral 5), por el siguiente:

“5) Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas. La Mesa dejará constancia al dorso de ella del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión.

Se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta señalada en el artículo 65, y las que tengan además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquella emitida con una preferencia pero sin los dobleces correctos. Estas cédulas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen.

Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas;”.

c) Reemplázase el numeral 6), por el siguiente:

“6) Tratándose de una elección de Presidente de la República y de Parlamentarios, se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.

En los plebiscitos se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión.

Las operaciones se practicarán por el Presidente, por el Secretario y demás vocales;”.

d) Reemplázase el numeral 7), por el siguiente:

“7) Terminado el escrutinio se llenará la minuta con los resultados, y será firmadas por los vocales colocándose en un lugar visible de la mesa.”.

e) Reemplázase el numeral 8), por el siguiente:

“8) Los vocales, apoderados y candidatos tendrán derecho a exigir que se les certifique, por el Presidente y el Secretario, copia del resultado, lo que se hará una vez terminada las actas de escrutinio.”

39) Sustitúyase el artículo 72, por el siguiente:

“Artículo 72.- Inmediatamente después de practicado cada escrutinio, y en el mismo lugar en que hubiere funcionado la Mesa Receptora se levantarán actas del escrutinio, estampándose separadamente, en letras y en cifras, el número de sufragios que hubiere obtenido cada candidato o cada una de las proposiciones de la cédula para plebiscito, en su caso.

Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio y de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio que deseen hacer constar los vocales y apoderados, sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación, bajo las penas que esta ley señala. Se dejará especial testimonio en el acta del cumplimiento de las exigencias del artículo 71.

El acta de escrutinio se escribirá en tres ejemplares idénticos, los que tendrán para todos los efectos legales el carácter de copias fidedignas, serán firmadas por todos los vocales y los apoderados que lo deseen.

El primer ejemplar del acta quedará en poder del Secretario de la Mesa en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales, por el lado del cierre, para su remisión al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, y dejándose testimonio, en letras, en la cubierta del sobre, de la hora en que el Secretario lo hubiere recibido.

El segundo ejemplar del acta se entregará por el Presidente de la Mesa al Delegado de la Junta Electoral, en sobre dirigido al Colegio Escrutador, cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre, para que éste lo presente al Colegio en la oportunidad señalada en el artículo 86. El Delegado entregará recibo de su recepción.

El tercer ejemplar del acta, inmediatamente después de llenada, y antes de practicar el escrutinio de otra elección, se entregará por el Comisario de la Mesa a la persona dispuesta por el Servicio Electoral de la Oficina Electoral del local a que se refiere el artículo 76 bis, en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre. Se entregará recibo de su recepción.

Si en el local de votación se contare con facilidades de fotocopia, se procederá a llenar un solo ejemplar del acta y, antes de su firma por los vocales, el Comisario de la Mesa concurrirá al lugar de fotocopia, obteniendo las otras dos copias y las copias necesarias para entregar a todos los apoderados que la hubieran solicitado. Después regresará a la mesa, donde se procederá a firmar el original y las copias por los vocales y apoderados que lo deseen con tinta o lápiz a pasta de color azul, cerciorándose de que sean idénticas al original. Posteriormente, se procederá a su ensobrado y distribución conforme a los incisos anteriores, debiendo destinarse el original al sobre que el Secretario de la Mesa remitirá al Tribunal Calificador de Elecciones.

40) Reemplázase el artículo 73, por el siguiente:

“Artículo 73.- Después de practicado cada escrutinio y llenado de las actas conforme al artículo anterior, el Presidente pondrá las cédulas escrutadas con las que se hubiere sufragado en la elección o el plebiscito, separando las cédulas escrutadas y no objetadas, las escrutadas marcadas y objetadas, los votos nulos y en blanco, las cédulas no usadas o inutilizadas, los talones desprendidos de las cédulas emitidas y los talones y sellos adhesivos no utilizados, dentro de los sobres especiales destinados a cada efecto.

En el sobre caratulado "Votos escrutados no objetados" se colocarán aquellas cédulas que, emitidas correctamente conforme al artículo 65, no se encuentran en las situaciones señaladas en el número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos nulos y en blanco" se colocarán aquellas cédulas que, a juicio de la mayoría de la Mesa, se encuentren en cualquiera de los casos señalados en los párrafos primero y tercero del número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos escrutados marcados y objetados" se colocarán aquellas cédulas consideradas marcadas conforme al párrafo segundo del número 5 del artículo 71, contra las cuales se hayan formulado objeciones, que consten en el acta respectiva.

Se pondrán, además, dentro del respectivo sobre el Padrón de Mesa empleado en la votación de la Mesa.

Los sobres se cerrarán, sellarán y firmarán, por el lado del cierre, por todos los vocales y por los apoderados que quisieren.”.

41) Sustitúyase el artículo 75, por el siguiente:

“Artículo 75.- Completados todos los escrutinios, llenadas las actas y ensobrados los votos, se hará un paquete en que se pondrán los sobres de los votos a que se refiere el artículo 73, el acta de instalación y los demás útiles usados en la votación.

El paquete será cerrado y sellado. En su cubierta se anotará la hora y se firmará por todos los vocales y los apoderados que lo desearen. Luego, se dejará en poder del Comisario.”.

42) Agréguese el siguiente artículo 76 bis.

“Artículo 76 bis. La persona que disponga el Servicio Electoral se instalará en la Oficina Electoral del local de votación y procederá a recibir los ejemplares del acta señalados en el inciso sexto del artículo 72, cuyos datos procederá a incorporarlos al sistema computacional en la forma que disponga el Servicio Electoral, en conformidad al artículo 175 bis.

Los apoderados acreditados ante la Oficina Electoral del Local Votación, podrán estar presentes y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso o transmisión de los datos que ellas contienen.

43) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 77:

“El Delegado de la Junta Electoral deberá concurrir personalmente al inicio de la sesión que se señala en el artículo 86 del Colegio Escrutador que corresponda, con objeto de hacer entrega personalmente de los sobre cerrados y dirigidos al Colegio Escrutador que contienen las actas de escrutinios de las mesas de votación del Local donde ejerció su función.”.

44) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 80, la palabra “Director” por “Consejo”; la expresión “, o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito” por “o plebiscito”, y el vocablo “veinte” por “cuarenta y cinco”.

45) Reemplázase el artículo 81, por el siguiente:

“Artículo 81.- Cada Colegio estará compuesto de seis miembros titulares e igual número de suplentes, designados por las respectivas Juntas Electorales, en conformidad a los artículos siguientes.

Se designarán tres miembros con ocasión de la elección de diputados y senadores, y tres con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiere cambiado de Circunscripción Electoral a una que no deba escrutar el Colegio o hubiere perdido el derecho a sufragio.

No podrán ser designados como miembros de los Colegios Escrutadores las personas señaladas en el inciso primero del artículo 40, ni aquéllas que hubieren sido designadas como vocales de mesas receptoras de sufragios para la misma elección de que se trate.”.

46) Sustitúyase el artículo 82, por el siguiente:

“Artículo 82.- Para proceder a la designación de los miembros de los Colegios Escrutadores, cada uno de los miembros de la Junta Electoral respectiva escogerá veinte nombres, que deberán corresponder a veinte ciudadanos inscritos en las mesas que corresponda escrutar al Colegio respectivo. Si la Junta funcionare con dos miembros, elegirán treinta cada uno de ellos.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de miembro del Colegio Escrutador, cuyo domicilio electoral corresponda a la localidad donde sesionará el Colegio Escrutador, y que no hubieren sido seleccionadas para vocales de mesas en la misma elección.

A continuación, la Junta Electoral procederá a confeccionar una nómina para cada Colegio Escrutador que le corresponda designar, en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al sesenta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, inmediatamente designados los vocales de las respectivas Mesas Receptoras de Sufragios, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros seis números sirvan para individualizar, en cada nómina, a las personas que se desempeñarán como miembros de los Colegios Escrutadores, y los siguientes seis, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como suplentes.

La Junta Electoral formará un libro con las nóminas alfabéticas firmadas por todos sus miembros, debidamente foliadas y con indicación del Colegio a que corresponda, el que se entenderá como parte integrante del acta del sorteo. Este libro será público y se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.

En todo caso, las nóminas deberán encontrarse en el local donde se efectúe el sorteo respectivo.”.

47) Reemplázase el artículo 83, por el siguiente:

“Artículo 83.- El Secretario de la Junta Electoral publicará el acta de lo obrado, incluyendo las nóminas de los miembros designados para cada Colegio Escrutador, respecto de quienes se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en la forma establecida en el artículo 43 de esta ley, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.

Dentro del mismo plazo, comunicará su nombramiento por carta certificada a los miembros designados, indicando la fecha, hora y lugar en que el Colegio Escrutador funcionará, y el nombre de los demás integrantes. El encargado de la oficina de correos deberá otorgar recibo circunstanciado de los avisos que se entregaren.”.

48) Incorpórese el siguiente artículo 83 bis, nuevo:

“Artículo 83 bis.- Cualquier miembro de los Colegios Escrutadores podrá excusarse de desempeñar el cargo, en los plazos, formas y causales establecidas en el artículo 44.

En el mismo plazo, cualquier persona podrá solicitar la exclusión del o los miembros de un Colegio Escrutador que estuvieren afectados por alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el artículo 81.

Para los efectos de conocer y resolver las excusas que se presentaren y reemplazar a los miembros cuya excusa o exclusión hubiere sido acordada por la Junta Electoral, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de esta ley.”.

49) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 84 la expresión “Director” por “Consejo”.

50) Reemplázase el artículo 85, por el siguiente:

“Artículo 85.- Los miembros de los Colegios Escrutadores ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los miembros sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

51) Incorpórese el siguiente artículo 85 bis, nuevo:

“Artículo 85 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de miembro de los Colegios Escrutadores y de Secretario de Colegio Escrutador un bono equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral.

Dicha cantidad no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Esta cantidad se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, dentro de los dos días siguientes al término de la función de los Colegios Escrutadores, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la funciones respectivas en dicho organismo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

52) Sustitúyase el artículo 86, por el siguiente:

“Artículo 86.- A las catorce horas del día siguiente a la elección o plebiscito, el Colegio Escrutador se reunirá con al menos tres de sus miembros, en el lugar que hubiere designado la Junta Electoral correspondiente, bajo la presidencia provisional del Secretario del Colegio, nombrado de conformidad al artículo 84. Reunido el número requerido, se procederá a sortear de entre los miembros presentes un Presidente.

Al inicio de la sesión, los delegados de las Juntas Electorales deberán entregar al Secretario los sobres sellados que contengan las actas de escrutinios de las Mesas Receptoras que hubieren funcionado en su respectivo local de votación. Éste se cerciorará del estado de los sellos y de las firmas y otorgará el recibo correspondiente, en original y copia. El Delegado conservará el original y la copia la remitirá al Secretario de la Junta Electoral.

Inmediatamente, el Presidente declarará constituido el Colegio, levantándose un acta en que se dejará constancia de los siguientes hechos y circunstancias: a) individualización del Colegio, expresándose la correspondiente región, provincia, comuna y circunscripción; b) el local de su funcionamiento; c) las Mesas que debe escrutar; d) nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; e) el día y hora de la constitución del Colegio, y f) la nómina de los miembros del Colegio que no hubieren asistido a la reunión. El acta se extenderá en el Libro de Actas correspondiente y será firmada por los miembros del Colegio y el Secretario, quien deberá remitirla para los efectos de las ausencias injustificadas, al Juzgado de Policía Local correspondiente.”.

53) Reemplázase el artículo 87, por el siguiente:

“Artículo 87.- El Colegio Escrutador, en audiencia pública, procederá con la ayuda de un sistema computacional, a registrar y sumar el número de votos obtenidos por cada candidato en las mesas que debe escrutar y, además, en el caso de elecciones de Parlamentarios, a sumar los votos obtenidos por cada lista de candidatos, de acuerdo con el procedimiento del artículo siguiente. Una vez terminado dicho procedimiento se extenderá el acta y el cuadro a que se refiere el artículo 88 de esta ley.

Para efectos de lo anterior, el Servicio Electoral dotará a cada Colegio Escrutador de computador con su respectiva impresora y de un software o sistema que permita realizar el ingreso o revisión de los resultados por mesa y candidato, que proceda a realizar las sumas y emita los cuadros y actas a que se refiere el artículo 89. Además, deberá proveer de una manual para el uso de este equipo y su software.

El sistema computacional señalado en los incisos anteriores deberá tener ya registrado los resultados de cada candidato por Mesa Receptora de Sufragios, que se hubieren ingresados a los sistemas del Servicio Electoral, conforme al artículo 76 bis.”.

54) Sustitúyase el artículo 88, por el siguiente:

“Artículo 88.- El Presidente leerá el acta de la mesa en alta voz, debiendo el Secretario comprobar los resultados por candidato con los datos ya ingresados al sistema computacional, pudiendo corregirlos, modificarlos o completarlos si ellos faltaren. Los demás miembros del Colegio y los apoderados podrán comprobar la exactitud de la lectura con los datos que en definitiva queden registrados en el sistema. Cada uno de los miembros y apoderados podrán a su vez tomar nota separadamente del resultado de las actas a medida que sean leídas con el objeto de verificar los datos ingresados y las sumas de los votos obtenidos por cada candidato y lista cuando corresponda.

Si faltaren actas de Mesas que hubieren funcionado el día de la elección, se dejará constancia expresa en el acta que dichas mesas no fueron escrutadas por el Colegio. Si respecto de esas mesas, el sistema computacional tuviere registrado sus resultados en base al ingreso de datos efectuados conforme al artículo 76 bis, se dejará constancia que dichos resultados no fueron revisados por el Colegio por carecer de un ejemplar del acta.

Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias, entre la suma real de los votos de cada candidato, los nulos y blancos y los totales indicados en las actas, se ingresaran igual al sistema los datos que existan, dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los errores que se hubiere detectado.

Terminada la lectura y el ingreso de resultados al sistema computacional, se obtendrá de este último, en forma provisoria, un cuadro de resultados, que contendrá para cada Mesa, los votos obtenidos por cada candidato y por lista si correspondiere, además de los votos nulos y blancos y el total de votos escrutados de la Mesa. Este cuadro contendrá también la suma total de votos del Colegio por cada candidato, y lista si correspondiere, además de la suma total de votos blancos y nulos y total de votos escrutados. El cuadro provisorio se emitirá con el número de copias que sea necesario para que los miembros del Colegio y los apoderados puedan revisar los datos ingresados y las sumas, a objeto de que puedan sugerir correcciones cuando consideren que existen errores.

Se efectuarán las correcciones que acuerde la unanimidad de los miembros del Colegio, así como las que acuerde la mayoría de los miembros del Colegio cuando haya discrepancias respecto del valor correcto de un resultado ingresado, resolviendo el Secretario en caso de empate. En todo caso, se deberá dejar siempre constancia detallada en el acta de la discrepancia surgida, como también de las correcciones u observaciones requeridas por los apoderados y que el Colegio no haya considerado.”.

55) Reemplázase el artículo 89, por el siguiente:

“Artículo 89.- Terminada la revisión y resueltas las discrepancias señaladas en el artículo anterior, se obtendrá del sistema computacional el cuadro de resultados definitivo del Colegio en tres ejemplares.

Deberá levantarse un acta donde se harán constar los siguientes hechos o circunstancias:

a) El día y la hora del término de su labor;

b) Las cifras totales, en número y letras, alcanzadas por los candidatos y por las listas de candidatos en el caso de elecciones Parlamentarias;

c) La cantidad de votos nulos y en blanco emitidos dentro de su territorio jurisdiccional y la circunstancia de haberse practicado la agregación a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente;

d) Los reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento observado al hacerse la operación;

e) Un detalle de las mesas que el Colegio no pudo escrutar o no pudo revisar, por no haber recibido la correspondiente acta de escrutinio.

f) Un detalle de las mesas donde existen desigualdades en el acta entre los totales que ellos muestran y las suma de los votos por candidatos más los nulos y blancos.

g) Todos los demás que determine esta ley o el Colegio.”.

56) Sustitúyase el inciso primero del artículo 94, por el siguiente:

“El Secretario del Colegio Electoral deberá, obtener del sistema computacional y hacer entrega de un copia certificada por él, del cuadro de resultados definitivo y del acta, a todos los apoderados y candidatos que lo soliciten.”.

57) Reemplázase el artículo 95, por el siguiente:

“Artículo 95.- El Servicio Electoral deberá dar a conocer los resultados de los escrutinios practicados por los Colegios Escrutadores a medida que vaya disponiendo de ellos.

Para estos efectos, el Director del Servicio Electoral abrirá el sobre con el acta y cuadro que hubiere recibido del Presidente de cada Colegio Escrutador, comprobará las exactitud de dichos resultados con los contenidos en el sistema computacional, efectuará las correcciones que fueren necesarias para que los resultados del sistema computacional se ajusten al acta y cuadro, y procederá a liberar su información en los términos señalados en el inciso siguiente.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de los Colegios Escrutadores. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos y los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito, podrán también disponer de esos mismos resultados en medios magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo deberán señalar su condición de provisorios y sujetos al escrutinio general de los Tribunales que correspondan.

58) Agréguese al final del inciso primero del artículo 96 la siguiente letra f):

“f) La utilización de un Padrón Electoral incorrecto, que contengan omisiones de inscritos o electores con derecho a sufragio, inhabilidades mal aplicadas, errores en el domicilio electoral y la correspondiente circunscripción electoral, y en los demás datos del padrón.”.

59) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 97, por los siguientes:

“Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios cuando, en su opinión, se haya incurrido en omisiones, calificación errada de los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco por parte de la mesa, errores en las actas de escrutinios, en sus sumas y totales, diferencias entre las actas o entre ellas y los certificados de escrutinios entregados a los apoderados, resultados mal imputados por los Colegios Escrutadores o en errores aritméticos.

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones o plebiscitos, se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, debiendo acompañarse en el mismo acto los antecedentes en que se funde. Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.”

60) Sustitúyase el artículo 99 bis, por el siguiente:

“Artículo 99 bis.- Tratándose de la elección de Presidente de la República, las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección, acompañándose en el mismo acto los antecedentes en que aquéllas se fundaren.

Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.

Dentro del plazo fatal de dos días, contado desde la fecha del respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el Tribunal las informaciones y contrainformaciones que se produzcan. El Tribunal conocerá, adoptará las medidas para mejor resolver y emitirá su fallo dentro del plazo señalado por el artículo 27 de la Constitución Política de la República. En todo caso, dicho fallo no será susceptible de recurso alguno y su notificación se practicará por el estado diario.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal deberá además, dar cumplimiento a las normas establecidas en el Título V de la presente ley, en lo que fuere pertinente.”.

61) Agrégase el siguiente artículo 101 bis:

“Artículo 101 bis.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición del Tribunal los resultados de los Colegios Escrutadores en formato digital, que sirvieron para generar los cuadros de resultados conforme al inciso primero del artículo 89, los que en todo caso deberán ser concordantes con los cuadros remitidos al Tribunal en virtud de lo señalado en el artículo 91.”.

62) Reemplázase el artículo 103, por el siguiente:

“Artículo 103.- Para practicar el escrutinio general el Tribunal se apoyará en equipos y sistemas computacionales, debiendo resolver las solicitudes de rectificaciones conjuntamente con el escrutinio y observando las siguientes reglas:

1) Todas las sesiones del Tribunal que tengan por objeto practicar el escrutinio general o el escrutinio de alguna mesa en particular, serán públicas. A ellas podrán asistir los candidatos y hasta dos apoderados, designados al efecto por cada uno de los partidos políticos y por los candidatos independientes que hayan participado en la elección o plebiscito.

2) Si no se dispusiere del acta y cuadro de uno o más Colegios Escrutadores, el Tribunal requerirá del Servicio Electoral la remisión de todas las actas y cuadros que faltaren y que obren en su poder y procederá a completar el escrutinio general.

3) Respecto de todas aquellas Mesas, cuyos resultados estén contenidos en los cuadros de resultados de los Colegios Escrutadores, que no hayan sido objeto de observaciones o discrepancias, según el acta del mismo Colegio, ni hayan sido objeto de una reclamación o de una solicitud de rectificación, y siempre que sean concordantes con resultados contenidos en las actas de las mesas remitidas al Tribunal, se practicará el escrutinio general en base a los resultados de dichos cuadros sin más trámite. Para establecer la concordancia podrán usarse sistemas computacionales.

4) Si algún Colegio hubiere dejado de escrutar una o más actas de Mesas, ya sea por no haber conseguido las actas o aquéllas contuvieren errores u omisiones que impidieren conocer el resultado real y completo de la Mesa, el Tribunal recurrirá al ejemplar del acta de la mesa que le fue remitida, y procederá a completar el escrutinio.

5) Si, con todo, no fuese posible contar con uno de los ejemplares del acta de las mesas no escrutadas por el Colegio Escrutador, el Tribunal practicará el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

6) En relación a las Mesas que hayan sido objeto sólo de reclamaciones de nulidad, el Tribunal considerará provisoriamente su resultado según el cuadro del Colegio Escrutador a objeto de completar el escrutinio general y en espera de lo que resuelva posteriormente, según lo señalado en los artículos siguientes.

7) En relación a las Mesas que hayan sido objeto de observaciones, discrepancias o desigualdades, según el acta del Colegio Escrutador, o que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, el Tribunal procederá a revisar todos los antecedentes que obren en su poder o hayan sido presentados por los requirentes, y cotejará al menos dos ejemplares del acta de escrutinio para poder resolver la rectificación solicitada y los resultados de la Mesa, pudiendo, en caso de que lo considere necesario, proceder a practicar el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

8) En relación a las Mesas del número anterior y en el caso de que existieran discrepancias entre los resultados de al menos dos ejemplares del acta de escrutinio, o discrepancia entre las actas de escrutinio y un certificado de escrutinio emitido por el Presidente o Secretario de la misma, en virtud del N° 8 del inciso primero del artículo 71 de esta ley, que haya sido presentado en una rectificación al Tribunal, este procederá a resolver la solicitud de rectificación, practicando el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

9) En relación a las Mesas del número 7 anterior, que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, fundamentada en una mala calificación de los votos que la mesa consideró válidos, nulos o blancos, o que hayan sido equivocadamente asignados a otro candidato, o que siendo considerados como marcados no hayan sido contabilizados para el candidato de la preferencia, y que de estos hechos algún apoderado de mesa o vocal haya dejado observación o constancia en el acta de la mesa, o haya sido impedido por la Mesa de hacerlo, el Tribunal deberá proceder a resolver la solicitud de rectificación practicando el escrutinio de la Mesa, en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral. Lo anterior procederá siempre y cuando la revisión de la totalidad de los votos alegados de todas las mesas sujetas de rectificación, pudieren dar lugar a la elección de un candidato distinto o de una opción distinta, a la que arrojan los resultados del escrutinio, de no ser revisados estos votos.”.

63) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 110:

“Los encargados del orden público se constituirán en los locales de votación a partir de las 14 horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito.”

64) Modifíquese el artículo 115 de la siguiente forma:

a) Elimínese del inciso final la expresión “de la respectiva localidad”.

b) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“Cualquier local público o privado en el que, en el período señalado, se realicen actividades de propaganda o se desarrollen reuniones de carácter electoral, salvo las señaladas en el artículo 158, será clausurado por la fuerza encargada del orden público, hasta dos horas después de haberse cerrado la votación.”.

65) Reemplázase el artículo 116, por el siguiente:

“Artículo 116.- El día de una elección o plebiscito, hasta dos horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que éstos podrían afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

El día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose solo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos.

La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringiere esta disposición.”.

66) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 117 la expresión “deberán” por “podrán”.

67) Sustitúyase los números 3) y 6) del artículo 132, por los siguientes:

“3) Admitir el sufragio de personas que no aparezcan en el padrón de la Mesa o que no exhiban su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros vigentes según corresponda;”

“6) Impedir la presencia de algún apoderado o miembro de la Mesa, sin perjuicio de lo señalado en el inciso quinto del artículo 57;”

68) Sustitúyase los números 4) y 8) del artículo 136, por los siguientes:

“4) El que falsificare, sustrajere, ocultare o destruyere algún Padrón de Mesa, acta de escrutinio o cédula electoral;”

“8) El que impidiere a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar por medios violentos, amenazas o privándolo de su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros, y”.

69) Sustitúyase el artículo 139 por el siguiente:

“Artículo 139.- A quienes perciban maliciosamente los bonos a que se refieren el artículo 47 bis y 85 bis, sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio del reintegro de las sumas percibidas indebidamente.”.

70) Elimínese del artículo 140 la expresión “, para no sufragar”.

71) Reemplázase el artículo 153, por el siguiente:

“Artículo 153.- Terminado el proceso de calificación de una elección o plebiscito, el Director del Servicio Electoral denunciará, ante los jueces de Policía Local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral, a los miembros de las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras, que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece esta ley.”.

72) Reemplázase el artículo 158, por el siguiente:

“Artículo 158.- Las sedes oficiales de los partidos políticos y de los candidatos, en su caso, podrán funcionar aún en el día de la elección, especialmente para efectos de atender, preparar y distribuir a los apoderados y entregarles su materiales y recibir copias de las actas de escrutinios. También podrán seguir los escrutinios conforme al artículo 175 bis, sin que les sea permitido realizar propaganda electoral o política, atender electores o realizar reuniones de carácter político antes del cierre de las mesas de votación.”

73) Reemplázase el artículo 159, por el siguiente:

“Artículo 159.- Los candidatos a Presidente de la República, los partidos que participen en una elección y los candidatos independientes, podrán designar un apoderado con derecho a voz, pero sin voto, para que asista a las actuaciones que establece esta ley de las respectivas Juntas Electorales, Mesas Receptoras de Sufragios, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales que funcionen en los locales de votación, Tribunales Electorales Regionales y Tribunal Calificador de Elecciones. El mismo derecho tendrán los partidos políticos y los parlamentarios independientes en los plebiscitos nacionales. Tratándose de plebiscitos comunales, este derecho solo corresponderá a las organizaciones comunitarias y actividades relevantes de la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Podrá designarse también un Apoderado General titular y uno suplente por cada recinto o local de votación en que funcionaren Mesas Receptoras de Sufragios, para la atención de los apoderados de Mesas.

Servirá de título suficiente para los apoderados generales de local, titular o suplente, así como para los apoderados ante las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Tribunales Electorales y Tribunal Calificador de Elecciones, el nombramiento mediante un poder autorizado ante notario que se les otorgue por los encargados electorales a que se refiere el artículo 7°. En el caso de los apoderados de Mesa y los apoderados ante la Oficina Electoral del local de votación, servirá de título suficiente un poder simple otorgado por un apoderado general, sea titular o suplente, que esté presente en el local de votación.

En el nombramiento deberá indicarse los nombres y apellidos y la cédula nacional de identidad del apoderado, el candidato o partido que representa, y la Junta, Mesa, Local, Colegio, Oficina Electoral o Tribunal ante el cual se acredita. La omisión de cualquiera de esos antecedentes invalidará el nombramiento.

En los plebiscitos, los nombramientos de apoderados que corresponden a los encargados electorales del artículo 7°, serán efectuados por el Presidente y el Secretario del Consejo Regional del partido o por el parlamentario independiente, en su caso.

74) Sustitúyase el artículo 160, por el siguiente:

“Artículo 160.- Para ser designado apoderado, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio y no haber sido condenado por delitos sancionados por esta ley o por cualquiera de las leyes que regulan el Sistema Electoral Público. Esta última condición se presumirá siempre existente mientras no se pruebe lo contrario ante el Presidente de la respectiva Junta, Mesa o Colegio.

Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y Alcaldes; los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local, los jefes superiores de Servicio y Secretarios Regionales Ministeriales; el Contralor General de la República ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en servicio activo. Tampoco podrán serlo los no videntes y los analfabetos.

75) Sustitúyase el artículo 161, por el siguiente:

“Artículo 161.- Si dos o más ciudadanos exhibieren simultáneamente una designación de apoderado ante una misma Junta, Local de Votación, Colegio o Tribunal, se estimará válida la que tuviere fecha posterior. Si tuvieren la misma fecha, se preferirá a aquél de más edad. En el caso de apoderados de Mesa o ante la Oficinas Electorales se estará a lo que resuelva el apoderado general de local.”.

76) Sustitúyase el artículo 162, por el siguiente:

“Artículo 162.- Los apoderados generales de Local, de Mesa y ante la Oficina Electoral del Local, se identificarán con un credencial durante el día de la elección o plebiscito, que señale al candidato o partido que representan y que deberán colgar en su pecho. Podrán también contar con una carpeta para guardar su material de trabajo. El contenido, tamaño y formato de la credencial y carpeta serán regulados por resolución del Consejo del Servicio Electoral.

Los encargados electorales mencionados en el artículo 7°, deberán someter ante el Servicio Electoral el formato de las carpetas y credenciales que usarán sus representados, dentro de los cuarenta y cinco días antes de la elección, para que sea aprobada o rechazada por el Servicio en un plazo no superior a los cinco días de presentada.

Los apoderados tendrán derecho a instalarse en los locales de votación o al lado de los miembros de las Mesas Receptoras, en las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales o Tribunales Electorales, observar los procedimientos, formular las objeciones que estimaren convenientes y, cuando corresponda, exigir que se deje constancia de ellas en las actas respectivas, verificar u objetar la identidad de los electores y, en general, tendrán derecho a todo lo que conduzca al buen desempeño de sus mandatos.

La Junta, Mesa o Colegio, deberá hacer constar en acta los hechos cuya anotación pida cualquier apoderado y no podrá denegar el testimonio por motivo alguno.”.

77) Derógase el artículo 171.

78) Derógase el artículo 171 bis.

79) Derógase el artículo 173.

80) Reemplázase el artículo 174, por el siguiente:

“Artículo 174.- Las elecciones de Diputados y Senadores se harán conjuntamente pero en cédulas separadas, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquél en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado.”

81) Reemplázase el artículo 175, por el siguiente:

Artículo 175.- El Director del Servicio Electoral deberá entregar a los partidos políticos y a los candidatos independientes, dentro de los treinta días contados desde la fecha del término de la calificación de una elección o plebiscito, el resultado completo de la elección, en medios magnéticos o digitales no encriptados. Deberán detallarse a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Al efecto, el Tribunal Calificador de Elecciones pondrá los referidos resultados a disposición del Director, dentro de los diez días siguientes al término de la calificación.

82) Reemplázase el artículo 175 bis, por el siguiente:

“Artículo 175 bis.- Con objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Servicio Electoral emitirá boletines y desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio.

Para estos efectos, el Servicio Electoral acreditará, en cada local de votación, una persona en la Oficina Electoral del local de votación, que será responsable de recepcionar las copias del acta de las mesas señalada en el inciso sexto del artículo 72, e incorporar los resultados al sistema computacional en los términos señalados en el artículo 76 bis.

Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitar una instalación eléctrica en la Oficina Electoral del Local de Votación. Además, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de las Intendencias y Gobernaciones respectivas, le otorgará las facilidades necesarias para asegurar el respaldo de los resultados y el traslado expedito de los mismos.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de la elección, a medida que se vayan ingresando al sistema computacional conforme al artículo 76 bis. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos, los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito y los medios de comunicación que lo soliciten al Servicio Electoral, podrán también acceder a esos mismos resultados en archivos magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

El Servicio Electoral emitirá boletines parciales y final con los resultados de la elección o plebiscito.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo, tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno, debiendo señalar está condición en sus informes o boletines.”.

83) Deróguese el artículo 176.

84) Agréguese, a continuación del Título Final, que pasa a ser Título XI, el siguiente Título XII nuevo:

“TITULO XII

DE LAS JUNTAS ELECTORALES

Artículo 182.- En cada provincia habrá una Junta Electoral que tendrá las funciones que está ley y las demás leyes le encomienden.

Artículo 183.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral, por acuerdo de su Consejo, mediante resolución del Director y previo informe de la Junta respectiva, podrá crear temporal o permanentemente otras Juntas Electorales, cuando circunstancias tales como la cantidad de población, la dificultad de comunicaciones o las distancias entre los diversos centros poblados lo hagan aconsejable.

La resolución designará a los integrantes de las nuevas Juntas Electorales, establecerá su territorio jurisdiccional y la localidad en que tendrán su sede. Dicha resolución se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva. En caso que no lo hubiere, la publicación se realizará en un periódico correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 184.- Las Juntas Electorales, en las provincias cuya capital sea asiento de Corte de Apelaciones, estarán integradas por el Fiscal Judicial de esta última, el Defensor Público de la capital de la provincia y el Conservador de Bienes Raíces de la misma. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

En las demás capitales de provincia, las Juntas se integrarán con el Defensor Público, el Notario Público y el Conservador de Bienes Raíces de ellas. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

Si hubiere más de uno de los funcionarios mencionados en los incisos precedentes, integrará la respectiva Junta el más antiguo de ellos en la categoría respectiva.

Los miembros de las Juntas Electorales serán permanentes y conservarán ese carácter en tanto desempeñen la función pública requerida para su designación.

Artículo 185.- Las Juntas Electorales que cree el Servicio Electoral de acuerdo con las normas del artículo 183 de esta ley, se integrarán con el Defensor Público, un Notario y un Conservador de Bienes Raíces que tengan competencia en todo o parte del territorio jurisdiccional que se les asigne y, si hubiere más de uno de ellos, por los que tengan su oficio en la localidad en que tendrá su sede la respectiva Junta, de acuerdo con su antigüedad en la categoría, excluidos los que deban integrar otras Juntas de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo anterior.

Si no hubiere alguno de los auxiliares de la administración de justicia señalados en el inciso anterior, la Junta Electoral se integrará con un Secretario del Juzgado de Letras, con otro Notario o con el Secretario Municipal de la Municipalidad que tenga asiento en la localidad sede de la Junta. Sin embargo, la falta de Conservador solo podrá ser suplida por un Archivero Judicial o un Notario.

En estas Juntas actuará como Presidente el Defensor Público o, en su defecto, el miembro que designe el Servicio Electoral, y como Secretario el Conservador de Bienes Raíces o, a falta de éste, el Archivero Judicial o el Notario que nomine el Servicio Electoral. La permanencia de sus miembros será la misma indicada en el inciso final del artículo anterior.

Artículo 186.- Para los efectos de la designación de los integrantes de las Juntas Electorales, el Servicio Electoral requerirá de la Corte Suprema la nómina de los correspondientes funcionarios y auxiliares de la administración de justicia señalados en los artículos 184 y 185 anteriores, con jurisdicción en el territorio de competencia de la Junta.

Los miembros serán notificados de su designación por el Secretario de la Corte de Apelaciones respectiva, a requerimiento del Servicio Electoral. La notificación se hará personalmente o por carta certificada que contendrá copia íntegra de la resolución. Se entenderá practicada esta última notificación al tercer día hábil siguiente de la recepción de la carta por la oficina de correos.

Las Juntas Electorales se instalarán el quinto día siguiente a la notificación del último de sus miembros, a las quince horas.

Artículo 187.- Si en alguna provincia no se reuniere el número de funcionarios suficientes para integrar una Junta Electoral, el Servicio Electoral dispondrá, mediante resolución fundada, que será publicada en la forma señalada en el artículo 183 de esta ley, que sus funciones sean cumplidas por la Junta Electoral de la provincia de la misma Región que tenga mayores facilidades de comunicación terrestre con aquélla.

Artículo 188.- Las Juntas Electorales celebrarán sus sesiones en el oficio del Secretario y podrán funcionar válidamente con dos de sus miembros. Si faltare alguno de ellos será sustituido por la persona a quien corresponda reemplazarlo en sus funciones.

Corresponderá a los Presidentes velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a las Juntas. Podrán convocarlas cuando lo estimen necesario o lo pidan otros miembros. Las Juntas se reunirán, además, en las ocasiones que señale la ley o cuando hubiere asuntos que requieran de su conocimiento, situación que los Secretarios informarán de inmediato a los Presidentes, caso en el cual aquéllos efectuarán las citaciones correspondientes.

Artículo 189.- De todas las actuaciones de la Junta se levantarán actas que se estamparán en un libro denominado Protocolo Electoral. En ellas se indicará la fecha de la sesión, la individualización de los miembros asistentes, las materias tratadas y las resoluciones adoptadas. Estas actas serán firmadas por todos los miembros asistentes.

El Protocolo Electoral será público y se sujetará a las reglas que rigen los registros notariales. Copia de él, deberá remitirse al Servicio Electoral para su publicación en su sitio web.

El Protocolo se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Reemplázase, en el artículo 99, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

2) Sustitúyese, en el artículo 100, la expresión “5%” y la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna”, por “10%” y “que sufragaron en la última elección municipal”, respectivamente.

3) Modifícase el artículo 101 en la siguiente forma:

a) Sustitúyase, el inciso segundo, por el siguiente:

“El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente”.

b) Reemplázase, en su inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

c) Derógase el inciso cuarto.

4) Modifíquese el artículo 107 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en la declaración mencionada en el artículo 3 de la ley N° 18.700, o su omisión, producen la nulidad de la declaración de ese candidato y la de todos sus efectos legales posteriores, incluyendo su elección.”.

b) Sustitúyase el inciso quinto por el siguiente:

“En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3°, con excepción del inciso tercero para el caso de los concejales, 3° bis, con excepción de su inciso tercero, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de la ley 18.700.”

c) Agréguese el siguiente inciso final:

“Las declaraciones de candidaturas de concejales deberán ser presentadas por los partidos políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de cada comuna.”

5) Sustitúyase el artículo 110, por el siguiente:

“Artículo 110.- Las declaraciones de pactos electorales, de los subpactos que se acuerden, así como la o las comunas excluidas de los subpactos, deberán constar en un único instrumento y su entrega se formalizará en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido en el artículo 107 y en forma previa a las declaraciones de candidaturas.”.

6) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 113, la frase “inscritos en los registros electorales de” por “habilitados para votar en”.

7) Sustitúyase el artículo 119, por el siguiente:

“Artículo 119.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los tribunales electorales regionales, en conformidad a los Títulos IV y V de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, teniendo, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones.

Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales Regionales, en el marco de la competencia que se les confiere por la presente ley, serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

El plazo para comparecer en segunda instancia será el segundo día contado desde el respectivo certificado de ingreso. La resolución que proclame a los candidatos definitivamente electos, no será susceptible de recurso alguno.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, las instancias jurisdiccionales electorales deberán poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente, aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación, que a su juicio revistieren las características de delito.”.

8) Intercálase el siguiente inciso primero, nuevo, al artículo 121, pasando el actual a ser segundo:

“Artículo 121.- Se considerará que constituyen una lista, los pactos electorales, los partidos que participen en la elección sin formar parte de un pacto electoral y cada una de las candidaturas independientes que no formen parte de un pacto electoral.”.

9) Sustitúyese el artículo 122 por el siguiente:

“Artículo 122.- Se determinará el cuociente electoral, para lo cual los votos de lista se dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente de mayor a menor y el que ocupe la posición ordinal correspondiente al número de consejeros a elegir será el cuociente electoral.

Para determinar cuántos son los elegidos en cada lista se dividirá el total de votos de la lista por el cuociente electoral. Se considerará la parte entera del resultado de la división, sin aproximar y despreciando cualquiera fracción o decimal.”.

10) Sustitúyese el número 3 del inciso primero del artículo 123, por el siguiente:

“3) Si el número de candidatos presentados es inferior al de los concejales que a la lista le corresponde elegir, se proclamará elegidos a todos los candidatos de la lista, debiéndose reasignarse el cargo sobrante recalculando el número de cargos elegidos por las demás listas. Para ello se repetirá el cálculo del inciso segundo del artículo anterior, utilizando como cuociente electoral al cuociente que ocupe la posición ordinal que siga en el orden decreciente de los cuocientes determinados según el inciso primero del artículo anterior. Si fuesen más de uno los cargos sobrantes, para determinar el cuociente electoral, se avanzará en el orden decreciente de los cuocientes del inciso primero del artículo anterior, tantas posiciones ordinales como cargos sobrantes existan.”.

11) Sustitúyese el artículo 124, por el siguiente:

“Artículo 124.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista que corresponda a un pacto electoral, se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos o de los subpactos, según sea el caso.

Posteriormente se repetirá el procedimiento descrito en los artículos 122 y 123 anteriores, considerando para estos efectos como si fueran una lista a cada uno de los integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o candidatos independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso.”.

Artículo 4º.- Modifícase el inciso tercero del artículo 83 de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, reemplazando la expresión “inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva” por “con derecho a sufragio que hubieren sufragado en la respectiva provincia en la última elección municipal”.

Artículo 5º.- Incorpórense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos:

1) Derógase, en el inciso primero del artículo 2º, la frase “Asimismo, podrán asistir, sólo con derecho a voz, mediante un representante debidamente acreditado en la forma que señale el Director de Servicio electoral, a las actividades de las Juntas Inscriptoras establecidas por la ley N° 18.556.”

2) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 5º, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

3) Modifícase el artículo 6º de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en los incisos primero y segundo, las expresiones “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscrito en los Registros Electorales de” por “habilitado para votar en”.

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 18, la expresión “inscrito en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

5) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 27, la expresión “estar inscrito en los Registros Electorales de la Región” por “que el domicilio electoral esté ubicado en una circunscripción de la Región”.”.

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral:

1) Modifícase el artículo 4° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “electores”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “inscritos en los Registro Electorales” por “electores”.

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la expresión “inscritos en los Registros Electorales del”, por “electores en él”.

2) Sustitúyase el artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Todo candidato a Presidente de la República, a Senador o a Diputado, deberá nombrar un Administrador Electoral, el que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a alcalde o a concejal. Si no se efectuare la designación las funciones de Administrador Electoral recaerán en el propio candidato.

Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral para más de un candidato, siempre que las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido político o pacto.

El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral, al momento de la declaración de la correspondiente candidatura o en la declaración jurada a que se refiere el inciso cuarto del artículo 3° de la ley N° 18.700.

La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula de identidad y domicilio del respectivo Administrador, el que deberá también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo.

Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento, mediante comunicación del candidato correspondiente al Director del Servicio Electoral, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37.

3) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente de la República, de senadores, de diputados y de alcaldes y concejales, podrá ejercer el cargo de Administrador Electoral General.

El nombramiento de éste deberá efectuarse por el partido político ante el Director del Servicio Electoral, en la forma que establece el inciso cuarto del artículo 30, en forma previa a la declaraciones de candidaturas.”

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 34, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.”.

Artículo 7º.- Modifíquese el artículo 9 de la ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, de la siguiente forma:

a) sustitúyase al final del texto de la letra d) la expresión “, y” por un punto y coma.

b) Agréguese la siguiente letra e) pasando la actual a ser letra f):

“e) Reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, en la forma señalada en el artículo 12 y consultando previamente la opinión de éstos, y”.

Artículo 8°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 2005:

a) Reemplázase la letra c) del número 1) del artículo 29, por la siguiente:

“c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. Con este objeto, las mallas curriculares deberán considerar, en cada nivel, la asignatura de educación cívica.”.

b) Reemplázase la letra j) del número 2) del artículo 30, por la siguiente:

“j) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan. Las mallas curriculares de la enseñanza media deberán considerar el ramo de educación cívica y participación ciudadana como una asignatura independiente.

Artículo 9°.- Los trabajadores tendrán derecho irrenunciable a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilicen para ejercer su derecho a sufragio en las elecciones y plebiscitos a que se refiere la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Tal descanso compensatorio se disfrutará en los tres meses siguientes al día de la votación, de común acuerdo con el empleador.

La infracción de lo dispuesto en el presente artículo por parte del empleador, será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 del Código del Trabajo.

Artículo 10.- Quien hubiere ejercido su derechos a sufragio en la elección o plebiscito regulado por la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, inmediatamente anterior, tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes no lo han hubieren hecho, en caso de igualdad de condiciones en la lista de elegibles para un empleo público.

Artículo 11.- Quien hubiere ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito regulado por la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, inmediatamente anterior, tendrá derecho a ser preferido en la adjudicación de becas por parte del Estado, frente a quienes no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de condiciones.

Artículo 12.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral.

Artículo 13.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación, siempre que a esa fecha faltaren al menos 330 días para la realización de la próxima elección general, ya sea de alcaldes y concejales o de Presidente y parlamentarios. De lo contrario, regirá a partir del primer día del mes siguiente de realizada la última elección.

En todo caso, la disposición contenida en el nuevo artículo 24 de la ley N° 18.556, comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.

Artículos Transitorios

Artículo Primero Transitorio.- Las Juntas Inscriptoras en actual funcionamiento dejarán de recibir inscripciones desde la fecha en que empiece a regir la presente ley. A contar de esa fecha, las Juntas Inscriptoras tendrán un plazo de 5 días para remitir al Servicio Electoral todos los Registros Electorales de que dispongan, tanto en uso como en blanco.

Los secretarios de Juntas Electorales, en el plazo de veinte días desde la entrada en vigencia de esta ley, harán entrega al Servicio Electoral, en la forma que su Director disponga, de todos los ejemplares de los archivos electorales locales a su cargo.

El Director del Servicio Electoral dispondrá la inutilización y destrucción de esos ejemplares dentro del plazo de ocho meses, desde la vigencia de esta ley, previa su microfilmación.

A partir de la vigencia de esta ley y hasta 120 días antes de la primera elección en que se apliquen sus disposiciones, el Director del Servicio Electoral podrá disponer que las juntas inscriptoras que estime necesarias continúen su funcionamiento con al menos uno de sus miembros, con el objeto de recibir las solicitudes de cambio de domicilio que se señalan en el nuevo artículo 25 de la ley N° 18.556.

Artículo Segundo Transitorio.- Todas las personas que a la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren inscritas en los registros electorales de conformidad a la Ley 18.556, serán inscritas sin más trámite en el Registro Electoral manteniendo la misma mesa receptora de sufragios o registro.

Respecto de estas personas ya inscritas, el servicio Electoral queda eximido del deber de comunicar sus inscripciones, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7º de la ley N° 18.556.

Artículo Tercero Transitorio.- Respecto de los chilenos y extranjeros no inscritos en los registros electorales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos para ser inscritos automáticamente en el Registro Electoral, serán inscritos en él de conformidad a las reglas que a continuación se indican.

El Servicio Electoral asignará a los nuevos electores, a mesas receptoras de sufragio de la circunscripción electoral que corresponda a su domicilio electoral, distinguiendo entre hombres y mujeres. Los hombres serán inscritos siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de mujeres existentes en la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número. Las mujeres serán inscritas siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de hombres existentes que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número.

Si realizado lo anterior, quedarán electores por asignar, ellos serán destinados sin distinción de sexo, siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, a nuevas mesas que se crearán para estos efectos en la circunscripción electoral, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Con a lo menos 210 días de anticipación a la primera elección donde rijan las disposiciones de esta ley, el Servicio Electoral notificará a los electores señalados en los incisos anteriores, mediante carta certificada, del hecho de su inscripción, así como de su domicilio electoral, circunscripción electoral, comuna y mesa receptora de sufragios en las que hubieren sido inscritos.

A partir de la fecha señalada en el inciso anterior, el Servicio Electoral deberá poner a disposición del público el sistema de consultas contemplado en el inciso segundo del nuevo artículo 7° de la ley N° 18.556 y durante los siguientes noventa días deberá promover su uso entre los electores, por medio de una campaña a través de medios masivos de comunicación social, llamándolos a revisar su domicilio electoral y la circunscripción electoral donde está registrada su inscripción, convocándolos a corregir su domicilio electoral si fuese necesario, concurriendo a las Juntas Inscriptoras que estarán habilitadas para estos efectos.

Artículo Cuarto Transitorio.- Las mesas o registros existentes a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se identificarán con una letra y un número. Las antiguas mesas o registros de varones con la letra “V” y las antiguas mesas o registros de mujeres con la letra “M”, y el número corresponderá al que actualmente tienen de acuerdo con la circunscripción electoral a la que corresponden.

Las nuevas mesas que se creen en virtud de esta ley, se identificarán sólo por un número, dicho número se asignará en forma correlativa, partiendo desde el número de mesa o registro más alto existente en la circunscripción electoral incrementado en uno.

Artículo Quinto Transitorio.- En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de vocales, a sortear tres de los cinco vocales que ejercieron en la última elección, quienes mantendrán su condición de vocales hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás vocales se aplicará lo señalado en el artículo 41 de la ley N° 18.700.

En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de miembros de los Colegios Escrutadores, a sortear tres de los seis que eligieron, quienes mantendrán su condición de miembro del Colegio Escrutador hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás miembros de los Colegios Escrutadores se aplicará lo señalado en los artículos 82 y 85 de la ley N° 18.700.

Artículo Sexto Transitorio.- La primera de las revisiones anuales que deberán realizar las empresas de auditoría, según lo dispuesto en el artículo 41 de la ley N° 18.556, deberá efectuarse cinco meses después de la publicación la presente ley.

Artículo Séptimo Transitorio.- En la primera propuesta que haga el Presidente de la República al Senado para que éste preste su acuerdo a la designación de los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 18.556, indicará dos consejeros que durarán cuatro años en sus cargos y tres consejeros que durarán ocho años.

En la primera sesión que celebre, el Consejo elegirá su Presidente. Esta reunión será presidida inicial y provisoriamente por el consejero de mayor edad que asista.

Artículo Octavo Transitorio.- Durante los cinco primeros años de vigencia de esta ley, las Juntas Electorales podrán designar como delegados a cargo de las oficinas electorales de los locales de votación, a las personas que hubieren integrado un junta inscriptora a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo Noveno Transitorio.- Mientras no sean designados los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral, a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, sus funciones y atribuciones serán asumidas por el Director del Servicio Electoral.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Camilo Escalona Medina (Presidente Accidental), Carlos Ignacio Kuschel Silva, Ricardo Lagos Weber y Jovino Novoa Vásquez.

Sala de la Comisión, a 14 noviembre de 2011.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES

(Boletín Nº 7.338-07)

I. OBJETIVO(S) DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: incorporar un sistema de Registro Electoral con real inscripción automática y cambio de domicilio electoral; modificar el Servicio Electoral en su organización, estructura y funciones, y modernizar el sistema de votaciones en lo relativo a la inscripción de candidaturas; vocales de mesa; delegados de la Junta Electoral; funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios; escrutinio de los votos y procedimientos y funciones del Tribunal Calificador de Elecciones.

II.ACUERDOS:

Artículo 1°:

Numeral 1), artículos 3°, 37, 39, 53, 54, 55 y 56. Aprobados por unanimidad (4x0).

Numeral 3), artículo 61. Aprobado por unanimidad (4x0).

Numeral 4), artículos 62 y 64. Aprobados por unanimidad (4x0).

Artículo 2°:

Numerales 22), 25), incisos primero, segundo y tercero del artículo 54 que se sustituye, y 51). Aprobados por unanimidad (4x0).

Artículo 12. Aprobado por unanimidad (4x0).

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de trece artículos permanentes y diez disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° permanentes, y artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° y 9° transitorios, de aprobarse, deben serlo con quórum de ley orgánica constitucional pues afectan o modifican normas de esa jerarquía, como son las que regulan el sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral; votaciones populares y escrutinios; orgánica de municipalidades; límite y control del gasto electoral; gobierno y administración regional y partidos políticos.

V.URGENCIA: discusión inmediata.

VI.ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 1 de diciembre de 2010.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

a) Constitución Política de la República consagra en su Capítulo II las normas básicas sobre nacionalidad y ciudadanía. En especial, los artículos 13 que indica quiénes son ciudadanos chilenos y el 18 que dispone que habrá un sistema electoral público.

b) La ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

c) La ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

d) La ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

e) La ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

f) La ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.

g) La ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

h) Código Orgánico de Tribunales.

i) La ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

Valparaíso, 14 noviembre de 2011.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

REGULACIÓN DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, con segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7338-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 72ª, en 1 de diciembre de 2010.

Informes de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 9ª, en 13 de abril de 2011.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Gobierno, Descentralización y Regionalización, unidas (segundo): sesión 68ª, en 15 de noviembre de 2011.

Hacienda: sesión 68ª, en 15 de noviembre de 2011.

Discusión:

Sesiones 15ª, en 4 de mayo de 2011 (queda pendiente su discusión en general); 16ª, en 10 de mayo de 2011 (se aprueba en general).

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 10 de mayo del presente año.

Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 12 permanentes y segundo, cuarto, quinto y sexto transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

De las disposiciones mencionadas, los artículos 4°, 5°, 6° y 7° permanentes y segundo, cuarto y quinto transitorios son normas de quórum orgánico constitucional. Por consiguiente, requieren para su aprobación 22 votos favorables.

Asimismo, las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, efectuaron una serie de modificaciones al texto aprobado en general, las que fueron acordadas por unanimidad, con excepción de dos de ellas, que serán puestas en discusión y votación oportunamente.

La Comisión de Hacienda, por su parte, aprobó en particular la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Novoa), en los mismos términos en que lo hicieron las Comisiones unidas.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación o existan indicaciones renovadas.

De esas modificaciones unánimes, las recaídas en los artículos 1º y 3º permanentes y primero, tercero, séptimo, octavo y noveno transitorios son normas de carácter orgánico constitucional, por lo que también requieren 22 votos afirmativos para ser aprobadas.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista, se transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por las Comisiones unidas y el texto final que resultaría de acogerse todas las modificaciones propuestas.

De conformidad con lo acordado por los Comités, las votaciones pertinentes se efectuarán a partir de las 18.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Pido la autorización para que ingresen a la Sala el señor Alvarado, Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia , y el señor Flores, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

--Se accede.

El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , si bien estuve atento a la relación del Secretario , quiero hacer una consulta sobre el quórum de los artículos 8º, 9º, 10 y 11 permanentes, que fueron objeto de indicaciones en las Comisiones unidas.

El artículo 8º introduce modificaciones a los artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación. Por su parte, los artículos 9º, 10 y 11 crean beneficios asociados al derecho a sufragio, modificando, por tanto, el sistema electoral.

En las Comisiones unidas no analizamos lo relativo al quórum de las disposiciones mencionadas, y no sé cuál es la posición de la Mesa al respecto. Reitero sí que ellas fueron modificadas en dicha instancia.

A nuestro juicio, debe haber claridad sobre el particular para que el proyecto después no tenga ningún problema de constitucionalidad.

Mientras la Secretaría nos entrega una respuesta con relación a los cuatro artículos aludidos, aprovecho de referirme al trabajo realizado por las Comisiones unidas de Gobierno y de Constitución.

El análisis, básicamente, estuvo orientado a ver cómo podíamos implementar la inscripción automática sin menoscabar la calidad de un sistema electoral que nos debe enorgullecer. Este permitió, por ejemplo, que en la última elección presidencial conociéramos a las 6 de la tarde el resultado de la segunda vuelta, sin que existiera ninguna duda al respecto. Todo el país se sintió orgulloso de lo bien que transcurrió todo el proceso electoral, tanto en las elecciones parlamentarias como en la presidencial, incluida la segunda vuelta.

Por lo tanto, reformar el sistema por otro de inscripción automática nos lleva necesariamente a actuar con especial cuidado y rigurosidad, para que el nuevo padrón electoral cuente con una sólida normativa y todos los ciudadanos puedan hacer uso de él sin problemas.

En el actual sistema hay 8 millones 100 mil inscritos, los que mantendrán su registro electoral; o sea, conservarán sus mesas de votación.

El Servicio de Registro Civil nos informó que cuenta con antecedentes (cédula de identidad y domicilio) de alrededor de 13 millones 500 mil personas mayores de 17 años.

En consecuencia, el padrón electoral se ampliará en casi 5 millones de personas.

¿Cómo hacemos para que esa cantidad de gente quede inscrita en mesas -serán mixtas a partir de esta legislación- correspondientes al lugar donde cada cual desea votar?

Esa es una de las materias centrales que busca resolver la iniciativa sobre inscripción automática.

En ese sentido, el Gobierno propuso normas que, a nuestro juicio, son fundamentales para ir solucionando las dificultades y los obstáculos a que nos podemos ver enfrentados.

Una de esas disposiciones consistió en entregar al Registro Civil la potestad de establecer un registro domiciliario. Hasta antes de tal planteamiento -de hecho, hace pocos días se aprobó un proyecto que menciona este punto en una de sus disposiciones permanentes-, dicho Servicio no tenía ni la obligación ni la facultad de contar con un padrón domiciliario.

Pese a ello, como nos informaron las autoridades del Registro Civil y del Servicio Electoral en las Comisiones unidas, la poca certeza del domicilio de las personas -con cédula de identidad y con posibilidad de ser inscritas por el solo ministerio de la ley- provocará dificultades en un tercio de los casos. Así se comprobó en una simulación realizada a 90 mil chilenos.

El punto es cómo resolver tal situación.

Los Senadores señora Alvear y señor Patricio Walker plantearon una iniciativa -fue unida como indicación a un proyecto presentado por el Ejecutivo- que busca entregarle al Registro Civil la facultad de establecer un registro domiciliario. Pero tal medida sin duda operará a futuro. Así se resolverán los problemas de información sobre el domicilio, a fin de que esta sea de calidad y confiable.

Y la otra manera -¡ineludible!- es fijar un período -si mi memoria no me engaña- de alrededor de 120 días...

El señor BIANCHI .- Así es.

La señora ALLENDE.- Sí.

El señor PÉREZ VARELA.- ...para que las personas, en el marco de una campaña de difusión del Servicio Electoral, conozcan el lugar donde quedaron inscritas por el solo ministerio de la ley. Si están de acuerdo con el registro, lo mantienen. Y si quieren modificarlo, en ese período podrán ir a las juntas inscriptoras a cambiar el domicilio, las que seguirán funcionando para ese solo efecto. De esta forma, los chilenos quedarán inscritos donde verdaderamente quieren votar.

Es básico entender lo anterior para darnos cuenta de las dificultades técnicas que enfrenta un proyecto de esta naturaleza.

Por un lado, debemos considerar las atribuciones y las facultades del Servicio de Registro Civil y, por otro, la participación de las personas, para mejorar la calidad de la información entregada en su momento por ellos mismos a dicho Servicio. Ello, en atención a que en las simulaciones realizadas entre el Servicio Electoral y el Registro Civil se evidenciaron ciertas dificultades.

Creemos que el mecanismo que se establece en la iniciativa permitirá resolver adecuadamente las objeciones o los temores que se han planteado en torno a la inscripción automática.

Recordemos que hoy las personas, para estar en los registros electorales, deben acudir a una junta inscriptora. A partir de la normativa en proyecto, por el solo ministerio de la ley, quedarán inscritas. Por lo tanto, la calidad de la información que obtenga el Registro Civil nos parece fundamental para operar confiablemente.

No tengo tiempo suficiente para referirme a todas las materias que aborda la iniciativa.

Uno de los elementos fundamentales es la modificación del Servicio Electoral. Existirá un Consejo Directivo -será un órgano colegiado-, cuyos integrantes serán designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado. El Consejo tendrá la facultad de nombrar al Director y al Subdirector del Servicio Electoral . Con ello habrá claridad sobre la autonomía del sistema, lo que dará garantías a todos los sectores.

También se consideran normas para agilizar y hacer muy fluida y menos burocrática la inscripción de candidatos. Quienes han tenido obligaciones en tal sentido saben que eso será un alivio, pues el sistema actual en verdad podría calificarse de angustiante.

Pero lo central es el establecimiento de un Registro Electoral . En efecto, a partir de la aprobación de la ley en proyecto, en un padrón electoral se inscribirá automáticamente a alrededor de 5 millones de chilenos, quienes podrán saber dónde votarán.

La entrega de información por parte de la gente al Registro Civil no es todo lo confiable que uno hubiera esperado. Muchas personas sacan su cédula de identidad en el lugar en que trabajan, que comúnmente no es donde viven o donde concurren a votar.

También se da el caso de jóvenes de mi zona que son enviados a Punta Arenas a efectuar el servicio militar, y obtienen allá su cédula de identidad. Pero después regresan a la Región del Biobío. Si no cuentan con un plazo para modificar su inscripción, quedarán registrados en el padrón electoral de Magallanes.

Por eso es necesario que las normas presentadas por el Ejecutivo para resolver la situación tengan una aplicación adecuada.

Finalmente, insisto en mi consulta a la Secretaría respecto del quórum de las cuatro normas mencionadas al inicio de mi intervención. Es importante definir el punto. En las Comisiones unidas, si bien modificamos tales disposiciones, no analizamos lo del quórum.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el Titular de las Comisiones unidas de Gobierno y de Constitución ha explicado el contenido de la iniciativa.

En realidad, resulta importante que hoy demos una señal al país al aprobar el proyecto de inscripción automática. Esto era un compromiso. Ya se incluyó en la Constitución, y ahora es necesario legislar para implementar el cambio que significa la inscripción automática y la transformación del Servicio Electoral. Y también esperamos que se otorgue por fin derecho a voto a los chilenos que viven en el exterior.

Tal como se estaban dando las cosas en el último tiempo con el sistema de inscripción voluntaria, que implicaba acudir a las juntas inscriptoras electorales, quedaba demostrado que los chilenos que cumplían la edad para ejercer su derecho a voto estaban inscribiéndose cada vez menos. Evidentemente ello está afectando la legitimidad de nuestra democracia. Ya hay sobre un 25 por ciento de gente que, pudiendo participar en los actos electorales, se ha venido restando. Y eso, por cierto, afecta la legitimidad.

De ahí la necesidad -compartida por todos- de efectuar un cambio de 180 grados hacia al sistema exactamente contrario: de inscripción voluntaria y voto obligatorio a inscripción automática y voto voluntario. Esto, de conformidad con la reforma constitucional aprobada en 2009.

Como muy bien señaló el Senador Pérez Varela , una de las preocupaciones importantes surgidas en las Comisiones -ahí se escuchó a los técnicos, al Director del Servicio de Registro Civil e Identificación , al Director del Servicio Electoral y a los representantes del Gobierno- fue la de cómo garantizar la mantención de lo que hoy constituye un bien para nuestro país: la legitimidad de los resultados electorales.

Una de las mayores ventajas de nuestro actual sistema electoral es su credibilidad. Nadie osaría poner en duda el resultado parcial, alrededor de las 8 de la noche, con cierto grado de certeza, respecto de quien es el Presidente electo. Y nunca, desde que regresamos a la democracia, ha habido un cuestionamiento en este sentido.

Entonces, nuestra preocupación es legítima.

Y quiero ser muy clara: queremos aprobar este proyecto lo antes posible. Por eso nos allanamos como Oposición a tratarlo hoy en la tarde. ¡Que nadie diga que nosotros le estamos poniendo obstáculos, como se ha insinuado en las redes, en los medios! Ello es inexacto. Me parece absolutamente desproporcionado que se señale que los políticos no tendríamos interés en sacar adelante esta iniciativa, porque vienen las elecciones y no nos favorece que en ellas participen alrededor de 5 millones de personas más, pues no sabemos quiénes son.

En este punto quiero ser muy clara y categórica: es exactamente lo contrario. Nosotros pensamos que el sistema actual, tal como está, no da el ancho; nos deslegitima. En consecuencia, consideramos sumamente importante contar con la inscripción automática.

Celebro que el Gobierno haga todos los esfuerzos para que esto se concrete. Y se encuentra presente el Ministro Secretario General de la Presidencia, quien nos ha acompañado varias veces, junto con los expertos, en las Comisiones unidas. Me alegro por ver materializado este compromiso, que atañe tanto al Gobierno como al Congreso, incluyendo a parlamentarios de Oposición y del oficialismo.

Nosotros tenemos el mayor interés en sacar adelante este proyecto. Por eso mi primer acto es desmentir a aquellos que plantean que nosotros queremos ponerle piedras.

Eso sí, deseamos no perjudicar el bien ya mencionado.

Por ello, es muy importante que el padrón electoral que tendrá a su cargo el Servicio Electoral, luego de sacar los datos del Registro Civil y e Identificación, efectivamente abarque a la totalidad de la gente, y que esta cuente con el tiempo prudente que permita, si hay un error, la rectificación. Y pensamos que en 120 días es posible hacer las enmiendas que se requieran. No habría problemas.

Pero sí quedamos preocupados cuando se nos dijo que se realizó un test experimental y que de 90 mil casos tomados como muestreo, un tercio no reunía las condiciones para poder afirmar que el padrón electoral se halla debidamente constituido. Es lógico, porque el Servicio de Registro Civil e Identificación no contempla entre sus funciones la elaboración de un padrón de domicilio, sino que circunstancialmente registra la dirección.

No obstante, como muy bien se ha señalado, puede haber errores. De modo que es muy importante contar con ese tiempo prudencial.

Señor Presidente, en aras del tiempo, deseo expresar lo siguiente.

Existe un compromiso de parte del Gobierno que espero lo cumpla, en cuanto a que junto con despachar sin retardo la inscripción automática, se siga avanzando en las reformas políticas que ha anunciado, las cuales comparto, ya que son de gran interés.

Considero fundamental que por ley tengamos primarias abiertas y vinculantes. Por lo tanto, que puedan ser aplicadas y reciban financiamiento público.

Asimismo, espero que se cumpla el compromiso de otorgar el derecho a voto de los chilenos en el extranjero. Es algo muy anhelado, perseguido, buscado, respecto de lo cual nos ha costado mucho llegar al acuerdo que por fin hemos alcanzado y que debe ser refrendado por el Parlamento, en su momento.

Al iniciar la tramitación de esta materia se intentó poner condiciones, lo cual era un despropósito. Avanzar en democracia significa permitir el ejercicio de ese derecho. La situación vigente no se condice con los tiempos y las comunicaciones actuales. El hecho de considerar que el vínculo se muestra por un viaje, es algo completamente absurdo, sobre todo cuando hoy día las comunicaciones son instantáneas y da lo mismo si la gente vive en Austria, en China o en Chile, pues tiene conocimiento inmediato del acontecer nacional y puede participar plenamente de él a través de los medios y las redes. De manera que no se precisa estar físicamente en el país, como ya está demostrado. Por lo demás, así sucede en casi todas las naciones donde rige esta legislación.

Por lo tanto, señor Presidente -reitero-, espero que el Ejecutivo cumpla su palabra.

Acordamos que íbamos a tratar la inscripción automática, pero también queremos garantizar el derecho a voto de los chilenos que viven en el extranjero. Por ende, abrigo la esperanza de que el Gobierno cumplirá al respecto y dará el paso que anhelamos.

Además de las elecciones primarias vinculantes y abiertas, hay otras reformas políticas anunciadas por el Ejecutivo , las cuales me parecen muy importantes y estamos absolutamente dispuestos a apoyar.

Nosotros deseamos que los consejeros regionales sean elegidos por votación directa; que haya primarias. Queremos, por supuesto, el derecho a voto de los chilenos en el exterior y la inscripción automática. Asimismo -lo digo muy sinceramente, a pesar de que no es una opinión compartida por todos en esta Sala-, creo que ya es tiempo de cambiar el sistema binominal.

Respecto a esto último, francamente, no hay que temerle a mayores competencias. No nos hace bien tener ciertas zonas llamadas "electorales" casi aseguradas, con candidatos únicos o con un compañero débil. Este sistema no resiste más. La ciudadanía ya no quiere más ese tipo de conducta, sino que exige de nosotros reales competencias. Y esto último pasa por presentar más candidatos, lo cual no es posible hoy día con el sistema binominal.

Así que, señor Presidente , además de la reforma anunciada anhelo que también se incorpore, como corresponde a una auténtica democracia, a mi modo de ver, el cambio del sistema binominal.

Por lo tanto, desde ya anuncio mi voto favorable.

Es satisfactorio poder avanzar en la línea de lo que he señalado. Esto implica, además, la posibilidad de participar en plebiscitos, para lo que también se requiere otra modificación legal. Porque lo que actualmente se podría considerar como plebiscito, carece de sentido para la ciudadanía.

Hay temas que perfectamente podrían ser parte de una motivación, de una participación ciudadana, lo cual hoy día no es posible. Espero que alguna vez llevemos a cabo la reforma constitucional o legal que permita cambiar el criterio y ampliar las posibilidades de participación de la gente. Porque al tener lugar mayor participación hay más legitimidad, y al haber más legitimidad se produce un mayor grado de cohesión; se avanza más en la democracia y nos hace bien como país.

He dicho.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina, después los Senadores señora Alvear y señor Bianchi.

El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer lugar, felicito al Ministro señor Cristián Larroulet , porque, de verdad, él ha puesto toda su voluntad...

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Excúseme, Su Señoría.

La Senadora señora Alvear me pide la palabra para una moción de orden.

La señora ALVEAR.- Gracias, señor Presidente.

Yo deseo ser muy franca y plantear que acordamos un procedimiento. Nosotros ya tuvimos la discusión en general del proyecto. Entonces, lo que corresponde es abocarnos a los artículos -que son bastante pocos- en que hubo votación dividida en la Comisión, donde, además, figura una indicación presentada por el Senador señor Bianchi .

Si nuevamente debatimos toda la iniciativa, no se alcanzará a votar a las 18.

Propongo proceder de la manera que he señalado, a fin de avanzar. De lo contrario, lo más probable es que quede postergado el despacho de este proyecto.

El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente , no quiero entorpecer para nada la tramitación de la iniciativa. Aunque comparto lo planteado por la Honorable señora Alvear en el sentido de que es preciso despacharla.

Sin embargo, deseo referirme a dos o tres ideas generales, para que queden en la historia fidedigna de la ley, porque ha pasado mucho tiempo desde que tratamos este proyecto.

Me haré cargo de los ataques que recibió el Parlamento -de los cuales me enteré por la prensa-, en el sentido de que algunos de los parlamentarios que hemos estado involucrados en la tramitación de esta iniciativa -lo recuerdo perfectamente- habrían dilatado, de una u otra forma, su aprobación con el propósito de que solo rigiera para las elecciones municipales de 2016. ¡Y eso es falso!

La manera que uno tiene para hacer valer sus puntos de vista en democracia es, hasta el día de hoy, aquí, en el Senado.

Quiero reiterar las felicitaciones al Ministro señor Larroulet , sinceramente, porque pienso que sacar adelante este proyecto, con la complejidad que revisten sus normas, no es fácil.

Hay iniciativas que en su conjunto son extraordinariamente complejas. Recuerdo, por nombrar algunas, la reforma procesal penal; la creación de los tribunales ambientales. Sin embargo, un tema técnico y complicado es cómo se diseña el mecanismo para sacar adelante la inscripción automática, porque implica muchos cambios.

Actualmente es claro el sistema: tenemos mesas de hombres y de mujeres, existe un padrón electoral conocido, son aproximadamente 8 millones 100 mil votantes -como me señaló el Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, el Senador señor Víctor Pérez -, y pretendemos que adicionalmente voten o lleguen a votar 5 millones 200 mil ciudadanos más.

Entonces, no es fácil un proyecto de esta naturaleza.

En primer lugar, reconozco que la voluntad y decisión del Gobierno del Presidente Piñera, expresada a través del Ministro señor Larroulet , se ha ido cumpliendo paso a paso.

En segundo término, es preciso señalar que este debe ser el cambio más relevante en el ámbito electoral que se ha hecho en Chile. Porque incorporar a 5 millones 200 mil personas en los registros electorales; gran parte de ellas son jóvenes, significa una sana y buena incertidumbre de lo que va a ocurrir en el futuro. Y esto beneficiará al país, porque va a exigir a los candidatos y a los partidos a lo menos dos cosas:

Primero, que sus propuestas logren captar la adhesión de la ciudadanía, de tal manera que esta vote no por obligación, sino, simplemente, porque le atrae la proposición de determinado candidato o partido.

Segundo, que las políticas públicas sean más profundas y cercanas al mundo de los jóvenes. Y eso ayudará al país, pues tenemos muchos vacíos que es necesario llenar en políticas que permitan a aquellos su participación en forma más activa en los distintos ámbitos de nuestra sociedad.

Por lo tanto, me hago cargo de desmentir a quienes señalaron que este proyecto se había dilatado con el propósito de no aplicarlo, lo cual -reitero- no es verdad.

Quiero ser franco, esta iniciativa estuvo mucho tiempo paralizada, porque había una profunda discrepancia. Esta se fue limando y fuimos acercando posiciones respecto del voto en el extranjero. Lo que pasaba era que la Concertación vinculaba el proyecto de la inscripción automática con el derecho a voto de los chilenos en el extranjero -no emito juicio de valor-. ¡Gracias a Dios!, se fueron aproximando las distintas visiones y, hoy día, se puede consensuar la forma como nuestros compatriotas votarían en el exterior. Y eso me parece un paso importante dentro del perfeccionamiento de la democracia chilena.

En seguida, señor Presidente, voy a referirme a lo que se ha hecho sobre el sistema electoral.

Uno puede estar en contra o a favor del sistema binominal; pero no es dable sostener que este es más o menos democrático que el proporcional.

Eso, desde luego, porque yo, entre ser partidario de un sistema mayoritario o de uno proporcional, prefiero el mayoritario. Considero que a Chile le favorece mucho más una elección donde se elija un candidato que 2, 3, 4 o 5.

Inglaterra y Estados Unidos, países a los que nadie puede acusar de no ser democráticos, tienen sistemas mayoritarios uninominales, donde se elige un candidato por cada circunscripción o distrito. Y es posible que un partido con el 50,1 por ciento de los votos obtenga el 100 por ciento de los cargos, y el 49,9 por ciento de los ciudadanos quede sin representación popular. Y no he escuchado a nadie sostener o acusar al Reino Unido ni a Estados Unidos de no ser democráticos. Incluso más: eso podría pasar con el 33,4 por ciento también si hubiera 3 candidatos.

Por lo tanto, el problema de la legitimidad no reside en si el sistema es mayoritario o proporcional, sino en cómo se consigue tener mayor cantidad de candidatos.

En consecuencia, más importante que si nuestro sistema es mayoritario o proporcional, y teniendo en cuenta que el binominal es un sistema mayoritario atenuado, es ver realmente cómo incrementar el número de candidatos respecto de los cuales la gente tiene opción de elegir.

Y en eso sí que el actual sistema es muy limitado, porque solo permite dos candidatos por pacto, con lo cual la posibilidad de que la gente escoja entre varios candidatos es bastante más restringida.

En seguida, quiero exponer otra consideración.

Siempre se ha tratado de señalar que el sistema proporcional es mejor que el binominal. Yo no lo creo: tiene ventajas y desventajas.

El sistema proporcional apunta, fundamentalmente, a que haya más diversidad en la elección de los miembros del Parlamento; pero genera más fraccionamiento y, por lo tanto, impide la conformación de mayorías estables.

El sistema mayoritario es una limitante para los grupos más pequeños, más minoritarios; pero simultáneamente ayuda a la formación de grandes coaliciones y a la moderación de estas en busca del voto de centro.

Sin embargo, debo mencionar otra cuestión: a todos los que de repente sostienen que el sistema proporcional sería más democrático que el binominal -afirmación que no comparto en absoluto-, se les olvida que en la mayor parte de los países donde existe el sistema proporcional la ciudadanía no vota por un candidato, sino por la lista.

Con relación a experiencias externas, yo no pongo en duda la legitimidad de la elección en España ni la fortaleza de su democracia -las ha demostrado con creces y es una nación a la cual todos le tenemos mucho aprecio y cariño-, pero quiero contarles a Sus Señorías que allí la ciudadanía no vota por un candidato. ¡Vota por una lista! O sea, la resolución acerca de quién será candidato no recae en los ciudadanos, sino en el partido.

¡Y no he escuchado a ninguna de las personas que critican los sistemas electorales hacer referencia a esa realidad!

En la mayoría de los países con sistemas de elección proporcionales no se vota por el candidato. Es decir, la ciudadanía nunca tiene la opción de sufragar por el candidato que le gusta; debe votar por el partido. Y es este, a su vez, el que, de acuerdo con la decisión de su orgánica interna, pone en una lista a los candidatos de la colectividad. Por ende, aquel que figura en el primer lugar tiene la seguridad de que, si ese partido, en razón de las mayorías políticas, elige 2 o 3 representantes, resultará electo.

Con lo expuesto estoy tratando de señalar, simplemente, que en esta clase de debate es menester ir al fondo de la materia.

Entonces, no creo que el problema en Chile radique en si el sistema electoral existente es binominal, mayoritario o proporcional.

En primer término, lo relativo a la participación ciudadana se va a resolver en gran parte mediante la inscripción automática y el voto voluntario.

En segundo lugar, cometimos un error cuando establecimos las primarias; deberían haber sido obligatorias para todos los cargos, siempre y cuando haya candidatos que quieran tomar parte en ellas.

Porque una elección primaria no se lleva adelante si en un distrito, en una circunscripción o en una coalición política hay un solo postulante.

Reitero: deberíamos haber establecido la obligatoriedad de realizar elecciones primarias para la totalidad de los cargos de elección popular, salvo que se presentara nada más que un candidato.

En todo caso, la ley vigente dispone que son voluntarias. Y yo espero que se efectúe la mayor cantidad de primarias abiertas a la ciudadanía, porque les dan mucha legitimidad no solo a los postulantes, sino también a la forma en que nosotros determinamos la cantidad de ellos.

Ahora, ¿el sistema binominal se puede corregir, perfeccionar? ¡No me cabe la menor duda, señor Presidente!

Finalmente, debo manifestar que me alegro de que aprobemos este proyecto. Se trata de una muy buena iniciativa. Y felicito tanto al Presidente de la Comisión de Gobierno , Senador señor Pérez Varela , como a la Presidenta de la Comisión de Constitución , Senadora señora Alvear . Creo que todos quienes participamos en las Comisiones unidas pusimos el mayor empeño en elaborar un buen proyecto. Espero que lo despachemos, siga su tramitación en la Cámara de Diputados y se transforme en ley, a fin de que pueda regir en las próximas elecciones municipales y contemos con un padrón electoral que proporcione las garantías, transparencia, seguridad y confiabilidad del que actualmente existe en Chile.

He dicho.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Quedan dos oradores inscritos: los Honorables señores Bianchi y Gómez, a quienes les recuerdo que restan 15 minutos para el término de la sesión y que solo puedo poner en votación los proyectos que hayan sido discutidos.

Por lo tanto, les solicito a Sus Señorías que sean lo más breves posible.

Además, el señor Ministro desea hacer un planteamiento.

Tiene la palabra, señor Ministro .

El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , no voy a fundamentar el proyecto, pues esto se ha efectuado en varias oportunidades. Solo quiero corroborar dos cosas.

Primero, lo manifestado por la Senadora señora Alvear en cuanto a que son muy pocos los artículos de esta normativa que corresponde votar, y segundo, que el proyecto sobre plebiscitos comunales, cuyo debate ya se hizo -si no me equivoco- en la sesión anterior y respecto del cual también se señaló aquí que se podría votar inmediatamente.

Ambas iniciativas forman parte de una legislación muy importante, orientada a perfeccionar nuestra democracia y a aumentar la participación ciudadana.

Por eso quise intervenir en esta ocasión.

Muchas gracias.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- El Honorable señor Gómez no está de acuerdo en restringir los tiempos.

Después de que intervengan ambos señores Senadores, procederemos a cerrar el debate y a votar los dos proyectos aludidos, más el que pidió despachar el Honorable señor Cantero.

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, yo acojo su solicitud de ser breve y, por lo tanto, me sumo a lo expresado por las Senadoras y los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.

Felicito a los integrantes de las Comisiones unidas, donde procuramos avanzar en forma muy rápida, y, de paso, agradezco a quienes realizaron la importante labor de Secretaría, donde una vez más pudieron entregarnos todos los antecedentes que se requirieron.

Y para concretar mi compromiso en cuanto a brevedad, me referiré únicamente a la indicación N° 23, que formulé y que apuntaba a ver si existía o no voluntad en los colegas para avanzar hacia un cambio del sistema binominal acogiendo un elemento distinto, más allá de lo establecido con relación a las fuerzas políticas.

Por eso, me pareció curioso, a lo menos, escuchar las declaraciones de la Senadora señora Allende -a quien profeso un tremendo afecto- en el sentido de que aspira a perfeccionar, mejorar y resolver por fin la situación que se crea con el sistema binominal. Sin embargo, ¿qué ocurrió con la indicación, señor Presidente ? Lo siguiente, y esta verdad hay que darla a conocer.

Al votarse dicha indicación, que no pretendía sino posibilitar que los independientes -es mi caso- pudieran participar en los procesos electorales en iguales condiciones que quienes están dentro de las estructuras políticas, todos -¡todos!- los miembros de las Comisiones unidas, pertenecientes a los distintos partidos políticos representados en el Parlamento, votaron en contra. ¡No pasaron la prueba de la blancura!

Yo desde el comienzo tenía claro que la indicación no sería acogida por ningún parlamentario. Y no podía ser de otra forma porque, en definitiva, ven en los candidatos independientes una competencia no deseada, cuando existe la posibilidad de que muchos que en los comicios populares quedaron en tercer lugar hoy estén sentados aquí, en el Congreso Nacional.

Entonces, si uno quiere decir la verdad, debe decirla completa.

Aquí hubo una indicación, signada con el número 23, que, tal como lo establece nuestra Constitución en su artículo 18, pide la igualdad entre partidos políticos e independientes. Sin embargo, cuando se emite pronunciamiento sobre ella, se vota en contra. Y luego se viene a esta Sala para expresar que existe el ánimo -y esto lo digo en general- de avanzar en el cambio del binominal, de que haya más competencia, de que se registre una renovación, etcétera.

Señor Presidente , la indicación número 23 -respecto de ella hubo un debate del cual, afortunadamente, quedó constancia en un acápite del informe- fue rechazada con los votos negativos de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Senadoras señoras Allende , Alvear (con dos votos), Rincón (con dos votos) y Von Baer (con dos votos) y el pronunciamiento favorable de quien habla.

En dicha instancia se dieron muchos argumentos, todos respetables, muy valorables, muy entendibles, muy aceptables. Pero el que faltó fue el de que la aprobación de esa indicación constituía una verdadera oportunidad de avanzar para cambiar el sistema binominal.

En definitiva, no se aprovechó esa ocasión.

Señor Presidente , yo me alegro, pues esta iniciativa permitirá que del orden de cuatro millones de personas, si lo desean, voten.

Empero, eso no va a hacer el cambio: el cambio tiene que producirlo la clase política.

Se piensa que por el solo hecho de aprobarse la ley en proyecto habrá más gente votando.

¡Eso es un tremendo error mientras la clase política, quienes participamos hoy en esta actividad no seamos capaces de entender que estamos brutalmente distanciados de la gente, de la ciudadanía!

Yo concurrí con mi pronunciamiento favorable a casi todas las indicaciones (muy pocas fueron objeto de votación dividida). Y lamento profundamente que, una vez más, aquellos que de manera legítima se encuentran dentro de las estructuras políticas no hayan querido avanzar en la posibilidad de que exista igualdad entre ellos y quienes gozamos de la condición de independientes.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Hago presente que restan ocho minutos para el término del debate y el comienzo de la votación.

Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , cuando di mi acuerdo para sumarme al procedimiento que seguimos esta tarde no dimensioné la importancia que reviste el hecho de hacer constar este debate en la historia de la ley, pues recae en uno de los proyectos más significativos que se van a decidir en el Parlamento.

Aquí estamos cumpliendo un compromiso que adquirimos hace mucho tiempo: el de que exista inscripción automática (porque el voto voluntario ya está consagrado en la Constitución).

Por lo tanto, lo razonable es que haya espacio suficiente para dejar clara la posición de cada cual sobre esta iniciativa.

Ahora bien, debo hacer presente en primer término que estamos votando este proyecto hoy día porque existe un acuerdo político entre la Oposición, los parlamentarios de Gobierno y el propio Ejecutivo , que tiene que ver con algo que manifestamos desde el comienzo. Y quisiera que el Ministro lo ratificara.

Nosotros teníamos una dificultad con la postura del Gobierno en el sentido de establecer criterios de vinculación para que los chilenos que se hallan en el extranjero pudieran votar.

El Ejecutivo partió con una cantidad de meses que les significaba a esos compatriotas viajar a nuestro país por casi un período de vacaciones completo (tres semanas al año) para emitir su voto.

Finalmente, aterrizamos en el acuerdo -entiendo que es el que se recoge en el informe; la Senadora Alvear deberá ratificarlo- de que los chilenos que se encuentran en el exterior podrán votar en las elecciones si se inscriben o manifiestan su voluntad a este respecto en el consulado correspondiente, a los efectos de que exista el registro suficiente de personas dispuestas a seguir ese camino.

No hay ninguna otra fórmula. Eso permitió destrabar el problema. Y nos demoramos ocho meses en la discusión porque el proyecto adolecía de tal dificultad.

En segundo término, me parece relevante dejar establecido que el Ministro también se comprometió -y así lo dijo en las Comisiones unidas- a que, paralelamente a este proyecto, el que nos ocupa esta tarde, se tramitara el otro, el que se encuentra radicado en la Cámara de Diputados, a los efectos de que ambos terminaran el proceso legislativo en el mismo período, para que pudieran votar voluntariamente en las elecciones tanto los chilenos que están en Chile como los que se hallan en el extranjero.

Quiero dejar en claro, pues, que no es aceptable aprobar esta iniciativa y, si no se cumple el compromiso, dejar la otra guardada en un cajón.

Por eso, espero que el Ministro, en representación del Gobierno, cumpla ese acuerdo, que fue lo que destrabó el proyecto.

De otra parte, el proyecto en debate requiere fundamentalmente, en mi opinión -y no tengo claro si ello está bien reflejado-, un componente de educación, de participación, de definición, en el sentido de que en las escuelas y en los colegios haya educación cívica y se manifieste la voluntad de participar en las elecciones.

Tal como indicó el Senador Bianchi, cuatro millones y medio a cinco millones de nuevos votantes podrán expresar su opinión. Sin embargo, se necesita un proceso de educación y de integración para que los jóvenes sepan que la política, aunque la vean a distancia, es tan importante desde el punto de vista del futuro del país que precisa su participación y una votación que determine quiénes serán los legisladores y quiénes los gobernantes que llevarán adelante los proyectos que ellos esperan que Chile desarrolle.

Por eso, no votar y, a veces, no participar posibilitan que algunas instituciones se mantengan pétreas y no logren la participación de instancias que no sean necesariamente las que se organizan a través de los partidos políticos.

En razón de ello es tan significativo que exista ese proceso de educación como parte relevante del proyecto en debate.

Tercero: me parece del caso establecer los incentivos indispensables para que la gente vaya a votar. Porque -lo que señalé antes va unido a esto- necesitamos que la gente tenga la decisión de participar. Y por eso se discutió bastante lo concerniente a los incentivos, a los efectos de que exista también la alternativa de manifestar opinión.

La expresión de la opinión es muy importante, señor Presidente . Si, al final del cuento, la votación del ciudadano determina quién se sienta en estas bancas y cómo se hacen las leyes, quién se sienta en La Moneda y cómo se gobierna.

Por eso es tan significativo que, en último término, haya suficiente fuerza y participación de los ciudadanos, para que se produzca lo que todos esperamos con este proyecto: un remezón en el sistema político.

Los cargos emanados del sistema binominal están decididos prácticamente desde el comienzo. La idea es que se abra la puerta a través de la participación muy potente de una ciudadanía que nunca ha querido participar (valga la redundancia) porque ha visto cerrados los espacios.

A mí no me cabe duda de que en la definición de esta iniciativa y en la forma como se plantea hay algo que se debe asegurar. Y ello también es obligación clara y precisa del Gobierno.

Chile es reconocido internacionalmente por su capacidad para decidir las elecciones en corto plazo. Aquí no ocurre lo que en otros países, que demoran dos, tres días o una semana para resolver.

El proyecto que nos ocupa tiene una serie de cambios que requerirán del Gobierno suficiente claridad y trabajo serio y responsable para que en las próximas elecciones, en que, por ejemplo, habrá mesas donde no se distinguirá entre hombres y mujeres, registros con inscritos fuera de Chile, etcétera, se cumpla el compromiso como el Ministro lo dijo en las Comisiones unidas.

En consecuencia, la gran cantidad de cambios que se han registrado hará necesario un trabajo muy responsable, para no perder el prestigio internacional de Chile en el ámbito eleccionario.

Señor Presidente , algo dijo mi estimado amigo el Senador Espina con relación a si el sistema proporcional es más o menos democrático.

A mí no me cabe duda de que se requiere que en este Parlamento haya diversidad y existan independientes como el Senador Bianchi, quien hace un alegato correcto de su punto de vista. Porque la representatividad no necesariamente está dada por los partidos o por las organizaciones con esa capacidad, sino también por la diversidad. Y eso lo permite el sistema proporcional. Jamás lo posibilita el sistema binominal que tenemos hoy, y menos aún el uninominal; porque -¡y no me vengan con cuentos!- estos sí que son una definición clara de quién va o no al Parlamento.

Espero que en nuestro país nunca tomemos el camino de tener simplemente la definición de los bloques y que por lo menos a partir de ahora, con la aprobación de este proyecto, no exista el cierre que aquello envuelve en el ámbito democrático.

Señor Presidente , confío en que los cuatro millones y medio a cinco millones de jóvenes que podrán votar lo hagan. Y ojalá que por esta vía se produzca un cambio, un "barajo" en lo que significa la política.

Porque si para algo puede servir esto es para que los jóvenes manifiesten opinión; para que aquellos que no han querido participar en política digan: "Para el próximo período queremos a esta gente". Nueva, distinta, a lo mejor; pero que lo decidan y que tengan la voluntad de pronunciarse.

Sistemas como el binominal o el uninominal no dan esas garantías.

Y yo le quiero decir, Senador Bianchi, que estoy dispuesto a votar a favor de su indicación. No tengo ningún problema. A mí me parece (y se lo expresé en otra oportunidad) que la Constitución les garantiza a los independientes el mismo nivel de participación que a los partidos políticos. Y hay que ir al Tribunal Constitucional para que así lo refrende.

Por tanto, señor Presidente, voy a votar a favor, entendiendo que los compromisos que el Ministro Larroulet, en representación del Gobierno, tomó en las Comisiones unidas se van a cumplir.

He dicho.

La señora ALVEAR.- Pido la palabra.

El señor GIRARDI (Presidente).- Lamentablemente, tenemos el compromiso de cerrar el debate a las 6 para votar.

No obstante, si le parece a la Sala, podemos darle un par de minutos a la Senadora señora Alvear.

Acordado.

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora ALVEAR.- Gracias, señor Presidente , seré muy breve.

Quiero puntualizar dos cosas, para luego referirme a un asunto que deberemos votar, relacionado con la indicación del Senador Bianchi.

Primero, voy a reiterar -lo he señalado ya en esta Sala- la preocupación fundamental que hemos compartido en las Comisiones unidas en el sentido de que hoy existe incertidumbre -sigo teniéndola- respecto a los domicilios de las personas que van a votar en las próximas elecciones.

El cruce de datos entre el Registro Civil y el Servicio Electoral determina que un tercio de los chilenos no tengan registrado domicilio. Y, a mi juicio -lo he señalado-, la única manera de corregir el problema es por la vía de que el Servicio de Registro Civil tenga el registro de los domicilios.

Existió -no me voy a referir a ello porque lo vimos con antelación- una iniciativa legal para los efectos de superar tal situación.

Sin embargo, señor Presidente -lo digo nuevamente aquí-, el Gobierno se comprometió a que ella estuviera superada antes de las próximas elecciones.

Nosotros, como Parlamento, tenemos que aprobar las leyes. Y es el Ejecutivo quien debe implementarlas. De manera que vamos a aprobar esta iniciativa legal, pero pasa a ser responsabilidad del Gobierno que el día de mañana no tengamos un desaguisado o una dificultad por la falta eventual de domicilio, que puede llevar a que, con justa razón, los afectados reclamen en los recintos de votación por no poder sufragar.

Entonces, subrayo que, una vez que se apruebe la ley en proyecto, eso será de responsabilidad del Ejecutivo.

En segundo término, es efectivo que, fruto de un compromiso del Ministro Secretario General de la Presidencia , se presentó en la Cámara de Diputados la modificación constitucional que les permite a los chilenos que viven en el exterior votar previa inscripción en los consulados.

Por último, señor Presidente , en forma muy breve -porque igual vamos a tener que pronunciarnos sobre la norma respectiva-, deseo llamar la atención de la Sala con respecto a la indicación del Senador Bianchi.

Comparto cien por ciento la importancia de que los independientes estén en el Congreso Nacional. No obstante, debo puntualizar que el artículo 18 de la Constitución señala expresamente: "Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos.".

En consecuencia, si la Carta Fundamental se modificara y se dijera otra cosa, se podría hacer algo diferente en la ley. Pero hoy ella dispone claramente en su artículo 18 que la igualdad es entre los candidatos independientes y los candidatos de partidos políticos. No establece una igualdad entre los candidatos independientes y los partidos políticos. Esto es una cosa distinta; y es lo que el Senador Bianchi, por todas las razones que expuso -las respeto-, quiso introducir a través de su indicación.

Esa indicación es inconstitucional, porque no corresponde a lo que establece la Carta Fundamental. La igualdad -repito- es entre los candidatos independientes y los candidatos de partidos políticos.

Por lo tanto, hago un llamado de atención a esta Sala. Y, por intermedio del señor Presidente , le señalo expresamente al Senador Bianchi que quien habla -y voy a responder por mí- nunca ha estado en contra de las candidaturas de los independientes. Muy por el contrario, me importa que en el Senado y en la Cámara de Diputados se halle representada la pluralidad de la sociedad. De manera tal que no se puede atribuir a una argumentación que dimos con fundamento en la Constitución que queremos impedirles a los independientes la participación en igualdad de condiciones.

El Texto Fundamental dispone que tienen igualdad los candidatos independientes y los candidatos de los partidos políticos, no los candidatos independientes y los partidos políticos, porque de lo contrario aquellos pasan a ser partido político.

Eso es lo que preceptúa la Carta.

Y termino con aquello porque justamente este es uno de los artículos que deberemos votar.

Esa fue la razón por la cual la mayoría de los miembros de la Comisión rechazamos la indicación propuesta por el Senador Bianchi.

He dicho.

El señor BIANCHI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Senador Bianchi, ayude a que podamos cumplir nuestros propios acuerdos.

Le voy a dar la palabra por dos minutos.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente , yo no tengo problema en ayudar a que esto salga rápido. Pero, con todo cariño y afecto, debo señalar que la argumentación final de la Senadora señora Alvear claramente llama a votar que no.

El señor ESPINA .- ¡Obvio!

El señor BIANCHI.- Sé que es obvio, Senador Espina, para usted y para muchos otros colegas que van a rechazar la indicación número 23. Pero la igualdad entre candidatos que se encuentran dentro de un partido político y los candidatos independientes está garantizada en el artículo 18 de la Constitución.

Lo que se está pidiendo es que un candidato independiente tenga la misma posibilidad que uno de un partido político de hacer pactos. Eso hoy día no se está dando, lo cual es absolutamente inconstitucional.

Por lo tanto, así como la Senadora señora Alvear hizo un llamado a votar en contra de la indicación, yo insto a aprobarla.

Gracias, señor Presidente.

- O -

El señor GIRARDI ( Presidente ).- A continuación corresponde votar el último proyecto, sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones. Luego se levantará la sesión.

Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Cabe hacer presente que hay normas de quórum especial tanto en los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones como en aquellos en los cuales se introdujeron enmiendas acordadas por unanimidad.

Si Sus Señorías lo desean, se puede efectuar una primera votación respecto de todos ellos.

Después sería preciso realizar una segunda votación, referida a las disposiciones que fueron objeto de un pronunciamiento dividido.

Además, un señor Senador formuló una consulta con relación al quórum de algunos preceptos, atendido que las Comisiones unidas no lo precisaron en su informe.

Si le parece a la Sala, se procederá a la primera votación.

La señora ALVEAR .- ¿Cuáles son los artículos?

El señor PIZARRO .- ¿Es posible especificarlos?

El señor GIRARDI ( Presidente ).- El señor Secretario explicará de nuevo de qué se trata.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La primera votación se refiere a las disposiciones que, aun cuando no fueron objeto de indicaciones ni de enmiendas, requieren quórum orgánico constitucional.

La señora ALVEAR .- ¿Cuáles son?

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Se incluyen también las que, habiendo sido modificadas, registraron unanimidad en las Comisiones unidas. Porque en ese caso asimismo se encuentran algunas que contienen normas de quórum especial.

Eso comprende la primera votación.

El señor PIZARRO .- ¿Cuál es el número de los artículos?

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR .- Señor Presidente , quiero saber cuáles son los artículos que la Secretaría ha estimado que exigen quórum especial, por cuanto la votación va a depender de eso.

El señor LARRAÍN .- Todos fueron acordados por unanimidad.

El señor PIZARRO .- No importa. Queremos saber el número de cada uno.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los artículos respecto de los cuales un señor Senador pidió decidir si son o no de quórum especial no se encuentran incluidos en la primera votación, porque la Comisión solo los acogió por mayoría.

Los de quórum especial que sí se hallan comprendidos en ella son los artículos 4°, 5°, 6° y 7° permanentes y Segundo, Cuarto y Quinto transitorios. Y los aprobados con enmiendas son los artículos 1° y 3° permanentes y Primero, Tercero, Séptimo , Octavo y Noveno transitorios.

El señor PIZARRO .- Muchas gracias.

El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.

--Por unanimidad, se aprueban los artículos de rango orgánico constitucional referidos, dejándose constancia, para los efectos del quórum exigido, de que emiten pronunciamiento 37 señores Senadores.

Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez ( doña Lily), Rincón y Von Baer, y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Con relación al artículo 2º del proyecto, en el Nº 75, que pasa a ser Nº 74, las Comisiones unidas, por mayoría de votos, recomiendan eliminar, en el inciso segundo del artículo 160, la expresión "Consejeros Regionales".

Votaron a favor los Honorables señora Von Baer y señores Bianchi , Espina y Pérez Varela , este último con dos votos, y en contra, los Senadores señora Alvear , con dos votos, y señor Escalona .

Quienes deseen que se apruebe lo propuesto deberán votar a favor.

El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente , lo que se argumentó fue que la indicación respectiva, la Nº 43, iguala la situación con otros cargos de elección popular, como los de parlamentarios. Tanto el Senador señor Escalona como quien habla expusimos que si bien los consejeros regionales ejercen efectivamente una función política, también manejan recursos que se traducen en obras que pueden influir, en mayor o menor medida, en una futura elección de autoridad. Entonces, así como se señala que en los otros casos ello se traduce en una inhabilidad, creemos que deben ser excluidos por las mismas razones.

Por eso se registra una votación de minoría del Honorable señor Escalona y de la Senadora que habla.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente , se trata de algo bastante sencillo. La idea es aplicar, en estos casos, el criterio de que la ley pareja no es dura. Los consejeros regionales no solo tienen que ver con recursos, sino que deciden su entrega. O sea, con mayor razón tendrían que estar afectados por la norma. Si no, esta pierde toda coherencia.

El señor GIRARDI (Presidente).- Queda claro.

Los que aprueben lo planteado por la Comisión, tienen que pronunciarse a favor.

El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente , no logro comprender la votación.

Entiendo, por lo que se explica, que si votamos a favor de la proposición del informe, correspondiente al voto de mayoría, los consejeros regionales...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .- Quedarán eliminados.

El señor PIZARRO.- ...quedarán excluidos de las limitaciones para ser apoderado.

La señora ALVEAR .- Podrán serlo.

El señor CHAHUÁN .- Así es.

La señora ALLENDE.- En efecto.

El señor PIZARRO.- Mi Honorable colega Alvear ha dicho que no deberían serlo, porque deciden en materia de recursos y todo lo demás.

O sea, para que no puedan ser apoderados hay que votar en contra.

La señora ALVEAR .- Exactamente.

El señor PROKURICA.- El pronunciamiento a favor apunta a eliminar la restricción.

El señor PIZARRO.- Muchas gracias. Me costó un poquito captarlo, pero les agradezco a todos los señores Senadores que intervinieron para aclararme la situación.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- La votación está planteada de forma tal que quienes voten que sí van a permitir que un consejero regional sea apoderado. Por el contrario, quien se pronuncie en contra los dejará incluidos entre las personas con inhabilidades para tal efecto.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente , el boletín comparado, en la tercera columna, establece cómo va a quedar la norma: "Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado , Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores", etcétera. Se excluirá a los consejeros regionales.

Por lo tanto, tienen que votar que sí quienes no quieran que los consejeros regionales sean apoderados.

La señora ALVEAR .- ¡No!

El señor ESPINA.- Según lo recomienda la Comisión, la norma expresaría:

"Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y Alcaldes; los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia,", etcétera.

No se consideraría, entonces, a los consejeros. Por ende, quien quiera eliminarlos tiene que votar que sí para que el texto quede como lo presenta el órgano técnico.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- La redacción propuesta en el informe de las Comisiones unidas dice relación con que los consejeros pueden ser apoderados.

El señor ESPINA.- ¡No señor Presidente ! ¡ Léala!

El señor CHAHUÁN .- ¡Al revés!

El señor ESPINA.- ¡No es eso!

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Le pido al Honorable señor Espina reparar en la negación inicial.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Trataremos de ordenar un poco la discusión.

Pienso que el proyecto requiere algo de debate.

Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente , el texto que se votará se encuentra en la cuarta columna del boletín comparado, no en la tercera. Lo que expresamos es que "no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado", etcétera, y dejamos fuera a los consejeros regionales.

El señor ESPINA.- ¡Es preciso votar que sí!

La señora RINCÓN.- No, señor Senador, porque Su Señoría rechazó la indicación de la tercera columna. Por tanto, los consejeros estarían incorporados en la norma.

El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , la indicación aprobada apuntó a eliminar las expresiones "Consejeros Regionales" en el inciso que los tenía excluidos.

La señora RINCÓN.- Los tenía excluidos. ¡Exactamente!

El señor LARRAÍN .- No.

El artículo de la ley vigente dispone: "Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado, Subsecretarios,...

La señora RINCÓN.- ¡No aparecen los consejeros!

El señor COLOMA.- No están.

El señor TUMA.- ¿Dónde encontramos a los consejeros?

El señor LARRAÍN .- Espérense. En algún minuto se incorporó a los consejeros regionales.

El señor GIRARDI (Presidente).- Por justicia, le voy a dar la palabra a la Senadora señora Alvear.

Después, procederemos a votar.

La Mesa ya ha planteado un punto de vista.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, les pediría que por favor...

El señor GIRARDI (Presidente).- ¡Les ruego que escuchen a la Honorable señora Alvear!

Luego vamos a votar.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, lo que se sugiere votar es la propuesta de las Comisiones unidas, que excluye de la inhabilidad a los consejeros regionales.

En el texto que ellas plantean solo se excluye a los ministros, a los subsecretarios, a los intendentes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los magistrados y jueces, a los jefes superiores de servicio, etcétera. No aparecen mencionados en él los consejeros regionales.

Presentamos una indicación -que fue rechazada- cuyo propósito era excluir, junto a los ministros de Estado , subsecretarios y demás autoridades que se señalan, a los consejeros regionales. Sin embargo, ganó la otra posición, que propugnaba incluirlos.

Entonces, efectivamente, como indica el Senador Espina, si se quiere aprobar el informe de las Comisiones unidas, hay que votar sí, para no inhabilitar a los consejeros regionales; ahora, si se pretende que estos queden inhabilitados para ser designados apoderados, hay que votar que no.

El señor LAGOS.- ¡Volvemos al principio!

El señor GIRARDI (Presidente).- Volvemos a la postura inicial de la Mesa, así que...

El señor COLOMA .- ¡Primera vez que le apunta....!

El señor GIRARDI (Presidente).- Ya está en votación lo propuesto.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.

--Se rechaza la proposición de las Comisiones unidas para eliminar del inciso segundo del artículo 160 de la ley Nº 18.700 las expresiones "Consejeros Regionales" (28 votos en contra y 8 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, Pérez ( doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Coloma, Horvath, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.

El señor GIRARDI (Presidente).- Pido calma a los señores Senadores y señoras Senadoras.

Sé que estamos frente a un tema apasionante y que apasiona.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- A continuación, las Comisiones unidas recomiendan incorporar en el proyecto los artículos 8º, 9º, 10 y 11, nuevos, que figuran en el comparado.

Su aprobación fue objeto de votaciones divididas.

Ahora bien, de esos cuatro artículos, las Comisiones consideraron de carácter orgánico constitucional solamente el 8º.

Sin embargo, un señor Senador ha planteado que los artículos 9º, 10 y 11 también lo serían, y se ha pedido la opinión de la Secretaría del Senado al respecto, atendido que el informe respectivo no lo señala.

Parto diciendo que el artículo 8º, efectivamente, es de quórum especial, por cuanto obliga a colocar en la malla curricular de la educación determinadas materias. Y eso es, claramente, de quórum orgánico constitucional.

En relación con los artículos 9º, 10 y 11, esta Secretaría estima que no revisten el mismo carácter, pues no modifican la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, sino que solo otorgan a los trabajadores el derecho a media jornada de descanso compensatorio por el tiempo que ocupen para votar en elecciones y plebiscitos (el artículo 9°) y regulan una preferencia respecto de quienes ejerzan su derecho a sufragio en una elección o plebiscito regulado por la ley Nº 18.700, en caso de igualdad de condiciones en listas de elegibles para un empleo público o en la adjudicación de becas por parte del Estado (los artículos 10 y 11).

Se trata de un otorgamiento de beneficios que, a juicio de esta Secretaría, no reviste carácter de norma orgánica constitucional.

Lo que correspondería primero, en todo caso, ya que ha sido planteado por un señor Senador, es que la Sala se pronuncie sobre si los artículos mencionados tienen esa jerarquía o no.

El señor LETELIER .- ¿Por qué no votamos antes el artículo 8º, que sí es orgánico constitucional?

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Se puede votar separadamente, si así se pide.

La señora ALVEAR.- Es mejor.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Ese artículo recibió votación dividida, igual que los otros, pero ya se ha decidido que tiene rango orgánico constitucional.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Entonces, en votación el artículo 8°.

--(Durante la votación).

La señora ALVEAR.- Algo muy corto, señor Presidente .

Efectivamente, el artículo 8° es de ley orgánica constitucional, pero su objetivo es dar educación cívica.

Lo digo para que se entienda lo que vamos a votar.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ya estamos en votación, Su Señoría.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 20 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

El señor GIRARDI (Presidente).- Quedaría aprobado, entonces.

El señor NOVOA.- ¡No, porque es de quórum!

El señor LETELIER.- Las abstenciones inciden.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Las abstenciones inciden en el resultado, por cuanto hay 20 votos a favor...

El señor COLOMA.- ¡No influyen para los efectos del quórum!

El señor NOVOA.- ¡La norma es orgánica constitucional!

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Exactamente.

Al ser orgánica constitucional y no reunir 22 votos...

El señor COLOMA.- Queda rechazada.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Queda rechazada.

El señor LETELIER.- Pero las abstenciones inciden.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- No.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para aclarar el punto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

De consiguiente, al no reunirse el quórum orgánico constitucional, el artículo 8° estaría rechazado.

--Queda rechazado el artículo 8° por no reunir el quórum de norma orgánica constitucional (20 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.

Se abstuvieron la señora Pérez ( doña Lily) y el señor García.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Respecto de los artículos 9º, 10 y 11 correspondería, primero que todo, decidir si tienen carácter orgánico constitucional, como ha planteado un señor Senador.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa, y después, el Senador señor Zaldívar.

Luego procederemos a votar.

El señor NOVOA .- Señor Presidente , a nuestro juicio, estas normas no son de quórum especial, pero sí inconstitucionales, porque establecen una preferencia en función de si se ejerce o no el derecho a voto. Y eso es discriminatorio.

Ya acordamos constitucionalmente que el sufragio es voluntario. Y, siendo así, dar preferencia a una persona por ejercer su derecho resulta contradictorio con aquello. ¿En qué quedamos? ¿Es voluntario o es obligatorio el voto?

Nosotros, en todo caso, hacemos reserva de constitucionalidad. No vamos a entrar a polemizar porque acordamos que se iba a votar sin dar argumentos. Así que quienes deseen votar a favor, que lo hagan, pero los Senadores que votaremos en contra hacemos reserva de constitucionalidad.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

Luego se abrirá la votación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , una norma puede ser contradictoria o puede ser inconstitucional, pero no ambas cosas a la vez.

En este caso, puede que haya contradicción. Sin embargo, no veo inconstitucionalidad. Hay muchas leyes que establecen preferencias o entregan beneficios. De hecho, discriminamos cuando se los damos a los tres primeros quintiles y no a los otros. La legislación permanentemente efectúa diferencias en materia de beneficios. Y ahora se produce una situación equivalente.

Por lo tanto, dejo de lado la inconstitucionalidad.

Ahora, en cuanto a lo otro, yo creo que no hay ninguna contradicción. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo en otorgar un beneficio a quien hace ejercicio de un derecho. En este caso, ello tiene por objeto motivar al ciudadano a participar.

Y quienes afirman que existe contradicción más bien deberían ser partidarios del voto obligatorio y no del voto voluntario, como personalmente lo soy. Pero, como se escogió la segunda alternativa, lo lógico es motivar a los ciudadanos para que ejerzan su derecho.

En consecuencia, considero perfectamente posible, primero, que se declare que las normas no tienen rango orgánico constitucional, y segundo, que cada uno vote conforme a su propia convicción en cuanto a si desea motivar al ciudadano a participar o, simplemente, dejarlo a su mera voluntad.

En lo que a mí respecta, soy partidario de estimular a los ciudadanos para que participen.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Señores Senadores, hay trece inscritos, pese a que se había acordado que no habría discusión.

El señor LAGOS.- ¡Seamos parejos, señor Presidente ! ¡No dé más la palabra!

El señor GIRARDI (Presidente).- Lo estamos siendo, señor Senador.

No voy a otorgar más la palabra. Existe un acuerdo y, si no lo respetamos, no podremos avanzar.

Voy a abrir la votación, pero primero lo haré con respecto al artículo 9°, que no presenta ningún problema, para luego pasar a los artículos 10 y 11.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Se votará en primer lugar el artículo 9°, que no es de quórum orgánico constitucional, para el cual un señor Senador pidió votación separada.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- En votación el artículo 9°.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 9° (23 votos a favor, 11 en contra y una abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez ( doña Lily) y Rincón y los señores Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, García, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela y Uriarte.

Se abstuvo el señor Bianchi.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- A continuación la Sala debe pronunciarse sobre los últimos dos artículos que fueron aprobados con votación dividida, que son los que se agregan como artículos 10 y 11 del proyecto.

El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.

--(Durante la votación).

El señor GIRARDI (Presidente).- La reserva de constitucionalidad ya se hizo.

Estamos en votación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.

--Se aprueban los artículos 10 y 11 (19 votos a favor y 15 en contra), y queda despachado el proyecto en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- El Senador señor Gómez ha señalado que hay un problema de redacción, el cual será corregido por la Secretaría.

El señor GÓMEZ.- Muy bien.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Como ahora se debe reunir en la Sala la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a Secretaría.

Valparaíso, 15 de noviembre de 2011.

Nº 1.392/SEC/11

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín número 7.338-07:

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral:

1) Reemplázanse su Título Preliminar y los Títulos I, II y III, por los siguientes Títulos I, II, III, IV y V:

“TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°.- La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República.

Artículo 2°.- El organismo encargado del proceso de inscripción electoral es el Servicio Electoral.

TÍTULO I

DEL REGISTRO ELECTORAL

Párrafo 1°

Disposiciones Generales

Artículo 3°.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1° y 3° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, aun cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella.

Artículo 4°.- El conocimiento público del Registro Electoral procederá en la forma dispuesta en el Párrafo 1° del Título II.

Los centros de estudio o de investigación podrán solicitar datos del Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina Provisoria de Inhabilitados, para el sólo efecto de su análisis. El Consejo del Servicio Electoral calificará la procedencia de la solicitud y entrega de los respectivos datos.

Los datos del Padrón Electoral no podrán ser usados para fines comerciales.

El Servicio Electoral deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, salvo en los casos señalados en esta ley.

Párrafo 2°

De la inscripción

Artículo 5°.- Los chilenos comprendidos en el número 1° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años, serán inscritos automáticamente en el Registro Electoral.

Los chilenos comprendidos en el número 3° del artículo 10 de la Constitución Política de la República serán inscritos automáticamente luego de obtener su carta de nacionalización de conformidad a la ley.

Artículo 6°.- Los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 y los extranjeros señalados en el artículo 14, ambos de la Constitución Política de la República, serán inscritos en el Registro Electoral desde que se acredite que cumplen los requisitos de edad y avecindamiento exigido por el inciso tercero del artículo 13 o por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, según corresponda.

La inscripción procederá de forma automática en la medida que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el cumplimiento del requisito de avecindamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá presentar una solicitud de inscripción ante el Servicio Electoral en cualquiera de sus oficinas, acompañando los antecedentes que acrediten su avecindamiento en el país por el tiempo exigido, y declarando bajo juramento su domicilio electoral en Chile. Dicha solicitud será remitida al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, si correspondiere, emitirán un certificado que acreditará el hecho de haber cumplido el avecindamiento y lo remitirán al Servicio Electoral para que practique la correspondiente inscripción. En caso que la persona tenga su residencia en el extranjero, dicha solicitud podrá ser presentada en el Consulado de Chile respectivo.

Para los efectos de esta ley se entenderá por Consulado las Oficinas Consulares, incluyendo las Secciones Consulares de una Misión Diplomática, a cargo de un funcionario de la Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores designado para desempeñar funciones consulares.

Artículo 7°.- El Servicio Electoral deberá comunicar a los nuevos electores el hecho de su inscripción en el Registro Electoral, entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a la siguiente elección o plebiscito, indicando la circunscripción electoral y la mesa receptora de sufragios donde le corresponde votar, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

El Servicio Electoral deberá poner a disposición del público en forma permanente, a través de su sitio web y de una línea telefónica, un sistema de consulta donde cada elector podrá verificar mediante su número de cédula de identidad o nombre, el hecho de su inscripción, la circunscripción y comuna donde se encuentra inscrito, su mesa de votación y si está habilitado para votar en la próxima elección.

Párrafo 3°

De los datos electorales

Artículo 8°.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el cumplimiento del requisito de avecindamiento, si procede.

El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.

Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral.

Artículo 9°.- Para el solo efecto de obtener los datos señalados en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y al registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile deberán proporcionar, de la misma forma, la información del avecindamiento de los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proporcionar al Servicio Electoral cualquier otro antecedente que resulte necesario para la inscripción de los chilenos y extranjeros en el Registro Electoral y que se encuentre en su poder, quedándole expresamente prohibido calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los chilenos que residen en el extranjero, dicho vínculo se considerará respecto del tiempo en que residieron en Chile o de su lugar de nacimiento.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6°, el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o el acreditado para el cumplimiento del requisito de avecindamiento, según corresponda. En caso que este último domicilio se encuentre ubicado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y, a falta de éste, al lugar de nacimiento en Chile.

Artículo 11.- Todo ciudadano con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Si los antecedentes del domicilio o lugar de nacimiento con que se cuente para el registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6° no permitieran al Servicio Electoral poder identificarlos con una determinada circunscripción electoral, procederá a registrarlos en la circunscripción electoral con más electores de la comuna con cuya información se cuente.

Artículo 12.- Al momento de la inscripción de un ciudadano o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo.

En primer lugar serán asignados a las mesas receptoras de sufragios existentes de la circunscripción que tengan menos de trescientos cincuenta electores habilitados para votar debido a cancelaciones de inscripción producidas por cambio de domicilio electoral, por fallecimiento o por inhabilidad permanente para sufragar, hasta completar la cifra máxima de trescientos cincuenta electores por mesa.

Si realizado lo anterior quedaren nuevos electores por asignar, ellos serán destinados a nuevas mesas receptoras de sufragios que se crearán para estos efectos, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Cada elector sólo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios y no podrá ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral.

Párrafo 4°

De las actualizaciones del Registro Electoral

Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

b) Pérdida de ciudadanía de una persona inscrita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de la República, o su recuperación.

c) Suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, o el cese de dicha suspensión.

d) Pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

e) Revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados del Registro.

f) Reclamaciones al Padrón Electoral Provisorio Auditado acogidas en conformidad a la ley.

El Servicio Electoral conservará los antecedentes en que se funde la actualización por un lapso no inferior a 5 años.

Artículo 14.- Para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales que el Servicio de Registro Civil e Identificación tenga de las personas cuyas defunciones hubieren sido registradas en el mes inmediatamente anterior; de las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva y las que recuperen su ciudadanía; y de las personas que hubieren perdido la nacionalidad.

Artículo 15.- El Tribunal Constitucional deberá comunicar al Servicio Electoral las sanciones que hubiere aplicado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como asimismo el cumplimiento del plazo a que se refiere dicha disposición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada.

Artículo 16.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior informará al Servicio Electoral las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, ejecutoriadas dentro del mes anterior.

Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no se haya impuesto dicha pena, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.

Artículo 18.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes los jueces de letras comunicarán al Servicio Electoral los nombres de las personas que hubieren sido declaradas en interdicción por causa de demencia por sentencia ejecutoriada, en el mes anterior, indicando los antecedentes necesarios para su cabal identificación.

En el mismo plazo, los jueces de letras comunicarán sobre las revocaciones de dichas declaratorias.

Artículo 19.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Senado deberá comunicar al Servicio Electoral las personas a las cuales se hubiere rehabilitado su ciudadanía en el mes anterior, conforme al inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República.

Artículo 20.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes el Ministerio de Justicia deberá comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren extinguido su responsabilidad penal en el mes anterior, conforme a lo dispuesto en el número 4° del artículo 93 del Código Penal.

Artículo 21.- Los órganos, servicios y tribunales señalados en este Párrafo, así como cualquier otra repartición que deba aportar datos para la conformación y actualización del Registro Electoral, deberán proporcionar todos los antecedentes que para este solo efecto requiera el Servicio Electoral y, en ningún caso, podrán excluir información, calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 22.- Entre los ciento ochenta y los noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá informar a los electores que su derecho a sufragio ha sido suspendido o que han sido inhabilitados para votar en la siguiente elección, con indicación de la causa que dio origen a dicha suspensión o inhabilidad, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

Párrafo 5°

De las modificaciones de los datos electorales

Artículo 23.- El Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias:

a) Las solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad.

b) Las rectificaciones de inscripciones de nacimiento de los ciudadanos, con indicación de los datos originales que fueron objeto de la rectificación.

c) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 24.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando bajo juramento uno nuevo en ese acto, si así lo desea.

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el cambio de domicilio podrá también efectuarse directamente ante el Servicio Electoral, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por este organismo, donde declarará bajo juramento su nuevo domicilio electoral. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas que el Servicio Electoral disponga en el país. Los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero podrán presentar la solicitud a través del respectivo Consulado.

El Servicio Electoral deberá notificar al elector, mediante carta certificada dirigida al nuevo domicilio electoral, que ha procedido al cambio de su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa de sufragio donde le corresponderá votar.

El Servicio Electoral podrá disponer de otras formas para solicitar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o por medios electrónicos, siempre que éstas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos.

Artículo 26.- El Servicio Electoral podrá convenir con otros organismos públicos la recepción de solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Artículo 27.- Para todos los efectos legales se considerará como domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Párrafo 6°

De la suspensión de inscripciones, actualizaciones y modificaciones

Artículo 28.- Con el objeto de elaborar los padrones electorales que se utilizarán en cada elección o plebiscito, las inscripciones en el Registro Electoral que provengan de solicitudes de acreditación de avecindamiento conforme al artículo 6°, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en las letras a) a la e) del artículo 13 y las modificaciones señaladas en el artículo 23 se suspenderán a los ciento veinte días anteriores a cada elección o plebiscito, reanudándose a partir del primer día del mes siguiente de la elección o plebiscito.

Artículo 29.- Tratándose de plebiscitos comunales, la suspensión a que alude el artículo precedente se aplicará sólo respecto de los electores que correspondan a la comuna o agrupación de comunas donde se realizará.

TÍTULO II

DEL PADRÓN ELECTORAL Y DE SU AUDITORÍA

Párrafo 1°

Del Padrón Electoral

Artículo 30.- El Servicio Electoral deberá elaborar un Padrón Electoral, el que contendrá la nómina de los electores inscritos en el Registro Electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él.

Cada elector podrá figurar sólo una vez en él.

Artículo 31.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de provisorio, ciento diez días antes de una elección o plebiscito. Éste contendrá una nómina de las personas inscritas en el Registro Electoral que, conforme a los antecedentes conocidos por el Servicio Electoral antes de los ciento veinte días previos al acto electoral, reúnan a la fecha de la elección o plebiscito correspondiente los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio.

El Padrón Electoral con carácter de provisorio será objeto de auditorías conforme al Párrafo 2° de este Título.

Este Padrón se ordenará en forma alfabética y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar.

Junto con este Padrón, y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Provisoria de Inhabilitados, que incluirá a las personas inscritas que se encuentren inhabilitadas para votar en la correspondiente elección o plebiscito, con indicación de la causal que dio lugar a dicha condición.

El Padrón Electoral y la Nómina Provisoria de Inhabilitados son públicos para los partidos políticos, sólo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero. Los partidos políticos podrán tener acceso y copia de ellos en medios magnéticos o digitales, no encriptados y procesables por software de general aplicación, debiendo pagar sólo los costos directos de la reproducción. Lo mismo se aplicará para los candidatos independientes, respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Sólo las personas inhabilitadas podrán conocer, además, la respectiva causal que las inhabilita.

Artículo 32.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de auditado, setenta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de provisorio, después de ser auditado por las empresas de auditoría a las que se refiere el Título II de esta ley y que haya sido modificado sólo como consecuencia de la correcciones sugeridas por las empresas de auditorías en sus informes, si las hubiere, y que, conforme a lo señalado en el artículo 43 de esta ley, sean aceptadas por el Servicio Electoral.

El Padrón Electoral con carácter de auditado podrá ser objeto de reclamación de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Junto con este Padrón, y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Auditada de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las correcciones sugeridas por las empresas de auditorías que haya aceptado, si las hubiere.

El Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados deberán ser publicados por el Servicio Electoral en su sitio web con setenta días de antelación a la fecha que deba verificarse una elección o plebiscito.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados las disposiciones contenidas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo anterior.

Artículo 33.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de definitivo, treinta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de auditado, que haya sido modificado sólo como consecuencia de las reclamaciones acogidas, si las hubiere, de conformidad con lo dispuesto en el Título siguiente.

Junto con este Padrón, y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Definitiva de Inhabilitados, modificando la anterior de acuerdo a las reclamaciones acogidas.

El Servicio Electoral publicará en su sitio web, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse una elección o plebiscito, el Padrón Electoral con carácter de definitivo, que contiene la nómina de electores con derecho a sufragio en la respectiva elección o plebiscito y la Nómina Definitiva de Electores Inhabilitados.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados las disposiciones contenidas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo 31.

Artículo 34.- El Servicio Electoral deberá publicar en su sitio web las modificaciones efectuadas al Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados que provengan de las reclamaciones acogidas en conformidad a esta ley, o de las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría que hayan sido aceptadas por el Servicio.

Artículo 35.- Para la segunda votación de la elección presidencial que se realice en virtud del inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República se utilizará el mismo Padrón Electoral de la primera votación.

Cuando deba repetirse la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral de la primera votación de la elección que no pudo perfeccionarse, ya sea por fallecimiento de un candidato para la segunda votación o por impedimento absoluto del presidente electo para tomar posesión del cargo.

Artículo 36.- El Servicio Electoral, en la misma oportunidad en que debe determinar el Padrón Electoral con carácter de definitivo, deberá confeccionar los Padrones de Mesa que se utilizarán en la respectiva elección o plebiscito.

A cada Mesa Receptora de Sufragios le corresponderá un Padrón de Mesa.

Cada Padrón de Mesa contendrá una nómina, ordenada alfabéticamente, de las personas habilitadas para votar en la Mesa Receptora de Sufragios respectiva.

Los Padrones de Mesa contendrán los nombres y apellidos de cada elector y su número de rol único nacional.

Cada elector podrá figurar sólo en un Padrón de Mesa y una vez en él.

Artículo 37.- Veinte días antes de la elección o plebiscito, el Servicio Electoral en forma gratuita pondrá a disposición de los partidos que participan en la elección o plebiscito, un listado impreso de cada Padrón de Mesa, que contendrá los nombres, apellidos y número de rol único nacional de los electores. Igual información deberá entregarse a los candidatos independientes respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Párrafo 2°

De las Auditorías

Artículo 38.- El Registro Electoral, el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados serán sometidos a un proceso de auditoría con el objeto de revisar y determinar si contienen los antecedentes dispuestos por la ley. También se revisarán los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales utilizados en su elaboración.

Artículo 39.- Las auditorías serán practicadas por dos empresas independientes de auditoría externa, de niveles equivalentes, inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales deberán cumplir con los requisitos de capacidad, tamaño, confiabilidad y garantía que, mediante una norma general, determinará el Consejo del Servicio Electoral.

El presupuesto del Servicio Electoral deberá contemplar los fondos necesarios para financiar los procesos de auditorías.

Artículo 40.- La selección de las empresas de auditoría se realizará a través de una licitación pública a la cual deberá convocar el Servicio Electoral, conforme a las bases que elaborará su Consejo.

El Consejo del Servicio Electoral seleccionará a dos empresas de entre las cuatro que, cumpliendo con las bases de la licitación, hayan efectuado las menores ofertas económicas por sus servicios. En caso de haber menos de cuatro, la selección se circunscribirá a todas ellas.

Las dos empresas de auditoría serán seleccionadas por la unanimidad de los Consejeros del Servicio Electoral. A falta de unanimidad, la selección se hará en una sola votación, teniendo cada Consejero derecho a votar sólo por una de las candidatas. Quedarán seleccionadas las empresas que obtuvieren las dos más altas mayorías.

Las empresas serán seleccionadas por un período de ocho años. Dentro de ese período sus servicios podrán ser revocados sólo por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, a petición fundada de la unanimidad del Consejo del Servicio Electoral, o por acuerdo del Senado.

Artículo 41.- Las empresas de auditoría deberán revisar anualmente y emitir un informe que contendrá su opinión, sobre los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales del Servicio Electoral, destinados a la inscripción de los electores en el Registro Electoral y a la confección del Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados. Dicho informe deberá señalar la capacidad de ellos para cumplir las funciones para la cual están requeridos, sus errores, si los hubiere, y los factores de riesgo que pudieran afectar su correcto funcionamiento. El informe deberá contener también sugerencias respecto a la solución de los problemas detectados.

En los años que correspondan elecciones generales, el informe deberá ser emitido doscientos diez días antes de la elección.

Artículo 42.- Determinado el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados conforme al artículo 31 de esta ley, las empresas de auditoría procederán a su revisión, que tendrá por objeto entregar una opinión respecto de si ellos cumplen con lo dispuesto en la ley. Terminada la revisión elaborarán un informe que deberá ser emitido ochenta días antes de la elección o plebiscito y que contendrá, al menos, un detalle de los errores encontrados con indicación de una sugerencia respecto de cómo pueden ser subsanados, y los demás comentarios u observaciones que los auditores estimen procedentes.

Artículo 43.- El Consejo del Servicio Electoral analizará los informes de auditoría y realizará las correcciones que estime pertinentes. Lo anterior constará en un acta que será publicada en la página web de dicho organismo.

Cumplido lo anterior, el Consejo del Servicio determinará el Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, conforme al artículo 32.

Artículo 44.- Todos los informes de las empresas de auditoría serán públicos, salvo respecto de las causales de inhabilidad. El informe deberá ser entregado al Consejo del Servicio Electoral, al Senado, a la Cámara de Diputados, a los Partidos Políticos, a los Tribunales Electorales Regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones, en la misma oportunidad.

Artículo 45.- Las empresas de auditoría deberán efectuar sus funciones con total independencia entre ellas. En consecuencia, no podrán compartir sus antecedentes, consultarse entre sí, tomar acuerdos, coordinar o efectuar trabajos en forma conjunta, ni externalizar parte de las funciones encargadas con los mismos terceros.

Artículo 46.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición de las empresas de auditoría todos sus registros, físicos y computacionales y demás antecedentes que en opinión de ellas sean necesarios para realizar sus informes. El Servicio de Registro Civil e Identificación y los demás organismos señalados en los artículos 15 al 20 deberán poner a disposición de las empresas de auditoría la misma información que hubieren entregado al Servicio Electoral, cuando exista disconformidad entre los datos electorales y el Padrón Electoral.

Las empresas de auditoría deberán mantener reserva o secreto, según corresponda, de la información, datos y antecedentes que se les proporcione en virtud de este artículo, siendo públicos solamente los resultados de su auditoría.

TÍTULO III

DE LAS RECLAMACIONES

Artículo 47.- La persona que estimare que injustificadamente fue omitida del Padrón Electoral con carácter de auditado, publicado conforme al artículo 32, podrá reclamar de este hecho, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, que conocerá del asunto.

En el mismo plazo, los partidos políticos, candidato independiente y cualquier otra persona, podrán presentar reclamaciones ante el mismo Tribunal respecto de electores injustificadamente omitidos de dicho Padrón Electoral. Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones, en única instancia.

El Tribunal resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de cuatro días de requerido. El Tribunal deberá fallar, con o sin informe, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la presentación del reclamo.

El Tribunal ordenará la incorporación del reclamante o electores afectados al Padrón Electoral en los casos en que hubiere lugar a la reclamación.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales serán apelables por el requirente o por el Servicio Electoral dentro del plazo de tres días, contado desde la fecha de su incorporación en el Estado Diario del respectivo Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá fallar dentro de un plazo de cinco días de presentada la apelación.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la comunicará inmediatamente al Servicio Electoral, el cual procederá a cumplirla sin más trámite.

Artículo 48.- Dentro de los diez días siguientes a la publicación del Padrón Electoral con carácter de auditado, señalado en el artículo 32, cualquiera persona natural, partido político o candidato independiente podrá pedir al Tribunal Electoral Regional correspondiente al domicilio electoral del impugnado la exclusión de quien figure en el Padrón Electoral en contravención a la ley.

Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.

No procederá solicitar la exclusión del Padrón Electoral respecto de un candidato cuya aceptación de candidatura se encuentre ejecutoriada.

La solicitud deberá ser acompañada de una boleta de depósito en arcas fiscales. El monto del depósito deberá ser igual o mayor a un cuarto de una unidad tributaria mensual, e igual o menor a cien unidades tributarias mensuales, según lo determine el Tribunal.

El Tribunal citará dentro de cinco días al reclamante y a la persona o personas cuya exclusión se pide, las que no estarán obligadas a asistir, pudiendo concurrir con todos sus medios de prueba. Para este efecto, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el Padrón. Si la persona reclamada o alguna de ellas hubiesen cambiado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará, a costa del recurrente, en un diario de los de mayor circulación en la localidad a que corresponda dicho domicilio.

Si la reclamación afectare a un considerable número de personas o si el número de reclamos fuere muy elevado, podrá el Tribunal ordenar que la citación se haga por medio de un aviso que se publicará, a costa del reclamante, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que corresponda. Además, señalará diversas audiencias para oírlos, las cuales deberán celebrarse dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de ellas compareciere, el Tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes que se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos reclamos.

Los Tribunales resolverán con los antecedentes que el interesado o él o los afectados le suministren, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser evacuado a más tardar al cuarto día de ser solicitado.

La resolución se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la audiencia y se notificará a las partes por el Estado Diario.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente, el o los afectados y el Servicio Electoral, dentro del plazo de tres días, contado desde la fecha de incorporación en el Estado Diario del Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá resolver la apelación dentro del plazo de cinco días.

Ejecutoriada la sentencia que ordene la exclusión será notificada al Servicio Electoral para que efectúe la cancelación correspondiente.

Artículo 49.- Los informes de las empresas de auditoría tendrán ante los tribunales el valor de un informe de peritos.

TÍTULO IV

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia.

La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población o las dificultades para sufragar. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragios de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7° inciso primero, de esta ley.

TÍTULO V

DE LAS SANCIONES

Párrafo 1°

De los procedimientos judiciales por faltas y delitos contemplados en esta ley

Artículo 51.- Los delitos o faltas electorales se regirán por las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente, por el Código Penal.

Cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, podrá deducir querella para la investigación de los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 52.- No procederá el indulto particular en favor de los condenados en virtud de esta ley.

Párrafo 2°

De las sanciones

Artículo 53.- Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que, al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona.

2.- El que proporcionare datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento.

3.- El que ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio, un Libro de Actas, o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan.

4.- El que use para fines comerciales los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 54.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos:

1.- El que maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en el Padrón Electoral, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usado para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones.

2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cedula de identidad.

3.- El que incite u organice a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral.

4.- El que comercialice los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 55.- Si los delitos señalados en el artículo precedente fueren cometidos por un funcionario público, se aplicarán las penas asignadas a los referidos delitos aumentadas en un grado, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Artículo 56.- El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o libros de actas que se le hubieren confiado o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.

Si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.”.

2) Reemplázase la numeración del Título IV por la de Título VI, y la de los artículos 87, 88 y 89 por 57, 58 y 59. Además, sustitúyese el texto del artículo 90, que ha pasado a ser artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- Corresponderá al Servicio Electoral ejercer las siguientes funciones:

a) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la ley N° 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente.

b) Formar, mantener y actualizar el Registro Electoral.

c) Determinar el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados en los términos señalados en esta ley.

d) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral.

e) Resolver respecto de las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación de avecindamiento que se le presenten.

f) Solicitar la colaboración y antecedentes que sean necesarios, de los distintos órganos del Estado, para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia.

g) Disponer la compra de los programas y equipos computaciones que utilizará en el cumplimiento de sus funciones, y los sistemas de mantención, protección y actualización de éstos.

h) Las demás funciones que ésta u otras leyes establezcan.”.

3) Agrégase al Párrafo 1° del Título IV, que ha pasado a ser VI, el siguiente artículo 61:

“Artículo 61.- Los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo Directivo y su Director. Al Consejo corresponderá la dirección superior del Servicio y la dirección administrativa al Director.”.

4) Sustitúyense los Párrafos 2° y 3° del Título IV, que ha pasado a ser VI, por los siguientes Párrafos 2°, 3° y 4°:

“Párrafo 2°

Del Consejo Directivo del Servicio Electoral

Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. El Presidente formulará su proposición en un solo acto y el Senado se pronunciará sobre el conjunto de la propuesta.

Los consejeros durarán ocho años en sus cargos y podrán ser designados para otro período, por una sola vez, en la forma prevista en el inciso precedente. Se renovarán por parcialidades cada cuatro años.

Los consejeros elegirán de entre ellos un Presidente por mayoría de votos. En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será subrogado por el consejero que en el acto se elija. Si no se lograre mayoría, en ambos casos, se procederá por sorteo.

El Presidente del Consejo durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido por una sola vez. El Presidente subrogante ejercerá el cargo mientras dure la ausencia o impedimento de aquél.

En caso de que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se designará un nuevo consejero de conformidad con el inciso primero, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tuvo lugar el hecho o circunstancia que ocasionó el cese. El nuevo consejero desempeñará su cargo hasta completar el período del consejero reemplazado.

Si el que cesare fuere el Presidente del Consejo, se procederá a la elección de su reemplazante una vez que se haya provisto su cargo de consejero. El nuevo Presidente desempeñará el cargo hasta completar el período del cesado.

Artículo 63.- Para ser designado consejero del Servicio será necesario, además de cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos públicos, poseer título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste o aquéllos validados en Chile de conformidad a la legislación vigente, acreditar experiencia profesional no inferior a cinco años en el sector público o privado y no haber desempeñado cargos de representación popular, de Ministro de Estado, de Subsecretario, de Intendente, de Gobernador o de dirigente de partido político en los cinco años anteriores a su designación.

Tampoco podrán ser consejeros las personas que se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con la sola excepción del desempeño en cargos docentes de hasta media jornada.

Los consejeros no podrán estar afiliados a partidos políticos mientras ejerzan su cargo.

La función de consejero no es delegable y se ejerce colectivamente, en sala legalmente constituida.

Artículo 64.- Los consejeros tendrán derecho a ser informados plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el Director o quien haga sus veces, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del Servicio. Además, tendrán derecho a revisar el Registro Electoral y los padrones electorales, con la sola limitación de no afectar el funcionamiento del Servicio.

Los consejeros percibirán una dieta equivalente a treinta unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de ciento veinte unidades de fomento por mes calendario.

El Presidente del Consejo o quien le subrogue, percibirá igual dieta, aumentada en un 50%.

Artículo 65.- Son causales de cesación en el cargo de consejero, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado. Sin perjuicio de ello, éste será prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante.

b) Haber cumplido los 75 años de edad.

c) Renuncia, aceptada por el Presidente de la República.

d) Incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo.

e) Alguna causal de inhabilidad sobreviniente. El consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar el cargo cesará automáticamente en él.

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Serán faltas graves la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un semestre calendario.

La existencia de las causales establecidas en las letras d) y e), si hubiere discusión sobre la sobreveniencia de la inhabilidad, y f) precedentes, serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo o del Ministro del Interior y Seguridad Pública en el caso de la letra f), o de cualquier persona en el caso de la letra e). El requerimiento deberá hacerse por escrito, acompañándose todos los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal. Se dará traslado al afectado por el término fatal de diez días para que exponga lo que estime conveniente en su defensa.

Vencido este plazo, con o sin la respuesta del afectado, se decretará autos en relación y la causa, para su agregación a la tabla, vista y fallo, se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección. Tratándose de la causal de la letra d), el Tribunal, como medida para mejor resolver, podrá decretar informe pericial.

Los consejeros y el Director tendrán el carácter de ministro de fe en las actuaciones que las leyes les encomienden.

A los consejeros y al Director les será aplicable lo señalado en el N° 2° del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 66.- El Consejo sesionará, a lo menos, con cuatro de sus miembros en ejercicio. Presidirá las sesiones el Presidente del Consejo.

El Consejo podrá sesionar en forma ordinaria o extraordinaria.

Son sesiones ordinarias aquellas que determine el propio Consejo para días y horas determinadas. En ellas se tratarán todas las materias que el Presidente incluya en la tabla respectiva, la que deberá ser comunicada a los consejeros con no menos de 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión.

Por cada mes el Consejo deberá sesionar en forma ordinaria no menos de una vez y no más de tres veces.

Son sesiones extraordinarias aquellas en que el Consejo es convocado especialmente para conocer de modo exclusivo las materias que motivan la convocatoria. Estas sesiones serán convocadas por su Presidente, cuando exista algún asunto urgente que requiera del conocimiento del Consejo, o cuando así sea solicitado a éste, por requerimiento escrito de dos consejeros. La citación a sesión extraordinaria deberá hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y contendrá expresamente las materias a tratar.

Los acuerdos requerirán del voto favorable de, a lo menos, cuatro consejeros. Si el Consejo no lograra el anterior quórum, deberá dejar constancia pública de su desacuerdo y las razones fundadas de las partes, convocando el Presidente del Consejo a una nueva sesión que deberá realizarse no antes de cuatro días ni después de quince, siempre que este último plazo no altere el cumplimiento de un plazo legal, donde deberá resolverse el desacuerdo con el voto conforme de, a lo menos, tres de sus miembros.

En todo caso, se requerirá siempre del voto conforme de, al menos, cuatro consejeros para tomar los acuerdos señalados en la letra h) del artículo 67.

El Servicio no podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más consejeros tengan interés por sí o como representantes de otra persona. Se presume que existe interés directo de un consejero en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño, directo o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

De toda deliberación y acuerdo del Consejo se deberá dejar constancia en un libro de actas. El acta deberá ser firmada por todos los consejeros que hubieren concurrido a la sesión.

Artículo 67.- Corresponderá al Consejo:

a) Designar a los miembros de las Juntas Electorales según propuesta del Director.

b) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Servicio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento.

c) Aprobar la propuesta del presupuesto del Servicio efectuada por el Director.

d) Supervisar los actos del Director y del Subdirector.

e) Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales para su ejecución por los organismos establecidos en ellas.

f) Aprobar los Padrones Electorales y la Nómina de Electores Inhabilitados a los que se refiere esta ley.

g) Aprobar las bases para llamar a la licitación de las empresas de auditoría, seleccionarlas y conocer de sus informes.

h) Designar y remover al Director y Subdirector del Servicio Electoral. La designación se hará a partir de una quina propuesta para el cargo por el Consejo de la Alta Dirección Pública, en conformidad a las normas del Título VI de la ley N° 19.882.

i) Los demás asuntos que la ley le encomiende o sobre los que deba pronunciarse en virtud de sus funciones o atribuciones.

Párrafo 3°

Del Director del Servicio Electoral

Artículo 68.- El Director del Servicio Electoral será el representante legal del Servicio y el Jefe Superior de éste. Le corresponderán, especialmente, las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo.

b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo.

c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Servicio, previo acuerdo del Consejo Directivo.

d) Nombrar al personal del Servicio y poner término a sus servicios, de conformidad a las normas estatutarias.

e) Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Servicio.

f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio.

g) Representar al Servicio Electoral, tanto judicial como extrajudicialmente.

h) Llevar el Registro de Partidos Políticos, actualizado por regiones, y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomienden la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos u otras leyes.

i) Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o programas, que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión de los fines del Servicio.

j) Convocar a propuestas públicas o privadas, aceptarlas o rechazarlas.

k) Dictar las resoluciones generales y particulares necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.

l) Contratar personal para labores transitorias cuando por necesidades del Servicio así se requiera, conforme a las normas del Código del Trabajo o sobre la base de honorarios.

m) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo.

n) Ejercer las demás funciones que le encomienden ésta u otras leyes.

Artículo 69.- El Director y Subdirector tendrán derecho a asistir a las sesiones de Consejo, con derecho a voz.

Artículo 70.- Al Director y al Subdirector les serán aplicables las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los consejeros.

Párrafo 4°

Del personal del Servicio Electoral

Artículo 71.- Los funcionarios y demás personas que presten servicios en el Servicio Electoral estarán obligados a mantener reserva acerca de los antecedentes, informaciones o documentos que conozcan en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las publicaciones que deban efectuarse y de las informaciones que pueda proporcionar dicho Servicio en conformidad a la ley.

Ni el personal del Servicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él, podrán militar en partidos políticos, ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter político-partidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular. Tampoco podrán participar de modo similar con ocasión de los actos plebiscitarios.

Toda contravención a este artículo se sancionará con las penas contenidas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta. Asimismo, serán aplicables las normas de responsabilidad funcionaria y del Estado contempladas en la ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.”.

5) Sustitúyese la numeración del Título V por la de Título VII, y el texto del artículo 99, que ha pasado a ser 72, por el siguiente:

“Artículo 72.- Los partidos políticos, candidatos independientes y demás entidades o personas que, de acuerdo a la ley, tengan acceso a la información contenida en el Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina de Inhabilitados, deberán actuar responsablemente en su manejo, debiendo responder civil y penalmente, según corresponda, y en conformidad a lo que establezca la ley.”.

6) Agrégase el siguiente artículo 73:

“Artículo 73.- Todos los plazos a que se refiere esta ley serán de días corridos.”.

7) Reemplázase la numeración de los artículos 100 y 101, por 74 y 75, respectivamente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios:

1) Agrégase, en el artículo 1°, la siguiente oración final: “Además, establece y regula las Juntas Electorales.”.

2) Reemplázase el artículo 3°, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por escrito, para cada acto eleccionario, ante el Director del Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio, si lo hubiere, quien les pondrá cargo y otorgará recibo.

Las declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el Secretario de la Directiva Central de cada partido político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral o por, a lo menos, cinco de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. En todo caso, serán acompañadas por una declaración jurada del candidato, o de un mandatario designado especialmente al efecto por escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto a inhabilidades. La declaración jurada deberá ser acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los estudios del candidato, cuando corresponda, en los términos que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el candidato.

La declaración de candidatura podrá presentarse en un acto separado por cada candidato.

Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente.”.

3) Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 3° bis, por el siguiente:

“El pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral, en forma previa al vencimiento del plazo y a las declaraciones de candidaturas, mediante la presentación de una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en lista conjunta en una elección de Parlamentarios y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios.”.

4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 6°, por el siguiente:

“Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República, éstas sólo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la primera o única votación, o hasta los treinta días siguientes a la convocatoria que se realice para una repetición de la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28 de la Constitución Política de la República.”.

5) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 11, por los siguientes:

“El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante notario por ciudadanos con derecho a sufragio que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político legalmente constituido o en formación, y cuyos domicilios electorales registrados en el Registro Electoral correspondan al distrito o circunscripción senatorial, según se trate de elecciones de Diputados o Senadores. Será notario competente cualquiera del respectivo territorio.

La nómina de patrocinantes deberá señalar en su encabezamiento el nombre del candidato y el acto electoral de que se trate. A continuación, deberá dejarse expresa constancia del juramento a que se refiere el inciso anterior y de los siguientes antecedentes: primera columna, numeración correlativa de todos los ciudadanos que la suscriban; segunda columna, sus apellidos y nombres completos; tercera columna, número de la cédula nacional de identidad; cuarta columna, indicación de su domicilio electoral, con mención de la comuna; quinta columna, firma del elector o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.”.

6) Reemplázase, en el artículo 13, la expresión “inscritos en cualquier parte del territorio nacional”, por “habilitados para ejercer el derecho a sufragio”.

7) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- El Consejo del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo para declaración de candidaturas, deberá aceptarlas o rechazarlas. Para tal efecto dictará las resoluciones respectivas que se publicarán dentro de tercer día en el Diario Oficial.

El Consejo del Servicio Electoral deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 25, 48 y 50 de la Constitución Política de la República, o que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 57 de la Constitución. Asimismo, rechazará las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los Párrafos 1° a 3° de este Título.”.

8) Agrégase, en el artículo 19, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los incisos segundo y tercero, a ser tercero y cuarto, respectivamente:

“Si el rechazo de la candidatura por parte del Servicio Electoral, conforme al artículo 17, se hubiere fundado en no ser el candidato declarado ciudadano con derecho a sufragio, y el fallo del Tribunal hubiere ordenado su inscripción como candidato, el Servicio Electoral deberá también incorporar al candidato dentro del Padrón de Electores. Si, por el contrario, el Tribunal rechazare una candidatura aceptada por el Servicio Electoral, al considerar que el candidato no es ciudadano con derecho a sufragio, el Servicio Electoral deberá excluir al candidato del Padrón de Electores.”.

9) Derógase el artículo 21.

10) Suprímese, en el inciso primero del artículo 27, la expresión “Director del”.

11) Modifícase el artículo 29, del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“El Servicio Electoral entregará a los partidos políticos, a los pactos electorales y a los candidatos independientes, el número de facsímiles de las cédulas con las cuales se sufragará que determine el Servicio. La entrega se hará dentro del plazo señalado en el inciso anterior.”.

b) Elimínase el inciso tercero.

12) Derógase el artículo 34.

13) Reemplázase el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- El Servicio Electoral podrá fusionar aquellas mesas receptoras de sufragios que tengan menos de ciento setenta y cinco electores habilitados para votar al momento de determinarse el Padrón Electoral, con una o más mesas receptoras de sufragio de la misma circunscripción electoral, con el objeto de que funcionen conjuntamente como si fueran una sola mesa, siempre que el resultado de dicha fusión no signifique que la mesa resultante supere el número de trescientos cincuenta electores habilitados para votar.

En este caso existirá un solo padrón de la mesa fusionada y se ordenará alfabéticamente.

La nueva mesa se identificará con los números de las mesas que se fusionaron, separados por guiones.”.

14) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

“Artículo 38.- Cada Mesa Receptora de Sufragios se compondrá de cinco vocales elegidos de entre los inscritos en el Padrón de Mesa respectivo.”.

15) Reemplázase, en el artículo 39, la frase “la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, por la siguiente: “el Título XII de la presente ley”.

16) Modifícase el artículo 40, del modo siguiente:

a) En el inciso primero, intercálase, a continuación de la expresión “representación popular;”, lo siguiente: “las personas a cargo de los trabajos electorales que señala el artículo 7° de esta ley;”, y sustitúyese la frase “los jueces letrados y los de Policía Local”, por la que sigue: “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local;”.

b) Reemplázase el inciso segundo, por el siguiente:

“Si por las causales anteriores no fuere posible integrar la Mesa, se constituirá con ciudadanos que figuren en los Padrones de Mesas correspondientes a mesas contiguas.”.

17) Sustitúyese el artículo 41, por el siguiente:

“Artículo 41.- Se designarán tres vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios con ocasión de la elección de diputados y senadores, y dos con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior si se trata de una mesa nueva, o si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiese cambiado de Circunscripción Electoral o hubiese perdido el derecho a sufragio.

Para proceder a la designación de vocales, a partir del cuadragésimo quinto día anterior a la elección, cada uno de los miembros de la Junta Electoral escogerá diez nombres, que deberán corresponder a diez ciudadanos con derecho a sufragio, que aparezcan en la nómina por mesa receptora de sufragio del Padrón Electoral con carácter de auditado, señalado en el artículo 32 de la ley N° 18.556, que el Servicio Electoral pondrá a disposición de la Junta. Si la Junta funcionare con dos miembros cada uno elegirá quince nombres.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que pueda presumirse más aptas para desempeñar las funciones de vocales de Mesas y a los que no hubiesen ejercido igual función durante los cuatro años anteriores.

Escogidos los nombres, la Junta Electoral procederá a confeccionar para cada Mesa Receptora una nómina en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al treinta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, a las catorce horas del trigésimo día anterior a la fecha de la elección o plebiscito, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros números, según corresponda, sirvan para individualizar en cada nómina a las personas que se desempeñarán como vocales de las Mesas Receptoras, y los siguientes, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como reemplazantes.”.

18) Elimínase, en el inciso primero del artículo 42, la expresión “comenzando por las de varones,”.

19) Reemplázase el inciso primero del artículo 43, por el siguiente:

“Artículo 43.- El Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina completa de los vocales designados para cada Mesa Receptora de la respectiva elección. Respecto de todos ellos se indicarán sólo los apellidos y sus dos primeros nombres, en un diario o periódico el vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito o, si ese día no circulare el periódico en que deba publicarse, en la primera ocasión posterior a esa fecha en que esto ocurra, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.”.

20) Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente:

“Artículo 47.- Los vocales designados por las Juntas Electorales para las Mesas Receptoras ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron designados. Con todo, los vocales designados por las Juntas Electorales a quienes corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

21) Incorpórase el siguiente artículo 47 bis:

“Artículo 47 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de vocal de Mesa Receptora de Sufragios, un bono equivalente a dos tercios de unidad de fomento, por cada acto electoral en el que participen.

Dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Este bono se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario, o bien, depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, los delegados de las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 77 de esta ley, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido efectivamente la función de vocales en el acto electoral respectivo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

22) Modifícase el artículo 49, de la siguiente forma:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer”, por “a las quince horas del”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“El Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria.”.

23) Reemplázase el inciso segundo del artículo 52, por el siguiente:

“El Secretario de la Junta Electoral requerirá de la Comandancia de Guarnición respectiva, a lo menos con sesenta días de anticipación a la audiencia, un informe sobre los locales estatales o privados que sean más adecuados para el expedito funcionamiento de las Mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención del orden público. Sin perjuicio de su informe escrito, el jefe aludido podrá, personalmente o representado por quien él designe, asistir a la audiencia de la Junta y proponer otros locales. La asignación de las Mesas que corresponderán a cada local se hará tratando de mantener, en la medida que ello sea posible, la misma asignación de las elecciones anteriores.”.

24) Sustitúyese el artículo 54, por el siguiente:

“Artículo 54.- A partir de las catorce horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito, en cada recinto de votación iniciará sus funciones una Oficina Electoral dependiente de la respectiva Junta Electoral, que estará a cargo de un Delegado que designará dicha Junta. Esta nominación, que se entenderá subsistente para el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, deberá recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras o Secretario Abogado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe. En ningún caso podrá recaer en funcionarios municipales o dependientes directa o indirectamente de Corporaciones Municipales. Estos delegados podrán hacerse asesorar por el personal necesario para el funcionamiento de la oficina, con cargo al Servicio Electoral y de acuerdo con las instrucciones que el Servicio imparta. Este personal percibirá un bono diario equivalente a media unidad de fomento.

El Delegado tendrá derecho a un bono total equivalente a cinco unidades de fomento por todas las tareas realizadas con ocasión de las elecciones y plebiscitos que se realicen en un mismo acto electoral. Se considerará para estos efectos como otro acto electoral, la segunda votación realizada, conforme al inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política.

A estos bonos le será aplicable lo señalado en el inciso segundo del artículo 47 bis.

Las Oficinas Electorales funcionarán no menos de cuatro horas durante el segundo día anterior a la elección o plebiscito; desde las nueve horas y hasta al menos las dieciocho horas el día anterior a la elección o plebiscito; y desde las siete horas y hasta completar todas sus funciones en el día de la elección o plebiscito.

Corresponderá al Delegado de la Junta Electoral, sin perjuicio de las demás tareas que señala esta ley:

1) Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio. Para estos efectos deberá contar con medios expeditos para la atención de las consultas de los electores de toda la Circunscripción Electoral, especialmente en lo relativo a su local de votación y su Mesa Receptora de Sufragios, o para señalar al elector su condición de estar inhabilitado para votar en la elección, mencionando la causal.

2) Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras y, cuando corresponda, designar a los reemplazantes de los vocales que no hubieren concurrido conforme al artículo 57.

3) Hacer entrega a los Comisarios de Mesa de los útiles electorales.

4) Instruir a los electores no videntes sobre el uso de la plantilla a que se refiere el artículo 28.

5) Recibir, terminada la votación, los útiles electorales empleados en las mesas y los sobres con las actas de escrutinio que debe entregar al día siguiente al Colegio Escrutador.

6) Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público.”.

25) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:

“Artículo 55.- El Servicio Electoral pondrá a disposición de la Oficinas Electorales, por intermedio de las Juntas Electorales, los útiles destinados a cada una de las Mesas Receptoras de Sufragios del respectivo local a lo menos el día anterior a la elección o plebiscito.

Para cada Mesa Receptora deberá considerarse el siguiente material:

1) El Padrón de Mesa con la nómina alfabética de los electores habilitados para votar en ella y los datos para identificarlos. Este padrón deberá disponer en la línea de cada elector de un espacio donde se estamparán las firmas o huellas dactiloscópicas de los electores que voten. Este espacio deberá ser de, por lo menos, tres centímetros de arriba a abajo por cada elector. Además deberá disponer de un espacio para anotar los números de las cédulas electorales. El Padrón de Mesa podrá estar dividido en dos secciones si así lo dispusiere el Servicio Electoral.

2) Dos ejemplares de la cartilla de instrucciones para uso de la Mesa Receptora de Sufragios, que elaborará el Servicio Electoral.

3) Las cédulas para la emisión de los sufragios en número igual al de los electores que deben sufragar, más un diez por ciento.

4) Cuatro lápices de grafito de color negro y dos lápices pasta de color azul.

5) Un tampón para huella dactilar.

6) Un formulario de acta de instalación.

7) Tres formularios de actas de escrutinio por cada elección o plebiscito y un cuarto de reemplazo en caso de que inutilicen alguno de los anteriores.

8) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Colegio Escrutador.

9) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Tribunal Calificador de Elecciones.

10) Cinco sobres por cada elección o plebiscito que se realice, para colocar las cédulas con que se sufrague. Uno de ellos llevará en su parte exterior la indicación “Votos escrutados no objetados”; otro, “Votos escrutados marcados y objetados”; otro, “Votos nulos y en blanco”; otro, “Talones de las cédulas emitidas”; y el quinto, “Cédulas no usadas o inutilizadas y talones y sellos adhesivos no usados”.

11) El sobre para colocar el Padrón de la Mesa.

12) El o los sobres para guardar el resto de los útiles usados.

13) Formularios de recibos de los útiles electorales y de las actas, que deban entregarse al Delegado de la Junta.

14) Un formulario de minuta del resultado del escrutinio por cada elección o plebiscito.

15) Un ejemplar de esta ley.

16) Sellos adhesivos.

En los padrones, formularios y sobres se deberá indicar la región y circunscripción, el número de Mesa correspondiente y el sello del Servicio Electoral. Los sobres llevarán, además, la indicación del objeto a que están destinados o de su destinatario.

En la misma oportunidad el Servicio Electoral remitirá, para uso de los Delegados de las Juntas Electorales, dos ejemplares del Padrón Electoral y de la Nómina de Electores Inhabilitados de toda la Circunscripción Electoral correspondiente y los formularios de recibo de los útiles electorales por parte de los Comisarios.”.

26) Sustitúyese el artículo 57, por el siguiente:

“Artículo 57.- A las ocho horas de la mañana del día fijado para la elección o plebiscito se reunirán, en los locales designados para su funcionamiento, los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios.

Las Mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales.

Los vocales asistentes que no se encontraren en número suficiente para el funcionamiento de las respectiva Mesa darán aviso inmediato al Delegado de la Junta Electoral.

A partir de las nueve horas el Delegado procederá a designar los vocales que faltaren hasta completar sólo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto. Deberá preferir a los electores que voluntariamente se ofrezcan, en el orden en que se presenten. A falta de éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario. El Delegado deberá haber constituido todas las mesas, a más tardar, a las diez horas.

Integrada la mesa, los vocales originalmente designados podrán incorporarse a ella, en orden de presentación, hasta completar el máximo de cinco, sin que puedan reemplazar a los vocales designados en virtud del inciso anterior y siempre que ello ocurra con anterioridad a las once horas. Del hecho de las incorporaciones y de su hora se dejará constancia en el acta de instalación.

En ningún caso las Mesas podrán integrarse pasadas las doce horas.”.

27) Modifícase el artículo 58, de la siguiente forma:

a) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “el o los Registros”, por “el Padrón de Mesa”.

b) Elimínanse los incisos tercero y cuarto.

28) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 59, después de la expresión inicial “Cumplidos los trámites anteriores,”, la frase “y nunca antes de las ocho de la mañana,”.

29) Sustitúyese el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- Son electores, para los efectos de esta ley, los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los Padrones de Mesa y que tengan cumplidos dieciocho años de edad el día de la votación.

El elector que concurra a votar deberá hacerlo para todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral.”.

30) Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 61, la siguiente oración final: “En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa Receptora de Sufragios, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.”.

31) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

“Artículo 62.- El elector chileno entregará al Presidente su cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero su cédula de identidad para extranjeros. Dichos documentos deberán estar vigentes. Ningún certificado u otros documentos podrán reemplazar a los anteriores.

Una vez comprobada la identidad del elector, la vigencia de su cédula de identidad o de su pasaporte, y el hecho de estar habilitado para sufragar en la Mesa, el elector firmará en la línea que le corresponda en el Padrón Electoral de la Mesa o, si no pudiere hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo pulgar derecho, o en su defecto cualquier otro dedo, de lo que el Presidente dejará constancia al lado de la huella. De la falta de este requisito se dejará constancia en el acta, aceptándose que el elector sufrague.”.

32) Reemplázase el inciso primero del artículo 63, por el siguiente:

“Artículo 63.- Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del Padrón de Mesa y la identidad del elector, se recabará la intervención del experto de identificación que habrá en cada local de votación. El experto hará que el elector estampe su huella dactilar derecha al lado de su firma y la cotejará con la estampada en su cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros.”.

33) Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 64, la expresión “respectivo cuaderno de firmas”, por “Padrón de la Mesa”, y la palabra “votación” por “elección”.

34) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

“Artículo 66.- Después de haber sufragado y depositadas las cédulas en la urna, se procederá a devolver al elector su cédula nacional de identidad, el pasaporte o su cédula de identidad para extranjeros, según corresponda.”.

35) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 67, la expresión “numérico de sus inscripciones”, por “alfabético en el Padrón de Mesa”.

36) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

“Artículo 68.- A las dieciocho horas del día de la elección, y siempre que no hubiere algún elector que deseare sufragar, el Presidente declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación.

Efectuada la declaración de cierre, el Secretario o el vocal en su caso, escribirá en el Padrón de la Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión “no votó” respecto de los electores que no hubiesen sufragado.”.

37) Modifícase el artículo 71, del modo que sigue:

a) Sustitúyese el numeral 1), por el siguiente:

“1) El Presidente contará el número de electores que hayan sufragado según el Padrón de la Mesa y el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas para cada elección o para el plebiscito;”.

b) Reemplázase el numeral 5), por el que sigue:

“5) Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas. La Mesa dejará constancia al dorso de ellas del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión.

Se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta señalada en el artículo 65, y las que tengan, además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquellas emitidas con una preferencia pero sin los dobleces correctos. Estas cédulas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen.

Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas;”.

c) Sustitúyese el numeral 6), por el siguiente:

“6) Tratándose de una elección de Presidente de la República y de Parlamentarios, se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.

En los plebiscitos se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión.

Las operaciones se practicarán por el Presidente, por el Secretario y demás vocales;”.

d) Reemplázase el numeral 7), por el que sigue:

“7) Terminado el escrutinio se llenará la minuta con los resultados, y será firmada por los vocales colocándose en un lugar visible de la mesa, y”.

e) Sustitúyese el numeral 8), por el siguiente:

“8) Los vocales, apoderados y candidatos tendrán derecho a exigir que se les certifique, por el Presidente y el Secretario, copia del resultado, lo que se hará una vez terminada las actas de escrutinio.”.

38) Reemplázase el artículo 72, por el siguiente:

“Artículo 72.- Inmediatamente después de practicado cada escrutinio, y en el mismo lugar en que hubiere funcionado la Mesa Receptora, se levantarán actas del escrutinio, estampándose separadamente, en letras y en cifras, el número de sufragios que hubiere obtenido cada candidato o cada una de las proposiciones de la cédula para plebiscito, en su caso.

Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio y de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio que deseen hacer constar los vocales y apoderados, sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación, bajo las penas que esta ley señala. Se dejará especial testimonio en el acta del cumplimiento de las exigencias del artículo 71.

El acta de escrutinio se escribirá en tres ejemplares idénticos, los que tendrán para todos los efectos legales el carácter de copias fidedignas, serán firmadas por todos los vocales y los apoderados que lo deseen.

El primer ejemplar del acta quedará en poder del Secretario de la Mesa en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales, por el lado del cierre, para su remisión al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, y dejándose testimonio, en letras, en la cubierta del sobre, de la hora en que el Secretario lo hubiere recibido.

El segundo ejemplar del acta se entregará por el Presidente de la Mesa al Delegado de la Junta Electoral, en sobre dirigido al Colegio Escrutador, cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre, para que lo presente al Colegio en la oportunidad señalada en el artículo 86. El Delegado entregará recibo de su recepción.

El tercer ejemplar del acta, inmediatamente después de llenada, y antes de practicar el escrutinio de otra elección, se entregará por el Comisario de la Mesa a la persona dispuesta por el Servicio Electoral de la Oficina Electoral del local a que se refiere el artículo 76 bis, en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre. Se entregará recibo de su recepción.

Si en el local de votación se contare con facilidades de fotocopia, se procederá a llenar un solo ejemplar del acta y, antes de su firma por los vocales, el Comisario de la Mesa concurrirá al lugar de fotocopia, obteniendo las otras dos copias y las copias necesarias para entregar a todos los apoderados que la hubieran solicitado. Después regresará a la mesa, donde se procederá a firmar el original y las copias por los vocales y apoderados que lo deseen con tinta o lápiz a pasta de color azul, cerciorándose de que sean idénticas al original. Posteriormente, se procederá a su ensobrado y distribución conforme a los incisos anteriores, debiendo destinarse el original al sobre que el Secretario de la Mesa remitirá al Tribunal Calificador de Elecciones.”.

39) Reemplázase el artículo 73, por el siguiente:

“Artículo 73.- Después de practicado cada escrutinio y llenado de las actas conforme al artículo anterior, el Presidente pondrá las cédulas escrutadas con las que se hubiere sufragado en la elección o el plebiscito, separando las cédulas escrutadas y no objetadas, las escrutadas marcadas y objetadas, los votos nulos y en blanco, las cédulas no usadas o inutilizadas, los talones desprendidos de las cédulas emitidas y los talones y sellos adhesivos no utilizados, dentro de los sobres especiales destinados a cada efecto.

En el sobre caratulado "Votos escrutados no objetados" se colocarán aquellas cédulas que, emitidas correctamente conforme al artículo 65, no se encuentran en las situaciones señaladas en el número 5) del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos nulos y en blanco" se colocarán aquellas cédulas que, a juicio de la mayoría de la Mesa, se encuentren en cualquiera de los casos señalados en los párrafos primero y tercero del número 5) del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos escrutados marcados y objetados" se colocarán aquellas cédulas consideradas marcadas conforme al párrafo segundo del número 5) del artículo 71, contra las cuales se hayan formulado objeciones, que consten en el acta respectiva.

Se pondrá, además, dentro del respectivo sobre, el Padrón de Mesa empleado en la votación de la Mesa.

Los sobres se cerrarán, sellarán y firmarán, por el lado del cierre, por todos los vocales y por los apoderados que quisieren.”.

40) Sustitúyese el artículo 75, por el siguiente:

“Artículo 75.- Completados todos los escrutinios, llenadas las actas y ensobrados los votos, se hará un paquete en que se pondrán los sobres de los votos a que se refiere el artículo 73, el acta de instalación y los demás útiles usados en la votación.

El paquete será cerrado y sellado. En su cubierta se anotará la hora y se firmará por todos los vocales y los apoderados que lo desearen. Luego, se dejará en poder del Comisario.”.

41) Agrégase el siguiente artículo 76 bis:

“Artículo 76 bis.- La persona que disponga el Servicio Electoral se instalará en la Oficina Electoral del local de votación y procederá a recibir los ejemplares del acta señalados en el inciso sexto del artículo 72, cuyos datos procederá a incorporar al sistema computacional en la forma que disponga el Servicio Electoral, en conformidad al artículo 175 bis.

Los apoderados acreditados ante la Oficina Electoral del Local Votación podrán estar presentes y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso o transmisión de los datos que ellas contengan.”.

42) Agrégase, en el artículo 77, el siguiente inciso final:

“El Delegado de la Junta Electoral deberá concurrir personalmente al inicio de la sesión que se señala en el artículo 86, del Colegio Escrutador que corresponda, con objeto de hacer entrega personalmente de los sobres cerrados y dirigidos al Colegio Escrutador que contengan las actas de escrutinios de las mesas de votación del Local donde ejerció su función.”.

43) Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 80, la palabra “Director” por “Consejo”, el vocablo “veinte” por “cuarenta y cinco”, y la frase “o, dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito”, por “o plebiscito”.

44) Reemplázase el artículo 81, por el siguiente:

“Artículo 81.- Cada Colegio estará compuesto de seis miembros titulares e igual número de suplentes, designados por las respectivas Juntas Electorales, en conformidad a los artículos siguientes.

Se designarán tres miembros con ocasión de la elección de diputados y senadores, y tres con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior si alguno de los designados para elecciones anteriores, que deba continuar ejerciendo esta función, se hubiese cambiado de Circunscripción Electoral a una que no deba escrutar el Colegio o hubiese perdido el derecho a sufragio.

No podrán ser designados como miembros de los Colegios Escrutadores las personas señaladas en el inciso primero del artículo 40, ni aquéllas que hubiesen sido designadas como vocales de mesas receptoras de sufragios para la misma elección de que se trate.”.

45) Sustitúyese el artículo 82, por el siguiente:

“Artículo 82.- Para proceder a la designación de los miembros de los Colegios Escrutadores, cada uno de los miembros de la Junta Electoral respectiva escogerá veinte nombres, que deberán corresponder a veinte ciudadanos inscritos en las mesas que corresponda escrutar al Colegio respectivo. Si la Junta funcionare con dos miembros, elegirán treinta cada uno de ellos.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que pueda presumirse más aptas para desempeñar las funciones de miembro del Colegio Escrutador, cuyo domicilio electoral corresponda a la localidad donde sesionará el Colegio Escrutador, y que no hubieren sido seleccionadas para vocales de mesas en la misma elección.

A continuación, la Junta Electoral procederá a confeccionar una nómina para cada Colegio Escrutador que le corresponda designar, en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al sesenta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, inmediatamente designados los vocales de las respectivas Mesas Receptoras de Sufragios, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros seis números sirvan para individualizar, en cada nómina, a las personas que se desempeñarán como miembros de los Colegios Escrutadores, y los siguientes seis, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como suplentes.

La Junta Electoral formará un libro con las nóminas alfabéticas firmadas por todos sus miembros, debidamente foliadas y con indicación del Colegio a que corresponda, el que se entenderá como parte integrante del acta del sorteo. Este libro será público y se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.

En todo caso, las nóminas deberán encontrarse en el local donde se efectúe el sorteo respectivo.”.

46) Reemplázase el artículo 83, por el siguiente:

“Artículo 83.- El Secretario de la Junta Electoral publicará el acta de lo obrado, incluyendo las nóminas de los miembros designados para cada Colegio Escrutador, respecto de quienes se indicarán sólo los apellidos y sus dos primeros nombres, en la forma establecida en el artículo 43 de esta ley, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.

Dentro del mismo plazo comunicará su nombramiento por carta certificada a los miembros designados, indicando la fecha, hora y lugar en que el Colegio Escrutador funcionará, y el nombre de los demás integrantes. El encargado de la oficina de correos deberá otorgar recibo circunstanciado de los avisos que se entregaren.”.

47) Incorpórase el siguiente artículo 83 bis:

“Artículo 83 bis.- Cualquier miembro de los Colegios Escrutadores podrá excusarse de desempeñar el cargo, en los plazos y formas y por las causales establecidas en el artículo 44.

En el mismo plazo cualquier persona podrá solicitar la exclusión del o los miembros de un Colegio Escrutador que estuvieren afectados por alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el artículo 81.

Para los efectos de conocer y resolver las excusas que se presentaren y reemplazar a los miembros cuya excusa o exclusión hubiere sido acordada por la Junta Electoral, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de esta ley.”.

48) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 84, la palabra “Director” por “Consejo”.

49) Reemplázase el artículo 85, por el siguiente:

“Artículo 85.- Los miembros de los Colegios Escrutadores ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los miembros sorteados por las Juntas Electorales a quienes corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

50) Incorpórase el siguiente artículo 85 bis:

“Artículo 85 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de miembro de los Colegios Escrutadores y de Secretario de Colegio Escrutador, un bono equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral.

Dicha cantidad no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecta a descuento alguno.

Esta cantidad se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándola en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, las Juntas Electorales que correspondan deberán remitir a la Tesorería General de la República, dentro de los dos días siguientes al término de la función de los Colegios Escrutadores, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la funciones respectivas en dicho organismo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

51) Sustitúyese el artículo 86, por el siguiente:

“Artículo 86.- A las catorce horas del día siguiente a la elección o plebiscito, el Colegio Escrutador se reunirá con, al menos, tres de sus miembros, en el lugar que hubiere designado la Junta Electoral correspondiente, bajo la presidencia provisional del Secretario del Colegio, nombrado de conformidad al artículo 84. Reunido el número requerido, se procederá a sortear de entre los miembros presentes un Presidente.

Al inicio de la sesión, los delegados de las Juntas Electorales deberán entregar al Secretario los sobres sellados que contengan las actas de escrutinios de las Mesas Receptoras que hubieren funcionado en su respectivo local de votación. Éste se cerciorará del estado de los sellos y de las firmas y otorgará el recibo correspondiente, en original y copia. El Delegado conservará el original y la copia la remitirá al Secretario de la Junta Electoral.

Inmediatamente, el Presidente declarará constituido el Colegio, levantándose un acta en que se dejará constancia de los siguientes hechos y circunstancias: a) individualización del Colegio, expresándose la correspondiente región, provincia, comuna y circunscripción; b) el local de su funcionamiento; c) las Mesas que debe escrutar; d) nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; e) el día y hora de la constitución del Colegio, y f) la nómina de los miembros del Colegio que no hubieren asistido a la reunión. El acta se extenderá en el Libro de Actas correspondiente y será firmada por los miembros del Colegio y el Secretario, quien deberá remitirla, para los efectos de las ausencias injustificadas, al Juzgado de Policía Local correspondiente.”.

52) Reemplázase el artículo 87, por el siguiente:

“Artículo 87.- El Colegio Escrutador, en audiencia pública, procederá con la ayuda de un sistema computacional, a registrar y sumar el número de votos obtenidos por cada candidato en las mesas que debe escrutar y, además, en el caso de elecciones de Parlamentarios, a sumar los votos obtenidos por cada lista de candidatos, de acuerdo con el procedimiento del artículo 88 de esta ley y, una vez concluido éste, se extenderá el acta y el cuadro a que se refiere dicha norma.

Para efectos de lo anterior, el Servicio Electoral dotará a cada Colegio Escrutador de computador con su respectiva impresora y de un software o sistema que permita realizar el ingreso o revisión de los resultados por mesa y candidato, que proceda a realizar las sumas y emita los cuadros y actas a que se refiere el artículo 89. Además, deberá proveer de una manual para el uso de este equipo y su software.

El sistema computacional señalado en los incisos anteriores deberá tener ya registrados los resultados de cada candidato por Mesa Receptora de Sufragios, que se hubieren ingresado a los sistemas del Servicio Electoral, conforme al artículo 76 bis.”.

53) Sustitúyese el artículo 88, por el que sigue:

“Artículo 88.- El Presidente leerá el acta de la Mesa en alta voz, debiendo el Secretario comprobar los resultados por candidato con los datos ya ingresados al sistema computacional, pudiendo corregirlos, modificarlos o completarlos si ellos faltaren. Los demás miembros del Colegio y los apoderados podrán comprobar la exactitud de la lectura con los datos que en definitiva queden registrados en el sistema. Cada uno de los miembros y apoderados podrán a su vez tomar nota separadamente del resultado de las actas a medida que sean leídas, con el objeto de verificar los datos ingresados y las sumas de los votos obtenidos por cada candidato y lista cuando corresponda.

Si faltaren actas de Mesas que hubieren funcionado el día de la elección, se dejará constancia expresa en el acta que dichas Mesas no fueron escrutadas por el Colegio. Si respecto de esas Mesas el sistema computacional tuviere registrado sus resultados de acuerdo al ingreso de datos efectuado conforme al artículo 76 bis, se dejará constancia que dichos resultados no fueron revisados por el Colegio, por carecer de un ejemplar del acta.

Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias entre la suma real de los votos de cada candidato, los nulos y blancos y los totales indicados en las actas, se ingresaran igual al sistema los datos que existan, dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los errores que se hubieren detectado.

Terminada la lectura y el ingreso de resultados al sistema computacional se obtendrá de este último, en forma provisoria, un cuadro de resultados, que contendrá para cada Mesa los votos obtenidos por cada candidato y por lista, si correspondiere, además de los votos nulos y blancos y el total de votos escrutados de la Mesa. Este cuadro contendrá también la suma total de votos del Colegio por cada candidato, y lista si correspondiere, además de la suma total de votos blancos y nulos y total de votos escrutados. El cuadro provisorio se emitirá con el número de copias que sea necesario para que los miembros del Colegio y los apoderados puedan revisar los datos ingresados y las sumas, a objeto de que puedan sugerir correcciones cuando consideren que existen errores.

Se efectuarán las correcciones que acuerde la unanimidad de los miembros del Colegio, así como las que acuerde la mayoría de los miembros del Colegio cuando haya discrepancias respecto del valor correcto de un resultado ingresado, resolviendo el Secretario en caso de empate. En todo caso, se deberá dejar siempre constancia detallada en el acta de la discrepancia surgida, como también de las correcciones u observaciones requeridas por los apoderados y que el Colegio no haya considerado.”.

54) Reemplázase el artículo 89, por el siguiente:

“Artículo 89.- Terminada la revisión y resueltas las discrepancias señaladas en el artículo anterior, se obtendrá del sistema computacional el cuadro de resultados definitivo del Colegio, en tres ejemplares.

Deberá levantarse un acta donde se harán constar los siguientes hechos o circunstancias:

a) El día y la hora del término de su labor.

b) Las cifras totales, en número y letras, alcanzadas por los candidatos y por las listas de candidatos en el caso de elecciones Parlamentarias.

c) La cantidad de votos nulos y en blanco emitidos dentro de su territorio jurisdiccional y la circunstancia de haberse practicado la agregación a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente.

d) Los reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento observado al hacerse la operación.

e) Un detalle de las mesas que el Colegio no pudo escrutar o no pudo revisar por no haber recibido la correspondiente acta de escrutinio.

f) Un detalle de las mesas donde existen desigualdades en el acta entre los totales que ellos muestran y las suma de los votos por candidatos más los nulos y blancos.

g) Todos los demás que determine esta ley o el Colegio.”.

55) Sustitúyese el inciso primero del artículo 94, por el siguiente:

“Artículo 94.- El Secretario del Colegio Electoral deberá obtener del sistema computacional y hacer entrega de un copia certificada por él, del cuadro de resultados definitivo y del acta, a todos los apoderados y candidatos que lo soliciten.”.

56) Reemplázase el artículo 95, por el que se indica a continuación:

“Artículo 95.- El Servicio Electoral deberá dar a conocer los resultados de los escrutinios practicados por los Colegios Escrutadores a medida que vaya disponiendo de ellos.

Para estos efectos, el Director del Servicio Electoral abrirá el sobre con el acta y cuadro que hubiere recibido del Presidente de cada Colegio Escrutador, comprobará las exactitud de dichos resultados con los contenidos en el sistema computacional, efectuará las correcciones que fueren necesarias para que los resultados del sistema computacional se ajusten al acta y cuadro, y procederá a liberar su información en los términos señalados en el inciso siguiente.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de los Colegios Escrutadores. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos y los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito, podrán también disponer de esos mismos resultados en medios magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo deberán señalar su condición de provisorios y sujetos al escrutinio general de los Tribunales que correspondan.”.

57) Reemplázanse, en el inciso primero del artículo 96, la expresión “, y” que sigue a las palabras “de Mesas”, por un punto y coma (;), y el punto final (.) por “, y”, y agrégase, a continuación, como letra f), nueva, la siguiente:

“f) La utilización de un Padrón Electoral incorrecto, que contenga omisiones de inscritos o electores con derecho a sufragio, inhabilidades mal aplicadas, errores en el domicilio electoral, en la correspondiente circunscripción electoral y en los demás datos del padrón.”.

58) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 97, por los siguientes:

“Artículo 97.- Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios cuando, en su opinión, se haya incurrido en omisiones, calificación errada de los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco por parte de la Mesa, errores en las actas de escrutinios, en sus sumas y totales, diferencias entre las actas o entre ellas y los certificados de escrutinios entregados a los apoderados, resultados mal imputados por los Colegios Escrutadores o en errores aritméticos.

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones o plebiscitos se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, debiendo acompañarse en el mismo acto los antecedentes en que se funde. Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones que tengan relación con las Mesas de dicho Colegio Escrutador se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.”.

59) Sustitúyese el artículo 99 bis, por el siguiente:

“Artículo 99 bis.- Tratándose de la elección de Presidente de la República las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección, acompañándose en el mismo acto los antecedentes en que aquéllas se fundaren.

Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones que tengan relación con las Mesas de dicho Colegio Escrutador se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.

Dentro del plazo fatal de dos días, contado desde la fecha del respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el Tribunal las informaciones y contrainformaciones que se produzcan. El Tribunal conocerá, adoptará las medidas para mejor resolver y emitirá su fallo dentro del plazo señalado por el artículo 27 de la Constitución Política de la República. En todo caso, dicho fallo no será susceptible de recurso alguno y su notificación se practicará por el Estado Diario.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal deberá además dar cumplimiento a las normas establecidas en el Título V de la presente ley, en lo que fuere pertinente.”.

60) Agrégase el siguiente artículo 101 bis:

“Artículo 101 bis.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición del Tribunal los resultados de los Colegios Escrutadores, en formato digital, que sirvieron para generar los cuadros de resultados conforme al inciso primero del artículo 89, los que en todo caso deberán ser concordantes con los cuadros remitidos al Tribunal en virtud de lo señalado en el artículo 91.”.

61) Reemplázase el artículo 103, por el siguiente:

“Artículo 103.- Para practicar el escrutinio general el Tribunal se apoyará en equipos y sistemas computacionales, debiendo resolver las solicitudes de rectificaciones conjuntamente con el escrutinio y observando las siguientes reglas:

1) Todas las sesiones del Tribunal que tengan por objeto practicar el escrutinio general o el escrutinio de alguna Mesa en particular serán públicas. A ellas podrán asistir los candidatos y hasta dos apoderados, designados al efecto por cada uno de los partidos políticos y por los candidatos independientes que hayan participado en la elección o plebiscito.

2) Si no se dispusiere del acta y cuadro de uno o más Colegios Escrutadores, el Tribunal requerirá del Servicio Electoral la remisión de todas las actas y cuadros que faltaren y que obren en su poder y procederá a completar el escrutinio general.

3) Respecto de todas aquellas Mesas cuyos resultados estén contenidos en los cuadros de resultados de los Colegios Escrutadores que no hayan sido objeto de observaciones o discrepancias según el acta del mismo Colegio, ni hayan sido objeto de una reclamación o de una solicitud de rectificación, y siempre que sean concordantes con resultados contenidos en las actas de las Mesas remitidas al Tribunal, se practicará el escrutinio general en base a los resultados de dichos cuadros sin más trámite. Para establecer la concordancia podrán usarse sistemas computacionales.

4) Si algún Colegio hubiere dejado de escrutar una o más actas de Mesas, ya sea por no haber conseguido las actas o porque aquéllas contuvieren errores u omisiones que impidieren conocer el resultado real y completo de la Mesa, el Tribunal recurrirá al ejemplar del acta de la Mesa que le fue remitida, y procederá a completar el escrutinio.

5) Si, con todo, no fuere posible contar con uno de los ejemplares del acta de las Mesas no escrutadas por el Colegio Escrutador, el Tribunal practicará el escrutinio de la Mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

6) En relación a las Mesas que hayan sido objeto sólo de reclamaciones de nulidad, el Tribunal considerará provisoriamente su resultado, según el cuadro del Colegio Escrutador, a objeto de completar el escrutinio general y en espera de lo que resuelva posteriormente, según lo señalado en los artículos siguientes.

7) En relación a las Mesas que hayan sido objeto de observaciones, discrepancias o desigualdades, según el acta del Colegio Escrutador, o que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, el Tribunal procederá a revisar todos los antecedentes que obren en su poder o hayan sido presentados por los requirentes, y cotejará al menos dos ejemplares del acta de escrutinio para poder resolver la rectificación solicitada y los resultados de la Mesa, pudiendo, en caso de que lo considere necesario, proceder a practicar el escrutinio de la Mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

8) En relación a las Mesas del número anterior y en el caso de que existieran discrepancias entre los resultados de al menos dos ejemplares del acta de escrutinio, o discrepancia entre las actas de escrutinio y un certificado de escrutinio emitido por el Presidente o Secretario de la misma, en virtud del número 8) del artículo 71 de esta ley, que haya sido presentado en una rectificación al Tribunal, este procederá a resolver la solicitud de rectificación, practicando el escrutinio de la Mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

9) En relación a las Mesas del número 7) precedente, que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación fundamentada en una mala calificación de los votos que la Mesa consideró válidos, nulos o blancos, o que hayan sido equivocadamente asignados a otro candidato, o que siendo considerados como marcados no hayan sido contabilizados para el candidato de la preferencia, y que de estos hechos algún apoderado de Mesa o vocal haya dejado observación o constancia en el acta de la Mesa, o haya sido impedido por la Mesa de hacerlo, el Tribunal deberá proceder a resolver la solicitud de rectificación practicando el escrutinio de la Mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral. Lo anterior procederá siempre y cuando la revisión de la totalidad de los votos alegados de todas las Mesas sujetas de rectificación pudieren dar lugar a la elección de un candidato distinto o de una opción diferente a la que arrojan los resultados del escrutinio, de no ser revisados estos votos.”.

62) Agrégase, en el artículo 110, el siguiente inciso final:

“Los encargados del orden público se constituirán en los locales de votación a partir de las 14 horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito.”.

63) Modifícase el artículo 115, de la siguiente forma:

a) Elimínase, en el inciso primero, la expresión “de la respectiva localidad”.

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“Cualquier local público o privado en el cual se realicen actividades de propaganda o se desarrollen reuniones de carácter electoral durante el período indicado, salvo las señaladas en el artículo 158, será clausurado por la fuerza encargada del orden público, hasta dos horas después de haberse cerrado la votación.”.

64) Reemplázase el artículo 116, por el que sigue:

“Artículo 116.- El día de una elección o plebiscito, hasta dos horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que éstos podrían afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

El día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose sólo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos.

La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringiere esta disposición.”.

65) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 117, la expresión “deberán” por “podrán”.

66) Reemplázanse los números 3) y 6) del artículo 132, por los siguientes:

“3) Admitir el sufragio de personas que no aparezcan en el padrón de la Mesa o que no exhiban su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros vigentes según corresponda;”.

“6) Impedir la presencia de algún apoderado o miembro de la Mesa, sin perjuicio de lo señalado en el inciso quinto del artículo 57;”.

67) Sustitúyense los números 4) y 8) del artículo 136, por los siguientes:

“4) El que falsificare, sustrajere, ocultare o destruyere algún Padrón de Mesa, acta de escrutinio o cédula electoral;”.

“8) El que impidiere a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar por medios violentos, amenazas o privándolo de su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros, y”.

68) Sustitúyese el artículo 139, por el siguiente:

“Artículo 139.- Quienes perciban maliciosamente los bonos a que se refieren los artículos 47 bis y 85 bis, sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio del reintegro de las sumas percibidas indebidamente.”.

69) Elimínase, en el artículo 140, la expresión “, para no sufragar”.

70) Reemplázase el artículo 153, por el siguiente:

“Artículo 153.- Terminado el proceso de calificación de una elección o plebiscito, el Director del Servicio Electoral denunciará, ante los jueces de Policía Local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral, a los miembros de las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece esta ley.”.

71) Sustitúyese el artículo 158, por el que se indica a continuación:

“Artículo 158.- Las sedes oficiales de los partidos políticos y de los candidatos, en su caso, podrán funcionar aún en el día de la elección, especialmente para efectos de atender, preparar y distribuir a los apoderados y entregarles su materiales y recibir copias de las actas de escrutinios. También podrán seguir los escrutinios conforme al artículo 175 bis, sin que les sea permitido realizar propaganda electoral o política, atender electores o realizar reuniones de carácter político antes del cierre de las mesas de votación.”.

72) Reemplázase el artículo 159, por el siguiente:

“Artículo 159.- Los candidatos a Presidente de la República, los partidos que participen en una elección y los candidatos independientes, podrán designar un apoderado con derecho a voz, pero sin voto, para que asista a las actuaciones que establece esta ley de las respectivas Juntas Electorales, Mesas Receptoras de Sufragios, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales que funcionen en los locales de votación, Tribunales Electorales Regionales y Tribunal Calificador de Elecciones. El mismo derecho tendrán los partidos políticos y los parlamentarios independientes en los plebiscitos nacionales. Tratándose de plebiscitos comunales, este derecho sólo corresponderá a las organizaciones comunitarias y actividades relevantes de la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Podrá designarse también un Apoderado General titular y uno suplente por cada recinto o local de votación en que funcionaren Mesas Receptoras de Sufragios, para la atención de los apoderados de Mesas.

Servirá de título suficiente para los apoderados generales de local, titular o suplente, así como para los apoderados ante las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Tribunales Electorales y Tribunal Calificador de Elecciones, el nombramiento mediante un poder autorizado ante notario que se les otorgue por los encargados electorales a que se refiere el artículo 7°. En el caso de los apoderados de Mesa y los apoderados ante la Oficina Electoral del local de votación, servirá de título suficiente un poder simple otorgado por un apoderado general, sea titular o suplente, que esté presente en el local de votación.

En el nombramiento deberá indicarse los nombres y apellidos y la cédula nacional de identidad del apoderado, el candidato o partido que representa, y la Junta, Mesa, Local, Colegio, Oficina Electoral o Tribunal ante el cual se acredita. La omisión de cualquiera de esos antecedentes invalidará el nombramiento.

En los plebiscitos, los nombramientos de apoderados que corresponden a los encargados electorales del artículo 7°, serán efectuados por el Presidente y el Secretario del Consejo Regional del partido o por el parlamentario independiente, en su caso.”.

73) Sustitúyese el artículo 160, por el siguiente:

“Artículo 160.- Para ser designado apoderado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio y no haber sido condenado por delitos sancionados por esta ley o por cualquiera de las leyes que regulan el Sistema Electoral Público. Esta última condición se presumirá siempre existente mientras no se pruebe lo contrario ante el Presidente de la respectiva Junta, Mesa o Colegio.

Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Consejeros Regionales, Gobernadores y Alcaldes; los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local, los jefes superiores de Servicio y Secretarios Regionales Ministeriales; el Contralor General de la República ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en servicio activo. Tampoco podrán serlo los no videntes y los analfabetos.”.

74) Reemplázase el artículo 161, por el siguiente:

“Artículo 161.- Si dos o más ciudadanos exhibieren simultáneamente una designación de apoderado ante una misma Junta, Local de Votación, Colegio o Tribunal, se estimará válida la que tuviere fecha posterior. Si tuvieren la misma fecha, se preferirá a aquél de más edad. En el caso de apoderados de Mesa o ante la Oficinas Electorales se estará a lo que resuelva el apoderado general de local.”.

75) Sustitúyese el artículo 162, por el siguiente:

“Artículo 162.- Los apoderados generales de Local, de Mesa y ante la Oficina Electoral del Local, se identificarán con una credencial durante el día de la elección o plebiscito, que señale al candidato o partido que representan y que deberán portar a la vista, en el pecho. Podrán también contar con una carpeta para guardar su material de trabajo. El contenido, tamaño y formato de la credencial y carpeta serán regulados por resolución del Consejo del Servicio Electoral.

Los encargados electorales mencionados en el artículo 7° deberán someter ante el Servicio Electoral el formato de las carpetas y credenciales que usarán sus representados, dentro de los cuarenta y cinco días anteriores a la elección, para que sea aprobado o rechazado por el Servicio en un plazo no superior a los cinco días de presentado.

Los apoderados tendrán derecho a instalarse en los locales de votación o al lado de los miembros de las Mesas Receptoras, en las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales o Tribunales Electorales, observar los procedimientos, formular las objeciones que estimaren convenientes y, cuando corresponda, exigir que se deje constancia de ellas en las actas respectivas, verificar u objetar la identidad de los electores y, en general, tendrán derecho a todo lo que conduzca al buen desempeño de sus mandatos.

La Junta, Mesa o Colegio, deberá hacer constar en acta los hechos cuya anotación pida cualquier apoderado y no podrá denegar el testimonio por motivo alguno.”.

76) Deróganse los artículos 171, 171 bis y 173.

77) Reemplázase el artículo 174, por el siguiente:

“Artículo 174.- Las elecciones de Diputados y Senadores se harán conjuntamente pero en cédulas separadas, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquél en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado.”.

78) Sustitúyese el artículo 175, por el que sigue:

“Artículo 175.- El Director del Servicio Electoral deberá entregar a los partidos políticos y a los candidatos independientes, dentro de los treinta días contados desde la fecha del término de la calificación de una elección o plebiscito, el resultado completo de la elección, en medios magnéticos o digitales no encriptados. Deberán detallarse a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Al efecto, el Tribunal Calificador de Elecciones pondrá los referidos resultados a disposición del Director, dentro de los diez días siguientes al término de la calificación.”.

79) Reemplázase el artículo 175 bis, por el siguiente:

“Artículo 175 bis.- Con objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Servicio Electoral emitirá boletines y desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio.

Para estos efectos, el Servicio Electoral, en cada local de votación, acreditará una persona en la Oficina Electoral de dichos locales, que será responsable de recepcionar las copias del acta de las Mesas señalada en el inciso sexto del artículo 72, e incorporar los resultados al sistema computacional en los términos señalados en el artículo 76 bis.

Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitar una instalación eléctrica en la Oficina Electoral del Local de Votación. Además, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de las Intendencias y Gobernaciones respectivas, le otorgará las facilidades necesarias para asegurar el respaldo de los resultados y el traslado expedito de los mismos.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de la elección, a medida que se vayan ingresando al sistema computacional conforme al artículo 76 bis. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos, los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito y los medios de comunicación que lo soliciten al Servicio Electoral podrán también acceder a esos mismos resultados en archivos magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

El Servicio Electoral emitirá boletines parciales y final con los resultados de la elección o plebiscito.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno, debiendo señalar esta condición en sus informes o boletines.”.

80) Derógase el artículo 176.

81) Agrégase, a continuación del Título Final, que ha pasado a ser Título XI, el siguiente Título XII, nuevo:

“TÍTULO XII

DE LAS JUNTAS ELECTORALES

Artículo 182.- En cada provincia habrá una Junta Electoral que tendrá las funciones que esta ley y las demás leyes les encomienden.

Artículo 183.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral, por acuerdo de su Consejo, mediante resolución del Director y previo informe de la Junta respectiva, podrá crear temporal o permanentemente otras Juntas Electorales, cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población, la dificultad de comunicaciones o las distancias entre los diversos centros poblados.

La resolución designará a los integrantes de las nuevas Juntas Electorales, establecerá su territorio jurisdiccional y la localidad en que tendrán su sede. Dicha resolución se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva. En caso que no lo hubiere, la publicación se realizará en un periódico correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 184.- Las Juntas Electorales, en las provincias cuya capital sea asiento de Corte de Apelaciones, estarán integradas por el Fiscal Judicial de esta última, el Defensor Público de la capital de la provincia y el Conservador de Bienes Raíces de la misma. Actuará de Presidente el primero de los nombrados, y de Secretario, el último.

En las demás capitales de provincia, las Juntas se integrarán con el Defensor Público, el Notario Público y el Conservador de Bienes Raíces de ellas. Actuará de Presidente el primero de los nombrados, y de Secretario, el último.

Si hubiere más de uno de los funcionarios mencionados en los incisos precedentes, integrará la respectiva Junta el más antiguo de ellos en la categoría respectiva.

Los miembros de las Juntas Electorales serán permanentes y conservarán ese carácter en tanto desempeñen la función pública requerida para su designación.

Artículo 185.- Las Juntas Electorales que cree el Servicio Electoral de acuerdo con las normas del artículo 183 de esta ley se integrarán con el Defensor Público, un Notario y un Conservador de Bienes Raíces que tengan competencia en todo o parte del territorio jurisdiccional que se les asigne y, si hubiere más de uno de ellos, por los que tengan su oficio en la localidad en que tendrá su sede la respectiva Junta de acuerdo con su antigüedad en la categoría, excluidos los que deban integrar otras Juntas de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo anterior.

Si no hubiere alguno de los auxiliares de la administración de justicia señalados en el inciso anterior, la Junta Electoral se integrará con un Secretario del Juzgado de Letras, con otro Notario o con el Secretario Municipal de la Municipalidad que tenga asiento en la localidad sede de la Junta. Sin embargo, la falta de Conservador sólo podrá ser suplida por un Archivero Judicial o un Notario.

En estas Juntas actuará como Presidente el Defensor Público o, en su defecto, el miembro que designe el Servicio Electoral, y como Secretario, el Conservador de Bienes Raíces o, a falta de éste, el Archivero Judicial o el Notario que nomine el Servicio Electoral. La permanencia de sus miembros será la misma indicada en el inciso final del artículo 184.

Artículo 186.- Para los efectos de la designación de los integrantes de las Juntas Electorales el Servicio Electoral requerirá de la Corte Suprema la nómina de los correspondientes funcionarios y auxiliares de la administración de justicia señalados en los artículos 184 y 185 de esta ley, con jurisdicción en el territorio de competencia de la Junta.

Los miembros serán notificados de su designación por el Secretario de la Corte de Apelaciones respectiva, a requerimiento del Servicio Electoral. La notificación se hará personalmente o por carta certificada que contendrá copia íntegra de la resolución. Se entenderá practicada esta última notificación al tercer día hábil siguiente de la recepción de la carta por la oficina de correos.

Las Juntas Electorales se instalarán el quinto día siguiente a la notificación del último de sus miembros, a las quince horas.

Artículo 187.- Si en alguna provincia no se reuniere el número de funcionarios suficientes para integrar una Junta Electoral, el Servicio Electoral dispondrá, mediante resolución fundada que será publicada en la forma señalada en el artículo 183 de esta ley, que sus funciones sean cumplidas por la Junta Electoral de la provincia de la misma Región que tenga mayores facilidades de comunicación terrestre con aquélla.

Artículo 188.- Las Juntas Electorales celebrarán sus sesiones en el oficio del Secretario y podrán funcionar válidamente con dos de sus miembros. Si faltare alguno de ellos, será sustituido por la persona a quien corresponda reemplazarlo en sus funciones.

Corresponderá a los Presidentes velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a las Juntas. Podrán convocarlas cuando lo estimen necesario o lo pidan otros miembros. Las Juntas se reunirán, además, en las ocasiones que señale la ley o cuando hubiere asuntos que requieran de su conocimiento, situación que los Secretarios informarán de inmediato a los Presidentes, caso en el cual aquéllos efectuarán las citaciones correspondientes.

Artículo 189.- De todas las actuaciones de la Junta se levantarán actas que se estamparán en un libro denominado Protocolo Electoral. En ellas se indicará la fecha de la sesión, la individualización de los miembros asistentes, las materias tratadas y las resoluciones adoptadas. Estas actas serán firmadas por todos los miembros asistentes.

El Protocolo Electoral será público y se sujetará a las reglas que rigen los registros notariales. Copia de él deberá remitirse al Servicio Electoral para su publicación en su sitio web.

El Protocolo se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.”.

ARTÍCULO TERCERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Reemplázase, en el artículo 99, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de”, por “habilitados para votar en”.

2) Sustitúyense, en el artículo 100, la expresión “5%” por “10%”, y la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna”, por “que sufragaron en la última elección municipal”.

3) Modifícase el artículo 101, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscritos en los registros electorales de”, por “habilitados para votar en”.

c) Suprímese el inciso cuarto.

4) Modifícase el artículo 107, del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en la declaración mencionada en el artículo 3° de la ley N° 18.700, o su omisión, producen la nulidad de la declaración de ese candidato y la de todos sus efectos legales posteriores, incluyendo su elección.”.

b) Reemplázase el inciso quinto, por el que sigue:

“En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3°, con excepción del inciso tercero para el caso de los concejales, 3° bis, con excepción de su inciso tercero, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de la ley N° 18.700.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“Las declaraciones de candidaturas de concejales deberán ser presentadas por los partidos políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de cada comuna.”.

5) Sustitúyese el artículo 110, por el siguiente:

“Artículo 110.- Las declaraciones de pactos electorales, de los subpactos que se acuerden, así como la o las comunas excluidas de los subpactos, deberán constar en un único instrumento y su entrega se formalizará en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido en el artículo 107 y en forma previa a las declaraciones de candidaturas.”.

6) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 113, la frase “inscritos en los registros electorales de”, por “habilitados para votar en”.

7) Sustitúyese el artículo 119, por el siguiente:

“Artículo 119.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los tribunales electorales regionales, en conformidad a los Títulos IV y V de la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, teniendo, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones.

Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales Regionales, en el marco de la competencia que se les confiere por la presente ley, serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

El plazo para comparecer en segunda instancia será el segundo día contado desde el respectivo certificado de ingreso. La resolución que proclame a los candidatos definitivamente electos no será susceptible de recurso alguno.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, las instancias jurisdiccionales electorales deberán poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación que, a su juicio, revistieren características de delito.”.

8) Intercálase, en el artículo 121, el siguiente inciso primero, nuevo, pasando su inciso único a ser inciso segundo:

“Artículo 121.- Se considerará que constituyen una lista, los pactos electorales, los partidos que participen en la elección sin formar parte de un pacto electoral y cada una de las candidaturas independientes que no formen parte de un pacto electoral.”.

9) Sustitúyese el artículo 122, por el siguiente:

“Artículo 122.- Se determinará el cuociente electoral, para lo cual los votos de lista se dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente de mayor a menor y el que ocupe la posición ordinal correspondiente al número de concejales a elegir, será el cuociente electoral.

Para determinar cuántos son los elegidos en cada lista se dividirá el total de votos de la lista por el cuociente electoral. Se considerará la parte entera del resultado de la división, sin aproximar y despreciando cualquiera fracción o decimal.”.

10) Reemplázase el número 3) del artículo 123, por el siguiente:

“3) Si el número de candidatos presentados es inferior al de los concejales que a la lista le corresponde elegir, se proclamará elegidos a todos los candidatos de la lista, debiendo reasignar el cargo sobrante recalculando el número de cargos elegidos por las demás listas. Para ello se repetirá el cálculo del inciso segundo del artículo anterior, utilizando como cuociente electoral al cuociente que ocupe la posición ordinal que siga en el orden decreciente de los cuocientes determinados según el inciso primero del artículo anterior. Si fuesen más de uno los cargos sobrantes, para determinar el cuociente electoral, se avanzará en el orden decreciente de los cuocientes del inciso primero del artículo anterior, tantas posiciones ordinales como cargos sobrantes existan.”.

11) Sustitúyese el artículo 124, por el siguiente:

“Artículo 124.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista que corresponda a un pacto electoral se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos o de los subpactos, según sea el caso.

Posteriormente, se repetirá el procedimiento descrito en los artículos 122 y 123, considerando para estos efectos como si fueran una lista a cada uno de los integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o candidatos independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso.”.

ARTÍCULO CUARTO.- Modifícase el inciso tercero del artículo 83 de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, reemplazándose la expresión “inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva a la fecha de la elección municipal más reciente”, por “con derecho a sufragio que hubieren sufragado en la respectiva provincia en la última elección municipal”.

ARTÍCULO QUINTO.- Incorpóranse las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos:

1) Suprímese la oración final del inciso primero del artículo 2º, que comienza con la palabra “Asimismo”.

2) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 5º, la expresión “inscritos en los Registros Electorales”, por “con derecho a sufragio”.

3) Modifícase el artículo 6º, de la siguiente manera:

a) Reemplázanse, en los incisos primero y segundo, las expresiones “inscritos en los Registros Electorales”, por “con derecho a sufragio”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscrito en los Registros Electorales de”, por “habilitado para votar en”.

4) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 18, la expresión “inscrito en los Registros Electorales”, por “con derecho a sufragio”.

5) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 27, la expresión “estar inscrito en los Registros Electorales de la Región”, por “que el domicilio electoral esté ubicado en una circunscripción de la Región”.

ARTÍCULO SEXTO.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral:

1) Modifícase el artículo 4°, de la siguiente manera:

a) Reemplázanse, en los incisos tercero y cuarto, las expresiones “inscritos en los registros electorales”, por “electores”.

b) Sustitúyese, en el inciso quinto, la expresión “inscritos en los registros electorales del”, por “electores en el”.

2) Sustitúyese el artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Todo candidato a Presidente de la República, a senador o a diputado, deberá nombrar un Administrador Electoral que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a alcalde o a concejal. Si no se efectuare la designación, las funciones de Administrador Electoral recaerán en el propio candidato.

Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral para más de un candidato, siempre que las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido político o pacto.

El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral, al momento de la declaración de la correspondiente candidatura o en la declaración jurada a que se refiere el inciso segundo del artículo 3° de la ley N° 18.700.

La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula de identidad y domicilio del respectivo Administrador, quien deberá también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo.

Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento mediante comunicación del candidato correspondiente al Director del Servicio Electoral, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37.”.

3) Reemplázase el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente de la República, de senadores, de diputados y de alcaldes y concejales, podrá ejercer el cargo de Administrador Electoral General.

El nombramiento de éste deberá efectuarse por el partido político ante el Director del Servicio Electoral de conformidad a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 30, en forma previa a las declaraciones de candidaturas.”.

4) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 34, la expresión “inscritos en los Registros Electorales”, por “con derecho a sufragio”.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Modifícase el artículo 9° de la ley N° 18.460, orgánica constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, de la siguiente forma:

1) Sustitúyese, en la letra d), la expresión final “, y”, por un punto y coma (;).

2) Intercálase la siguiente letra e), nueva, pasando la letra e) a ser letra f):

“e) Reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, en la forma señalada en el artículo 12 y consultando previamente la opinión de éstos, y”.

ARTÍCULO OCTAVO.- Los trabajadores tendrán derecho irrenunciable a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilicen para ejercer su derecho a sufragio en las elecciones y plebiscitos a que se refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Tal descanso compensatorio se disfrutará en los tres meses siguientes al día de la votación, de común acuerdo con el empleador.

La infracción de lo dispuesto en el presente artículo por parte del empleador será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 del Código del Trabajo.

ARTÍCULO NOVENO.- Quien hubiese ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito inmediatamente anterior, regulado por la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes no lo hubiesen hecho, en caso de igualdad de condiciones en la lista de elegibles para un empleo público.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Quien hubiese ejercido su derecho a sufragio en la elección o plebiscito inmediatamente anterior, regulado por la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, tendrá derecho a ser preferido en la adjudicación de becas por parte del Estado, frente a quienes no lo hubiesen hecho, en caso de igualdad de condiciones.

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación, siempre que a esa fecha faltaren, al menos, trescientos treinta días para la realización de la próxima elección general, ya sea de alcaldes y concejales o de Presidente y parlamentarios. De lo contrario, regirá a partir del primer día del mes siguiente de realizada la última elección.

En todo caso, la disposición contenida en el nuevo artículo 24 de la ley N° 18.556, que mediante el artículo primero de la presente ley se establece, comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de esta ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°.- Las Juntas Inscriptoras en actual funcionamiento dejarán de recibir inscripciones desde la fecha en que empiece a regir la presente ley. A contar de esa fecha, las Juntas Inscriptoras tendrán un plazo de cinco días para remitir al Servicio Electoral todos los Registros Electorales de que dispongan, tanto en uso como en blanco.

Los secretarios de Juntas Electorales, en el plazo de veinte días desde la entrada en vigencia de esta ley, harán entrega al Servicio Electoral, en la forma que su Director disponga, de todos los ejemplares de los archivos electorales locales a su cargo.

El Director del Servicio Electoral dispondrá la inutilización y destrucción de esos ejemplares dentro del plazo de ocho meses, desde la vigencia de esta ley, previa su microfilmación.

A partir de la vigencia de esta ley y hasta ciento veinte días antes de la primera elección en que se apliquen sus disposiciones, el Director del Servicio Electoral podrá disponer que las Juntas Inscriptoras que estime necesarias continúen su funcionamiento con al menos uno de sus miembros, con el objeto de recibir las solicitudes de cambio de domicilio que se señalan en el nuevo artículo 25 de la ley N° 18.556, que se establece mediante el artículo primero de la presente ley.

Artículo 2°.- Todas las personas que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren inscritas en los registros electorales de conformidad a la ley N° 18.556, serán inscritas sin más trámite en el Registro Electoral manteniendo la misma Mesa Receptora de Sufragios o registro.

Respecto de estas personas ya inscritas, el Servicio Electoral queda eximido del deber de comunicar sus inscripciones según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7º de la ley N° 18.556.

Artículo 3°.- Los chilenos y extranjeros no inscritos en los registros electorales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos para ser inscritos automáticamente en el Registro Electoral, serán inscritos en él de conformidad a las reglas que a continuación se indican.

El Servicio Electoral asignará a los nuevos electores a Mesas Receptoras de Sufragios de la circunscripción electoral que corresponda a su domicilio electoral, distinguiendo entre hombres y mujeres. Los hombres serán inscritos siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional en las mesas de mujeres existentes en la circunscripción que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número. Las mujeres serán inscritas siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional en las mesas de hombres existentes que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número.

Si realizado lo anterior quedaren electores por asignar, ellos serán destinados sin distinción de sexo, siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, a nuevas mesas que se crearán para estos efectos en la circunscripción electoral, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Con a lo menos doscientos diez días de anticipación a la primera elección donde rijan las disposiciones de esta ley, el Servicio Electoral notificará a los electores señalados en los incisos anteriores, mediante carta certificada, el hecho de su inscripción, así como su domicilio electoral, circunscripción electoral, comuna y Mesa Receptora de Sufragios en que hubiesen sido inscritos.

A partir de la fecha señalada en el inciso anterior, el Servicio Electoral deberá poner a disposición del público el sistema de consultas contemplado en el inciso segundo del artículo 7° de la ley N° 18.556 y durante los siguientes noventa días deberá promover su uso entre los electores, por medio de una campaña a través de medios masivos de comunicación social, llamándolos a revisar su domicilio electoral y la circunscripción electoral donde está registrada su inscripción, convocándolos a corregir su domicilio electoral si fuese necesario, concurriendo a las Juntas Inscriptoras que estarán habilitadas para estos efectos.

Artículo 4°.- Las mesas o registros existentes a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se identificarán con una letra y un número. Las antiguas mesas o registros de varones con la letra “V” y las antiguas mesas o registros de mujeres con la letra “M”, y el número corresponderá al que actualmente tienen de acuerdo con la circunscripción electoral a la que corresponden.

Las nuevas mesas que se creen en virtud de esta ley se identificarán sólo por un número, el cual se asignará en forma correlativa, partiendo desde el número de mesa o registro más alto existente en la circunscripción electoral incrementado en uno.

Artículo 5°.- En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley las Juntas Electorales procederán, con ocasión de la designación de vocales, a sortear tres de los cinco vocales que ejercieron en la última elección, quienes mantendrán su condición de vocales hasta la elección anterior a la de diputados y senadores. Respecto de los demás vocales se aplicará lo señalado en el artículo 41 de la ley N° 18.700.

En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley las Juntas Electorales procederán, con ocasión de la designación de miembros de los Colegios Escrutadores, a sortear tres de los seis que eligieron, quienes mantendrán su condición de miembro del Colegio Escrutador hasta la elección anterior a la de diputados y senadores. Respecto de los demás miembros de los Colegios Escrutadores se aplicará lo señalado en los artículos 82 y 85 de la ley N° 18.700.

Artículo 6°.- La primera de las revisiones anuales que deberán realizar las empresas de auditoría, según lo dispuesto en el artículo 41 de la ley N° 18.556, deberá efectuarse cinco meses después de la publicación la presente ley.

Artículo 7°.- En la primera propuesta que haga el Presidente de la República al Senado para que éste preste su acuerdo a la designación de los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 18.556, indicará dos consejeros que durarán cuatro años en sus cargos y tres consejeros que durarán ocho años.

En la primera sesión que celebre, el Consejo elegirá su Presidente. Esta reunión será presidida inicial y provisoriamente por el consejero de mayor edad que asista.

Artículo 8°.- Durante los cinco primeros años de vigencia de esta ley las Juntas Electorales podrán designar como delegados a cargo de las oficinas electorales de los locales de votación a las personas que hubiesen integrado una Junta Inscriptora a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 9°.- Mientras no sean designados los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, sus funciones y atribuciones serán asumidas por el Director del Servicio Electoral.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 32 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En particular, los artículos primero a séptimo permanentes, y los artículos 1° a 5°, y 7° a 9° transitorios, se aprobaron con los votos de 37 Senadores de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

?Valparaíso, 15 de noviembre de 2011.

Nº 1.392/SEC/11

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín número 7.338-07:

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral:

1) Reemplázanse su Título Preliminar y los Títulos I, II y III, por los siguientes Títulos I, II, III, IV y V:

“TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°.- La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República.

Artículo 2°.- El organismo encargado del proceso de inscripción electoral es el Servicio Electoral.

TÍTULO I

DEL REGISTRO ELECTORAL

Párrafo 1°

Disposiciones Generales

Artículo 3°.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1° y 3° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, aun cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella.

Artículo 4°.- El conocimiento público del Registro Electoral procederá en la forma dispuesta en el Párrafo 1° del Título II.

Los centros de estudio o de investigación podrán solicitar datos del Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina Provisoria de Inhabilitados, para el sólo efecto de su análisis. El Consejo del Servicio Electoral calificará la procedencia de la solicitud y entrega de los respectivos datos.

Los datos del Padrón Electoral no podrán ser usados para fines comerciales.

El Servicio Electoral deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, salvo en los casos señalados en esta ley.

Párrafo 2°

De la inscripción

Artículo 5°.- Los chilenos comprendidos en el número 1° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años, serán inscritos automáticamente en el Registro Electoral.

Los chilenos comprendidos en el número 3° del artículo 10 de la Constitución Política de la República serán inscritos automáticamente luego de obtener su carta de nacionalización de conformidad a la ley.

Artículo 6°.- Los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 y los extranjeros señalados en el artículo 14, ambos de la Constitución Política de la República, serán inscritos en el Registro Electoral desde que se acredite que cumplen los requisitos de edad y avecindamiento exigido por el inciso tercero del artículo 13 o por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, según corresponda.

La inscripción procederá de forma automática en la medida que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el cumplimiento del requisito de avecindamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá presentar una solicitud de inscripción ante el Servicio Electoral en cualquiera de sus oficinas, acompañando los antecedentes que acrediten su avecindamiento en el país por el tiempo exigido, y declarando bajo juramento su domicilio electoral en Chile. Dicha solicitud será remitida al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, si correspondiere, emitirán un certificado que acreditará el hecho de haber cumplido el avecindamiento y lo remitirán al Servicio Electoral para que practique la correspondiente inscripción. En caso que la persona tenga su residencia en el extranjero, dicha solicitud podrá ser presentada en el Consulado de Chile respectivo.

Para los efectos de esta ley se entenderá por Consulado las Oficinas Consulares, incluyendo las Secciones Consulares de una Misión Diplomática, a cargo de un funcionario de la Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores designado para desempeñar funciones consulares.

Artículo 7°.- El Servicio Electoral deberá comunicar a los nuevos electores el hecho de su inscripción en el Registro Electoral, entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a la siguiente elección o plebiscito, indicando la circunscripción electoral y la mesa receptora de sufragios donde le corresponde votar, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

El Servicio Electoral deberá poner a disposición del público en forma permanente, a través de su sitio web y de una línea telefónica, un sistema de consulta donde cada elector podrá verificar mediante su número de cédula de identidad o nombre, el hecho de su inscripción, la circunscripción y comuna donde se encuentra inscrito, su mesa de votación y si está habilitado para votar en la próxima elección.

Párrafo 3°

De los datos electorales

Artículo 8°.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el cumplimiento del requisito de avecindamiento, si procede.

El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.

Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral.

Artículo 9°.- Para el solo efecto de obtener los datos señalados en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y al registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile deberán proporcionar, de la misma forma, la información del avecindamiento de los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proporcionar al Servicio Electoral cualquier otro antecedente que resulte necesario para la inscripción de los chilenos y extranjeros en el Registro Electoral y que se encuentre en su poder, quedándole expresamente prohibido calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los chilenos que residen en el extranjero, dicho vínculo se considerará respecto del tiempo en que residieron en Chile o de su lugar de nacimiento.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6°, el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o el acreditado para el cumplimiento del requisito de avecindamiento, según corresponda. En caso que este último domicilio se encuentre ubicado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y, a falta de éste, al lugar de nacimiento en Chile.

Artículo 11.- Todo ciudadano con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Si los antecedentes del domicilio o lugar de nacimiento con que se cuente para el registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6° no permitieran al Servicio Electoral poder identificarlos con una determinada circunscripción electoral, procederá a registrarlos en la circunscripción electoral con más electores de la comuna con cuya información se cuente.

Artículo 12.- Al momento de la inscripción de un ciudadano o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo.

En primer lugar serán asignados a las mesas receptoras de sufragios existentes de la circunscripción que tengan menos de trescientos cincuenta electores habilitados para votar debido a cancelaciones de inscripción producidas por cambio de domicilio electoral, por fallecimiento o por inhabilidad permanente para sufragar, hasta completar la cifra máxima de trescientos cincuenta electores por mesa.

Si realizado lo anterior quedaren nuevos electores por asignar, ellos serán destinados a nuevas mesas receptoras de sufragios que se crearán para estos efectos, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Cada elector sólo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios y no podrá ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral.

Párrafo 4°

De las actualizaciones del Registro Electoral

Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

b) Pérdida de ciudadanía de una persona inscrita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de la República, o su recuperación.

c) Suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, o el cese de dicha suspensión.

d) Pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

e) Revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados del Registro.

f) Reclamaciones al Padrón Electoral Provisorio Auditado acogidas en conformidad a la ley.

El Servicio Electoral conservará los antecedentes en que se funde la actualización por un lapso no inferior a 5 años.

Artículo 14.- Para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales que el Servicio de Registro Civil e Identificación tenga de las personas cuyas defunciones hubieren sido registradas en el mes inmediatamente anterior; de las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva y las que recuperen su ciudadanía; y de las personas que hubieren perdido la nacionalidad.

Artículo 15.- El Tribunal Constitucional deberá comunicar al Servicio Electoral las sanciones que hubiere aplicado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como asimismo el cumplimiento del plazo a que se refiere dicha disposición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada.

Artículo 16.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior informará al Servicio Electoral las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, ejecutoriadas dentro del mes anterior.

Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no se haya impuesto dicha pena, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.

Artículo 18.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes los jueces de letras comunicarán al Servicio Electoral los nombres de las personas que hubieren sido declaradas en interdicción por causa de demencia por sentencia ejecutoriada, en el mes anterior, indicando los antecedentes necesarios para su cabal identificación.

En el mismo plazo, los jueces de letras comunicarán sobre las revocaciones de dichas declaratorias.

Artículo 19.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Senado deberá comunicar al Servicio Electoral las personas a las cuales se hubiere rehabilitado su ciudadanía en el mes anterior, conforme al inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República.

Artículo 20.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes el Ministerio de Justicia deberá comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren extinguido su responsabilidad penal en el mes anterior, conforme a lo dispuesto en el número 4° del artículo 93 del Código Penal.

Artículo 21.- Los órganos, servicios y tribunales señalados en este Párrafo, así como cualquier otra repartición que deba aportar datos para la conformación y actualización del Registro Electoral, deberán proporcionar todos los antecedentes que para este solo efecto requiera el Servicio Electoral y, en ningún caso, podrán excluir información, calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 22.- Entre los ciento ochenta y los noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá informar a los electores que su derecho a sufragio ha sido suspendido o que han sido inhabilitados para votar en la siguiente elección, con indicación de la causa que dio origen a dicha suspensión o inhabilidad, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

Párrafo 5°

De las modificaciones de los datos electorales

Artículo 23.- El Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias:

a) Las solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad.

b) Las rectificaciones de inscripciones de nacimiento de los ciudadanos, con indicación de los datos originales que fueron objeto de la rectificación.

c) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 24.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando bajo juramento uno nuevo en ese acto, si así lo desea.

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el cambio de domicilio podrá también efectuarse directamente ante el Servicio Electoral, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por este organismo, donde declarará bajo juramento su nuevo domicilio electoral. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas que el Servicio Electoral disponga en el país. Los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero podrán presentar la solicitud a través del respectivo Consulado.

El Servicio Electoral deberá notificar al elector, mediante carta certificada dirigida al nuevo domicilio electoral, que ha procedido al cambio de su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa de sufragio donde le corresponderá votar.

El Servicio Electoral podrá disponer de otras formas para solicitar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o por medios electrónicos, siempre que éstas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos.

Artículo 26.- El Servicio Electoral podrá convenir con otros organismos públicos la recepción de solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Artículo 27.- Para todos los efectos legales se considerará como domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Párrafo 6°

De la suspensión de inscripciones, actualizaciones y modificaciones

Artículo 28.- Con el objeto de elaborar los padrones electorales que se utilizarán en cada elección o plebiscito, las inscripciones en el Registro Electoral que provengan de solicitudes de acreditación de avecindamiento conforme al artículo 6°, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en las letras a) a la e) del artículo 13 y las modificaciones señaladas en el artículo 23 se suspenderán a los ciento veinte días anteriores a cada elección o plebiscito, reanudándose a partir del primer día del mes siguiente de la elección o plebiscito.

Artículo 29.- Tratándose de plebiscitos comunales, la suspensión a que alude el artículo precedente se aplicará sólo respecto de los electores que correspondan a la comuna o agrupación de comunas donde se realizará.

TÍTULO II

DEL PADRÓN ELECTORAL Y DE SU AUDITORÍA

Párrafo 1°

Del Padrón Electoral

Artículo 30.- El Servicio Electoral deberá elaborar un Padrón Electoral, el que contendrá la nómina de los electores inscritos en el Registro Electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él.

Cada elector podrá figurar sólo una vez en él.

Artículo 31.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de provisorio, ciento diez días antes de una elección o plebiscito. Éste contendrá una nómina de las personas inscritas en el Registro Electoral que, conforme a los antecedentes conocidos por el Servicio Electoral antes de los ciento veinte días previos al acto electoral, reúnan a la fecha de la elección o plebiscito correspondiente los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio.

El Padrón Electoral con carácter de provisorio será objeto de auditorías conforme al Párrafo 2° de este Título.

Este Padrón se ordenará en forma alfabética y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar.

Junto con este Padrón, y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Provisoria de Inhabilitados, que incluirá a las personas inscritas que se encuentren inhabilitadas para votar en la correspondiente elección o plebiscito, con indicación de la causal que dio lugar a dicha condición.

El Padrón Electoral y la Nómina Provisoria de Inhabilitados son públicos para los partidos políticos, sólo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero. Los partidos políticos podrán tener acceso y copia de ellos en medios magnéticos o digitales, no encriptados y procesables por software de general aplicación, debiendo pagar sólo los costos directos de la reproducción. Lo mismo se aplicará para los candidatos independientes, respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Sólo las personas inhabilitadas podrán conocer, además, la respectiva causal que las inhabilita.

Artículo 32.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de auditado, setenta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de provisorio, después de ser auditado por las empresas de auditoría a las que se refiere el Título II de esta ley y que haya sido modificado sólo como consecuencia de la correcciones sugeridas por las empresas de auditorías en sus informes, si las hubiere, y que, conforme a lo señalado en el artículo 43 de esta ley, sean aceptadas por el Servicio Electoral.

El Padrón Electoral con carácter de auditado podrá ser objeto de reclamación de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Junto con este Padrón, y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Auditada de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las correcciones sugeridas por las empresas de auditorías que haya aceptado, si las hubiere.

El Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados deberán ser publicados por el Servicio Electoral en su sitio web con setenta días de antelación a la fecha que deba verificarse una elección o plebiscito.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados las disposiciones contenidas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo anterior.

Artículo 33.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de definitivo, treinta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de auditado, que haya sido modificado sólo como consecuencia de las reclamaciones acogidas, si las hubiere, de conformidad con lo dispuesto en el Título siguiente.

Junto con este Padrón, y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Definitiva de Inhabilitados, modificando la anterior de acuerdo a las reclamaciones acogidas.

El Servicio Electoral publicará en su sitio web, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse una elección o plebiscito, el Padrón Electoral con carácter de definitivo, que contiene la nómina de electores con derecho a sufragio en la respectiva elección o plebiscito y la Nómina Definitiva de Electores Inhabilitados.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados las disposiciones contenidas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo 31.

Artículo 34.- El Servicio Electoral deberá publicar en su sitio web las modificaciones efectuadas al Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados que provengan de las reclamaciones acogidas en conformidad a esta ley, o de las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría que hayan sido aceptadas por el Servicio.

Artículo 35.- Para la segunda votación de la elección presidencial que se realice en virtud del inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República se utilizará el mismo Padrón Electoral de la primera votación.

Cuando deba repetirse la elección presidencial, en virtud de ocurrir alguna de las circunstancias contempladas en los incisos cuarto del artículo 26 o segundo del artículo 28 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral de la primera votación de la elección que no pudo perfeccionarse, ya sea por fallecimiento de un candidato para la segunda votación o por impedimento absoluto del presidente electo para tomar posesión del cargo.

Artículo 36.- El Servicio Electoral, en la misma oportunidad en que debe determinar el Padrón Electoral con carácter de definitivo, deberá confeccionar los Padrones de Mesa que se utilizarán en la respectiva elección o plebiscito.

A cada Mesa Receptora de Sufragios le corresponderá un Padrón de Mesa.

Cada Padrón de Mesa contendrá una nómina, ordenada alfabéticamente, de las personas habilitadas para votar en la Mesa Receptora de Sufragios respectiva.

Los Padrones de Mesa contendrán los nombres y apellidos de cada elector y su número de rol único nacional.

Cada elector podrá figurar sólo en un Padrón de Mesa y una vez en él.

Artículo 37.- Veinte días antes de la elección o plebiscito, el Servicio Electoral en forma gratuita pondrá a disposición de los partidos que participan en la elección o plebiscito, un listado impreso de cada Padrón de Mesa, que contendrá los nombres, apellidos y número de rol único nacional de los electores. Igual información deberá entregarse a los candidatos independientes respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Párrafo 2°

De las Auditorías

Artículo 38.- El Registro Electoral, el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados serán sometidos a un proceso de auditoría con el objeto de revisar y determinar si contienen los antecedentes dispuestos por la ley. También se revisarán los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales utilizados en su elaboración.

Artículo 39.- Las auditorías serán practicadas por dos empresas independientes de auditoría externa, de niveles equivalentes, inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales deberán cumplir con los requisitos de capacidad, tamaño, confiabilidad y garantía que, mediante una norma general, determinará el Consejo del Servicio Electoral.

El presupuesto del Servicio Electoral deberá contemplar los fondos necesarios para financiar los procesos de auditorías.

Artículo 40.- La selección de las empresas de auditoría se realizará a través de una licitación pública a la cual deberá convocar el Servicio Electoral, conforme a las bases que elaborará su Consejo.

El Consejo del Servicio Electoral seleccionará a dos empresas de entre las cuatro que, cumpliendo con las bases de la licitación, hayan efectuado las menores ofertas económicas por sus servicios. En caso de haber menos de cuatro, la selección se circunscribirá a todas ellas.

Las dos empresas de auditoría serán seleccionadas por la unanimidad de los Consejeros del Servicio Electoral. A falta de unanimidad, la selección se hará en una sola votación, teniendo cada Consejero derecho a votar sólo por una de las candidatas. Quedarán seleccionadas las empresas que obtuvieren las dos más altas mayorías.

Las empresas serán seleccionadas por un período de ocho años. Dentro de ese período sus servicios podrán ser revocados sólo por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, a petición fundada de la unanimidad del Consejo del Servicio Electoral, o por acuerdo del Senado.

Artículo 41.- Las empresas de auditoría deberán revisar anualmente y emitir un informe que contendrá su opinión, sobre los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales del Servicio Electoral, destinados a la inscripción de los electores en el Registro Electoral y a la confección del Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados. Dicho informe deberá señalar la capacidad de ellos para cumplir las funciones para la cual están requeridos, sus errores, si los hubiere, y los factores de riesgo que pudieran afectar su correcto funcionamiento. El informe deberá contener también sugerencias respecto a la solución de los problemas detectados.

En los años que correspondan elecciones generales, el informe deberá ser emitido doscientos diez días antes de la elección.

Artículo 42.- Determinado el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados conforme al artículo 31 de esta ley, las empresas de auditoría procederán a su revisión, que tendrá por objeto entregar una opinión respecto de si ellos cumplen con lo dispuesto en la ley. Terminada la revisión elaborarán un informe que deberá ser emitido ochenta días antes de la elección o plebiscito y que contendrá, al menos, un detalle de los errores encontrados con indicación de una sugerencia respecto de cómo pueden ser subsanados, y los demás comentarios u observaciones que los auditores estimen procedentes.

Artículo 43.- El Consejo del Servicio Electoral analizará los informes de auditoría y realizará las correcciones que estime pertinentes. Lo anterior constará en un acta que será publicada en la página web de dicho organismo.

Cumplido lo anterior, el Consejo del Servicio determinará el Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, conforme al artículo 32.

Artículo 44.- Todos los informes de las empresas de auditoría serán públicos, salvo respecto de las causales de inhabilidad. El informe deberá ser entregado al Consejo del Servicio Electoral, al Senado, a la Cámara de Diputados, a los Partidos Políticos, a los Tribunales Electorales Regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones, en la misma oportunidad.

Artículo 45.- Las empresas de auditoría deberán efectuar sus funciones con total independencia entre ellas. En consecuencia, no podrán compartir sus antecedentes, consultarse entre sí, tomar acuerdos, coordinar o efectuar trabajos en forma conjunta, ni externalizar parte de las funciones encargadas con los mismos terceros.

Artículo 46.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición de las empresas de auditoría todos sus registros, físicos y computacionales y demás antecedentes que en opinión de ellas sean necesarios para realizar sus informes. El Servicio de Registro Civil e Identificación y los demás organismos señalados en los artículos 15 al 20 deberán poner a disposición de las empresas de auditoría la misma información que hubieren entregado al Servicio Electoral, cuando exista disconformidad entre los datos electorales y el Padrón Electoral.

Las empresas de auditoría deberán mantener reserva o secreto, según corresponda, de la información, datos y antecedentes que se les proporcione en virtud de este artículo, siendo públicos solamente los resultados de su auditoría.

TÍTULO III

DE LAS RECLAMACIONES

Artículo 47.- La persona que estimare que injustificadamente fue omitida del Padrón Electoral con carácter de auditado, publicado conforme al artículo 32, podrá reclamar de este hecho, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, que conocerá del asunto.

En el mismo plazo, los partidos políticos, candidato independiente y cualquier otra persona, podrán presentar reclamaciones ante el mismo Tribunal respecto de electores injustificadamente omitidos de dicho Padrón Electoral. Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones, en única instancia.

El Tribunal resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de cuatro días de requerido. El Tribunal deberá fallar, con o sin informe, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la presentación del reclamo.

El Tribunal ordenará la incorporación del reclamante o electores afectados al Padrón Electoral en los casos en que hubiere lugar a la reclamación.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales serán apelables por el requirente o por el Servicio Electoral dentro del plazo de tres días, contado desde la fecha de su incorporación en el Estado Diario del respectivo Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá fallar dentro de un plazo de cinco días de presentada la apelación.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la comunicará inmediatamente al Servicio Electoral, el cual procederá a cumplirla sin más trámite.

Artículo 48.- Dentro de los diez días siguientes a la publicación del Padrón Electoral con carácter de auditado, señalado en el artículo 32, cualquiera persona natural, partido político o candidato independiente podrá pedir al Tribunal Electoral Regional correspondiente al domicilio electoral del impugnado la exclusión de quien figure en el Padrón Electoral en contravención a la ley.

Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.

No procederá solicitar la exclusión del Padrón Electoral respecto de un candidato cuya aceptación de candidatura se encuentre ejecutoriada.

La solicitud deberá ser acompañada de una boleta de depósito en arcas fiscales. El monto del depósito deberá ser igual o mayor a un cuarto de una unidad tributaria mensual, e igual o menor a cien unidades tributarias mensuales, según lo determine el Tribunal.

El Tribunal citará dentro de cinco días al reclamante y a la persona o personas cuya exclusión se pide, las que no estarán obligadas a asistir, pudiendo concurrir con todos sus medios de prueba. Para este efecto, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el Padrón. Si la persona reclamada o alguna de ellas hubiesen cambiado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará, a costa del recurrente, en un diario de los de mayor circulación en la localidad a que corresponda dicho domicilio.

Si la reclamación afectare a un considerable número de personas o si el número de reclamos fuere muy elevado, podrá el Tribunal ordenar que la citación se haga por medio de un aviso que se publicará, a costa del reclamante, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que corresponda. Además, señalará diversas audiencias para oírlos, las cuales deberán celebrarse dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de ellas compareciere, el Tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes que se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos reclamos.

Los Tribunales resolverán con los antecedentes que el interesado o él o los afectados le suministren, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser evacuado a más tardar al cuarto día de ser solicitado.

La resolución se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la audiencia y se notificará a las partes por el Estado Diario.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente, el o los afectados y el Servicio Electoral, dentro del plazo de tres días, contado desde la fecha de incorporación en el Estado Diario del Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá resolver la apelación dentro del plazo de cinco días.

Ejecutoriada la sentencia que ordene la exclusión será notificada al Servicio Electoral para que efectúe la cancelación correspondiente.

Artículo 49.- Los informes de las empresas de auditoría tendrán ante los tribunales el valor de un informe de peritos.

TÍTULO IV

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia.

La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población o las dificultades para sufragar. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragios de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7° inciso primero, de esta ley.

TÍTULO V

DE LAS SANCIONES

Párrafo 1°

De los procedimientos judiciales por faltas y delitos contemplados en esta ley

Artículo 51.- Los delitos o faltas electorales se regirán por las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente, por el Código Penal.

Cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, podrá deducir querella para la investigación de los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 52.- No procederá el indulto particular en favor de los condenados en virtud de esta ley.

Párrafo 2°

De las sanciones

Artículo 53.- Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que, al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona.

2.- El que proporcionare datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento.

3.- El que ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio, un Libro de Actas, o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan.

4.- El que use para fines comerciales los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 54.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos:

1.- El que maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en el Padrón Electoral, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usado para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones.

2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cedula de identidad.

3.- El que incite u organice a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral.

4.- El que comercialice los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 55.- Si los delitos señalados en el artículo precedente fueren cometidos por un funcionario público, se aplicarán las penas asignadas a los referidos delitos aumentadas en un grado, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Artículo 56.- El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o libros de actas que se le hubieren confiado o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.

Si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.”.

2) Reemplázase la numeración del Título IV por la de Título VI, y la de los artículos 87, 88 y 89 por 57, 58 y 59. Además, sustitúyese el texto del artículo 90, que ha pasado a ser artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- Corresponderá al Servicio Electoral ejercer las siguientes funciones:

a) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la ley N° 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente.

b) Formar, mantener y actualizar el Registro Electoral.

c) Determinar el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados en los términos señalados en esta ley.

d) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral.

e) Resolver respecto de las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación de avecindamiento que se le presenten.

f) Solicitar la colaboración y antecedentes que sean necesarios, de los distintos órganos del Estado, para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia.

g) Disponer la compra de los programas y equipos computaciones que utilizará en el cumplimiento de sus funciones, y los sistemas de mantención, protección y actualización de éstos.

h) Las demás funciones que ésta u otras leyes establezcan.”.

3) Agrégase al Párrafo 1° del Título IV, que ha pasado a ser VI, el siguiente artículo 61: