?MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN BONO SOLIDARIO A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS

Santiago, 11 de marzo de 2010

MENSAJE Nº 001-358/

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto otorgar un bono extraordinario de $40.000 por carga familiar para aquellas familias de menores ingresos de nuestro país y de clase media necesitada.

I.FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA

1.El contexto en el que asume el nuevo gobierno

La naturaleza sísmica de Chile, con el gran terremoto y posterior maremoto que recientemente afectara a gran parte de la zona centro – sur de nuestro territorio, nos ha enfrentado nuevamente a la adversidad. A la lamentable pérdida de cientos de vidas humanas y un número indeterminado de personas desaparecidas, se suman el drama de miles de compatriotas que perdieron sus viviendas y enseres más preciados, así como la destrucción que afectó a la infraestructura y stock de capital de nuestro país, especialmente en materia vial, portuaria, hospitalaria y escolar, que sin duda significarán un daño importante para la economía nacional y el desarrollo de Chile.

Frente a la magnitud, extensión y gravedad de la catástrofe que ha golpeado a nuestro país, mi Gobierno está destinando y seguirá destinando todo el tiempo y esfuerzos que sean necesarios para preparar y llevar a cabo un plan de acción que nos permita ir en ayuda de las víctimas de esta tragedia y, al mismo tiempo, enfrentar con eficacia el desafío de la reconstrucción.

Este es el contexto en que la nueva administración asume sus funciones: no alcanzamos a recuperarnos de los efectos de la crisis económica mundial de los últimos 12 meses y nuevamente enfrentamos un desafío de enormes proporciones que, como hemos dicho, producirá un impacto muy significativo en la economía local y en la capacidad de empleo, producción y desarrollo económico de Chile. Pero lejos de amilanarnos, este desafío refuerza nuestro compromiso con todos los chilenos y, particularmente, con los más vulnerables y necesitados.

Es por ello que hemos decidido que el primer proyecto de ley de mi administración se haga cargo de uno de los compromisos más sensibles asumidos en la pasada campaña electoral: el otorgamiento de un Bono Marzo Solidario a las familias más vulnerables y a aquellas pertenecientes a la clase media necesitada, de manera que puedan afrontar con mayor entereza los gastos que el comienzo de cada año les demanda.

2.Compromisos con los sectores más vulnerables

En nuestro programa de gobierno nos comprometimos a luchar contra la pobreza y reducir las desigualdades excesivas a través de dos tipos de instrumentos. El primero, apunta a erradicar sus causas, por la vía de crear doscientos mil nuevos empleos al año en promedio, mejorar sustancialmente el capital humano de la gente mediante más y mejor educación y capacitación laboral, y fortalecer la familia. El segundo, apunta a aliviar las consecuencias de la pobreza y la desigualdad excesiva y se enmarca en el contexto del ingreso ético familiar.

El Bono de $ 40.000 por carga familiar, cumple este segundo objetivo, y favorecerá a más de cuatro millones de chilenas y chilenos pertenecientes, a su vez, a más de dos millones de familias humildes y de clase media necesitada de nuestro país, constituyendo una importante y merecida ayuda para que estas familias puedan contrarrestar los mayores gastos que suele representar el mes de marzo, con motivo de los pagos de matrícula, útiles escolares, permisos de circulación, contribuciones, cuotas de créditos asumidas en la última Navidad, entre otros. Se trata de una ayuda justa, necesaria y oportuna, que llegará directamente a los bolsillos de las chilenas y chilenos que más lo requieren.

3.Compromisos con las regiones más afectadas por el terremoto y maremoto

Pero nuestro compromiso con los sectores más vulnerables cobra un nuevo significado luego de la catástrofe natural que nos ha afectado. Tal como hemos señalado anteriormente, nuestra primera prioridad es enfrentar la emergencia derivada del terremoto y posterior maremoto del pasado 27 de febrero. Pero tenemos clara conciencia que nuestros siguientes pasos, luego de superar la emergencia, deberán estar enfocados a aliviar a las miles de personas damnificadas por esta tragedia y que, principalmente, habitan las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule y Bio – Bio, Araucanía y Metropolitana

La entrega de este bono extraordinario es el primero de muchos instrumentos, legales y administrativos, que directa o indirectamente beneficiarán a nuestros compatriotas más perjudicados. Luego de hacer un catastro de los afectados, la magnitud de los daños y las principales deficiencias de infraestructura y servicios que afectan a las regiones, estableceremos las principales medidas destinadas a atenuar, solucionar y superar esas carencias.

II.CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley entrega un bono extraordinario de cargo fiscal, no imponible ni tributable, a todos los beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020. Asimismo, recibirán el bono los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del D.F.L. Nº N° 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del referido decreto con fuerza de ley, que perciban las mencionadas asignaciones por tener un ingreso mensual igual o inferior a $457.954.

El bono será de $40.000 por cada causante acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009.

Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias y personas registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 31 de diciembre de 2009. En este caso, cada familia tendrá derecho a un bono.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º- Concédase, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley Nº 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1° de la ley N° 20.360, de 2009.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquellas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario”, conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del articulo 7 de la ley N° 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.

Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º de la presente ley, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

CAMILA MERINO CATALÁN

Ministra del Trabajo y Previsión Social

FELIPE KAST SOMMERHOFF

Ministro de Planificación

VALPARAÍSO, 16 de marzo de 2010

Oficio Nº 8581

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos. Boletín N° 6852-05.

Me permito hacer presente a V.E., de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 77 de la Carta Fundamental, que el proyecto está calificado de "discusión inmediata".

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES

Presidenta de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN BONO SOLIDARIO A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS.

BOLETÍN Nº 6852 -05

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:

1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en otorgar un bono extraordinario de $ 40.000 por carga familiar para aquellas familias de menores ingresos y de clase media necesitada.

2°) Que el inciso tercero del artículo 1° requiere para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional, en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política. Asimismo, corresponde poner el proyecto en conocimiento de la Corte Suprema, conforme al inciso segundo del referido artículo.

3°) Que el proyecto fue aprobado, en general y particular, por el voto afirmativo de los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Monckeberg, don Nicolás; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón, y la abstención del Diputado Lorenzini, don Pablo.

4°) Que Diputado Informante se designó al señor ORTIZ, don JOSÉ MIGUEL .

* * *

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Felipe Larraín, Ministro de Hacienda; Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia; Felipe Kast, Ministro de Planificación; Camila Merino, Ministra del Trabajo y Previsión Social; Rosanna Costa, Directora de Presupuestos; Rodrigo Álvarez, Subsecretario de Hacienda, y Claudio Alvarado, Subsecretario General de la Presidencia.

II. ANTECEDENTES GENERALES

A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa

En el mensaje presentado por el nuevo Gobierno se hace referencia a la situación que vive el país como consecuencia del terremoto y posterior maremoto ocurrido el 27 de febrero en gran parte de la zona centro-sur, lo cual significará un daño importante para la economía nacional y el desarrollo de Chile. No obstante ello, se señala en dicho documento que representa un desafío para el Gobierno que refuerza su compromiso particularmente con las personas más vulnerables y necesitadas.

Por otra parte, el Gobierno se habría comprometido a luchar contra la pobreza y reducir las desigualdades excesivas, para lo cual el otorgamiento de un Bono en el mes de marzo a las familias más vulnerables y a aquellas pertenecientes a la clase media necesitada es plenamente atingente a las circunstancias señaladas, constituyendo una ayuda oportuna para dichos sectores y quienes se encuentran afectados por la tragedia.

B. Contenido del proyecto

La iniciativa legal contempla el otorgamiento de un bono extraordinario de cargo fiscal que no constituirá remuneración ni renta, para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, ni estará afecto a descuento alguno.

Tendrán derecho a este bono los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020 y los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del D.F.L. N° 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del referido decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener un ingreso mensual igual o inferior a $ 457.954.- El bono será de $ 40.000.- por cada causante acreditado como tal, al 31 de diciembre de 2009.

Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 31 de diciembre de 2009. En este caso cada familia tendrá derecho a un bono.

C. Antecedentes presupuestarios y financieros

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 15 de marzo de 2010, señala respecto del proyecto, lo siguiente:

1. El proyecto concede, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del D.F.L. N° 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del referido D.F.L. que al 31 de diciembre de 2009 perciban el subsidio o las asignaciones ya mencionadas. EI bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Igualmente, tendrán derecho a un bono por familia, las registradas en el Sistema de Protección Social "Chile Solidario" al 31 de diciembre de 2009.

Esta medida tiene un costo fiscal de $ 164.931 millones que se financiará con cargo a la asignación 24-03-122 “Provisión para Distribución Suplementaria” del Tesoro Público.

III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO

Discusión general y particular

En el debate de la Comisión intervino el señor Felipe Larraín para expresar los fundamentos de la iniciativa, destacando que se trata del cumplimiento de un compromiso asumido por el Presidente con anterioridad al terremoto y que tiene por objeto ayudar a los sectores más vulnerables a solventar los gastos que se presentan en el mes de marzo. Sostuvo que el beneficio tiene un costo fiscal importante equivalente a unos US $ 320 millones que se financiará con cargo al Tesoro Público y que absorbe el total de los fondos de libre disponibilidad.

Los beneficiarios constituyen un universo de 4.123.275 causantes que equivalen a dos millones de familias.

Los Diputados miembros de la Comisión formularon consultas sobre el universo de beneficiarios por región y el eventual incremento respecto al bono anterior y formularon interés en darle un carácter más permanente.

El señor Ministro se manifestó dispuesto a conversar la permanencia de tales beneficios en torno a la propuesta del ingreso ético familiar que se hará por el Gobierno en un futuro. Comparativamente el bono propuesto representa un esfuerzo similar al anterior pero la composición es distinta, existiría un ligero aumento de los subsidios respecto a los bonos anteriores. Planteó, además, que el apoyo adicional a las zonas afectadas por el sismo y maremoto consistirá, por ejemplo, en aportes directos a pescadores o personas con viviendas sociales destruidas.

A propósito del gasto adicional para las familias afectadas por el terremoto, el señor Ministro señaló que se está trabajando en primer lugar en la identificación de las personas más afectadas. No obstante el bono marzo no estaría destinado a ser la solución a los problemas del terremoto, son esfuerzos presupuestarios distintos, ya que se está trabajando para rebajar el presupuesto en ciertas áreas para generar un fondo de reconstrucción, viendo donde se pueden reasignar recursos fiscales para reconstruir hospitales, escuelas y viviendas. Señaló que resulta esencial separar el bono marzo de la reconstrucción del país si se pretende entregar este beneficio durante el mes en curso.

Con respecto a la forma en que se pagará el bono, la Ministra Merino, señaló que se utilizará el mismo procedimiento utilizado el año pasado, es decir, a los pensionados del IPS, se les cancelará de acuerdo a los pagos que se realizan habitualmente por pensión; a los clientes del Banco del Estado con cuenta Rut, mediante deposito en sus cuentas corrientes; a los trabajadores del sector público, junto a su remuneración; y a la gente que recibe asignación familiar, en las oficinas del Banco del Estado.

IV. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES

Por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República conforme al inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política, el Presidente de la Comisión declaró inadmisibles las siguientes indicaciones:

- de los Diputados señores Pablo Lorenzini; Pepe Auth; Eduardo Cerda; Carolina Goic; Enrique Jaramillo; Roberto León; Miodrag Marinovic; José Miguel Ortiz; Alberto Robles; Gabriel Silber, al artículo 1°: para reemplazar en el inciso primero la frase “por una sola vez” entre la palabra “Concédase” y “un bono extraordinario”, por la frase “en el mes de marzo de cada año”.

- de los Diputados señores Pablo Lorenzini; Pepe Auth; Eduardo Cerda; Carolina Goic; Roberto León; Miodrag Marinovic; José Miguel Ortiz; Alberto Robles; Gabriel Silber, al artículo 1°: para reemplazar en el inciso primero la frase “por familia”, por la frase “por carga”.

- de los Diputados señores Pablo Lorenzini; Eduardo Cerda; Carolina Goic; Roberto León; José Miguel Ortiz; Alberto Robles; Gabriel Silber: para agregar el siguiente artículo 2° nuevo, pasando el actual artículo 2° a ser 3°:

Artículo 2°: Concédese, por una sola vez, un bono supletorio extraordinario a las personas residentes de las regiones quinta, sexta, séptima, octava y novena que reúnan los requisitos para ser acreedor del bono marzo del artículo anterior. El bono será de $60.000 por cada causante y cada causante sólo tendrá derecho a un bono.

Del mismo modo y en virtud del carácter urgente y eminentemente extraordinario de la situación que vive el país, adicionalmente se encuentran comprendidas dentro de los beneficiarios de dicho bono todas aquellas personas que de acuerdo al artículo 2° del decreto 104 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley 16.282, sean consideradas damnificadas.

V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD

Los dos artículos del proyecto.

Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.

VI. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN

En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley Nº 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 20.360.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $ 40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquéllas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario”, conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del articulo 7° de la ley N° 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquéllas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquél en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.

Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º de la presente ley, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.”.

Tratado y acordado en sesión de fecha 16 de marzo de 2010, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón (Presidente); Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Monckeberg, don Nicolás; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto, y Silva, don Ernesto.

Asistieron, además, las Diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Goic, doña Carolina y los Diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cardemil, don Alberto; Cerda, don Eduardo; García, don René Manuel; Harboe, don Felipe; Melero, don Patricio, y Moreira, don Iván, según consta en el acta respectiva.

SALA DE LA COMISIÓN, a 16 de marzo de 2010.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO

Abogado Secretario de la Comisión

OTORGAMIENTO DE BONO SOLIDARIO A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS. Primer trámite constitucional.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Esta sesión especial ha sido convocada para tratar, hasta su total despacho, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos, calificado con discusión inmediata.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Ortiz, don José Miguel.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 6852-05, sesión 1ª, en 16 de marzo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Quiero agradecer en forma muy especial a la Comisión de Hacienda por despachar en forma tan rápida el proyecto enviado por el Ejecutivo .

Tiene la palabra el diputado informante .

El señor ORTIZ (de pie).- Señora Presidenta , señores Vicepresidentes, secretario general accidental, prosecretario general accidental y señoras diputadas y señores diputados presentes en la Sala:

Qué bueno que haya periodistas en las tribunas para que sepan que ayer, una vez más, los trece integrantes de la Comisión de Hacienda dimos una gran demostración de vocación cívica y de servicio. Con gran rigurosidad y en un trabajo muy perseverante fuimos capaces de hacer algo que es vital en la Cámara de Diputados: dialogar. Aclaro que desde el 11 de marzo soy diputado de Oposición , pero también hombre de Estado.

Al comienzo de la sesión fui elegido Presidente de la Comisión de Hacienda con 6 votos de la Concertación y 2 del oficialismo. Pero, hice un gesto de fair play: renuncié en forma indeclinable y solicité la unanimidad para citar a una nueva sesión a fin de salir del impasse. Ello indica que somos una Oposición seria y constructiva, que busca el bien de todos los chilenos y chilenas.

Aprovecho de saludar a los señores ministros de Hacienda, Secretario General de la Presidencia y de Planificación que se acaban de integrar a la Sala.

Paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de discusión inmediata, el proyecto de ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Felipe Larraín , ministro de Hacienda ; Cristián Larroulet , ministro Secretario General de la Presidencia ; Felipe Kast , ministro de Planificación ; Camila Merino , Ministra del Trabajo y Previsión Social ; Rosanna Costa , directora de Presupuestos ; Rodrigo Álvarez , subsecretario de Hacienda , y Claudio Alvarado , subsecretario General de la Presidencia .

En el mensaje presentado por el nuevo Gobierno se hace referencia a la situación que vive el país como consecuencia del terremoto y posterior maremoto ocurridos el 27 de febrero pasado en gran parte de la zona centro-sur, considerado un verdadero cataclismo. La emergencia significará un daño importante para la economía nacional y el desarrollo de Chile. No obstante, el documento indica que tal situación representa un desafío para el Gobierno, que reforzará su compromiso particularmente con las personas más vulnerables y necesitadas.

Por otra parte, el Gobierno se había comprometido a luchar contra la pobreza y a reducir las desigualdades excesivas, para lo cual el otorgamiento de un bono en el mes de marzo a las familias más vulnerables y a aquellas pertenecientes a la clase media necesitada es plenamente atingente a las circunstancias señaladas, constituyendo una ayuda oportuna para dichos sectores y quienes se encuentran afectados por la tragedia.

La iniciativa legal contempla el otorgamiento de un bono extraordinario de cargo fiscal que no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, ni estará afecto a descuento alguno.

Tendrán derecho a este bono los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2º del DFL Nº 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4º del referido decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener un ingreso mensual igual o inferior a 457.954 pesos. El bono será de 40.000 pesos por cada causante acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009.

Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 31 de diciembre de 2009. En este caso cada familia tendrá derecho a un bono de 40.000 pesos. Destaco esa diferencia.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos en 15 de marzo de 2010 señala que el proyecto concede, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2º del D.F.L. Nº 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4º del referido D.F.L., que al 31 de diciembre de 2009 perciban el subsidio o las asignaciones ya mencionadas. Como ha quedado dicho el bono será de 40.000 pesos por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Igualmente, tendrán derecho al bono las familias registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 31 de diciembre de 2009.

Según el informe de la directora de Presupuestos , esta medida tiene un costo fiscal de 164.931 millones de pesos, que se financiará con cargo a la asignación 24-03-122, “Provisión para Distribución Suplementaria” del Tesoro Público.

Discusión General.

En primer lugar, intervino el Ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín , quien señaló los fundamentos de la iniciativa, destacando que se trata del cumplimiento de un compromiso asumido por el actual Presidente con anterioridad al terremoto y que tiene por objeto ayudar a los sectores más vulnerables a solventar los gastos que se presentan en el mes de marzo.

Después de una larga discusión, los diputados señores Lorenzini , Montes, Jaramillo , Auth y quien habla, expresamos que, al menos en las zonas declaradas de catástrofe debería concederse un bono doble para compensar las pérdidas ocasionadas por el terremoto y maremoto.

También preguntamos al ministro de Hacienda acerca de la clase media. La autoridad reconoció y asumió como compromiso -quedó registrado en el acta de la Comisión de Hacienda que debemos aprobar en la próxima sesión- que se encuentra estudiando y analizando el tema de la reconstrucción, en especial en las regiones declaradas zonas de catástrofe. A partir de ello, se presentarán las indicaciones respectivas, tanto de Gobierno como de Oposición. Lo recalco porque fue un compromiso adquirido por el titular de Hacienda .

Con respecto a la forma en que se pagará el bono, la ministra Merino señaló que se adoptará el mismo procedimiento utilizado el año pasado con los dos bonos entregados bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet , tanto en marzo como en agosto, es decir, a través del IPS, el BancoEstado y, en el caso de los trabajadores del sector público, adicionado a sus remuneraciones.

Discusión particular.

En lo que respecta a la discusión particular, se presentaron tres indicaciones firmadas por todos los parlamentarios de la Concertación. La primera, al artículo 1º, para reemplazar en el inciso primero la frase “por una sola vez” entre la palabra “Concédese” y “un bono extraordinario”, por la frase “en el mes de marzo de cada año”. Es decir, se buscaba entregar un bono permanente todos los años durante marzo. Sin embargo, se consideró inadmisible por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .

La segunda, para reemplazar, en el inciso primero, la frase “por familia” por la expresión “por carga”. También se declaró inadmisible.

La tercera indicación buscaba agregar un artículo 2º, nuevo, pasando el actual artículo 2º a ser 3º:

“Artículo 2º.- Concédese, por una sola vez, un bono supletorio extraordinario a las personas residentes de las regiones quinta, sexta, séptima, octava y novena que reúnan los requisitos para ser acreedor del bono marzo del artículo anterior. El bono será de $60.000 por cada causante y cada causante sólo tendrá derecho a un bono.”

Se consideró inadmisible por cuanto los fondos no estaban contemplados en la iniciativa original.

Por su parte, el ministro de Hacienda recalcó que el costo de este bono asciende a 320 millones de dólares, y que prácticamente cierra la primera parte aprobada para el Presupuesto 2010, quedando disponible la partida de 150 millones de dólares para casos extraordinarios.

En cuanto al tema del endeudamiento, el artículo 3º de la ley de Presupuestos autoriza al Presidente de la República a contraer obligaciones hasta por más de 6 mil millones de pesos. Lo único que quieren los organismos internacionales es prestarnos dinero, porque saben que pagamos y no debemos nada.

Por último, es preciso señalar que el proyecto fue aprobado, en general y particular, por el voto afirmativo de los diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón , y la abstención del diputado Lorenzini, don Pablo .

Asistieron, además, las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica y Goic, doña Carolina , y los diputados señores Andrade, don Osvaldo , ex ministro del Trabajo ; Cardemil, don Alberto ; Cerda, don Eduardo ; García, don René Manuel ; Harboe, don Felipe ; Melero, don Patricio , y Moreira, don Iván .

Por lo tanto, en nombre de la Comisión de Hacienda, solicito a la Sala aprobar el proyecto, en primer trámite constitucional, a fin de que ingrese al Senado, con el objeto de que se convierta en ley en los próximos días y realizar el pago de este bono el 31 de marzo próximo.

Es todo cuanto corresponde informar a esta Sala.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Recabo la unanimidad de la Sala para que ingresen los subsecretarios de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Rodrigo Álvarez y Claudio Alvarado, respectivamente.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.

El señor LEÓN.- Señora Presidenta , este es el primer proyecto que envía el Gobierno del Presidente Piñera. Favorece a la gente que indica, por lo que lo aprobaremos. Sin embargo, no por eso, para la historia fidedigna de la ley y para que se sepa cómo debemos actuar los parlamentarios, debemos dejar de hacer presente nuestra opinión política.

Varios de los diputados de la Concertación que firmamos las indicaciones que fueron declaradas inadmisibles, lo hicimos porque queríamos darle la posibilidad al Gobierno de demostrar que lo que el Presidente Piñera había planteado en la campaña era cierto; esto es, que aquí se trataba de dar un bono a la gente que en el mes de marzo tiene más gastos. Ese fue el argumento que nos dieron. Repito, presentamos indicaciones, porque la gente que va a recibir el bono tiene necesidades durante este marzo y los sucesivos. Lamentablemente, el Gobierno no acogió la propuesta.

¿Cuál es la conclusión? Que en este primer trámite se está consumando lo que temíamos: que éticamente el bono es reprobable, porque lo que está en juego es cumplir con la intención de cohecho que se tuvo en la campaña y no satisfacer la demanda de la gente. Si la intención fuera satisfacer la demanda de los meses de marzo, ¿por qué se otorga el beneficio sólo durante este marzo? ¿Por qué no damos una señal en positivo? ¿Por qué no dejamos a un lado la sombra de esta duda?

El Gobierno no sólo perdió esa oportunidad, sino que nos permite plantear con fundamento que no ha tenido nunca la intención de favorecer en forma permanente a la gente que necesita ayuda en el mes de marzo. Por su intermedio, señora Presidenta , expreso a los señores ministros que tal situación es lamentable.

Si queremos ayudar a la gente debemos hacerlo de verdad.

El proyecto, salvo en los números, es copia de los bonos presentados por la Presidenta Bachelet . Pero en este caso lo primero que debió reevaluarse después del terremoto eran los beneficiarios. ¿Debían ser los mismos? ¿Había cambiado la condición socioeconómica de algunos de ellos? Repito, eso no se evaluó, porque aquí lo que interesaba era cumplir con la promesa de campaña, no con el interés de la gente. Si así hubiera sido se habrían considerado medidas básicas planteadas por los parlamentarios de los distritos afectados por el terremoto. Por ejemplo, ¿no se podría haber enviado, con la misma urgencia, un proyecto de ley para entregar fondos a los municipios, con el objeto de demoler las casas afectadas y retirar los escombros? ¿Por qué no? Los colegas que representan zonas afectadas escuchan permanentemente peticiones de demolición. ¿Por qué el Gobierno no se preocupó de eso si es una cuestión tan básica?

Sabemos que los efectos de este terremoto no tienen parangón en la historia de Chile, pero si vamos a usar la urgencia de discusión inmediata en favor de la gente, hagámoslo para solucionar los problemas.

Todos los días se nos dice por la prensa que llegaron equipos de excelencia y que todo está previsto. Pido a los señores ministros que estudien lo que hicieron los Gobiernos de la Concertación durante crisis similares. Obviamente, no me refiero a la magnitud de los daños. Por ejemplo, durante las tragedias de Chaitén, Tocopilla , Iquique o Curicó. En esta última, ocurrida hace dos años, 48 horas después de producido el desastre se estaban dando a conocer planes en favor de los pequeños comerciantes y 30 días más tarde recibieron sus cheques.

También por la prensa nos hemos enterado de que el Gobierno, desde el día del siniestro, ha estado preocupado de estos temas. Me alegro. ¿Dónde están las iniciativas para reconstruir las zonas tradicionales, tema que abordé con la Presidenta de la Corporación antes de entrar a la Sala? Me parece una idea estupenda traer casas prefabricadas para quienes tenían viviendas de hasta 50 metros cuadrados. Pero, ¿qué le vamos a decir a las personas que tenían casas tradicionales históricas que formaban parte importante de los centros de las ciudades? No sólo vivían allí, sino que en ocasiones arrendaban algunos locales que formaban parte de su propiedad y que les permitían obtener un sustento. Lo perdieron todo. ¿Qué respuesta tenemos para esa gente si ni siquiera son capaces de limpiar el desastre en que quedaron convertidas sus viviendas luego del terremoto?

Estos son temas de urgencia. La lluvia viene y puede causar más desastres; sin embargo, el Gobierno no se ha pronunciado sobre el particular. Hoy, todo se deja al arbitrio de lo que buenamente puedan hacer los alcaldes de distinto color político. Algunos están preocupados, incluso, de la reconstrucción con identidad, manteniendo la línea de edificación de las viviendas. Pero hay otros que creen que es el momento de expropiar parte de las propiedades. Hay personas que no sólo perdieron sus casas, sino que además pueden perder tres metros de sus terrenos. ¿Qué dice el Gobierno sobre la materia? Nada.

El lunes siguiente al terremoto, durante la primera sesión de Sala, presentamos un proyecto de acuerdo suscrito por parlamentarios de todas las bancadas, en el que proponíamos que a los habitantes de las comunas afectadas indicadas en el decreto N° 150, del Ministerio del Interior, se les prorrogara el pago de patente de vehículos particulares y que el Gobierno, con cargo al Fondo Común Municipal, adelantara recursos a dichos municipios.

A través de la prensa nos enteramos de que se busca un montón de figuras, menos la más simple de todas. Nuevamente no hay respuesta del Gobierno. Se ayuda a un municipio por aquí, a otro por allá, pero no hay respuesta del Gobierno a lo que planteamos diputados de todas las bancadas. Y el tiempo pasa. La prensa, incluso, da a conocer que hay municipios que tienen problemas físicos para cobrar el permiso de circulación.

Reitero mi voto a favor del proyecto, pero no puedo dejar de señalar que estos son los momentos donde se marca la diferencia entre lo que es el actual Gobierno y lo que fueron los gobiernos de la Concertación.

Ahora bien, me ha llamado profundamente la atención que se diga en estos días que durante el año pasado se gastó en forma excesiva el presupuesto del país. ¡Pero, oh sorpresa! Muchos gastos se aprobaron por la unanimidad de la Cámara de Diputados y lo hicimos porque entendimos que cuando hay una urgencia el Gobierno debe intervenir.

Por eso, debemos aprovechar esta ocasión para, ojala, sensibilizar al Gobierno, de modo que no sólo se preocupe de cumplir con un compromiso de cohecho electoral, sino que se preocupe de verdad de la gente en forma permanente y, en especial, de los que están sufriendo.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Carlos Recondo.

El señor RECONDO.- Señora Presidenta , en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los ministros del nuevo Gobierno que asisten por primera vez a la Sala. Les deseo mucho éxito en la dura tarea y desafío que tienen por delante.

Segundo, quiero expresar mi satisfacción como diputado de Gobierno , pues el primer proyecto que despachará el Congreso Nacional es esta iniciativa, que honra los compromisos de campaña del entonces candidato a la presidencia de la República y de quienes como postulantes al parlamento apoyamos esa pretensión, pues sostuvimos el compromiso con la ciudadanía de implementar el bono marzo que hoy aprobaremos.

Ahora, no sólo se trata de un compromiso de campaña, pues atiende, además, una necesidad real de las familias chilenas más desvalidas y de la clase media, ya que, como se ha dicho, éstos tienen requerimientos mayores, propios de la actividad de marzo.

Además, estamos honrando un segundo compromiso. Como se sabe, durante la campaña presidencial nuestros adversarios sostuvieron una reiterada crítica política hacia la candidatura de Sebastián Piñera , en el sentido de que en su Gobierno se terminaría la red de protección social. La iniciativa es la constatación de que no se va a terminar con dicha red, sino que se va a perfeccionar. La verificación de aquello es que este bono mantiene la misma cobertura de los bonos entregados durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .

Repito, no sólo se está honrando un compromiso de campaña y la responsabilidad de mantener la atención en los sectores sociales más necesitados, sino, que, además, se entregará a pesar del terremoto y del desafío que significa enfrentar una emergencia.

El diputado Roberto León reprochó la forma cómo ha reaccionado el actual Gobierno ante la emergencia. Claramente, no tiene punto de comparación la magnitud del suceso que ha debido que enfrentar el país -es la peor catástrofe registrada en su historia- con las emergencias que le correspondió enfrentar a alguno de los Gobiernos de la Concertación. Por lo tanto, me parece un acto demagógico plantear que en sólo cuatro días de Gobierno se deban resolver los problemas derivados de tal emergencia.

Señora Presidenta , el bono mantiene la cobertura, como ha explicado el diputado informante , pues se está concediendo a todos aquellos beneficiarios de subsidio familiar, de asignación familiar -la clase media también se verá favorecida-; de asignación maternal -para embarazadas sobre cinco meses de gestación- y que perciban ingresos inferiores a 458 mil pesos. Además, se pagará un bono por familia registrada en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario”, y que no reciba subsidio familiar ni asignación familiar.

De manera que la iniciativa responde ampliamente a la cobertura que inicialmente se planteó como parte de la red de protección social.

Se reclama que el bono es un acto que responde a una acción de cohecho. Lo cierto es que responde a una necesidad real de la población, y para quienes solicitan que sea permanente, deseo señalar que constituye sólo el primer paso para la implementación del ingreso ético familiar, que es el segundo compromiso de campaña del Presidente Sebastián Piñera . Aquél verá la luz durante el presente año a través de proyectos de ley que ingresarán al parlamento. Espero que nuestros colegas de la Concertación tengan la misma disposición que están demostrando con este bono y apoyen con entusiasmo esas iniciativas. Ésa va a ser la metodología con que el nuevo Gobierno enfrentará la situación de pobreza de nuestro país.

Reitero la satisfacción que significa para nuestra bancada, integrada por diputadas y diputados de Gobierno, el hecho de aprobar por amplia mayoría, ojala por unanimidad, el primer proyecto del Gobierno del Presidente Piñera.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta , me enorgullezco de nuestra tradición ciudadana y democrática vista ayer en la Comisión de Hacienda.

Quiero dar la bienvenida a los señores ministros que nos acompañan, con los cuales vamos a tener una relación constante debido a que los proyectos que, como el de hoy, comienzan a discutirse, aportados por el Gobierno y enriquecidos con las indicaciones de los señores y señoras parlamentarias, van a ser bastante requeridos por la ciudadanía.

Señora Presidenta , considero que hay una diferencia fundamental en lo que comentamos. Lo de hoy -está de moda decirlo- es una réplica de los proyectos que la ex Presidenta Bachelet diseñara en su momento. Sus objetivos fueron anticíclicos, en momentos en que se encontraba en pleno desarrollo la crisis económica. Además, apuntaban a reactivar la demanda interna. En cambio, el proyecto en discusión no tiene efecto reactivador, sino que meramente responde -según mi opinión- al cumplimiento de una promesa electoral del Presidente Sebastián Piñera .

Anoche, en la Comisión de Hacienda, dijimos que este proyecto podría haber tenido un fin mayor. Digo esto, en respuesta a algunas intervenciones que quisiera que fueran algo más cohesionadas, con el propósito de que todos vayamos tras un fin: el de los más necesitados. Respecto de eso nadie puede decir lo contrario. Lo reflejó la votación de la Comisión de Hacienda.

En el país hay, a lo menos, cuatro regiones, de las zonas más pobladas, que se encuentran en emergencia. Presentan mucha destrucción como consecuencia del terremoto ocurrido en febrero. Y hablo del terremoto y de lo anticíclico porque son conceptos que se mencionan con insistencia en el mensaje que tenemos a la vista. A lo mejor, en otro momento no se hubieran mencionado tanto. A mi juicio, dichas alusiones no debieron hacerse, sino que se debió explicar lo que se pretendía con la otorgación del bono: dar cumplimiento a la promesa de un candidato a la presidencia que hoy es la primera autoridad del país.

Hay otro detalle. Cientos de miles de personas no van a recibir el bono. Al respecto, con la debida humildad que me corresponde, pido al Ejecutivo que nos dé una respuesta sobre aquellas personas que hoy no sólo pasan a tener otra ficha CAS y cuentan con menos puntaje, sino que se convirtieron en pobres, pues no cuentan con lo más elemental que es su hogar. Ellos no están considerados en la iniciativa, porque, según tengo entendido, el proyecto cubre necesidades al 31 de diciembre del 2009.

Señora Presidenta , éstas no son críticas a las señoras y señores ministros, sino detalles que deben importar en la legislación.

Por ejemplo, echo de menos -lo señalé ayer en la Comisión y se me dio una respuesta que no me satisfizo- el rol del IPS. En el informe financiero debe mencionarse que a alrededor de seiscientos mil beneficiarios del IPS esto les significará un trámite que les demandará tiempo con costos administrativos y económicos.

Los asesores que ayer estuvieron presentes en la discusión también concordaron con quien habla en que el costo en que incurrirá el IPS alcanzará cerca de 1.500 millones de pesos, que no figuran en el informe financiero. No he querido presentar la indicación respectiva porque espero una respuesta del Ejecutivo para que quedemos todos conformes y legislemos bien. Se me dijo que en otras oportunidades la información se presentó de la misma forma como aparece en el informe financiero que tenemos a la vista. Pero -lo digo con mucho respeto- no representa una respuesta satisfactoria. Debemos acostumbrarnos a mejorar la forma de legislar. Si existe un costo agregado -en este caso de 1.500 millones de pesos-, éste debe figurar en el informe financiero.

Votaré favorablemente el proyecto en discusión, porque hay familias que ya cuentan con el bono. Muchos esperan recibirlo y otros tienen la incertidumbre. Como decía el colega León, se perdió la oportunidad de haber discutido un mejor proyecto a fin de focalizarlo a otros que hoy también lo necesitan. A lo mejor, la premura en el cumplimiento de una promesa electoral motivó una tramitación demasiado rápida. Una modificación al proyecto original hubiera beneficiado a personas que hoy también están necesitadas.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Diputadas y diputados, el diputado Montes me ha solicitado que insista en pedir la unanimidad para que ingresen a la Sala los subsecretarios de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Gracias, señora Presidenta .

Es mucho más fácil ser Oposición que Gobierno. Escucho aquí a mis colegas criticando todo lo que está haciendo el Presidente Piñera y hablan de cohecho. La primera pregunta que les quiero hacer es si los 30 mil pesos que ofreció el candidato Frei eran bolitas de dulce o palabras de buena crianza. ¡Eso si que no era cohecho, sino una promesa electoral seria y que se iba a cumplir a cabalidad! De verdad los felicito. Estoy de acuerdo en que no era cohecho, porque -lo digo seriamente- también era un compromiso electoral. Nada más que eso. Era lo mismo que hizo el Presidente Piñera ; un compromiso con los ciudadanos para darles un bono en marzo.

Hablan de bonos permanentes. ¿Permanentes por qué? Cada vez que la Presidenta Bachelet mandó un bono al Congreso lo aprobamos sin mayores discusiones, porque creímos que eran justos y necesarios. Nunca pusimos en duda la aprobación de un bono de 40 mil pesos de la Presidenta Bachelet , pero nunca tampoco la Presidenta entregó bonos permanentes.

Se habla con una soltura tremenda. ¿Cuánto cuesta el bono? 320 millones de dólares. Se acabó el fondo de libre disposición que podía ocupar el Presidente . ¿En qué se ocupó? En lo que más necesita el país: dar alivio a la gente. Eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Aquí pueden gritar, pifiar, hacer lo que quieran, pero van a aprobar el bono, porque deben hacerlo. Entonces, ¿de qué vienen a hablar aquí? Aprovechen de decir las cosas que quieran, pero van a aprobar el bono. Van a sacarse “el pillo”, y van a empezar a hablar. Bien. ¿Pero sabe lo que está pasando, Presidenta ? Quieren hacer volar un pájaro que tiene un balazo en un ala. Ésa es la realidad. Quieren que una persona que viene herida, con 30 mil millones de dólares que cuesta la reconstrucción, con un millón de casas en el suelo y miles de chilenos que no tienen trabajo, haga despegar al país de un día para otro. ¡Seamos serios en esto! ¡Este problema lo tenemos todos los chilenos y cada uno tiene que cooperar! ¡No es tiempo de sacar provecho de un problema serio y de algo tan sensible como el dolor de la gente! ¡Hagamos política y oposición en los temas que no tienen que ver con el dolor de la gente! ¡Aquí hay una tarea en que todos estamos comprometidos, sin luna de miel, sin matrimonio, sin nada! Nuestro norte es el país y sacar adelante nuestra patria. El que piense diferente va a ser castigado en la calle por todos los ciudadanos, porque es una mezquindad sacar provecho político de este tema. ¡Aquí debemos aprobar esto, apoyar al Presidente , a los ministros y no empezar a sacarnos los trapos al sol!

Podríamos decir muchas cosas, pero me siento orgulloso de estar en esta Cámara, después de veinte años, ahora como diputado de gobierno , para apoyar las iniciativas del Presidente Piñera . ¡Acuérdense cómo “pelaban” al ministro Velasco , o cómo el senador Frei decía que había que gastar toda la plata para dejar a Piñera sin un peso. Poquito les faltó, porque dejaron 12 mil millones de los 30 mil. ¡Si la campaña hubiera durado 6 meses más, nos quedamos sin un peso! Por eso, seamos serios.

Votaré favorablemente el bono, porque Chile, su gente y los damnificados por el terremoto lo necesitan.

Esperamos que la oposición a Sebastián Piñera sea…

La señora PASCAL (doña Denise) .- ¡Tómate un Armonyl!

El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¡Lo que quiera diputada! ¡Lo que usted quiera! Tomamos Armonyl durante 20 años para tolerar un país como el que dejaron.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , por favor diríjase a la Mesa.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Por su intermedio, señora Presidenta , nada de lo que opine la diputada Pascal Allende , que con su soberbia infinita se cree dueña de la verdad, me interesa. Tomaremos Armonyl, tomaremos lo que sea, pero también tomaremos las medidas que el país necesita para su reconstrucción.

Reitero, con fuerza, orgullo y mucha pasión votaré favorablemente el proyecto. Porque la gente de este país, sobre todo los damnificados, lo necesita.

¡Viva Chile, viva la reconstrucción y viva la unidad nacional!

He dicho.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- ¡Buen discurso de unidad nacional, señora Presidenta !

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .

El señor MONTES.- Señora Presidenta , haré abstracción de la intervención del diputado René Manuel García , toda vez que se trata de exponer puntos de vista y de dialogar con argumentos.

Antes de referirme al proyecto, haré un par de reflexiones.

Ayer, se nos impuso una distribución de responsabilidad en las Comisiones, sin diálogo. La Presidenta trató de imponer una manera de enfrentar las diferencias. Fue un mal inicio del período legislativo. El Presidente Piñera habla de unidad nacional, pero en el Congreso se usa una metodología de exclusión y de maltrato a la oposición. Existen alternativas para enfrentar los problemas; el diálogo es una de ellas y su práctica es sana.

Aprobamos el proyecto por unanimidad, porque tenemos conciencia de lo necesario que es el bono para las familias de menores ingresos, beneficio que la Presidenta Bachelet materializó con el fin de amortiguar los efectos de la crisis económica.

Se equivocó la diputada Alejandra Sepúlveda , actual Presidenta, cuando ayer supuso, de manera infundada, que queríamos rechazar o dilatar el tratamiento del proyecto de bono. Lo que ayer hicimos los diputados de la Concertación fue exigir respeto por los derechos de la Oposición y por las normas que regulan la Cámara de Diputados. Ayer se trasgredieron muchas. Reitero, fue un mal inicio, probablemente por inexperiencia. Esperamos que no haga habituales el estilo y los métodos que ayer aplicó.

La política de los bonos para enfrentar situaciones específicas no es la única ni necesariamente la mejor de las políticas sociales. Somos partidarios de un esquema de derechos ciudadanos y de un modelo de protección social en aspectos fundamentales.

Tenemos claro que los gastos asociados al inicio del año escolar en general son altos para las familias. Por eso, estamos por el derecho de los ciudadanos de menores ingresos y de clase media a recibir un aporte del Estado al inicio de cada año escolar. Así ocurre en los países europeos. Igual regalía tienen los trabajadores de las grandes empresas, toda vez que los contratos colectivos contemplan el pago de un bono de escolaridad permanente en el mes de marzo de cada año.

Dejamos claro que reivindicaremos todos los años, al inicio del período escolar, el pago de un bono para esas familias, porque es una necesidad y porque debe constituirse en un derecho. Este bono es mucho más importante que el aguinaldo de Fiestas Patrias -el monto es más o menos equivalente-, pues las familias requieren apoyo y una política social para enfrentar los gastos asociados al mes de marzo.

Sabemos que nuestro sistema de apoyo a los cargas familiares es precario y no va de la mano con el desarrollo del país. La asignación familiar oscila entre 1.500 y 6.500 pesos, y el subsidio único familiar es de 6.500 pesos. Son montos muy bajos, por lo que deben elevarse para responder a las necesidades más actuales de la familia. Esto también lo reivindicaremos con fuerza. Es necesario modificar los montos de las asignaciones familiares y del subsidio único familiar.

Los ministros, particularmente los de Hacienda y de Planificación, señores Larraín y Kast , nos señalaron que esas propuestas se contemplan dentro del concepto de ingreso mínimo ético familiar, que tienen previsto proponer al Congreso y consolidarlo en conjunto con otros ingresos.

Esperamos que sobre ese tema se abra debate lo antes posible. El diputado Recondo nos señaló que el proyecto sería ingresado este año. En tal virtud, y dada la complejidad del tema, es menester generar un debate muy amplio y no una discusión inmediata. Deberá tratarse de una propuesta que garantice que los derechos adquiridos no serán alterados, que nos permita salir adelante y no que se transforme en un gran conflicto.

El tema es bastante complejo. En los países en los que se ha instaurado ha generado bastantes problemas y son muchas las dificultades que ha acarreado su implementación.

La Concertación sostiene con mucha fuerza que el Gobierno debe definir pronto las medidas de emergencia para las familias afectadas por el terremoto y el tsunami. Lo señaló el diputado León con mucha claridad. Aquí hay problemas. Alguien dijo que este Gobierno lleva apenas cuatro días en el poder. Así será, pero independientemente de los días que lleve, el problema hay que mirarlo desde la perspectiva de las familias afectadas. Sólo en los antecedentes que justifican el proyecto se hace mención a las consecuencias del terremoto y del tsunami, pero en las medidas no se dice nada.

Queremos insistir en lo que ayer sostuvimos en la Comisión: Los problemas son serios y la emergencia no ha terminado en las zonas devastadas por el terremoto. ¡Hay gente que no tiene qué comer¡ ¡No se trata de cuatro días más o cuatro días menos¡ Por eso, las medidas iniciales de emergencia tienen que ser rápidamente reforzadas y fortalecidas. También hay problemas serios de techo, y las lluvias ya se inician. El dinero escasea, porque no hay ingresos. Las personas no hacen nada durante el día, porque no están trabajando. Por eso, urge apurar los programas de empleo, los programas de viviendas de emergencia y las definitivas, pero sobre todo urgen las medidas para abastecer a las personas de alimentos.

¿Qué está planteando el gobierno de Piñera en estos momentos? ¿Qué está haciendo? No lo sabemos, porque no se ha planteado nada hasta el momento. Por eso, la Concertación solicitó, para el próximo martes, convocar a una sesión especial para que el Gobierno dé a conocer los planes de emergencia y de reconstrucción. Al efecto, hemos citado al ministro del Interior y a los ministros que él estime conveniente designar para que lo acompañen en su exposición, toda vez que el Congreso necesita defender antes que todo a los ciudadanos.

La Concertación, ante la falta de claridad en esta materia, propuso aumentar el bono para las zonas afectadas por el terremoto. Se nos dijo que no; sin embargo, no se nos señaló si existe una medida al respecto.

Por eso, por su intermedio, señora Presidente , pido a los ministros que apuren esto al máximo, porque las familias no pueden esperar. Las próximas lluvias aumentarán la angustia y el sufrimiento de muchos chilenos. Todavía no vemos las medidas; esperamos que existan. Todos queremos -el diputado García no lo entiende así- que las familias no están afectadas y que el país responda. Estamos por la unidad para la reconstrucción, por la unidad para la emergencia, pero con medidas oportunas y adecuadas.

Los 320 millones de dólares que costará el proyecto forman parte de los 450 millones de dólares del tesoro público de libre disposición. Dicen que se terminaron los recursos, pero entiendo que todavía quedan 130 millones de dólares. Lo recuerdo, para que seamos precisos.

No tenemos claro cómo se hará la distribución entre los 4 millones 132 mil beneficiarios del bono. Un país que habla de descentralización debe tener información descentralizada.

Tampoco sabemos cómo se pagó el bono de agosto del año pasado -ayer solicitamos la información en la Comisión- que materializó la Presidenta Bachelet y que tuvo las mismas características y el mismo universo de beneficiados.

El ministro Kast tuvo la gentileza de enviarnos la aplicación de la encuesta Casen y, por lo tanto, la distribución por regiones. Lo mismo hizo el subsecretario Claudio Alvarado , aunque las cifras no coinciden, pues se aplica a la encuesta Casen 2006.

Para legislar con mayor precisión necesitamos más información. El informe financiero de la Dirección de Presupuestos es malo. Les pido a los subsecretarios Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez que se acuerden de lo que siempre discutimos en esta Sala. Los informes siempre fueron malos. Se lo hicimos saber a lo anteriores directores de Presupuestos. Al Congreso no se le puede informar que se trata de 120 millones de dólares y de 4 millones 200 mil personas beneficiadas. Necesitamos saber cómo se desagregan las cifras, cómo se pagó el bono antes y cuáles son las diferencias con los otros bonos. Necesitamos más información. Ello forma parte de la dignidad del funcionamiento del Congreso.

Por intermedio del ministro de Hacienda señaló al director de Presupuestos que necesitamos informes de mayor calidad, que nos permitan mejor visibilidad de los problemas, de modo que podamos legislar mejor y aportar más. Necesitamos conocer los reales costos de los proyectos, porque estamos acostumbrados a que la Dirección de Presupuestos estime el máximo teórico. ¿Qué ocurre después? Que ni siquiera sabemos cuál es la diferencia entre lo efectivamente gastado y lo anunciado.

Esperamos que en mayo se nos entregue un informe de lo pagado y del costo total a esa fecha.

Finalmente, quiero efectuar un comentario a los dichos vertidos por el ministro de Hacienda . Dijo que estaba por elevar los ingresos fiscales con una reforma tributaria. A nuestro juicio, es necesario elevar los impuestos a los sectores que pagan poco y aportan poco. Hoy, la senadora Matthei , presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado , indicó que la única forma consistente de financiar los gastos es aumentando los impuestos a los sectores de altos ingresos y otros impuestos específicos. Dijo no al aumento del IVA, porque es regresivo.

Compartimos y valoramos sus dichos. Chile necesita una reforma tributaria en esa dirección, para financiar los desafíos que tiene la reconstrucción del país y enfrentar desigualdades más de fondo. Esperamos que éstas no sean sólo opiniones sin consecuencia política y que se abra debate sobre esta materia al más breve plazo, porque dejar las cosas así no es bueno para el funcionamiento general de la sociedad.

Ayer veíamos las reacciones de algunos parlamentarios de Derecha, quienes estaban muy molestos e incómodos con esto y con las bromas que les hicimos en la Comisión. Creemos que lo que ayer se anunció en la prensa y en la Comisión se puede traducir en iniciativas, porque el país necesita saber con mucha mayor claridad cómo se va a financiar esto. Esperamos debatir la materia con más fuerza en la sesión especial del próximo martes.

Votaremos a favor del proyecto, porque creemos que las familias del país necesitan el bono, el que esperamos que se pague a la brevedad.

He dicho.

El señor JIMÉNEZ.- Señora Presidenta, pido la palabra para plantear un tema de Reglamento.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.

El señor JIMÉNEZ.- Señora Presidenta , pido que solicite a la Sala acotar las intervenciones a un máximo de cinco minutos, porque hay muchos diputados inscritos y todos tenemos el mismo derecho a intervenir en el debate.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , hay 29 señores diputados inscritos.

¿Habría unanimidad para acotar las intervenciones al tiempo señalado por el diputado señor Jiménez?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.

El señor LORENZINI.- Señora Presidenta, advierto que está controlando el debate en la Sala, el cual ayer estuvo muy agitado.

Me parece que la directora de Presupuestos , señora Rossana Costa ; el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado , y el subsecretario de Hacienda , señor Rodrigo Álvarez , estos últimos ex diputados que trabajaron en temas de Hacienda y conocen sobre lo que estamos hablando, nos pueden ayudar a que los ministros se sensibilicen, ya que recién se incorporaron a la Sala. Me gusta que estén presentes cuatro ministros. De modo que pido que insista a los señores diputados sobre la posibilidad de dejarlos ingresar a la Sala para que participen en el debate, porque son parte importante en este proyecto.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- ¿Habría acuerdo para que ingresen a la Sala los subsecretarios aludidos?

No hay acuerdo.

Retoma la palabra el diputado señor Lorenzini.

El señor LORENZINI .- Señora Presidenta , ¿qué pensará el pescador de Constitución, la madre de Iloca o el estudiante de Dichato? No estamos aquí para hacer política. Se acabó la campaña presidencial, diputado René Manuel García . Bien o mal, guste o no, eso se acabó. No volvamos a tocar temas pasados. No digan que la Presidenta Bachelet y el ministro Velasco no dejaron plata, porque para eso hay que saber de números. La directora de Presupuestos , señora Rossana Costa , tiene las cifras. Eso es infundado. Dejemos eso a un lado. Aquí estamos hablando de un bono y no de otras medidas. El diputado Ascencio luego nos planteará medidas que es necesario adoptar para los niños que viven en las zonas que están con problemas y respecto de las postergaciones de pagos. Insisto, aquí venimos a hablar sobre un bono.

Como ayer dijo el ministro de Hacienda , hay que dar cumplimiento a un compromiso con Chile. Este es un compromiso de campaña que respeto. Es bueno que los políticos cumplan sus compromisos, del lado que sean. Tal como indicó la Presidenta Bachelet en su momento, el beneficio persigue afrontar los gastos derivados de una crisis. Repito, ese bono de 40 mil pesos fue un compromiso de campaña y tiene que ver con la crisis del año pasado. ¡Se acabó eso! Hoy estamos ante una situación excepcional, pues hace algunas semanas hubo un terremoto que produjo un tsunami. Parece que algunos no lo entienden. Lo que estamos pidiendo es un gesto para la gente. No me refiero a lo que vamos a discutir aquí mismo con la mayor de las aperturas, si es que nos dejan aportar, porque hasta aquí no nos han dejado hacerlo. Cuando las mayorías imponen a veces ganan, lo cual no sé si es bueno. De hecho, el diputado Ascencio y otros plantearán muchas medidas. Veremos los subsidios habitacionales y temas genéricos de educación; traspasos de presupuestos a salud, a obras públicas, etcétera. Sin embargo -repito- no me refiero a eso. Hoy estamos hablando de algo muy concreto. Se acaba marzo y se requiere plata. Hay gente que no tiene qué comer, como dijo el diputado Montes. Para mí no es populismo plantear la necesidad de 320 millones de dólares para cumplir un compromiso presidencial, ya que cada uno hace ofertas durante la campaña. Lo único que hemos pedido algunos señores diputados es la necesidad de entregar 40 millones de dólares adicionales para los habitantes de Concepción, que no tienen qué comer. Aquí hay parlamentarios de todos los partidos, porque no es un tema de Gobierno u Oposición. Pero dijeron que no, por soberbia o por no doblar la mano. ¡A lo menos, dígannos que nos juntaremos el próximo lunes con todos los parlamentarios de la Comisión de Hacienda para discutir el tema! Estamos hablando de 80 dólares para 4 millones de personas, eso nos da una suma de 320 millones de dólares, haciendo un cálculo simple. Nuestra propuesta apunta a entregar 40 millones de dólares adicionales a 450 mil personas ubicadas en las zonas de catástrofes identificadas por el anterior gobierno y el actual. Si multiplicamos esa cantidad de personas por 80 dólares, eso arroja una suma de aproximadamente 40 millones de dólares.

Hoy, el Presidente Sebastián Piñera se reunirá con el Presidente de Endesa Internacional , quien trae 10 millones de dólares. Incluso, don Francisco y todo su equipo juntaron 60 millones de dólares en 24 horas. La ciudadanía ha entregado más de 200 millones de dólares, si valorizamos las cosas. ¡Me dicen que no hay plata para entregar 40 millones de dólares?

Entonces, discutamos el tema en la Comisión Mixta de Presupuestos para que podamos ayudar. Tanto la directora de Presupuesto señora Rossana Costa , como los subsecretarios Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez saben de números. Hay 450 millones de dólares de libre disponibilidad. Se los dejamos al gobierno que ganara. Entonces, como ganó Sebastián Piñera , tienen esa cantidad de dinero para tal efecto. Por otra parte, la implementación del bono cuesta 320 millones de dólares. Hay 13 mil millones de pesos en el Fondo Soberano y existe capacidad de endeudamiento. Todo eso lo veremos en lo que es el plan de reconstrucción.

Hay diputados que dicen que nadie va a votar en contra del bono. Yo me abstuve ayer, simplemente para dejar expresa constancia de mi insatisfacción no respecto de los 40 mil pesos -el bono fue un compromiso- sino en relación con los 40 millones de dólares. ¡Algún diputado me podría decir si no estaría disponible para aprobar 40 millones de dólares para las zonas afectadas?

Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando a la gente que hoy nos escucha y que tiene problemas o de que gane el gobierno? ¡Pero si ya ganó! Faltan tres años para las elecciones municipales. ¡No hagamos más política y dediquémonos este año a los ciudadanos de los distritos más afectados, sean de Gobierno o de Oposición. Me da lo mismo. Sólo pido a la ministra del Trabajo y a su equipo que me indique -aparte de aclarar otros temas- si este mes se van a pagar los sueldos en las empresas en quiebra. ¿Qué sueldo recibirán esos trabajadores? ¿Los pequeños empresarios y comerciantes podrán pagar los días trabajados? ¿De qué vivirá esa gente durante este mes? ¿De los 40 mil pesos? Pero si eso se da en todo Chile para paliar los efectos de la crisis. Pero en ciertas zonas hubo gente afectada por un terremoto y un tsunami que, además, fue mal avisado, por lo que ya haremos la investigación correspondiente. Si el Gobierno dice que no tiene 40 millones de dólares; entonces, que mañana mismo envíe un proyecto para subir al 17 por ciento el impuesto a la renta de las empresas multinacionales, que es el más bajo de los países que integran la OCDE. ¡Subámoslo un punto y se acabó! ¿O acaso esas empresas sí están disponibles para donar? No me vengan con la ley de Donaciones, para que aquellas donen lo que dejan de pagar en impuestos. ¡Por favor! ¿O para que inviertan vamos a hacer depreciación acelerada, de manera que lo que dejan de pagar en impuestos lo entregan en publicidad y, por lo tanto, salen ganando? O sea, ¿cuál es el negocio en ese sentido? Si el Presidente Piñera , que ahora se reunirá con los empresarios, les dice que necesita 40 millones de dólares, no les quepa duda de su respuesta. Don Francisco reunió 60 millones de dólares, a pesar de haber llegado al país el día anterior al programa de ayuda. Recuerdo que Sebastián Piñera , Evelyn , entre otros parlamentarios, bailaron en una Teletón e hicieron bromas con el fin de cooperar a dicha causa. Sé que a veces los diputados y senadores no somos tan queridos, pero podríamos hacer algo en ese sentido si los empresarios nos acompañaran. Basta que cuarenta empresas donen un millón de dólares. Allá pusieron un millón de dólares en publicidad. Lo que pedimos son 30 ó 40 mil pesos adicionales para esas familias. Si ello parece estúpido, ilógico, populista, entonces les contesto: Señores ministros, a este diputado lo eligieron 30 mil chilenos, mientras que a ustedes los nombró uno. Si bien es cierto que a él lo eligieron millones de chilenos, a ustedes los nombró sólo uno. En consecuencia, escuchen a los parlamentarios, ya que tenemos el respaldo de la gente y por algo estamos aquí.

No se trata de que gana el Gobierno o la Oposición, sino que de zonas en que sus habitantes, aunque están contratados, no tienen trabajo. ¿Los van a indemnizar o les van a hacer efectivos los seguros? ¿Qué hará este mes la gente de las zonas afectadas que trabajaba en restaurantes o en pequeños comercios?

Señora ministra del Trabajo , por intermedio de la señora Presidenta , está bien que se ofrezcan escuelas, mejorar los hospitales o instalar hospitales de campaña en esas zonas; pero es ahora cuando se debe pasar a los municipios, con control, para que tengan la capacidad de manejar los programas pro empleos o empleos de emergencia.

Por lo tanto, digo al ministro , no tengo ningún problema de orgullo que impida que los diputados de Gobierno firmen algún proyecto adicional que estime conveniente, pero necesitamos algo diferente.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.

El señor SILVA .- Señora Presidenta , en primer lugar, quiero destacar que el primer proyecto de ley enviado por el Presidente Piñera que nos corresponde discutir en esta Sala represente un apoyo concreto y focalizado para los más pobres del país.

Quiero enfatizar esto con especial fuerza, por el compromiso que el Gobierno ha planteado al país para derrotar la indigencia en 2014 y la pobreza en 2018.

También pido a los ministros, por intermedio de la señora Presidenta , que éste sea un foco de preocupación del trabajo del Gobierno, independiente de la emergencia que enfrentamos, para derrotar la indigencia y la pobreza.

En segundo lugar, después de la experiencia que vivimos los nuevos diputados en la mañana de ayer en la Sala, quiero resaltar la experiencia vivida en la Comisión de Hacienda, el rol cumplido por los diputados de Oposición y de Gobierno, y por los ministros presentes. Espero que el mismo espíritu para discutir, la apertura al diálogo, la construcción de acuerdos y la toma de decisiones que vimos allí exista en los debates de esta Corporación.

En tercer lugar, las características, diseño y operatoria del bono que entrega el proyecto son muy similares, prácticamente iguales a los planteados por la Presidenta Bachelet y aprobados el año pasado por la Cámara, por lo que el análisis de esta iniciativa y su aprobación deberían seguir la misma lógica que existió en 2009.

En cuarto lugar, quiero destacar que la lógica que respalda el otorgamiento del bono se basa en la necesidad de muchas familias de enfrentar un mes complicado como marzo, situación que se deterioró, como lo señalan el informe y el mensaje del proyecto, con crisis económica que se gatilló en el segundo o en el tercer trimestre de 2008 y que ha persistido en el país.

Por lo tanto, deseo precisar dos aspectos relevantes.

Primero, que éste no es un bono para enfrentar la emergencia causada por el terremoto, y segundo, que este bono no se debe otorgar en forma permanente.

Fundamentaré los dos puntos que he planteado.

En primer lugar, además del bono que otorga el proyecto de ley en discusión, que va a beneficiar a 4 millones de chilenos durante marzo, el país necesita enfrentar con urgencia las consecuencias del terremoto. Por lo tanto, solicito a los señores ministros, por intermedio de la señora Presidenta , que den a conocer con la mayor urgencia, tal como lo plantearon el señor Montes y otros diputados, el plan de reconstrucción para responder a las necesidades de muchos chilenos de las regiones más afectadas. En definitiva, la emergencia debemos enfrentarla con los proyectos respectivos, y la iniciativa en discusión beneficiará a las personas indicadas.

En segundo lugar, este bono no se debe otorgar en forma permanente. Se ha planteado acá -y el Gobierno lo ha asumido como un compromiso ante los chilenos- que existen familias que no están bajo la red de protección social, pero mientras no se elabore un instrumento permanente para solucionar ese problema, el bono es y debe ser una ayuda, especialmente en marzo. Esperamos pronto debatir, en detalle y sin esta urgencia, iniciativas sobre el ingreso ético familiar, que fue parte del debate de 2009, el cual tendrá, como se ha dicho, un subsidio único familiar, un bono para capacitación y un subsidio al trabajo.

Esperamos participar con mayor profundidad en ese debate para generar condiciones permanentes, mientras el país logra mayores niveles de desarrollo para avanzar hacia la derrota de la pobreza.

Respecto al monto del bono, el señor Lorenzini y otros diputados en esta Sala han hecho algunos planteamientos.

El bono responde a un compromiso adquirido con los chilenos, sobre la base de un presupuesto responsable, que debe ser la característica del funcionamiento del Gobierno de la República y de la manera en que se toman las decisiones en el Congreso.

La emergencia nos hará revisar las prioridades para la asignación de nuevos recursos. ¿Es éste el instrumento para hacer eso? ¡No! Esperamos que el Ejecutivo envíe pronto las iniciativas que recogen esas prioridades en un plan de reconstrucción.

Quiero volver a destacar el clima o el ambiente de debate, riguroso, serio, responsable, desarrollado en la sesión de ayer de la Comisión de Hacienda, que esperamos se mantenga en el tiempo y se extienda también a otros ámbitos de la Corporación.

Por último, señora Presidenta , en el discurso que pronunció en la sesión de Instalación nos planteó un Parlamento de emergencia.

Nuestra primera convocatoria es despachar pronto este proyecto de ley, para que no termine marzo sin que los chilenos que he señalado queden sin su bono.

Luego, deberemos abocarnos con la urgencia que se merece, a discutir con rapidez y en profundidad las medidas de emergencia que permitan enfrentar los daños producidos por el terremoto y maremoto que afectó a gran parte del país.

Más adelante, deberemos trabajar con seriedad y en profundidad para otorgar un ingreso de tipo familiar que beneficie a los chilenos más necesitados.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.

El señor TEILLIER.- Señora Presidenta , en primer lugar, agradezco a todos los diputadas y diputados que nos han dado la bienvenida y que nos han acogido como representantes del Partido Comunista, colectividad que regresa al Congreso Nacional después de 36 años.

En relación con la materia en discusión, nos parece que las necesidades que enfrenta el país después del terremoto son muy grandes, mucho más de lo que aparentan ser. Incluso, es difícil de imaginar su magnitud, a pesar de toda la elocuencia de los medios de comunicación sobre los daños y lo que está sufriendo la mayoría de las personas que viven en las zonas afectadas por el desastre. Hay que ponerse en su situación.

Hablo con bastante conocimiento de causa, porque recorrí prácticamente toda la zona afectada para hacerme una idea cabal de lo que sucedió y de lo que está sucediendo.

Me parece que se necesita mayor celeridad y eficiencia para enfrentar la reconstrucción. Debo recordar que el Presidente Piñera también prometió que su gobierno sería muy eficiente. Estas situaciones permiten evaluar si esa eficiencia existe o no. Toda la ciudadanía está esperando que eso se cumpla.

Vamos a votar favorablemente el proyecto, no porque seamos partidarios del bono o porque estemos de acuerdo con el argumento que da el mensaje. Pensamos que la reducción de las desigualdades no se logra mediante la entrega de bonos como éste. Espero que esto no nos lleve al conformismo de decir que hemos cumplido y que estamos reduciendo las desigualdades. Se han dado muchos bonos, pero, repito, no constituyen el camino más eficaz para reducir las desigualdades.

Además, por la gravedad de la situación, pensamos que el bono debería haber sido diferenciado, es decir, mayor en la zona más afectada por el terremoto. Por ello, pido al Gobierno que no haga oídos sordos a la posibilidad de otorgar otro bono en dicha zona si todavía no se ha avanzado en medidas paliativas de la situación.

Votaremos a favor del bono sólo por la urgencia en que nos ha puesto la catástrofe.

Por otra parte, concuerdo con diputados que han expresado la necesidad de abordar pronto la reconstrucción. Uno de los temas más serios es la falta de trabajo en las regiones más afectadas. Hay gente desesperada, ya que sólo depende de la ayuda. Alguien dijo aquí que falta para comer. ¡Falta mucho más que eso! Estamos preocupados. Viene el invierno, hay que poner techo a los edificios y a las casas, entregar mediaguas. En nuestro distrito ya no quedan, se agotaron. Me gustaría que el Gobierno informara si se va a contar con la cantidad adecuada. El país, más que nosotros, necesita conocer ese antecedente.

Además, hay municipios muy pobres que no tienen fondos para las demoliciones y el traslado de escombros. Esas son cuestiones muy urgentes de resolver antes del invierno.

También sectores completos de la economía nacional están prácticamente colapsados. Me da la impresión de que en Constitución la industria de celulosa está paralizada; por lo tanto, muchas empresas relacionadas con ella. Se dice que están afectados más de 7 mil trabajadores. No saben qué hacer. Alguien preguntó qué va a pasar con ellos. Lo mismo sucede en la actividad forestal. ¡Para qué hablar del sector pesquero artesanal, que está absolutamente destruido!

Falta construir escuelas, hospitales, etcétera.

Necesitamos saber pronto qué va a pasar. Pero nuestra actitud no va a ser la de quitar la sal y el agua al Gobierno de Piñera, como han dicho algunos; al contrario, aunque vamos a ser firmes en muchos aspectos. Por ejemplo, nos opondríamos tenazmente a la privatización de Codelco por el terremoto. Pero estamos dispuestos a estudiar y a colaborar para que se actúe con eficiencia en beneficio de la gente.

Tampoco debemos olvidar algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que no se ha puesto en tabla y se evita discutirlo: los derechos de los trabajadores. Cuando hay tal debilidad y desamparo en nuestra sociedad, más que nunca se necesita abordar temas como ese.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO .- Señora Presidenta , cuando llevamos una semana del nuevo Gobierno y esta es la tercera sesión de esta legislatura de la Cámara, la Derecha ya se está sacando la careta y la piel de oveja. Hace unos minutos fuimos basureados y amenazados por un terrateniente, perdón, por un diputado , que seguramente cree que está en uno de sus fundos retando a sus inquilinos.

Llamo a los parlamentarios a una oposición firme y a hacernos respetar. De lo contrario, el día de mañana esos diputados van a traer el rebenque y nos van a azotar.

No sé si soy hombre de Estado, sólo sé que me eligieron para defender los intereses de mi país, de mi pueblo, de mi gente y, en especial, de los más desposeídos.

Creo en el fair play, aunque mejor sería decir juego limpio. Escuchando el informe del honorable diputado Ortiz , no creo que las bancadas de Derecha consideren ese gesto, aunque también tengo mis aprensiones. No quiero pensar que la renuncia a la Comisión de Hacienda obedece a una acción de congraciarse con la Derecha. Quiero dejarlo bien claro.

Con respecto al bono, tengo opiniones y sentimientos encontrados. La solución a la pobreza y a las necesidades del país -lo dije en esta Sala durante el gobierno anterior- no son los bonos. Son un poco asistencialistas, indignos. Los grandes pueblos y países se han construido con trabajo, no con bonos. Eso es lo que reclamo en este Hemiciclo: que el Presidente señor Piñera cumpla con su compromiso, como dijo un diputado , no sólo con el bono de 40 mil pesos que ofreció durante la campaña; sino que empiece a cumplir su compromiso de dar un millón de empleos. Se necesitan trabajos permanentes, dignos y bien remunerados. Ahí esta la solución de fondo. Es cierto que el bono es necesario -a lo mejor debería haber sido el doble o de 100 mil pesos- pero no la solución de fondo. Nuestra gente requiere recuperar su dignidad.

El bono parece un gran esfuerzo del Gobierno, pero eso no debe significar que en las próximas sesiones se proponga un bono para seguir sobreprotegiendo a los grandes empresarios, porque han sido los más favorecidos; como ocurrió en los gobiernos de la Concertación. En el de la Presidenta Michelle Bachelet fui bastante crítico respecto de algunas decisiones económicas. En todo caso, no hay que confundir el bono con las políticas de protección social que tan bien llevó adelante nuestra Presidenta. Como lo dijo recién el diputado Teillier , no vamos a transar en ciertas materias. Los trabajadores chilenos y nuestra gente no vamos a permitir ni un milímetro de retroceso en las políticas sociales.

Mi temor es que, a propósito de este bono fabuloso, por el cual todos los chilenos están preocupados -estoy seguro de que hoy se va a aprobar su otorgamiento-, mañana el Ejecutivo envíe un proyecto para dar más beneficios a los grandes industriales; por ejemplo, a los del salmón. Recuerdo a la Sala que, a los pocos días de la crisis provocada por el virus ISA, el Gobierno sirvió de aval por más de 500 millones de dólares.

En relación con lo anterior, me preocupa el proyecto de ley despachado hace algunos días por Congreso Nacional con la aprobación de las modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura, que es la privatización del mar chileno. Y la privatización del mar chileno no vale 40 mil pesos, no vale 160 mil millones de pesos.

Por lo tanto, invito a los colegas -igual como lo hice hace cuatro años, cuando por primera vez hablé en este Hemiciclo- a que legislemos sobre cuestiones de fondo, no sólo buscando el mal menor. Desde la Oposición también podemos contribuir al desarrollo de nuestro país.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto que otorga el bono, pero, insisto, lo que necesita Chile, sus hombres y mujeres, es trabajo permanente, digno y bien remunerado.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señora Presidenta , en primer lugar, quiero destacar la casi totalidad de las intervenciones efectuadas en esta sesión, porque reflejan la seriedad y el ánimo de sacar adelante este proyecto, el primero enviado por el Gobierno, a una semana de haber asumido.

Pero también deseo recalcar la seriedad de la iniciativa en sí, pues el hecho de que hoy podamos defenderla responsablemente después del gran terremoto ocurrido sólo refleja la solidez de los fundamentos considerados para su diseño hace algunos meses. En efecto, aún cuando tenemos un desafío gigantesco que enfrentar: 30 mil millones de dólares menos de capital - suma que se requiere para la reconstrucción-, estamos en condiciones de entregar este bono; eso, sin duda, habla bien de la forma y de quienes elaboraron la iniciativa.

Pero en momentos de catástrofe, no se pueden mezclar las cosas. Evidentemente, las pérdidas económicas causadas por un terremoto de la magnitud del que vivimos, no se enfrenta con un bono de 40 mil, 100 mil ó 200 mil pesos. Se requieren políticas completamente distintas en cuanto a los montos, los tiempos y, ¡atención!, lo más importante, las focalizaciones. ¿Quién puede decir que se acaba el problema de techo, de casa o -como decía un diputado - de hambre si aumentamos el bono a 200 mil pesos? Por supuesto, ésa sería la “solución” más fácil y en pocas semanas tendríamos “superado” el terremoto. Todos sabemos que eso sería engañarnos.

En segundo lugar, es importante aprender de las experiencias. Obviamente, el rol del Gobierno y el de la Oposición son distintos. Pero quiero referirme al papel de parlamentarios de gobierno meses atrás. Sí, hace muy poco; en agosto pasado, esta Sala discutió un bono similar al que hoy se propone, oportunidad en que ellos, y rescato su opinión, fueron los primeros en alabar la seriedad para decidir el otorgamiento del bono; planteaban que se entregaría por una única vez y no en forma permanente.

¡Atención! A veces uno se olvida de las cosas. Si una mayoría circunstancial en agosto del año pasado hubiera planteado entregar en forma permanente dicho bono -como todos hubiésemos querido-, no tendríamos un peso para entregarlo ahora. Así de simple. Si ello hubiera ocurrido, a pesar todas las razones positivas que se han dado sobre la necesidad de entregar el bono en marzo -porque es un mes que importa un mayor gasto; porque todavía persisten en Chile 800 mil cesantes, por lo que nadie puede decir que están superados totalmente los efectos de la crisis económica-, hoy estaríamos con los brazos amarrados y no podríamos responder con ninguna propuesta.

En tercer lugar, que se ha aprendido de las buenas experiencias y se ha aplicado la misma línea de corte, que es al 31 de diciembre del año anterior, lo cual no era fácil para un Gobierno que recién ha asumido.

Por otra parte, todo el esfuerzo fiscal -no tengo duda de que en esto represento a muchos parlamentarios- tiene que dirigirse a la reconstrucción de país.

En 24 horas más, cuando este proyecto ya sea ley de la República, seremos los primeros en querer tener en esta Sala a todos los ministros a fin de que expliquen lo que ya tienen diseñado para reconstruir el país y escuchen las propuestas de los diputados. Pero hacia ese objetivo tiene que dirigirse todo el esfuerzo. Y lo más focalizado posible, para que ojalá no le llegue ni un peso a quien no lo necesita, pero sí a todo aquel que realmente sufrió los efectos del terremoto.

Por último, es muy importante -entiendo la dificultad que ello conlleva- que el Ministerio y el Gobierno no cedan y se concentren en asumir el compromiso de entregar el bono el 31 de marzo. Lo digo porque sé que estratégicamente eso es muy difícil. Sin este bono, muchas familias modestas de las regiones más afectadas deberán aceptar pagar intereses casi usureros a las casas comerciales para comprar los útiles escolares o cubrir sus necesidades más urgentes.

Por lo tanto, es fundamental, más allá de una cuestión política, que este bono se pague en el mes de marzo y que pueda satisfacer las verdaderas necesidades de mayor costo, especialmente en el área educacional.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Vuelvo a pedir la unanimidad de la Sala para disminuir las intervenciones a cinco minutos.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra, en su primer discurso, hasta por cinco minutos, el diputado señor Robles.

El señor ROBLES.- Señora Presidenta, en primer lugar, saludo al ministro de Hacienda, quien por primera vez defiende un proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

En segundo lugar, haré algunas reflexiones relacionadas con el proyecto que estamos discutiendo.

Primero, me parece bien que los Presidentes de la República cumplan con sus promesas de campaña. Para fortalecer la democracia, debería ser una práctica que todo candidato a cualquier cargo de elección popular cumpla con los compromisos que asume con la ciudadanía durante su campaña.

Por lo tanto, celebro que el Presidente de la República haya enviando este proyecto. Si ello sigue así, es probable que muchos de los compromisos que Piñera asumió con la ciudadanía los discutamos en este Congreso Nacional, porque muchos requieren ley.

Si se envían iniciativas respecto de compromisos de campaña que, como miembros de la Concertación rebatimos, Obviamente, manifestaremos nuestra oposición en este hemiciclo.

Por el contrario, proyectos como el que discutimos -tal como se expresó en la campaña presidencial, contribuirá a enfrentar los gastos que las familias, sobre todo las más vulnerables, tienen en el mes de marzo- hay que apoyarlos porque van en la dirección correcta.

El candidato de la Concertación también planteó el tema, pero desde el punto de vista de los derechos, es decir, que las familias más desposeídas de este país tenga el derecho permanente a contar con recursos en marzo para afrontar principalmente los gastos escolares, es decir, uniformes, calzado, útiles, etcétera; porque a las familias chilenas, sobre todo a las más vulnerables, se les va gran parte de su escuálido presupuesto -muchas veces de supervivencia- en gastos escolares -no sé si en alguna escuela rural o pública los chicos pueden asistir a clases sin uniforme- que son prácticamente obligatorios.

Por eso, me parece absolutamente racional el proyecto. El mensaje dice que su contenido se relaciona con la escolaridad, no con la reconstrucción. Responde -como planteé-, a un compromiso de campaña, que tiene una lógica, que me parece razonable.

Por lo tanto, anuncio que mi bancada lo aprobará.

Junto con el diputado Lorenzini y otros colegas de la Concertación presentamos una indicación para hacer permanente la entrega del bono. Pero, desde el punto de vista legislativo, es inadmisible. Sin embargo, claramente dejamos de manifiesto nuestro interés para que este bono -así lo planteamos también en la campaña electoral- fuese un derecho de la ciudadanía y permaneciera en el tiempo.

El bono que se propone otorgar no tiene relación con la reconstrucción, para ello será necesario presentar otros proyectos si queremos ayudar a la gente que hoy está sufriendo en las regiones más devastadas por el terremoto. El bono marzo no está destinado a ellos de manera específica y focalizada.

Por lo tanto, espero que muy pronto discutamos con el ministro de Hacienda la posibilidad de entregar bonos especiales u otras formas de apoyo a la reconstrucción, considerando de manera especial la situación urgente que viven las familias de las zonas más afectadas, fundamentalmente, debido a la alta cesantía ocasionada por la paralización de las fábricas. Hoy, la gente no cuenta con los ingresos necesarios para sostener económicamente a sus familias. Por eso, se requieren urgentes soluciones de Estado para ir en ayuda de esas personas.

En este sentido, he planteado la posibilidad de repensar el royalty como tal y no como un impuesto a la minería, con el objeto de que el cobre, el hierro, el litio y el molibdeno sean la fuente de los recursos para la reconstrucción y su costo no recaiga en el bolsillo de la clase media. La tierra es nuestro patrimonio, a pesar de su carácter volcánico y de los grandes desastres que hemos vivido. Sin embargo, todavía no hemos logrado un consenso con el oficialismo para un royalty sobre todos los productos metálicos y no metálicos que encontramos en nuestro subsuelo.

Anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley, porque me parece razonable, va en el camino correcto y continúa con la protección social impulsada por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet .

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.

La señora PASCAL (doña Denise).- Señora Presidenta , a veces se confunden los temas que tienen su origen en las promesas de campaña con los que son propios de la catástrofe nacional que vivimos.

Después de leer el proyecto de ley, a pesar de no ser miembro de la Comisión de Hacienda, me di cuenta de que se trata de una iniciativa idéntica a la que tuvo nuestra Presidenta de la República , Michelle Bachelet . El proyecto se compone de dos artículos y su mensaje está fundamentado y orientado hacia la catástrofe que vive nuestro país. Tratan de demostrarnos que este bono tiene ese enfoque.

¿Por qué no son suficientemente claros en decir que este bono responde a una promesa de campaña? ¿Por qué no se dice que se está cumpliendo algo que todos dijimos que era necesario reproducir en marzo: apoyar a las familias más necesitadas del país?

A mi juicio, dada la situación que vive Chile, el gran error en el otorgamiento de este bono está en la forma de calificar a las personas que lo van a recibir. Nuestra sociedad ha cambiado totalmente, especialmente en las zonas afectadas por la catástrofe. Quienes no fueron beneficiados el año pasado, tampoco son consideradas ahora, a pesar de que mucha de esa gente perdió todo y quedó sumida en la pobreza o en la extrema pobreza. A ello debe agregarse la pérdida de sus fuentes de trabajo como ocurre en localidades de la costa, por ejemplo, con los pescadores.

Por otra parte, hay muchas localidades que, si bien no pertenecen a las zonas declaradas en estado de catástrofe, también se han visto muy afectadas. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, entre las que se encuentran aquellas que represento en la Sala, de las provincias de Melipilla y de Talagante. Las comunas de Alhué, San Pedro, El Monte y Melipilla presentan un déficit de viviendas muy alto. Tal vez, hoy lleguen algunas mediaguas que nos permitan solucionar el problema de los techos.

También se encuentran afectados los pequeños productores, la gente de Pomaire, aquellos que se dedican al cultivo de las frutillas en San Pedro, quienes trabajan recogiendo frutas en los packing, que se cayeron todos, o aquellos que trabajaban en su propio campo y que hoy tienen grandes deudas con el BancoEstado.

Las consecuencias físicas del terremoto las hemos visto en todos lados, pero hay otros efectos que veremos en los próximos días y dicen relación con el sustento de la gente, en especial de quienes no serán beneficiados con el bono de 40 mil pesos. Esa gente, señor ministro , por su intermedio, señora Presidenta , también será damnificada si no se les postergar el pago de las contribuciones y de sus créditos con el BancoEstado. La clase media se endeudó con esa institución para adquirir sus viviendas y hoy no están considerados en este bono, por lo tanto, no reciben esa ayuda para contribuir a solucionar sus problemas.

Los alfareros y artesanos de Pomaire han perdido toda su producción. Hasta ahora no ha llegado un peso del Gobierno para apoyarlos. ¿Qué van a hacer con los créditos que tienen que pagar? Ellos necesitan pagar ahora sus cuotas ¡Ahora, no mañana! ¡Ahora!

¿Dónde está nuestro Gobierno para decir que esa gente va a tener protección?

Entiendo las razones por las que la Sexta, Séptima y Octava regiones han sido declaradas zona de catástrofe, pero se han olvidado que la gente de los sectores rurales de la Región Metropolitana, especialmente los adultos mayores, está pasando hambre y no cuentan con un techo para cobijarse.

Las casas que se cayeron con el terremoto eran de adobe y en ella vivían familias desde hace más de 80 años. Se quedaron sin casa ni sustento.

¿Dónde están las políticas de nuestro Gobierno para ellos? Esperamos un programa que pronto no sólo vaya en ayuda de los más pobres de nuestro país, que sabemos que este bono los apoya, sino también de la clase media, de la que se habló mucho durante la campaña presidencial, pero que hoy nuevamente queda marginada de este bono, como ocurre en la zona que represento.

Vamos a apoyar el otorgamiento del bono, porque es necesario, pero queremos saber cuál es el programa del Gobierno para la reconstrucción. Además, nos interesa conocer la mirada que se va a tener con la clase media y con los pequeños productores, porque no basta con decir que no se subirán los impuestos a las pymes. Lo importante es cómo se va a subvencionar lo que hoy no pueden recuperar con su trabajo, porque perdieron su fuente laboral, como ocurre en varias de las comunas de la Región Metropolitana, en especial de las provincias de Melipilla y de Talagante.

Apoyaremos este bono, pero, por su intermedio, señora Presidenta , solicito a los ministros presentes que se preocupen también de esa zona y de la clase media que está sufriendo mucho. De lo contrario, en un mes más se va a producir una segunda catástrofe en el país cuando la gente no tenga qué comer ni dónde trabajar.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.- Señora Presidenta , al analizar este proyecto tenemos que separar la preocupación que nos asiste por lo sucedido de lo que es el cumplimiento de una promesa de campaña del Presidente Piñera .

Estamos conscientes de la necesidad de una reconstrucción responsable. Al respecto, quiero recordar la experiencia que vivimos en el norte como consecuencia del terremoto de Tocopilla y de Iquique. Hasta el día de hoy existen más de 500 familias que aún no tienen solución a sus problemas. Por lo tanto, no queremos populismo, sino que ser responsables y ver qué se va a hacer, cómo se va a ayudar y efectivamente resolver los problemas de las personas que están sufriendo. ¡Quién no quisiera que este bono se aumentara y beneficiara a más personas!

Ayer le comenté al diputado Lorenzini que jamás vi esa actitud cuando junto con otros diputados pedimos beneficios directos para los damnificados del terremoto de Tocopilla e Iquique, que hasta el día de hoy no se les soluciona su problema. A lo mejor es torpe la comparación, pero queremos que esa experiencia se considere para proceder mejor en el futuro.

La iniciativa cumple con un compromiso de campaña. Se trata de un beneficio social ya demostrado, por lo que me parece que se debería aprobar sin problemas.

¿Qué hubiese sucedido si le hubiesen hecho caso al entonces candidato don Eduardo Frei , cuando señalaba que no había que dejarle plata a la Derecha? No queremos repetir esa irresponsabilidad. No obstante, debo reconocer que para el actual Gobierno el desafío es muy grande, ya que venía con todo el ímpetu para llevar a cabo las políticas sociales de la mejor manera, pero se ha visto enfrentado a una situación dantesca y trágica que pienso que ni siquiera en los cuatro años de su administración se va a solucionar totalmente. Quienes hemos sufrido los efectos de un terremoto sabemos que es muy difícil resolver rápidamente las consecuencias de este fenómeno.

Quiero expresar el sentimiento de la gente del norte para que no se vuelvan a repetir los errores que se cometieron en la reconstrucción de Tocopilla. Quiero que ese tercio del país que fue afectado por el terremoto, sepa que van a contar con todo nuestro apoyo para solucionar sus problemas. No obstante, las autoridades no deben olvidar de que el resto de Chile también necesita mantener los niveles de crecimiento y desarrollo. Por eso, hago un llamado a los intendentes y alcaldes para que prioricen los recursos y se optimicen de la mejor manera para que las zonas del norte no se vean, en parte, abandonadas por lo sucedido en el centro-sur.

Por ello, hay que tener cuidado con los procedimientos futuros para recuperar la inversión que en este momento es tan necesaria en el sur, pero sin abandonar a la gente del norte que no ha sufrido los embates del gran terremoto que afectó la zona centro-sur del país.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.

El señor ASCENCIO.- Señora Presidenta , en primer lugar, saludo a los señores ministros presentes en esta sesión.

En segundo lugar, quiero hacer presente que me alegra mucho que se cumplan las promesas de campaña. Eso prestigia a todos los actores políticos y a la política en general, aun cuando reconozco que hay otras promesas de carácter personal que fueron anunciadas y que aún no se hacen realidad, pero eso es harina de otro costal y en su momento se verá. Los diputados de la Democracia Cristiana vamos a votar a favor del bono. Nuestra bancada -acompañada por los diputados de la Concertación- había planteado la posibilidad de aumentar el bono a 100.000 pesos. Quiero ser franco y señalar que no era demagogia. Hay buenas razones para decir por qué hicimos esa petición. Además, algo se ha señalado al respecto durante el debate y me voy a referir, al menos, a dos de ellas.

Primero, es muy necesario que en la zona afectada por el terremoto -donde también hay personas que van a recibir el bono de $40.000, hay pueblos y comunas que están prácticamente en el suelo, como también su actividad económica- se inyecten mayores recursos, porque eso sirve para recuperar de alguna manera la actividad económica. Eso no es demagogia, sino aplicar una herramienta económica que es casi de sentido común.

Segundo, antes de ocurrir esta catástrofe el perfil de mucha gente no daba para obtener el bono, pero que, luego del terremoto -la vida es así- requiere de esta ayuda. Por eso, propusimos aumentar el bono a $ 100.000.- El Gobierno debe tener buenas razones para no aceptar esa proposición, pero preferiría no discutir sobre si la fórmula propuesta por nosotros es populismo o demagogia, porque nosotros creíamos que era buena.

Todos entendemos las grandes dificultades que va a enfrentar el ministro de Hacienda y el resto de los ministros para resolver este problema, porque no va a ser fácil, ya que la mitad de Chile está en el suelo. Todos queremos cooperar en eso, pero los que tienen más están obligados a realizar una mayor cooperación. No se le puede pedir a aquellos que perdieron todo que ayuden a la reconstrucción, menos a la emergencia, pero sí a los que tienen más que se pongan en un grado mayor con Chile.

Para iniciar el proceso de reconstrucción no basta con realizar una Teletón, sino que va a ser necesario discutir una reforma tributaria, porque el ministro de Hacienda va a tener que obtener los recursos de algún lado. Tampoco tengo ganas de iniciar una discusión acerca de “cuánto gastaste tú y cuánto voy a gastar yo”. El problema está en que para la reconstrucción se va a necesitar una cantidad de recursos que todavía no se cuantifica. No obstante, antes de eso está la emergencia. Antes de que lleguen las lluvias la gente tiene que tener un techo, alimentos, vestuario, es decir, las cosas normales que antes de la ocurrencia del terremoto eran su habitualidad.

Entonces, debemos analizar cuáles son las medidas concretas que se van a implementar para afrontar la emergencia. Aquí tenemos que separar lo que atañe a la emergencia del proceso de reconstrucción. Para afrontar la emergencia es indispensable la implementación de un conjunto de medidas que vayan en directo apoyo de aquellos a quienes se les cayó todo. O sea, necesitamos que los que tienen más contribuyan con los recursos necesarios para iniciar el proceso de reconstrucción. Algunos han planteado la posibilidad de aumentar el impuesto al royalty; otros, aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas y al tabaco, etcétera. Se ha dicho que no estamos dispuestos a aumentar el impuesto al valor agregado. Es una discusión que se tiene que hacer, como la relacionada a discutir cómo vamos a enfrentar la emergencia.

Los diputados Carlos Montes, Jorge Burgos , Aldo Cornejo , Patricio Hales y otros han solicitado una sesión especial para el próximo martes 23 de marzo, a fin de que los ministros informen a la Sala cuáles son los temas que en materia de emergencia y reconstrucción el Gobierno piensa abordar. Mientras tanto, la bancada de diputados democratacristianos le quiere hacer entrega al ministro de una carta y una copia de ella a la Secretaría de la Cámara de Diputados, con 22 medidas que creemos necesario que se pongan en práctica en forma urgente. Tienen que ver con cómo levantar a los chilenos que perdieron todo, entre ellos, los pescadores artesanales, los estudiantes universitarios, las pymes, los deudores de Indap, quienes necesitan crédito Corfo . ¿Qué hacemos con las subvenciones en las escuelas municipales? ¿Cómo pagamos las patentes? Esperamos que el ministro de Hacienda las estudie y que el próximo martes nos entregue una respuesta. Creemos que esa es una buena manera de colaborar. Son iniciativas nuestras que necesitamos que las autoridades de Gobierno las estudien y nos entreguen una respuesta acerca de qué es lo que debemos hacer.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la ministra del Trabajo, y a los ministros de Hacienda y de Planificación.

Hoy discutimos el otorgamiento de un bono de 40 mil pesos a un conjunto de ciudadanos que, sin duda, requieren de un apoyo económico para enfrentar el costoso mes de marzo. No obstante, a riesgo de ser impopular, como parlamentario siento que tengo el deber ético de manifestar mi preocupación por el uso y abuso de los bonos como mecanismo de apoyo a las familias.

Es comprensible que se usen en tiempos de crisis económica, cuando exista un desempleo de dos dígitos, o un alto costo de la canasta básica, pero institucionalizar la política de los bonos como forma de superación de las necesidades me parece altamente inconveniente.

No podemos intentar tapar con un bono las profundas desigualdades sociales que existen en nuestro país. El debate respecto de la superación de la pobreza es mucho más profundo y ustedes lo saben. No podemos institucionalizar en Chile la economía de la desigualdad estructural con bonos paliativos.

¡Así no se supera la pobreza!

Debemos hacer un esfuerzo por efectuar modificaciones más estructurales al sistema y corregirlo con medidas más profundas que cambien la desigualdad que hoy existe.

El diputado Recondo dijo que ésta era la fórmula del Gobierno de Sebastián Piñera para superar la pobreza. Creo que incurrió en un error que espero que sea enmendado por las autoridades económicas.

Este compromiso se contrajo el 24 de agosto de 2008, cuando Chile atravesaba una crisis económica. Fue una legítima promesa que se planteó al fragor de la campaña electoral. Es decir, fue hecha antes del 27 de febrero de este año, fecha en la cual nuestro país cambió de una manera terrible y para mal; porque la tragedia ocurrida dejó no sólo personas fallecidas y desaparecidas, sino también familias sumidas en una profunda pobreza y que hasta antes del 27 de febrero, tal vez, no requerían apoyo social. Debido a la catástrofe, hoy están en la categoría de pobres. En la actualidad, Chile tiene más pobres, que son distintos a los que existían antes del 27 de febrero.

Entonces, me preocupa cuando en el mensaje del proyecto de ley se hace una extensa referencia a la ayuda que se les ha brindado a los afectados por el terremoto, cuando, en realidad, ésta nada tiene que ver con las medidas adoptadas. Así, podría darse el absurdo -por cierto que va a suceder- de que este bono, que fue anunciado por el Presidente en Constitución, la zona más azotada por la catástrofe, no llegue a muchas personas afectadas porque, en estricto rigor, está pensado para otros beneficiarios. La institucionalidad social no está preparada para incorporar estas nuevas necesidades tan rápidamente.

Obviamente, se entiende que esta propuesta es previa. El mensaje fue muy mal fundamentado, al utilizar el terremoto como una forma de justificación, cuando, en realidad -insisto-, el sentido y la oportunidad eran otras.

Ahora, me surge una duda. He escuchado al ministro de Hacienda formular profusas declaraciones, en cuanto a que carecemos de los recursos económicos para enfrentar con fuerza y rapidez la reconstrucción. No quiero entrar en este debate. Algunos dicen que son gastos excesivos; otros, que hay problemas estructurales, que los 30 mil millones de dólares es una suma muy alta y que ninguna economía podría solventarlos sin hacer una reforma. ¿Cómo se puede entender, entonces, que a pesar de este cambio fundamental de las circunstancias que produjo el terremoto la autoridad económica no haya dicho que se iban a gastar 164 mil millones de pesos en el bono y que no los destinarían a los afectados?

Entiendo que en una empresa, a pesar de existir una planificación presupuestaria anual, cuando surge un imprevisto grave, de inmediato cambie las prioridades y reinvierta. Quizás, en este caso, hubiese sido prudente haber pagado el costo político y explicar a la ciudadanía que era necesario aumentar la cantidad de recursos para ir en ayuda de los más afectados por la tragedia.

Respecto de la reconstrucción -éste no es un bono de reconstrucción y entendemos que se adoptarán medidas-, es fundamental que cualquier medida no se base sólo en la Ficha de Protección Social. En Santiago y en las otras comunas afectadas hay un conjunto de personas que no son beneficiadas, y que, a pesar de ser de clase media están imposibilitados para reconstruir. Tenemos que ir en ayuda de ellos, para lo cual se requiere un subsidio de reconstrucción; de lo contrario, vamos a tener una clase media aún más empobrecida. No es suficiente decirle a esa gente que la banca les va a otorgar un crédito blando porque, en la práctica, en estricto rigor, sabemos que los intereses que se cobran por los créditos de consumo para reconstrucción son excesivamente altos, lo que hace imposible que, por ejemplo, los adultos mayores puedan acceder a ellos; lo mismo ocurrirá cuando la banca exija los antecedentes de Dicom.

En este año del Bicentenario se ha planteado el indulto presidencial para algunas personas que han cometido delitos. Sugiero al ministro la posibilidad de establecer un indulto para quienes registren deudas impagas en Dicom. De esta forma se aportará realmente a la reconstrucción, ya que las personas afectadas podrán acceder a subsidios y créditos para reparar sus viviendas.

Por eso, voy a contribuir con mi voto favorable al otorgamiento de este bono. Sin embargo, he creído necesario hacer presente mi deber ético de decir que no podemos validar una economía desigual y calmar las conciencias con un bono que cada cierto tiempo alivia la situación de ciertas personas. La superación de la pobreza implica medidas más estructurales para pasar definitivamente a ser un país desarrollado.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.

El señor BERTOLINO.- Señora Presidenta , en primer lugar, saludo a los ministros de Hacienda , de Planificación, secretario General de la Presidencia y del Trabajo que nos visitan, y les deseo mucho éxito en su gestión, porque ello será también el éxito de nuestro Gobierno que encabeza Sebastián Piñera , y de todos los chilenos.

Asimismo, quiero saludar a todos los diputados que se integran por primera vez a este Hemiciclo y a todas las bancadas parlamentarias, porque en nuestro país no sobra nadie. Todos quienes estamos aquí tenemos un compromiso con nuestra patria: hacer un aporte desde nuestras distintas ópticas y visiones para que la legislación sea la mejor. De manera que sean todos bienvenidos y los invito a trabajar por Chile.

Respecto del proyecto en discusión, valoro el sentido de urgencia del Gobierno de Sebastián Piñera, porque la iniciativa que otorga el bono de marzo ingresó a la Cámara en la primera sesión de esta legislatura. El sentido de urgencia con que ha actuado nuestro Gobierno es lo que la ciudadanía ha valorado, a pesar de los dramáticos desastres naturales que nos ha tocado vivir: un terremoto y un tsunami.

Quiero decir también que comparto plenamente lo dicho por el diputado del Partido Comunista Guillermo Teillier, en cuanto a que los bonos no son la forma de lograr igualdad de oportunidades y equidad. Por esa razón, los bonos no deben ser permanentes, sino excepcionales. En este caso, ¿cuál es la excepción? No sólo el compromiso contraído durante la campaña presidencial, sino que éste se haya asumido ante la devastadora crisis financiera internacional que se produjo en el país del norte en 2008 y que afectó a todo el mundo durante 2009. Debemos reconocer que, gracias a las medidas adoptadas por el ex ministro de Hacienda , Andrés Velasco , que fueron tratadas por la Cámara y aprobadas por todos nosotros, sin distinción, pudimos aumentar el gasto público -no es lo ideal- para minimizar los efectos de la crisis. Por eso, de un gasto fiscal del 10 al 12 por ciento que se había presupuestado, estamos llegando casi al 20 por ciento.

Pero, aunque nos duela, gracias a esto, superamos la crisis en mucho mejor forma que otros países. España tiene hoy un 20 por ciento de cesantía; nosotros estamos en un 8 por ciento y fracción. Por lo tanto, debemos valorar los esfuerzos que se han hecho.

Asimismo, considero importante señalar que así como la crisis nos afectó y crecimos casi menos que al 2 por ciento -esto significa que nuestro país y nuestra gente se empobrecieron-, obviamente, esto llevó a que el Presidente Piñera quisiera aliviar a las personas durante el mes de marzo, pero como producto de esas condiciones.

Por eso, creemos que este bono debe ser aprobado, sin mezclarlo con el legítimo derecho y aspiración de las personas que se han sentido afectadas por este desastre natural. Por cierto, se tomarán medidas de emergencia en beneficio de las regiones afectadas; se otorgarán subsidios y una serie de estímulos financieros y se postergará el pago de compromisos, tanto impuestos como cargas fiscales, que aliviarán la situación que están viviendo las regiones afectadas por el terremoto. Pero este bono estaba pensado con otra finalidad, que comparto.

Por lo tanto, voy a votar favorablemente el proyecto, al igual que toda la bancada de Renovación Nacional.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.

El señor ANDRADE.- Señora Presidenta, votaré a favor del proyecto, porque es lo que corresponde.

Quiero señalar que nuestra condición de partidos de Oposición no constituye un obstáculo para aprobar iniciativas en beneficio de las personas; pero, por la misma razón y la misma consideración, debemos expresar nuestros puntos de vista.

Se trata, además, de cumplir un compromiso y hay que valorarlo. Confío en que el Gobierno, y en particular el Presidente , cumplan con todos sus compromisos, y hago presente que, al menos en uno, ya está en mora y me parece importante que asuma ese hecho. No parece razonable que se diga que esto se va a cumplir pronto; los compromisos se cumplen o no se cumplen. Insisto: en uno muy importante, el Presidente ya está en mora.

En relación con el proyecto, quiero señalar dos o tres apreciaciones.

La iniciativa prescinde de la consideración del terremoto y es nítida en ese sentido. Ha provocado en la Sala una continua aspiración de todos de que se incorporen los factores del siniestro, pero el proyecto no se relaciona con eso. Tal vez lo que mueve a equívoco es que la propia fundamentación del proyecto hace presente la consideración del terremoto.

Desde ese punto de vista, es inconsistente, porque el proyecto, en sí mismo, no guarda relación con el fundamento número 3, para ser preciso. En ese sentido, no es sino una reiteración de proyectos anteriores. Incluso, tan clara es esta prescindencia que la fecha de corte de los beneficiarios es anterior al terremoto: el 31 de diciembre pasado.

En consecuencia, es obvio que no exista consideración hacia las zonas afectadas, porque no es ése el sentido del proyecto, y uno debe hacerle caso a quien genera la iniciativa.

Sin embargo, me preocupa la noción de cómo se enfrentan esos problemas. Seguimos en la consideración de que las personas son sólo beneficiarias, y por eso se aplica la lógica de los bonos.

Quiero decir con mucha franqueza que discrepo del concepto de bono, ahora y antes; no tengo problemas en decirlo, para que no se genere la inquietud que ya se ha escuchado.

Por su intermedio, señora Presidenta, quiero decir al ministro que los ciudadanos tienen derechos. Por su parte, los bonos tienen una particularidad: están sujetos al arbitrio de la autoridad, pero no así los derechos.

Entiendo que si las consideraciones para conceder el bono marzo tienen que ver con las características del período, no veo razón alguna para que en los próximos marzos no existan las mismas consideraciones, y tampoco veo razón alguna para no hacernos cargo desde ya del problema, porque no tener esa consideración, desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, hace muy difícil que en momentos de crisis como los que hemos vivido le pidamos a los mismos ciudadanos lealtad y afecto respecto del país que los trata simplemente como beneficiarios, y huelgan los comentarios que pudimos ver en la televisión a propósito del siniestro que todos conocimos.

Desde esa perspectiva, entiendo que hay un compromiso implícito de que pronto conoceremos el conjunto de iniciativas que implementará el Gobierno para enfrentar la emergencia y la reconstrucción. Voy a esperar esas medidas, y por eso en la discusión del proyecto que nos convoca no he querido insistir en involucrar los problemas generados por el terremoto. Sin embargo, eso también tiene un límite y es obvio que pronto debiéramos conocer esos planes, no sólo desde la perspectiva de iniciativas parciales, sino que desde una mirada general, porque -permítame decirlo, señora Presidenta - el sello de la crisis, el sello de la solución en la impronta que le da el Gobierno, es algo bien relevante para la discusión del Congreso Nacional, y no siempre eso se nota cuando las iniciativas vienen parcializadas o de una en otra, y me interesa conocer cuál es la impronta que el Gobierno quiere dar a la forma de enfrentar la crisis.

Finalmente, después de haber escuchado a los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, quiero hacer un par de consultas y no sé si eso es posible.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Sí, señor Diputado .

El señor ANDRADE.- Gracias, señora Presidenta . Uno nunca termina de aprender.

Como dije, quiero hacer dos consultas que me surgen de la lectura del proyecto. Primero, ¿ante quién se reclama por el no pago del bono? El proyecto señala plazos para los efectos de realizar la reclamación, pero no indica ante quién.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , ha terminado su tiempo. Redondee la idea, por favor.

El señor ANDRADE.- Termino de inmediato, señora Presidenta.

¿Quién es el titular del bono en el caso de familias previstas en el sistema Chile Solidario consagrado en el inciso cuarto del artículo 1º del proyecto?

El bono es un derecho individual, pero en este caso se está asignando a una familia, a un colectivo.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Marinovic.

El señor MARINOVIC.- Señora Presidenta, ante todo, quiero saludar y dar la bienvenida a los distinguidos ministros presentes en la Sala.

A mis colegas, nuevos parlamentarios de la Cámara de Diputados, quiero expresarles que durante estos dos días de legislatura he experimentado sentimientos encontrados respecto de los tiempos y la forma en que se encara una serie de situaciones al interior de la Corporación.

Coincido con lo expresado por el diputado Carlos Montes, en el sentido de que la gente tiene hambre, está esperando esta ayuda económica y, por lo tanto, debemos tener un gran sentido de urgencia y rapidez para tramitar el proyecto.

A los diputados antiguos quiero pedirles su apoyo y consejo para que me aporten su experiencia, de la misma forma que hizo ayer el diputado José Miguel Ortiz en la Comisión de Hacienda, donde se dio un gran ejemplo de cómo deben hacerse las cosas en la Cámara de Diputados.

En cuanto al proyecto, ayer suscribí una indicación, que fue declarada inadmisible, respecto de la permanencia del bono en el tiempo. Es lógico plantear su permanencia, porque, en la medida en que las causas que exigen el establecimiento de una bonificación y apoyo en el mes de marzo persisten en el tiempo -para la escolaridad y un sinfín de gastos propios de ese mes-, también debe persistir la necesidad de apoyo y de urgencia en eso.

Por lo tanto, más que pedir que la bonificación sea permanente, debiera pensarse en un plazo prudente, en la medida en que las tasas de crecimiento del país hagan pensar que la gente pueda enfrentar de mejor forma la situación.

Además, creo que es bueno eliminar de ese tipo de bonificación una connotación política para el gobierno de turno, porque todos los gobiernos se ven tentados a ofrecer beneficios y, por esa vía, obtener provecho político.

En segundo lugar, por su intermedio, señora Presidenta , quiero decir al ministro que urge, es necesario y prioritario dar inicio al plan de reconstrucción.

En ese sentido, concuerdo con algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, para que hagamos llegar una ayuda económica a las personas damnificadas de esas regiones que hoy lo están pasando muy mal.

Vamos a tener que aclarar muchas cosas a la comunidad y al país. Por ejemplo, le pregunto al ministro , por su intermedio, señora Presidenta , ¿vamos a estar dispuestos a generar un crédito tributario a la reinversión en activos fijos para recuperar rápidamente toda la capacidad productiva, las plantas de celulosa que están cerradas y muchas otras industrias que están paralizadas? ¿Vamos a hacer esa reinversión, un crédito tributario descontable de los impuestos de primera categoría? ¿Vamos a eliminar el pago de contribuciones a las personas que han sufrido daños en sus casas? ¿Vamos a eliminar ese costo que van a tener que enfrentar en sus viviendas? ¿Vamos a condonar y repactar deudas tributarias y bancarias generadas por esa situación?

Reitero: necesitamos conocer con urgencia el plan de reconstrucción al más breve plazo.

La gran pregunta es: ¿quién paga la reconstrucción? En ese ámbito, vamos a tener que desarrollar un gran trabajo.

¿Estamos dispuestos a subir los impuestos a las grandes compañías mineras y a las grandes empresas para que no sea necesario quitarle el presupuesto y reasignación de FNDR y otras cosas a las regiones más aisladas del país? Personalmente, estoy de acuerdo con eso; por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de que la reconstrucción sea pagada por quienes deben hacerlo, y no por la gran mayoría de los chilenos que viven en regiones aisladas y otros que también tienen necesidades prioritarias.

Por la urgencia que el Presidente Piñera le ha puesto a estos temas en su Gobierno, pido al ministro que a la brevedad podamos trabajar en ellos.

En resumen, quiero saber cuáles son las medidas tributarias para reconstruir el país, quién va a pagar eso y cómo vamos a salir de esta crisis.

La bancada independiente votará favorablemente el proyecto.

Finalmente, deseo a la señora Presidenta la mayor suerte en su gestión.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.

El señor URRUTIA.- Señora Presidenta , al igual como lo han hecho otros colegas, doy la bienvenida y les deseo mucha suerte a los ministros y ministras en su gestión, pues la tarea que se viene por delante es sumamente compleja y difícil. Estamos ante una catástrofe inesperada y que nos ha afectado muy fuerte. Represento a uno de los distritos más dañados por el terremoto, que incluye a la provincia de Cauquenes y a la parte sur de la de Linares.

Hoy, a la Oposición le es muy fácil decir que el bono no arregla la desigualdad o que es muy pequeño, y por lo tanto, debería elevarse su monto. Sin embargo, gobernó durante veinte años el país y no fue capaz de arreglar ese tema. Hizo todo lo contrario, creó mayor desigualdad.

Hoy, piden que el bono de 40 mil pesos se dé en marzo de todos los años. ¿Por qué no lo propusieron cuando esa medida partió el año pasado durante la gestión de la Presidenta Bachelet ? ¿Por qué no lo pidieron antes? Por alguna razón no lo hicieron. Porque el Presupuesto de la Nación se fija todos los años y, por lo tanto, no se puede establecer para el futuro un bono determinado.

El país se encuentra ante una catástrofe gigantesca, que nadie se la esperaba. Estoy en una zona muy afectada. Me encantaría agarrar una botella, frotarla, para que salga un hada mágica que solucionara todos los problemas, sobre todo los originados por el terremoto, de la noche a la mañana.

Pero esos son cuentos de hada; no es la realidad, pues ésta es absolutamente distinta. La realidad debemos enfrentarla como seres humanos, no como en un cuento de hadas. En este contexto, las cosas no son fáciles. Tal vez otro gobierno ni siquiera hubiera entregado el bono de los 40 mil pesos y, quizás, habría ocupado los recursos en otro tipo de cosas. Pero se hizo un compromiso en la campaña y éstos hay que cumplirlos. Siempre se debe cumplir la palabra empeñada, pues, en caso contrario, se pierde la credibilidad. Eso es lo que ha hecho el Presidente Piñera . En cumplimiento de su palabra, ha entregado el bono de los 40 mil pesos, con el esfuerzo fiscal gigantesco que significa encontrarse con este terremoto, que nos ha afectado a todos.

El Presidente Piñera también nos ha dicho, al menos a los parlamentarios de Gobierno -porque con anterioridad, cuando éramos Oposición, no nos informaban de nada; hoy la información la tenemos nosotros-, que en los próximos días enviará una iniciativa de reconstrucción al Congreso, que beneficiará a toda la gente afectada por este tremendo terremoto, que permitirá que todos los parlamentarios, tanto de Gobierno como de Oposición, analicemos y discutamos la materia.

Ahora deseo plantear algo que me preocupa respecto de los sectores productivos. El Presidente de la República expresó que para reconstruir Chile se necesitan 30 mil millones de dólares. El ingreso masivo de dólares desde el extranjero puede hacer bajar fuertemente el valor de la moneda en nuestro país. Eso, por un lado, ayudará a la reconstrucción, pero, por el otro, derrumbará toda la cadena productiva.

Por eso, pido al ministro de Hacienda que ponga el mayor de los cuidados en esa materia. Sé que está consciente de ello, porque no podemos dejar caer el dólar más allá de lo que ha caído hasta la fecha. Los sectores productivos necesitan un dólar sobre los 600 pesos y, según la información de la mañana, está en 528. Está muy por debajo del piso que necesitamos para ser competitivos en los mercados mundiales. Una baja mayor puede provocar la debacle del sector productivo, agregando un problema más a la reconstrucción de las zonas que sufrieron la catástrofe.

(Hablan varios señores diputados a la vez).

Por eso, hago oídos sordos a lo que me dicen los diputados de enfrente, porque no tienen idea. ¡Qué hablen todo lo que quieran!

Felicito a la Presidenta y le deseo que le vaya muy bien en su mandato. Ayer partió con algunas dificultades, pero de a poco se irá afirmando. Nuestra bancada la apoyará siempre, durante todo su mandato.

Muchas felicidades.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ.- Señora Presidenta , al comienzo de esta sesión intervine como diputado informante del proyecto que otorga este bono solidario a las familias de menores ingresos, después que éste fuera analizado y aprobado anoche por la Comisión de Hacienda.

En esa instancia se abrió también el gran debate sobre la reconstrucción. Represento a las comunas de Concepción, Chiguayante y San Pedro de La Paz y sé que, en la práctica, hay que demoler más del 50 por ciento de las viviendas de la provincia de Concepción, en especial de Talcahuano, que parece bombardeada.

Por ello, así como el oficialismo, a los tres días de asumir el Gobierno, está cumpliendo un compromiso de campaña, estoy convencido de que en los próximos días debe plantear propuestas concretas para buscar financiamiento y subsidios para la etapa de reconstrucción.

Miles de familias de clase media, que trabajaron toda una vida y que en la actualidad son adultos mayores, como yo, compraron su casa o su departamento y apoyaron a

sus hijos profesionales en el mismo sentido, lo perdieron todo. En Concepción hay cientos de casos de esa naturaleza.

Por eso, mi discurso se centrará en el debate acerca del financiamiento del plan de reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero.

Algunos parlamentarios -los hemos escuchado en la Sala- y autoridades del nuevo Gobierno han señalado que las finanzas públicas están deterioradas, que no ha existido información sobre el gasto público y que no se sabe si hay recursos para enfrentar la reconstrucción.

Como diputado de la Concertación, quiero insistir en que la política fiscal durante los gobiernos de la Concertación fue responsable y transparente.

Todos los economistas tienen vínculos de amistad. No me cabe la menor duda de que el señor ministro de Hacienda tiene buenas relaciones con los cuatro ministros de Hacienda de los mandatos de la Concertación. Coincidimos en algunas actividades en las cuales concordaban en los mismos puntos. Quienes no éramos economistas, tratamos de darle la visión del hombre de la calle. Pero muchas veces todos se ponían de acuerdo. Sin embargo, en una cosa siempre concordaron. Dijeron: “los ministros de Hacienda de la Concertación han hecho bien las cosas”. Eso ocurría cuando éramos gobierno, porque ahora somos una Oposición seria y responsable.

¿Por qué expreso esto? La ley de Transparencia, aprobada por unanimidad en el Congreso durante la administración del Presidente Ricardo Lagos , estableció inéditas prácticas de información hacia la opinión pública y el Parlamento sobre los ingresos y gastos fiscales de cada año, que fue aplaudida en el mundo entero, que facilitaron el ingreso de nuestro país a la OCDE.

El último informe de enero de 2010, que se encuentra a disposición de todos los colegas en las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado, reveló la fortaleza de las finanzas públicas. Los activos financieros acumulados a diciembre de 2009 alcanzan la suma de 16.359 millones de dólares, lo que nos convierte en una Nación con deuda pública cero. Por lo tanto, ya no somos un país deudor, sino acreedor.

Por consiguiente, no corresponde a la realidad señalar que el gobierno de la Concertación no fue transparente en la información de las finanzas públicas, ni menos que están pasando por un mal momento.

Fuera de estos ahorros, de 16.359 millones de dólares, y de que el país no tenga deuda pública, este año el cobre ha alcanzado un valor superior al que proyectamos cuando discutimos la Ley de Presupuestos de la Nación de 2010. Por lo tanto, es posible financiar un programa de reconstrucción con apoyo focalizado a las familias más perjudicadas por el terremoto y tsunami que afectaron prácticamente a casi toda la costa del sur, y se puede financiar un programa de recuperación de la infraestructura educativa.

Por otra parte, nos preocupa que se hable de nuevas leyes de reconstrucción que conceden beneficios tributarios a las empresas, porque eso significa que el Estado será quien finalmente pague.

Por eso, le digo al ministro de Hacienda -por su intermedio, señora Presidenta- que estamos dispuestos a buscar los caminos que no afecten la economía nacional, a fin de satisfacer las necesidades de la gente.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señora Presidenta , no hay duda de que las diputadas y diputados de la Oposición concurriremos con nuestros votos favorables al proyecto, porque es urgente y más necesario que nunca para miles de compatriotas que están viviendo este gran sufrimiento. Y ese dolor y sufrimiento de miles de chilenas y de chilenos nos obliga a hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien en este Parlamento es debatir, pese a las urgencias, y trabajar intensamente para cumplir los plazos.

Por eso, discrepo de la intervención del diputado señor García , que quiere impedir el debate y amordazar las diferencias. Felizmente, esos tiempos ya pasaron y vivimos hace muchos años en plena democracia.

El señor GARCÍA (don René Manuel) .- No hable tonteras…

La señora MUÑOZ (doña Adriana).- No puede tratarme así, diputado García . Si usted cree que las mujeres hablamos tonteras, es su opinión.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .- Diputado García , lo llamo al orden.

Puede continuar, señora diputada .

La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Parece que le duele la verdad, pero muchas veces hay que callarse los dolores.

Señora Presidenta , por respeto a los señores ministros y al país que sigue este debate, que es urgente y dramático, como se ha planteado, voy a continuar con el uso de la palabra.

El llamado bono marzo es idéntico en su diseño, cobertura y monto al bono de agosto que entregó la presidenta Michelle Bachelet . Lo resalto porque alcanza y beneficia a los mismos sectores vulnerables y medios que el bono de agosto de 2009. Es decir, no hay novedad en lo que se ha titulado como “ampliación hacia los sectores medios”. Repito: es el mismo universo y la misma cobertura.

Es absolutamente posible hacerse cargo de un compromiso de campaña, como lo está haciendo el Gobierno del señor Sebastián Piñera , con la realidad que ha surgido en nuestro país después del terremoto. Hay muchas familias que antes de este desastre no calificaban para ser beneficiadas con el bono, por cuanto no estaban en el corte de ingreso que establece el proyecto, pero que después de esta catástrofe lo perdieron todo. También hay familias con ingresos por sobre 500 mil o 480 mil pesos, que va más allá del corte de este beneficio, pero que hoy no tienen casa, colegios, nada. Ésa es la realidad a la que debemos poner atención, y que es absolutamente posible.

El diputado Andrade y otros diputados han señalado que los considerandos del proyecto abundan en referencias a la catástrofe. Por lo tanto, en mi opinión, es absolutamente posible hacerse cargo de estas realidades: el compromiso de campaña y el drama que viven seis regiones de nuestro país como consecuencia del terremoto.

Como parlamentaria de la Región de Coquimbo, que también ha sido azotada por terremotos, me hago solidaria con el planteamiento de los diputados Lorenzini y Ortiz , que representan a la zona que hoy está viviendo el mayor drama después de esta catástrofe. Es fundamental crear rápidamente una mesa de trabajo para definir un instrumento que entregue un bono diferenciado, que se salga del marco de este proyecto, dada la urgencia que está comprometida, pero que llegue en ayuda de aquellas familias que hoy han quedado en una situación social y económica absolutamente distinta de la que tenían antes del terremoto.

Por último, quiero hacer referencia a dos aspectos técnicos del proyecto: el primero fue planteado por el diputado Jaramillo y dice relación con el costo administrativo del bono marzo, que es del orden de 1.500 millones de pesos. ¿De qué forma este costo administrativo, al que no se hace referencia en el proyecto, va a afectar el Presupuesto del IPS, Instituto de Previsión Social, en el funcionamiento normal de todos los programas que este organismo debe llevar a cabo? Sería importante que esto quedara claramente establecido.

En segundo lugar, el corte que se establece para la acreditación de los beneficiados, que es al 31 de diciembre, en mi opinión, pone en riesgo, por lo taxativo de la fecha, a sectores de trabajadores, como temporeros y portuarios, que causan carga al 31 de diciembre.

Como representante de una zona donde hay muchos trabajadores de temporada y también portuarios, hago presente esta observación a la señora ministra y a los señores ministros que hoy nos acompañan, porque causa temor que esta fecha de corte taxativa, el 31 de diciembre, deje fuera a este sector de trabajadores que abunda no sólo en mi región, sino en todas las regiones del país.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.

El señor VON MÜHLENBROCK.- Señora Presidenta , aprovecho la oportunidad de saludar a los ministros que nos acompañan por primera vez en este Hemiciclo.

Este importante proyecto, que ayer despachamos en la Comisión de Hacienda, viene a ratificar la palabra empeñada por el Presidente Piñera en su campaña, que se está cumpliendo a menos de una semana de haber asumido el mandato presidencial.

Este bono marzo es muy distinto, lo que quedó bastante claro en la Comisión de Hacienda, y no tiene nada que ver con lo que vamos a discutir a futuro respecto de los proyectos que ingresará el Ejecutivo para afrontar el tremendo terremoto y maremoto que sufrió nuestro país.

Se trata de una medida de urgencia para los pobres y para la clase media. Los pobres no pueden esperar, y la creación e implementación de un ingreso ético familiar, sobre el que tanto hemos hablado, demorará un tiempo. Por eso, se ha decidido ayudar en forma inmediata a más de un millón de familias, con un total de beneficiados, de a aproximadamente 4.123.275 personas, de las cuales 2 millones están caracterizadas como “más pobres”, y otros 2 millones de personas de la clase media.

Todos sabemos la justificación del proyecto y la urgencia que tiene. Se trata de marzo y de los altos costos que se deben enfrentar en este mes, lo que aumenta la presión a la gente. Además, debemos tomar en cuenta el tremendo desastre que ocasionó el terremoto.

Agrava aún más las cosas el alto índice de desempleo de estos momentos. Tenemos una tasa de alrededor del 8,7 por ciento, de acuerdo con la información del INE del trimestre octubre-enero. Esa tasa es muy alta, y esperamos bajarla en el transcurso de los meses que se aproximan.

El bono no soluciona el problema de la tremenda desigualdad. Los gobiernos de la Concertación de Izquierda han provocado esa desigualdad económica persistente. Chile ha sido exitoso en la reducción de la pobreza, pero no podemos decir lo mismo respecto de la desigualdad económica.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano del 2009, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile se encuentra aún entre los países con mayor desigualdad de ingresos. Es el 19º en el ranking de más desigualdad de un total de 182 países. Su coeficiente Gini es de 52, mientras el de China es de 41,5; el de Estados Unidos, de 40,8; el de Alemania, de 28,3. Y así podríamos seguir dando ejemplos.

Espero que los nuevos equipos ministeriales del Presidente Sebastián Piñera puedan corregir esta tremenda desigualdad económica. En tal sentido, concuerdo plenamente con lo expresado por el diputado señor Teillier. 

Por otra parte, hemos escuchado a los sectores de Oposición decir que van a hacer una contribución y van a asumir una posición patriótica durante la tramitación y la discusión de los proyectos de ley.

Cuando nosotros fuimos Oposición, siempre mantuvimos una actitud patriótica con las autoridades, sobre todo de Economía y de Hacienda. Espero que ahora la Concertación de Izquierda haga lo mismo.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Se encuentran inscritos alrededor de 22 señoras y señores diputados para hacer uso de la palabra.

Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar la sesión por 30 minutos.

Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- No hay acuerdo.

El señor MELERO.- Señora Presidenta, pido la palabra.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.

El señor MELERO.- Señora Presidenta , ¿sería posible restringir las intervenciones a dos minutos? Sería una alternativa mejor que extender la sesión hasta las 13.30 horas, para que todos puedan intervenir.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- ¿Habría acuerdo de la Sala para restringir las intervenciones a sólo dos minutos?

Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.

El señor DÍAZ.- Señora Presidenta , es muy importante precisar la filosofía con la que vamos a trabajar cuando hablemos sobre este tipo de bonos, porque los que envió la Presidenta Bachelet , que no sólo están en el espíritu, sino también en la letra del proyecto recibido, tenían una finalidad bien particular y concreta: hacer frente a la crisis internacional que azotaba a la economía y al presupuesto de las familias más modestas del país.

El ministro de Hacienda de la Presidenta Bachelet precisó que se trataba de un cataclismo mayor en la economía no sólo internacional, sino también nacional, y que, desde esa perspectiva, se justificaba una medida de carácter excepcional como la entrega de un bono de estas características.

Creo que el ministro lo fundamentó bien, porque la filosofía de los bonos no puede tener un carácter populista ni demagógico.

El bono marzo es una promesa de la campaña del Presidente Piñera . Hoy se nos dice que hay urgencia por cumplir esa promesa. Diría que también hay urgencia para que se desprenda de las acciones de Lan y resuelva el conflicto de intereses con esta empresa y con las acciones de Colo-Colo, etcétera.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor DÍAZ.- El diputado René Manuel García se encuentra muy activo para aportillar las intervenciones de los demás. Parece que su nueva condición de diputado de Gobierno le ha dado un ímpetu particular, o viene estimulado por un acicate de la naturaleza.

Así como el Gobierno de la Presidenta Bachelet debió atender una situación de

crisis internacional con un impacto tremendo en la economía nacional y en las familias más vulnerables, este bono debió haber sido usado para apoyar a quienes se han visto golpeados por una crisis de envergadura gigantesca, como el terremoto de 27 de febrero.

Propusimos utilizar esta herramienta para llegar de manera específica a los damnificados, porque nos parecía una vía directa para ayudar rápida, eficiente y concretamente a los cientos de familias que se han visto afectadas por el terremoto y el tsunami. Nos parecía perfectamente posible, solidariamente razonable y técnicamente viable. Lamento que el Gobierno no haya accedido a esta propuesta.

Respaldaré este proyecto, que votaré a favor, porque entiendo que va a significar un apoyo y un alivio. Pero también nos parece importante hacernos cargo del nuevo mapa de la pobreza, de la nueva caracterización socioeconómica, particularmente de las regiones afectadas. De hecho, la señora Presidente es diputada por una de ellas. Conoce perfectamente que los mapas sociales de su región, de la Región del Maule y de la Región del Biobío cambiaron.

Si el primer proyecto de la administración Piñera no se hace cargo de eso, entonces deben ingresar los otros proyectos, porque el país entero está esperando, no solamente las regiones afectadas, sino todo Chile, que ha sido intensa y activamente solidario para ir en ayuda de las regiones más afectadas, que el Parlamento y el Ejecutivo pongan manos a la obra en el esfuerzo, no sólo en la emergencia, sino también en la reconstrucción y en el apoyo a las familias más vulnerables.

Quiero agregar un punto respecto del fundamento de este bono, de esta oferta de campaña. En su momento, se esgrimió el argumento de que debía entregarse ayuda a las familias para hacerse cargo de la particularidad tan compleja del mes de marzo; es decir, de la reunión en un solo mes de un conjunto de gastos que hacen difícil enfrentar con holgura o tranquilidad ese mes. Me pregunto si va a cambiar en algo marzo del 2010 respecto de marzo del 2011, 2012 ó 2013.

Tampoco hubo acogida para otra propuesta, que consistía en hacer de este bono una herramienta permanente de apoyo a las familias más vulnerables de Chile, para que no sea un ofertón de campaña, para que no tengamos debates respecto del carácter populista o demagógico de tal o cual medida.

Se trata de un bono que va ayudar a enfrentar los gastos de marzo -no tengo ninguna duda de ella- a las familias más vulnerables.

Pido al Gobierno que, una vez despachado este proyecto, considere la posibilidad de que el bono sea permanente, y que en marzo de los años sucesivos también se entregue a las familias vulnerables, como una medida de apoyo permanente del Estado de Chile a las familias más vulnerables del país.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.

El señor BURGOS .- Señora Presidenta , en primer lugar, doy la bienvenida a los señores ministros que asisten al Parlamento, que es, sin duda, el poder del Estado más distintivo de la democracia en cualquier lugar del mundo.

En segundo término, quiero repetir la frase que pronunció el diputado Osvaldo Andrade : el bono hay que aprobarlo porque hay que aprobarlo, porque tiene sentido, entre otras cosas, porque debemos tener presente que después del terremoto del 27 de febrero la paz social está más débil, y los hechos así lo comprueban. Los que saqueaban y los que acumulaban en los supermercados sin ninguna razón -no hay mucha diferencia entre ambos, a mi juicio- muestran que tenemos un problema de paz social. Por eso estamos en circunstancias especiales y la seguridad pública, extraordinariamente -y, ojalá, transitoriamente-, está bajo resguardo de quienes normalmente no lo hacen.

Entonces, a la gente que está esperando hay que darles una respuesta rápida. Pero eso no implica que los parlamentarios, particularmente los de las zonas afectadas, no tengan derecho a decir que era prudente entregar un bono mejor para esos sectores, y nadie tiene derecho a responderles que son unos populistas o demagogos, ¡No corresponde! Menos en el clima de unidad que queremos crear, porque la reconstrucción de Chile es una tarea de todos: del Gobierno, por cierto, pero también de la Oposición. Y la creación del clima de unidad no son meras palabras; son actitudes.

En ese sentido, quiero hacer una simple mención. Se ha dicho que una de las formas de reconstrucción es acceder al crédito externo y el propio Presidente de la República agregó que es porque afortunadamente lo podemos hacer. ¡No es afortunadamente! Se debe porque hubo una política fiscal disciplinada que le permite al país contar con más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto como ahorro y le permite tener sólo el 6 por ciento de su PIB como deuda. ¡Somos acreedores por primera vez en la historia de Chile! Eso nos permitirá- al señor ministro de Hacienda , que conducirá las finanzas del país, lo sabe mejor que nadie- tener una posición distinta.

Eso, mezclado con una visión de unidad, nos va a permitir salir de esta situación, pero debemos hacerlo con unidad real, no con simples palabras, reconociendo los méritos y la situación en que está Chile hoy respecto del pasado. Eso es básico, es de la esencia, porque fue una construcción de todos: de los conductores económicos y de los presidentes de la República que antecedieron al Presidente Sebastián Piñera , pero también de los trabajadores, de los empresarios y de la Oposición. No saquemos cuentas pequeñas.

Por su intermedio, señora Presidenta , quiero decir al ministro de Justicia , que no está en la Sala, que si hay una crisis carcelaria no culpe a la administración del Presidente Ricardo Lagos, que fue el mandatario que construyó más metros cuadrados en cárceles en Chile. ¡Pero a él le ha echado la culpa! ¡Por favor! La unidad, el espíritu de país se construye cotidianamente con palabras, con actos y debe ser creíble.

Las bancadas de la Concertación apoyarán el proyecto de ley que otorga un bono solidario, porque entendemos que es una necesidad para miles de chilenos y estamos atentos a colaborar en la reconstrucción de este país, desde la unidad, desde la mirada de Chile y no desde una mirada pequeña.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín.

El señor LARRAÍN ( ministro de Hacienda ).- Señora Presidenta , he escuchado atentamente las exposiciones de las señoras diputadas y de los señores diputados.

Ayer tuve el honor de llegar por primera vez al Congreso Nacional en mi calidad de ministro de Hacienda del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y lo primero que hice fue sostener una reunión con los jefes de bancada de la Oposición y del Partido Comunista, con el objeto de generar un clima de diálogo y de intercambio de ideas. No estaremos de acuerdo en todos los temas, pero estamos disponibles para recibir sugerencias, aportes y discrepancias, ojala en el mismo clima que he observado en estos días, que es de respeto por las posiciones, aunque sean distintas.

Posteriormente, me correspondió asistir a la Comisión de Hacienda. Quiero hacer un reconocimiento, tanto a los parlamentarios de la Coalición por el Cambio como a los de Oposición y a los independientes por el clima de armonía de respeto y por el buen ánimo que observé en dicha Comisión, que me deja muy optimista respecto del futuro, por la posibilidad de tratar proyectos en conjunto y de construir esta relación que, espero, redunde en beneficio del país.

Por otra parte, aspiramos a continuar con la tradición de políticas fiscales responsables que ha tenido este país en los últimos años. Me parece que es justo mencionarlo, más allá de las discrepancias que tenemos.

Ahora bien, respecto del sentido del bono, es un compromiso con Chile. La gente lo tiene incorporado y el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera va a cumplir con ese compromiso.

El bono responde a la crisis económica que azotó a nuestro país durante el año pasado y que llevó la tasa de desempleo a niveles del orden del 11 por ciento, con casi 800 mil compatriotas desempleados. No es por el terremoto, sino que responde a una realidad distinta, que requiere de un enorme esfuerzo fiscal. El costo es de 320 millones de dólares, que absorbe los recursos de libre disponibilidad, más 150 millones de dólares que requieren reasignación. De manera que estamos usando, prácticamente, completamente esos recursos.

Como saben, este bono beneficia a más de 4 millones de personas, más de 2 millones de familias de los sectores más vulnerables del país y de clase media. Respondiendo a una inquietud que se planteó ayer, preciso que beneficia a familias de clase media del orden del 60 por ciento más vulnerable de nuestra población.

También se planteó eliminarlo o reducirlo. La verdad es que, para nosotros, es difícil recortar el beneficio a los más pobres de este país para apoyar el proceso de reconstrucción, pues contamos con otros recursos para ello.

Es muy importante la oportunidad de aprobar la iniciativa para empezar a pagar el bono en marzo.

Se mencionó la idea de actualizarlo aun más, considerando los efectos del terremoto. El Ministerio del Trabajo -acá está presente la ministra Camila Merino- ha hecho un enorme esfuerzo por actualizar la base al 31 de diciembre, esto es, hasta hace poco más de dos meses. Quiero recordar que el bono que propuso la Presidenta Michelle Bachelet, que aprobó el Congreso en agosto pasado, correspondió a la nómina de abril de 2009, por lo tanto había 4 meses de diferencia. Nosotros lo estamos haciendo con un margen de 2 meses y medio, con gran esfuerzo, porque cuando asumimos las cifras no estaban actualizadas al 31 de diciembre. Por supuesto, entendemos que no es la forma de acudir a paliar y apoyar a las personas que sufrieron los efectos del terremoto.

También se ha planteado que ésta no es la forma de derrotar a la pobreza. Estoy convencido de que eso no se hará a través de bonos. Vamos a buscar otros mecanismos. El bono marzo es un paliativo, una ayuda para un mes difícil luego de un año de crisis. Ése es su sentido.

Hemos escuchado los planteamientos de convertirlo en permanente, pero no estamos de acuerdo con esa alternativa, no porque no queramos entregar una solución permanente a la pobreza, sino porque tenemos el concepto de ingreso ético familiar, en que aspiramos a incorporar, no sólo para marzo, los subsidios que reciben las familias y los ingresos autónomos, y complementarlos, para llegar a un nivel de ingreso digno para las familias más vulnerables del país.

Por lo tanto, en el concepto de la permanencia, podemos abordarlo, porque tenemos un espacio para conversar y llegar a acuerdo sobre el ingreso ético familiar.

Termino diciendo que tomamos nota de todo lo que se ha dicho en relación con la urgencia de las medidas por los efectos del terremoto. Pero éste no es el instrumento, porque diseñar un instrumento adecuado para ir en auxilio de las personas que sufrieron con el sismo y el maremoto nos va a tomar un poco más de tiempo. Entendemos dicha urgencia y, en nuestra opinión, el bono debe comenzar a pagarse en marzo. Para los estragos del terremoto vamos a implementar medidas específicas -lo señalo brevemente-, como ayuda a los pescadores que sufrieron, en algunos casos, la pérdida de un ser querido y de su medio de trabajo, y a las viviendas sociales que tuvieron daños importantes. Asimismo, vamos a disponer planes especiales de empleo para las zonas afectadas y buscar formas de apoyo para las pymes.

En cuanto a las medidas tributarias planteadas, también estamos conscientes de las dificultades de pago en algunas regiones. Probablemente esta semana, vamos a anunciar medidas que permitan alguna facilidad -sólo para las personas afectadas; no de manera generalizada-, en el pago de contribuciones. Estamos en reuniones con la banca y con la asociación de aseguradores para garantizar que se va a responder a tiempo con los seguros y que se van a dar las facilidades necesarias para la gente que sufrió daños derivados de esta coyuntura.

De manera que agradezco la oportunidad que se nos ha brindado de exponer este proyecto. Además, agradezco las intervenciones, los comentarios y esperamos continuar con esta tradición de apertura, de diálogo y de escuchar opiniones, tanto, de nuestras bancadas de la Coalición por el Cambio como también de la Concertación, del Partido Comunista y de los independientes.

Muchas gracias.

-Aplausos.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el secretario general de la Presidencia , señor Cristián Larroulet.

El señor LARROULET ( ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señora Presidencia , sólo quiero sumarme a las palabras de agradecimiento del ministro de Hacienda por este debate e informarles que el ministro del Interior , acompañado de los ministros sectoriales, va a asistir el próximo martes a la sesión que solicitaron algunos parlamentarios y que nosotros pedimos oficialmente ayer a la Presidenta de la Cámara , para dar a conocer en detalle los planes y diagnósticos de todas las actividades que el Gobierno está realizando para responder al drama de millones de chilenos que están viviendo en las zonas afectadas.

Como dijo el ministro de Hacienda , nuestra primera prioridad es que se apruebe este bono-marzo. Estamos trabajando intensamente para resolver los problemas provocados por la emergencia, y el detalle de cada una de las medidas para abordar los problemas de la gente que hoy está sufriendo dramáticamente lo podrán conocer directamente a partir del próximo martes de parte del ministro del Interior y de los ministros sectoriales.

Muchas gracias.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Los siguientes diputados y diputadas han quedado sin poder hacer uso de la palabra: señora Cristi, doña María Angélica, señores García-Huidobro, Uriarte, Álvarez-Salamanca, señora Sabat, doña Marcela; señores Cardemil, Cerda, Rincón, Silber, Chaín, Auth, Jiménez; señora Vidal, doña Ximena, señor Campos, señora Girardi, doña Cristina; señores Farías, Accorsi; señora Saa, doña María Antonieta; señores Schilling, De Urresti, Espinoza, don Fidel, y Lemus, los cuales, si lo desean, podrán insertar sus discursos en la versión de esta sesión.

Cerrado el debate.

Tiene la palabra el diputado Andrade.

El señor ANDRADE.- Excúseme, señora Presidenta , pero en mi intervención hice un par de consultas a los señores ministros. No sé si ya es tarde para que sean respondidas.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Ya cerré el debate, señor diputado , pero le sugiero que hable directamente con ellos y, si fuera posible, que después me envíe las respuestas.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor AUTH .- Honorable Presidenta , colegas, ministros, ministra.

En primer lugar, quiero saludar el tono del debate que hemos sostenido esta mañana. Con la excepción de quien tuvo la pretensión de dividir esta sala entre patriotas (los que están con el Gobierno) y antipatriotas (los que conformamos la Oposición), ha primado el espíritu de analizar en serio este proyecto de ley, su contenido, su impacto, sus insuficiencias y su beneficio.

Nosotros expresamos nuestra crítica entonces -la reiteramos ahora- al daño que se hace a la democracia cuando, para conseguir adhesión electoral, se ofrezca en campaña recursos públicos que se entregarán a un sector específico de la población en la eventualidad de recibir el apoyo mayoritario en la elección. Pero la elección ya pasó. Unos ganaron, otros perdimos. Ahora se trata de un gobierno que entrega un bono que beneficia a poco más de 4 millones de personas que sin duda lo necesitan.

El diputado Recondo señaló que éste es un paso en la conformación del ingreso ético familiar que se propone conseguir el actual Gobierno. Entonces hay una primera inconsistencia. Si así fuera, es evidente que este bono debiera ser permanente, pues si constituye una pieza de dicho ingreso, no puede entregarse sólo el mes de marzo posterior a la elección, dependiendo de la voluntad del gobernante de turno. No me explico, entonces, que las autoridades económicas se hayan negado a analizar en serio la propuesta de darle a éste bono un carácter permanente, que lo haga parte del presupuesto ordinario de la Nación.

El mensaje que acompaña el proyecto argumenta efectos de la crisis económica y los gastos especiales en que debe incurrir la familia, particularmente la que tiene niños o jóvenes, durante el mes de marzo. Así lo estimó el gobierno de la Concertación en 2009 y por eso diseñó e implementó este bono en marzo pasado. Que el nuevo gobierno repita este mecanismo, por lo demás con idéntico procedimiento y metodología, constituye un explícito reconocimiento a la Presidenta Bachelet , hecho que aplaudimos,

Pero hay una segunda inconsistencia aún mayor. El propio ministro Larraín , así como los diputados Silva y Von Mühlenbrok señalaron que no hay ninguna relación entre este bono y las consecuencias dramáticas de la catástrofe del 27 de febrero pasado. Pero, el mensaje que precede el texto del proyecto de ley usa los efectos del terremoto para justificar la procedencia de este bono. Convengamos que si se tratara al menos parcialmente de una respuesta a esta catástrofe telúrica y social, convengamos que sería completamente inadecuada. Primero, porque no tiene la focalización requerida en las familias y comunas afectadas, porque tiene la magnitud ni la proporción acorde a los daños y, finalmente, tampoco tiene la extensión necesaria, puesto que el terremoto afecto también mucho más allá del puntaje de la Ficha de Protección Social, a miles y miles de familias profesionales, comerciantes, artesanos, pescadores, pequeños emprendedores, en fin, personas a las cuales este bono no alcanza a beneficiar, de acuerdo a los criterios sociales pre-catástrofe que se utilizan.

Por lo anterior, esperamos que en los próximos días, con la urgencia requerida, vuelvan las autoridades del nuevo gobierno a discutir aquí los instrumentos para enfrentar las consecuencias de la catástrofe y también los mecanismos de financiamiento, esperando, por supuesto, que se hayan disipado los prejuicios ideológicos respecto a los cambios tributarios que la necesidad de mayor solidaridad social demandan.

Señora Presidenta , Ministros, Ministra : aunque lamento que no se haya acogido nuestra proposición de convertir esta ayuda a las familias más modestas de Chile a enfrentar las circunstancias especiales del mes de marzo en un instrumento permanente de solidaridad social, para que pase a ser parte de lo que ustedes han felizmente denominado ingreso ético familiar, voy a votar a favor de este proyecto de ley que beneficiará, aunque sea por una sola vez, a poco más de 4 millones de compatriotas.

Muchas gracias.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación, en general, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos, con excepción del inciso tercero del artículo 1º, que tiene el carácter de norma orgánica constitucional.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 114 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñán Felipe; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Aplausos.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general el inciso tercero del artículo 1º, que tiene el carácter de orgánico constitucional y para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de sesenta y nueve señores diputados y señoras diputadas.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 114 votos. No hubo votos en contra ni abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñán Felipe; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, la disposición anterior se daría por aprobada en particular con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.

Acordado.

Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular el resto del articulado.

Despachado el proyecto.

?VALPARAÍSO, 17 de marzo de 2010

Oficio Nº 8599

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley Nº 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1° de la ley N° 20.360.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquellas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social "Chile Solidario", conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del articulo 7° de la ley N° 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.

Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º de la presente ley, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.".

***

Hago presente a V.E. que el inciso tercero del artículo 1°, fue aprobado en general y en particular con el voto a favor de 106 Diputados, de 120 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES

Presidenta de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados

?Santiago, 19 de marzo de 2010

Oficio N° 20

INFORME PROYECTO LEY 5-2010

Antecedente: Boletín Nº 6852-05

Con anterioridad a emitir parecer respecto de lo que ha sido requerida esta Corte Suprema, se estima pertinente destacar lo siguiente:

El artículo 77 de la Constitución Política de la República dispone que la ley orgánica constitucional relativa a las atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema, para lo cual se otorgan los plazos que la misma norma contempla o lo que determine la urgencia del proyecto consultado para evacuar la consulta, que en el caso de la especie –discusión inmediata- corresponde a tres días, conforme lo establece el artículo 27 de la Ley N°18.918.

En estas circunstancias, recibido el oficio respectivo el 17 del presente, esta Corte ha podido informar a V.E. hasta el día 20 del mes en curso.

Se hace presente lo anterior por cuanto en los hechos puede importar que la iniciativa haya sido aprobada sin oír a esta Corte, procedimiento que se aparta de lo dispuesto por la Carta Fundamental.

A LA SEÑORA

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ÓRBENES

PRESIDENTA

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAISO

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado en sesión del día de hoy, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Urbano Marín Vallejo, Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, señoras Gabriela Pérez Paredes, Sonia Araneda Briones, señores Carlos Künsemüller Loebenfelder, Haroldo Brito Cruz, Guillermo Silva Gundelach y señoras Rosa María Maggi Ducommun y Rosa Egnem Saldías, acordó informarlo favorablemente, formulando las siguientes observaciones:

Por Oficio Nº 8581, de 16 de marzo de 2010, la Presidenta de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha solicitado informe de esta Corte sobre el proyecto de ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos.

I.Contenido del proyecto

El proyecto consta de 2 artículos:

i) El artículo 1° se refiere a los beneficiarios del bono extraordinario; la obligación, en ciertos casos, del beneficiario que perciba el bono, de entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones; las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de dicha obligación; el plazo para cobrar el bono; las sanciones administrativas y penales aplicables a quienes lo perciban indebidamente; y las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social para la adecuada implementación de este beneficio legal.

ii) El artículo segundo aborda el financiamiento de la iniciativa legal.

La única disposición de carácter orgánico, respecto de la cual le corresponde a la Corte emitir informe es el inciso tercero del artículo 1 que señala:

“Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1° de la ley N° 20.360, de 2009.”

El inciso citado precedentemente se refiere a las controversias suscitadas con ocasión de las obligaciones establecidas en el inciso segundo del artículo 1° del proyecto, cuyo tenor es el siguiente:

“En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley N° 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo”.

Este inciso trata de las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del D.F.L. N° 150, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1981. El inciso segundo de dicho artículo establece que las asignaciones familiares causadas por hijos menores se pagarán directamente a la madre con la cual vivan, si ésta lo solicitare, mientras que el inciso tercero de dicha disposición legal, dispone que igualmente procederá el pago directo a la cónyuge, a los causantes mayores de edad o a la persona a cuyo cargo se encuentre el causante, siempre que lo soliciten. En ambos casos no se requerirá el consentimiento del beneficiario.

La ley N° 20.360, a que se refiere el inciso tercero del artículo 1° de la iniciativa legal, otorgó un bono extraordinario para los sectores de menores ingresos e introdujo modificaciones en la ley N° 20.259, y fue publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2009.

El inciso tercero del artículo 1° de dicha ley es del siguiente tenor:

“Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán conocidas por los Tribunales de Familia, los que para estos efectos podrán exigir la entrega del monto total del bono, reajustado de conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución, a quien corresponda de conformidad al inciso precedente”.

II. Conclusiones

Luego del análisis respectivo, este Tribunal es de parecer de informar favorablemente la iniciativa legal.

Se deja constancia que siete señores Ministros estuvieron por no informar el proyecto en estudio, en lo que se refiere a las normas relativas a la organización y atribuciones del Poder Judicial, en atención a que dicha iniciativa fue despachada por el Congreso Nacional antes de que venciera el plazo establecido por la ley para el informe de esta Corte, con lo cual resulta que no se dio cumplimiento al mandato constitucional de oír previamente al tribunal, trámite que ya resulta extemporáneo por el agotamiento constitucional en la discusión del aludido proyecto de ley.

Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación con la presente iniciativa de ley.

Dios guarde a V.E

Milton Juica Arancibia

Presidente

Rosa María Pinto Egusquiza

Secretaria

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos.

BOLETÍN Nº 6.852-05

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S. E. el señor Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

A la sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señora Ximena Ricón y señores Baldo Prokurica y Eugenio Tuma.

Asimismo, en calidad de invitados concurrieron, del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Felipe Larraín; el Subsecretario, señor Rodrigo Álvarez; la Directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa; y la Coordinadora de Políticas Sociales, señora Alejandra Candia.

Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Ministra, señora Camila Merino; el Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias; y el asesor, señor Francisco del Río.

Del Ministerio de Planificación, el Ministro, señor Felipe Kast; la asesora, señora Natalia González; y el Jefe de Comunicaciones, señor Rodrigo Medina.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministro, señor Cristian Larroulet; el Subsecretario, señor Claudio Alvarado; y el Jefe de Gabinete del Subsecretario, señor Guillermo Ramírez.

Del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la Coordinadora Legislativa, señora Carolina Infante.

Del Instituto de Previsión Social, la Directora, señora Labibe Yumha.

De la Corporación de Estudios para Latinoamérica, la asesora, señora Macarena Lobos.

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Debe hacerse presente que los Comités del Senado, en sesión de 17 de marzo de 2010, acordaron unánimemente constituir, para el solo efecto del estudio del presente proyecto de ley, la Comisión de Hacienda con los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet y señores Camilo Escalona Medina, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber y Hosaín Sabag Castillo.

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Cabe señalar que por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de “discusión inmediata”, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, se discutió la iniciativa en general y en particular a la vez.

Se hace presente, asimismo, que dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, y en el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Honorable Cámara de Diputados, mediante oficio Nº 8581, solicitó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema acerca del proyecto de ley en informe, oportunidad en la que le comunicó la urgencia hecha presente por S.E. el Presidente de la República.

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NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL

A juicio de vuestra Comisión, el inciso tercero del artículo 1º del proyecto de ley requiere para su aprobación quórum orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY

Otorgar un bono solidario a las familias de menores ingresos.

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ANTECEDENTES

Para una cabal comprensión de la iniciativa de ley en informe deben tenerse presente los siguientes:

A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

- Ley N° 18.020 que establece subsidio familiar para personas de escasos recursos y modifica normas que indica.

- Decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

- Ley Nº 18.611, establece regionalización presupuestaria de los subsidios familiares y pensiones asistenciales.

- Ley Nº 18.987, incrementa asignaciones, subsidio y pensiones que indica.

- Ley Nº 19.949, establece un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza denominado Chile Solidario.

- Ley Nº 20.360, otorga bono extraordinario poara los sectores de menores ingresos, introduce modificaciones en la ley Nº 20.259.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje de S. E. el señor Presidente de la República da cuenta, en primer lugar, que el nuevo gobierno ha debido asumir sus funciones con posterioridad al gran terremoto maremoto que recientemente afectaron a gran parte de la zona centro-sur del país, que han dado lugar a la lamentable pérdida de cientos de vidas humanas y a la existencia de un número indeterminado de personas desaparecidas, a lo que se suman el drama de miles de compatriotas que quedaron sin sus viviendas y enseres más preciados, así como la destrucción que afectó a la infraestructura y stock de capital de nuestro país, especialmente en materia vial, portuaria, hospitalaria y escolar, que sin duda significarán un daño importante para la economía y el desarrollo nacional.

Frente a la magnitud, extensión y gravedad de la catástrofe que ha golpeado a Chile, prosigue, el gobierno ha destinado y seguirá destinando todo el tiempo y esfuerzos que sean necesarios para preparar y llevar a cabo un plan de acción que permita concurrir en ayuda de las víctimas de la tragedia y, al mismo tiempo, enfrentar con eficacia el desafío de la reconstrucción. De esta forma, en un contexto en el que el país aún no logra recuperarse de los efectos de la crisis económica mundial de los últimos doce meses, se ve nuevamente enfrentado a un desafío de enormes proporciones, que producirá un impacto muy significativo en la economía local y en su capacidad de empleo, producción y desarrollo económico, circunstancias todas que, lejos de amilanarlo, refuerzan el compromiso del gobierno con todos los chilenos y, particularmente, con los más vulnerables y necesitados.

Considerando lo anterior, añade el Mensaje, es que el primer proyecto de ley de la nueva administración ha contemplado hacerse cargo de uno de los compromisos más sensibles asumidos en la campaña presidencial, a saber, el otorgamiento de un Bono Marzo Solidario a las familias más vulnerables y a aquellas pertenecientes a la clase media necesitada, de manera que puedan afrontar con mayor entereza los gastos que el comienzo de cada año les demanda. Se reafirma, de este modo, el compromiso por luchar contra la pobreza y reducir las desigualdades excesivas a través de dos tipos de instrumentos. El primero, teniendo como fin la erradicación de sus causas, por la vía de crear doscientos mil nuevos empleos al año en promedio, el incremento sustancial del capital humano de la gente, mediante más y mejor educación y capacitación laboral, y el fortalecimiento de la familia. El segundo, apuntando a aliviar las consecuencias de la pobreza y la desigualdad excesiva, en el marco del ingreso ético familiar. El bono de $40.000 por carga familiar, precisamente, cumple con este segundo objetivo, favoreciendo a más de cuatro millones de chilenas y chilenos pertenecientes, a su vez, a más de dos millones de familias humildes y de clase media necesitada de nuestro país, constituyendo una importante y merecida ayuda para que estas familias puedan contrarrestar los mayores gastos que suele representar el mes de marzo, con motivo de pagos de matrícula, útiles escolares, permisos de circulación, contribuciones y cuotas de créditos asumidas en la última Navidad, entre otros. Se trata, en fin, de una ayuda justa, necesaria y oportuna, que llegará directamente a los bolsillos de quienes más lo requieren.

A través del presente proyecto, asimismo, se demuestra el compromiso con las regiones más afectadas tras la catástrofe natural acaecida el 27 de febrero del presente año. Si bien la primera prioridad es hacer frente a la emergencia de ella derivada, existe clara conciencia de que los siguientes pasos deberán enfocarse a aliviar a las miles de personas damnificadas, que principalmente habitan las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule, Bío-Bío, Araucanía y Metropolitana. En este sentido, el bono extraordinario que se propone constituye el primero de muchos instrumentos legales y administrativo, que directa o indirectamente beneficiarán a los compatriotas más perjudicados. Luego de hacer un catastro de los afectados, la magnitud de los daños y las principales deficiencias de infraestructura y servicios que afectan a las regiones, podrán establecerse las principales medidas destinadas a atenuar, solucionar y superar esas carencias.

El contenido del proyecto de ley en concreto, señala a continuación el Mensaje, entrega un bono extraordinario de cargo fiscal, no imponible ni tributable, a todos los beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020; y a todos los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del referido decreto con fuerza de ley, que perciban las mencionadas asignaciones por tener un ingreso mensual igual o inferior a $457.954. El bono en cuestión será de $40.000 por cada causante acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009.

Finalmente, tendrán derecho también al bono las familias y personas registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 31 de diciembre de 2009. En este caso, cada familia tendrá derecho a un bono.

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DISCUSIÓN GENERAL

El Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, inició su exposición señalando que no obstante las referencias contenidas en el Mensaje presidencial a la catástrofe sísmica sufrida por Chile en el mes de febrero del presente año, no constituye el presente proyecto de ley un instrumento orientado a afrontar las consecuencias de dicho evento de la naturaleza, pues su objetivo es dar cumplimiento al compromiso asumido con el país durante la campaña electoral, en particular con las familias más vulnerables y con las pertenecientes a la clase media chilena, con el fin de que puedan afrontar con mayor entereza los gastos que les demanda el inicio del año después de la crisis económica vivida en los años precedentes.

El costo fiscal de esta iniciativa, prosiguió, ascenderá a aproximadamente $165 mil millones, que equivalen a unos US$ 320 millones, financiándose este mayor gasto con cargo a la Provisión para Distribución Suplementaria del Tesoro Público del Presupuesto de la Nación, absorbiendo prácticamente por completo los $168 mil millones al efecto disponibles en la asignación 122, ítem 03, subtítulo 24 del programa 03, capítulo 01, de la aludida Partida.

Este beneficio, añadió, consistirá en un bono de $40.000 por carga o familia, que será entregado a los siguientes beneficiarios:

- Beneficiarios al 31 de diciembre de 2009 del Subsidio Único Familiar (SUF), que cubre esencialmente a menores de 18 años, inválidos, madres embarazadas desde el quinto mes de embarazo, madres de niños que reciben SUF, que integran hogares pertenecientes al 40% más vulnerable de la población según la Ficha de Protección Social (FPS).

- Beneficiarios al 31 de diciembre de 2009 de Asignación Familiar o Maternal (AF-AM), que contempla a las cargas de personas con ingresos laborales inferiores a $457.954, y mujeres desde el quinto mes de embarazo con ingresos laborales inferiores a $457.954.

- Familias al 31 de diciembre pertenecientes al programa Chile Solidario que no reciben SUF, AF o AM, que se sitúan en el 5% más vulnerable de la población.

Recalcó, enseguida, que siguiendo los mismos criterios y cifras utilizadas por el anterior gobierno para la entrega del bono pagado en el mes de agosto de 2009, en virtud de la ley Nº 20.360, que no reflejan las nuevas circunstancias post terremoto, el bono beneficiará a más de cuatro millones de causantes, que equivalen a más de dos millones de familias, pudiendo iniciarse el proceso de entrega durante el presente mes de marzo de 2010.

Finalmente, hizo ver que no se ha estimado pertinente darle un carácter permanente al presente bono, como algunas voces han propuesto, atendiendo fundamentalmente a dos razones: que su origen estuvo en la crisis económica que el mundo ha sufrido, por lo que, una vez superada, carecería de justificación; y a que el gobierno se encuentra estudiando otras soluciones que sí tengan ese carácter de permanencia, que estarían más bien asociadas a la idea del ingreso ético familiar.

El Honorable Senador señor Escalona llamó la atención sobre que las alusiones que el propio Mensaje del proyecto contiene a la reciente catástrofe, de manera lógica remiten a la necesidad de que la autoridad adopte medidas en consecuencia, cuestión para la que, claramente, el bono de $40.000 parece bastante exiguo.

Enseguida, hizo ver que en los momentos en que los efectos de la crisis económica mundial alcanzaron a nuestro país, el entonces gobierno de la Presidenta Bachelet elaboró un plan de reactivación que posibilitó atenuar sus efectos y activar la economía. Hoy en día, cuando los esfuerzos se deben centrar en la implementación de un plan de reconstrucción nacional que aún no se conoce, resaltó el rol protagónico que el Estado debe cumplir en él, sin que deba verse relegado a un segundo plano por las iniciativas que los privados ejecuten. En este sentido, sostuvo que el único camino no puede ser el otorgamiento de beneficios tributarios a los grupos económicos, pues se requiere también de soluciones como el cobro de royalties, el aumento del impuesto de primera categoría o planes en vivienda y salud, por ejemplo.

Finalmente, indicó que es esperable que la entrega de bonos no se transforme en una constante del nuevo gobierno, que de lugar al uso político de esta clase de instrumentos.

El Honorable Senador señor Lagos manifestó su inquietud por que la motivación expresada en el Mensaje de S.E. el Presidente de la República, en orden a que el bono a entregarse en el mes de marzo ayude a las familias necesitadas a afrontar con mayor entereza los gastos que el comienzo de cada año demanda, pueda repetirse en el mismo mes de cada año, pasando a ser una práctica habitual de la nueva administración.

Por otra parte, señaló que hubiera sido deseable que el proyecto incluyera algún beneficio extra para las familias de las regiones mayormente afectadas por el terremoto y posterior maremoto.

El Honorable Senador señor Sabag valoró la focalización del bono en los sectores más vulnerables de la población, más aún en base a los mismos parámetros en su oportunidad usados por la Presidenta Bachelet. Del mismo modo, hizo un llamado para que las medidas que en lo sucesivo se propongan en ayuda de los más damnificados por el sismo que afectó al país, consideren de modo especial a aquellas comunas y localidades que pese a no ser de las que más han sufrido los efectos de la naturaleza, y por tanto no han sido objeto de la cobertura mediática de aquellas, han igualmente padecido severos y profundos daños, quedando sin embargo relegadas en los planes que se han implementado. Estos planes de ayuda, finalizó, debieran contemplar aportes directos para las municipalidades que, por no contar con los recursos necesarios, ante la nueva situación de crisis se han visto imposibilitadas de satisfacer las demandas de la población.

La Honorable Senadora señora Rincón consultó por la situación de aquellas cargas familiares que al mes de diciembre de 2009 no formaban parte del catastro de la FPS y que, por consiguiente, no alcanzan a ser cubiertas por el beneficio, pero que obviamente, tras el terremoto, se encuentran en una situación de tanta precariedad que sí calificarían para ser incluidas en este instrumento.

El señor Ministro de Hacienda insistió en que las alusiones del Mensaje presidencial a la tragedia natural sufrida por el país no son más que una forma de hacer presente la plena conciencia que existe de la gravedad de la situación, no obstante lo cual de todos modos se está cumpliendo con la promesa electoral realizada por el nuevo gobierno. Sin embargo, no es la presente iniciativa legal la que va a hacerse cargo de resolver los problemas de las zonas afectadas ni de dar inicio a los planes de reconstrucción que el país requiere. Para estos últimos fines, aclaró, serán otros los proyectos que serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional, contemplando medidas específicas de las que, por lo demás, espera el Ejecutivo dar cuenta en la sesión especial convocada al efecto por el Senado para el día 23 de marzo del presente año. Entre ellas, se propondrán programas de apoyo a pescadores artesanales, de viviendas sociales y de empleos de emergencia, por ejemplo. Asimismo, se encuentra el sector público realizando un fuerte esfuerzo por ajustar el gasto, de manera de contribuir al Fondo de Reconstrucción anunciado por el Presidente, y se están analizando alternativas en materia tributaria que, de prosperar una vez conocidos los estudios sobre sus efectos y posibilidades de recaudación, serán oportunamente dadas a conocer.

En cuanto a los planteamientos de otorgar, a través del presente bono, sumas diferenciadas según se tratare de habitantes o no de las zonas afectadas, manteniendo el mismo costo fiscal de US$ 165 mil millones, indicó que fue una idea que se analizó, pero que a la postre se descartó porque sólo iba a significar una redistribución entre las personas de menos recursos. Igualmente, se estudió la posibilidad de aumentar el monto del bono para las regiones afectadas, dejando para las otras los $40.000, pero también se desechó, por el excesivo costo que representaba (US$ 98 millones adicionales si se daban $100.000 a los beneficiarios de las regiones del Maule y Bío Bío), y por el hecho de que si bien hay regiones que resultaron tremendamente afectadas, no todos quienes en ellas viven sufrieron daños de similar intensidad, lo que podía llevar a que recibiera una cantidad superior una persona que no tuviera una real urgencia por hacerlo. Por lo expresado, agregó, existe en el gobierno la convicción de que son otros los criterios y mecanismos que permitirán discriminar e identificar adecuadamente las verdaderas necesidades, razón por la que el Ministerio de Planificación se encuentra trabajando en la elaboración de una Ficha de Emergencia que conduzca, en un plazo razonable, a llegar más directamente en ayuda de los más afectados por el sismo.

Por otra parte, resaltó que no forma parte del programa del Ejecutivo utilizar la entrega de esta clase de bonos como una herramienta recurrente, y reiteró que los parámetros con arreglo a los cuales esta vez se ha presentado, son básicamente los mismos que utilizó la anterior administración del país.

La Honorable Senadora señora Matthei acotó que un proyecto que hubiese contemplado una suma superior sólo para dos regiones, no habría sido aprobado por el Congreso, pues habría generado el automático rechazo de los parlamentarios de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y la Araucanía, en las que también se encuentran lugares que fueron extremadamente dañados por el terremoto.

Sostuvo, además, que un incremento en el bono supondría un mayor gasto que sería mucho más eficiente si se realizara en forma directa en aquello que realmente se requiera, de manera que se distinga, por ejemplo, entre si una persona necesita un crédito para volver a levantar su negocio, comprar la lancha que perdió o construir su vivienda.

El Honorable Senador señor García, coincidiendo con lo manifestado por la Honorable Senadora señora Matthei, puso como ejemplo lo acontecido con el terremoto en la región de la Araucanía, donde colapsó el sistema de agua potable y de viviendas rurales, se destruyeron escuelas y donde, mientras el Hospital de Angol se encuentra en el suelo, el de Temuco se encuentra funcionando sólo a un tercio de su capacidad. En esta región, por lo demás, no todas las personas resultaron igualmente damnificadas, por lo que se requiere de una adecuada focalización de los recursos que se van a entregar.

El Ministro de Planificación, señor Felipe Kast, hizo presente que la información con la que su cartera ha iniciado la tarea de focalización de recursos, no ha sido todo lo completa que se hubiera esperado. En este sentido, además, aclaró que no será la FPS el instrumento que se utilizará para ir en apoyo de los más afectados por la catástrofe, sino la Ficha de Emergencia a que el señor Ministro de Hacienda hiciera referencia, que responde a otros parámetros.

Agregó, por otra parte, que de acuerdo con los datos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2006, el 35% de los bonos que se van a entregar en virtud del presente proyecto, llegará a entre el 40% y el 80% de la población, lo que asegura que la clase media recibirá buena parte del beneficio que se está proponiendo.

Expresó, finalmente, que debe tenerse presente que el presente proyecto no constituye un sustituto, sino un complemento de las medidas de emergencia que se implementarán para la reconstrucción de la zona centro-sur.

El Honorable Senador señor Escalona puso de manifiesto su profunda preocupación por lo dado a conocer por el señor Ministro de Planificación, en orden a que no será la FPS el instrumento a utilizarse para determinar las prioridades en la destinación de los recursos de ayuda, sino una nueva Ficha de Emergencia. La FPS, argumentó, es una herramienta por todos conocida y cuyo uso se ha legitimado en el tiempo para la ejecución de políticas públicas.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló discrepar absolutamente con lo indicado por el Honorable Senador señor Escalona, pues los aludidos son instrumentos con fines distintos, que en el caso de la Ficha de Emergencia se orientan, como han dado a conocer los representantes del Ejecutivo, a la forma en que se canalizarán los recursos que deberán entregarse ante la emergencia que hoy vive el país.

El señor Ministro de Planificación añadió que la Ficha de Emergencia será un instrumento adicional y específico, mas no un sustituto de la FPS, por lo que resultarán absolutamente complementarios para el manejo de la información que arrojen.

En votación el proyecto de ley, en general, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García, Lagos y Sabag.

DISCUSIÓN PARTICULAR

Artículo 1°

El tenor literal de este artículo es el siguiente:

"Artículo 1º- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley Nº 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1° de la ley N° 20.360.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquellas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social "Chile Solidario", conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del articulo 7° de la ley N° 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.”.

Artículo 2°

Este artículo dispone que el mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º del presente proyecto, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.

Puesto en votación los artículos 1º y 2º, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García, Lagos y Sabag.

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INFORME FINANCIERO

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con fecha 15 de marzo de 2010, señala, de modo textual, lo siguiente:

“1. El presente proyecto de ley concede, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la Ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del DFL Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4º del referido decreto con fuerza de ley, que al 31 de diciembre de 2009 perciban el subsidio o las asignaciones ya mencionadas. El bono será de $40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Igualmente, tendrán derecho a un bono por familia, las registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 31 de diciembre de 2009.

2. Esta medida tiene un costo fiscal de $164.931 millones en 2010. este mayor gasto se financiará con cargo a la asignación 24-03-122 “Provisión para Distribución Suplementaria” del Tesoro Público.”.

En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del país.

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TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponer la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

"Artículo 1º- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley Nº 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1° de la ley N° 20.360.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquellas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social "Chile Solidario", conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del articulo 7° de la ley N° 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.

Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º de la presente ley, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.".

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Acordado en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2010, con asistencia de los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet (Presidenta) y señores Camilo Escalona Medina, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber y Hosaín Sabag Castillo.

Sala de la Comisión, a 17 de marzo de 2010.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos

(BOLETÍN Nº 5.821-05)

I.PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Otorgar un bono solidario a las familias de menores ingresos.

II.ACUERDOS: aprobado en general (Unanimidad 5x0).

Artículo 1º Aprobado (Unanimidad 5x0).

Artículo 2º Aprobado (Unanimidad 5x0).

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de dos artículos permanentes.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: A juicio de vuestra Comisión, el inciso tercero del artículo 1º del proyecto de ley requiere para su aprobación quórum orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental.

V.URGENCIA: discusión inmediata.

VI.ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S. E. el señor Presidente de la República.

VIITRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 17 de marzo de 2010.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado por 114 votos a favor y ninguno en contra.

XI.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Ley N° 18.020 que establece subsidio familiar para personas de escasos recursos y modifica normas que indica.

- Decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

- Ley Nº 18.611, establece regionalización presupuestaria de los subsidios familiares y pensiones asistenciales.

- Ley Nº 18.987, incrementa asignaciones, subsidio y pensiones que indica.

- Ley Nº 19.949, establece un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza denominado Chile Solidario.

- Ley Nº 20.360, otorga bono extraordinario para los sectores de menores ingresos, introduce modificaciones en la ley Nº 20.259.

Valparaíso, a 17 de marzo de 2010

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de Comisión

OTORGAMIENTO DE BONO SOLIDARIO A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos, con urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (6852-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2010.

Informe de Comisión:

Hacienda (verbal), sesión 2ª, en 17 de marzo de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es otorgar, por una sola vez, un bono extraordinario de 40 mil pesos a los beneficiarios del subsidio familiar y de la asignación familiar o maternal que tengan un ingreso mensual o inferior a 457 mil 954 pesos.

Asimismo, tendrán derecho a un bono por familia los registrados en el sistema denominado "Chile Solidario".

La Comisión de Hacienda aprobó este proyecto por la unanimidad de quienes la integraron, Senadores señora Matthei y señores Escalona, García, Lagos y Sabag.

Corresponde tener presente que el inciso tercero del artículo 1° tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que su aprobación requiere 22 votos.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala los Subsecretarios de Hacienda, de Previsión Social y el General de la Presidencia y la señora Directora de Presupuestos.

--Se accede.

El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.

Tiene la palabra la Senadora señora Matthei, quien presidió la Comisión de Hacienda.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente , la iniciativa concede un bono, por única vez, de 40 mil pesos a los beneficiarios de subsidio familiar (SUF), cuyos causantes son aproximadamente 2 millones de personas; a los que reciben asignación familiar, que son cerca de 2 millones, y, además, a las personas registradas en el programa "Chile Solidario", que son las más pobres de todas y que suman alrededor de 105 mil individuos.

Por lo tanto, se trata específicamente de 4 millones 123 mil personas. El número de beneficiarios es cerca de 2 millones, entre los cuales hay que mencionar a los padres de familia.

El diseño de este bono es idéntico al concedido en agosto del año 2009, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Sigue exactamente los mismos criterios. Se aplicará a una nómina actualizada, con datos a diciembre de 2009. En aquella época, las listas solo contenían información a abril de ese año. En el intertanto, ha aumentado, marginalmente, el número de adscritos al subsidio único familiar, y disminuido, marginalmente también, el total de quienes perciben asignación familiar, básicamente por el incremento que han tenido los sueldos.

Recordemos que las personas que reciben asignación familiar son aquellas que tienen un sueldo igual o menor a 458 mil pesos.

El bono podría empezar a pagarse a fines de marzo, si es que se aprueba hoy la iniciativa. Tiene un costo de 165 mil millones de pesos.

Cabe señalar que la Partida del Tesoro Público, de acuerdo a la Ley de Presupuestos de 2010, consignaba 168 mil millones de pesos de libre disponibilidad. Es decir, el bono se "comerá" prácticamente todo ese dinero establecido en la Ley de Presupuestos para este año.

El 65 por ciento de ese monto va a personas que se hallan en los dos primeros quintiles, es decir, al 40 por ciento más pobre de la población; y el 35 por ciento, a quienes se encuentran en los dos siguientes tramos, esto es, entre el 41 y el 80 por ciento más pobre de los chilenos.

De otro lado, se formularon diversas preguntas en la Comisión. Por ejemplo, si se podía instituir este bono para ser recibido de manera permanente en marzo de cada año, dado que las necesidades en dicho mes son siempre iguales. Sin embargo, se explicó que tal beneficio obedece a la crisis financiera vivida el año pasado, la cual originó un aumento importante del desempleo, situación que, obviamente, esperamos que se revierta.

Por lo tanto, respecto de cualquier criterio para ir en ayuda de la gente más pobre, se piensa más bien considerar la idea de la entrega de un beneficio según el ingreso ético familiar en lugar del otorgamiento de un bono como el de ahora en marzo. Con ello, probablemente se desee llegar en mejor forma a las personas que más lo necesiten, conforme a un ingreso ético familiar en el que se estudie cuánto dinero ingresa a cada familia por diversas vías, y también cuáles son las necesidades de acuerdo al número de personas que la integran.

Se consultó además si se podía entregar un bono mayor para las zonas afectadas. Y la respuesta fue que tales áreas abarcan seis Regiones. En ellas se concentra aproximadamente el 80 por ciento de la población nacional. Por lo tanto, aumentar el beneficio de 40 mil a 100 mil pesos a ese porcentaje de personas representaba, en el fondo, más del doble del costo del bono original.

Además, se explicó que a la gente que resultó más afectada por el terremoto y el maremoto se piensa ayudarla más bien con programas de emergencia, de acuerdo a sus necesidades, en vez de darle un beneficio que no discrimina según el tipo y cantidad del perjuicio sufrido. No es igual el daño que pudieron sufrir las personas de la Quinta Región (donde tampoco fue uniforme) que las de la Séptima.

Por eso, se ha preferido llegar a la gente con programas específicos según sus requerimientos y en atención a los problemas que le generaron el terremoto y el maremoto.

Señor Presidente , dado que un bono similar se aprobó en dos ocasiones durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que el actual sigue exactamente los mismos lineamientos, creo que con la explicación entregada basta para que los señores Senadores puedan formarse su opinión al respecto.

Es cuanto puedo informar.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente , vale la pena señalar que esta es la primera ocasión en que el nuevo equipo de Ministros del área económica y social se halla presente en una sesión del Senado. Por tanto, corresponde que nosotros, en nuestra condición de Partidos de Oposición y en señal de buena voluntad democrática, les deseemos éxito en su trabajo, que no cabe ninguna duda será arduo y difícil.

Ahora, llegar a la altura del ex Ministro Andrés Velasco y sus asesores no será fácil. Pero nosotros, con el mejor de los anhelos, esperamos que se puedan acercar a esa valla.

Al mismo tiempo, les deseamos el mayor de los éxitos a los ex colegas parlamentarios, señores Álvarez y Alvarado , ahora en su condición de Subsecretarios.

De otro lado, nosotros pusimos de manifiesto en el curso del debate en la Comisión nuestra preocupación, porque, de manera voluntaria o involuntaria, el mensaje del Presidente de la República vincula este bono a la catástrofe natural que afectó al país en la madrugada del 27 de febrero.

Sobre el particular, se precisó que con dicho beneficio el Ejecutivo estaba dando cumplimiento a un compromiso de la campaña electoral última. Y lo asumimos así. Porque, en efecto, se materializa lo prometido en aquella por el entonces abanderado Sebastián Piñera.

Sin embargo, nosotros no podíamos aceptar que la iniciativa, de acuerdo a lo señalado en el mensaje, sea considerada como la primera relativa a la reconstrucción del país después de la catástrofe.

En tal sentido, parece lógico que no se haya incluido un bono para las familias de las zonas afectadas por el terremoto. Pero a nosotros nos parece enteramente razonable que se hubiese considerado, con independencia del costo.

Por otro lado, se señaló que el 80 por ciento del país estaría afectado por el cataclismo ocurrido. En efecto, geográficamente es así. Pero no cabe duda de que socialmente ello no es efectivo.

Por lo tanto, no nos gusta que se abuse de ese porcentaje.

En realidad, aquí estamos hablando aproximadamente de la mitad de las familias chilenas de las Regiones afectadas. Hay una parte muy importante de ellas que, por sus propias condiciones de vida, no se vieron tan perjudicadas por el grado de dureza con que se manifestó la Naturaleza.

En consecuencia, en cualquier tipo de medición que se realice, ya sea a través de la Ficha de Protección Social o del registro de emergencia que anunció el Ministro de Planificación en el debate de la Comisión, no cabe duda alguna de que aquí se trata de varios centenares de miles de familias que efectivamente necesitan de manera urgente el aporte del Estado para poder hacer frente a la catástrofe vivida.

Entonces, no tenemos dificultad en votar a favor de un proyecto que mejora las condiciones de consumo de las familias más pobres a lo largo y ancho del país. Pero no queremos hacernos parte de una imagen ante la opinión pública, en el sentido de que aquí estamos iniciando las medidas para enfrentar las consecuencias del terremoto. Eso no es así. Y ello quedó claro en el trabajo efectuado por la Comisión de Hacienda.

Por lo tanto, nos hemos permitido proponer que el Ejecutivo pueda urgentemente estudiar medidas en esa dirección. Estamos convencidos de que el país cuenta con recursos para hacer frente a la emergencia.

De hecho, cuando se inició la crisis internacional, todas las fuerzas políticas, tanto de Gobierno como de Oposición de la época, fuimos convocadas a tratar un paquete de reactivación por un valor de más de 4 mil millones de dólares, que todos respaldamos, que significaba un esfuerzo adicional del Estado.

Nos parece que ese esfuerzo adicional deberá hacerse efectivo de nuevo, a propósito del trabajo de reconstrucción que la situación exige. Y es probable que tenga que ser superior al programa de reactivación económica de enero de 2009.

No creemos que esa tarea deba asumirse con una simple disminución del gasto social en algunas áreas. Es decir, no pensamos que sea adecuada la vía exclusiva de la reasignación del gasto presupuestario, por medio de la cual se restan recursos a los pobres de una parte del país para beneficiar a los afectados por el terremoto en otra.

Estamos convencidos de que el Estado tendrá que efectuar un aporte adicional. Y, en tal sentido, nos hemos atrevido a hacer presentes nuestra voluntad y disposición para apoyar en el Congreso Nacional la aplicación de medidas complementarias, como la de aprobar legislativamente el aumento del royalty a la gran minería del cobre, que puede efectivamente concurrir con un volumen importante de recursos para establecer el fondo de reconstrucción.

Hemos también señalado con mucha franqueza aquí que el solo camino del aumento de beneficios tributarios para que grandes empresarios o grupos económicos puedan hacer donaciones no nos parece que sea el más eficaz. Porque muchas veces aquello se confunde con simples medidas efectistas de publicidad que van en beneficio de algunos grandes conglomerados económicos. Y la opinión pública ni siquiera se entera de la realización de esos desembolsos, con los consecuentes beneficios tributarios.

De esa forma, no encontramos adecuado reiterar de manera exclusiva las donaciones como una especie de "viga maestra", porque por esa senda se estaría también indirectamente achicando el Estado.

Dicho de otra forma, señor Presidente , aquí el Gobierno debe tomar una decisión política que es ineludible: aumentar el rol del Estado; en el fondo, asumir su responsabilidad en beneficio del bien común en una sociedad como la nuestra. Y, en consecuencia, tendrá que tomar las medidas para allegar los recursos necesarios a fin de configurar el fondo de reconstrucción que permita levantar hospitales, escuelas, viviendas, como una forma de hacer frente a la catástrofe, evitando así, entre otros peligros, que se pueda producir en el curso de las próximas semanas una crisis sanitaria en los sectores más afectados.

Para eso, el Gobierno tiene la voluntad de colaboración de los Partidos de la Concertación, pero no para achicar el Estado ni para dar la sensación de que se concurre en apoyo de los damnificados cuando en realidad eso no es así. Y la redacción poco coherente del mensaje así lo refleja: por una parte, el proyecto se vincula a la reconstrucción y, por otra, no.

Para poner en práctica políticas públicas en esas materias son esenciales la coherencia y la transparencia.

Por eso manifestamos nuestra preocupación frente a lo dicho en la Comisión por el Ministro de Planificación respecto de la Ficha de Protección Social. Nos parece que no porque haya habido terremoto y maremoto dicho instrumento se debe simplemente suprimir. Por el contrario, se puede complementar perfectamente con la Ficha de Emergencia a que se refirió dicha autoridad.

No cabe ninguna duda de que las herramientas de política pública que han demostrado ser eficaces en este ámbito tendrán que mantenerse, entre otras razones, porque son claves para asegurar transparencia y confianza pública en las medidas que se lleven adelante.

En suma, señor Presidente, concurriremos con nuestros votos a favor, inspirados en esa voluntad de transparencia.

Acá, en rigor, la Administración está cumpliendo una promesa hecha en la campaña electoral.

Nosotros esperamos que en las próximas semanas el Ejecutivo sí cuente con lo que hoy no tiene: un plan de reconstrucción que enfrente de verdad, con medidas de fondo y estructurales, los problemas generados por la tremenda catástrofe que remeció al país el 27 de febrero en la madrugada.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente , en el relato hecho por la Presidenta de la Comisión de Hacienda , no se señaló que también se le preguntó al Ministro cómo se compatibilizará el bono con la realidad de las familias que al 31 de diciembre de 2009 no figuraban en el listado de personas que podían acceder a este beneficio y que ahora, producto del terremoto del 27 de febrero, claramente han quedado en una situación económica que hace que debieran ser consideradas.

El mensaje consigna que el proyecto es el cumplimiento de una promesa electoral -nosotros sabíamos que tendríamos que discutirlo en el Parlamento-, y se nos ha dicho que es solo eso, que no constituye una medida para enfrentar la situación que afecta a muchos de nuestros compatriotas a raíz del terremoto del 27 de febrero.

Sin embargo, en el mismo mensaje se expresa, contradictoriamente, que esta es la primera de muchas medidas para abordar el problema de las miles de familias que se han visto afectadas por la catástrofe.

Tal como plantea la iniciativa en el artículo 1° respecto de que habrá un plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono, creo que el Ejecutivo debió haber pensado en la posibilidad de que las familias que no estaban consideradas en el beneficio al 31 de diciembre de 2009 tuvieran plazo para ser incorporadas dado su cambio de situación luego de lo vivido el 27 de febrero pasado.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente , al leer el mensaje del proyecto observo, tal como aquí se ha señalado, que en realidad se consignan dos versiones en torno a la necesidad de plantear dicho bono: primero, el cumplimiento de un compromiso de campaña que el ahora Presidente de la República con mucha claridad formuló en su momento, y segundo, el establecimiento de la primera medida a raíz de la crisis por la catástrofe que vivió el país el 27 de febrero de este año.

Quiero ser muy franca: lo primero se satisface -efectivamente, con la iniciativa se cumple una promesa electoral-; sin embargo, en lo segundo, cabe hacer notar que la situación del país posterremoto es muy distinta de la que se vivió durante los meses de campaña.

Por ello, reconozco que me habría gustado muchísimo que en el mensaje, además del cumplimiento de un compromiso -me parece muy bien honrar la palabra-, se hubiese considerado el nuevo escenario nacional.

Debieron tenerse presentes dos elementos muy importantes: primero, un bono adicional para las Regiones más afectadas -no para todos sus habitantes, sino para los más vulnerables- y segundo, la situación de personas que hoy día no están en la Ficha de Protección Social, pero que, fruto del terremoto y del tsunami ocurrido el 27 de febrero, han pasado a una condición de extrema vulnerabilidad, convirtiéndose, probablemente, en los más pobres del país, porque han quedado absolutamente sin nada.

Frente a ello, señor Presidente, estimo muy importante que rápidamente se realice un trabajo para fortalecer la Ficha de Protección Social.

Escuché decir a un miembro de la Comisión de Hacienda -yo no formo parte de ella y no participé en la discusión- que el Ministro de Planificación ha pensado en otra herramienta. Imagino que en la sesión especial citada para tratar estos asuntos tendremos la ocasión de conocer las propuestas.

Sin embargo, desde ya adelanto que me gustaría que la Ficha de Protección Social reflejara la realidad de muchas familias que se ven afectadas por situaciones de emergencia grave. Además, espero que se ajuste su enfoque para incluir a las personas que lo necesitan en atención al ingreso familiar que perciben.

Señor Presidente, desde luego apoyaré la iniciativa en debate, porque, entre nada y 40 mil pesos, efectivamente estos constituyen una gran ayuda.

Sin embargo, me habría gustado -insisto- que existiesen recursos adicionales para las personas que han sido afectadas tan fuertemente por la catástrofe del 27 de febrero pasado.

También espero que, entre las iniciativas legales que el Gobierno ha anunciado, se puedan incluir las que hemos propuesto algunos parlamentarios, con el objeto de ayudar a las víctimas a paliar su situación a la brevedad. Ojalá aquellas sean recogidas para avanzar rápidamente en la reconstrucción del país.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente , en primer lugar, me sumo a las palabras del Senador señor Escalona: también saludo, felicito y deseo éxito a los Ministros y Subsecretarios presentes en la Sala y a la señora Directora de Presupuestos , quienes han venido por primera vez a este Hemiciclo para participar en la tramitación del primer proyecto del Presidente Piñera. Por supuesto, quienes integramos la Coalición por el Cambio les deseamos el mayor de los éxitos. Queremos que el Gobierno -y estamos seguros de ello- lo haga muy bien, en beneficio de todos los chilenos, como fue el compromiso de campaña del ahora Primer Mandatario.

En segundo término, me referiré a otra frase del Senador señor Escalona: la referida a que el país tiene los recursos para hacer frente a la emergencia. Esto lo repitió también muchas veces el ex Ministro de Hacienda don Andrés Velasco , antes de dejar su cargo.

Y es cierto. El país cuenta con alrededor de 12 mil millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económica y Social, y llegado el momento, parte de esos dineros podrá destinarse a las tareas de reconstrucción.

Sin embargo, cabe tener presente que el país registra un déficit presupuestario en pesos muy relevante y que no es tan simple convertir los dólares en pesos. Porque con ello provocamos una fuerte caída del dólar, lo que desincentiva las exportaciones y hace más competitivas las importaciones. Así, dejamos de estimular las industrias y las actividades económicas que están llamadas a sustituir las importaciones. Como efecto de lo anterior, se produce una baja en el empleo y un alza en las tasas de interés.

Entonces, no resulta tan fácil afirmar que los recursos están disponibles. Porque no se encuentran en pesos, sino en dólares. Y si de la noche a la mañana los convirtiéramos en pesos, provocaríamos un daño gigantesco a los agentes productivos y a los trabajadores del país.

Por lo tanto, yo siento que la actitud del nuevo equipo económico y social del Gobierno es extraordinariamente responsable: hacer las cosas bien, de manera tal de asumir no solo la tarea de la reconstrucción, sino también la de poner en pie a tantas actividades productivas que, fruto de la crisis financiera internacional, se vieron tremendamente afectadas, en particular durante el año 2009, como quedó demostrado cuando el desempleo alcanzó los dos dígitos.

Señor Presidente, me parece del todo razonable que la Ficha de Protección Social se use en los programas sociales y que se emplee una herramienta distinta para identificar a las personas afectadas por el terremoto y posterior maremoto. Porque ambos instrumentos pueden complementarse.

Tuve la oportunidad de recorrer mi Región, la de La Araucanía, y me encontré con una sorpresa francamente increíble: cómo la naturaleza discriminó para afectar a unos y no a otros. En zonas rurales, por ejemplo, hay viviendas derrumbadas en todo un sector, pero al otro lado del camino no se ve ninguna casa destruida.

¿Por qué actúa así la naturaleza? No sabría responder.

Pero sí sé que sería profundamente injusto darles a todos los habitantes de las Regiones más siniestradas un "bono marzo" de 80 mil pesos, en circunstancias de que algunos resultaron damnificados y otros no.

Considero de la mayor justicia identificar a los verdaderos afectados por la catástrofe y focalizar en ellos las políticas de reconstrucción.

¡Hay tanto por hacer!

Tenemos que reconstruir lo dañado por el terremoto y el maremoto: viviendas, fuentes laborales, pequeñas y medianas empresas, nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras carreteras. Debemos repavimentar cientos o, probablemente, miles de kilómetros de calles.

En eso consistirá precisamente el plan de reconstrucción que el Gobierno anunciará al Congreso en los próximos días, una vez que se tenga el diagnóstico completo de la situación.

Quiero reiterar, señor Presidente , algo que dije en la sesión especial que llevamos a efecto aquí, en el Senado, con la asistencia del entonces Ministro del Interior , señor Edmundo Pérez Yoma , para analizar por primera vez los efectos del terremoto y del maremoto.

Yo represento a La Araucanía, una Región que no está en las noticias, las cuales se han concentrado en las Regiones del Maule y del Biobío. Pues bien, debo hacer presente que el hospital de Angol está en el suelo y que el de Temuco -el único de alta complejidad en toda la Región y que normalmente atendía a un millón de personas- funciona con un tercio de su capacidad.

Por lo tanto, aun cuando no figura en las noticias, nuestra Región se halla igualmente afectada por la catástrofe -no tanto, ¡gracias a Dios!, como la del Maule y la del Biobío- y enfrenta graves problemas.

En La Barra, Queule y Puerto Saavedra hay pescadores artesanales que perdieron sus embarcaciones. Y será necesario reponérselas, porque constituyen la herramienta con que se procuran el sustento.

Gran cantidad de viviendas rurales están destruidas.

Muchos pozos no coinciden con sus norias. Por consiguiente, miles de familias se encuentran sin agua.

La totalidad de los sistemas de agua potable rural se hallan en el suelo.

En consecuencia, creo que en los planes de reconstrucción deben considerarse todas las Regiones que registran daños con motivo de la tragedia. Si bien es menester atender con prioridad a las del Maule y del Biobío, donde los perjuicios son de una dimensión imposible de detallar en esta Sala, cabe tener en cuenta que también sufrieron daños la Región de Valparaíso, la del Libertador Bernardo O¿Higgins, la Metropolitana y -como dije- la de La Araucanía.

Por eso, me parece mucho más razonable que identifiquemos a las personas verdaderamente afectadas por el terremoto y el maremoto, y que confeccionemos programas focalizados en ellas, para que puedan superar su situación. Quizás lo más urgente sea proveer viviendas; reponer las fuentes de trabajo, y garantizar la atención de salud, de educación, etcétera.

Señor Presidente , cuando se alzan voces -lo digo con el mayor afecto- a fin de preguntar por qué no se da un bono para las zonas golpeadas por la catástrofe, pensando solo en las Regiones del Maule y del Biobío, no se considera que la tramitación y eventual aprobación de la iniciativa pertinente con seguridad habrían demorado varias semanas. Porque en tal caso yo, como representante de la Región de La Araucanía, habría pedido que quienes se encuentren damnificados en esta también fueran incluidos en ese bono diferenciado. Y no me cabe duda alguna de que los Honorables señores Chadwick y Letelier habrían requerido lo mismo para la Sexta Región , al igual que los Senadores de la Quinta y los de la Metropolitana.

Por consiguiente, concuerdo con la forma como el Gobierno presentó el texto en debate.

Por ello, con mucho agrado votaré favorablemente el primer proyecto del Presidente Sebastián Piñera.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente , escuché atentamente la intervención del Senador Escalona, quien señaló que esta tarde estamos dando cumplimiento a una promesa hecha durante la campaña presidencial.

No sé si eso sea hoy lo relevante.

Lo que sí importa es que el Senado está otorgando su total respaldo a familias que se hallan en estado de vulnerabilidad; que fueron absolutamente afectadas por el terremoto y el maremoto, y que han visto empeorar su situación, que ya era compleja.

Se ha planteado que debiera concederse un bono adicional al comprometido en la campaña electoral.

A mi juicio, con el proyecto en debate, primero, se cumple lo prometido, y segundo, se comienza a resolver, al menos en parte, la crisis que vive mucha gente a lo largo del territorio.

Obviamente, uno espera que el Gobierno, en la fecha más próxima posible, entregue un diagnóstico global de lo que ha significado la situación posterremoto que afectó a casi todo el país.

Por lo tanto, anuncio que votaré a favor de la iniciativa, no para materializar un compromiso de campaña -esto no es lo que a mí me convoca y motiva a pronunciarme afirmativamente-, sino para dar una respuesta concreta a la gente mediante la entrega de un bono que ayudará a resolver en parte la dramática situación que viven muchas familias.

El problema que me preocupa es otro, señor Presidente.

No asistí a la reunión que esta tarde celebró la Comisión de Hacienda, en la cual, según entiendo, el señor Ministro de Planificación expresó que se iba a buscar una fórmula distinta de la Ficha de Protección Social.

Dicho instrumento, en mi concepto, debe ser completamente reformulado. Su objetivo es medir el grado de vulnerabilidad de las personas. En la actualidad se usa para desarrollar programas de vivienda, salud, alimentación de nuestros jóvenes en lo que va quedando de la educación pública, y también para otorgar subsidios. Y estoy seguro también de que hoy es la base para determinar y detectar cuáles son las familias más vulnerables que recibirán el beneficio en cuestión.

En tal sentido, hay muchísima incertidumbre, porque entiendo que después del terremoto los municipios no han hecho el catastro y las encuestas que se requieren para definir qué familias se hallan en situación de crisis máxima, a fin de que puedan acceder al bono en comento.

Entonces, lo primero que quiero pedir al Ejecutivo es que prontamente, en los próximos días, busque la manera de realizar un catastro a través de los distintas entidades edilicias, con el objeto de recoger las carencias de las familias que quedaron en total desprotección después del sismo y que requieren ser sumadas a las que se han señalado. Se trata de hallar la forma de lograr que el bono que hoy estamos entregando pueda ser incrementado, de suerte que resuelva el problema de las personas que se han visto afectadas.

Por otro lado, debo señalar que no estoy dispuesto -y no lo estaré- a aumentar impuestos que acaben perjudicando a la ya complicada clase media. No es dable que este sector social -y con esto no descubro nada nuevo, pues constituye un tema que nos ha convocado en muchísimas discusiones- termine hoy día pagando esta crisis.

Tampoco soy partidario de que a las Regiones que no se vieron afectadas por la catástrofe -me refiero a las extremas-, aun cuando debemos ser solidarios ante una situación tan complicada como la que enfrentamos, se les quite parte de su presupuesto ya bastante limitado para intentar compensar los gastos.

Obviamente voy a estar disponible para explorar la forma como las grandes empresas mineras puedan pagar un royalty mayor, un impuesto más elevado. En esa línea, tengo absoluta disposición para que las empresas que generan importantes utilidades paguen mayores tributos, pero no aceptaré que la ya afligida clase media sea más afectada.

En consecuencia, concurro con mi voto favorable a la iniciativa, y me sumo a las expresiones vertidas por diversos señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de desear a las nuevas autoridades que tengan éxito en sus funciones.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente , también quiero saludar a la señora Ministra del Trabajo ; a los señores Ministros de Estado ; a la señora Directora de Presupuestos y a los señores Subsecretarios que nos acompañan en esta oportunidad, especialmente a los entonces Diputados señores Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez , con quienes trabajamos largos años en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Les deseo a todos ellos el mayor de los éxitos y les aseguro que, en la medida de nuestras posibilidades, les prestaremos el máximo apoyo.

El mensaje que nos envía el Ejecutivo parte haciendo referencia al bono y posteriormente alude a los hechos que hemos vivido a contar del 27 de febrero recién pasado: el terremoto que afectó a una extensa zona del país.

Aquel dice textualmente en uno de sus párrafos que "hemos decidido que el primer proyecto de ley de mi administración se haga cargo de uno de los compromisos más sensibles" -yo agregaría "y más productivos"- "asumidos en la pasada campaña electoral: el otorgamiento de un Bono Marzo Solidario a las familias más vulnerables y a aquellas pertenecientes a la clase media necesitada, de manera que puedan afrontar con mayor entereza los gastos que el comienzo de cada año les demanda.".

Esa es la verdad.

Se trata del primer compromiso adquirido durante la campaña que el Gobierno está cumpliendo -me alegra que ocurra así-, cuyo costo asciende a 164 mil 931 millones de pesos.

Es mi deber manifestar que nosotros dejamos en el Presupuesto de la Nación una provisión de libre disponibilidad de 168 mil millones de pesos.

El Gobierno del Presidente Piñera y sus Ministros decidieron entregar esos recursos mediante el presente bono, razón por la cual se los consumieron casi por completo. Es su decisión. A lo mejor, podrían haber destinado esos dineros a otros fines, pero ellos lo decidieron así para cumplir una promesa. ¡En buena hora! Nosotros los apoyaremos sin mayor problema.

No cabe duda de que el bono en cuestión se atraviesa con las inesperadas circunstancias que vive el país originadas por el terremoto. Las nuevas autoridades lo señalan en su mensaje y es imposible que nosotros no hagamos referencia a ello en este debate, por cuanto hoy día forma parte de nuestra mayor preocupación.

Es evidente que en el Senado, en la Cámara de Diputados y en muchos sectores han surgido numerosas ideas respecto al bono. Unos sugieren aumentarlo a 100 mil pesos para las zonas afectadas; otros proponen que se entregue en forma permanente. Siempre somos muy iluminados para pedir cosas, pero el encargado de manejar las finanzas públicas debe analizar de dónde sacamos los recursos para cumplir con cada una de las peticiones y cuánto significa cada una de ellas.

Los Gobiernos de la Concertación, que nosotros encabezamos y apoyamos durante veinte años, siempre actuaron con seriedad y responsabilidad. Por ello, entregamos la economía nacional en una situación óptima, inmejorable con relación a otros países, sobre todo después de una severa y gravísima crisis económica que afectó a todo el mundo. A nosotros también nos perjudicó y tuvimos un déficit de 4,5 por ciento en el Presupuesto durante el 2009.

Además, hemos dejado reservas, activos superiores a 16 mil millones de dólares. Es decir, ante los gastos extraordinarios que se vienen, Chile está "paradito" y es acreedor neto del mundo para enfrentar la actual situación de la mejor forma posible.

Asimismo, tenemos la disposición para apoyar y respaldar las diversas iniciativas legales. Dejamos en la Ley de Presupuestos una autorización que permite endeudarse por más de 7 mil millones de dólares. En fin. ¡Y frente a todo lo que sea necesario ahí vamos a estar con nuestros votos y nuestro apoyo!

Yo represento a una de las zonas que han resultado fuertemente golpeadas: la Región del Biobío. Comprendo también que la Séptima, la Sexta, la Novena -de la que habló mi amigo el Honorable señor García -, la Metropolitana -a la cual se refirió la Senadora señora Alvear - y la Quinta Regiones también han sido afectadas, unas en menor y otras en mayor magnitud.

Sin embargo, debemos coincidir en que el país fue fuertemente golpeado por esta catástrofe.

¡Y todos, en forma solidaria, debemos concurrir a ponerlo de pie lo antes posible, actuando unidos, apoyando a nuestras autoridades para salir de la tremenda tragedia que vivimos!

Nosotros representamos a la gente, al pueblo en cada una de las circunscripciones electorales. ¡Estamos aquí para servir a la patria y a sus habitantes! Las necesidades y problemas que ellos enfrentan hoy no tienen colores políticos. Por eso, nuestra voluntad es servir, ayudar, apoyar, respaldar todo lo que sea necesario para colocar de pie a Chile.

¡Y desde aquí les decimos a nuestros compatriotas: "Cuenten con nuestro cariño, con nuestra comprensión, con nuestro apoyo y con nuestro respaldo."!

Se ha dicho durante el transcurso del debate que la televisión levanta numerosas figuras y nombres. Eso acontece también con mucha frecuencia en la política. Los candidatos que carecen de posibilidades de salir en ese medio de comunicación son desconocidos. Igual situación ha ocurrido con esta tragedia. ¡ Dichato , Cobquecura, Talcahuano, Vega de Itata, Constitución, Linares ! ¡Esas ciudades son las que se conocen! ¿Y cuántos poblados interiores, que nunca han sido exhibidos en la televisión, se encuentran completamente destruidos? ¡Quirihue: dos mil viviendas destruidas! ¡Todos son pueblos antiguos: Yumbel, Rere , Río Claro, Tomeco y tantos otros tienen más de 400 años de existencia! ¡Puras casas de adobe, con techos de teja y una altura de cinco o seis metros, que han soportado tres o cuatro terremotos!

Yo me pregunto: "Pero, ¿por qué tan altas las viviendas?" ¡Eso hizo que se derrumbaran todas! Llegó el fin de la era de los adobes y de las tejas. Hay que reconstruirlas.

A lo mejor esa gente, por ser propietaria, no califica como de extrema pobreza. ¡Pero lo perdieron todo! ¡El día de mañana debemos generosamente apoyarlos, con un subsidio o con un crédito blando! ¡Son chilenos que también han quedado sumidos en el dolor, en la pérdida de su hogar! ¡Hoy día se encuentran en carpas! ¡Necesitamos llegar con viviendas de emergencia para cubrirlos de las lluvias! ¡De emergencia! ¡Porque la solución definitiva evidentemente demorará uno o dos años!

¡Ahí ha de estar nuestra voluntad, del Ejecutivo , del Parlamento! ¡Todos unidos para actuar con generosidad y grandeza, para reponernos y colocarnos nuevamente de pie y decirle a nuestro país: "Progresamos, tuvimos grandes adelantos, gran respetabilidad en todo el mundo; nos llegó esta catástrofe, pero nos vamos a modernizar; seguramente esas casas viejas deberán reemplazarse por otras más modernas, más acogedoras, no serán las mismas de antes, pero Chile se va a modernizar"! ¡Y eso es lo que queremos!

Nos encontramos ante una confusión. Ya lo manifestaba el señor Ministro , a quien tuve la oportunidad de escuchar en la Comisión, y seguramente también lo señalará en la Sala: ese es otro tema.

Hoy estamos hablando del bono. A lo mejor muchas personas que lo recibirán no sufrieron ningún perjuicio. ¡Qué injusticia con los que fueron dañados, quienes percibirán el mismo monto! ¡Pero son cosas distintas! ¡A lo mejor se llegará a ellos con planes especiales para las zonas golpeadas por el sismo! ¡Ahí se entregará focalizado, el beneficio irá directo a las zonas terremoteadas! Comprendemos eso y estaremos atentos, a fin de apoyar y respaldar los futuros programas de reconstrucción que nos expongan.

En tal sentido, el Ministro mencionaba que la próxima semana habrá una sesión especial en la que seguramente el Ejecutivo traerá más estructuradas las diversas medidas para salir del flagelo con que ha sido golpeado hoy nuestro país.

Con agrado apoyaremos este bono de 40 mil pesos. Se trata de una promesa, y nosotros honramos las promesas. ¡La política a veces se desprestigia porque durante los procesos electorales se ofrece este mundo y el otro, y después se olvida, después no se cumple! ¡Por eso se desprestigia esta noble función de servicio público: "Ahí están los políticos ofreciendo este mundo y el otro y después no cumplen nada"!

¡Quiero colaborar con mi voto, porque este es un compromiso contraído con el país, y yo apoyo el cumplimiento de los compromisos políticos! Pero, así como respaldo este beneficio, también estaré atento para que las otras promesas se concreten. Porque la política no es solo palabra, sino honrar los compromisos que se adoptan con la ciudadanía.

Por lo anterior, voto a favor del proyecto, y ojalá que los recursos lleguen lo antes posible a la gente necesitada del país.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Señores Senadores, el Comité Independientes solicitó abrir la votación. Sugiero que lo hagamos respetando los diez minutos de intervención a quienes se encuentran inscritos.

El señor LARRAÍN.- Los quince.

El señor NAVARRO.- Quince.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, procederemos según he señalado.

El señor LARRAÍN.- Que se otorgue el tiempo reglamentario.

El señor NAVARRO.- Es de quince minutos.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Por eso propongo una situación intermedia.

El señor LETELIER.- Que sean diez.

La señora ALLENDE.- Sí, diez.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Eso es lo que estoy planteando. Porque si se abre la votación el tiempo bajará a cinco minutos, y hay varios colegas que quizás necesitan seis.

Si le parece a la Sala, se otorgarán diez minutos.

El señor LARRAÍN.- Por esta vez.

El señor PIZARRO (Presidente).- Acordado.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, ante todo, quiero saludar y desear éxito al equipo económico, encabezado por el Ministro de Hacienda , a la Ministra del Trabajo , a la Directora de Presupuestos , al Ministro de Planificación , y en particular a nuestros ex colegas Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez , con quienes tuve la ocasión de compartir el trabajo en la Cámara de Diputados durante mucho tiempo, en varias Comisiones, de hecho.

En verdad, estamos discutiendo respecto del famoso "bono marzo", pero pareciera que el debate se refiere a la reconstrucción.

Llama la atención que, más que intenciones, no conozcamos propuestas concretas sobre la reconstrucción. Esperamos que en la sesión especial que solicitamos para el próximo martes se informe acerca de las propuestas del Gobierno, los planteamientos específicos sobre la ley de emergencia, de la ley de reconstrucción. Nos interesa mucho lo de los nuevos beneficios tributarios y la modificación a la Ley de Donaciones. Esto de que el gasto tributario sea una expresión de solidaridad y de que el sector privado pueda diseñar las políticas públicas y focalizar los recursos no me parece, porque quienes participamos en las elecciones somos nosotros y no el sector privado, los empresarios.

En cuanto al llamado a la unidad nacional para la reconstrucción, considero muy importante tener la capacidad de diálogo, de generar espacios de encuentro, de debate, para acoger propuestas. Porque, si hemos planteado nuestra disponibilidad a colaborar con el nuevo Gobierno en la reconstrucción nacional -que es la tarea de todo chileno, y por cierto de cualquier político, de cualquier servidor público-, nos hubiese gustado mucho más que nuestros planteamientos fueran acogidos en algún lugar.

El presente proyecto no ha sido modificado en absoluto. Y siento que incluso tampoco, en el fondo, le gusta mucho a la Senadora Matthei, porque desprendo que ella prefiere hacer políticas públicas sociales más permanentes, y no mediante el simple reparto de plata en campaña, dado que efectivamente no siempre se focalizan bien los recursos.

Ha quedado del todo demostrado que hoy no hay dinero disponible. Porque se ha dicho que se acabaron los fondos de libre disponibilidad para ir en ayuda de la gente que perdió incluso los 40 mil pesos que va a recibir, toda vez que ya los gastó. Por eso, una de las razones por las cuales aprobaremos este bono, que beneficia a todas las familias vulnerables de Chile, es porque ya se gastaron la plata. La gente de las zonas afectadas compró útiles escolares y la ropa necesaria para que sus hijos asistan al colegio, pero eso yace bajo los escombros o se lo llevó el mar.

En consecuencia, cuando se dice que este es el primer proyecto de una serie relativos a reconstrucción, ello es falso. Nos encontramos ante una simple promesa de campaña que no focaliza de manera progresiva y adecuada los recursos.

Es más, hoy el Gobierno reconoce que no cuenta con dinero para otorgar un bono adicional a quienes lo perdieron todo.

Y queda absolutamente demostrado que la iniciativa en debate no tiene nada que ver con la reconstrucción, porque, si uno la analiza, constata que no atiende la especial situación vivida con el terremoto, pues no se hace cargo, por ejemplo, de evaluar de manera diferenciada la vulnerabilidad posterior a aquel. No aborda el cambio socioeconómico drástico de muchas familias que no calificaban para percibir este beneficio por carga familiar y que hoy perdieron su casa, sus bienes y su fuente de trabajo, las cuales no recibirán el bono. Por consiguiente, la iniciativa no considera la situación de la catástrofe. Es simplemente una promesa de campaña.

Por tanto, no nos confundamos. No se trata del primer proyecto sobre reconstrucción. Es más, incluso el mismo informe señala -lo decía muy bien la Senadora Matthei- que es exactamente igual a las iniciativas que envió la Presidenta Bachelet en enero y agosto de 2009. Pero ello se hizo en un escenario de crisis económica.

Con el objeto de justificar el bono hoy, además de mencionar que forma parte de las medidas para la reconstrucción -lo que claramente hemos descartado, por todos los antecedentes mencionados, porque el proyecto no se adapta a la nueva realidad, ni siquiera entrega ayuda adicional a quienes lo perdieron todo-, se dice que estamos frente a la parte terminal de la crisis. A lo mejor esa también es una justificación para el bono que se está otorgando.

Entonces, creo que resulta bien importante que seamos francos al discutir un proyecto de ley. Estamos ante un bono que se prometió en la campaña. Obviamente, lo hizo el Presidente actual. Nosotros concurrimos a apoyarlo porque esta plata ya se la gastaron los chilenos y las chilenas.

Nos hubiese gustado mucho, incluso aunque se hubieran rechazado las propuestas de aumentar los beneficios a las zonas afectadas y otras mencionadas por algunos colegas que me antecedieron, que existiera un espacio para discutir, para debatir. Porque si queremos realmente lograr unidad nacional en la reconstrucción, se tiene que saber escuchar nuestros planteamientos. Y de hecho tenemos equipos, profesionales, técnicos que están formulando propuestas en esta materia.

Señalo lo anterior porque tampoco da lo mismo qué tipo de reconstrucción queremos. Si deseamos la de 1985, con más franquicias tributarias para las empresas constructoras, como la exención del IVA, que hasta hoy queremos eliminar, o privatizando empresas so pretexto de que necesitamos plata para la reconstrucción, o postergando la cartera de inversiones en salud para el resto de las Regiones (por ejemplo, que no se levante un hospital en Alto Hospicio porque hay que reconstruir otro), en vez de llevar adelante una reforma tributaria, duplicando el royalty, para que las grandes empresas mineras paguen efectivamente lo que corresponde, en fin.

Cuando debatamos lo concerniente a la reconstrucción -porque hoy nos encontramos discutiendo la entrega de un bono, y vamos a votar favorablemente-, en la cual se requerirá mucha participación ciudadana, estará en juego una cuestión tremendamente significativa, vinculada con el país que deseamos construir: si el mismo que teníamos antes del 27 de febrero último o uno distinto, más solidario.

Ahora, señor Presidente, quiero hacer una reflexión a propósito de las intervenciones relacionadas con el rol del sector privado.

Importa mucho que en la reconstrucción haya solidaridad. Y esta tiene que venir desde el Estado; desde la sociedad civil, como parte de él, y también desde el sector privado. Pero hay que tener bastante cuidado con que, en último término, las políticas públicas empiecen a ser diseñadas desde lugares que no sean los de quienes ganan democráticamente las elecciones y ocupan La Moneda y el Parlamento.

Por eso, revestirá gran importancia el debate que se dé acá acerca de algunos proyectos de ley, como el que modifica la Ley de Donaciones, anunciado por el Presidente Piñera.

Esperamos -con esto concluyo- que exista una actitud distinta a los efectos de generar espacios para el debate, para el diálogo, y que haya capacidad para acoger los planteamientos que se formulen.

En esta oportunidad efectuamos proposiciones muy serias, muy responsables, por la evidente necesidad de hacer un esfuerzo mayor en pro de quienes lo perdieron todo.

Es claro que, en el caso de la gente del sur, los 40 mil pesos yacen bajo los escombros -como ya expresé- o se fueron al mar.

Por consiguiente, este proyecto de ley no forma parte de ninguna medida vinculada con la reconstrucción.

Insisto en que lo votaremos a favor. Y esperamos tener un debate profundo -porque la materia es compleja-, ojalá con mucha participación y gran altura de miras, la próxima semana, cuando vengan a esta Sala, a solicitud de los Senadores de la Concertación, todos los Ministros encargados de las diversas áreas de la reconstrucción.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente , aprovecho la ocasión para saludar a mis colegas y, también, al flamante equipo de Gobierno que nos acompaña en esta sesión.

Quiero ser muy directo: nos encontramos discutiendo el primer proyecto de ley de la Administración del Presidente Sebastián Piñera, y lo que se está haciendo es, básicamente, dar cumplimiento a un compromiso de campaña.

Muchos de quienes me antecedieron en el uso de la palabra señalaron claramente que aquí se está honrando un compromiso, que esto enaltece a la política, etcétera.

Debo puntualizar que ese compromiso de campaña no guarda relación alguna con el drama vivido por miles de chilenas y chilenos a partir del 27 de febrero reciente.

Se trata de un bono que no tiene vinculación con el terremoto ni en su origen ni menos en el mensaje que acompaña al proyecto respectivo, que se envió con "Discusión Inmediata".

En su origen -aquellos que tienen buena memoria lo recordarán-, el referido compromiso surgió, en el fragor de una lucha política, de una candidatura presidencial que en julio de 2009 -a más de ocho meses de llegar eventualmente al Gobierno quien lo contrajo- lo planteó como necesario para enfrentar la crisis internacional.

Los que estuvimos en medio de aquella lucha política expresamos nuestro parecer sobre la mencionada medida. Indicamos el daño que hacía, a juicio de muchos de nosotros, formular ese tipo de propuestas durante una contienda presidencial. Varios manifestamos -sigo creyéndolo- que resultaba difícil determinar con tanta antelación la necesidad del bono en cuestión, por lo que era del caso anunciarlo solo si se llegaba al Gobierno y se estaba ante circunstancias que hicieran aconsejable otorgarlo. Y consideramos, lisa y llanamente, que hacer un planteamiento sobre la materia era una forma de echar a perder más en nuestro país la política, que a ratos se encuentra bastante alicaída.

Tampoco el bono tiene que ver con el terremoto a partir del mismo mensaje (no voy a leerlo; cada uno lo tiene en su pupitre). Dicho documento habla del sismo, pero no señala ninguna medida que identifique algo concreto para hacer frente a lo que sufren muchos compatriotas a partir del 27 de febrero último.

Pero yo no soy ingenuo, señor Presidente. Me doy cuenta de que nadie en esta Sala va a pronunciarse contra la iniciativa que nos ocupa. Y concurriré con mi voto favorable, tal como respaldé una proposición similar, pero de bastante mejor calidad, que formulamos en el fragor de la campaña presidencial. Me refiero al bono de carácter permanente, aunque con monto más reducido, que sinceraba lo que indica el proyecto que analiza esta tarde el Senado: que en marzo miles de familias chilenas enfrentan gastos distintos, algunas haciendo frente al endeudamiento constante que tienen con casas comerciales; otras, al endeudamiento derivado de las fiestas de fin de año; otras, al endeudamiento emanado de las vacaciones, y otras, al endeudamiento proveniente de los numerosos gastos propios de ese mes.

Y, enfrentando tal realidad, en otra visión de la política, se propuso un bono permanente, pero no en billetes, destinado a subsidiar mediante la entrega de útiles y uniformes, para evitar que alguien pudiera creer -nunca falta el mal pensado- que se estaba induciendo el voto de los electores.

Esa fue la diferencia, señor Presidente. Y voy a votar sin complejos, por aquella razón. Pero no lo haré engañado en cuanto a que se trata de un bono para enfrentar la reconstrucción, la emergencia. Porque no distingue -así se desprende del proyecto- entre quienes, hallándose en el 40 por ciento de los chilenos más pobres, lo están pasando mal en Iquique, en Arica o en Alto Hospicio; aquellos que perdieron sus casas en Dichato o en Iloca; los que viven en la Región que representa el Senador señor García , y quienes perdieron sus viviendas en San Antonio (más de 300 familias en Ojos de Mar) o en Viña del Mar (ocho blocs).

Por eso, no hay que llamarse a engaño. Apoyaremos este proyecto, pues va a ayudar, pero no para afrontar los efectos del terremoto.

Se ha hablado de la reconstrucción. Y ella no es neutra, señor Presidente.

La forma como vamos a reconstruir hará aflorar las visiones distintas que tenemos sobre Chile.

La manera de financiar la reconstrucción va a poner de manifiesto diferentes visiones. Algunos tal vez querrán que simplemente se eche mano a las reservas internacionales. Otros, a los recursos adicionales que tendremos este año producto del alza del precio del cobre.

Paréntesis: se ha hablado mucho de las finanzas fiscales. ¡Nunca, en la historia de Chile, se han entregado finanzas fiscales más saludables para la economía nacional que las heredadas del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet!

El Presupuesto fue calculado sobre la base de un precio del cobre de alrededor de 2,7 dólares la libra. Está en 3,3 dólares, y nada dice que vaya a disminuir. Solo por este concepto se aportarán al Fisco más de 4 mil millones de dólares.

Sí: hubo un déficit en 2009. Empero, si promediamos los cuatro años del Gobierno de la Presidenta Bachelet , podemos hablar de un superávit gigantesco. Y en los primeros tres años se acumuló más de 21 por ciento de él.

Entonces, vamos a disponer de los recursos, señor Presidente.

Pero es diferente. Y lo entiendo: si aumenta el precio del cobre y tenemos más dólares, al liquidarlos generaremos un problema adicional.

Pero no engañemos a la opinión pública: no es que no haya recursos; habrá más plata. Otra cosa es cómo hacemos para que macroeconómicamente no se perjudique a los chilenos.

Es distinto decir que el Ministro de Hacienda tiene un tremendo desafío -y vamos a acompañarlo para que lo supere- a sostener que no hay plata y preguntar "Cómo lo hacemos para enfrentar la inflación".

Eso, de nuevo, mueve a engaño. Y, cuando hablamos de la reconstrucción, no es indiferente.

Señor Presidente , se ha anunciado un proyecto modificatorio de la Ley de Donaciones. Y la discusión será muy dura. Porque muchos entendemos que para financiar la reconstrucción no puede achicarse el aparato del Estado.

Yo creo en el Estado. Por tanto, me opondré a que se reduzca su tamaño para que algunos hagan una donación que tal vez efectuarán de todas maneras.

Ahora, sin pecar de populista, debo expresar que para reunir los más de 30 mil millones de pesos que se recaudaron con "Don Francisco" no hizo falta una Ley de Donaciones especial, diferente de la que ya tenemos: cuando se quiere donar, se puede.

Las franquicias tributarias de 1985 han tomado más de veinte años. Y no me digan que se siguen justificando como en su oportunidad, cuando se produjo el terremoto.

Tenemos una misión distinta, señor Presidente. Porque la reconstrucción implica determinar, no solo cómo la financiamos, sino también qué reconstruimos.

¿Qué vamos a reconstruir en Concepción, en Talca? ¿Recuperaremos el valor patrimonial de lo que se cayó o vamos a hacer un análisis corto para decir que es mejor poner una casa canadiense?

¿Les pediremos a los abuelitos que no tienen dinero para recuperar sus viviendas y quizá no califican para el subsidio que vendan cuanto queda de ellas y se vayan a vivir a otro lugar?

¿Quién va a dirimir aquello?

Al respecto puede haber incluso una grave circulación inmobiliaria en cuanto al futuro.

¿Qué haremos con la pesca artesanal?

Se mencionó aquí a los pescadores artesanales: a lo largo de la costa chilena, perdieron su fuente de ingresos (aparejos, botes).

Pues bien: ¿no será oportuno, como medida de emergencia en la reconstrucción, adelantar de una buena vez la discusión de la iniciativa modificatoria de la Ley General de Pesca, que se halla prevista para el año 2012?

¿Qué vamos a privilegiar cuando hablemos de reconstrucción nacional?

¿Los hospitales?

Si se prioriza respecto de los que se cayeron, ¿los que había que arreglar quedarán postergados?

¿La educación?

Uno quiere conocer las respuestas, señor Presidente.

Yo espero -porque soy optimista: me van a enterrar con una sonrisa en el rostro- que, al contestar tales interrogantes, el Gobierno sea generoso e inteligente para entender que hay que hacerlo de manera conjunta.

No sé si se llamará a comisiones (porque escuché declaraciones en el sentido de que no sirven, de que hay que salir a la calle a trabajar).

Quiero saber si antes de meter un buldócer a una casa en San Antonio, en el centro de Talca o en Concepción adoptaremos un criterio acerca de qué vamos a reconstruir y cómo lo haremos.

Para eso, espero que el Gobierno, que ha anunciado el pronto envío de proyectos de ley de emergencia y de reconstrucción nacional -dos instrumentos distintos-, concurra a consultar, a fin de que todos podamos participar y demos a conocer la forma como creemos que se debe resolver el problema.

No hay espacios para populismos, señor Presidente.

Voy a apoyar esta iniciativa. Pero no me engaño en cuanto a que lo que queda pendiente es lo grueso, lo fundamental.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Señores Senadores, cometí un error al no darle la palabra al señor Ministro de Hacienda antes de comenzar la votación.

Por tanto, tiene la palabra el Ministro señor Larraín.

El señor LETELIER.- Con la venia de la Sala, señor Presidente.

El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer las palabras de acogida que me han expresado los señores Senadores en este lugar.

Ayer tuve el honor de llegar por primera vez al Congreso Nacional como Ministro de Hacienda del Gobierno del Presidente Piñera.

Lo primero que hice durante la tarde en la Cámara de Diputados, antes de reunirme con su Comisión de Hacienda, fue juntarme con los jefes de bancada de la Concertación y con el representante del Partido Comunista para intercambiar ideas sobre el proyecto del "bono marzo"; escuchar sus planteamientos; explicar lo que se estaba proponiendo, y entender que existía un marco de respeto a los efectos de manifestar las discrepancias. Y nos gustaría continuar con esta política.

Después tuvimos una sesión de trabajo en la Comisión de Hacienda de dicha rama del Parlamento, donde hubo ese mismo ánimo. Allí, como Sus Señorías saben, se aprobó por 12 votos a favor y una abstención la iniciativa, la cual fue despachada hoy en forma unánime por la Sala.

Luego de mis palabras de agradecimiento, señor Presidente, quiero referirme a algunos de los temas planteados.

En primer término, creo que todos somos conscientes -no hay dos opiniones- de que el proyecto de ley del "bono marzo" no busca apoyar o ayudar a las personas que han sufrido los efectos del terremoto. Ese no es el fin.

Se trata de un compromiso que tomó el Presidente en la época en que era candidato.

A la vez, es un beneficio bastante focalizado, pues llega a los sectores más vulnerables de la población y a la clase media.

Además, no discrimina por Región. Consideramos esta posibilidad. Pero, aparte el problema de ver a qué Regiones se podía entregar -esto habría generado una discusión importante-, estaba el hecho de que incrementar el monto de 40 mil a 100 mil pesos -como se propuso- solo en la Séptima y Octava Regiones significaba el uso de recursos adicionales por 98 millones de dólares, con la salvedad de que no estaba claro -sin duda, no lo estaba- que todos los beneficiarios de ambas Regiones hubieran sufrido los efectos del terremoto (dentro de ese grupo hay gente muy afectada y otra que no lo está).

Por lo tanto, lo que resta -en eso también estamos de acuerdo- es identificar a las personas afectadas para poder llegar a ellas en forma precisa, focalizada, como se ha planteado acá.

Ese es el trabajo que se está efectuando en este momento. Esperamos concretarlo en el plazo más corto posible y, como Sus Señorías lo solicitaron, venir acá el martes de la semana próxima a plantear en forma específica los primeros proyectos destinados directamente a superar la emergencia y la reconstrucción.

En términos bien puntuales, y a modo de ejemplo, puedo mencionar que habrá iniciativas -se están precisando en estos días- que buscarán ayudar a los pescadores artesanales que han perdido no solo algún familiar, algún ser querido, sino también sus implementos de trabajo (sus botes, en fin); proyectos especiales para ayudar a los propietarios de una vivienda social que se ha perdido o que se encuentra muy dañada; proyectos de empleo de emergencia para las Regiones particularmente afectadas.

Al respecto, por cierto, haremos esfuerzos -también se ha mencionado acá- en cuanto a la forma de financiar el paquete.

El primero lo estamos desplegando a nivel del sector público, en el Presupuesto de 2010, donde tenemos algún espacio de ajuste.

Como ha planteado el Presidente Piñera, se va a formar un Fondo de Reconstrucción. Y estamos buscando ahorrar donde sea factible para depositar en él los recursos pertinentes a fin de usarlos con posterioridad para ayudar a los damnificados.

También vamos a utilizar otros mecanismos (lo hemos hablado). Tenemos disponibilidad de financiamiento externo. Además, podemos endeudarnos internamente.

Hemos dejado abierto el análisis de alternativas tributarias. No me voy a referir a ningún impuesto específico, pero sí debo puntualizar que existen posibilidades para levantar recursos por esa vía, que estamos analizando.

Y vamos a cuidar los efectos -a veces, en el fragor de la batalla, se tiende a olvidarlos-, porque no queremos salir con un paquete de ayuda que provoque un daño colateral significativo a la actividad económica del país, a muchas Regiones, a varias pymes y a personas que viven de la agricultura y de la industria principalmente (muchísimos empresarios y gente ligada a la actividad agrícola industrial, y algunos pequeños mineros, para quienes el tipo de cambio constituye una variable central).

Pero tampoco podemos entusiasmarnos con la emisión de deuda en el mercado interno, porque eso traería, si extremáramos el mecanismo, un efecto -también indeseado- sobre las tasas de interés y provocaría un flujo de capitales hacia nuestro país.

Por consiguiente, vamos a tener que ser muy cuidadosos.

Entonces, quiero decir que estamos trabajando.

Señor Presidente , respecto a la situación de hoy, creo que existe bastante acuerdo en lo que significa este bono. Se trata -y deseo connotarlo- de algo más que un compromiso de campaña, porque tiene una razón de ser en la crisis que vivió la economía chilena en 2009 y que justificó los proyectos sobre bonos que ese año presentó al Congreso la Presidenta Bachelet. Y, a nuestro entender, tal hecho también justifica el planteamiento de un bono, porque estamos viviendo todavía una situación donde el desempleo, que llegó a alrededor de 11 por ciento de la población -casi 800 mil personas-, se encuentra en torno al 9 por ciento y en que habremos de enfrentar los meses de invierno, que son los más duros en materia estacional de ocupación.

Entonces, señor Presidente , considero que aquí existe una justificación.

Se absorbe una cantidad notable de recursos: casi todos los de libre disponibilidad, sin considerar los otros 150 millones de dólares, que exigen una reasignación y que también se contemplan en la Ley de Presupuestos.

Por consiguiente, en la idea de no extenderme y de permitir que siga la sesión, quiero terminar agradeciendo la discusión habida aquí.

Por cierto, he anotado cuidadosamente los comentarios hechos, las propuestas formuladas y las inquietudes expuestas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Doy excusas por la omisión. Y le agradezco a la Sala su venia para permitir que el señor Ministro de Hacienda interviniera durante la votación.

Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente , en primer término, quiero saludar a las nuevas autoridades, en particular a mis ex colegas Diputados señores Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez.

Considero importante que a nuestro país le vaya bien, especialmente en el contexto en que estamos viviendo, por la situación dramática y difícil en que se encuentran muchas familias.

Ahora, yendo de manera específica a lo dicho aquí -también lo ha reconocido el Ministro de Hacienda -, está claro que se trata de un compromiso de campaña que hoy se cumple en un escenario muy dramático y particular. Y, como recordaba muy bien mi colega Ricardo Lagos Weber , ese compromiso surgió casi 8 meses antes de los comicios. Y muchos lo estimamos bastante cercano a un carácter un tanto electoral.

Ahora, quiero recordar que durante la Administración de la Presidenta Bachelet -y es muy importante darse cuenta de ello- se aplicó por primera vez el beneficio, el cual pasó a ser histórico, con el fin de mitigar los efectos de una tremenda crisis internacional. Dicho fenómeno no lo provocamos nosotros, desde luego, pero sí sufrimos sus embates, y significó que el bono se entregara en dos ocasiones: en enero y en agosto de 2009, algo que no se había hecho antes. Sobre la base de la carga familiar, este se proporcionó, como se ha dicho, a los beneficiarios de asignación familiar, de asignación maternal o de subsidio familiar, y también, en el caso de los sectores más pobres de Chile Solidario, por familia.

Ello demostró una de las facetas que la ciudadanía ha apreciado. Y es una de las razones por las cuales ostentamos hoy el récord histórico, no solo de haber elegido a la primera Presidenta de la República , sino, además, de que esta haya terminado su mandato con 84 por ciento de adhesión. Porque, entre otras cosas, ella tuvo la capacidad de entender que en nuestro país era necesaria una red de protección social. Esta última todavía no es suficiente, y espero que las nuevas autoridades entiendan que no solo no se debe desarticular, sino que es preciso profundizarla y ampliarla.

Nosotros asimismo manifestamos durante la campaña, encabezada por nuestro candidato, Honorable colega y ex Presidente Frei -hoy presente en la Sala-, el deseo de que dicha red se extendiera a sectores no incluidos en los primeros momentos. Porque cuando la Concertación, con toda legitimidad, asumió el primer Gobierno democrático, se registraba -la memoria a veces es frágil- casi 40 por ciento de gente en situación de pobreza. Por eso, nos focalizamos hacia ese sector y todas nuestras políticas se encaminaron siempre a abordar la situación de los chilenos con menos recursos.

Me alegro, entonces, de que la Presidenta Bachelet, ante la crisis internacional, se preocupara del otorgamiento del bono. Pero, por cierto, no fue lo único que se contempló en lo que concebimos como una red de protección social.

Estamos viviendo ahora la nueva situación. Aquí se ha dicho que constituye una promesa que se cumple. Ello nos parece bien, como asimismo que el señor Ministro lo haya reconocido con toda claridad, dentro del nuevo contexto, por supuesto. Porque no podríamos tomar jamás la iniciativa en debate como el primer proyecto que aborda el problema del terremoto y de la catástrofe sufrida por el país. Sin perjuicio de que no se efectúa ninguna distinción, habría sido imposible presentarla de esa manera.

Es más, considero importante cumplir las promesas de campaña. Pero si no se tratara de eso y se hubiese planteado algo que específicamente apuntara más bien hacia lo que se está viviendo y beneficiado a quienes lo necesitan, pienso que la gente lo habría entendido muy bien.

Cuando hemos expresado, una y otra vez, que estamos disponibles para todo lo que sea la reconstrucción, que vamos a apoyar todo lo que haga falta para ir en beneficio de los afectados, la verdad es que a veces molesta cuando se escucha decir, a pesar de nuestra reiteración, que pareciera que no estamos preocupados o que tiene que inhibirnos, en una democracia como la que estamos viviendo, el hecho de mantener preocupaciones, inquietudes. A mi juicio, señalar las cosas -incluso, en voz relativamente alta- obedece a que es preciso consignarlas, con respeto pero, a la vez, con claridad.

La que nos ocupa es una promesa de campaña que se cumple, de lo cual me alegro. Pero ha habido otras que no han corrido la misma suerte, entre las cuales se incluye -lamento consignarlo en forma bien determinada, sin que la cuestión implique insensibilidad hacia quienes están sufriendo- el anuncio del candidato presidencial señor Piñera , formulado una y otra vez, de que la venta de acciones de LAN iba a estar lista el 11 de marzo. No fue así.

Y no solo no fue así, sino que el retraso en la operación importa hoy 400 millones de dólares. Ello es más de lo que cuesta hoy el bono que va a beneficiar a 4 millones de chilenos correspondientes al 40 por ciento más pobre de la población.

Cuando hago presente lo anterior, no quiero que se oponga que nosotros estamos mirando la política con pequeñez: estamos haciendo presente un hecho real indesmentible.

Se formularon promesas con mucho énfasis, una y otra vez, cuando expusimos la posibilidad de un conflicto de interés, cuando destacamos que en una democracia es preciso tener mucha claridad y hacer una separación en el ámbito a que hago referencia, particularmente cuando se ostenta nada menos que la investidura de Presidente de la República.

Por lo demás, no fuimos los únicos que lo representamos. También lo hicieron, en su momento, hasta parlamentarios de la Alianza por Chile, hoy día en el Gobierno.

En consecuencia, no quisiera que se respondiese, cuando se señalan cosas como la que menciono, que una vez más median el resentimiento, la pequeñez. ¡No! ¡Si nosotros tenemos claro que perdimos la elección -ello es responsabilidad nuestra- y que la ciudadanía se inclinó por otra opción! ¡Pero también tenemos claro que la prioridad del país es la reconstrucción y que existe motivo para muchas preocupaciones, que mantenemos!

Comparto bastante lo que manifestó el Honorable señor Lagos en cuanto a que no nos da lo mismo la manera como se va a enfrentar el problema. Por eso, celebro que en la sesión especial del martes próximo todas las nuevas autoridades puedan informarnos cómo van a abordar e iniciar el proceso que se avecina, que tenemos sumamente claro que es complejo. En efecto, se registró un terremoto, seguido de un maremoto, lo que afectó, lamentablemente, a una parte importante de nuestro territorio. Otras veces, en cambio, el fenómeno ha sido focalizado. Es algo que sabemos.

Pero también quiero subrayar que el sismo ha servido para develar el país que tenemos, y una vez más podemos darnos cuenta de la vulnerabilidad de la familia. No solo aludo a los sectores más pobres, sino, en general, a una ciudadanía que se siente hoy bastante impotente frente a algunas empresas inmobiliarias, ya que no todas han querido asumir su responsabilidad y muchas de ellas han mantenido el más profundo de los silencios.

Quisiera escuchar más en la Sala sobre lo que señalo, porque de verdad considero vergonzoso que esas entidades simplemente no se hayan hecho cargo del drama de sectores medios y medios emergentes que han realizado un tremendo esfuerzo y han comprado viviendas que cuestan 2 mil o 2 mil 500 unidades de fomento, e incluso más.

¡Cómo no va a ser dramático que colapsen algunos edificios construidos hace menos de 2 años! También lo es ver la impotencia de gente que con frecuencia tiene que observar que se envía a personas que, con una mirada rápida, sostienen que no se han registrado daños estructurales y que se efectuarán los arreglos del caso, en circunstancias de que se necesita mucho rigor y claridad para hacer una evaluación de esa naturaleza.

Lo que es daño estructural revestirá ese carácter, desde luego. Lo que no lo es, enhorabuena si es posible arreglarlo. Pero no cabe opinar de buenas a primeras para defender antes que nada una solución que no represente un costo tremendo para las inmobiliarias.

Quería llamar la atención sobre el particular, porque me parece que, para los efectos de la confianza de la ciudadanía, nos hace mucha falta entender que Chile requiere un Estado presente y que vele por el bien común; que se cuente con una mayor capacidad de fiscalización; que las ordenanzas y leyes, como las del Ministerio de Vivienda y otras, sean aplicadas de acuerdo con los estándares.

Y, por supuesto, un país como el nuestro, que sabemos que va a hallarse siempre ante el riesgo de sismos -y, además, de maremotos, como ha quedado demostrado-, también demanda algo que parece habernos sorprendido y respecto de lo cual a todos nos corresponde un grado de responsabilidad importante, pues parece que no hemos sido capaces de crear una red de comunicación alternativa.

Para concluir, insisto en que el sismo ha develado al país. Llamo, entonces, a que ojalá entre todos nos percatemos de lo que se está viviendo, para que podamos ayudar efectivamente a todos los necesitados.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente , quiero sumarme a los deseos de éxito personal para los señores Ministros que nos acompañan y para la señora Directora de Presupuestos , quien ha sido una acompañante habitual en el trabajo en el Congreso Nacional durante estos años. Les damos la bienvenida en una nueva función tremendamente importante para el país.

Permítaseme formular un comentario general: es preciso cuidar el clima de la política, en particular en este tiempo. No hacerlo puede llevarnos por un mal camino. Y hacerlo para los debates venideros es sobre todo responsabilidad del Gobierno, a mi juicio.

¿Por qué lo digo? Porque escuché a mi Honorable colega y amigo García hacer referencia al déficit presupuestario, a lo que puedo responder que este fue cubierto, el año pasado, con el Fondo de Estabilización Económica. Asimismo, en estos días me impuse de una crítica velada tendiente a insinuar que el Gobierno de la Presidenta Bachelet , en el ejercicio de sus funciones legales, ejecutó parte del Presupuesto. Estimo que estos dos tipos de lógica no ayudan al clima político que necesitamos para la discusión futura.

Y quiero dejar planteado lo anterior porque, además del respeto que todos nos merecemos, también debemos ser muy responsables, en la medida en que el país nos requiere para construir acuerdos nacionales importantes.

Por lo tanto, llego al debate sobre el bono con un buen ánimo, pero no puedo dejar de manifestar que los argumentos citados, que percibo como pequeñeces, pueden llevar a un clima que no nos ayuda en esta coyuntura.

Mi segundo comentario general me gustaría planteárselo al Ministro señor Larroulet , quien se encuentra ausente. Sé que constituye una cuestión no imputable al señor Ministro de Hacienda , quien nos acompaña, ni a la señora Directora de Presupuestos.

Nosotros no somos los responsables de que en las ideas matrices de la iniciativa se hayan mencionado la crisis y el terremoto. La confusión de los dos temas no ha obedecido a ese último Secretario de Estado, pero tampoco a nosotros.

Quiero dejar constancia de ello -conocemos experiencias de esta índole, pues a veces nos pasó-, porque el debate sobre la emergencia, sobre el desastre que hemos vivido, es grande.

Por mi parte, represento a una Región brutalmente golpeada, con más de 30 mil viviendas en el suelo, con mucha gente en situación de calle y donde hasta el día de hoy no se cuenta con recursos, porque el Gobierno central no le ha girado al gobierno regional la plata para comprar mediaguas. Eso angustia.

Entendemos que nos hallamos ante una responsabilidad de todos. Cabe recordar la Operación Invierno, para resolver los problemas de calle, para definir una situación de ingreso en el caso de la gente más golpeada. Me refiero a la gente, no a las Regiones, porque en estas algunas personas enfrentaron esa dificultad. Son las menos, pero es algo dramático. Y es en relación con ellas que se necesita una política de ingreso, tal como se hizo en el Gobierno de la Presidenta Bachelet con las familias afectadas por el desastre de Chaitén y otros.

También tendremos que definir políticas de empleo con el objeto de mantener la reactivación de la economía. Ello dice relación a un tremendo peligro que corremos en esta coyuntura. Me sumo a la preocupación del señor Ministro de Hacienda respecto de la destrucción de parte del aparato productivo del país.

Entiendo que la próxima semana podremos ocuparnos en el tema. Lo dejo hasta ahí.

Quiero entrar al debate en sí.

El proyecto en estudio es igual al que discutimos un tiempo atrás. Por eso, voy a criticar las mismas cosas. Y si se lee la Versión Oficial se advertirá que repito. No media una intencionalidad en contra del Gobierno.

La iniciativa se halla construida sobre la base de un tremendo error. Es una buena idea con falencias, presentándose en este caso una adicional. Y voy a explicar por qué.

Primero, la cobertura. Y no me refiero a que el bono es necesario para las personas afectadas por el terremoto. Podremos contar con la ficha de emergencia, como lo ha expuesto el titular del MIDEPLAN, y, quizás, definir un tipo de ingreso a partir de abril o cuando tengamos un instrumento; pero no aludo a eso, sino a que muchos chilenos cuyo ingreso es inferior a 457 mil pesos, que tienen hijos, que registran cargas, se hallan al margen del beneficio.

Represento a una Región donde existen demasiadas personas excluidas. No todos los temporeros del país se encuentran comprendidos en los términos del proyecto, debido a la naturaleza de su empleo, de sus contratos, y por cuestiones estructurales determinantes de que no siempre, dada la transitoriedad de sus labores, cobren la asignación familiar. Ese es un dato que hemos venido mencionando en forma insistente.

No se incluye a los trabajadores independientes de las ferias, los taxis colectivos, el transporte. No se comprende a todos, sino a algunos. Se plantea un problema. Y no lo digo porque vaya a votar en contra de la iniciativa, sino porque media una dificultad real de focalización que se traduce en que alguna gente está quedando fuera.

Si se emplearan parámetros complementarios, adicionales, como el de quienes se hallan en los colegios, lo que se traduce en un registro conocido, público y digitalizado, y el de quienes están en FONADIS, que corresponden a familias que ganan menos de 457 mil pesos y presentan hijos discapacitados, todos los cuales no entran en el beneficio, podría asegurarse una cobertura más afinada.

En mi opinión, se trata de un ámbito en que se requiere precisar y mejorar el proyecto. Lo digo de manera constructiva. La situación actual no es justa, porque muchas personas incluso ganan 300 mil pesos, tienen cargas familiares, pero no están institucionalizadas, no están incorporadas al sistema.

Lo que señalo constituye un desafío, porque soy partidario de que el instrumento en análisis sea permanente, que se otorgue todos los años en el mes de marzo, tal como se hace en otros países.

Un segundo punto, muy complicado, dice relación a la fecha de corte: el 31 de diciembre de 2009.

La ficha de protección social cambia brutalmente hoy respecto del 26 de febrero, porque varió el factor de habitabilidad, que es parte de ella, del mismo modo que se modificó el ingreso de muchas personas.

Enfrentamos una dificultad real. A mi juicio, no nos dimos el tiempo necesario para discutir mejor el asunto.

Entiendo que exista un compromiso electoral, que el Gobierno quiera cumplir la primera de las cien medidas que anunció. Pero la fecha del 31 de diciembre de 2009 va a plantear una situación de inequidad. Quiero, por lo menos, dejar constancia de ello, porque deberíamos pensar en mecanismos de compensación. Cabe considerar el caso de las personas que hoy son beneficiarias del subsidio único familiar y que no lo eran en diciembre recién pasado; el de aquellas cuyo nivel de ingresos cayó y hoy reciben menos de 400 mil pesos, que podrían tener cargas familiares, y el de las que recién van a comenzar a cobrar el seguro de cesantía, ya que si lo estuvieran percibiendo podrían usarlo. Pero, como se estableció la fecha mencionada, se presentan ciertos vacíos.

Ello lo expongo porque esta inyección o transferencia de recursos públicos ayuda en gran medida a muchas familias.

Al terminar mis palabras, quiero dejar establecido que quienes sugerimos que el bono fuera mayor para los que sufrieron los efectos directos del terremoto nunca hicimos referencia a todas las Regiones. ¡Nunca! La idea ha sido focalizar los recursos en gente que se encuentra en situación de calle, en condiciones dramáticas.

Esperamos que se pueda hacer una propuesta de ingresos para las personas que han sufrido una pérdida patrimonial brutal y que se idee un instrumento para tal efecto. Confío en que el señor titular del MIDEPLAN esté pensando precisamente en eso para poder llegar a una buena solución.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente , quiero, en primer lugar, saludar la presencia del señor Ministro de Hacienda , de los otros señores Secretarios de Estado y de la señora Directora de Presupuestos , y felicitarlos, además de desearles éxito a ellos y al Gobierno del Presidente Piñera.

Y quiero ser muy claro en esto. Lo dijo recién la Senadora señora Allende : aquí no hay pequeñez. Lo que nos motiva -por supuesto, cada uno en su rol- es poder apoyar no solo la reconstrucción, derivada del terremoto del 27 de febrero pasado, sino también todas las iniciativas que impulsen o reimpulsen el desarrollo de Chile, que ya no será para 2018, sino para un poquito más adelante.

Por lo tanto, tendremos que debatir en el futuro qué pasa y cuál va a ser nuestro rol en la OCDE. No digo que nos van a echar de ese organismo, pero algo pasará respecto de un país que pierde productividad, competitividad, y baja su crecimiento. Debemos discutir qué sucederá con nuestros socios en ese concierto internacional tan importante y del cual todos nos sentimos muy orgullosos.

Repito que aquí no media una pequeñez. Tampoco un desalojo. Desalojo es, tal vez, lo que se ha visto durante la última hora en la Cámara de Diputados. Pero no acá.

Por mi parte, creo que el señor Ministro de Hacienda ha puesto las cosas en su lugar, ha favorecido el debate, al formular dos afirmaciones.

Primero, que el proyecto en análisis corresponde a un compromiso de campaña asumido por el Presidente de la República cuando era candidato (lo dice el mensaje, pero de manera muy tangencial).

Segundo, que valora el bono otorgado por la Presidenta Bachelet , en condiciones similares -por no decir idénticas-, hace exactamente un año.

Seguramente, ese beneficio de un año atrás algo tendrá que haber incidido en el aumento del gasto público, que algunos personeros del Gobierno han criticado al aseverar que el déficit obedece a que se malgastó la plata.

Por eso, me alegra que el Ministro señale que valora ese bono idéntico al actual.

En consecuencia, para ir encauzando el debate, luego de la intervención del Ministro de Hacienda, quiero decir que, a estas alturas, el problema no es el bono, sino la forma como se nos presentó la iniciativa que lo establece.

Nosotros tenemos el deber de ser acuciosos, de revisar prolijamente los proyectos. Y los considerandos del que nos ocupa, ¡claro que no nos dejan conformes! Porque bien se ha expresado acá que se trata de uno de los compromisos del Presidente Piñera. Habrá otros que probablemente, como señaló la Honorable señora Allende , no van a pasar por el Senado, por el Congreso, y esperamos que se cumplan pronto. Pero este no puede ser presentado en los términos en que se hace.

Aquí se habla de "crisis económica", de "pérdida de productividad". ¡Por supuesto! ¡Si ese mismo diagnóstico lo hizo un año atrás la Presidenta Bachelet ! Y los beneficiarios del presente bono son exactamente los mismos: Chile Solidario, cargas familiares, Subsidio Único Familiar, subsidios maternales, en fin. Alcanza a igual número de personas.

Por lo tanto, se trata de un compromiso legítimo, de campaña. ¿Y qué oposición en el mundo ayuda, con esta facilidad, en las primeras sesiones, a sacar adelante un compromiso de campaña de un Presidente de la otra trinchera?

Esas son las cosas que hoy tenemos que mirar; pues, de hacerlo, será mucho más fácil entendernos.

En la iniciativa en discusión se nos dice que la medida propuesta se halla vinculada al Ingreso Ético Familiar.

¡Por favor! En el mes de octubre deberemos debatir sobre el aumento del salario mínimo, y no se trata de un bono ocasional. El que nos ocupa, en cambio, sí lo es -hasta donde tengo entendido-; no es permanente, como lo han afirmado reiteradamente los señores Senadores. Y cuando se habla de un Ingreso Ético Familiar en los términos en que nos lo planteó Monseñor Goic hace dos años -con quien, desde luego, manifiesto mi completo acuerdo-, nos estamos refiriendo a algo permanente, no ocasional.

Entonces, no confundamos las cosas. Evidentemente, hay un problema de redacción en este proyecto de ley tan importante, el primero de la Administración Piñera, que hoy día se somete a nuestro conocimiento: no puede plantearse un bono ocasional aludiendo al Ingreso Ético Familiar.

De otro lado, hay una inconsistencia mayor. Muchos Honorables colegas, tanto de Gobierno como de Oposición, hablan de que la justificación de este beneficio se encuentra en el terremoto del 27 de febrero. Como habrán advertido quienes han leído en detalle el mensaje, 60 por ciento de la argumentación está construida sobre esa base.

¡Pero aquí no se focaliza! ¡El bono va a llegar igual a los habitantes de las Regiones del Maule, del Biobío -y en buena hora, porque lo necesitan-, que al de otras que no resultaron afectadas! Y para quienes han perdido sus enseres, sus viviendas, o han tenido que sepultar a un familiar, 40 mil pesos ayudan, pero no permiten ni siquiera cubrir los gastos funerarios.

Por supuesto, hay otras comunas -yo represento a la Región de La Araucanía- que también han sido profundamente dañadas: Angol , Renaico , Traiguén. Un hospital destruido, como el de Angol, no va a poder ser utilizado; y 35 por ciento de las viviendas se encuentran con graves daños, ya con decreto de demolición.

En estos días debemos debatir qué tipo de construcción vamos a hacer en el futuro. Y, por eso, es muy importante la sesión del próximo martes.

Entonces, señor Presidente , no cabe plantear aquí que el bono es la respuesta a uno de los aspectos fundamentales del terremoto -así indica el proyecto-, cuando no se focaliza, cuando no hay claridad acerca de cuáles son las comunas más afectadas, cuando se otorga sin ninguna distinción.

Reitero: el problema no es el bono sino cómo se nos presenta, y nosotros debemos ser rigurosos con los proyectos que estudiamos.

Por supuesto, como todos han señalado, vamos a aprobar el beneficio en análisis. Porque sin duda es un paliativo y ayudará a un número importante de familias.

Pero el terremoto será objeto de otro debate, y esperamos que podamos realizarlo con el mismo entusiasmo e interés de los Ministros que hoy nos acompañan.

Voto que sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente , la red de protección social instaurada por la Presidenta Bachelet durante su mandato consideró, sin tener en vista su elección popular, dos bonos de 40 mil pesos, más otras muchas medidas que apuntaron, de verdad, a crear un sistema que permita atender a buena parte de los chilenos que generalmente lo pasan muy mal.

Cuando el entonces candidato Sebastián Piñera , en medio de una pugna electoral, se comprometió a entregar un bono, desconocía lo que iba a ocurrir. Además, todavía no se había aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos. Pero durante su discusión en la Comisión Especial Mixta -aprovecho de saludar a las autoridades económicas, y en particular a nuestros ex colegas Diputados, los señores Álvarez y Alvarado , con quienes durante tanto tiempo trabajamos en la Comisión de Hacienda-, le entregamos al futuro Gobierno un monto de 450 millones de dólares de libre disposición.

Eso se hizo sin saber quién sería elegido como Presidente , porque el beneficio que nos ocupa es un compromiso de campaña no solo de Sebastián Piñera , sino también de Eduardo Frei , aunque el de este último consideraba un bono estructurado en función de las necesidades de los meses de marzo.

¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Van a sacar marzo del calendario? Porque nada se dice en la iniciativa respecto de si el beneficio será permanente o no.

Como sea, el presente proyecto es un compromiso de campaña de todo el mundo político, y sin duda hay que apoyarlo, ojalá por unanimidad. Así lo voy a hacer y daré mi respaldo a todas las medidas que signifiquen ir en ayuda de la reconstrucción. Y pienso que un Gobierno de unidad nacional debe hacernos sentir a todos llamados a colaborar en esta gesta, en la reconstrucción del país, en el apoyo a los damnificados.

Como señalé con anterioridad, cuando se anunció el bono se desconocía que íbamos a enfrentar un contexto como el actual, en que somos víctimas de uno de los sismos más grandes en la historia del mundo.

Por tanto, muchos desearíamos que su monto fuera más elevado, para atender las mayores necesidades de los afectados. Sin embargo, el Ejecutivo tiene la facultad privativa de decir "sí" o "no". De todas maneras -reitero-, nosotros votaremos a favor del proyecto tal como ha sido presentado.

Sin perjuicio de ello, quiero expresar que estamos lejos de atender las emergencias en forma adecuada. Y, si bien es cierto, el beneficio no considera el terremoto, el mensaje sí lo hace. Ello nos obliga a los parlamentarios a anticipar el debate que se producirá el próximo martes, cuando los Ministros expongan acerca de las medidas que se llevan a cabo para hacer frente a la emergencia.

Ahora, no cabe duda de que el diagnóstico tiene que ver con cuál será la medicina. Y, sinceramente, señor Presidente , siento que no es posible que el Gobierno pueda llegar con un diagnóstico asertivo si en los recorridos que realicé por mi Región, al igual que el Senador señor García , he observado que los municipios no han tenido la capacidad, ni en recursos humanos ni materiales, para hacer de verdad un levantamiento de los daños, de la más diversa consideración. Alguien señaló: "Mire, aquí los daños son solo en vivienda". Pero no dicen relación únicamente a este ámbito, sino también a elementos productivos, caminos, defensas ribereñas.

¿Eso no se va a considerar?

Estoy seguro de que el conjunto de medidas que la ciudadanía afectada espera del Ejecutivo no será ni lo completo ni lo asertivo ni lo focalizado que se requiere si no disponemos de una encuesta que recoja la verdadera realidad de los damnificados en todo el territorio nacional.

Por eso, me atrevo a formularles una sugerencia a los señores Ministros de Planificación y de Hacienda , que no cuesta un peso.

Nunca han estado dadas todas las condiciones, como hasta ahora, para que el Gobierno reciba solidaridad y apoyo nacional a fin de convocar a los ciudadanos a esta gesta, a esta cruzada, destinada a ayudar en esta emergencia a Chile.

Cada cierto número de años -me parece que diez- el Instituto Nacional de Estadísticas realiza una encuesta y convoca a miles de voluntarios -personas calificadas, profesionales- a fin de que vayan casa por casa, en todo el territorio nacional, peinando las Regiones, los distritos, para saber qué pasa en cada hogar: cuántos integrantes lo componen, qué edad tienen, qué religión profesan, cuál es su nivel educacional, en fin.

¿Por qué no hacemos un levantamiento, señores Ministros, respecto de lo ocurrido de verdad en las zonas afectadas por la catástrofe?

La diversidad del daño no se conocerá sino mucho tiempo después, a menos que efectuemos una gesta de tal naturaleza.

Al igual como se hace en los censos, durante un fin de semana se podría ayudar a los municipios que no disponen de personal y que ni siquiera han tenido la capacidad de llevar ayuda a familias que aún no saben con certeza si en la noche dormirán bajo un techo impermeable o si podrán alimentarse con 3 comidas calientes y cuyos jefes de hogar tuvieron empleo hasta el 27 de febrero.

Esas personas seguramente recibirán el bono de 40 mil pesos. Pero están viviendo en carpas y no son capaces de generar recursos.

Por eso, aquí hay que implementar un programa de empleo atingente al diagnóstico que se pueda efectuar. Y deseo insistir en que no disponemos de uno asertivo, porque no hemos realizado un levantamiento efectivo de información sobre lo que sucede en cada comuna del país.

Conozco la ficha Alfa y sé que las municipalidades, dada la urgencia por demandar ayuda, hacen una solicitud por un conjunto estimativo de daños en la comuna o por un número aproximado de familias afectadas. Pero no se está dimensionando efectivamente la diversidad del deterioro ni se están aplicando los instrumentos que permiten focalizar la asistencia de manera adecuada.

Señor Presidente, expreso toda mi voluntad a favor de cualquier iniciativa que vaya en la dirección de apoyar en la reconstrucción al Gobierno, a fin de que, si de verdad quiere ayudar a los damnificados, pueda convocar a los voluntarios de Chile para atender a esta demanda.

Hoy nos debe preocupar llevar a cabo el diagnóstico asertivo al que me referí.

Pero no basta con eso. Su realización va a costar dinero. Y se deberá sacar de las arcas fiscales que dispongan de recursos. Puede que no los haya en la cantidad suficiente o, como alguien anunció aquí, que el fantasma de la inflación lleve a señalar: "No es necesario apurarnos en dar una solución, porque podría hacer daño traer la plata a Chile".

Ello es posible. Y comparto tal apreciación.

Sin embargo, también concuerdo con lo planteado por el Senador señor Lagos en orden a ser creativos. Podemos hacer compatible la utilización de nuestros recursos con impedir que ello incentive el crecimiento de la inflación. Es decir, podemos hacer compatible el uso de los dineros necesarios para ir en ayuda de los damnificados con la aplicación de medidas macroeconómicas que aseguren que no exista inflación.

Por último, un ingreso cuantioso puede ser generado a través del royalty. Y podría presentarse un proyecto de ley a fin de que las mineras paguen de verdad lo que corresponde.

Señor Presidente, votaré a favor de la iniciativa.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , también deseo saludar al señor Ministro de Hacienda , a la señora Ministra del Trabajo , a la señora Directora de Presupuestos y a los señores Subsecretarios que nos acompañan esta tarde.

Quiero mencionar tres puntos.

Primero, el señor Ministro de Hacienda ha sido tremendamente preciso con respecto al mensaje.

No observo, sinceramente, ninguna contradicción en su contenido. Lo que hace es fijar el contexto en el cual el Presidente de la República envía la iniciativa que otorga un bono solidario. Y para nadie es una sorpresa el terremoto y el maremoto que hemos sufrido.

Además, dentro de aquel contexto también sitúa algunos instrumentos económicos discutidos largamente.

Quiero recordar que, junto con la Directora de Presupuestos que nos acompaña, participamos en el Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad. En él se analizaron, entre otras materias, el sueldo mínimo ético, el ingreso ético familiar, distintos bonos, subsidios especiales, cuyo cruce hacía posible una focalización en los sectores más vulnerables del país, de modo de no dejar afuera a muchos grupos que, previo al terremoto, estaban ajenos a la medición de vulnerabilidad.

En segundo término, debemos ser realistas.

El Presidente Piñera pudo perfectamente haber dejado sin efecto el otorgamiento del bono que comprometió durante su campaña. El país entero lo habría entendido considerando la realidad en que nos encontramos, toda vez que, según se indica, el piso mínimo para la reconstrucción puede superar los 30 mil millones de dólares.

Aquí el punto es otro.

El Gobierno, capitaneado por su Ministro de Hacienda , Felipe Larraín -quien nos acompaña esta tarde-, ha emprendido un enorme esfuerzo para ser consecuente y macizo con lo que manifestó y ha resuelto entregar el llamado "bono de marzo", cuyo costo alcanza a cerca de 320 millones de dólares.

Ello constituye un esfuerzo adicional a fin de darle solidez no solo a un compromiso de campaña, sino también al momento que vive Chile.

En tercer lugar, señor Presidente, considero razonable lo planteado aquí, en la Sala, en el sentido de que hay que efectuar nuevas mediciones.

Estoy convencida de que el nuevo Ministro de Planificación tiene absoluta claridad de que los informes que existen son completamente insuficientes en cuanto al levantamiento de la información actual.

A nuestro juicio, los diagnósticos con respecto a la realidad de las Regiones heredados del Gobierno saliente resultan del todo limitados. Porque, digámoslo con fuerza: este es un terremoto bastante mentiroso.

Por ejemplo, en la circunscripción Quinta Cordillera de la Región de Valparaíso -que represento en el Senado-, gracias a Dios no hubo personas fallecidas que lamentar. Sin embargo, existe gran cantidad de viviendas que por fuera parecen no haber sufrido daño alguno, pero que, por el deterioro habido en su interior, quedaron prácticamente inhabitables.

Entonces, recabar esa información no resulta tan simple. No se hace en seis días de Gobierno ni tampoco en quince, porque también deben participar los municipios, las gobernaciones y las intendencias correspondientes.

Por lo mismo, señor Presidente , estimo que haber situado el contexto del mensaje que acompaña al proyecto era importante, y le agradezco al señor Ministro de Hacienda por su información.

Además, lo que hoy nos convoca es votar favorablemente el bono que se propone. El país nos observa, la gente lo necesita con urgencia. Y, de ser aprobado ahora -así va a ser-, podría comenzar a ser distribuido a fines de marzo.

Sin embargo, hay dos discusiones pendientes.

Una la sostendremos en la sesión especial del próximo martes, para la cual ya hemos sido citados. Incluso, los Ministros concurrirán encabezados por el propio titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter , precisamente para abrir un debate acerca de qué instrumentos se aplicarán, cómo podemos focalizar y, asimismo, para que no sea discrecional la entrega de los recursos destinados a la reconstrucción.

Obviamente, es lo que pretendemos todos en la Sala.

Pero, al mismo tiempo, considero muy importante manifestar que el punto no radica en si realmente el bono tiene que ver o no con una promesa de campaña.

Insisto: Chile nos está mirando y nos exige altura de miras a fin de realizar una discusión que le entregue a la gente una pequeña -muy pequeña- satisfacción. Además, este bono incluye a un segmento relevante de nuestra clase media, que se ha empobrecido durante muchos años y que por bastante tiempo no tuvo acceso a este tipo de beneficios.

Yo comparto que hay sectores que quedan fuera del otorgamiento del presente bono, por ejemplo, los temporeros (mujeres, en su mayoría). Pero no solo de este, sino también de los anteriores que concedió el Gobierno saliente, porque nunca se modificó la norma pertinente.

Se trata de un asunto de especial relevancia -nos acompaña la señora Ministra del Trabajo -, y en algún minuto lo deberemos abordar. Sobre este punto le cabe una enorme tarea a la nueva Administración.

Para finalizar, señor Presidente , obviamente anuncio mi voto favorable al proyecto y, al mismo tiempo, les agradezco a los señores Ministros de Hacienda y de Planificación , a la señora Ministra del Trabajo , a la señora Directora de Presupuestos y a los señores Subsecretarios por habernos acompañado esta tarde.

Voto a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , no tenía intención de hablar en un debate que suponíamos bastante más fácil y breve. Pero a todos nos cuesta asumir los diferentes roles que nos corresponden luego de la última elección. A los Senadores de enfrente, saber el tipo de Oposición que serán, y a los de este lado, saber defender a nuestro Gobierno.

No obstante, Sus Señorías han sido muy delicados al saludar cariñosamente a cada uno de los Ministros, y me sumo a ello.

Pero, con posterioridad, han deslizado críticas y comentarios que nos deben llamar a reflexión.

Porque lo único serio que tendríamos que haber postulado la clase política y quienes conformamos el Parlamento, a lo mejor debió haber sido mantener el bono en las zonas afectadas y reducirlo en aquellas que no han sufrido el rigor del terremoto.

No he visto que nadie lo haya planteado. Cada uno -según lo observado en la prensa- argumenta en el sentido de que el bono sea de 100 mil pesos para las zonas damnificadas. Al respecto, deseo señalar -y quiero ser muy franco- que eso es casi populismo.

Se pudo haber criticado esta medida cuando se anunció durante la campaña presidencial; pero, en una situación como la actual, no se puede hacer planteamientos de tal naturaleza. En efecto, el desastre tiene al país conmovido por un dolor profundo. El costo para reparar los daños se estima en 30 mil millones de dólares.

En verdad, lo serio habría sido eso.

Yo por lo menos quiero informar que se me consultó. Estuve dispuesto a poner la cara para que la ayuda se focalice bien. Porque estamos gastando más de 300 millones de dólares en un bono para una circunstancia completamente distinta de la que había al momento del ofrecimiento.

Si no hubiera tenido mensaje el proyecto en debate, a lo mejor ya estaría despachado hace mucho rato. En los veinte años que llevo de parlamentario, nunca me había tocado ver que se hablara una y otra vez del mensaje y no de la iniciativa misma. Es algo muy curioso.

Pero de algo tenía que agarrarse la Oposición.

Esto me recuerda la anécdota del elefante y la mosca que lo pica: todos hablaron de esta mosca y no de aquel. O sea, aquí se ha hablado del mensaje diciéndose que en él el beneficio que se otorga está vinculado al terremoto.

Sobre el particular, quiero ser muy claro: el bono está en un contexto. Y creo que con su entrega se cumple un compromiso, lo cual, a mi juicio, honra a la clase política chilena. La prestigia el hecho de que un compromiso de campaña electoral -anunciado en un contexto de recesión y que los chilenos necesitan- se cumpla pese a los requerimientos de recursos económicos del país. Eso ennoblece a la política chilena y, por cierto, a la autoridad y al Presidente de la República.

Pero, como el mensaje vinculó este beneficio a una realidad tremenda, se aprovechó tal circunstancia para deslizar críticas y pequeñeces, aunque dichas en un muy buen tono. Sin embargo, señor Presidente , en verdad hay que valorar enormemente el que se haya honrado la palabra empeñada, no obstante la difícil situación que hoy en día vive el país.

Quiero señalar, además, que me alegro de que el Gobierno no haya hecho demagogia, asumiendo muchos de los planteamientos señalados hechos para entregar bonos de 100 mil pesos, porque sería una pésima focalización. En las Regiones no se da la misma realidad en las familias; y es evidente que lo que debe venir es una focalización.

Deseo recordar que este Gobierno no cumple ni una semana de gestión: lleva seis días. Por lo tanto, esto hay que ubicarlo en el contexto de que él recién se está instalando y que va a llevar a cabo cambios muy profundos.

Por lo tanto, todo lo planteado aquí el Gobierno lo está evaluando y tomando decisiones. Yo soy testigo de ello, porque dos de mis hijos estuvieron cinco días en la zona siniestrada colaborando con MIDEPLAN para levantar efectivamente a los damnificados, en los cuales hay que focalizar el gasto. Porque tampoco está vigente en esas áreas la Ficha de Protección Social, instrumento que tiene otro objetivo.

Por eso, también quiero señalar -no deseo que pase esta sesión sin expresarlo- que me satisface que esté a cargo de solucionar la indigencia y la focalización del gasto Felipe Kast , hijo de aquel que inició en Chile, en 1973, junto con Sergio Molina , la verdadera erradicación de la pobreza en nuestro país. Me refiero a Miguel Kast , quien puso en práctica políticas públicas, haciendo el mapa de la extrema pobreza. La sociedad chilena, en todo este tiempo, ha sido capaz de profundizar tal sistema a través de la red de protección social que ha culminado en el Gobierno de la Presidenta Bachelet.

Ojalá actuemos con seriedad para focalizar los gastos del país, a fin de que los recursos lleguen efectivamente a los más necesitados. Es imposible dirigirlos a aquellos que están sufriendo hoy día en las zonas afectadas sin que se haga previamente un buen diagnóstico. Y es absurdo estar pidiendo a un Gobierno recién instalado que en menos de una semana haga un levantamiento y tome las medidas que aquí se exigen. Porque, obviamente, se pueden malgastar muchos recursos si no tenemos esa información.

Por lo tanto, señor Presidente , he querido de alguna forma señalar que el único error de este proyecto es que tuvo mensaje. Porque no sé de qué se habría hablado en esta sesión si no hubiera sido acompañado de ese texto. Hace rato que habríamos terminado su despacho -el cual es esperado por todos los chilenos-, aprobando el "bono de marzo" en forma unánime.

No tenía el ánimo de intervenir en esta sesión. Lo he hecho porque creo que la clase política chilena, los políticos, nosotros, tenemos un desafío enorme. Porque la gente quiere que actuemos con grandeza, y con verdadera grandeza.

Pienso que la Oposición tiene un desafío enorme. Nosotros, cuando cumplimos ese rol, actuamos con altura de miras en muchos momentos en que el país lo requirió. Y ojalá que la Concertación actúe así durante este período, porque se requiere unidad nacional; se requiere focalizar bien los gastos; se requiere tramitar con prontitud aquellos proyectos de ley que serán sometidos a nuestra consideración, sin perjuicio de la discusión que sobre ellos tengamos. Por cierto, cada uno tiene el legítimo derecho, en democracia, a plantear sus puntos de vista. Ojalá cuidemos el lenguaje y las actitudes, porque de lo contrario, con estas peleas y con pequeñeces la única que va a salir perjudicada será la clase política chilena, haciéndole un daño enorme a nuestra democracia.

Estimo que no solo tienen un desafío aquellos con responsabilidades en el Gobierno central del país para atender a los chilenos que están viviendo el drama de un terremoto de la magnitud que todos conocemos.

Pero hay algo que sí quiero decir, que es producto de la experiencia: a lo mejor, en la Oposición, algunos dirán: "No tenemos que ser tan colaboradores como fue la Derecha con nuestro Gobierno". Debo recordar que nosotros estuvimos 20 años en la Oposición. Entonces, tal vez adopten una actitud distinta.

Considero muy importante que no dañemos la política ni el servicio público. Tenemos que colaborar sinceramente; hacer todos los esfuerzos.

Por eso, quiero que se entienda que este bono se halla en el contexto del terremoto. Porque se discutió si el monto por entregar debía ser menor en aquellas Regiones que no fueron afectadas.

Me gustaría saber si en tal caso habrían hablado del mensaje o se hubieran referido a los artículos en que se redujera el bono en las Regiones no damnificadas.

Pero creo que un país serio, con una clase política de iguales características, debe respaldar una iniciativa que focalice mejor el gasto para enfrentar una emergencia que, por cierto, nadie tenía calculada. Se ofreció este compromiso en un contexto distinto, en el de una recesión y en un mes -tal como aquí se ha dicho- en que la clase media y los sectores más vulnerables tienen muchos gastos.

Por lo tanto, a mi juicio, el mensaje recoge el momento en que se está dando el bono. Y debe valorarse, porque con su entrega se honra la palabra y se cumple un compromiso que se hizo a todos los chilenos, sin dejar de considerar que tendremos que enfrentar con muchos recursos las demandas que nos va a exigir atender a las familias de las zonas más afectadas del país.

Por todo esto, señor Presidente , quiero no solamente anunciar mi voto a favor, sino señalar que lo hago con el mayor de los agrados, porque el cumplimiento de un compromiso se pudo evitar, como aquí se ha manifestado. Pero se ha honrado la palabra, lo que en política tiene un valor enorme.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, coincido con el Senador Longueira en que el debate debe centrarse en la oportunidad del anuncio de los bonos.

Creo que efectivamente ha habido algo de populismo al pretender un bono aumentado y parejo, sin discriminar ni hacer un previo diagnóstico. En ello hay un cierto dejo de populismo.

Pero el ofrecimiento del bono se anunció con nueve meses de anticipación. Como no hay bola de cristal que pueda predecir el futuro, ello tuvo un sesgo de irresponsabilidad.

En definitiva, lo que hoy día estamos discutiendo es un bono de 40 mil pesos, que yo voy a votar a favor.

Con Piñera o con Bachelet igual hubiéramos tenido bono en marzo. Lo dijimos durante la campaña presidencial. El beneficio, sin que se asocie a un bono de reconstrucción, es parte de un compromiso de la campaña electoral.

Y que hoy día 300 millones de dólares no estén en las arcas fiscales para un proceso de reconstrucción más planificado no es una responsabilidad de quienes estamos hoy en la Oposición, sino de quien lo prometió. Por lo tanto, si el Ministro de Hacienda no cuenta con esa cantidad, debe financiarla, porque el Presidente Piñera prometió, y tiene que cumplir.

Pero, señor Ministro , lo vamos a ayudar para que haya fondos adicionales, recursos frescos, para suplir ese déficit provocado por una promesa de campaña. Porque debemos ordenar las platas fiscales, a fin de poder cubrir lo que va a implicar la reconstrucción.

Desde mi punto de vista, se requiere abrir debate sobre cómo vamos a enfrentar la reconstrucción. Y en eso, lamentablemente, ha habido un mal comienzo.

Lo sucedido en la Cámara de Diputados -según conversábamos hoy día en el Senado- fue un mal comienzo político, que está tensionando las relaciones. Yo espero que el problema se supere. Hay plazo hasta el martes. No es el modo ni la señal que el país quiere del Senado ni de la Cámara de Diputados.

Soy partidario de una integración proporcional, de manera que efectivamente se dé lo que todo el mundo espera: unidad nacional para enfrentar la reconstrucción. Y lo que ha hecho la otra rama del Parlamento no va en esa línea, como tampoco el pasar la máquina aplanadora a la Oposición y quedarse con todo. Espero que el Senado no se contamine. Pero, en verdad, ha habido problemas y vamos a tener que saber enfrentarlos.

Por cierto, quiero saludar a los señores Rodrigo Álvarez y Claudio Alvarado. Vamos a apoyarlos en todo lo que podamos, difiriendo lealmente en lo que haya que diferir, con una Oposición constructiva, decidida, pero honesta con los intereses colectivos.

Espero que se mantenga el respeto que hemos tenido en la discusión de este primer proyecto de ley del nuevo Gobierno. El debate pudo haberse evitado, pero había que hacerlo.

La iniciativa en análisis la voy a votar a favor, aunque debo declarar que resulta insuficiente. Y ojalá la señora Ministra del Trabajo y otros Secretarios de Estado pudieran estar en la Región del Biobío, o en la del Maule, donde la situación es dramática: ni siquiera hay circulante. Están paralizados Petrox y Huachipato. No hay industria pesquera. Desapareció ASMAR. No existe el centro comercial. No hay actividad pesquera artesanal. No se dispone de dinero. Desapareció Talcahuano. Se observan severos daños en otras comunas, como Penco y Tomé, y en miles de pequeñas localidades de Ñuble, como planteó el Senador señor Sabag.

En ese sentido, uno podría pensar en la posibilidad de un bono diferenciado, porque la gente en mi Región es más pobre. Se le dará este bono de 40 mil pesos por carga familiar, pero ya lo tiene gastado o, en definitiva, no va a resultar suficiente, por cuanto su condición es diferente de la que tenía cuando el beneficio fue anunciado, y cuando, por cierto, la finalidad del mismo era parte de un compromiso político.

Ha cambiado la situación. Y el bono de ahora es igual a los de agosto y enero del 2009. Lo dijo la Senadora Matthei. Pero las condiciones son otras. Y ahí es donde surge el elemento base de este debate: hay condiciones diferentes y el bono se mantiene igual.

Por eso, es importante comprometer al Gobierno en cuanto a decir si este bono va a ser idéntico a los ya mencionados, porque la realidad actual es completamente distinta; a que adopte una política para enfrentar la reconstrucción que dé cuenta de aquello. Y eso significa, señor Ministro , que vamos a necesitar tratos especiales en las Regiones afectadas, que se refieran, por ejemplo, al pago de las patentes y de los dividendos, sin que se permita a los bancos rematar casas. Como la gente no tiene empleo, no puede cumplir, pero no pueden rematarles sus viviendas.

Espero que el señor Ministro nos pueda decir cuándo va a ingresar el proyecto de ley respectivo; cuánto es lo que vamos a destinar, y de dónde vamos a sacar los recursos. Porque, en definitiva, hay disposición para apoyar el royalty minero.

No era necesario un terremoto para discutir lo relacionado a tal materia. Lo dijimos durante mucho tiempo. Sin embargo, tiene que haber una política fiscal e impositiva relativamente acorde con lo que el país produce. Y si vamos a discutir el royalty minero por un terremoto, alguno podría sostener que este es bienvenido. Es decir, una gran desgracia fue la única manera de poner tal asunto en debate.

Creo que eso pudo haberse resuelto hace mucho tiempo. Es necesario realizarlo ahora. Vamos a apoyar lo que se proponga, según sean las condiciones.

La pregunta que queda en el aire es si efectivamente vamos a requerir o no apoyo internacional. Tenemos que recurrir al endeudamiento. Debemos elevar los impuestos. En verdad, va a ser una suma de varios factores, pero lo importante es hacerlo con prontitud.

Quiero abogar por que los daños en mi Región sean suficientemente evaluados. Y tengo que decir, con plena responsabilidad: al inicio se subestimó el siniestro producido, y aún se sigue subdimensionando.

Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud, recogido del Ministerio del Interior, de fecha 9 de marzo del 2010, hay 421 muertos; 758 mil personas sin agua; cientos de escuelas con severos daños; miles de seres humanos viviendo en carpas, sin contar con los elementos básicos.

La crisis se mantiene. Y claramente se requiere discutir sobre cómo se van a enfrentar estos problemas.

¡Bienvenido el bono de 40 mil pesos! Lo votaremos a favor.

Estimo que el debate comenzará cuando terminemos esta votación. Es preciso saber cuándo vamos a disponer de los recursos necesarios para enfrentar la desgracia profunda vivida por Chile y, particularmente, por la Región del Biobío. En Talcahuano, reitero, este bono va a servir, pero será insuficiente.

Y de allí que me hubiera gustado discutir no el bono de marzo, sino lo referente a la reconstrucción inmediata. Porque los miles de cesantes de la Región del Biobío necesitan un bono laboral que les permita subsistir hasta recuperarse. Como no hay industria pesquera, ni barcos ni pesca artesanal, se cae el sistema en su conjunto. Como no existe actividad en Huachipato, son miles los que no trabajan. Eso va a requerir, por cierto, bonos diferenciados, focalizados y localizados. Y el debate correspondiente debe hacerse con la mayor prontitud.

El Senado acordó formar una Comisión Especial para enfrentar la discusión de los proyectos de ley respecto al sismo y al maremoto. Espero que ese organismo cumpla en la forma más eficiente posible su labor. Esa voluntad positiva existe. El señor Ministro de Hacienda lo debe saber. Pero también queremos conocer cuáles en definitiva van a ser las propuestas para financiar el plan correspondiente. Y ojalá sean las adecuadas para resolver la situación en el menor plazo.

Nos interesa que el sector privado se involucre. Está puesta a prueba la capacidad de gestión pública y empresarial del Presidente Piñera. Nos importa igualmente que se considere a las organizaciones sin fines de lucro, pero también que haya la debida fiscalización. Deseamos que el aparato del Estado cumpla su rol, y particularmente que sea activo.

Quienes administran se van a encontrar con una pesada carga. Como decía el Senador señor Longueira , se aprende a ser Gobierno y Oposición. Pero todos necesitamos un aprendizaje rápido para evitar el lastre que significa el retardo de proyectos de ley por ese concepto. Y en tal sentido espero que la oposición de la Concertación y del MAS sea la adecuada y que el Gobierno afine a sus Ministerios y se ponga a trabajar.

Voto a favor de la iniciativa en debate, quedando a la espera de la que se presente sobre reconstrucción, que pensamos apoyar de manera decidida, para ir en auxilio y rescate de los miles y miles de afectados por el terremoto, el maremoto y el sismo social que, lamentablemente, hubo en la Región del Biobío y en la del Maule, de manera principal.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , al igual que lo han hecho algunos Senadores, por supuesto vamos a sumarnos al saludo a las nuevas autoridades -Ministros, Subsecretarios, Directora de Presupuestos - y también desearles éxito. Creo que lo van a necesitar, y mucho, porque la tarea que tienen por delante es bastante difícil, pero será en bien del país en su conjunto.

El desastre sufrido por Chile nos ha hecho cambiar seguramente la visión que todos teníamos del futuro, unos desde el Gobierno y otros desde la Oposición.

Hoy me felicito del debate suscitado aquí. Creo que con ello estamos demostrando -en eso no coincido con el Senador Longueira-, con referencia o no al mensaje, que se debe tener cierta apertura, para que nos podamos expresar -con error o sin error-, sin que ello merezca una crítica o haya un desmedro de nuestras palabras.

Pero hay que llamar la atención del país en cuanto a que el Parlamento ha tomado todas las medidas necesarias como para que el proyecto enviado hace 48 horas sea ley lo antes posible.

Estoy de acuerdo en que hoy día el Senado está cumpliendo su función.

Respecto del bono, me parece muy bien el envío de esta iniciativa. Me parece legítimo. Sin embargo, es cierto lo dicho aquí por alguno de los Senadores en el sentido de que el Gobierno podría haber señalado que, atendidas las circunstancias excepcionales, iba a revisar la promesa y anunciar que no se encontraba en condiciones de dar tal ayuda. Pudo haberlo hecho, y, seguramente, con posterioridad haberse sometido al juicio ciudadano si procedía bien o mal. Pero el asumirlo creo que es un mérito.

Además, considero que no se debe confundir este beneficio con lo que se requiere para ir en apoyo de la gente que ha sufrido los efectos del terremoto y el maremoto del 27 de febrero. Hay que diferenciar.

El bono es positivo. Si bien no va a llegar a todos los sectores -el no incluir a los temporeros y temporeras es un error-, debiéramos haber buscado la manera de solucionar tal problema. Pero se beneficiarán 4 millones de chilenos y un millón 200 mil familias, que van a tener un ingreso adicional, para poder afrontar gastos extraordinarios y deudas.

Por lo tanto, este proyecto de ley va a cumplir un objetivo social, el mismo que se inició en el Gobierno de la Presidenta Bachelet (recordemos que este tipo de bono se ha entregado ya en dos ocasiones).

Dada mi experiencia de muchos años como titular de la Cartera de Hacienda, le sugiero al señor Ministro que tome nota de lo siguiente: habrá que estudiar la forma de hacer permanente dicho beneficio. Porque en el próximo tiempo, por razones como las que hemos escuchado (gastos de marzo, en fin), el problema va a plantearse.

En consecuencia, desde ya cabe advertir que debiera incluirse tal punto en la agenda y analizarse la manera de convertir el bono en una medida con finalidad social permanente.

A mi juicio, nadie se va a negar a legislar sobre la materia. De esa forma, no estaremos cada año discutiendo si se da o no se da el beneficio.

Ahora bien, debiéramos separar el debate sobre el bono de los efectos provocados por el terremoto y el maremoto. Pero, sinceramente, es imposible no hablar de la catástrofe. Todos los Senadores que han hecho uso de la palabra, incluso el propio Ministro, se han referido a la catástrofe y a lo que ella ha significado.

La tarea que tenemos por delante es de tal magnitud que nosotros mismos no la imaginamos. Muchas veces, después de visitar mi Región, los medios de comunicación me han preguntado: "¿Y cuál es su visión? ¿Qué vio?". Y yo he respondido: "En realidad, no tengo palabras para expresar la profundidad del daño producido a miles y miles de familias chilenas".

Por eso, cuando analicemos las medidas que nos presente el Gobierno, todos tendremos que colaborar a fin de despachar los mejores proyectos para ir en auxilio de esos compatriotas.

Discutiremos algo importante.

Efectivamente, el terremoto nos afectó a todos.

Las viviendas en los campos sufrieron un daño inmenso en los sectores pobres. Debemos tomar nota de ello y hacer un esfuerzo muy grande para crear subsidios o aumentar los existentes para la vivienda rural con el objeto de reemplazar las casas que se cayeron en las Regiones afectadas, como ocurrió en la que represento.

En el mundo rural casi el 80 por ciento de las viviendas -la mayoría son de adobe- deberán ser sustituidas.

Pero eso no es todo.

En los centros urbanos el daño en las viviendas sociales fue menor que en las que podríamos llamar "de los sectores tradicionales de clase media" o "de la clase media trabajadora". Se trata de casas antiguas, heredadas por la familia; de casonas con bastante superficie y muchas veces con poca densidad por habitación. ¡Están todas en el suelo!

Esa gente ha perdido el patrimonio de una vida y de varias generaciones. Tendremos que ver también cómo darle una mano.

En ese punto hay que abordar otro asunto.

Yo confío mucho en la labor que desarrollará el Ministro de Planificación , señor Felipe Kast. Creo, por lo que conozco de su trayectoria, que tiene bastante habilidad y capacidad para desempeñarse bien.

Habrá que revisar la Ficha de Protección Social, porque con ella mucha gente no puede acceder a los beneficios. Lo hemos visto en los subsidios para Mejoramiento y Ampliación de Viviendas, que han sido de gran provecho para muchas familias. Las personas de la llamada "clase media trabajadora" quedan al margen de ese aporte. Algunas incluso me han dicho: "Yo preferiría abandonar mi casa e irme a un campamento para optar a una vivienda social y conseguir un proyecto de ampliación".

Ese aspecto también deberá ser abordado cuando discutamos los proyectos relativos a la reconstrucción del país.

El Senador señor Larraín representa a una circunscripción similar a la mía, en cuanto a la naturaleza de los centros urbanos, los pueblos, las pequeñas comunas de 15 a 30 mil habitantes, que suelen estar rodeadas por 20 a 40 poblados compuestos por 30 a 40 viviendas. ¡Esas comunas han quedado destruidas! Podría nombrar cada una de ellas. ¡Talca también está en el suelo! Y se derrumbaron no solo las viviendas, sino también los pequeños comercios, tan propios de ese tipo de comunas. Salvo en Talca y Curicó, las principales ciudades de la Región, no existen malls ni grandes tiendas. Solo hay pequeños comercios. ¡Y sus dueños lo perdieron todo!

Por lo tanto, cuando discutamos sobre tales materias -disculpen que me refiera a ello, pero ya nos metimos en el tema- tendremos que ver cómo darle una mano al pequeño empresario que lo perdió todo: su capital de trabajo y su local. ¡Se trata de personas que llevaban 30 a 40 años con su actividad y que ahora ven su negocio en el suelo! ¡Se quedaron sin mercadería, sin nada!

También habrá que preocuparse por el sector pesquero. ¡Ahí se ha sufrido dramáticamente la pérdida de vidas humanas y de implementos de trabajo! A esa gente también hay que brindarle un respaldo.

En consecuencia, durante la tramitación de los proyectos pertinentes tendremos que hacer un análisis a fondo para efectuar una radiografía del daño provocado por el terremoto y el maremoto, y ver qué solución les damos a los damnificados. Ellos no esperan un debate político de nuestra parte, ni que cada uno se ponga en su trinchera, sino que juntos entreguemos una respuesta a lo que necesitan, que les devolvamos algo de lo que tenían antes de la tragedia natural, para poder seguir trabajando y viviendo en el país.

Voto que sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , me sumo al saludo fraterno expresado por diversos Senadores a los Ministros y Subsecretarios y a la señora Directora de Presupuestos. En forma muy especial, deseo que mis amigos ex Diputados señores Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez -coterráneo mío- tengan mucha suerte y gocen de gran respaldo en la ardua labor que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera les ha encomendado.

Como señalaron otros colegas, el tenor del mensaje provocó una discusión extensa e intensa. A lo mejor nos hemos adelantado al debate que habrá de la sesión especial de la próxima semana, en la cual se abordarán las medidas que el Ejecutivo implementará para la reconstrucción del país y para ayudar a los millones de chilenas y chilenos que están sufriendo los efectos tan dramáticos del terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado.

De una u otra forma, en Chile todos se han visto afectados por la catástrofe. Muchos de quienes vivimos en las Regiones donde -por suerte o gracias a la Divina Providencia- no se sufrieron sus efectos tenemos hijos, nietos, amigos, amigas que habitan en los sectores tan duramente maltratados por la naturaleza.

No cabe duda de que aprobaremos el bono en comento. Así íbamos a proceder antes de la emergencia. Y con mayor razón vamos a hacerlo, cuando ella se ha presentado, pues tal beneficio permitirá paliar en parte los efectos tan duros que están enfrentando millones de compatriotas en la zona terremoteada.

Quiero rescatar algo que se señala en el mensaje, que quizás generó confusión. Algunos Senadores no lo han mencionado.

En dicho texto se reconoce que en nuestro país hay niveles de desigualdad social, pobreza y sectores vulnerables, y que, por ello, el ahora Presidente Sebastián Piñera prometió durante la campaña electoral otorgar un bono extraordinario de 40 mil pesos por carga familiar. Este se suma a otros ya entregados, con el mismo objetivo, en el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Evidentemente, hay Regiones que no sufrieron los efectos del terremoto y del maremoto; por ende, no enfrentan los problemas originados por la emergencia del 27 de febrero.

Sin embargo, pido a los Ministros y Subsecretarios presentes en la Sala que estudien, de manera cuidadosa y con los datos en la mano, la medida que busca recortar los presupuestos de los gobiernos regionales. Ojalá ello no ocurriera, porque los habitantes de tales Regiones, en especial los de Magallanes, son solidarios con los del resto del país que sufren en este momento.

Cabe referirse a la paralización de ciertas obras símbolo en algunos lugares del territorio.

En Magallanes, por ejemplo, se encuentran pendientes el término de las obras del Hospital Regional de Punta Arenas, la implementación de su Centro Oncológico y la construcción de los hospitales de Porvenir y de Puerto Natales, que figuraban en los programas de las dos principales candidaturas presidenciales.

Nosotros, como magallánicos solidarios, entenderíamos que se produjera un retardo en la construcción de los establecimientos de salud mencionados. Esperamos que los señores Ministros informen en la Región involucrada si habrá demora o no en tales proyectos, producto de la emergencia que se vive a raíz del terremoto y maremoto del 27 de febrero.

Voto a favor del proyecto.

Los Senadores de estas bancas, como miembros e integrantes de una Oposición leal, constructiva y propositiva, estamos dispuestos a estudiar, de acuerdo con el mérito de sus antecedentes, todos los instrumentos legales y administrativos que se nos hagan llegar y que tengan por finalidad ayudar a los millones de chilenos y chilenas que hoy día están sufriendo, como asimismo, las medidas tendientes a apoyar la reconstrucción de las ciudades y los pueblos que han desaparecido.

Son innumerables las localidades que no se mencionan en los medios de comunicación y que, sin embargo, han quedado destruidas.

Nosotros, como Oposición, respaldaremos toda iniciativa tendiente a contribuir a la reconstrucción.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , me sumo a las felicitaciones para las nuevas autoridades. Son personas capaces, con vocación de servicio. Conozco al titular de Hacienda y a algunos Subsecretarios, con quienes hemos sido colegas. Sin duda serán grandes Ministros, grandes Subsecretarios en el nuevo Gobierno.

Es muy importante analizar con cierta altura de miras todo lo relativo al terremoto y a los efectos que ha generado.

Lamentablemente, siento que de un lado y otro ha habido críticas y comentarios -en la prensa, no en esta sesión- injustos.

Se sostuvo que el Ministerio de Hacienda del Gobierno anterior gastó mucha plata, en circunstancias de que todos sabíamos que se estaba aplicando una política contracíclica y que, por tanto, era obvio que en el último año se gastaría más.

Cabe destacar que la Administración saliente dejó al actual Gobierno en inmejorables condiciones para enfrentar las secuelas de la catástrofe.

Se requieren muchos recursos. Se dice que el plan de reconstrucción costará 30 mil millones de dólares. Y hay 16 mil millones de dólares ya disponibles.

Por otra parte, me parece juicioso, prudente y de buen criterio no tomar la decisión de liquidar los fondos que están en dólares, para evitar que caigan la competitividad y el tipo de cambio, para no afectar la inflación, etcétera.

Con todo, tales fondos hoy día están disponibles gracias a los recursos, a las reservas, a los bonos, a las platas que se han ahorrado.

Se puede utilizar la fórmula del endeudamiento, la que no es traumática. Nuestro riesgo país es bajísimo y prácticamente no tenemos deuda pública. Esto constituye una buena noticia.

En consecuencia, me alegro de que el Gobierno cuente con una batería de posibilidades gracias a que la Administración anterior dejó la situación fiscal bastante sana.

Señor Presidente , me siento con la obligación moral de transmitir un asunto que me preocupa.

Todos concordamos en que se deben privilegiar las políticas y los dineros para concretar un plan de reconstrucción en beneficio de quienes más han sufrido por el terremoto y el maremoto.

Pero permítanme pasar un recado.

En la Región de Aysén, que tengo el honor de representar en el Senado, existe la siguiente inquietud.

Hace dos años hubo en Puerto Aysén un terremoto y un maremoto, situación por la cual el Gobierno de la Presidenta Bachelet asumió compromisos que se están implementando. Por ejemplo, se prometió la construcción de un nuevo hospital en esa comuna, por la sencilla razón de que allí las prestaciones de salud son de cuarta a quinta categoría. Y aprobamos en la Ley de Presupuestos los fondos para levantar dicho establecimiento.

Lo mismo se hizo para edificar un polideportivo en Puerto Aysén. En esta ciudad llueve el 95 por ciento de los días del año; hay índices altísimos de suicidio y de depresión, y existen problemas de sedentarismo. Por todo ello, resulta fundamental contar con ese recinto deportivo.

¿Por qué hablo de un escenario local, que probablemente no obedezca a la realidad nacional que estamos analizando hoy día? Porque el día de mañana se va a exigir al Gobierno que cumpla todos los compromisos que contraiga en materia de normalización de la situación, de control de la emergencia y del plan de reconstrucción. Con esa misma lógica, pido al Ejecutivo , con mucha firmeza y respeto, que se concreten las promesas que se hicieron después del terremoto y maremoto ocurridos en la Región de Aysén.

Hoy existe temor al respecto.

Hemos conversado con el Senador señor Horvath y coincidimos en que la construcción del hospital debe seguir siendo una prioridad. Pasó mucho tiempo antes de que se empezara a entregar el financiamiento pertinente.

Y lo mismo cabe observar para el caso del polideportivo.

En consecuencia, señor Presidente, por su intermedio, solicito al Ministro de Hacienda, a la Directora de Presupuestos y a los Subsecretarios presentes en la Sala que ojalá nos den la garantía y la tranquilidad de que esos compromisos se van a materializar.

Yo me alegro mucho de que acá se haya señalado que el gran argumento para aprobar el proyecto que entrega este bono -beneficiará a más de 2 millones de familias, sobre 4 millones de causantes- es que la palabra vale y las promesas se cumplen.

El Presidente Piñera , cuando era candidato, en la Región de Aysén se comprometió a crear la Beca Patagonia y el salario mínimo regionalizado; a nivelar la asignación de zona para los funcionarios públicos; a mejorar la conectividad terrestre, y a proporcionar atención de salud de primera categoría, objetivos muy loables que compartimos con él y que esperamos se cumplan.

¿Por qué? Porque, sin perjuicio de que resulta imprescindible apoyar a las Regiones que están sufriendo una situación de adversidad, de carácter excepcional, la Región de Aysén vive permanentemente en un estado de tales características, porque carece de conectividad terrestre con el resto del país y porque todo es más caro y mucho más difícil.

Por eso, con la misma lógica que aprobaremos la asignación de este bono, queremos pedirle al Ministro de Hacienda que ojalá nos dé las garantías necesarias, en el sentido de que esos compromisos se van a cumplir, especialmente los derivados del maremoto y terremoto que afectaron a la comuna de Puerto Aysén.

Finalmente, reitero mis felicitaciones a los Ministros de Estado y a los Subsecretarios que hoy día nos acompañan, con algunos de los cuales mantenemos una gran amistad y de quienes tengo el mejor concepto.

He dicho.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , también me sumo a las congratulaciones expresadas al equipo de Ministros y Subsecretarios, y a la señora Directora de Presupuestos que hoy nos acompañan.

Pero, además, debo felicitarlos por cuanto han sido muy estoicos y soportaron con más fuerza que muchos integrantes de esta Corporación, quienes se han retirado de la Sala, pues el cansancio ocasionado por el arduo trabajo legislativo los ha obligado a abandonarla. Sin embargo, ellos siguen aquí presentes en forma muy activa y eso merece ser destacado.

Yo pensé, señor Presidente , que la presente sesión sería muy breve, porque su objetivo es claro y, por tanto, se erigiría como un acto menor en términos de las expresiones. Pero, por el contrario, ha sido muy larga.

A mí se me ocurre que, por las ganas de ser Oposición, nuestros amigos de las bancadas de enfrente han tratado, a propósito de escopeta, de pasar uno que otro aviso en forma más o menos directa.

Mientras el Honorable señor Longueira manifestó que esta ha sido una discusión basada en el mensaje del Ejecutivo , mi impresión es que ella se ha centrado en la parte de él que no leyeron quienes han intervenido en el debate. Porque si se hubiesen dado el trabajo de hacerlo, habrían tenido una solución, una respuesta y una actitud distintas.

Por ello, considero que este es un acto fallido de la Oposición, como primera expresión. Y espero que mejoren la marca, porque sé lo que cuesta ser oposición responsable y constructiva. A nosotros nos costó, pero lo hicimos. Y creo que bien, dentro de todo.

Así que les deseamos éxito, estimados colegas, pero les sugiero que se preparen un poco mejor.

¿Por qué se los digo? Porque aquí se ha sostenido que el proyecto en debate confunde el terremoto con el objetivo propio que persigue. Pero el mensaje no dice eso, sino lo siguiente: "Es por ello que hemos decidido que el primer proyecto de ley de mi administración se haga cargo de uno de los compromisos más sensibles asumidos en la pasada campaña electoral: el otorgamiento de un Bono Marzo Solidario a las familias más vulnerables y a aquellas pertenecientes a la clase media necesitada, de manera que puedan afrontar con mayor entereza los gastos que el comienzo de cada año les demanda.".

¡Eso es lo que dice el mensaje! No es una improvisación que se nos ocurra ahora para tratar de salvar la situación.

Cuando el candidato Sebastián Piñera anunció el otorgamiento de este bono, fue criticado por algunos ciudadanos, como lo recordaba el Senador señor Lagos, entonces candidato al Senado...

El señor NAVARRO.- ¡Ex Ministro!

El señor LAGOS.- ¡Ciudadano!

El señor LARRAÍN.- Sin embargo, esta idea fue asumida después por el candidato Eduardo Frei , quien planteó que este beneficio no solo debería entregarse este mes, sino los marzos de todos los años. Es decir, se formularon críticas a un postulante a la Presidencia de la República por proponer cosas, pero el que ofreció más no fue objeto de ellas.

Pero, da lo mismo. No es el tema que ahora nos convoca.

El punto central es que aquí se está cumpliendo un compromiso, a pesar de que se podría haber revisado, como bien se manifestó aquí.

¿Y qué ocurre? Lo sostuvo acertadamente el Honorable señor Andrés Zaldívar : aquí hay un contexto. ¿O ustedes, señores Senadores, pretenden que el bono no se hubiese entregado dentro del nuevo contexto en el que nos encontramos? ¡El nuevo contexto es que hubo un terremoto, pues! Y una iniciativa legal de esta naturaleza no podía ignorar dicha circunstancia. ¡Eso es lo que dice el mensaje! "FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA" "El contexto en el que asume el nuevo gobierno". ¡Y ese es el de un terremoto!

No obstante, el Gobierno resuelve entregar el beneficio, porque forma parte del compromiso con las familias más vulnerables en un momento clave y todavía no salimos de los efectos de la crisis económica. Y, en seguida, el mensaje indica que "nuestro compromiso con los sectores más vulnerables cobra un nuevo significado luego de la catástrofe natural que nos ha afectado". ¡Por cierto que se valida aún más!

Algunos sostienen que el bono debió haber sido diferenciado. ¡Pero, por favor! ¡Si lo hubiésemos concentrado solo en las Regiones afectadas por el terremoto se habría cometido una tremenda injusticia!

Yo represento a una de las Regiones más siniestradas: la zona del Maule sur. El Maule norte -como bien recordaba el Honorable señor Andrés Zaldívar - también fue objeto de un daño enorme. Pero, ¿qué porcentaje de habitantes sufrió un efecto devastador? ¿Un 40 por ciento? ¿Un 50 por ciento? ¿Y le queríamos entregar a la otra porción, dentro de los que contempla el proyecto, un bono solidario diferente? ¡Por cierto que eso no correspondía! Se habría cometido una injusticia.

Sin embargo, ahora sí necesitamos un proyecto que apunte, en forma focalizada, a la reconstrucción.

¡Eso es lo que termina señalando el mensaje que -como digo- al parecer no se leyó! Cito: "Luego de hacer un catastro de los afectados, la magnitud de los daños y las principales deficiencias de infraestructura y servicios que afectan a las regiones, estableceremos las principales medidas destinadas a atenuar, solucionar y superar esas carencias.".

Es decir, queda claro que se debe diseñar un catastro -lo pidió el Senador señor Tuma -, un registro de los daños. Lo está haciendo el MIDEPLAN en forma muy extensa, con el apoyo de todas las instituciones municipales y otras existentes. Y, sobre esa base, vamos a formular propuestas, las cuales no se pueden improvisar.

En ese sentido, me parece que esta larga sesión no era necesaria, más aún cuando celebraremos una especial destinada a la catástrofe en sí misma. Vamos a oír al Gobierno qué nos tiene que decir; cómo ha dimensionado el desastre; cuáles serán los caminos que tomará. Y aquí los Senadores tendremos la oportunidad de aportar.

Por ello, quiero invitar a mis colegas a que lo hagamos de esa manera.

Si bien siempre hay tiempo para la diversidad, hoy día es el tiempo para la unidad, cada uno desde su perspectiva, como es lógico. Y aparecerán, en el trasfondo de nuestras propuestas para asumir la reconstrucción, distintas formas de enfrentar el problema.

Tratemos de sumar los mayores esfuerzos. Eso es lo que debemos hacer y, además, lo que la gente espera de nosotros.

Al igual que Sus Señorías, yo también tengo algunas ideas. No sé si el Gobierno las acogerá todas. Él debe arbitrar, dentro de las numerosas propuestas que va a recibir y de las que él mismo elabore, cuál es el mejor camino. El Ejecutivo nos escuchará a todos.

Pero el lugar donde eso debe hacerse es el Congreso Nacional, porque si nosotros buscamos vías alternativas para lograr un entendimiento con el Gobierno desvalorizamos el rol legislativo y la función del Parlamento.

Me parece que debemos asumir el punto desde esa perspectiva.

Por ello, invito a mis Honorables colegas a que trabajemos en ese afán con la mayor unidad, porque el país lo requiere y no se espera algo distinto de nosotros: la mayor rapidez, el máximo buen criterio, la mejor voluntad por lograr el bien común de los más afectados y, dentro de ellos, aquellos que realmente lo necesitan.

¿Hasta dónde vamos a llegar? Es muy difícil saberlo porque no solo han resultado afectados fuertemente los estratos más vulnerables, sino también sectores medios y medios bajos, a los cuales debemos tenderles una mano. Probablemente ella no será del mismo tamaño que la que extenderemos a los primeros, pero habrá que buscar una manera de darles una respuesta y prestarles una ayuda a todos.

Seguramente el Estado no estará en condiciones de apoyar a todos por igual, como uno quisiera. Nosotros también tenemos que aprender a hacernos cargo de los propios problemas.

En resumen, señor Presidente , más allá de la ironía, pienso que hoy día no era el minuto para estrenar un estilo opositor, sino el momento para hacer rápida cuenta del compromiso explicitado en el mensaje del Ejecutivo , el cual más fuerza cobra aún luego de la catástrofe que, por cierto, enfrentaremos con un plan especial, que estudiaremos más adelante y que traduciremos en distintas leyes.

Por todas esas consideraciones, con el mayor entusiasmo, voto que sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

Les recuerdo que quedan cuatro inscritos antes de levantar la sesión y que nos hallamos en votación.

El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer lugar, me parece bien que este debate se produzca, porque si el Senado, frente a un tema de esta naturaleza, no va a poder debatir aspectos vinculados al bono, creo que se está desvirtuando su rol. La Cámara Alta debe discutir, analizar estas materias, y ello es parte de su labor.

Por supuesto, felicito a los Ministros y a las Ministras. Y no solo eso, sino que además los apoyo resuelta e incondicionalmente, sin perjuicio de aquellos puntos que uno pudiera plantearles legítimamente en su momento, a los efectos de que su gestión sea más positiva.

Señor Presidente , en esta sesión me pasa algo especial, pues hay argumentos formulados por los parlamentarios de la Concertación que comparto. Participo de lo que ha manifestado el Senador Lagos. Me parece que le asiste todo el derecho de plantear que el proceso de reconstrucción del país después del terremoto se tiene que llevar adelante considerando la opinión, los puntos de vista y la visión de quienes representan a un amplio sector de chilenos y que además poseen la experiencia de haber gobernado el país. Comparto también la evaluación hecha por el Senador Patricio Walker, lo señalado por el Senador Zaldívar, que está presente. Y en cuanto al Senador Navarro, respecto del cual si bien tengo diferencias en muchos aspectos, valoro que diga las cosas en forma frontal, derecha y que no haya doble lectura ni doble interpretación de lo que piensa.

Sin embargo, creo que en la Concertación deben adoptar una definición acerca de la forma como se enfrentará esta etapa del país.

Por un lado, veo señores Senadores que formulan argumentos que encuentro legítimos y válidos. Preocuparse del rol del Estado es legítimo. Plantear si el proceso de reconstrucción se hará prescindiendo o no del Estado también lo es. Noto una posición y una actitud que se encuentra a la altura de la magnitud de la catástrofe que se ha producido en Chile. Y me alegra que se pueda construir una mayoría en esa lógica.

Pero al mismo tiempo -reitero abiertamente que valoro muchos de los planteamientos efectuados por la Concertación, porque me siento interpretado por ellos o los comparto- he visto algunas líneas argumentales que, en verdad, dejan mucho que desear.

En efecto, utilizar como argumento -ya lo he mencionado y no lo repetiré- el mensaje, de si el bono era un compromiso de campaña o el error que se dé cuenta del contexto en el que asume el nuevo Gobierno, francamente no creo que esté a la altura de lo que de manera habitual uno escucha, ve y analiza en el Senado. En primer lugar, porque los argumentos no son verdaderos, dado que -ya lo explicaron los Senadores que me antecedieron- es obvio que se describe un contexto y simultáneamente se señala -lo que es correcto- que se trataba de un compromiso de campaña. Y si se necesitaba el bono antes del terremoto, con mayor razón después de él, para los aproximadamente cuatro millones de niños chilenos y sus familias que lo recibirán.

Me alegro de la sesión citada para el próximo martes. Creo que debiéramos aprovecharla bien, pues tengo la impresión de que la magnitud del terremoto no se ha dimensionado. Existe un drama tremendo en las vidas que se han perdido, en las 500 mil o más viviendas destruidas. Pero además hay un grave problema de infraestructura, de aparato productivo. Me parece que no se ha tomado en consideración el hecho de que nos encontramos ante la catástrofe más grande que la naturaleza ha provocado en nuestro país. Y pienso que sus efectos no se resolverán en uno, dos o tres años. No será así.

Asimismo, estimo que se trata de un terremoto mentiroso. Porque en algunos lugares y zonas fue devastador, desgarrador a la vista, y en otras áreas al parecer ello no es así, pero detrás de la fachada de una casa hay un hogar destruido. Y yo lo aprecio en mi propia Región, la Novena. Uno ve ciudades como Angol, en la que si se escarba un poquito más adentro se da cuenta de que el terremoto ha sido devastador.

Por lo tanto, la magnitud del impacto es más grave de lo que nosotros creemos. Y en las oportunidades en que he hablado con los Ministros les he manifestado que espero que develen absolutamente la profundidad de lo que estamos enfrentando.

Por otra parte, considero que esta catástrofe servirá para terminar con un debate artificial instalado en el último tiempo.

Algunos creen que quienes somos partidarios de la Coalición por el Cambio y el propio Presidente Piñera queremos un Estado más chico. Y otros piensan que deseamos una especie de empresa privada desbocada. Eso no es verdad.

Los efectos del terremoto se superarán con un Estado activo, eficiente, que haga bien su trabajo, y que se necesita. Porque hay roles que el Estado no puede eludir. Más que preocuparse de lo que este no hace, es preciso estar pendientes de que haga bien lo que hace y que lo que deba hacer lo incorpore dentro de las políticas públicas que ha de desarrollar.

Pero las consecuencias del terremoto no las superaremos si no existe una participación de la empresa privada, a la cual no se la puede estar poniendo permanentemente en una especie de paredón de la duda. Porque no es correcto. Se precisa en forma urgente su activa y decidida participación y su dinamismo para superar la presente situación. Y lo mismo sucede respecto del Estado. Y si existe ineficiencia en este último, es menester sancionarla, corregirla, denunciarla y se debe mejorar su funcionamiento. Y si la hay por parte de la empresa privada, igual. Si empresarios privados en forma inescrupulosa aprovechan los efectos del terremoto, tienen que ser duramente sancionados.

Sin embargo, noto un sesgo. Porque pareciera ser que cada vez que se habla de la empresa privada se estuviera haciendo referencia a un grupo de personas que lo único que quiere siempre es solo enriquecerse y perjudicar al resto de los chilenos. Y eso no es verdad. Porque gran parte de la empresa privada chilena hace su pega bien.

Por lo tanto, se va a terminar con una dicotomía que no es real en el mundo moderno. Se necesita un Estado eficiente y que haga bien su pega. Y simultáneamente se requiere una empresa privada eficiente. Y, si no actúan así, tendrán que atenerse a las consecuencias.

Deseo plantear una última materia.

Si no hay un consenso político, ni con empresa privada, ni con Estado ni con Ministros eficientes se superarán los efectos del terremoto. Porque al final quienes sociabilizan las ideas, quienes tienen que explicar a la ciudadanía los alcances y el sentido de los planes son los Senadores y los Diputados. Y ese es un rol que hay que reivindicar fuertemente.

Por eso, si el Presidente decía antes del terremoto que quería un Gobierno de unidad para fijar políticas de Estado permanentes, hoy con mayor razón resulta evidente que el Ejecutivo necesita el concurso de buena fe de los parlamentarios de la Concertación. No solo se les pide, se les necesita. Porque habrá medidas que requerirán decisiones políticas respecto de las cuales o demostramos que actuamos con una política de Estado o generamos un debate que impedirá levantar el país mucho antes o en el tiempo necesario.

En consecuencia, reitero la invitación a que discrepemos abierta, clara y categóricamente acerca de lo que no compartamos, pero también a que construyamos los consensos indispensables para fijar una política de Estado y a asumir realmente el rol que nos corresponde como Senado en el proceso para levantar a nuestro país.

Muchas gracias.

Voto que sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente , sean mis primeras palabras para saludar al Ministro de Hacienda , al Ministro Felipe Kast , a los ex colegas parlamentarios y hoy Subsecretarios Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez , a la Directora de Presupuestos y a la Ministra del Trabajo. A todos les deseo éxito en su gestión.

Iré directo al fondo del asunto. No quiero detenerme en el mensaje, acerca del cual ya ha habido mucho debate y mucha explicación. Solo me remitiré a un aspecto de él. Hace cinco años, la Región de Tarapacá fue devastada, particularmente en el altiplano. Han transcurrido cinco años y el diez por ciento de la reconstrucción se encuentra pendiente. Y siento que ello casi ha pasado a ser una deuda histórica a partir del fenómeno que estamos viviendo ahora; va a pasar a segundo plano. Pero quedarán los pasivos, que allí están.

¿Qué rescato yo del mensaje, señor Presidente ? Que los diagnósticos y los catastros -en eso consistió el error cometido en Tarapacá-fueron malos. Y después, durante el desarrollo de la reconstrucción, pasó un año y medio a dos sin que se hicieran las actualizaciones del caso. Transcurría el tiempo, y después de un año aparecía gente que vivía en carpa en medio del altiplano, ¡con las temperaturas allí imperantes!

Por lo tanto, me cuesta pensar que, dada la magnitud del daño producido ahora, se le exija al nuevo Gobierno que en seis días tenga listo un catastro. Simplemente, eso es absurdo.

Sí, considero fundamental contar con un catastro bien hecho, con un diagnóstico bien elaborado, porque eso es muy condicionante para la solución del problema.

También he escuchado los comentarios hechos durante el debate. Por ejemplo, lo planteado por el Senador señor Patricio Walker a propósito del tsunami habido en Aysén.

Se ha hablado de lo ocurrido en la Región de Tarapacá.

Asimismo, de lo acontecido en Tocopilla. Y aquí está el Senador señor Cantero , con quien hace algunos días veíamos en un diario una información en cuanto a que allí todavía están las mediaguas instaladas a raíz del terremoto.

Entonces, cuando empiezo a revisar la historia de Chile, veo algo que no logro entender hasta ahora.

Chile acaba de ingresar a la OCDE. Ello significa que tenemos políticas públicas de segunda generación, no de primera generación.

Aquí se han esbozado los impactos que tendrá en las Regiones una catástrofe de la naturaleza de la recién registrada. Lo más probable es que bajen los presupuestos regionales. El efecto no va a ser neutro.

En nuestro país sufrimos permanentemente catástrofes. Basta analizar lo ocurrido en los últimos diez años.

Estoy seguro de que una de las respuestas frente al reciente terremoto será la creación de un fondo de reconstrucción.

Empero, mi reflexión discurre sobre la base de que, siendo este un país de catástrofes constantes, debemos disponer de un fondo de reconstrucción permanente.

Se van a discutir alzas tributarias. Aquí se ha planteado lo relativo al royalty, etcétera.

Si vamos a entrar a políticas de segunda generación en una nación que vive en catástrofe, para mí la única medida lógica, ante una situación continua, es establecer un fondo de reconstrucción permanente, precisamente para concurrir con una herramienta eficaz cuando acontecen hechos de ese tipo y evitar distorsiones desde los puntos de vista tributario y fiscal.

Me parece que, al final, el único juicio sensato extraíble de esta experiencia y de todas las que hemos vivido con anterioridad es plantear directamente, más allá de los instrumentos concretos relacionados con el reciente terremoto, la creación en Chile de un fondo permanente de reconstrucción, a fin de contar con los recursos necesarios cuando se presentan eventos de tal índole, que son constantes, y no ir dejando cosas pendientes.

Espero, señor Presidente , que en la sesión del martes venidero podamos avanzar en las soluciones. Pero, a manera de conclusión con respecto al último terremoto, me gustaría, como política de segunda generación, que hubiera un fondo de reconstrucción permanente para las próximas catástrofes.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , felicito el nombramiento de los nuevos Ministros que están trabajando hasta estas horas en el Congreso Nacional para el despacho de un proyecto de ley de envergadura y de importancia social.

También felicito a los Subsecretarios señores Rodrigo Álvarez y Claudio Alvarado , dos ex colegas Diputados, quienes, por su capacidad e inteligencia, se destacaron en la Cámara Baja, a la que prestigiaron. Y no me cabe duda de que en sus nuevas labores también van a descollar.

Asimismo, felicito el cumplimiento de la palabra empeñada cuando el candidato Sebastián Piñera , en plena campaña electoral, señaló que era necesario y justo, para enfrentar la crisis financiera que vivía nuestro país el año recién pasado, otorgar un bono de 40 mil pesos, a un costo de 165 mil millones de pesos, cifra que de alguna manera copaba los fondos de libre disposición del Ejecutivo y que claramente iba en ayuda de 4 millones de chilenos y chilenas: 2 millones de familias; los dos quintiles más pobres, en el 65 por ciento del bono, y el 35 por ciento restante, para los dos siguientes quintiles, llegando, por tanto, a los sectores medios y medios bajos.

Este es, a no dudarlo, un proyecto de ley que además se hace cargo de aspectos muy importantes. Por ejemplo, el establecimiento de un mecanismo para que el beneficio llegue al destinatario cuando media la obligación de pagar pensión de alimentos, evitándose así las dificultades ocurridas con anteriores bonos, las cuales provocaron el colapso de los juzgados de familia.

La entrega de este bono tan significativo, señor Presidente, no puede desvincularse de la situación que hemos debido enfrentar como país.

¿Hay alguna manera de que la decisión del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de entregar el bono sea desvinculada de la catástrofe más relevante y dura registrada en la historia de nuestro país, que ha afectado al pequeño comercio; que dañó 500 mil viviendas; que hizo perder cuatro años de políticas habitacionales exitosas de los Gobiernos de la Concertación, las cuales implicaron la construcción de 120 mil viviendas anuales; que hace lamentar el fallecimiento de cerca de mil personas; que deja a mucha gente sin acceso mínimo a la salud, a la educación?

Por tanto, hay un contexto en que el Presidente de la República cumple la palabra empeñada y le da al país una señal potente.

En tal sentido, el Gobierno, al que represento con orgullo en el Senado, ha dicho: "Debemos hacer un gesto".

Esta Administración, pues, estará marcada por el sello de la reconstrucción, tal como le tocó a la del Presidente Jorge Alessandri. Y también -esperamos-, por un sello de unidad nacional que ojalá nos permita ser más frontales y decirnos las cosas como se debe, sin buscar argucias, sin ideologismos; en que podamos poner sobre la mesa y en nuestros pechos el interés superior de la nación.

Aquello involucra, igualmente, desafíos nuevos: focalizar el gasto público; ver cómo enfrentar una catástrofe que al Estado le costará 30 mil millones de dólares y en la que los seguros podrán cubrir entre 5 mil y 8 mil millones.

Entonces, habrá que tomar decisiones de envergadura, en las que al Senado le corresponderá participar: endeudamiento público, endeudamiento externo del Estado, uso de nuestras reservas.

Esas son decisiones de Estado. Y espero que las adoptemos con altura, sin buscar ventajas de corto aliento.

Asimismo, habrá que hacer más eficiente el Estado; focalizar el gasto público en quienes lo necesitan realmente, y, por cierto, actualizar la Ficha de Protección Social.

Los desafíos son múltiples. Pero esperamos estar a la altura.

Mi Región se ha visto afectada, señor Presidente.

La isla de Juan Fernández se halla seriamente dañada.

La provincia de San Antonio fue la más devastada: cerca de 3 mil 800 viviendas tuvieron daños de consideración. En la comuna de Cartagena se encuentra especialmente perjudicada la población Arellano ; la he estado visitando, y he colaborado con gente que realmente necesita ayuda y muchas veces sufre de desesperanza.

En consecuencia, señor Presidente , quiero connotar que nuestra aprobación al bono de marzo debe significar una señal de esperanza.

Chile necesita ver a sus autoridades políticas unidas tras los objetivos de llevar auxilio a mucha gente.

Me parece indispensable restablecer las confianzas en las autoridades, en el respeto a la palabra empeñada; igualmente, llevar expresiones de aliento, de consuelo, sobre todo a quienes perdieron seres queridos, y dar una señal de esperanza en que otro Chile es posible.

Para ello se requiere unión.

Por eso, voto que sí a esta iniciativa del Presidente Sebastián Piñera.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente , en primer lugar, deseo sumarme a la bienvenida al equipo económico-social de trabajo -el Ministro de Hacienda , la Ministra del Trabajo , el Ministro de Planificación , los tres Subsecretarios y la Directora de Presupuestos-, que ha estado estoicamente en esta Sala.

Porque debo informar que durante el desarrollo de esta sesión ya hemos tenido dos réplicas: una, de 5.2 grados, en la Región de Aysén, y otra, de 5.1 grados, en Isla de Pascua.

Eso demuestra la diversidad y la dinámica de nuestro país.

Por otro lado, en forma breve, quiero destacar la generosidad del Gobierno y del Presidente de la República al poner prácticamente la totalidad de sus fondos de libre disposición para cumplir este compromiso social.

En segundo término, debo manifestar que los compromisos contraídos en la campaña de Sebastián Piñera, en este nuevo escenario de desastre nacional entre Valparaíso y La Araucanía, son posibles de cumplir ajustándolos en cada una de las Regiones del país.

El Senador Patricio Walker señaló compromisos suscritos por la Presidenta Bachelet.

La verdad es que esos son los puntos más álgidos y de mayor necesidad en la Región de Aysén. Por lo tanto, también están en los compromisos de Sebastián Piñera.

Y los menciono rápidamente: mejor educación y Beca Patagonia para jóvenes sin oportunidad de seguir estudios superiores en la Región; camino por etapas hacia Puerto Montt ; especialidades médicas mínimas; creación de empleos, y disminución de la delincuencia.

Pero eso se puede cumplir con mejor gestión; con uso más adecuado de los fondos públicos; postergando ciertos proyectos; realizando los ajustes correspondientes (algunas pavimentaciones no serán tan urgentes; falta de variantes que no deja a nadie desconectado); haciendo las obras por etapas, lo que significa, además, incorporar una cantidad importante de empresas regionales medianas y chicas en la actividad, situación que no debe asustar al sector público por la mayor carga administrativa.

Por cierto, también es factible lograr aquello a través de la reactivación económica del país. Y aquí estamos hablando de todo Chile: el damnificado y el solidario.

Sí quiero referirme, señor Presidente , a la Ficha de Protección Social.

Ese instrumento tiene una vulnerabilidad. Se trata de personas a las que avala una asistente, una trabajadora social, quien recoge la información. Y lo cierto es que más de una vez uno ha detectado la inexistencia de correlación entre la vulnerabilidad social y el puntaje que entrega esa Ficha.

En tal sentido, estimamos que hay que hacer un trabajo bastante importante.

Existen soluciones simples, entre otras medidas. Por ejemplo, que el profesional que avala la información responda por ello con su firma. Así, las cosas serán bastante más consistentes.

Creemos, señor Presidente , que este proyecto responde al compromiso contraído. Y, como bien expresa el mensaje, también se abre al trabajo para poder cumplir con las personas afectadas y con la solidaridad de todo el país.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez, último orador inscrito.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , había tomado la decisión de no hablar. Empero, considero relevante precisar algunos puntos.

Aquí se ha demostrado nítidamente cómo hemos sido y cómo seremos en cuanto oposición al Gobierno de Sebastián Piñera.

Los parlamentarios de la Concertación hemos escuchado con atención lo que se ha discutido en el Senado; hemos formulado nuestras proposiciones, y hemos sido claros para decir que, cuando planteamos la posibilidad de dar bonos diferenciados, no era una cuestión de populismo, sino simplemente de realidad, de ver cómo focalizar en mejor forma.

Hablamos con el Ministro Larroulet ; no lo hemos hecho con el titular de Hacienda , pero probablemente se va a focalizar la ayuda, y de buena manera.

Se necesitan 60 mil mediaguas. Se podrán fabricar solo 20 mil con algunos recursos. No sabemos cómo se hará el resto. Y es importante plantearlo con precisión.

Nosotros, como Oposición, vamos a decir las cosas claramente y de frente, cuando nos parezcan bien y cuando nos parezcan mal.

No nos gusta que nos den lecciones sobre lo que estamos discutiendo. Todos los parlamentarios leemos claramente cada mensaje; preparamos bien nuestras intervenciones; decimos las cosas de frente. Y seguiremos actuando así.

Cuando el Gobierno presente proyectos que no nos parezcan adecuados, vamos a votarlos en contra. Y esa va a ser una oposición de frente.

Y quiero decirlo con toda claridad: antes de que Sebastián Piñera asumiera, los cuatro Presidentes de los partidos de la Concertación nos sentamos a conversar con él a raíz de la catástrofe que se había producido en Chile. Le dijimos: "Vamos a apoyar todos los proyectos que vayan en beneficio de la gente, que sean bien establecidos".

Se lo expresamos mucho antes de que asumiera.

Le señalamos, además, que estábamos dispuestos a discutir las iniciativas con anterioridad.

Lo propio hicimos los Presidentes de los partidos de la Concertación con la Oposición de la época y con los institutos ligados a ella.

¡Hasta hoy -lo digo aquí, en el Senado- no hemos sido convocados a analizar ningún proyecto de ley del Ejecutivo: ni el referido a las donaciones, ni el relativo a la reconstrucción, ni el que otorga este bono de 40 mil pesos!

Por lo tanto, hemos sido colaboradores; seguiremos siéndolo; estamos en la mejor disposición. Pero necesitamos que este "Gobierno de Unidad" que se ha proclamado de alguna manera escuche y atienda claramente lo que los parlamentarios de Oposición tenemos que decir hoy día.

Porque no es cuestión de populismo, señor Presidente.

Oímos de algunos dirigentes de Derecha palabras muy poco inteligentes en el proceso en que nos hallamos. Porque ninguno de los parlamentarios que han intervenido ha tenido actitud populista alguna. Cada uno de nosotros se ha sentado aquí a apoyar este proyecto, porque nos parece correcto, y a formular las observaciones del caso.

Por último, debo expresarle al señor Ministro de Hacienda que en el norte de Chile hay preocupación, pues se ha dicho que se van a realizar readecuaciones presupuestarias.

Hace un tiempo sufrimos allí un tremendo terremoto. Recibieron sus efectos María Elena , Tocopilla , Antofagasta. Muchos tuvieron grandes dificultades.

De verdad, señor Ministro , esperamos que no se hagan recortes en el caso de esa zona, que está siendo reconstruida. Porque debemos tener presente que, así como hoy existe una tragedia en el sur de nuestro país, hace algún tiempo también hubo una en el norte.

Esperamos, entonces, que de ninguna manera se apliquen recortes presupuestarios en nuestra zona.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (36 votos favorables); no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.

Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez ( doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Antes de que continúe la sesión, quiero expresarles nuestros agradecimientos a los señores Ministros.

Además, hago extensivos los saludos del Senado al Subsecretario de Previsión Social , señor Augusto Iglesias.

El señor ALVARADO ( Subsecretario General de la Presidencia )- ¿Puedo decir algo, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- La única forma en que puedo darle la palabra, estando presente el titular de la Cartera respectiva, es con la venia de la Sala.

El señor CANTERO.- De acuerdo, señor Presidente.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Les parece a Sus Señorías?

Acordado.

Tiene la palabra, señor Subsecretario.

El señor ALVARADO ( Subsecretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , solo quiero agradecerles a las señoras Senadoras y a los señores Senadores por permitir nuestro ingreso a la Sala, así como también por la forma, disposición y voluntad con que se sacó adelante el proyecto, el cual, sin lugar a dudas, beneficiará a muchas familias que seguramente esperan ansiosas la noticia de que el bono fue aprobado.

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminado el Orden del Día.

?Valparaíso, 17 de marzo de 2010

Nº 112/SEC/10

A S.E. la Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos, correspondiente al Boletín N° 6.852-05.

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado tanto en general, cuanto en particular, con el voto afirmativo de 36 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.599, de 17 de marzo de 2010.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JORGE PIZARRO SOTO

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

VALPARAÍSO, 18 de marzo de 2010

Oficio Nº 8612

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos. (BOLETÍN Nº 6852-05).

Sin embargo, y teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, la Cámara de Diputados, por ser Cámara de origen, precisa saber si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le ruego comunicarlo, a esta Corporación, devolviendo el presente oficio, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el Nº 1º de ese mismo precepto.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley Nº 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1° de la ley N° 20.360.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquellas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social "Chile Solidario", conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del articulo 7° de la ley N° 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.

Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º de la presente ley, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.".

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES

Presidenta de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados

?VALPARAÍSO, 18 de marzo de 2010

Oficio Nº 8613

A S. E. EL PRESIDENTE DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos. (Boletín Nº 6852-05).

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley Nº 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1° de la ley N° 20.360.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquellas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social "Chile Solidario", conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del articulo 7° de la ley N° 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.

Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º de la presente ley, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.".

***

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional en el día de hoy, al recibirse el oficio N°14 -358, de esta fecha, mediante el cual S.E. el Presidente de la República manifestó a esta Corporación que había resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

***

En virtud de lo dispuesto en el N°1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto del inciso tercero del artículo 1° del proyecto.

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó la señalada disposición, tanto en general como en particular, con el voto favorable de 106 Diputados, de 120 en ejercicio.

El H. Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó en los mismos terminos propuestos el señalado inciso tercero del artículo 1°, en general y particular, con el voto afirmativo de 36 Senadores, de un total de 38 en ejercicio.

***

En conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, esta Corporación envió en consulta a la Excma. Corte Suprema el proyecto, mediante oficio N° 8581, de 16 de marzo de 2010.

Sobre el particular, informo a V.E. que, hasta el momento de esta comunicación, no ha sido recibida la respuesta de la Excma. Corte Suprema y al tenor de lo dispuesto el inciso sexto del artículo 77 de la Constitución Política de la República, esta Corporación entiende por evacuado el trámite.

Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan las actas respectivas por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES

Presidenta de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados

?Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil diez.

Sentencia Rol 1651

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, por Oficio N° 8613, de 18 de marzo de 2010, ingresado a esta Magistratura con igual fecha, la Cámara de Diputados ha remitido el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos (Boletín Nº 6.852-05), con el objeto de que este Tribunal, conforme a la atribución que le ha sido conferida en el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política, ejerza el control preventivo de constitucionalidad respecto de las normas que regulan materias propias de ley orgánica constitucional que aquél contiene;

SEGUNDO.- Que el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Ley Fundamental establece que, entre otras, es atribución de este Tribunal “ejercer el control de constitucionalidad (...) de las leyes orgánicas constitucionales”. A su vez, el inciso segundo del mismo precepto fundamental dispone: “En el caso del número 1º, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso.”;

TERCERO.- Que, en razón de lo establecido en las disposiciones referidas precedentemente, corresponde a esta Magistratura, en la oportunidad que en ellas se señala, pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas de la iniciativa legislativa remitida a control en estos autos, que estén comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

CUARTO.- Que el artículo 77 de la Constitución Política dispone:

“Art. 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.

Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.

En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.

Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años.”;

QUINTO.- Que el texto del proyecto de ley sometido a control preventivo de constitucionalidad es el siguiente:

“PROYECTO DE LEY:

Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4º del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. El bono será de $40.000 por cada causante que el beneficio tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7º del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1º de la ley Nº 20.360.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquellas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario”, conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del artículo 7º de la ley Nº 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.

Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º de la presente ley, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.";

SEXTO.- Que el inciso tercero del artículo 1º del proyecto de ley transcrito en el considerando precedente, regula una materia propia de la ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo 77 de la Carta Fundamental, en tanto confiere una nueva atribución a los tribunales de familia, a los cuales alude el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 20.360, citado en la misma disposición de la iniciativa en examen;

SÉPTIMO.- Que consta de autos que la norma del proyecto de ley examinada por este Tribunal ha sido aprobada en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República y que, respecto de ella, no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad;

OCTAVO.- Que, en lo relativo al cumplimiento de la exigencia prevista en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, cabe recordar que, como indicó esta Magistratura en sentencia de fecha 31 de marzo de 2009, Rol Nº 1316, “la exigencia establecida por la Constitución en su artículo 77, inciso segundo, en el sentido que la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo puede modificarse oyendo previamente a la Corte Suprema, tiene su razón de ser en el hecho de que resulta conveniente y necesario que el Tribunal Superior del Poder Judicial, atendida su calificación y experiencia en la materia, pueda dar a conocer a los órganos colegisladores su parecer acerca de un proyecto de ley en el cual se contienen reformas que se considera necesario introducir a dicho cuerpo normativo, con el objeto de contribuir, así, a que éstas sean las más adecuadas. Se trata de un trámite esencial para la validez constitucional de esta ley orgánica, para lo cual debe tenerse presente que al señalar la Constitución Política de la República que la Corte Suprema debe ser oída previamente, ello supone que se efectúe la consulta durante la discusión de la ley en el Congreso Nacional si el mensaje o moción se hubiere presentado sin su opinión y con anterioridad a la aprobación de la misma” (Considerando SÉPTIMO);

NOVENO.- Que si bien con anterioridad a la reforma introducida en esta materia al artículo 77 (74) por la Ley Nº 19.597, de 1999, la Carta Fundamental no fijaba un plazo dentro del cual la Corte Suprema debía emitir su opinión, la citada reforma vino a señalarle plazos expresos dentro de los cuales debe hacerlo, bajo sanción de que si no lo hace dentro de ellos, se tiene por evacuado el trámite y, consecuentemente, por cumplida la exigencia constitucional de oírla previamente;

DÉCIMO.- Que, según consta del Oficio N° 8613, de 18 de marzo del año en curso, de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remitió a este Tribunal el proyecto sometido a control, dicha Corporación envió en consulta a la Corte Suprema la iniciativa, con fecha 16 de marzo de 2010, mediante su Oficio N° 8581;

DECIMOPRIMERO.- Que, conforme se señala en el Oficio Nº 8613, citado en el considerando anterior, el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día 18 de marzo de 2010;

DECIMOSEGUNDO.- Que mediante el Oficio Nº 8618, fechado 19 de marzo de 2010, la Cámara de Diputados remitió a esta Magistratura una copia del Oficio Nº 20, de 19 de marzo de 2010, que contiene el informe evacuado en este caso por la Corte Suprema, en cumplimiento de la norma constitucional aludida;

DECIMOTERCERO.- Que, como señala la Corte Suprema en el aludido informe, atendido que para la tramitación del proyecto en examen se había fijado “discusión inmediata”, el plazo a que se refiere el inciso quinto del artículo 77 de la Constitución para que ese Tribunal emitiera su pronunciamiento, era de tres días, conforme a lo establecido por el artículo 27 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional;

DECIMOCUARTO.- Que de estos antecedentes se desprende que se dio aprobación por el Congreso Nacional al proyecto de ley sometido a control y se comunicó al Presidente de la República para los efectos previstos en el artículo 72 de la Constitución, con fecha 18 de marzo del año en curso, no obstante estar aún pendiente, ese día, el plazo que la Carta Fundamental otorgaba a la Corte Suprema para emitir su opinión sobre el mismo;

DECIMOQUINTO.- Que corolario de lo razonado en los considerandos precedentes es que no puede considerarse cabalmente cumplida la exigencia establecida en el inciso segundo del artículo 77 de la Ley Suprema, con relación al inciso tercero del artículo primero del proyecto en examen, habiéndose incurrido, por lo tanto, respecto de dicha disposición, en un vicio de inconstitucionalidad;

DECIMOSEXTO.- Que, como consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal Constitucional se encuentra en el deber constitucional de declarar inconstitucional el inciso tercero del artículo primero del proyecto de ley sometido a control, y así se hará.

Y VISTO lo dispuesto en los artículos 66, inciso segundo, 72, 77, 92 y 93, inciso primero, Nº 1º de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 34 al 37 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional,

SE DECLARA:

Que el inciso tercero del artículo 1º del proyecto de ley remitido para su control preventivo es inconstitucional y debe ser eliminado de su texto.

Se deja constancia de que la sentencia fue acordada luego de desecharse la indicación de los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake y Carlos Carmona Santander, quienes estuvieron por que el Tribunal se abstuviera de emitir pronunciamiento ya que el inciso tercero del artículo 1º de la iniciativa remitida no versa sobre aquellas materias que la Constitución exige que sean reguladas por una ley orgánica constitucional por los siguientes motivos:

1. Que de acuerdo a la Constitución, para que un asunto sea orgánico constitucional, de conformidad a lo establecido en su artículo 77, es necesario que la norma se refiera a “la organización y atribuciones de los tribunales”. Con la expresión “atribuciones” debe entenderse reglas relativas a la competencia, es decir, de asuntos que tienen que ver con las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de funciones de un tribunal (STC rol 273). Con el concepto de “organización”, en cambio, se apunta a los medios adecuados que tiene un tribunal para funcionar (personal, presupuesto, bienes) (STC rol 340).

2. Que no todo lo relativo a las competencias y atribuciones de los tribunales, sin embargo, debe ser entendido como ley orgánica constitucional. Por una parte, porque como ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Magistratura, este tipo de leyes son excepcionales, pues la regla general es la ley común. En tal sentido, sólo deben abordar las materias que la Constitución expresamente señala y regular lo medular de instituciones básicas con el propósito de dar estabilidad al sistema de gobierno y evitar el riesgo de que mayorías ocasionales lo puedan alterar (STC rol 160). Por ello, la ley orgánica del artículo 77 de la Carta Fundamental sólo comprende aquellas disposiciones que regulan la estructura básica del Poder Judicial (STC rol 171). Por la otra, porque una interpretación que vaya mas allá de lo necesario y permitido (STC roles 293 y 304), dejaría sin efecto la norma establecida en el artículo 63, Nº 3, de la Constitución, que dispone que es materia de ley común las que son “objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra” (STC rol 171).

3. Que la norma analizada remite al inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 20.360, guardando identidad con ésta. En ambas normas, el tribunal que se establece va a conocer de las “controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior”. Dichas obligaciones tienen que ver con transferencias del bono que deben existir entre quien aparece como beneficiario que lo percibe y su verdadero titular. Tal situación ocurre respecto de quien tiene derecho de alimentos y en relación a otros vínculos jurídicos como el que tiene la madre respecto del menor y del causante de la asignación con respecto al cónyuge.

4. Que, como se observa, no es el precepto analizado el que establece la competencia a favor de los tribunales de familia. Esta sólo remite a la Ley Nº 20.360. La norma dice que dichas controversias “serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1º de la ley Nº 20.360”. Dicho precepto, a su vez, señala que las controversias “serán conocidas por los Tribunales de Familia, los que para estos efectos podrán exigir la entrega del monto total del bono... a quien corresponda de conformidad con el inciso precedente”.

La norma básica que estableció y configuró la competencia es, por tanto, la Ley Nº 20.360.

Además, la norma que se analiza, no modifica esa competencia. Al contrario, se remite a ella. Y para que estemos frente a una norma orgánica constitucional se tiene que establecer una norma de esta naturaleza o modificar o derogar otra que existe. Nada de eso ocurre en el presente caso, pues no se toca la Ley Nº 20.360 y la competencia que ésta establece. Al ser así, no se está alterando ninguna estructura básica del Poder Judicial. Mal puede, entonces, considerarse este asunto orgánico constitucional.

5. Que hay que considerar, asimismo, que todo lo que tiene que ver con el derecho de alimentos, está entregado a la competencia de los tribunales de familia, no por mandato de la Ley Nº 20.360, sino del Nº 4º del artículo 8º de la Ley Nº 19.968, que creó los Tribunales de Familia. Dicho numeral establece que son de competencia de estos tribunales “las causas relativas al derecho de alimentos”. Por lo mismo, no es la norma que se examina ni aquella a la que ésta se remite sino la que establece la competencia general de los tribunales de familia, la que es orgánica.

6. Que por estas razones, estos Ministros consideran que el precepto consagrado en el inciso tercero del artículo 1º del proyecto de ley remitido a control, es materia de ley común; y, por lo mismo, esta Magistratura debe abstenerse de emitir un pronunciamiento en la materia.

Se previene que los Ministros señor José Luis Cea Egaña y señora Marisol Peña Torres concurren a los fundamentos y a la decisión contenida en la presente sentencia, pero que fueron partidarios de agregar, en el considerando decimocuarto, a continuación “de las expresiones sobre el mismo” la siguiente oración: “al cabo del cual se produce recién la consecuencia prevista en el inciso sexto del artículo 77 de la Constitución, debiendo tenerse por evacuada dicha opinión”.

Acordada la sentencia con el voto en contra de los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake, Carlos Carmona Santander y José Antonio Viera-Gallo Quesney, quienes estuvieron por declarar la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 1º de la iniciativa examinada, fundados en las siguientes razones:

1. Que para la mayoría, si se solicitó un informe a la Corte Suprema, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución, aquélla tiene todo el plazo que define la urgencia que se indica en el oficio de consulta; y, mientras este término no se haya extinguido, el Congreso Nacional no puede despachar el proyecto de ley. Como en este caso, se sostiene, el plazo de la urgencia (discusión inmediata) vencía el viernes 19 de marzo del año en curso, el Congreso incurrió en un vicio de forma al despachar el proyecto el miércoles 17 y enviar el oficio al Tribunal Constitucional para el control obligatorio respectivo.

2. Que tal posición implica que el Congreso Nacional debe paralizar el despacho de un proyecto a la espera del informe de la Corte Suprema, hasta que transcurra el plazo de la urgencia. Ello, a juicio de estos disidentes, implica transformar la naturaleza del informe de la Corte Suprema. Este es un informe previo, obligatorio, no vinculante. La Constitución denomina a este informe “consulta”, “opinión”, “pronunciamiento”, “trámite”, utilizando estas expresiones como sinónimos.

El carácter previo de este informe, que emana del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución (“…oyendo previamente a la Corte Suprema”), fue explicado por la exposición de motivos del veto que dio origen a la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.597, que es el texto que actualmente rige de la siguiente manera: “La consulta a la Corte Suprema debe ser "previa", o sea, antes que se produzca la modificación. Ello equivale a señalar que debe efectuarse durante la tramitación; no antes que ésta se inicie en el Parlamento.”.

La naturaleza obligatoria del informe, es decir, que debe ser solicitado bajo sanción de que su omisión genera un vicio en el procedimiento legislativo, emana del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución, de acuerdo con el cual “la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema”.

Finalmente, el carácter no vinculante emana del hecho de que la Constitución sólo obliga a que el Congreso oiga a la Corte Suprema, no que siga sus opiniones. Un informe es no vinculante, cuando siendo facultativo u obligatorio pedirlo, el órgano llamado a resolver no está obligado a seguir su contenido. Tal naturaleza jurídica quedó clara desde el origen de la norma constitucional en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Ahí se indicó que el informe en ningún caso significaba vincular la decisión final que pudiera tomar el Congreso sobre el proyecto de ley consultado. El Congreso, se señaló, no está obligado a seguir la opinión de la Corte Suprema; lo contrario, equivaldría a una especie de veto a la proposición de ley y equivaldría a convertir a la Corte Suprema en un órgano legislativo (sesiones 301ª, de 28 de junio de 1977, y 303ª, de 14 de diciembre de 1977). Lo mismo se indicó durante la tramitación de la Ley Nº 19.597, en el mensaje que acompañaba el veto del Ejecutivo: “La Corte Suprema actúa aquí como un órgano asesor altamente calificado. No tiene, en consecuencia potestades decisoras o vinculantes. De acuerdo a lo anterior, oír a la Corte Suprema significa que ésta debe emitir un informe que contenga una apreciación sobre los criterios de legalidad, oportunidad, mérito o conveniencia que contenga el proyecto de ley que se le consulta. Se trata, pues, de un informe simplemente obligatorio, pues debe ser solicitado por el Parlamento o por el Ejecutivo, pero no vincula a la decisión final.”.

3. Que dichas características, sin embargo, no deben hacer olvidar que el informe es un trámite esencial, pero trámite al fin y al cabo. Su naturaleza de “trámite” la reconoce el inciso final del artículo 77 de la Constitución al señalar que si la Corte no emite el informe dentro de plazo “se tendrá por evacuado el trámite”. El trámite es “cada uno de los pasos del proyecto por una u otra rama del Congreso”; “es el conjunto de actos que se cumplen en el curso de las deliberaciones, votaciones y procedimientos que se van sucediendo en una u otra Cámara” (Silva Bascuñán, Alejandro; Tratado de Derecho Constitucional; T. VII; Edit. Jurídica; Santiago 2000; pág. 93).

Como trámite, se inserta dentro de un procedimiento legislativo, cuyo propósito final es que se discutan y aprueben las leyes de la República. El informe de la Corte no tiene un fin en sí mismo; es para que el Congreso y el Ejecutivo lo consideren al momento de legislar. Por lo mismo, todo lo que tenga que ver con este informe debe interpretarse a la luz de esta consideración y no al revés, es decir, ordenando el procedimiento legislativo al informe de la Corte. Es el informe el que debe comprenderse dentro de dicho procedimiento.

4. Que, como consecuencia de dicho criterio, la tesis de la mayoría se contrapone a que en nuestro sistema el procedimiento legislativo no se suspende. Ni siquiera un requerimiento ante el propio Tribunal Constitucional reprochando la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, lo hace. Expresamente el artículo 93, inciso sexto, de la Constitución, dispone: “El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto”. Ello se funda en que el Congreso es la expresión más genuina de la representación popular; es el órgano soberano por excelencia. Por lo mismo, sería extremadamente complejo que decisiones u omisiones externas al mismo cuerpo legislativo puedan afectar el camino legislativo que la Constitución le encarga recorrer.

Por ello, consideramos que no puede suspender el procedimiento de aprobación de una ley un informe solicitado, pero no evacuado, de un proyecto que modifique la ley a que se refiere el artículo 77 de la Constitución. Tanto es así, que si dicho informe no se emite en la oportunidad debida, “se tendrá por evacuado el trámite” (artículo 77, inciso sexto).

5. Que en el mismo sentido apunta la historia fidedigna del precepto que se invoca por la mayoría para la imputación de inconstitucionalidad. En efecto, como se sabe, la consulta que establece el artículo 77 de la Ley Fundamental a la Corte Suprema, respecto de los proyectos que modifiquen la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, es una innovación que hizo la Constitución de 1980 respecto de la de 1925, pues ésta no contemplaba esa potestad.

La norma original del texto de la Constitución, modificada en 1998, señalaba: “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema” (artículo 74, inciso segundo). La norma fue propuesta en el proyecto de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y permaneció sin sufrir cambios en el Consejo de Estado y en la Junta de Gobierno. Su incorporación obedeció a dos tipos de consideraciones. Por una parte, compensar a un Poder del Estado de la carencia de iniciativa legislativa de la que están dotados, en cambio, el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Por la otra, aprovechar la experiencia que tiene la Corte Suprema en las materias a que se refiere la consulta y que el Congreso puede considerar al examinar un determinado proyecto de ley (Actas C.E.N.C., Sesión 301ª, de 28 de junio de 1977, y 302ª, de 14 de diciembre de 1977).

6. Que dicha norma original sufrió una modificación sustancial en 1998 por la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.597, cuyo texto es el que hoy permanece vigente.

Las razones que se tuvieron en cuenta para producir esta modificación nos proporcionan un argumento para afirmar que no se ha vulnerado el artículo 77 de la Carta Fundamental, como lo sostiene la mayoría. Dichas razones apuntan a rechazar que el informe que se debe solicitar a la Corte Suprema paralice el procedimiento legislativo.

Estas razones constan, por de pronto, en la exposición de motivos de la moción de los entonces senadores señores Sergio Fernández, Hernán Larraín, Anselmo Sule, Miguel Otero y Adolfo Zaldívar (B. 1602-07). Ahí se señaló:

“Uno de los principales problemas [de la actual regulación] consiste en que, si bien la citada disposición constitucional establece la obligación de oír previamente a la Corte Suprema para modificar la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribución de los tribunales, no señala qué sucede en caso de que el referido tribunal no emita opinión o la difiera indefinidamente.

Ello reviste especial importancia, si se tiene presente que en algunas oportunidades el Máximo Tribunal ha demorado varios meses, y en ocasiones incluso más de un año, en dar a conocer su opinión, lo que puede llegar a significar la paralización de las iniciativas”.

La norma que se propuso –señala dicha exposición- buscó “una solución equilibrada que, por una parte, otorga al Máximo Tribunal la posibilidad de expresar su opinión dentro de un plazo razonable y, por otra, permite tramitar los proyectos con la necesaria rapidez y oportunidad”.

En igual sentido se expresó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, quien en su primer informe señaló:

“Es dable señalar que, además de las consideraciones expresadas en los fundamentos de la moción en análisis, la Comisión tuvo presente que al establecer la exigencia de oír previamente a la Corte Suprema antes de modificar la ley orgánica constitucional tantas veces señalada, el constituyente sólo tuvo el propósito de otorgar al Máximo Tribunal la posibilidad de expresar su opinión en relación con las iniciativas legales que incidan en las materias a que se refiere el artículo 74 de la Ley Suprema.

Ahora bien, entender la norma en términos absolutos, configuraría un verdadero derecho a veto que se otorgaría a la Corte Suprema, pues mediante el simple expediente de abstenerse de dar su opinión o de postergarla por tiempo indefinido, produciría el efecto de paralizar completamente la tramitación del proyecto e impedir que se convierta en ley.

Lo anterior no resulta coherente con el hecho de que en nuestro ordenamiento institucional los únicos órganos colegisladores son el Congreso Nacional y el Presidente de la República y, consecuentemente, ellos son los llamados a determinar la conveniencia o inconveniencia de dictar una ley, así como la oportunidad para hacerlo.”

En la exposición de motivos del veto que sufrió la iniciativa y que definió el texto actualmente vigente, se señala expresamente que el informe de la Corte Suprema “no suspende el curso de la tramitación del proyecto de ley. Es decir, solicitada la consulta a la Corte, el proyecto no se detiene en su tramitación”.

Lo mismo reiteró el entonces senador Sergio Diez, quien, en el informe de la Comisión de Constitución sobre el veto del Ejecutivo, indicó:

“Las soluciones propuestas son prudentes y razonables para enmendar los inconvenientes observados en la práctica, haciendo presente, al efecto, que en no pocos casos la Corte Suprema ha demorado excesivamente su respuesta; que en algunos casos no la ha evacuado y que, en otros, ha emitido informes cuya calidad no se condice con el alto nivel del organismo consultado”.

7. Que en el mismo sentido se expresa la doctrina, para quien “la Constitución no ordena suspender la tramitación del proyecto mientras no se expida el informe, de modo que seguirá su proceso normal incluso durante el plazo que está corriendo para el pronunciamiento del dictamen” (Silva Bascuñán, A.; ob. cit.; pág. 227).

8. Que al no suspender el procedimiento legislativo la no emisión del informe, el Congreso puede seguir adelante con la tramitación del proyecto y despacharlo. Y al despacharlo, extinguir el plazo de la urgencia.

Otro efecto de insertar la solicitud de informe dentro del procedimiento legislativo, para su servicio, y no como lo hace la mayoría, es la desnaturalización que se produce en las urgencias. Para la mayoría, recordemos, el plazo de la urgencia vigente cuando se requiere el informe, rige para que la Corte emita su opinión, aun cuando el Congreso haya despachado la iniciativa. Se produciría, por tanto, una supervivencia de dicho plazo, pues a pesar de que terminó la tramitación, éste sigue rigiendo.

9. Que ello pugna, a juicio de estos disidentes, con la naturaleza de las urgencias. Estas son “un apremio en el despacho de una determinada iniciativa”; “el efecto propio de la urgencia es colocar a la Cámara en que se haga valer, en la obligación constitucional de despachar el trámite en el plazo establecido por el constituyente” (Silva Bascuñán, Alejandro; ob. cit.; págs. 172 y 175). Como dice el artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (LOCCN), la urgencia implica que la “discusión y votación en la Cámara requerida deberán quedar terminadas en el plazo” respectivo.

La urgencia es, de conformidad al artículo 74, inciso primero, de la Constitución, para “el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites”. Por eso, cuando el Presidente de la República califica un proyecto con una urgencia, “la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo” que señala la LOCCN (artículo 74, de la Constitución).

Como se observa, la urgencia está concebida para y dentro del procedimiento legislativo. Por ello, una vez que el proyecto termina su tramitación ésta se extingue, pues decae, perdiendo su propósito.

10. Que si bien el artículo 77 de la Constitución establece como plazo para que la Corte Suprema evacue su informe el de treinta días, como regla general, éste disminuye al “plazo que implique la urgencia respectiva” si el proyecto tiene dicha urgencia. La norma que aquí interesa, entonces, se establece en base a la referencia de las urgencias.

Esta construcción que hace el artículo 77 de la Constitución, asociándose, por así decirlo, a la urgencia, explica que se indica con claridad en el precepto constitucional el momento de inicio del plazo que tiene la Corte Suprema para informar (“desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente”), pero nada dice con la misma precisión hasta cuándo tiene para informar. Ese es el plazo que “implique la urgencia respectiva”.

Pero éstas –las urgencias- siguen la lógica y el ritmo del procedimiento legislativo; no se explican ni definen fuera de él. Su inserción en este tipo de procedimiento explica que si un proyecto ingresó sin urgencia al Congreso o a una de sus Cámaras, el Presidente de la República puede hacerla presente. En este caso, como se encarga de señalar el propio artículo 77, inciso cuarto, de la Carta Fundamental: “se comunicará esta circunstancia a la Corte”. Del mismo modo, un proyecto que tenía una determinada urgencia, si se cambia por otra, alarga o acorta los plazos que tenía la Corte Suprema para informar. Asimismo, el Presidente de la República puede dejar de calificar un proyecto con una determinada urgencia.

Todas las situaciones señaladas, son producto de la dinamicidad que impone la naturaleza política y de acuerdos inherentes al Congreso, y de la planificación de los tiempos y de la agenda legislativa, que defina el Presidente de la República. De esa dinamicidad y vicisitudes, está consciente la Corte Suprema. Ella es un órgano del Estado, a quien el Congreso le consulta los proyectos relativos a la ley orgánica constitucional del artículo 77 permanentemente de la Constitución.

11. Que al referirse a la urgencia para definir los días que tiene la Corte Suprema para evacuar su informe, éstos no sólo se modifican de acuerdo a ellas, sino que también se extinguen de la manera en que éstas se terminan.

Hay, podemos decir, causas naturales y causas provocadas que ponen término a una urgencia. En las primeras no interviene ningún elemento externo a su normal extinción. Por ejemplo, transcurre el plazo que implica y el Congreso o una de sus Cámaras despacha el proyecto. Pero también hay causas provocadas de extinción. Aquí interviene un hecho o decisión que altera su normal desenvolvimiento. Por ejemplo, se retira la urgencia; se cambia; se terminan las sesiones.

Es causal de extinción de una urgencia, entonces, el despacho del proyecto de ley por el Congreso. No tiene sentido que subsista una urgencia después de este hecho, si estas son para “el despacho de un proyecto”, para que dentro de ese plazo la Cámara respectiva deba pronunciarse, como dice el artículo 74 de la Constitución.

12. Que, entonces, si un proyecto es despachado por el Congreso, el plazo “que implique la urgencia respectiva” que define el término que tiene la Corte para informar, se extinguió también. Lo contrario, implicaría dejar subsistente, en una especie de realidad virtual, una urgencia sin procedimiento al cual acceder. Y poner las urgencias al servicio del informe de la Corte Suprema y no del procedimiento legislativo.

13. Que la tesis de la mayoría genera también ciertas situaciones absurdas que distorsionarían el procedimiento legislativo regulado en la Constitución. Baste anotar dos.

Por una parte, si hay que esperar que la Corte Suprema informe un proyecto calificado con urgencia para que el Congreso Nacional pueda despachar el proyecto, ¿cómo cumple el Congreso el plazo de la urgencia? Porque habría que esperar el transcurso del plazo para que la aludida Corte informara y sólo recién ahí se procedería a votar. Eso afecta la orientación de la urgencia que va dirigida a un pronto despacho de un proyecto de ley.

Por la otra, si un proyecto es calificado con simple urgencia y el Congreso lo despacha en 10 días ¿habría que esperar el informe de la Corte Suprema esos 20 días? Eso daría a dicha Corte un poder de suspensión del procedimiento legislativo formidable y construido a partir de una simple omisión, consistente en dilatar dicho dictamen hasta el último instante, y, a pesar de las urgencias y de la voluntad de avanzar de los órganos dotados de potestad legislativa.

Ambos ejemplos revelan la distorsión constitucional que genera la tesis de la mayoría.

14. Que la interpretación de la mayoría, enseguida, afectaría la primacía de las urgencias. En efecto, en el veto de la Ley Nº 19.597 se resaltó que la urgencia para el despacho del proyecto prima sobre cualquier otra consideración:

“La principal objeción al proyecto se refirió a las urgencias y su vinculación con la consulta a la Corte. Durante la tramitación de este proyecto, varios parlamentarios dejaron expresa constancia que en el evento que el Presidente de la República hiciera presente la urgencia a un proyecto de ley, el plazo de treinta días que tiene la Corte, se debe ajustar al plazo que establezca la urgencia. En otras palabras, la disposición constitucional que obliga al Congreso a despachar un proyecto de ley dentro de un plazo determinado por la urgencia, prima sobre el plazo de treinta días que tiene la Corte para evacuar su informe.

Lo anterior, no obstante ser jurídicamente defendible, es una interpretación. Ello hace que sea necesario clarificarlo desde el punto de vista normativo.

No basta con dejar constancia para la historia fidedigna, que prima el plazo de la urgencia por sobre los treinta o sesenta días que tiene la Corte para evacuar su informe, pues el Tribunal Constitucional o el propio Parlamento, puede tener otro criterio. Lo anterior traería enormes dificultades”.

De ahí que se prefiriera establecer en la Constitución. A pesar de este sentido, la mayoría busca alterarlo.

15. Que, por otra parte, no compartimos la inconstitucionalidad del proyecto declarado por la mayoría, en base a la presunta vigencia del plazo de la urgencia para informar que tendría la Corte Suprema. Nos fundamos, para sostener aquello, en las razones que anotamos a continuación.

16. Que, en primer lugar, se cumplió con la finalidad del procedimiento legislativo: discutir y aprobar leyes.

En efecto, el informe de la Corte Suprema es obligatorio pero no vinculante; es decir, se debe pedir, pero no seguir. “Los órganos colegisladores quedan facultados para reaccionar con entera libertad frente a lo opinado por la Corte Suprema, ya que la intervención de ésta es la de un órgano consultivo, pero no coparticipante en calidad de colegislador” (Silva Bascuñán, A.; ob. cit.; pág. 227-228).

Lo importante, por tanto, lo principal, no es el informe de la Corte Suprema; lo relevante es el proyecto de ley, al cual dicho informe puede ayudar. Y aquí el proyecto se despachó; el propósito del procedimiento se cumplió.

17. Que, en segundo lugar, existe un bien jurídico que el Congreso Nacional atendió adecuadamente: el pronto despacho de un proyecto de ley calificado con discusión inmediata.

Lo importante en un procedimiento es el resultado final. Por eso deben sacrificarse ciertos elementos en aras de ese propósito. Por ejemplo, el proyecto en cuestión tenía la calificación de discusión inmediata. Ello implica dos cosas de acuerdo a nuestro ordenamiento (artículo 27, LOCCN). Por una parte, el Congreso tiene tres días para su discusión y votación. Por la otra, el proyecto se discute en general y en particular a la vez. Es decir, en aras un pronto despacho, se sacrifican los ritmos y etapas comunes del análisis de un proyecto. Dicho sentido de resultado no es conciliable con que el Congreso, haciendo caso de la urgencia, se haya esforzado por aprobar el proyecto dentro del brevísimo tiempo que la discusión inmediata implica, y se le sancione con la inconstitucionalidad de uno de los preceptos aprobados por no haber esperado el informe de la Corte Suprema. El Congreso cumplió el mandato del artículo 74 constitucional de “pronunciarse dentro del plazo” que la urgencia implica.

18. Que, en tercer lugar, consideramos que resulta desproporcionada la sanción.

En efecto, hay que tener presente que la opinión de la Corte es para que sea considerada en el examen de un proyecto de ley por el Congreso. De ahí que si el proyecto se despachó, no tiene sentido el informe, pues no podrá ser evaluado o ponderado.

Pero en este caso particular, hay que considerar, además, que el informe de la Corte Suprema, contenido en el Oficio Nº 20, de 19 de marzo de dos mil diez, se contiene una opinión favorable al proyecto, sin que contenga ninguna propuesta de cambio o de perfeccionamiento del mismo. Se limita, más bien, a hacer una descripción de las normas que aquel contiene.

19. Que, por lo demás, el que la Corte Suprema deba evacuar su informe “dentro del plazo que implique la urgencia”, no significa que lo tenga que hacer el último día.

En esta situación, asimismo, era pública y notoria la rapidez con que los órganos colegisladores avanzaban en la tramitación del proyecto, por la razón social que el pago del bono implicaba y por lo urgente de llegar con este tipo de ayuda para los más necesitados dada el terremoto sufrido por el país. Ello imponía la máxima diligencia y generosidad de los órganos constitucionales.

20. Que, asimismo, queremos señalar que con ocasión del anterior bono extraordinario establecido en la Ley Nº 20.360, se produjo la misma situación reprochada en el presente proyecto por la mayoría, sin que se hubiere objetado la constitucionalidad del precepto en el respectivo control obligatorio. En efecto, el proyecto fue tramitado por el Congreso Nacional, a pesar de que estaba “pendiente” el plazo de la urgencia para que la Corte Suprema informara.

Para demostrar lo anterior, hay que señalar que en el Oficio Nº 8173, de 18 de junio de 2009, con que la Cámara de Diputados remitió a esta Magistratura el proyecto de ley para su respectivo control obligatorio, se señalaba lo siguiente: “Que esta Corporación envió en consulta a la Excma. Corte Suprema el proyecto, mediante oficio Nº 8150, de 10 de junio de 2009. La respuesta de esa Excma. Corte a esta Corporación no ha sido recibida a esta fecha.”. Por su parte, el Ejecutivo hizo presente en dos oportunidades la urgencia de discusión inmediata al respectivo proyecto: la primera vez, el 09 de junio de 2009, que venció el 12 de junio del mismo año; y la segunda, el 16 de junio de 2009, que venció el 19 de junio de ese mismo año. Nótese que el oficio de la Cámara de Diputados con que se remite el proyecto al Tribunal Constitucional es de 18 de junio. Ahora bien, el Congreso Nacional despachó el proyecto el mismo día 18. De la respuesta de la Corte Suprema se dio cuenta en la Cámara de Diputados y, por lo mismo, ésta tomo conocimiento, recién el día 30 de junio de 2009.

21. Que por todas estas razones, los disidentes consideramos que el artículo del proyecto objetado por la mayoría, no tiene el vicio de forma que se le reprocha.

Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben y la disidencia, el Ministro señor Carlos Carmona Santander.

Devuélvase el proyecto a la Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por la Secretaria del Tribunal, oficiándose.

Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese.

Rol 1.651-10-CPR.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por sus Ministros señores Marcelo Venegas Palacios (Presidente), José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander y José Antonio Viera-Gallo Quesney.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente Olguín.

Sentencia Rol 1651

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil diez.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, por Oficio N° 8613, de 18 de marzo de 2010, ingresado a esta Magistratura con igual fecha, la Cámara de Diputados ha remitido el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos (Boletín Nº 6.852-05), con el objeto de que este Tribunal, conforme a la atribución que le ha sido conferida en el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política, ejerza el control preventivo de constitucionalidad respecto de las normas que regulan materias propias de ley orgánica constitucional que aquél contiene;

SEGUNDO.- Que el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Ley Fundamental establece que, entre otras, es atribución de este Tribunal “ejercer el control de constitucionalidad (...) de las leyes orgánicas constitucionales”. A su vez, el inciso segundo del mismo precepto fundamental dispone: “En el caso del número 1º, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso.”;

TERCERO.- Que, en razón de lo establecido en las disposiciones referidas precedentemente, corresponde a esta Magistratura, en la oportunidad que en ellas se señala, pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas de la iniciativa legislativa remitida a control en estos autos, que estén comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

CUARTO.- Que el artículo 77 de la Constitución Política dispone:

“Art. 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.

Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.

En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.

Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años.”;

QUINTO.- Que el texto del proyecto de ley sometido a control preventivo de constitucionalidad es el siguiente:

“PROYECTO DE LEY:

Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4º del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. El bono será de $40.000 por cada causante que el beneficio tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7º del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1º de la ley Nº 20.360.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquellas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario”, conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del artículo 7º de la ley Nº 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.

Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º de la presente ley, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.";

SEXTO.- Que el inciso tercero del artículo 1º del proyecto de ley transcrito en el considerando precedente, regula una materia propia de la ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo 77 de la Carta Fundamental, en tanto confiere una nueva atribución a los tribunales de familia, a los cuales alude el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 20.360, citado en la misma disposición de la iniciativa en examen;

SÉPTIMO.- Que consta de autos que la norma del proyecto de ley examinada por este Tribunal ha sido aprobada en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República y que, respecto de ella, no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad;

OCTAVO.- Que, en lo relativo al cumplimiento de la exigencia prevista en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, cabe recordar que, como indicó esta Magistratura en sentencia de fecha 31 de marzo de 2009, Rol Nº 1316, “la exigencia establecida por la Constitución en su artículo 77, inciso segundo, en el sentido que la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo puede modificarse oyendo previamente a la Corte Suprema, tiene su razón de ser en el hecho de que resulta conveniente y necesario que el Tribunal Superior del Poder Judicial, atendida su calificación y experiencia en la materia, pueda dar a conocer a los órganos colegisladores su parecer acerca de un proyecto de ley en el cual se contienen reformas que se considera necesario introducir a dicho cuerpo normativo, con el objeto de contribuir, así, a que éstas sean las más adecuadas. Se trata de un trámite esencial para la validez constitucional de esta ley orgánica, para lo cual debe tenerse presente que al señalar la Constitución Política de la República que la Corte Suprema debe ser oída previamente, ello supone que se efectúe la consulta durante la discusión de la ley en el Congreso Nacional si el mensaje o moción se hubiere presentado sin su opinión y con anterioridad a la aprobación de la misma” (Considerando SÉPTIMO);

NOVENO.- Que si bien con anterioridad a la reforma introducida en esta materia al artículo 77 (74) por la Ley Nº 19.597, de 1999, la Carta Fundamental no fijaba un plazo dentro del cual la Corte Suprema debía emitir su opinión, la citada reforma vino a señalarle plazos expresos dentro de los cuales debe hacerlo, bajo sanción de que si no lo hace dentro de ellos, se tiene por evacuado el trámite y, consecuentemente, por cumplida la exigencia constitucional de oírla previamente;

DÉCIMO.- Que, según consta del Oficio N° 8613, de 18 de marzo del año en curso, de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remitió a este Tribunal el proyecto sometido a control, dicha Corporación envió en consulta a la Corte Suprema la iniciativa, con fecha 16 de marzo de 2010, mediante su Oficio N° 8581;

DECIMOPRIMERO.- Que, conforme se señala en el Oficio Nº 8613, citado en el considerando anterior, el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día 18 de marzo de 2010;

DECIMOSEGUNDO.- Que mediante el Oficio Nº 8618, fechado 19 de marzo de 2010, la Cámara de Diputados remitió a esta Magistratura una copia del Oficio Nº 20, de 19 de marzo de 2010, que contiene el informe evacuado en este caso por la Corte Suprema, en cumplimiento de la norma constitucional aludida;

DECIMOTERCERO.- Que, como señala la Corte Suprema en el aludido informe, atendido que para la tramitación del proyecto en examen se había fijado “discusión inmediata”, el plazo a que se refiere el inciso quinto del artículo 77 de la Constitución para que ese Tribunal emitiera su pronunciamiento, era de tres días, conforme a lo establecido por el artículo 27 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional;

DECIMOCUARTO.- Que de estos antecedentes se desprende que se dio aprobación por el Congreso Nacional al proyecto de ley sometido a control y se comunicó al Presidente de la República para los efectos previstos en el artículo 72 de la Constitución, con fecha 18 de marzo del año en curso, no obstante estar aún pendiente, ese día, el plazo que la Carta Fundamental otorgaba a la Corte Suprema para emitir su opinión sobre el mismo;

DECIMOQUINTO.- Que corolario de lo razonado en los considerandos precedentes es que no puede considerarse cabalmente cumplida la exigencia establecida en el inciso segundo del artículo 77 de la Ley Suprema, con relación al inciso tercero del artículo primero del proyecto en examen, habiéndose incurrido, por lo tanto, respecto de dicha disposición, en un vicio de inconstitucionalidad;

DECIMOSEXTO.- Que, como consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal Constitucional se encuentra en el deber constitucional de declarar inconstitucional el inciso tercero del artículo primero del proyecto de ley sometido a control, y así se hará.

Y VISTO lo dispuesto en los artículos 66, inciso segundo, 72, 77, 92 y 93, inciso primero, Nº 1º de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 34 al 37 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional,

SE DECLARA:

Que el inciso tercero del artículo 1º del proyecto de ley remitido para su control preventivo es inconstitucional y debe ser eliminado de su texto.

Se deja constancia de que la sentencia fue acordada luego de desecharse la indicación de los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake y Carlos Carmona Santander, quienes estuvieron por que el Tribunal se abstuviera de emitir pronunciamiento ya que el inciso tercero del artículo 1º de la iniciativa remitida no versa sobre aquellas materias que la Constitución exige que sean reguladas por una ley orgánica constitucional por los siguientes motivos:

1. Que de acuerdo a la Constitución, para que un asunto sea orgánico constitucional, de conformidad a lo establecido en su artículo 77, es necesario que la norma se refiera a “la organización y atribuciones de los tribunales”. Con la expresión “atribuciones” debe entenderse reglas relativas a la competencia, es decir, de asuntos que tienen que ver con las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de funciones de un tribunal (STC rol 273). Con el concepto de “organización”, en cambio, se apunta a los medios adecuados que tiene un tribunal para funcionar (personal, presupuesto, bienes) (STC rol 340).

2. Que no todo lo relativo a las competencias y atribuciones de los tribunales, sin embargo, debe ser entendido como ley orgánica constitucional. Por una parte, porque como ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Magistratura, este tipo de leyes son excepcionales, pues la regla general es la ley común. En tal sentido, sólo deben abordar las materias que la Constitución expresamente señala y regular lo medular de instituciones básicas con el propósito de dar estabilidad al sistema de gobierno y evitar el riesgo de que mayorías ocasionales lo puedan alterar (STC rol 160). Por ello, la ley orgánica del artículo 77 de la Carta Fundamental sólo comprende aquellas disposiciones que regulan la estructura básica del Poder Judicial (STC rol 171). Por la otra, porque una interpretación que vaya mas allá de lo necesario y permitido (STC roles 293 y 304), dejaría sin efecto la norma establecida en el artículo 63, Nº 3, de la Constitución, que dispone que es materia de ley común las que son “objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra” (STC rol 171).

3. Que la norma analizada remite al inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 20.360, guardando identidad con ésta. En ambas normas, el tribunal que se establece va a conocer de las “controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior”. Dichas obligaciones tienen que ver con transferencias del bono que deben existir entre quien aparece como beneficiario que lo percibe y su verdadero titular. Tal situación ocurre respecto de quien tiene derecho de alimentos y en relación a otros vínculos jurídicos como el que tiene la madre respecto del menor y del causante de la asignación con respecto al cónyuge.

4. Que, como se observa, no es el precepto analizado el que establece la competencia a favor de los tribunales de familia. Esta sólo remite a la Ley Nº 20.360. La norma dice que dichas controversias “serán resueltas en la forma establecida en el inciso tercero, del artículo 1º de la ley Nº 20.360”. Dicho precepto, a su vez, señala que las controversias “serán conocidas por los Tribunales de Familia, los que para estos efectos podrán exigir la entrega del monto total del bono... a quien corresponda de conformidad con el inciso precedente”.

La norma básica que estableció y configuró la competencia es, por tanto, la Ley Nº 20.360.

Además, la norma que se analiza, no modifica esa competencia. Al contrario, se remite a ella. Y para que estemos frente a una norma orgánica constitucional se tiene que establecer una norma de esta naturaleza o modificar o derogar otra que existe. Nada de eso ocurre en el presente caso, pues no se toca la Ley Nº 20.360 y la competencia que ésta establece. Al ser así, no se está alterando ninguna estructura básica del Poder Judicial. Mal puede, entonces, considerarse este asunto orgánico constitucional.

5. Que hay que considerar, asimismo, que todo lo que tiene que ver con el derecho de alimentos, está entregado a la competencia de los tribunales de familia, no por mandato de la Ley Nº 20.360, sino del Nº 4º del artículo 8º de la Ley Nº 19.968, que creó los Tribunales de Familia. Dicho numeral establece que son de competencia de estos tribunales “las causas relativas al derecho de alimentos”. Por lo mismo, no es la norma que se examina ni aquella a la que ésta se remite sino la que establece la competencia general de los tribunales de familia, la que es orgánica.

6. Que por estas razones, estos Ministros consideran que el precepto consagrado en el inciso tercero del artículo 1º del proyecto de ley remitido a control, es materia de ley común; y, por lo mismo, esta Magistratura debe abstenerse de emitir un pronunciamiento en la materia.

Se previene que los Ministros señor José Luis Cea Egaña y señora Marisol Peña Torres concurren a los fundamentos y a la decisión contenida en la presente sentencia, pero que fueron partidarios de agregar, en el considerando decimocuarto, a continuación “de las expresiones sobre el mismo” la siguiente oración: “al cabo del cual se produce recién la consecuencia prevista en el inciso sexto del artículo 77 de la Constitución, debiendo tenerse por evacuada dicha opinión”.

Acordada la sentencia con el voto en contra de los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake, Carlos Carmona Santander y José Antonio Viera-Gallo Quesney, quienes estuvieron por declarar la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 1º de la iniciativa examinada, fundados en las siguientes razones:

1. Que para la mayoría, si se solicitó un informe a la Corte Suprema, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución, aquélla tiene todo el plazo que define la urgencia que se indica en el oficio de consulta; y, mientras este término no se haya extinguido, el Congreso Nacional no puede despachar el proyecto de ley. Como en este caso, se sostiene, el plazo de la urgencia (discusión inmediata) vencía el viernes 19 de marzo del año en curso, el Congreso incurrió en un vicio de forma al despachar el proyecto el miércoles 17 y enviar el oficio al Tribunal Constitucional para el control obligatorio respectivo.

2. Que tal posición implica que el Congreso Nacional debe paralizar el despacho de un proyecto a la espera del informe de la Corte Suprema, hasta que transcurra el plazo de la urgencia. Ello, a juicio de estos disidentes, implica transformar la naturaleza del informe de la Corte Suprema. Este es un informe previo, obligatorio, no vinculante. La Constitución denomina a este informe “consulta”, “opinión”, “pronunciamiento”, “trámite”, utilizando estas expresiones como sinónimos.

El carácter previo de este informe, que emana del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución (“…oyendo previamente a la Corte Suprema”), fue explicado por la exposición de motivos del veto que dio origen a la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.597, que es el texto que actualmente rige de la siguiente manera: “La consulta a la Corte Suprema debe ser "previa", o sea, antes que se produzca la modificación. Ello equivale a señalar que debe efectuarse durante la tramitación; no antes que ésta se inicie en el Parlamento.”.

La naturaleza obligatoria del informe, es decir, que debe ser solicitado bajo sanción de que su omisión genera un vicio en el procedimiento legislativo, emana del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución, de acuerdo con el cual “la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema”.

Finalmente, el carácter no vinculante emana del hecho de que la Constitución sólo obliga a que el Congreso oiga a la Corte Suprema, no que siga sus opiniones. Un informe es no vinculante, cuando siendo facultativo u obligatorio pedirlo, el órgano llamado a resolver no está obligado a seguir su contenido. Tal naturaleza jurídica quedó clara desde el origen de la norma constitucional en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Ahí se indicó que el informe en ningún caso significaba vincular la decisión final que pudiera tomar el Congreso sobre el proyecto de ley consultado. El Congreso, se señaló, no está obligado a seguir la opinión de la Corte Suprema; lo contrario, equivaldría a una especie de veto a la proposición de ley y equivaldría a convertir a la Corte Suprema en un órgano legislativo (sesiones 301ª, de 28 de junio de 1977, y 303ª, de 14 de diciembre de 1977). Lo mismo se indicó durante la tramitación de la Ley Nº 19.597, en el mensaje que acompañaba el veto del Ejecutivo: “La Corte Suprema actúa aquí como un órgano asesor altamente calificado. No tiene, en consecuencia potestades decisoras o vinculantes. De acuerdo a lo anterior, oír a la Corte Suprema significa que ésta debe emitir un informe que contenga una apreciación sobre los criterios de legalidad, oportunidad, mérito o conveniencia que contenga el proyecto de ley que se le consulta. Se trata, pues, de un informe simplemente obligatorio, pues debe ser solicitado por el Parlamento o por el Ejecutivo, pero no vincula a la decisión final.”.

3. Que dichas características, sin embargo, no deben hacer olvidar que el informe es un trámite esencial, pero trámite al fin y al cabo. Su naturaleza de “trámite” la reconoce el inciso final del artículo 77 de la Constitución al señalar que si la Corte no emite el informe dentro de plazo “se tendrá por evacuado el trámite”. El trámite es “cada uno de los pasos del proyecto por una u otra rama del Congreso”; “es el conjunto de actos que se cumplen en el curso de las deliberaciones, votaciones y procedimientos que se van sucediendo en una u otra Cámara” (Silva Bascuñán, Alejandro; Tratado de Derecho Constitucional; T. VII; Edit. Jurídica; Santiago 2000; pág. 93).

Como trámite, se inserta dentro de un procedimiento legislativo, cuyo propósito final es que se discutan y aprueben las leyes de la República. El informe de la Corte no tiene un fin en sí mismo; es para que el Congreso y el Ejecutivo lo consideren al momento de legislar. Por lo mismo, todo lo que tenga que ver con este informe debe interpretarse a la luz de esta consideración y no al revés, es decir, ordenando el procedimiento legislativo al informe de la Corte. Es el informe el que debe comprenderse dentro de dicho procedimiento.

4. Que, como consecuencia de dicho criterio, la tesis de la mayoría se contrapone a que en nuestro sistema el procedimiento legislativo no se suspende. Ni siquiera un requerimiento ante el propio Tribunal Constitucional reprochando la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, lo hace. Expresamente el artículo 93, inciso sexto, de la Constitución, dispone: “El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto”. Ello se funda en que el Congreso es la expresión más genuina de la representación popular; es el órgano soberano por excelencia. Por lo mismo, sería extremadamente complejo que decisiones u omisiones externas al mismo cuerpo legislativo puedan afectar el camino legislativo que la Constitución le encarga recorrer.

Por ello, consideramos que no puede suspender el procedimiento de aprobación de una ley un informe solicitado, pero no evacuado, de un proyecto que modifique la ley a que se refiere el artículo 77 de la Constitución. Tanto es así, que si dicho informe no se emite en la oportunidad debida, “se tendrá por evacuado el trámite” (artículo 77, inciso sexto).

5. Que en el mismo sentido apunta la historia fidedigna del precepto que se invoca por la mayoría para la imputación de inconstitucionalidad. En efecto, como se sabe, la consulta que establece el artículo 77 de la Ley Fundamental a la Corte Suprema, respecto de los proyectos que modifiquen la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, es una innovación que hizo la Constitución de 1980 respecto de la de 1925, pues ésta no contemplaba esa potestad.

La norma original del texto de la Constitución, modificada en 1998, señalaba: “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema” (artículo 74, inciso segundo). La norma fue propuesta en el proyecto de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y permaneció sin sufrir cambios en el Consejo de Estado y en la Junta de Gobierno. Su incorporación obedeció a dos tipos de consideraciones. Por una parte, compensar a un Poder del Estado de la carencia de iniciativa legislativa de la que están dotados, en cambio, el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Por la otra, aprovechar la experiencia que tiene la Corte Suprema en las materias a que se refiere la consulta y que el Congreso puede considerar al examinar un determinado proyecto de ley (Actas C.E.N.C., Sesión 301ª, de 28 de junio de 1977, y 302ª, de 14 de diciembre de 1977).

6. Que dicha norma original sufrió una modificación sustancial en 1998 por la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.597, cuyo texto es el que hoy permanece vigente.

Las razones que se tuvieron en cuenta para producir esta modificación nos proporcionan un argumento para afirmar que no se ha vulnerado el artículo 77 de la Carta Fundamental, como lo sostiene la mayoría. Dichas razones apuntan a rechazar que el informe que se debe solicitar a la Corte Suprema paralice el procedimiento legislativo.

Estas razones constan, por de pronto, en la exposición de motivos de la moción de los entonces senadores señores Sergio Fernández, Hernán Larraín, Anselmo Sule, Miguel Otero y Adolfo Zaldívar (B. 1602-07). Ahí se señaló:

“Uno de los principales problemas [de la actual regulación] consiste en que, si bien la citada disposición constitucional establece la obligación de oír previamente a la Corte Suprema para modificar la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribución de los tribunales, no señala qué sucede en caso de que el referido tribunal no emita opinión o la difiera indefinidamente.

Ello reviste especial importancia, si se tiene presente que en algunas oportunidades el Máximo Tribunal ha demorado varios meses, y en ocasiones incluso más de un año, en dar a conocer su opinión, lo que puede llegar a significar la paralización de las iniciativas”.

La norma que se propuso –señala dicha exposición- buscó “una solución equilibrada que, por una parte, otorga al Máximo Tribunal la posibilidad de expresar su opinión dentro de un plazo razonable y, por otra, permite tramitar los proyectos con la necesaria rapidez y oportunidad”.

En igual sentido se expresó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, quien en su primer informe señaló:

“Es dable señalar que, además de las consideraciones expresadas en los fundamentos de la moción en análisis, la Comisión tuvo presente que al establecer la exigencia de oír previamente a la Corte Suprema antes de modificar la ley orgánica constitucional tantas veces señalada, el constituyente sólo tuvo el propósito de otorgar al Máximo Tribunal la posibilidad de expresar su opinión en relación con las iniciativas legales que incidan en las materias a que se refiere el artículo 74 de la Ley Suprema.

Ahora bien, entender la norma en términos absolutos, configuraría un verdadero derecho a veto que se otorgaría a la Corte Suprema, pues mediante el simple expediente de abstenerse de dar su opinión o de postergarla por tiempo indefinido, produciría el efecto de paralizar completamente la tramitación del proyecto e impedir que se convierta en ley.

Lo anterior no resulta coherente con el hecho de que en nuestro ordenamiento institucional los únicos órganos colegisladores son el Congreso Nacional y el Presidente de la República y, consecuentemente, ellos son los llamados a determinar la conveniencia o inconveniencia de dictar una ley, así como la oportunidad para hacerlo.”

En la exposición de motivos del veto que sufrió la iniciativa y que definió el texto actualmente vigente, se señala expresamente que el informe de la Corte Suprema “no suspende el curso de la tramitación del proyecto de ley. Es decir, solicitada la consulta a la Corte, el proyecto no se detiene en su tramitación”.

Lo mismo reiteró el entonces senador Sergio Diez, quien, en el informe de la Comisión de Constitución sobre el veto del Ejecutivo, indicó:

“Las soluciones propuestas son prudentes y razonables para enmendar los inconvenientes observados en la práctica, haciendo presente, al efecto, que en no pocos casos la Corte Suprema ha demorado excesivamente su respuesta; que en algunos casos no la ha evacuado y que, en otros, ha emitido informes cuya calidad no se condice con el alto nivel del organismo consultado”.

7. Que en el mismo sentido se expresa la doctrina, para quien “la Constitución no ordena suspender la tramitación del proyecto mientras no se expida el informe, de modo que seguirá su proceso normal incluso durante el plazo que está corriendo para el pronunciamiento del dictamen” (Silva Bascuñán, A.; ob. cit.; pág. 227).

8. Que al no suspender el procedimiento legislativo la no emisión del informe, el Congreso puede seguir adelante con la tramitación del proyecto y despacharlo. Y al despacharlo, extinguir el plazo de la urgencia.

Otro efecto de insertar la solicitud de informe dentro del procedimiento legislativo, para su servicio, y no como lo hace la mayoría, es la desnaturalización que se produce en las urgencias. Para la mayoría, recordemos, el plazo de la urgencia vigente cuando se requiere el informe, rige para que la Corte emita su opinión, aun cuando el Congreso haya despachado la iniciativa. Se produciría, por tanto, una supervivencia de dicho plazo, pues a pesar de que terminó la tramitación, éste sigue rigiendo.

9. Que ello pugna, a juicio de estos disidentes, con la naturaleza de las urgencias. Estas son “un apremio en el despacho de una determinada iniciativa”; “el efecto propio de la urgencia es colocar a la Cámara en que se haga valer, en la obligación constitucional de despachar el trámite en el plazo establecido por el constituyente” (Silva Bascuñán, Alejandro; ob. cit.; págs. 172 y 175). Como dice el artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (LOCCN), la urgencia implica que la “discusión y votación en la Cámara requerida deberán quedar terminadas en el plazo” respectivo.

La urgencia es, de conformidad al artículo 74, inciso primero, de la Constitución, para “el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites”. Por eso, cuando el Presidente de la República califica un proyecto con una urgencia, “la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo” que señala la LOCCN (artículo 74, de la Constitución).

Como se observa, la urgencia está concebida para y dentro del procedimiento legislativo. Por ello, una vez que el proyecto termina su tramitación ésta se extingue, pues decae, perdiendo su propósito.

10. Que si bien el artículo 77 de la Constitución establece como plazo para que la Corte Suprema evacue su informe el de treinta días, como regla general, éste disminuye al “plazo que implique la urgencia respectiva” si el proyecto tiene dicha urgencia. La norma que aquí interesa, entonces, se establece en base a la referencia de las urgencias.

Esta construcción que hace el artículo 77 de la Constitución, asociándose, por así decirlo, a la urgencia, explica que se indica con claridad en el precepto constitucional el momento de inicio del plazo que tiene la Corte Suprema para informar (“desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente”), pero nada dice con la misma precisión hasta cuándo tiene para informar. Ese es el plazo que “implique la urgencia respectiva”.

Pero éstas –las urgencias- siguen la lógica y el ritmo del procedimiento legislativo; no se explican ni definen fuera de él. Su inserción en este tipo de procedimiento explica que si un proyecto ingresó sin urgencia al Congreso o a una de sus Cámaras, el Presidente de la República puede hacerla presente. En este caso, como se encarga de señalar el propio artículo 77, inciso cuarto, de la Carta Fundamental: “se comunicará esta circunstancia a la Corte”. Del mismo modo, un proyecto que tenía una determinada urgencia, si se cambia por otra, alarga o acorta los plazos que tenía la Corte Suprema para informar. Asimismo, el Presidente de la República puede dejar de calificar un proyecto con una determinada urgencia.

Todas las situaciones señaladas, son producto de la dinamicidad que impone la naturaleza política y de acuerdos inherentes al Congreso, y de la planificación de los tiempos y de la agenda legislativa, que defina el Presidente de la República. De esa dinamicidad y vicisitudes, está consciente la Corte Suprema. Ella es un órgano del Estado, a quien el Congreso le consulta los proyectos relativos a la ley orgánica constitucional del artículo 77 permanentemente de la Constitución.

11. Que al referirse a la urgencia para definir los días que tiene la Corte Suprema para evacuar su informe, éstos no sólo se modifican de acuerdo a ellas, sino que también se extinguen de la manera en que éstas se terminan.

Hay, podemos decir, causas naturales y causas provocadas que ponen término a una urgencia. En las primeras no interviene ningún elemento externo a su normal extinción. Por ejemplo, transcurre el plazo que implica y el Congreso o una de sus Cámaras despacha el proyecto. Pero también hay causas provocadas de extinción. Aquí interviene un hecho o decisión que altera su normal desenvolvimiento. Por ejemplo, se retira la urgencia; se cambia; se terminan las sesiones.

Es causal de extinción de una urgencia, entonces, el despacho del proyecto de ley por el Congreso. No tiene sentido que subsista una urgencia después de este hecho, si estas son para “el despacho de un proyecto”, para que dentro de ese plazo la Cámara respectiva deba pronunciarse, como dice el artículo 74 de la Constitución.

12. Que, entonces, si un proyecto es despachado por el Congreso, el plazo “que implique la urgencia respectiva” que define el término que tiene la Corte para informar, se extinguió también. Lo contrario, implicaría dejar subsistente, en una especie de realidad virtual, una urgencia sin procedimiento al cual acceder. Y poner las urgencias al servicio del informe de la Corte Suprema y no del procedimiento legislativo.

13. Que la tesis de la mayoría genera también ciertas situaciones absurdas que distorsionarían el procedimiento legislativo regulado en la Constitución. Baste anotar dos.

Por una parte, si hay que esperar que la Corte Suprema informe un proyecto calificado con urgencia para que el Congreso Nacional pueda despachar el proyecto, ¿cómo cumple el Congreso el plazo de la urgencia? Porque habría que esperar el transcurso del plazo para que la aludida Corte informara y sólo recién ahí se procedería a votar. Eso afecta la orientación de la urgencia que va dirigida a un pronto despacho de un proyecto de ley.

Por la otra, si un proyecto es calificado con simple urgencia y el Congreso lo despacha en 10 días ¿habría que esperar el informe de la Corte Suprema esos 20 días? Eso daría a dicha Corte un poder de suspensión del procedimiento legislativo formidable y construido a partir de una simple omisión, consistente en dilatar dicho dictamen hasta el último instante, y, a pesar de las urgencias y de la voluntad de avanzar de los órganos dotados de potestad legislativa.

Ambos ejemplos revelan la distorsión constitucional que genera la tesis de la mayoría.

14. Que la interpretación de la mayoría, enseguida, afectaría la primacía de las urgencias. En efecto, en el veto de la Ley Nº 19.597 se resaltó que la urgencia para el despacho del proyecto prima sobre cualquier otra consideración:

“La principal objeción al proyecto se refirió a las urgencias y su vinculación con la consulta a la Corte. Durante la tramitación de este proyecto, varios parlamentarios dejaron expresa constancia que en el evento que el Presidente de la República hiciera presente la urgencia a un proyecto de ley, el plazo de treinta días que tiene la Corte, se debe ajustar al plazo que establezca la urgencia. En otras palabras, la disposición constitucional que obliga al Congreso a despachar un proyecto de ley dentro de un plazo determinado por la urgencia, prima sobre el plazo de treinta días que tiene la Corte para evacuar su informe.

Lo anterior, no obstante ser jurídicamente defendible, es una interpretación. Ello hace que sea necesario clarificarlo desde el punto de vista normativo.

No basta con dejar constancia para la historia fidedigna, que prima el plazo de la urgencia por sobre los treinta o sesenta días que tiene la Corte para evacuar su informe, pues el Tribunal Constitucional o el propio Parlamento, puede tener otro criterio. Lo anterior traería enormes dificultades”.

De ahí que se prefiriera establecer en la Constitución. A pesar de este sentido, la mayoría busca alterarlo.

15. Que, por otra parte, no compartimos la inconstitucionalidad del proyecto declarado por la mayoría, en base a la presunta vigencia del plazo de la urgencia para informar que tendría la Corte Suprema. Nos fundamos, para sostener aquello, en las razones que anotamos a continuación.

16. Que, en primer lugar, se cumplió con la finalidad del procedimiento legislativo: discutir y aprobar leyes.

En efecto, el informe de la Corte Suprema es obligatorio pero no vinculante; es decir, se debe pedir, pero no seguir. “Los órganos colegisladores quedan facultados para reaccionar con entera libertad frente a lo opinado por la Corte Suprema, ya que la intervención de ésta es la de un órgano consultivo, pero no coparticipante en calidad de colegislador” (Silva Bascuñán, A.; ob. cit.; pág. 227-228).

Lo importante, por tanto, lo principal, no es el informe de la Corte Suprema; lo relevante es el proyecto de ley, al cual dicho informe puede ayudar. Y aquí el proyecto se despachó; el propósito del procedimiento se cumplió.

17. Que, en segundo lugar, existe un bien jurídico que el Congreso Nacional atendió adecuadamente: el pronto despacho de un proyecto de ley calificado con discusión inmediata.

Lo importante en un procedimiento es el resultado final. Por eso deben sacrificarse ciertos elementos en aras de ese propósito. Por ejemplo, el proyecto en cuestión tenía la calificación de discusión inmediata. Ello implica dos cosas de acuerdo a nuestro ordenamiento (artículo 27, LOCCN). Por una parte, el Congreso tiene tres días para su discusión y votación. Por la otra, el proyecto se discute en general y en particular a la vez. Es decir, en aras un pronto despacho, se sacrifican los ritmos y etapas comunes del análisis de un proyecto. Dicho sentido de resultado no es conciliable con que el Congreso, haciendo caso de la urgencia, se haya esforzado por aprobar el proyecto dentro del brevísimo tiempo que la discusión inmediata implica, y se le sancione con la inconstitucionalidad de uno de los preceptos aprobados por no haber esperado el informe de la Corte Suprema. El Congreso cumplió el mandato del artículo 74 constitucional de “pronunciarse dentro del plazo” que la urgencia implica.

18. Que, en tercer lugar, consideramos que resulta desproporcionada la sanción.

En efecto, hay que tener presente que la opinión de la Corte es para que sea considerada en el examen de un proyecto de ley por el Congreso. De ahí que si el proyecto se despachó, no tiene sentido el informe, pues no podrá ser evaluado o ponderado.

Pero en este caso particular, hay que considerar, además, que el informe de la Corte Suprema, contenido en el Oficio Nº 20, de 19 de marzo de dos mil diez, se contiene una opinión favorable al proyecto, sin que contenga ninguna propuesta de cambio o de perfeccionamiento del mismo. Se limita, más bien, a hacer una descripción de las normas que aquel contiene.

19. Que, por lo demás, el que la Corte Suprema deba evacuar su informe “dentro del plazo que implique la urgencia”, no significa que lo tenga que hacer el último día.

En esta situación, asimismo, era pública y notoria la rapidez con que los órganos colegisladores avanzaban en la tramitación del proyecto, por la razón social que el pago del bono implicaba y por lo urgente de llegar con este tipo de ayuda para los más necesitados dada el terremoto sufrido por el país. Ello imponía la máxima diligencia y generosidad de los órganos constitucionales.

20. Que, asimismo, queremos señalar que con ocasión del anterior bono extraordinario establecido en la Ley Nº 20.360, se produjo la misma situación reprochada en el presente proyecto por la mayoría, sin que se hubiere objetado la constitucionalidad del precepto en el respectivo control obligatorio. En efecto, el proyecto fue tramitado por el Congreso Nacional, a pesar de que estaba “pendiente” el plazo de la urgencia para que la Corte Suprema informara.

Para demostrar lo anterior, hay que señalar que en el Oficio Nº 8173, de 18 de junio de 2009, con que la Cámara de Diputados remitió a esta Magistratura el proyecto de ley para su respectivo control obligatorio, se señalaba lo siguiente: “Que esta Corporación envió en consulta a la Excma. Corte Suprema el proyecto, mediante oficio Nº 8150, de 10 de junio de 2009. La respuesta de esa Excma. Corte a esta Corporación no ha sido recibida a esta fecha.”. Por su parte, el Ejecutivo hizo presente en dos oportunidades la urgencia de discusión inmediata al respectivo proyecto: la primera vez, el 09 de junio de 2009, que venció el 12 de junio del mismo año; y la segunda, el 16 de junio de 2009, que venció el 19 de junio de ese mismo año. Nótese que el oficio de la Cámara de Diputados con que se remite el proyecto al Tribunal Constitucional es de 18 de junio. Ahora bien, el Congreso Nacional despachó el proyecto el mismo día 18. De la respuesta de la Corte Suprema se dio cuenta en la Cámara de Diputados y, por lo mismo, ésta tomo conocimiento, recién el día 30 de junio de 2009.

21. Que por todas estas razones, los disidentes consideramos que el artículo del proyecto objetado por la mayoría, no tiene el vicio de forma que se le reprocha.

Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben y la disidencia, el Ministro señor Carlos Carmona Santander.

Devuélvase el proyecto a la Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por la Secretaria del Tribunal, oficiándose.

Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese.

Rol 1.651-10-CPR.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por sus Ministros señores Marcelo Venegas Palacios (Presidente), José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander y José Antonio Viera-Gallo Quesney.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente Olguín.

?VALPARAÍSO, 24 de marzo de 2010

Oficio Nº 8622

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio Nº 8613, de 18 de marzo de 2010, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos (boletín N° 6852-05), en atención a que el inciso tercero del artículo 1° del proyecto, contiene materias propias de normas de carácter orgánico constitucional.

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, por oficio recibido en el día de hoy, ha remitido la sentencia recaída en la materia, en la cual declara que el inciso tercero del artículo 1°, es inconstitucional y debe ser eliminado de su texto.

En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el artículo 93, Nº 1, de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley Nº 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 31 de diciembre de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento, se preferirá siempre a la madre beneficiaria.

En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contado desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 31 de diciembre de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.

Igualmente, tendrán derecho a un bono de $40.000 por familia, ya sea que ésta esté compuesta por una o más personas, aquellas que, al 31 de diciembre de 2009 estén registradas en el Sistema de Protección Social "Chile Solidario", conforme a los registros que al efecto mantiene el Ministerio de Planificación, y que no se encuentren en el supuesto del articulo 7° de la ley N° 19.949, las que en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.

El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, y a partir del mes en que se publique esta ley. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.

Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, o a quien corresponda, según lo dispuesto en el inciso segundo, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 150, para el caso de las asignaciones familiares.

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley.

En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.

Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley Nº 150 y en el artículo 2° de la ley Nº 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley Nº 19.949, el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.

Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1º de la presente ley, se financiará con cargo a la asignación correspondiente de la Partida respectiva del Tesoro Público.".

Acompaño a V.E. copia de la sentencia.

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES

Presidenta de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados