1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 18 de abril, 2016. Mensaje en Sesión 15. Legislatura 364.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA ASIGNACIÓN DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.

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SANTIAGO, 18 de abril de 2016.-

MENSAJE Nº 032-364/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, he resuelto someter a vuestra consideración el presente proyecto de ley que otorga una asignación de productividad al personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación.

I. ANTECEDENTES.

La presente iniciativa se materializa como fruto de un acuerdo suscrito el día 6 de noviembre del año 2015 entre el Gobierno y la Asociación de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (ANERCICH). Con ella se busca instalar como eje modernizador la necesidad de producir servicios de calidad en el aparato público, para mejorar la atención de los ciudadanos.

Esta iniciativa legal constituye un incentivo para que los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el otorgamiento de una asignación vinculada al cumplimiento de metas, otorguen a los ciudadanos servicios de manera eficaz y eficiente.

II. CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY.

El proyecto de ley crea una asignación de productividad para el personal de planta y a contrata que desempeña labores en el Servicio de Registro Civil e Identificación, con excepción del personal que se encuentra afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.

A continuación, se dispone que la asignación de productividad corresponderá a los funcionarios que se encuentren en funciones a la fecha de pago de aquélla y que, además, hubieren desempeñado servicios efectivos y continuos, durante, a lo menos, 6 meses de aquel año calendario en que se deban cumplir las respectivas metas. Se excluyen del pago de esta asignación, aquellos funcionarios que se encontraren calificados en lista 3, condicional, o lista 4, de eliminación.

La asignación será tributable e imponible, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Esta asignación será anual, pagadera, en régimen, en dos cuotas iguales, en los meses de abril y noviembre de cada año.

El otorgamiento de la asignación se realizará en función del cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las Direcciones Regionales y, en el Nivel Central del Servicio, sobre la base de una Programación Estratégica. Dicha Programación podrá tener una vigencia superior a un año y que deberá ser aprobada mediante decreto expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La evaluación del cumplimiento de las metas será efectuada por evaluadores externos al Servicio.

El presente proyecto regula, asimismo, la suspensión de la evaluación de las metas establecidas de acuerdo al procedimiento señalado, respecto de aquellas Direcciones Regionales y/o el Nivel Central, en las cuales se produzcan casos fortuitos o de fuerza mayor.

En la situación señalada anteriormente, el porcentaje de la asignación que percibirán los funcionarios de las Direcciones Regionales o del Nivel Central corresponderá al asignado al tramo en que se clasificó el establecimiento el año anterior.

Finalmente, el articulado permanente del proyecto establece normas sobre la fórmula de cálculo de la asignación máxima anual que corresponda pagar a cada funcionario, y realiza remisiones al reglamento que deberá dictarse por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los artículos primero y segundo transitorios establecen las reglas que serán aplicables para el otorgamiento y pago de la asignación durante los años 2016 y 2017, estableciendo un procedimiento especial de fijación de metas.

Por último, se contempla la oportunidad en que deberá fijarse la primera Programación Estratégica del Servicio de Registro Civil e Identificación para el otorgamiento de la asignación que establece la presente iniciativa. En todo lo no regulado especialmente para dichos años, se aplicarán las normas permanentes señaladas en esta iniciativa legal

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.-Establécese una asignación de productividad para el personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación, en adelante el "Servicio", con excepción de aquel que se encuentra afecto a las disposiciones del Título VI de la ley N°19.882.

Artículo 2°.- Tendrán derecho a la asignación establecida en el artículo 1° los funcionarios que se encuentren en funciones a la fecha de pago de aquélla y que, además, hubieren desempeñado servicios efectivos y continuos durante, a lo menos, 6 meses del año calendario en que se deban cumplir las metas.

No tendrán derecho a percibir esta asignación los funcionarios que sean calificados en lista 3, condicional, o lista 4, de eliminación.

La asignación será tributable e imponible, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. La asignación será anual, pagadera en dos cuotas iguales, en los meses de abril y noviembre de cada año.

Artículo 3°.-El otorgamiento de la asignación que establece la presente ley se sujetará a las reglas siguientes:

a) Se concederá en función del cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las Direcciones Regionales y en el Nivel Central del Servicio, y se determinará en relación con el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas de acuerdo al procedimiento contemplado en los literales siguientes.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por Nivel Central del Servicio a la Dirección Nacional y las Subdirecciones, Departamentos y demás Unidades dependientes de aquélla.

b) El Subsecretario de Justicia fijará una Programación Estratégica para el Servicio, la cual deberá considerar para su formulación el Programa de Mejoramiento de la Gestión a que se refiere el artículo 6° de la ley N°19.553; los resultados del Índice de Satisfacción Neta de los Usuarios a que se refiere la ley N° 20.342; las prioridades del Gobierno y de la Subsecretaría de Justicia; la planificación del Servicio de Registro Civil e Identificación y su presupuesto.

Dicha Programación Estratégica, que podrá tener una vigencia superior a un año, deberá ser aprobada mediante decreto expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

c) El Servicio, sobre la base de la Programación Estratégica, propondrá al Subsecretario de Justicia indicadores o instrumentos de similar naturaleza, metas anuales y mecanismos de verificación de los mismos.

d) El Subsecretario de Justicia fijará los indicadores o instrumentos de similar naturaleza, y metas anuales que deberán cumplir cada una de las Direcciones Regionales y el Nivel Central del Servicio, como asimismo, sus instrumentos de control y evaluación; todo lo cual deberá ser aprobado anualmente mediante decreto expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República" por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para tales efectos, el Subsecretario de Justicia podrá considerar la propuesta señalada en el literal anterior.

e) La evaluación del cumplimiento de las metas será efectuada por evaluadores externos al Servicio.

La contratación de dichos evaluadores se efectuará por la Subsecretaría de Justicia a través del procedimiento dispuesto en la ley N°19.886, y será de su cargo. Del mismo modo, se podrán realizar auditorías selectivas a las bases de datos, procesos de trabajos y procedimientos que permitan verificar la información proporcionada por el Servicio, a través de evaluadores externos que serán contratados por la Subsecretaría de Justicia del modo antes señalado. Dicha Subsecretaría sólo podrá realizar observaciones técnicas al informe de evaluación de cumplimiento de metas realizado por un evaluador externo.

f) El grado de cumplimiento de las metas para el pago de la asignación se medirá de modo separado para cada Dirección Regional y del Nivel Central del Servicio, correspondiendo a cada una de ellas un pago de la asignación en función de su respectivo nivel de cumplimiento.

g) Un decreto expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señalará el nivel de cumplimiento para el pago de la asignación en cada Dirección Regional y el Nivel Central que se hubiere alcanzado anualmente.

h) Los resultados de la evaluación serán publicados en la página web del Servicio y, asimismo, incluidos en la cuenta pública institucional a nivel regional y en el Balance de Gestión Institucional.

i) El nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el año precedente dará derecho al pago de la asignación en los porcentajes que a continuación se indican:

Artículo 4°.- Se podrá suspender la evaluación de aquellas Direcciones Regionales y/o del Nivel Central, cuando se produzcan hechos constitutivos de caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento.

En todo caso, la suspensión de la evaluación, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso anterior, deberá ser ordenada mediante resolución exenta del Subsecretario de Justicia, la cual deberá indicar los medios de verificación de la ocurrencia de las causales y su calificación. Además, se requerirá previamente un informe de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En la situación señalada anteriormente, el porcentaje de la asignación que percibirán los funcionarios de las Direcciones Regionales o del Nivel Central a los que no se les aplicó la evaluación, corresponderá al asignado al tramo en que se clasificó al establecimiento el año anterior.

En el evento que el Subsecretario de Justicia no haga uso de la facultad señalada en los incisos anteriores, podrá revisar y redefinir las metas fijadas para el año respectivo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

Artículo 5°.- Un Reglamento expedido mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito además por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de medir y ponderar los indicadores o instrumentos de similar naturaleza; los mecanismos de control de las metas anuales; la manera de determinar los distintos porcentajes de esta asignación; la forma de determinar la asignación respecto de los funcionarios que cambian de Dirección Regional o del Nivel Central; el calendario de elaboración, fijación y evaluación de las metas anuales; los procedimientos de reclamación; las causas, procedimientos de revisión y redefinición de metas; las normas transitorias para su aplicación; los mecanismos de consulta e información a los funcionarios y a las asociaciones del Servicio y, asimismo, toda otra norma necesaria para el adecuado otorgamiento de la asignación que establece la presente ley. Además, podrá fijar el calendario y contenidos mínimos para la elaboración de la Programación Estratégica del Servicio.

Artículo 6°.- A contar del año 2017, los recursos presupuestarios que trata esta ley sólo podrán concederse hasta por un máximo anual de $1.650.000 miles. El 31 de diciembre de 2018, el monto antes señalado se convertirá a unidades de fomento al valor que ésta tenga a dicha fecha.

La asignación máxima anual a pagar a cada funcionario corresponderá al resultado que se obtenga de dividir el monto señalado en el inciso anterior por la dotación máxima de personal autorizada para el Servicio en el año correspondiente al pago. El valor de la unidad de fomento a considerar para este cálculo será la que ésta tenga al 31 de marzo del año correspondiente al pago de la asignación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Durante el año 2016, el pago de la asignación que trata la presente ley se sujetará a las normas siguientes:

a) Los recursos presupuestarios de los que trata el artículo 6° de esta ley sólo podrán concederse hasta por un monto máximo anual de $412.500 miles.

b) Los indicadores o instrumentos de similar naturaleza y las metas para dicho año estarán dados por los porcentajes de Tramitación de Cédulas de Identidad para Extranjeros, el Otorgamiento e Inscripción en el Registro de Posesiones Efectivas y el Registro de Transferencias al Registro de Vehículos Motorizados, todos dentro de un plazo determinado. El Subsecretario de Justicia, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la presente ley, determinará las metas para cada Dirección Regional y el Nivel Central y el período de medición de ellas. No se aplicará lo dispuesto en las letras b), c), d) e i) del artículo 3° de la presente ley.

c) La evaluación del cumplimiento de las metas señaladas en la letra anterior, se efectuará por la Subsecretaría de Justicia a más tardar el 15 de septiembre de 2016 y será informado el resultado de la evaluación a la asociación de funcionarios del Servicio. No se aplicará lo dispuesto en la letra e) del artículo 3° y el artículo 4° de la presente ley.

d) El nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el año 2016 dará derecho al pago de la asignación en los porcentajes que a continuación se indican:

e) Mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", que deberá ser dictado a más tardar el 30 de septiembre de 2016, se señalará el nivel de cumplimiento de las metas para el pago de la asignación para cada una de las Direcciones Regionales y el Nivel Central. El pago de la asignación establecida en la presente ley se efectuará en una sola cuota en el mes de octubre de 2016.

Artículo Segundo.- Durante el año 2017, el pago de la asignación de la presente ley se sujetará a las normas siguientes:

a) Los recursos presupuestarios que trata el artículo 6° de esta ley sólo podrán concederse hasta por un máximo anual de $1.650.000 miles.

b) Los indicadores o instrumentos de similar naturaleza y las metas para el año 2017, estarán dados por los porcentajes de Tramitación de Cédulas de Identidad para Extranjeros, el Otorgamiento e Inscripción en el Registro de Posesiones Efectivas y el Registro de Transferencias al Registro de Vehículos Motorizados. El Subsecretario de Justicia en el mes de Noviembre de 2016 determinará las metas e indicadores o instrumentos de similar naturaleza para cada Dirección Regional y el Nivel Central, las cuales deberán cumplirse, entre el 1° de Enero y el 31 de Julio de 2017. No se aplicará lo dispuesto en las letras b), c),d) e i) del artículo 3° de la presente ley.

c) La evaluación de cumplimiento de las metas que permitan el pago de la asignación en el año 2017 se efectuará por evaluadores externos de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 3° de la presente ley y será informado el resultado de la evaluación a la asociación de funcionarios del Servicio.

d) El nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el año 2017 dará derecho al pago de la asignación en los porcentajes establecidos en la letra d) del artículo anterior.

e) Mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", que deberá ser dictado a más tardar el 30 de septiembre de 2017, se señalará el nivel de cumplimiento de las metas de cada Dirección Regional y del Nivel Central. El pago de la asignación se efectuará en dos cuotas, en los meses de octubre y diciembre de 2017.

Artículo Tercero.- La primera Programación Estratégica del Servicio se fijará a más tardar el 30 de noviembre de 2016, mediante decreto expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo Cuarto.-El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.”.

Dios guarde a V.E.,

Michelle Bachelet Jeria

Presidenta de la República

Rodrigo Valdés Pulido

Ministro de Hacienda

Javiera Blanco Suárez

Ministra de Justicia

y Derechos Humanos

1.2. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 01 de junio, 2016. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 29. Legislatura 364.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA ASIGNACIÓN DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.

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BOLETÍN N° 10.627-07-1

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

Para el despacho de esta iniciativa, S.E. la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “suma” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de quince días para afinar su tramitación, término que vence el día 15 de junio próximo por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 31 de mayo, recién pasado.

Durante la discusión de este proyecto de ley, vuestra Comisión contó con la asistencia de la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco; del Subsecretario de Justicia, señor Ignacio Suárez; del Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Luis Acevedo; de los asesores del Ministerio de Justicia, señorita Renata Sandrini y señor Ignacio Castillo y de la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, señora Nelly Díaz.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es la de otorgar una asignación de productividad para el personal de planta y a contrata que desempeña labores en el Servicio de Registro Civil e Identificación, con excepción del personal que se encuentra afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

Se encuentra en esta situación el párrafo final del inciso segundo de la letra e) del artículo 3° que señala: “Dicha Subsecretaría sólo podrá realizar observaciones técnicas al informe de evaluación de cumplimiento de metas realizado por un evaluador externo.”.

Acontece que limitar el accionar de la autoridad administrativa (Subsecretaría) a “sólo poder realizar observaciones técnicas”, constituye una excepción al principio de la responsabilidad administrativa, consagrado en los artículos 18 [1] y 61 y siguientes de la ley N°18.575, sobre bases generales de la administración del Estado.

En el mismo sentido, un antecedente que debe tenerse en consideración es la ley N°20.342, que crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación. Dicho cuerpo legal, en su artículo 4° [2], también consideró una evaluación externa de los funcionarios de dicho Servicio para el otorgamiento de una asignación monetaria pero, con la salvedad, de que el resultado de la misma sería un “antecedente” a considerar para la dictación del decreto que concedería el beneficio y, por ende, no tendría un carácter vinculante.

Por otra parte, no obstante que se señala en el proyecto que un reglamento determinará el procedimiento de reclamación (artículo 5°) no es claro que permitirá la impugnación del referido informe. Con ello, se estaría alterando el derecho a impugnar las decisiones administrativas, dispuesto en el artículo 10 de la ley orgánica constitucional [3], antes citada.

Ambos argumentos, hacen necesario aprobar esta disposición con quórum de norma orgánica constitucional.

3) Normas de quórum calificado.

No hay.

4) Requiere trámite de Hacienda.

Si.

5) El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.

En sesión 191ª, de 1° de junio de 2016, se aprobó en general por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Farcas, don Daniel; Rincón, don Ricardo; Saldívar, don Raúl; Santana, don Alejandro; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

6) Se designó Diputado Informante al señor Trisotti, don Renzo.

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I.- ANTECEDENTES GENERALES.

1.- Objetivos del mensaje.

Señala el Ejecutivo que dicha iniciativa se materializa como fruto de un acuerdo suscrito el día 6 de noviembre del año 2015 entre el Gobierno y la Asociación de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (ANERCICH). Con ella se busca instalar como eje modernizador la necesidad de producir servicios de calidad en el aparato público, para mejorar la atención de los ciudadanos.

Agrega que, este proyecto constituye un incentivo para que los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el otorgamiento de una asignación vinculada al cumplimiento de metas, otorguen a los ciudadanos servicios de manera eficaz y eficiente.

2.- Contenido del proyecto.

El proyecto de ley crea una asignación de productividad para el personal de planta y a contrata que desempeña labores en el Servicio de Registro Civil e Identificación, con excepción del personal que se encuentra afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.

A continuación, se dispone que la asignación de productividad corresponderá a los funcionarios que se encuentren en funciones a la fecha de pago de aquélla y que, además, hubieren desempeñado servicios efectivos y continuos, durante, a lo menos, 6 meses de aquel año calendario en que se deban cumplir las respectivas metas. Se excluyen del pago de esta asignación, aquellos funcionarios que se encontraren calificados en lista 3, condicional, o lista 4, de eliminación.

Esta asignación será tributable e imponible, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además, será anual, pagadera, en régimen, en dos cuotas iguales, en los meses de abril y noviembre de cada año.

Añade el Ejecutivo que el otorgamiento de la asignación se realizará en función del cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las Direcciones Regionales y, en el Nivel Central del Servicio, sobre la base de una Programación Estratégica. Dicha Programación podrá tener una vigencia superior a un año y que deberá ser aprobada mediante decreto expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La evaluación del cumplimiento de las metas será efectuada por evaluadores externos al Servicio.

Asimismo, se regula la suspensión de la evaluación de las metas establecidas de acuerdo al procedimiento señalado, respecto de aquellas Direcciones Regionales y/o el Nivel Central, en las cuales se produzcan casos fortuitos o de fuerza mayor.

En la situación señalada anteriormente, el porcentaje de la asignación que percibirán los funcionarios de las Direcciones Regionales o del Nivel Central corresponderá al asignado al tramo en que se clasificó el establecimiento el año anterior.

Finalmente, el proyecto establece normas sobre la fórmula de cálculo de la asignación máxima anual que corresponda pagar a cada funcionario, y realiza remisiones al reglamento que deberá dictarse por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los artículos primero y segundo transitorios establecen las reglas que serán aplicables para el otorgamiento y pago de la asignación durante los años 2016 y 2017, estableciendo un procedimiento especial de fijación de metas.

Por último, se contempla la oportunidad en que deberá fijarse la primera Programación Estratégica del Servicio de Registro Civil e Identificación para el otorgamiento de la asignación que establece la presente iniciativa. En todo lo no regulado especialmente para dichos años, se aplicarán las normas permanentes señaladas en esta iniciativa legal

II.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

1.- Discusión General.

El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por vuestra Comisión en su sesión 191ª, de fecha 1° de junio del 2016, por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Farcas, don Daniel; Rincón, don Ricardo; Saldívar, don Raúl; Santana, don Alejandro; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Durante la discusión general la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, destacó que esta asignación sería inédita al incorporar una indicación de productividad en este Servicio. Recordó que el Registro Civil es un servicio de más de tres mil funcionarios, que se hace cargo de más de dos millones de gestiones, incluyendo carnet de identidad, pasaporte, matrimonios, etc. Este indicador de productividad y su beneficio asociado, tendrá además la particularidad de hacerse a nivel de cumplimiento de metas tanto a nivel nacional como regional. Explicó que la propuesta es otorgar este beneficio a partir de octubre de este año y en régimen a partir del 2018.

Añadió que ya existe una experiencia del Servicio en cuanto a medición externa, como lo es el Índice de Satisfacción de Usuarios, que lo ubica en estándares internacionales y explica que pueda hacerse cargo de la gran cantidad de trámites tanto a nivel presencial como virtual.

El Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Luis Acevedo, informó de los antecedentes de este proyecto, señalando que la asignación se materializa como fruto del acuerdo suscrito el día 6 de noviembre del año 2015 entre el Gobierno y la Asociación de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (ANERCICH). En síntesis, indicó que constituye un incentivo para que los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el otorgamiento de una asignación vinculada al cumplimiento de metas, otorguen a los ciudadanos servicios de manera eficaz y eficiente.

Explicó que la cobertura y características de la asignación, están dadas por lo dispuesto en el artículo 1° y 2°, disposiciones que establecen la asignación para los funcionarios: (i) que se encuentren en funciones a la fecha de pago de aquélla; (ii) que hubieren desempeñado servicios efectivos y continuos durante a lo menos 6 meses de aquel año calendario; y (iii) que no se encontraren calificados en lista 3-condicional, o lista 4-de eliminación.

En cuanto al procedimiento de otorgamiento de la asignación, el artículo 3° establece las reglas que deberán cumplirse, destacando:

(a) la dimensión territorial de la asignación, ya que esta se concederá en función del cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las Direcciones Regionales y en el Nivel Central del Servicio;

(b) que el Subsecretario de Justicia fijará una Programación Estratégica para el Servicio, la cual deberá considerar para su formulación el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), los resultados del Índice de Satisfacción Neta (ISN) de los Usuarios, las prioridades del Gobierno y de aquella Secretaría de Estado, la planificación del Servicio de Registro Civil e Identificación y su presupuesto. El Director explicó que a través de la Programación Estratégica se busca poder hacer más eficiente el servicio, la cual tomará en cuenta los demás instrumentos para no replicar funciones.

(c) será el Servicio, sobre la base de la Programación Estratégica, el que propondrá al Subsecretario de Justicia indicadores o instrumentos de similar naturaleza, metas anuales y mecanismos de verificación de los mismos;

(d) el Subsecretario de Justicia fijará los indicadores o instrumentos de similar naturaleza, y metas anuales que deberán cumplir cada una de las Direcciones Regionales y el Nivel Central del Servicio, como asimismo, sus instrumentos de control y evaluación;

(e) la evaluación del cumplimiento de las metas será efectuada por evaluadores externos al Servicio. La contratación de dichos evaluadores se efectuará por la Subsecretaría de Justicia y se podrán realizar además auditorías selectivas a las bases de datos, procesos de trabajo y procedimientos. Dicha Subsecretaría sólo podrá realizar observaciones técnicas al informe de evaluación de cumplimiento de metas realizado por un evaluador externo.

(f) el grado de cumplimiento de las metas para el pago de la asignación se medirá de modo separado para cada Dirección Regional y la Oficina Central del Servicio, correspondiendo a cada una de ellas un pago de la asignación en función de su respectivo nivel de cumplimiento.

(g) Un decreto señalará el nivel de cumplimiento para el pago de la asignación en cada Dirección Regional y el Nivel Central que se hubiere alcanzado anualmente.

(h) Los resultados de la evaluación serán publicados en la página web del Servicio y, asimismo, incluidos en la cuenta pública institucional a nivel regional y en el balance de gestión institucional.

(i) El nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el año precedente, dará derecho al pago de la asignación en los porcentajes que a continuación se indican:

Respecto a la suspensión del instrumento de evaluación, el artículo 4° dispone que se podrá suspender la evaluación, respecto de aquellas Direcciones Regionales y/o el Nivel Central, en las cuales se produzcan casos fortuitos o de fuerza mayor, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento. Dicha suspensión deberá ser ordenada mediante resolución exenta del Subsecretario de justicia, la cual deberá indicar los medios de verificación de la ocurrencia de las causales y su calificación, además se requerirá previamente un informe de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este caso, el porcentaje de la asignación que percibirán los funcionarios a los que no se les aplicó la evaluación, corresponderá al asignado al tramo en que se clasificó el establecimiento el año anterior.

En seguida, explicó que el artículo 5° aborda el reglamento de la ley, el que podrá fijar el calendario y contenidos mínimos para la elaboración de la Programación Estratégica del Servicio; la forma de medir y ponderar los indicadores o instrumentos de similar naturaleza; los mecanismos de control de las metas anuales; la manera de determinar los distintos porcentajes de esta asignación; la forma de determinar la asignación respecto de los funcionarios que cambian de Dirección Regional o del Nivel Central; el calendario de elaboración, fijación y evaluación de las metas anuales; los procedimientos de reclamación; las causas, procedimientos de revisión y redefinición de metas; las normas transitorias para su aplicación; los mecanismos de consulta e información a los funcionarios y a las asociaciones del Servicio y, en general, toda otra norma necesaria para el adecuado otorgamiento de la asignación que establece la presente ley.

En cuanto a los recursos, el artículo 6° establece que a contar del año 2017, los recursos presupuestarios que trata esta ley sólo podrán concederse hasta por un máximo anual de $1.650.000 miles. La asignación máxima anual a pagar a cada funcionario corresponderá al resultado que se obtenga de dividir el monto señalado en el inciso anterior por la dotación máxima de personal autorizada para el Servicio en el año correspondiente al pago.

A continuación, explicó que los artículos siguientes contienen las normas transitorias de la ley. En virtud de estas el año 2016:

(a) sólo podrán concederse recursos hasta por un monto máximo anual de $412.500 miles;

(b) los indicadores o instrumentos de similar naturaleza y las metas para dicho año estarán dados por los porcentajes de Tramitación de Cédulas de Identidad para Extranjeros, el Otorgamiento e Inscripción en Registro de Posesiones Efectivas y el Registro de Transferencias al Registro de Vehículos Motorizados. El Subsecretario de Justicia dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la presente ley determinará las metas para cada Dirección Regional y el Nivel Central y el período de medición de ellas. No se aplicará lo dispuesto en las letras b), c), d) e i) del artículo 3° de la presente ley (Programación Estratégica y Porcentaje de cumplimiento);

(c) la evaluación del cumplimiento de la metas señalada en la letra anterior, se efectuará por la Subsecretaría de Justicia, a más tardar el 15 de septiembre de 2016 y será informado el resultado de la evaluación a la asociación de funcionarios del Servicio. La evaluación del cumplimiento de las metas no será efectuada por evaluadores externos al Servicio. No se aplicará lo dispuesto en la letra e) del artículo 3° y el artículo 4° de la presente ley (evaluación externa del cumplimiento y procedimiento de suspensión del instrumento de evaluación);

(d) el nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el año 2016 dará derecho al pago de la asignación en los porcentajes que a continuación se indican:

(e) mediante decreto que deberá ser dictado a más tardar el 30 de septiembre de 2016, se señalará el nivel de cumplimiento de las metas para el pago de la asignación para cada una de las Direcciones Regionales y el Nivel Central. El pago de la asignación establecida en la presente ley se efectuará en una sola cuota en el mes de octubre de 2016.

Para el año 2017, el pago de la asignación se sujetará a las normas siguientes:

(a) los recursos presupuestarios destinados por la ley sólo podrán concederse hasta por un máximo anual de $1.650.000 miles.

(b) Los indicadores o instrumentos de similar naturaleza y las metas para dicho año estarán dados por los porcentajes de Tramitación de Cédulas de Identidad para Extranjeros, el Otorgamiento e Inscripción en Registro de Posesiones Efectivas y el Registro de Transferencias al Registro de Vehículos Motorizados. El Subsecretario de Justicia en el mes de noviembre de 2016 determinará las metas e indicadores o instrumentos de similar naturaleza para cada Dirección Regional y el Nivel Central, las cuales deberán cumplirse entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2017. No se aplicará lo dispuesto en las letras b), c),d) e i) del artículo 3° de la presente ley (Programación Estratégica y Porcentaje de cumplimiento).

(c) La evaluación de cumplimiento de las metas que permitan el pago de la asignación en el año 2017 se efectuará por evaluadores externos, y será informado el resultado de la evaluación a la asociación de funcionarios del Servicio.

(d) el nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el año 2017 dará derecho al pago de la asignación en los porcentajes establecidos en la letra d) del artículo anterior (Tabla Ajustada).

(e) mediante decreto que deberá ser dictado a más tardar el 30 de septiembre de 2017, se señalará nivel de cumplimiento de las metas de cada Dirección Regional y del Nivel Central. El pago de la asignación se efectuará en dos cuotas, en los meses de octubre y diciembre de 2017.

Por último, informó que el artículo tercero transitorio establece que la primera Programación Estratégica del Servicio se fijará a más tardar el 30 de noviembre de 2016; y que el artículo cuarto transitorio dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

La Ministra señora Blanco, resumió señalando que se trata de un indicador de productividad para medir un Servicio, que será calculado en base a parámetros a definir en un reglamento y que serán evaluados por externos. Destacó además el cálculo a nivel de Direcciones Regionales y el hecho de que un cumplimiento menor de 75% implica no recibir la asignación. Por ultimo, destacó las normas transitorias de pago de esta asignación.

El diputado señor Coloma informó que ha solicitó los resultados de los PMG el 2014 y 2015 y se advierte que la gran mayoría tiene un cumplimiento superior al 90%, lo que demuestra que muchas veces estos incentivos terminan siendo más de papel que reales mejoras del Servicio. Por lo que hizo un llamado a que en su implementación esto no se transforme en un incentivo remuneracional fijo y que de verdad signifique un esfuerzo en materia de gestión.

El diputado señor Rincón respaldó el proyecto y consultó si hay espacio para mayor innovación tecnológica en el Servicio. Explicó que históricamente este Servicio se ha destacado por su mejoramiento y excelencia, pero es necesario retomar esta senda de mejora permanente.

El diputado señor Saldívar, por su parte, también destacó este proyecto y su contribución en la modernización del Estado. En su opinión, los PMG en un principio fueron de muy alto impacto, pero luego estos incentivos se relajaron, por lo que destacó que estas evaluaciones sean realizadas por externos. En este sentido, consultó si los PMG serían incompatibles con esta asignación y si el impacto de los PMG ha sido medido.

El diputado señor Ceroni preguntó cuál sería la diferencia entre el nivel central y las direcciones regionales para efectos de calcular esta asignación. Además, puntualizó que si es el mismo servicio el que propone la evaluación estratégica, sería una parte interesada la que propondría los términos. Respecto al monto de $1650 millones de pesos, preguntó si es este el máximo monto a repartir.

El diputado Monckeberg, don Cristián consultó qué participación tuvieron los funcionarios en la generación de este proyecto y cuánto influyó el reciente proceso de movilizaciones. Respecto a las reglas de evaluación, preguntó cómo funcionarán los evaluadores externos y qué rol tendrá la Subsecretaría de Justicia, es decir, cuál es el alcance de realizar "observaciones técnicas". Además, sobre la tabla que define los porcentajes de la asignación, preguntó cuál sería el 100% que se considera. Preguntó también la lógica y funcionamiento de la suspensión de la evaluación.

El señor Acevedo señaló que los procesos que estarían midiéndose corresponden a procesos internos relevantes y determinantes. En este sentido, destacó los tres productos estratégicos que se medirán próximamente: la obtención de cedula para extranjeros, el otorgamiento de posesiones efectivas y el registro de vehículos motorizados. Estos tres productos son emblemáticos y no habían sido medidos anteriormente, por lo que serán estimulados a través de esta asignación de productividad.

Respecto a la modernización, confirmó que existe un proceso de modernización tanto hacia adentro, como hacia afuera. Hacia adentro en el sentido de revisar cómo funciona el servicio y la gestión de personal; y hacia afuera, en la ejecución de las nuevas leyes (por ejemplo respecto de los acuerdos de unión civil) y cómo llevar el registro civil hacia el territorio (han desarrollado móviles y atenciones en terreno), fortaleciendo el servicio digital, el pago a través de transbank, etc. Además, indicó que están apoyando una moción parlamentaria para perfeccionar la inscripción de nacimiento y defunción, para que estos hechos vitales puedan inscribirse en oficinas más allá de donde sucedió el hecho. Explicó que esta metodología ya fue probada durante las inscripciones de emergencia durante las movilizaciones. También están trabajando en la digitalización de todos los trámites que sean digitalizables, poniendo particular énfasis en la clave única. Todos estos hitos de modernización se están llevando a cabo hacia afuera y hacia dentro.

Con relación al PMG, explicó que este tiene objetivos distintos. En esta asignación se considerarán los PMG, ISN, la programación del servicio, etc., lo que quiere decir que se tendrán a la vista para no medir dos veces lo mismo. El PMG sí fue medido el año 2015 y se obtuvo un altísimo grado de cumplimiento, por ejemplo, cumpliendo con la meta de entrega de cedula de identidad en tan solo cuatro días.

Respecto a las diversas mediciones a nivel territorial, señaló que se acordó medir en forma diferenciada, como una medida de descentralización y se hará a través de indicadores y metas diferenciados, que serán parte de la normativa posterior.

Sobre la propuesta del Servicio, aclaró que busca garantizar una programación estratégica acorde a la programación del propio servicio y destacó que participarán también otros actores. Respecto a las movilizaciones, explicó que se formó una mesa de trabajo donde se discutieron estas materias, pero este proyecto expresa la visión del Gobierno, y por ejemplo, se excluyeron a los funcionarios que no estén en lista 1 y 2. Precisó que las movilizaciones del año 2015 concluyeron con un protocolo de acuerdo que fue precisamente el que dio origen a este proyecto de ley.

Respecto a la intervención del Subsecretario de Justicia, explicó que este solo podrá hacer observaciones técnicas, lo que implica que no podrá guiar las mediciones de entidades externas. Enfatizó que no se trata de modificar los resultados y que es el mismo rol que se le reconoce en el índice de satisfacción neta.

La Ministra señora Blanco explicó que respecto del índice de satisfacción neta el Ministerio observó que el indicador de existencia de ramplas para discapacidad no dependía de los funcionarios y por lo tanto no debía ser evaluado.

El diputado Monckeberg, don Cristián, recalcó que lo relevante es aclarar que la facultad de hacer observaciones técnicas no pueda influir en el informe final de los evaluadores externos.

El señor Acevedo señaló que esta facultad justamente busca limitar la discrecionalidad administrativa, de ahí que se explicite que las observaciones solo puedan ser de carácter técnico.

La Ministra señora Blanco explicó además que estos indicadores no se construyen para cada funcionario, sino para toda la Dirección Regional o Nacional, excluyendo a quienes no estén en lista 1 y 2, y aquellos provenientes de la Alta Dirección Pública.

El señor Acevedo explicó que el funcionamiento de la suspensión de la asignación responde a la necesidad de reaccionar frente a la medición diferenciada a nivel territorial. No se trata de suspender la evaluación en caso de paro o movilizaciones, sino en evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente definido en el Reglamento.

La presidenta de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil (Anercich), señora Nelly Díaz, señaló que el servicio tiene más de 3.000 funcionarios, 70 % de los cuales son mujeres. El año pasado tras 39 días de una dolorosa movilización, se llegó a un acuerdo con el gobierno sobre un bono de productividad. Tienen apreciaciones sobre el proyecto.

El bono de productividad fue originalmente propuesto por el Ejecutivo, no nació de los trabajadores. Sin embargo, hay cosas, hay indicaciones que les gustaría se acogiesen.

En primer término lo relativo a la imponibilidad. La idea de los funcionarios es que la asignación no fuera imponible ni tributable. Sobre 800 funcionarios son mujeres mayores a 50 y hombres sobre 60 años, y para ellos, el que sea imponible no significará mucho para su futura pensión. Si al final, se quiere que sea imponible, que ello sea de cargo del empleador, del Estado [4].

En segundo, lo relativo a metas de cumplimiento. Las metas propuestas, en particular para lograr el 100% de asignación, que requiere el 95%, es muy alta. En los programas de mejoramiento de gestión (PMG) han tenido buenos resultados, pero si se alcanza sólo el 94%, no se tendría acceso al 100%. Se medirá tres funciones, cédulas para extranjeros, transferencias en vehículos motorizados, posesiones efectivas, pero 95% es demasiado alto para cumplir con la meta, y si se empieza al 95% no tienen margen de crecimiento para los futuros años, el bono nacería muerto para los demás años.

En concreto, su propuesta en la materia fue la siguiente:

Una tercera materia se refiere a la distribución de recursos. La ley N° 20.342, del 2008, dispuso que el dinero, el estado financiero, se dividiera entre la dotación máxima del servicio. Pero esa ley es para todos, y esta no lo es, acá se excluye a la alta dirección pública, y además pone condiciones para obtenerlo. En tal sentido, el dinero no debiese dividirse por la dotación máxima, sino por quienes percibirán el beneficio. Si la ley no es para todos, no se puede dividir entre todos.

En cuanto a la medición, el proyecto distingue las metas a nivel nacional de las regionales. Pero las tres materias que serán medidas tienen realidades diversas en lo regional y lo nacional. El bono que se pagó antiguamente por PMG, que medía regionalmente, o por las calificaciones personales, terminó creando divisionismo entre los trabajadores del sector público. Por ello, prefieren que la medición sea nacional, así todos se ayudan entre todos.

Respecto a las fechas de fijación del monto en UF, no estaban de acuerdo que ello ocurriera en diciembre de 2018. Al menos que la fijación ocurra el 1° de enero de 2018, pues de lo contrario recién el 2019 ocurrirá un reajuste en el monto a distribuir.

Finalmente, observó que el dinero a distribuir es un monto fijo, pero qué pasaría si la dotación aumenta, quizás en 200 personas, el monto fijo habrá que dividirlo incluyendo esas 200 personas más. Lo conveniente, es que si se aumenta la dotación, el monto a distribuir se aumente proporcionalmente.

Esas son, en resumen, las peticiones de los más de 3000 funcionarios del Registro Civil.

La diputada señora Turres, doña Marisol, consultó, a propósito de la movilización que tuvo un alto costo el año pasado, si la propuesta que se va a votar, de alguna manera fue trabajada con los funcionarios. Se sabe que en el negociación ambas partes deben ceder posiciones, pero la idea es que lo que se vote sea aceptado, y no se tenga una movilización nuevamente, la cuestión es tener la tranquilidad que no habrá nuevas movilizaciones.

El diputado señor Ceroni consultó la opinión ministerial sobre lo planteado por la asociación de empleados, especialmente lo que dice relación con que el bono no fuera imponible ni tributable, con lo relativo a que las metas sean muy altas, con la exclusión de los de alta dirección pública en el monto a distribuir y con el aumento de bono por futuras nuevas dotaciones.

El señor Acevedo señaló que la asignación de productividad se produce con posterioridad a la movilización y la suscripción de un protocolo de acuerdo. Se dispuso una mesa de trabajo con los funcionarios, la Dipres, el Ministerio de Justicia y la dirección del Registro Civil. El proyecto fue conversado en diversas negociaciones y tratativas, se acogieron propuestas de los funcionarios y hubo esfuerzos, entre otras cosas, se acogió el tema de la UF.

Sobre imponibilidad y tributabilidad. Más allá de que sean imponibles, cabe señalar que en la administración pública, los bonos que se pagan tienen ese carácter. En cuanto al porcentaje de cumplimiento, la propuesta original establecía que menos del 75% no daba lugar a la obtención de ningún porcentaje de asignación, pero en la mesa de negociación se discutió y por ello se consensuó la tabla contenida en el proyecto de ley. Ahí hubo un esfuerzo, se aumentó el porcentaje de asignación, no se acogió completamente, pero si se modificó la propuesta original.

En cuanto a la distribución, quienes están en la base divisora, el proyecto es claro, lo serán quienes integren la dotación de personal autorizada. En cuanto a la reajustabilidad de la cifra a distribuir, la propuesta originalmente estaba en pesos, y se planteó que se reajustara según el reajuste de remuneraciones al sector público, y si bien se planteó que la fijación ocurriera en enero de 2018, el gobierno adoptó diciembre de 2018. Ese fue un esfuerzo más.

En relación con las odiosas diferencias, el protocolo de acuerdo concordó que la medición fuera separada territorialmente. Esto forma parte del acuerdo, esto responde al espíritu de ese acuerdo. Las regiones son distintas, pero esta es una asignación de productividad, lo que coloquialmente significa hacer más por menos. No es una asignación que esté en función de la demanda, en cuánto hacemos, sino en cuanto nos demoramos en hacer algo en el tiempo.

Respecto a los recursos dispuestos para el proyecto, eso fue parte del protocolo de acuerdo, ello se traduce a clave legislativa, acogiendo parte de las observaciones.

El Subsecretario de Justicia, señor Ignacio Suárez, relevó la importancia del proyecto de ley, hubo una mesa de trabajo que incluyó a la Dipres, oportunidad donde se debatieron propuestas y se lograron acuerdos. Propuso que se votase en general, y que las materias observadas por los funcionarios se pudieran ver en la Comisión de Hacienda, a fin de darle celeridad al proyecto, pues en agosto deben cumplirse una serie de actos administrativos necesarios para ejecutar esta ley.

La señora Díaz señaló que se les había informado que el proyecto de ley ingresaría al Congreso Nacional antes del 31 de marzo, cuestión que no ocurrió, y de este proyecto, en concreto, se enteraron por terceros.

En cuanto al sentido de la asignación de productividad, hizo presente que los funcionarios no salen a la calle a captar usuarios, entonces, no es claro qué es exactamente lo que se quiere medir, pues hubo propuestas en discusión. Acá el Ejecutivo dice que algunas las acogió, otras que no, pero que diga en concreto cuáles acogió y cuáles no, pues hay cuestiones que dice que acogió pero ellos no las ven, no ven como ello ocurre.

Asimismo, que esta es una ley que ha costado mucho, más de 1400 funcionarios tuvieron descuentos por las movilizaciones del año pasado, entonces la primera cuota que se pagará por este proyecto será para compensar esos descuentos. Los descuentos ocurrieron después del fallo de la Corte Suprema.

Estimó que en esto, y con la actuación judicial, en realidad no ganó nadie. No se le descontó a los profesionales, no a los de alta dirección pública, no a los directivos, sino a los administrativos, acá no hay ningún sumario, pero comenzaron los descuentos. En realidad, si se firmó un protocolo fue con una pistola en el pecho, pues se estaba sacando a los oficiales civiles, se les dijo que si seguían en la movilización, se tendría a todos los funcionarios civiles fuera del servicio. En la Corte Suprema les fue mal, y volver sobre estos temas vuelve a rememorar cosas que es mejor no recordar.

No todo fue aceptado, el proyecto fue hecho por el Ejecutivo, entendía que debían hacer las indicaciones en la Comisión de Hacienda, pero había que escuchar a los funcionarios, pues el Registro Civil no responde a criterios de oferta y demanda, no se les dice a los ciudadanos ‘vengan a hacer trámites’. Se medirá cédulas a extranjeros, posesiones efectivas y registro de vehículos, pero qué se hace en Aysén si no hay extranjeros, cómo se medirá y compara con los funcionarios de allá. En el Servicio los certificados y cédulas son productos transversales, y por eso era preferible medir esos productos, lo que se debía medir no debían ser productos con apellidos.

El diputado señor Rincón consultó a la presidenta de Anercich cuáles son las principales bondades del proyecto de ley. Cuáles en concreto, sin rodeos ni vaguedades, tal cual está. En segundo lugar, si existiría una distorsión en función del territorio, lo que impediría acceder a determinados beneficios. De ser así, si existe una posibilidad de lograr una corrección a ello, pues no estaría en cuestionamiento el monto asignado en la globalidad.

El diputado señor Soto señaló que, atendido el hecho que el otorgamiento de la asignación se sujetará a la evaluación que se hará por externos al servicio, le resultaba curioso que fueran por externos, si acaso sería una consultora, particulares, quien. Lo anterior, pues se trata de una función pública, y le parecía que decir que el cumplimiento de metas que determinará la procedencia o no de pago dependa de terceros, es de una ambigüedad muy grande. Es una gran incógnita.

La administración del Estado, o en el ámbito municipal, tiene programas de mejoramiento de gestión, hay una cultura de cumplimiento de metas, hay evaluaciones por la jefatura, hay una rica cultura administrativa en el tema, y acá eso no se tiene en cuenta.

Sobre los porcentajes, le parecía que había una esfuerzo, pero no es un gran esfuerzo, correspondería acercar posturas, pues son demasiadas altos los requisitos para dar por cumplido el requisito para el pago de asignación, parecería que no hay voluntad para otorgar el bono, quizás haya que acercar los pareceres.

En cuanto a la distribución, entendía que se dividiría entre los funcionarios en funciones, pidió mayor explicación y claridad.

El señor Suárez señaló que sobre el evaluador externo, hubo acuerdo al respecto, y no es casual, pues ya la medición del índice de satisfacción neta (ISN, ley 20342) contempla un evaluador externo, y desde la legalidad, el artículo 37 [5] de la LOC de bases generales de administración del Estado habilita a ejecutar estas acciones a través de terceros.

El señor Acevedo expresó que la ley dispone un procedimiento, existe toda la voluntad para cumplir el protocolo de acuerdo, se busca pagar el bono, para recíprocamente beneficiar al servicio. Sobre los evaluadores externos, ello ya está vigente en la medición del ISN, y la realizan entidades académicas.

Estimó que el proyecto tiene muchos beneficios, es el primer incentivo de productividad, esa es su primera bondad, se busca incrementar la productividad. La segunda es que se propone medir procesos que no han sido medidos, registro de vehículos motorizados, que es poco más del 40% del presupuesto del servicio.

Sobre las metas a las diversas unidades, no se exigirá el cumplimiento de metas prefijadas, no se pide un determinado número de servicios, sino que se medirá la velocidad con que se actúa. Si la cédula se dispone que debe otorgarse en 10 días, que se logre en ese plazo máximo. No hay cuotas, cantidades a lograr, sino tiempos.

La señora Díaz señaló que la evaluación de terceros del ISN es una encuesta, acá no tiene ese sentido, pero ese tema no está en discusión, no está en discusión que los midan terceros.

Sobre las bondades, se quiere un bono de productividad, pero si hoy se pone una cédula de identidad como criterio de medición, hay que revisar por qué los funcionarios no son capaces de sacar la cantidad que se pide. Cuando se habla de vehículo motorizado, se demora más porque los colegas están trabajando hasta el día domingo, entonces, cuando no se tienen elementos, no se tiene el capital humano para hacer esa gestión, esas son sus aprehensiones.

Claro que puede existir distorsión a través del país, la medición de cédulas de identidad para extranjeros sí se puede hacer en el norte, pero en el sur, hay lugares con 3 peticiones, eso distorsiona, por ello se quiere la medición de productos transversales, las posesiones efectivas quizás, los certificados, esos son productos típicos del Registro Civil.

Si el bono fuera de la mano con la calidad, no habría reclamo, no hay problema que se mida la calidad del servicio, porque no se quiere que los productos, las cédulas sean devueltas porque fueron mal confeccionadas, ahí se está hablando de productividad y calidad, pero ahora se producirá. El Registro Civil no es una fábrica, el 70% son mujeres, más del 50% de ellas son jefas de hogar, si alguien se pasea por las oficinas del Servicio verá a esas mujeres con sus hijos en el suelo, así los crían, se crían en el suelo, a las piernas de las funcionarias para que estas puedan trabajar y hacer horas extraordinarias.

Eso se quiere erradicar, dar un servicio de calidad, con buena gestión dentro del Servicio. Si hay atraso en vehículos motorizados, revisar por qué, reconocer que faltan recursos y por eso primero se debe colocar el Servicio al día, ordenar la casa, y por ello se pide empezar con un cumplimiento del 75% para lograr el 100% de la asignación, de lo contrario, nada se soluciona.

Hoy las cédulas se devuelven porque fueron mal confeccionadas, las que tienen chip, a los chilenos se les informó como extranjeros, y a los extranjeros como chilenos. Eso tiene que cambiarse, se quiere entregar calidad en el Servicio.

El diputado señor Santana consultó la métrica sobre rendimiento en relación a la productividad que existe en relación a cada oficina, para así conocer las desviaciones que existen, y determinar si es un problema de capacidad humana, o si no pasa por productividad sino por falta de capital humano en relación a los diversos productos que el servicio produce. Lo anterior, pues se debe objetivar la discusión con datos, pues el objetivo es mejorar la situación para todos.

El señor Suárez señaló que la productividad se puede informar vía oficio, pero se debe tener hecha la medición en agosto para pagar en octubre. Por ello, hay interés en que se vote hoy.

2.- Discusión Particular.

Se acordó votar en un solo acto la totalidad de las disposiciones del proyecto de ley en informe, aprobándose todas ellas por la unanimidad de los diputados presentes.

Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Farcas, don Daniel; Rincón, don Ricardo; Saldívar, don Raúl; Santana, don Alejandro; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

III.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión recibió a la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco; al Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Luis Acevedo y a la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, señora Nelly Díaz.

IV.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda la totalidad de las disposiciones del proyecto en informe.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

No hay artículos ni indicaciones en tal sentido.

VI.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Establécese una asignación de productividad para el personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación, en adelante el "Servicio", con excepción de aquel que se encuentra afecto a las disposiciones del Título VI de la ley N°19.882.

Artículo 2°.- Tendrán derecho a la asignación establecida en el artículo 1° los funcionarios que se encuentren en funciones a la fecha de pago de aquélla y que, además, hubieren desempeñado servicios efectivos y continuos durante, a lo menos, 6 meses del año calendario en que se deban cumplir las metas.

No tendrán derecho a percibir esta asignación los funcionarios que sean calificados en lista 3, condicional, o lista 4, de eliminación.

La asignación será tributable e imponible, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. La asignación será anual, pagadera en dos cuotas iguales, en los meses de abril y noviembre de cada año.

Artículo 3°.- El otorgamiento de la asignación que establece la presente ley se sujetará a las reglas siguientes: