MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL “ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO DESTINADAS A PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA, APROBADO, EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2009, POR LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) EN SU 36º PERÍODO DE SESIONES.

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SANTIAGO, julio 15 de 2010.-

Nº 208-358/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36º período de sesiones.

I.- ANTECEDENTES

El sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO”, solicitó en el año 2007 que se elaborara un instrumento jurídicamente vinculante sobre normas mínimas para ser aplicadas en los puertos, destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Este Acuerdo fue el resultado de ese proceso, que se realizó sobre la base del plan de acción internacional para prevenir la pesca INDNR (2001), así como en el Modelo de sistema diseñado por la FAO para este mismo fin.

Además, el referido instrumento genera los incentivos necesarios para que los Estados compartan un estándar internacional con medidas mínimas en pos de asegurar que las actividades que se desarrollan en sus puertos por parte de naves extranjeras no socaven las medidas de conservación y ordenamiento que se hayan adoptado conforme con las prácticas recomendadas por la Comunidad Internacional, y, en particular, con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del Acuerdo de las Naciones Unidas relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios y del Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación.

Contribuirá, asimismo este instrumento, a una adecuada gestión pesquera en alta mar, de especial importancia para Chile, con miras a la celebración de acuerdos regionales de regulación pesquera para la adopción de medidas de ordenación y conservación de las pesquerías en el Pacífico Sur y frente a las pretensiones de Estados de aguas distantes, en la medida en que permite condicionar la entrada y uso de nuestros puertos al cumplimiento de un conjunto de normas cuya fiscalización será fundamental para Chile.

La adopción de este Acuerdo representa, igualmente, una importante ventaja para nuestro país: la de reforzar las potestades de los Estados para combatir la pesca INDNR, lo que refleja una clara voluntad de la FAO y de la Comunidad Internacional por terminar con prácticas pesqueras que sólo contribuyen a elevar a niveles inaceptables el riesgo de conservación de los recursos pesqueros y sus ecosistemas marinos.

Este Acuerdo debe convertirse en una forma esencial de cooperación, buscando con ello asegurar que los puertos se transformen en instancias de control efectivas para garantizar que la obtención de las capturas a bordo de las naves que desean utilizar sus instalaciones portuarias para fines de desembarque, transbordo o apoyo logístico, se lleve a cabo de manera compatible con la conservación.

A este fin contribuye en particular el hecho que los Estados rectores de los Puertos, además son Estados Ribereños, y, por lo tanto, tienen un doble compromiso con la conservación, en especial respecto de los recursos que califican como transzonales o altamente migratorios.

Finalmente, es importante destacar que para Chile las normas que contendrá este nuevo Acuerdo deben ser siempre entendidas como un conjunto mínimo de acciones, y, por lo mismo, no serán un impedimento para que sean complementadas por otras medidas más estrictas.

II.- PROPÓSITO DEL ACUERDO

Este instrumento internacional tiene por objeto establecer un conjunto mínimo de medidas que deben aplicar los Estados en sus puertos (de ahí la categoría “Estado rector del puerto”) para combatir la INDNR, reconociendo que tales medidas ofrecen medios eficaces y rentables para contribuir a ese fin.

El Estado rector del puerto queda obligado a adoptar una serie de medidas de control para velar que en sus puertos sólo puedan entrar y utilizar sus instalaciones y servicios portuarios aquellas naves que no siendo de su pabellón, cumplan con las medidas de conservación y ordenamiento pesquero que le son aplicables.

El Acuerdo establece en sus disposiciones que estas medidas deben ser consideradas como “medidas mínimas”, entendiendo que en el ejercicio de su soberanía sobre los puertos situados en su territorio los Estados pueden adoptar medidas más estrictas, de conformidad al Derecho Internacional.

Se trata, en consecuencia, de que estas medidas ofrezcan una base de regulación que constituya un estándar internacional aplicable por los denominados “Estados rectores del puerto”.

III.- CONTENIDO

El Acuerdo consta de un Preámbulo, en el cual las Partes consignan los motivos que los determinaron a adoptarlo, 37 Artículos, distribuidos en 10 Partes, y 5 Anexos (A, B, C, D y E). Su contenido esencial en el ámbito técnico es el siguiente:

1.- Términos Empleados

El Acuerdo en su Artículo 1º, establece ciertas definiciones relativas a los términos empleados en él para la aplicación del mismo, entre ello lo que ha de entenderse por: “medidas de conservación y ordenación”, “peces” o “pescado”, “pesca”, “actividades relacionadas con la pesca”, “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, “Parte”, “puerto”, “organización regional de integración económica”, “organización regional de ordenación pesquera”, y “buque”.

2.- Aplicación del Acuerdo

a. El Acuerdo, como ya se ha señalado, tiene como objetivo combatir la pesca INDNR, concepto cuyo alcance se consigna en el Artículo 1 letra e) del mismo Acuerdo, haciéndose referencia a las actividades mencionadas en el párrafo 3 del Plan de acción internacional (PAI) de la FAO del año 2001, para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR. Por lo tanto, la definición precisa del concepto de pesca INDNR que está contenida en el PAI de la FAO es la siguiente:

“3.1 Por pesca ilegal se entiende las actividades pesqueras:

3.1.1 realizadas por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo sus leyes y reglamentos;

3.1.2 realizadas por embarcaciones que enarbolan el pabellón de Estados que son partes de una organización regional de ordenación pesquera competente, pero faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados, o las disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable; o

3.1.3 en violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales, inclusive las contraídas por los Estados cooperantes con respecto a una organización regional de ordenación pesquera competente.

3.2 Por pesca no declarada se entiende las actividades pesqueras:

3.2.1 que no han sido declaradas, o han sido declaradas de modo inexacto, a la autoridad nacional competente, en contravención de leyes y reglamentos nacionales; o

3.2.2 llevadas a cabo en la zona de competencia de una organización regional de ordenación pesquera competente, que no han sido declaradas o han sido declaradas de modo inexacto, en contravención de los procedimientos de declaración de dicha organización.

3.3 Por pesca no reglamentada se entiende las actividades pesqueras:

3.3.1 en la zona de aplicación de una organización regional de ordenación pesquera competente que son realizadas por embarcaciones sin nacionalidad, o por embarcaciones que enarbolan el pabellón de un Estado que no es parte de esa organización, o por una entidad pesquera, de una manera que no está en consonancia con las medidas de conservación y ordenación de dicha organización, o que las contraviene; o

3.3.2 en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben al Estado en virtud del derecho internacional.”

Al considerar esta definición, en la que se hace referencia explícita a los 3 tipos de actividades que deben ser combatidas como son la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Acuerdo está contribuyendo a reforzar un concepto que ha recibido amplio respaldo de la comunidad internacional pero que igualmente necesita seguir reafirmándose. Cabe hacer presente que este es un tema altamente complejo y llegar a un consenso sobre su definición demandó años de negociaciones que culminaron con la adopción del PAI-INDNR el año 2001.

b. Por otra parte, en cuanto al ámbito de aplicación, este Acuerdo regula a buques pesqueros y a aquellas embarcaciones que prestan apoyo a tales actividades para lo cual se ha definido el concepto de “actividades relacionadas con la pesca” las cuáles quedan incluidas en la definición de “buque” . Esta definición se alinea con la tendencia observada en las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero en las cuáles se han estado adoptando regulaciones que también consideran a embarcaciones que prestan servicios a las naves pesqueras, todo esto con la finalidad de dar mayor eficacia a las medidas de conservación y ordenamiento pesquero. En ese sentido el Acuerdo recoge y refuerza esta tendencia lo que constituye un aporte del mismo.

c. Un tercer elemento relevante es que el Acuerdo debe ser aplicado por los Estados Puerto a TODO barco que entre a sus puertos que NO SEAN de su pabellón, estableciéndose 2 excepciones: a) buques de países limítrofes que realicen pesca artesanal de subsistencia, siempre que haya cooperación entre ambos Estados para que dichos buques no incurran en pesca INDNR ni con actividades que la apoyen, y b) buques porta contenedores que no transporten pescado o que aún cuando lo lleven éste se haya desembarcado en forma previa, siempre que no existan motivos fundados para sospechar que dichas naves han apoyado actividades de pesca INDNR.

Al respecto el Acuerdo al dejar expresamente señaladas las excepciones respecto a su aplicación, despeja las dudas que podrían debilitar su eficacia.

Finalmente, en este punto debe destacarse que por ser este Acuerdo uno de carácter mundial aplicable a todos los puertos, se llama a otras entidades a manifestar su compromiso de actuar de manera consistente con sus disposiciones.

3.- Atribuciones de los Estados Rectores del Puerto

a. En su Artículo 4 se establece que este Acuerdo no afecta la soberanía de las Partes sobre sus aguas jurisdiccionales ni el ejercicio de soberanía sobre sus puertos, incluida la denegatoria de entrada o el adoptar medidas más estrictas que las del Acuerdo.

b. Además, en el Artículo 5 se hace mención a que las medidas del Acuerdo deben ser coordinadas con un sistema más amplio de controles y con otras medidas destinadas a combatir la pesca INDNR teniendo en cuenta el PAI 2001.

c. Se dispone, además, que se deben adoptar medidas para el intercambio de información entre organismos nacionales competentes y para la coordinación de actividades, al ejecutar el Acuerdo. En el mismo sentido, el Artículo 6 señala la obligación de intercambiar información entre los Estados, con FAO y con otras organizaciones internacionales y organizaciones regionales de ordenación pesquera en relación con el objetivo del Acuerdo.

Estas normas, están encaminadas a darle sustentabilidad al Acuerdo mediante su inserción en un sistema que garantice eficacia y transparencia en su aplicación.

4.- Sistema de acceso y uso de puerto

Los Artículos 8, 9, 10 y 11 contienen las disposiciones específicas asociadas a la entrada y al uso de los puertos. En ellos se establece un conjunto de obligaciones de los Estados para que éstos ejerzan su rol fiscalizador del cumplimiento de las medidas de conservación y ordenamiento que les son aplicables a las naves de pabellón extranjero que desean recalar a sus puertos para utilizar sus servicios e instalaciones portuarias.

Para cumplir con tal propósito, los Estados deben designar y dar publicidad a los puertos que quedarán habilitados para la entrada de buques, los que en la mayor medida posible, deberán contar con capacidad suficiente para realizar las inspecciones, en virtud del presente Acuerdo.

Las obligaciones para los Estados del puerto se dan en dos etapas, antes de que la nave recale a sus puertos y luego cuando ya se encuentra en sus puertos. En ambas etapas el Estado Rector del puerto debe cumplir las disposiciones contenidas en el Acuerdo, siendo las principales de ellas las siguientes:

a. Antes de la recalada debe existir una solicitud de entrada a puerto. Para estos efectos, cada buque debe solicitar autorización previa para entrar a los puertos habilitados entregando con antelación, al menos, la información consignada en el anexo A del acuerdo, el cual contiene un listado de información relativa a:

- Identificación de la nave, fechas previstas de entrada y lugar (puerto);

- Identificación de armador y capitán o patrón del buque;

- Detalles de las autorizaciones de pesca pertinentes;

- Detalles de las autorizaciones pertinentes de transbordo y de operaciones; y

- Capturas a bordo y a desembarcar.

Cada Parte, una vez recibida la información pertinente decidirá si autoriza o deniega la entrada a puerto en función de si el buque que solicita la entrada ha incurrido o no en actividades de pesca INDNR.

En caso de denegarse el acceso, debe ser comunicado al Estado del Pabellón y en la medida de lo posible a Estados Ribereños interesados, organizaciones regionales de ordenación pesquera y otras organizaciones internacionales. No se autorizará la entrada a puerto a buques cuando su nombre figure en las listas de aquellos que han incurrido en actividades INDNR elaboradas por una organización regional de ordenamiento pesquero de conformidad al Derecho Internacional.

Con todo, las naves pueden ser autorizadas a ingresar a puertos sólo para efectos de inspeccionarlas y para adoptar medidas apropiadas de conformidad al Derecho Internacional, tan eficaces como la denegación de entrada a puerto.

Si uno de esos buques entra a puerto, se debe denegar el uso de instalaciones portuarias a efecto de desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de pescado, así como otros servicios incluidos, el repostaje, reabastecimiento, mantenimiento y entrada a dique seco.

En el Artículo 8 se salvaguarda la entrada a puerto en caso de fuerza mayor o dificultad grave y se deja constancia que no se podrá impedir la entrada a puerto a un buque exclusivamente con la finalidad de prestar auxilio a personas, embarcaciones o aeronaves en situación de peligro o dificultad grave.

Estas disposiciones son compatibles con los procedimientos actualmente utilizados en nuestro país respecto a la pesca no regulada que se desarrolla en alta mar sobre especies transzonales y altamente migratorias, y que se derivan de la aplicación de la política de uso de puertos por naves pesqueras extranjeras que pescan en el alta mar adyacente a nuestro país (DS. Nº 123, del año 2004).

b. Una vez en puerto. El Acuerdo establece en su Artículo 11 que cuando un buque haya entrado en uno de sus puertos, la Parte denegará a dicho buque, el uso del puerto para el desembarque, transbordo, empaquetado o procesamiento de pescado que no haya sido desembarcado previamente así como otros servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique seco, cuando se dan algunas de las condiciones señaladas en el artículo 9, entre las que destacan las siguientes:

- el buque no cuenta con la autorización válida y pertinente;

- se reciban evidencias fundadas que el pescado que se encuentra a bordo ha sido capturado contraviniendo los requisitos que le son aplicables;

- el Estado del pabellón no confirme dentro de un plazo razonable, a petición del Estado rector del puerto, que el pescado que se encuentra a bordo se ha capturado de conformidad con los requisitos aplicables;

- existan motivos razonables para considerar que el buque ha incurrido de algún modo actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.

Las denegatorias deberán informarse y también pueden revocarse cuando haya evidencia que los motivos que la fundaron fueron erróneos, inadecuados o ya no existen.

Queda salvaguardado el caso de fuerza mayor, pues no se denegará el uso de los servicios portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para la seguridad del buque, siempre que dichas necesidades estén debidamente probadas o, para el desguace del buque.

5.- Deberes del Estado con relación a las inspecciones en puerto

Los Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 conforman la Parte 4 del Acuerdo, la cual se denomina “Inspecciones y Acciones de Seguimiento”.

a. Las inspecciones. El Artículo 12 establece el compromiso de los Estados a ejecutar un número de inspecciones en puerto que permitan alcanzar el objetivo del Acuerdo y fija criterios para priorizar naves que deberán inspeccionarse. Por su parte, el Artículo 13 prevé un conjunto de normas a las que deben atenerse las inspecciones con el objetivo de garantizar que éstas se desarrollen de manera que no constituyan un obstáculo arbitrario. Al respecto el Anexo B contiene los elementos esenciales del procedimiento de inspección del Estado Rector del Puerto. Finalmente, los Artículos 14 y 15 señalan la obligación de generar un informe de las inspecciones y de difundirlo entre un conjunto de interesados, destacando siempre el Estado del Pabellón de la nave inspeccionada. Para estos efectos, el Anexo C contiene un formato del informe de inspección que deberá elaborarse.

b. Los inspectores. El Artículo 17 precisa que los Estados deben velar por que sus inspectores estén debidamente capacitados, para lo cual el Anexo E contiene las directrices a considerar en los programas de capacitación, entre los que se incluyen materias como ética; aspectos de salud, protección y seguridad; normativa nacional aplicable, ámbitos de competencia y medidas de conservación y gestión de las OROP pertinentes, así como el Derecho Internacional aplicable; recopilación, evaluación y conservación de pruebas; procedimientos generales de inspección, como la redacción de informes y las técnicas de entrevista; embarque e inspección de buques, en particular las inspecciones de carga y el cálculo de los volúmenes de carga del buque; y medidas que deben tomarse después de una inspección, entre otras.

c. Intercambio de información. El Artículo 16 establece la obligación de las Partes de contar con un mecanismo de comunicaciones, para el intercambio electrónico directo de información relativa a la aplicación de este Acuerdo. Esta disposición es fundamental pues la eficacia de muchas inspecciones en puerto depende de contar oportunamente con información. Para estos efectos, cada Parte debe designar un “punto de contacto” que debe ser notificado a FAO, y se obliga a los Estados a que sus “sistemas de información sobre medidas del Estado rector del puerto” consideren los criterios contenidos en el Anexo D, relativos principalmente al uso del sistema internacional de codificación.

d. Medidas tras la inspección. El Artículo 18 dispone que en aquellos casos en que, tras realizar una inspección, existan motivos fundados para considerar que un buque ha incurrido en actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, la Parte que realiza la inspección denegará el uso de su puerto al buque con fines de desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de pescado que no haya sido desembarcado previamente, así como para los otros servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique seco. Esta medida deberá informarla a distintos interesados destacando el Estado del Pabellón del buque al que se le ha denegado uso de puertos.

Se salvaguarda el uso de los servicios portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para la seguridad del buque y además se señala que ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a una Parte que adopte medidas que sean conformes con el Derecho internacional, además de las referidas en el Artículo 18.

En general las disposiciones de esta Parte 4 del Acuerdo, dejan claramente establecido que la sanción que deben aplicar los Estados Rectores del Puerto se relaciona con la denegatoria ya sea de entrada a su puerto o de uso de sus puertos cuando existan motivos fundados para considerar que un buque ha incurrido en actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.

e. Recursos en contra de los Estados Rectores del Puerto. Se establece la obligación de que cada Parte mantenga a disposición del público y proporcione al propietario, operador, capitán, patrón o representante de un buque, que lo soliciten por escrito, la información pertinente sobre los distintos recursos a los que ellos pueden recurrir cuando se adopten decisiones que ellos consideren que les ha causado daños y perjuicios con relación a la aplicación de los Artículos 9, 11, 13 y 18 del Acuerdo, incluyendo la información sobre los servicios públicos o instituciones judiciales disponibles para ese fin, así como sobre si existe derecho a solicitar indemnización, de conformidad con su leyes y reglamentos nacionales.

En relación a esta disposición se entiende que el mismo principio jurídico rige en Chile, según lo establecido en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo (inciso 4 Artículo 41).

6.- Obligaciones de los Estados del Pabellón

El Artículo 20 dispone que los Estados del Pabellón deben exigir a los buques que enarbolen su pabellón a que cooperen con el Estado Rector del Puerto en las inspecciones que se llevan a cargo según este Acuerdo y los alentará a que desembarquen, transborden, empaqueten y procesen pescado y utilicen otros servicios portuarios, en los puertos de Estados que actúen de manera conforme a este Acuerdo o compatible con él.

Complementariamente, los Estados del Pabellón cuando tengan motivos para suponer que uno de sus buques ha incurrido en pesca INDNR o en actividades de apoyo a pesca INDNR, debe solicitar al Estado Rector del Puerto que lo inspeccione. Asimismo, si el Estado del Pabellón recibe un informe tras una inspección, en el que se indique la existencia de motivos para considerar que un buque de su pabellón ha incurrido en actividades de pesca INDNR o en actividades de apoyo a pesca INDNR, debe iniciar una investigación completa sin demora y cuando tenga evidencias suficiente, debe aplicar medidas coercitivas según su legislación interna. Las acciones adoptadas, que debieran ser efectivas, serán informadas a los Estados rectores del puerto que corresponda y, según proceda, a otros Estados y organizaciones regionales de ordenación pesquera que corresponda, así como a la FAO.

Estas disposiciones son necesarias toda vez que la efectividad de las medidas del presente Acuerdo no sólo se relacionan con no dar acceso o uso de puertos sino también con la aplicación de sanciones cuando se han detectado incumplimientos, las que de acuerdo al Derecho Internacional, deben ser aplicadas por los Estados del Pabellón.

7.- Deber de cooperación con países en desarrollo

El Artículo 20 contiene disposiciones orientadas a incrementar las capacidades de los países en desarrollo para que puedan aplicar las medidas que les corresponda como Estado Rector del Puerto. Este artículo tiene un completo desarrollo para darle la eficacia que requiere.

Estas disposiciones del Acuerdo son necesarias toda vez que la pesca INDNR utiliza frecuentemente áreas geográficas en las que las probabilidades de detectarlos son escasas y esas condiciones suelen darse en Estados con bajas capacidades para aplicar las medidas que propone este Acuerdo.

8.- Solución de controversias

El Acuerdo contempla en el Artículo 22, las instancias y normas a las que deben someterse las Partes en caso de controversias acerca de su interpretación o aplicación.

Las reglas que se contemplan tienden a impedir, una vez que se hayan agotado las consultas previas entre las Partes en conflicto y las instancias judiciales de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el arbitraje, que una controversia quede sin solución, porque en el supuesto indicado, las Partes deberán siempre continuar sus consultas y cooperar a fin de llegar a solucionar la controversia de conformidad con los principios que informan el Derecho Internacional, relativo a la conservación de los recursos marinos vivos.

9.- Otras Disposiciones

El Artículo 24 establece que debe haber una evaluación regular y sistemática de la aplicación del Acuerdo y se fija una reunión con este propósito luego de transcurridos cuatro años de su entrada en vigor.

Finalmente, los últimos artículos del Acuerdo regulan la aceptación, adhesión, participación de las organizaciones regionales de integración económica, entrada en vigor, reservas, declaraciones, aplicación provisional, enmiendas, anexos denuncia y depositario.

En mérito de lo expuesto, y dada las ventajas que tiene este instrumento internacional para nuestro país, solicito a Vuestras Señorías aprobar el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado, el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36º período de sesiones.”.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

ALFREDO MORENO CHARME

Ministro de Relaciones Exteriores

JUAN ANDRÉS FONTAINE TALAVERA

Ministro de Economía, Fomento y Turismo

?INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, aprobatorio del “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36° periodo de sesiones.”.

BOLETÍN Nº 7.160-10

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HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros el proyecto de acuerdo de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, de fecha 15 de julio de 2010.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Honorable Senado en sesión celebrada el 31 de agosto de 2010, donde se dispuso su estudio por las Comisiones de Relaciones Exteriores y por la de Hacienda, en su caso.

A la sesión en que se analizó el proyecto de acuerdo en informe, asistieron, especialmente invitados, el Subdirector de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor José Fernández; el abogado de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Pesca, señor Osvaldo Urrutia, y el Jefe del Departamento de Pesquería de dicha Subsecretaría, señor Ítalo Campodónico.

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Asimismo, cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión os propone discutirlo en general y en particular a la vez.

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ANTECEDENTES GENERALES

1.- Antecedentes Jurídicos.- Para un adecuado estudio de esta iniciativa, se tuvieron presentes las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

a) Constitución Política de la República. En su artículo 54, Nº 1), entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, el constituyente establece la de "Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación.".

b) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo Nº 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.

2.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.- Señala el Mensaje que el sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO”, solicitó en el año 2007 que se elaborara un instrumento jurídicamente vinculante sobre normas mínimas para ser aplicadas en los puertos, destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Agrega que este Acuerdo fue el resultado de ese proceso, que se realizó sobre la base del plan de acción internacional para prevenir la pesca INDNR (2001), así como en el modelo de sistema diseñado por la FAO para este mismo fin.

Añade el Ejecutivo que el referido instrumento genera los incentivos necesarios para que los Estados compartan un estándar internacional con medidas mínimas en pos de asegurar que las actividades que se desarrollan en sus puertos por parte de naves extranjeras no socaven las medidas de conservación y ordenamiento que se hayan adoptado conforme con las prácticas recomendadas por la comunidad internacional, y, en particular, con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del Acuerdo de las Naciones Unidas relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios y del Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación.

El Mensaje indica que este instrumento contribuirá a una adecuada gestión pesquera en alta mar, de especial importancia para Chile, con miras a la celebración de acuerdos regionales de regulación pesquera para la adopción de medidas de ordenación y conservación de las pesquerías en el Pacífico Sur y frente a las pretensiones de Estados de aguas distantes, en la medida en que permite condicionar la entrada y uso de nuestros puertos al cumplimiento de un conjunto de normas cuya fiscalización será fundamental para Chile.

Señala también que la adopción de este Acuerdo representa, igualmente, una importante ventaja para nuestro país, cual es la de reforzar las potestades de los Estados para combatir la pesca INDNR, lo que refleja una clara voluntad de la FAO y de la Comunidad Internacional por terminar con prácticas pesqueras que sólo contribuyen a elevar a niveles inaceptables el riesgo de conservación de los recursos pesqueros y sus ecosistemas marinos.

Este Acuerdo, añade el Gobierno, debe convertirse en una forma esencial de cooperación, buscando con ello asegurar que los puertos se transformen en instancias de control efectivas para garantizar que la obtención de las capturas a bordo de las naves que desean utilizar sus instalaciones portuarias para fines de desembarque, transbordo o apoyo logístico, se lleve a cabo de manera compatible con la conservación.

A este fin, agrega, contribuye en particular el hecho que los Estados rectores de los puertos, además son Estados ribereños, y, por lo tanto, tienen un doble compromiso con la conservación, en especial respecto de los recursos que califican como transzonales o altamente migratorios.

Destaca el Mensaje que para Chile las normas que contendrá este nuevo Acuerdo deben ser siempre entendidas como un conjunto mínimo de acciones, y, por lo mismo, no serán un impedimento para que sean complementadas por otras medidas más estrictas.

A continuación, el Ejecutivo indica que este instrumento internacional tiene por objetivo establecer un conjunto mínimo de medidas que deben aplicar los Estados en sus puertos (de ahí la categoría “Estado rector del puerto”) para combatir la INDNR, reconociendo que tales medidas ofrecen medios eficaces y rentables para contribuir a ese fin.

Añade que el Estado rector del puerto queda obligado a adoptar una serie de medidas de control para velar que en sus puertos sólo puedan entrar y utilizar sus instalaciones y servicios portuarios aquellas naves que no siendo de su pabellón, cumplan con las medidas de conservación y ordenamiento pesquero que le son aplicables.

El Acuerdo establece en sus disposiciones que estas medidas deben ser consideradas como “medidas mínimas”, entendiendo que en el ejercicio de su soberanía sobre los puertos situados en su territorio los Estados pueden adoptar medidas más estrictas, de conformidad al Derecho Internacional.

Por último, el Mensaje señala que se trata, en consecuencia, de que estas medidas ofrezcan una base de regulación que constituya un estándar internacional aplicable por los denominados “Estados rectores del puerto”.

3.- Instrumento Internacional.- El Acuerdo se encuentra estructurado sobre la base de un Preámbulo, en el cual las Partes consignan los motivos que los determinaron a adoptarlo, 37 artículos, y 5 Anexos (A, B, C, D y E).

El artículo 1, establece ciertas definiciones relativas a los términos empleados en él para la aplicación del mismo, entre ello lo que ha de entenderse por: “medidas de conservación y ordenación”, “peces” o “pescado”, “pesca”, “actividades relacionadas con la pesca”, “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, “Parte”, “puerto”, “organización regional de integración económica”, “organización regional de ordenación pesquera”, y “buque”.

El Acuerdo, como ya se ha señalado, tiene como objetivo combatir la pesca INDNR, concepto cuyo alcance se consigna en el artículo 1, letra e), del mismo, haciéndose referencia a las actividades mencionadas en el párrafo 3 del Plan de acción internacional (PAI) de la FAO del año 2001, para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR. Por lo tanto, la definición precisa del concepto de pesca INDNR que está contenida en el PAI de la FAO es la siguiente:

“3.1 Por pesca ilegal se entiende las actividades pesqueras:

3.1.1 realizadas por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo sus leyes y reglamentos;

3.1.2 realizadas por embarcaciones que enarbolan el pabellón de Estados que son partes de una organización regional de ordenación pesquera competente, pero faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados, o las disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable; o

3.1.3 en violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales, inclusive las contraídas por los Estados cooperantes con respecto a una organización regional de ordenación pesquera competente.

3.2 Por pesca no declarada se entiende las actividades pesqueras:

3.2.1 que no han sido declaradas, o han sido declaradas de modo inexacto, a la autoridad nacional competente, en contravención de leyes y reglamentos nacionales; o

3.2.2 llevadas a cabo en la zona de competencia de una organización regional de ordenación pesquera competente, que no han sido declaradas o han sido declaradas de modo inexacto, en contravención de los procedimientos de declaración de dicha organización.

3.3 Por pesca no reglamentada se entiende las actividades pesqueras:

3.3.1 en la zona de aplicación de una organización regional de ordenación pesquera competente que son realizadas por embarcaciones sin nacionalidad, o por embarcaciones que enarbolan el pabellón de un Estado que no es parte de esa organización, o por una entidad pesquera, de una manera que no está en consonancia con las medidas de conservación y ordenación de dicha organización, o que las contraviene; o

3.3.2 en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben al Estado en virtud del derecho internacional.”.

Al considerar esta definición, en la que se hace referencia explícita a los 3 tipos de actividades que deben ser combatidas como son la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Acuerdo está contribuyendo a reforzar un concepto que ha recibido amplio respaldo de la comunidad internacional pero que igualmente necesita seguir reafirmándose. Cabe hacer presente que este es un tema altamente complejo y llegar a un consenso sobre su definición demandó años de negociaciones que culminaron con la adopción del PAI-INDNR el año 2001.

Por otra parte, en cuanto al ámbito de aplicación, este Acuerdo regula a buques pesqueros y a aquellas embarcaciones que prestan apoyo a tales actividades para lo cual se ha definido el concepto de “actividades relacionadas con la pesca” las cuáles quedan incluidas en la definición de “buque”. Esta definición se alinea con la tendencia observada en las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero en las cuáles se han estado adoptando regulaciones que también consideran a embarcaciones que prestan servicios a las naves pesqueras, todo esto con la finalidad de dar mayor eficacia a las medidas de conservación y ordenamiento pesquero. En ese sentido el Acuerdo recoge y refuerza esta tendencia lo que constituye un aporte del mismo.

Un tercer elemento relevante es que el Acuerdo debe ser aplicado por los Estados Puerto a todo barco que entre a sus puertos que no sean de su pabellón, estableciéndose 2 excepciones: a) buques de países limítrofes que realicen pesca artesanal de subsistencia, siempre que haya cooperación entre ambos Estados para que dichos buques no incurran en pesca INDNR ni con actividades que la apoyen, y b) buques porta contenedores que no transporten pescado o que aún cuando lo lleven éste se haya desembarcado en forma previa, siempre que no existan motivos fundados para sospechar que dichas naves han apoyado actividades de pesca INDNR.

Al respecto, el Acuerdo al dejar expresamente señaladas las excepciones respecto a su aplicación, despeja las dudas que podrían debilitar su eficacia. Finalmente, en este punto debe destacarse que por ser este Acuerdo uno de carácter mundial aplicable a todos los puertos, se llama a otras entidades a manifestar su compromiso de actuar de manera consistente con sus disposiciones.

El artículo 2 señala el objetivo, cual es prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos.

Luego, el artículo 3 regula la forma en que cada Estado Parte aplicará el Convenio.

El artículo 4 establece que este Acuerdo no afecta la soberanía de las Partes sobre sus aguas jurisdiccionales ni el ejercicio de soberanía sobre sus puertos, incluida la denegatoria de entrada o el adoptar medidas más estrictas que las del Acuerdo.

Además, en el artículo 5 se hace mención a que las medidas del Acuerdo deben ser coordinadas con un sistema más amplio de controles y con otras medidas destinadas a combatir la pesca INDNR teniendo en cuenta el PAI 2001. Dispone, además, que se deben adoptar medidas para el intercambio de información entre organismos nacionales competentes y para la coordinación de actividades, al ejecutar el Acuerdo. En el mismo sentido, el artículo 6 señala la obligación de intercambiar información entre los Estados, con FAO y con otras organizaciones internacionales y organizaciones regionales de ordenación pesquera en relación con el objetivo del Acuerdo.

A su vez, el artículo 7 regula la designación de puertos.

Los artículos 8, 9, 10 y 11 contienen las disposiciones específicas asociadas a la entrada y al uso de los puertos. En ellos se establece un conjunto de obligaciones de los Estados para que éstos ejerzan su rol fiscalizador del cumplimiento de las medidas de conservación y ordenamiento que les son aplicables a las naves de pabellón extranjero que desean recalar a sus puertos para utilizar sus servicios e instalaciones portuarias.

Para cumplir con tal propósito, los Estados deben designar y dar publicidad a los puertos que quedarán habilitados para la entrada de buques, los que en la mayor medida posible, deberán contar con capacidad suficiente para realizar las inspecciones, en virtud del presente Acuerdo.

Las obligaciones para los Estados del puerto se dan en dos etapas, antes de que la nave recale a sus puertos y luego cuando ya se encuentra en sus puertos. En ambas etapas el Estado Rector del puerto debe cumplir las disposiciones contenidas en el Acuerdo, siendo las principales de ellas las siguientes:

a. Antes de la recalada debe existir una solicitud de entrada a puerto. Para estos efectos, cada buque debe solicitar autorización previa para entrar a los puertos habilitados entregando con antelación, al menos, la información consignada en el anexo A del acuerdo, el cual contiene un listado de información relativa a:

- Identificación de la nave, fechas previstas de entrada y lugar (puerto);

- Identificación de armador y capitán o patrón del buque;

- Detalles de las autorizaciones de pesca pertinentes;

- Detalles de las autorizaciones pertinentes de transbordo y de operaciones; y

- Capturas a bordo y a desembarcar.

Cada Parte, una vez recibida la información pertinente decidirá si autoriza o deniega la entrada a puerto en función de si el buque que solicita la entrada ha incurrido o no en actividades de pesca INDNR.

En caso de denegarse el acceso, debe ser comunicado al Estado del Pabellón y en la medida de lo posible a Estados ribereños interesados, organizaciones regionales de ordenación pesquera y otras organizaciones internacionales. No se autorizará la entrada a puerto a buques cuando su nombre figure en las listas de aquellos que han incurrido en actividades INDNR elaboradas por una organización regional de ordenamiento pesquero de conformidad al Derecho Internacional.

Con todo, las naves pueden ser autorizadas a ingresar a puertos sólo para efectos de inspeccionarlas y para adoptar medidas apropiadas de conformidad al Derecho Internacional, tan eficaces como la denegación de entrada a puerto.

Si uno de esos buques entra a puerto, se debe denegar el uso de instalaciones portuarias a efecto de desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de pescado, así como otros servicios incluidos, el repostaje, reabastecimiento, mantenimiento y entrada a dique seco.

En el artículo 8 se salvaguarda la entrada a puerto en caso de fuerza mayor o dificultad grave y se deja constancia que no se podrá impedir la entrada a puerto a un buque exclusivamente con la finalidad de prestar auxilio a personas, embarcaciones o aeronaves en situación de peligro o dificultad grave.

Estas disposiciones son compatibles con los procedimientos actualmente utilizados en nuestro país respecto a la pesca no regulada que se desarrolla en alta mar sobre especies transzonales y altamente migratorias, y que se derivan de la aplicación de la política de uso de puertos por naves pesqueras extranjeras que pescan en el alta mar adyacente a nuestro país (DS. Nº 123, del año 2004).

b. Una vez en puerto. El Acuerdo establece en su artículo 11 que cuando un buque haya entrado en uno de sus puertos, la Parte denegará a dicho buque, el uso del puerto para el desembarque, transbordo, empaquetado o procesamiento de pescado que no haya sido desembarcado previamente así como otros servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique seco, cuando se dan algunas de las condiciones señaladas en el artículo 9, entre las que destacan las siguientes:

- El buque no cuenta con la autorización válida y pertinente;

- Se reciban evidencias fundadas que el pescado que se encuentra a bordo ha sido capturado contraviniendo los requisitos que le son aplicables;

- El Estado del pabellón no confirme dentro de un plazo razonable, a petición del Estado rector del puerto, que el pescado que se encuentra a bordo se ha capturado de conformidad con los requisitos aplicables;

- Existan motivos razonables para considerar que el buque ha incurrido de algún modo actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.

Las denegatorias deberán informarse y también pueden revocarse cuando haya evidencia que los motivos que la fundaron fueron erróneos, inadecuados o ya no existen.

Queda salvaguardado el caso de fuerza mayor, pues no se denegará el uso de los servicios portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para la seguridad del buque, siempre que dichas necesidades estén debidamente probadas o, para el desguace del buque.

A continuación, los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 conforman la Parte 4 del Acuerdo, que tratan las inspecciones y acciones de seguimiento.

a. Las inspecciones. El artículo 12 establece el compromiso de los Estados a ejecutar un número de inspecciones en puerto que permitan alcanzar el objetivo del Acuerdo y fija criterios para priorizar naves que deberán inspeccionarse. Por su parte, el artículo 13 prevé un conjunto de normas a las que deben atenerse las inspecciones con el objetivo de garantizar que éstas se desarrollen de manera que no constituyan un obstáculo arbitrario. Al respecto el Anexo B contiene los elementos esenciales del procedimiento de inspección del Estado Rector del Puerto. Finalmente, los artículos 14 y 15 señalan la obligación de generar un informe de las inspecciones y de difundirlo entre un conjunto de interesados, destacando siempre el Estado del Pabellón de la nave inspeccionada. Para estos efectos, el Anexo C contiene un formato del informe de inspección que deberá elaborarse.

b. Los inspectores. El artículo 17 precisa que los Estados deben velar por que sus inspectores estén debidamente capacitados, para lo cual el Anexo E contiene las directrices a considerar en los programas de capacitación, entre los que se incluyen materias como ética; aspectos de salud, protección y seguridad; normativa nacional aplicable, ámbitos de competencia y medidas de conservación y gestión de las OROP pertinentes, así como el Derecho Internacional aplicable; recopilación, evaluación y conservación de pruebas; procedimientos generales de inspección, como la redacción de informes y las técnicas de entrevista; embarque e inspección de buques, en particular las inspecciones de carga y el cálculo de los volúmenes de carga del buque; y medidas que deben tomarse después de una inspección, entre otras.

c. Intercambio de información. El artículo 16 establece la obligación de las Partes de contar con un mecanismo de comunicaciones, para el intercambio electrónico directo de información relativa a la aplicación de este Acuerdo. Esta disposición es fundamental pues la eficacia de muchas inspecciones en puerto depende de contar oportunamente con información. Para estos efectos, cada Parte debe designar un “punto de contacto” que debe ser notificado a FAO, y se obliga a los Estados a que sus “sistemas de información sobre medidas del Estado rector del puerto” consideren los criterios contenidos en el Anexo D, relativos principalmente al uso del sistema internacional de codificación.

d. Medidas tras la inspección. El artículo 18 dispone que en aquellos casos en que, tras realizar una inspección, existan motivos fundados para considerar que un buque ha incurrido en actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, la Parte que realiza la inspección denegará el uso de su puerto al buque con fines de desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de pescado que no haya sido desembarcado previamente, así como para los otros servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique seco. Esta medida deberá informarla a distintos interesados destacando el Estado del Pabellón del buque al que se le ha denegado uso de puertos.

Se salvaguarda el uso de los servicios portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para la seguridad del buque y además se señala que ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a una Parte que adopte medidas que sean conformes con el Derecho internacional, además de las referidas en el artículo 18.

En general las disposiciones de esta Parte 4 del Acuerdo, dejan claramente establecido que la sanción que deben aplicar los Estados Rectores del Puerto se relaciona con la denegatoria ya sea de entrada a su puerto o de uso de sus puertos cuando existan motivos fundados para considerar que un buque ha incurrido en actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.

e. Recursos en contra de los Estados Rectores del Puerto. Se establece la obligación de que cada Parte mantenga a disposición del público y proporcione al propietario, operador, capitán, patrón o representante de un buque, que lo soliciten por escrito, la información pertinente sobre los distintos recursos a los que ellos pueden recurrir cuando se adopten decisiones que ellos consideren que les ha causado daños y perjuicios con relación a la aplicación de los artículos 9, 11, 13 y 18 del Acuerdo, incluyendo la información sobre los servicios públicos o instituciones judiciales disponibles para ese fin, así como sobre si existe derecho a solicitar indemnización, de conformidad con su leyes y reglamentos nacionales.

El artículo 20 dispone que los Estados del Pabellón deben exigir a los buques que enarbolen su pabellón a que cooperen con el Estado Rector del Puerto en las inspecciones que se llevan a cargo según este Acuerdo y los alentará a que desembarquen, transborden, empaqueten y procesen pescado y utilicen otros servicios portuarios, en los puertos de Estados que actúen de manera conforme a este Acuerdo o compatible con él.

Complementariamente, los Estados del Pabellón cuando tengan motivos para suponer que uno de sus buques ha incurrido en pesca INDNR o en actividades de apoyo a pesca INDNR, debe solicitar al Estado Rector del Puerto que lo inspeccione. Asimismo, si el Estado del Pabellón recibe un informe tras una inspección, en el que se indique la existencia de motivos para considerar que un buque de su pabellón ha incurrido en actividades de pesca INDNR o en actividades de apoyo a pesca INDNR, debe iniciar una investigación completa sin demora y cuando tenga evidencias suficiente, debe aplicar medidas coercitivas según su legislación interna. Las acciones adoptadas, que debieran ser efectivas, serán informadas a los Estados rectores del puerto que corresponda y, según proceda, a otros Estados y organizaciones regionales de ordenación pesquera que corresponda, así como a la FAO.

Estas disposiciones son necesarias toda vez que la efectividad de las medidas del presente Acuerdo no sólo se relaciona con no dar acceso o uso de puertos sino también con la aplicación de sanciones cuando se han detectado incumplimientos, las que de acuerdo al Derecho Internacional, deben ser aplicadas por los Estados del Pabellón.

El artículo 21 contiene disposiciones orientadas a incrementar las capacidades de los países en desarrollo para que puedan aplicar las medidas que les corresponda como Estado Rector del Puerto. Este artículo tiene un completo desarrollo para darle la eficacia que requiere.

Estas disposiciones del Acuerdo son necesarias toda vez que la pesca INDNR utiliza frecuentemente áreas geográficas en las que las probabilidades de detectarlos son escasas y esas condiciones suelen darse en Estados con bajas capacidades para aplicar las medidas que propone este Acuerdo.

El Acuerdo contempla en el artículo 22, las instancias y normas a las que deben someterse las Partes en caso de controversias acerca de su interpretación o aplicación.

Las reglas que se contemplan tienden a impedir, una vez que se hayan agotado las consultas previas entre las Partes en conflicto y las instancias judiciales de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el arbitraje, que una controversia quede sin solución, porque en el supuesto indicado, las Partes deberán siempre continuar sus consultas y cooperar a fin de llegar a solucionar la controversia de conformidad con los principios que informan el Derecho Internacional, relativo a la conservación de los recursos marinos vivos.

Por su parte, el artículo 23 regula a los Terceros presentes al Acuerdo, tanto para que adhieran al Acuerdo como para desalentarlos a realizar actividades que lo contravengan.

El artículo 24 establece que debe haber una evaluación regular y sistemática de la aplicación del Acuerdo y se fija una reunión con este propósito luego de transcurridos cuatro años de su entrada en vigor.

Finalmente, los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 tratan de la firma; ratificación, aceptación o aprobación; adhesión; participación de las organizaciones regionales de integración económica; entrada en vigor; reservas y excepciones; declaraciones; aplicación provisional; enmiendas; anexos; denuncia; depositario, y textos auténticos, respectivamente.

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DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Tuma colocó en discusión el proyecto.

El Subdirector de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor José Fernández, señaló que el Acuerdo fue aprobado el año 2009 y con su inmediata ratificación se busca potenciar el rol de nuestro país como generador de acuerdos en estas materias.

Agregó que, por la extensión de nuestra costa, la pesca ilegal representa una grave amenaza para nosotros. Por dicha razón, esta aprobación constituye una señal muy potente de nuestra posición internacional al respecto.

Finalmente, expresó que este Acuerdo representa una buena sinergia con el ordenamiento pesquero del Pacífico sur.

A continuación, el abogado de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Pesca, señor Osvaldo Urrutia, manifestó que el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector de Puerto para prevenir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), surge bajo el alero de la FAO, sede donde se acordó su texto en el año 2009.

Indicó que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR o “pesca IUU” por sus siglas en inglés) constituye una de la mayores amenazas globales contra la sustentabilidad de los recursos marinos, especialmente para los que se encuentran en la alta mar.

Agregó que algunas de las medidas adoptadas por la comunidad internacional para repeler este flagelo son: una mayor colaboración y coordinación internacional; mejor control y supervigilancia; aquellas medidas que apuntan a mayor control por parte del Estado del pabellón, del Estado ribereño, del Estado del comercio, del Estado de la nacionalidad, y del Estado del puerto, punto al que alude específicamente este Acuerdo.

Explicó que, precisamente, este Acuerdo tiene por objeto que los Estados partes adopten ciertas medidas mínimas para controlar actividades de pesca INDNR, relativas a sus puertos, lo que no obsta a que Chile, u otro países, puedan establecer medidas más exigentes para el acceso y uso de sus puertos. Añadió que estas medidas son consistentes con la posición que nuestro país ha sostenido en los foros internacionales.

A continuación, enumeró algunas de las características de este acuerdo. Al respecto, indicó que la definición de pesca INDNR, corresponde a la apoyada por Chile. Reiteró que se trata de un acuerdo de mínimos, tal como Chile postuló durante la negociación del Tratado, de manera que cada Estado pueda adoptar una norma más estricta.

Destacó que las naves de apoyo quedan incluidas, cuestión que también Chile apoyó durante las negociaciones del Convenio.

Explicó que otras medidas efectivas son las facultades de los Estados, establecidas en los artículos 9 y 11, tanto antes que la nave recale a puerto, para denegar la entrada, como una vez en ella, facultad de denegar servicios y uso del puerto para desembarque.

Luego, el Honorable Senador señor Larraín manifestó que desde luego el Acuerdo es relevante por la vasta costa que tiene nuestro país y por la internacionalización de la pesca en alta mar, la cual cada vez produce más abusos.

Pidió una explicación del concepto de “pesca ilegal” y del uso de los puertos y si esto incluye las causas humanitarias, y cuál será la autoridad que en definitiva puede ejercer el Estado puerto.

Consultó también por las sanciones aplicables, a quienes se aplican, y qué Estados han adherido al Acuerdo y quienes no lo han hecho.

Señaló el señor Urrutia que el concepto de pesca ilegal se basa en los criterios de la FAO, que considera tres aspectos, la pesca ilegal propiamente tal, que contraviene directamente un precepto legal, sea porque no tiene licencia, porque utiliza un arte prohibido, captura una especie prohibida, excede las cuotas, etc.

Agregó que si es en alta mar la pesca se regula por los Acuerdos Reguladores de Pesca (ORP). En segundo lugar está la pesca no declarada, en la que existe regulación, pero no se ha declarado. En tercer lugar, está la pesca no reglamentada, son países que no forman parte de las ORP, no firman nada para no estar obligados. Si los Estados han dado su consentimiento no hay discusión, pero la FAO está presionando a los Estados que se niegan a firmar estos acuerdos, para que se incorporen.

Agregó que Chile no tiene problemas con la definición y la considera lo suficientemente amplia.

En cuanto al acceso a los puertos, explicó que considera casos de fuerza mayor, que están muy reglamentados, entre ellos, el estado de necesidad, pero para evitar subterfugios se prohíbe desembarcar pescados.

En lo que dice relación con las facultades del Estado ribereño, indicó que tiene derecho a impedir la recalada, y en uno de los anexos está la información que deben entregar los navíos que solicitan acceso a puerto. También señala las facultades que tiene el Estado durante la estadía en el puerto, pues pudo dársele acceso al puerto pero no derecho al uso de las instalaciones del mismo, si el Estado invoca pesca ilegal.

Respecto de las sanciones, señaló que es una debilidad del Acuerdo, aparte de la prohibición de recalada y uso del puerto hay pocas sanciones efectivas y el Estado deberá hacer uso de su legislación interna, o comunicar al Estado del Pabellón. Puede expulsar el barco o requisar la pesca, pero no detener la nave o a su tripulación.

Consultó el Honorable Senador señor Tuma si se equipara con un infractor nacional.

Señaló el señor Urrutia que si es en la zona económica exclusiva si, pero si es en alta mar es difícil aplicar la legislación interna.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó que se envíe información a la Comisión acerca de la Reunión Plenaria de la Comisión de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, ORP, que se realizara en Cali, Colombia, a lo que se comprometieron tanto la Cancillería como la Subsecretaría de Pesca.

Agregó el señor Urrutia que hay registro de los barcos que habitualmente realizan pesca ilegal, y se les niega acceso, pero con frecuencia cambian de nombre o bandera, ya que es muy fácil hacerlo. Concluyó que en general, el Acuerdo se condice plenamente con la posición nacional, muy comprometida con en el combate a la pesca ilegal.

Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Larraín, Kuschel, Letelier, Pizarro y Tuma.

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En consecuencia, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de acuerdo en informe, en los mismos términos en que lo propuso S. E. el Presidente de la República, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado, el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36º período de sesiones.”.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 3 de mayo de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Eugenio Tuma Zedán (Presidente), Hernán Larraín Fernández, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Juan Pablo Letelier Morel y Jorge Pizarro Soto.

Sala de la Comisión, a 3 de mayo de 2011.

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

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INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, aprobatorio del “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36° periodo de sesiones.”

(Boletín Nº 7.160-10)

I.- PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos.

II.- ACUERDO: aprobado en general y en particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión (5x0).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: artículo único que aprueba el Convenio que consta de 37 artículos y 5 Anexos.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene

V.- URGENCIA: no tiene.

VI.- ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República, enviado al Senado.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII.- APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: no tiene.

IX.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 31 de agosto de 2010.

X.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe. Pasa a la Comisión de Hacienda.

XI.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo Nº 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.

Valparaíso, 3 de mayo de de 2011.

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, aprobatorio del “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36° periodo de sesiones.”.

BOLETÍN Nº 7.160-10

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HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informar acerca del proyecto de acuerdo de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

A la sesión en que se analizó el proyecto de acuerdo en informe asistieron, de la División de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Pesca, el abogado, señor Osvaldo Urrutia, y la ingeniera pesquera, señora Karin Mundnich

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El proyecto de acuerdo en informe fue estudiado previamente por la Comisión de Relaciones Exteriores.

Cabe señalar que dicha Comisión hizo presente que por tratarse de un proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento del Senado, propone discutirlo en general y en particular a la vez, proposición que hace suya la Comisión de Hacienda.

Se hace presente, asimismo, que en lo concerniente a los antecedentes jurídicos y de hecho del proyecto de acuerdo de la referencia, vuestra Comisión de Hacienda se remite a lo expresado en su informe por la Comisión de Relaciones Exteriores.

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DISCUSIÓN

El abogado de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Pesca, señor Osvaldo Urrutia, expresó que el objetivo del presente proyecto de acuerdo es prevenir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR, “pesca IUU” por sus siglas en inglés), que se ha constituido en un flagelo que atenta seriamente contra la sustentabilidad de la actividad pesquera en altamar.

Para hacerle frente, la comunidad internacional ha adoptado una serie de medidas tendientes a mayor colaboración y coordinación internacional y mejor control y supervigilancia, por parte del Estado del pabellón, del Estado ribereño, del Estado del comercio, del Estado de la nacionalidad y del Estado del puerto. A este último, en particular, se refiere el proyecto en análisis, pues lo faculta para impedir el arribo de las naves pesqueras que han operado ilegalmente, para efectuar labores de inspección cuando ha permitido el ingreso y para denegar determinados servicios o el uso del puerto cuando, habiéndole permitido a alguna recalar, se encuentre en antecedentes de su actuar ilegal.

Añadió que lo propuesto es un acuerdo de mínimos, pues habilita a los países para adoptar medidas más exigentes que las que se establecen para el acceso y uso de sus puertos.

Se trata, concluyó, de un convenio consistente con la posición que nuestro país ha sostenido en los foros internacionales, en el que se contempla la definición de pesca INDNR que Chile ha propiciado, y en el que quedan incluidas las naves de apoyo. Por todo ello encuentra a nuestro país, en el contexto internacional, en buena posición para instar a que más países se incorporen a él y para llevar a cabo sus disposiciones, las que, por encontrarse ya en un importante estado de implementación, no representarán mayor gasto para el Fisco.

Puesto en votación el proyecto de acuerdo, fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, Kuschel y Novoa.

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FINANCIAMIENTO

El Informe Financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 12 de julio de 2010, señala, de manera textual, lo siguiente:

“El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto fue aprobado por la conferencia de la FAO en su 36° período de sesiones en noviembre de 2009, al amparo del artículo XIV de su Constitución.

La ratificación de este Tratado, administrado por la FAO, no involucra el pago de nuevas contribuciones financieras adicionales a Chile como miembro de dicho organismo internacional. Sin embargo, el Acuerdo dispone que las Partes cooperarán a fin de establecer mecanismos de financiación adecuados para ayudar a los Estados en desarrollo en su aplicación, lo que podría derivar a futuro en gastos adicionales para nuestro país, cuyo monto no es posible anticipar previamente.

Una vez que la Convención entre en vigor para Chile, la aplicación del Acuerdo por parte del Servicio Nacional de Pesca, ente fiscalizador, no involucrará gastos adicionales, aunque por su parte, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, que también interviene en la aplicación del Acuerdo, ha considerado la realización de un seminario de instrucción para inspectores nacionales, con un gasto estimado de $2.500 miles (pasajes $1.500 miles y viático $1.000 miles), los que se considerarán en su presupuesto regular.”.

En consecuencia, el proyecto de acuerdo en informe no producirá desequilibrios macroeconómicos ni incidirá negativamente en la economía del país.

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En mérito del acuerdo precedentemente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponer la aprobación del proyecto de acuerdo en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado, el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36º período de sesiones.”.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 19 de julio de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Presidente), Camilo Escalona Medina, Carlos Ignacio Kuschel Silva y Jovino Novoa Vásquez.

Sala de la Comisión, a 20 de julio de 2011.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, APROBATORIO DEL “ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO DESTINADAS A PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA, APROBADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2009, POR LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) EN SU 36° PERIODO DE SESIONES.”

(Boletín Nº 7.160-10)

I.- PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos.

II.- ACUERDO: aprobado en general y en particular unanimidad 4x0.

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: artículo único que aprueba el Convenio que consta de 37 artículos y 5 Anexos.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene

V.- URGENCIA: no tiene.

VI.- ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 31 de agosto de 2010.

IX.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo Nº 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.

Valparaíso, 20 de julio de 2011.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

ACUERDO SOBRE MEDIDAS DE ESTADO RECTOR DE PUERTO PARA PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-

Proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada", aprobado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

--Los antecedentes sobre el proyecto (7160-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En primer trámite, sesión 45ª, en 31 de agosto de 2010.

Informes de Comisión:

Relaciones Exteriores: sesión 36ª, en 20 de julio de 2011.

Hacienda: sesión 36ª, en 20 de julio de 2011.

El señor LETELIER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

El objetivo del instrumento internacional es que los Estados Partes adopten en sus puertos ciertas medidas mínimas para controlar actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a fin de garantizar, así, el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos vivos y ecosistemas marinos.

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus integrantes, Honorables señores Kuschel, Hernán Larraín, Letelier, Pizarro y Tuma, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

La Comisión de Hacienda, por su parte, adoptó igual resolución por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Escalona, Frei, Kuschel y Novoa, dejando constancia de que el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos expresa que el Acuerdo no causará un desequilibrio económico ni incidirá negativamente en la economía del país.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-

En discusión general y particular a la vez.

Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , básicamente, la Comisión de Relaciones Exteriores, que me corresponde presidir, dio un apoyo unánime al proyecto, como se expresó, el cual tiene por finalidad lograr una protección del medioambiente.

En el mensaje se señala que el instrumento que nos ocupa representa una importante ventaja para Chile, en la medida en que se refuerzan las potestades de los Estados para combatir la pesca ilegal, lo que refleja una clara voluntad de la FAO y la comunidad internacional de terminar con prácticas que solo contribuyen a elevar a niveles inaceptables el riesgo de conservación de los recursos y ecosistemas marinos.

Se apunta a asegurar que los puertos se transformen en instancias de control efectivas para garantizar que la obtención de las capturas a bordo de las naves que desean utilizar sus instalaciones para fines de desembarque, transbordo o apoyo logístico se lleve a cabo de manera compatible con la conservación.

El texto destaca que, para el país, las normas que contendrá el nuevo Acuerdo deben ser siempre entendidas como un conjunto mínimo de acciones, y, por lo mismo, no serán un impedimento para que las complementen otras medidas más estrictas.

Añade que el Estado rector queda obligado a adoptar una serie de disposiciones de control para velar que en sus puertos solo puedan entrar y utilizar sus instalaciones y servicios las naves que, sin ser de su pabellón, cumplan con las medidas de conservación y ordenamiento pesquero aplicables.

En consecuencia, el Acuerdo es bastante sencillo, pero muy conveniente para los efectos de la protección y conservación del medioambiente y los recursos pesqueros. Por ello, recomendamos que se vote a favor.

He dicho.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , los argumentos pertinentes han sido proporcionados por el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores .

Desde luego, la Comisión de Pesca aprueba plenamente la fórmula para impedir la captura ilegal, no reglamentada, y también que los países formulen exigencias aún mayores que las de un instrumento sobre normas mínimas, como lo señala el informe.

Solicito que se abra la votación para que este órgano técnico pueda sesionar en forma simultánea con la Sala, a lo cual se halla autorizado.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-

Hago presente que en la testera quedan registrados en forma electrónica los pronunciamientos que se emiten. Sus Señorías pueden confiar en que se les informará si existe algún problema.

En votación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

--Por 21 votos a favor, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.

Votaron la señora Alvear y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-

Se dejará constancia de que se adhieren a la aprobación los Senadores señores Coloma, Pérez Varela y Uriarte, señora Allende, señor Pizarro y señora Pérez San Martín.

Valparaíso, 2 de agosto de 2011.

Nº 1003/SEC/11

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 7.160-10:

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36º período de sesiones.”.”.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

BOLETÍN N° 7160-10-1

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO DESTINADAS A PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA, APROBADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2009, POR LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO), EN SU 36° PERIODO DE SESIONES. ______________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo del epígrafe, que se encuentra sometido a la consideración de la H. Cámara, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:

1°) Que la idea matriz o fundamental de este Proyecto de Acuerdo, como su nombre lo indica, es aprobar el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su 36° periodo de sesiones.

2°) Que este Proyecto de Acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, ni requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

3°) Que la Comisión aprobó el Proyecto de Acuerdo por la unanimidad de las Diputadas y Diputados presentes (8) señora Molina, doña Andrea, y señores Bauer, don Eugenio; Edwards, don José Manuel; Jarpa, don Carlos Abel; Moreira, don Iván; Nuñez, don Marco Antonio; Tarud, don Jorge, y Teillier, don Guillermo.

4°) Que Diputado Informante fue designado el señor Nuñez, don Marco Antonio.

II.- ANTECEDENTES.

Según lo señala el propio Mensaje, el sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO”, solicitó en el año 2007 que se elaborara un instrumento jurídicamente vinculante sobre normas mínimas para ser aplicadas en los puertos, destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Agrega que este Acuerdo fue el resultado de ese proceso, que se realizó sobre la base del plan de acción internacional para prevenir la pesca INDNR (2001), así como en el modelo de sistema diseñado por la FAO para este mismo fin.

Añade el Ejecutivo que el referido instrumento genera los incentivos necesarios para que los Estados compartan un estándar internacional con medidas mínimas en pos de asegurar que las actividades que se desarrollan en sus puertos por parte de naves extranjeras no socaven las medidas de conservación y ordenamiento que se hayan adoptado conforme con las prácticas recomendadas por la comunidad internacional, y, en particular, con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del Acuerdo de las Naciones Unidas relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios y del Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación.

El Mensaje indica que este instrumento contribuirá a una adecuada gestión pesquera en alta mar, de especial importancia para Chile, con miras a la celebración de acuerdos regionales de regulación pesquera para la adopción de medidas de ordenación y conservación de las pesquerías en el Pacífico Sur y frente a las pretensiones de Estados de aguas distantes, en la medida en que permite condicionar la entrada y uso de nuestros puertos al cumplimiento de un conjunto de normas cuya fiscalización será fundamental para Chile.

Señala también que la adopción de este Acuerdo representa, igualmente, una importante ventaja para nuestro país, cual es la de reforzar las potestades de los Estados para combatir la pesca INDNR, lo que refleja una clara voluntad de la FAO y de la Comunidad Internacional por terminar con prácticas pesqueras que sólo contribuyen a elevar a niveles inaceptables el riesgo de conservación de los recursos pesqueros y sus ecosistemas marinos.

Este Acuerdo, añade el Gobierno, debe convertirse en una forma esencial de cooperación, buscando con ello asegurar que los puertos se transformen en instancias de control efectivas para garantizar que la obtención de las capturas a bordo de las naves que desean utilizar sus instalaciones portuarias para fines de desembarque, transbordo o apoyo logístico, se lleve a cabo de manera compatible con la conservación.

A este fin, agrega, contribuye en particular el hecho que los Estados rectores de los puertos, además son Estados ribereños, y, por lo tanto, tienen un doble compromiso con la conservación, en especial respecto de los recursos que califican como transzonales o altamente migratorios.

Destaca el Mensaje que para Chile las normas que contendrá este nuevo Acuerdo deben ser siempre entendidas como un conjunto mínimo de acciones, y, por lo mismo, no serán un impedimento para que sean complementadas por otras medidas más estrictas.

A continuación, el Ejecutivo indica que este instrumento internacional tiene por objetivo establecer un conjunto mínimo de medidas que deben aplicar los Estados en sus puertos (de ahí la categoría “Estado rector del puerto”) para combatir la INDNR, reconociendo que tales medidas ofrecen medios eficaces y rentables para contribuir a ese fin.

Añade que el Estado rector del puerto queda obligado a adoptar una serie de medidas de control para velar que en sus puertos sólo puedan entrar y utilizar sus instalaciones y servicios portuarios aquellas naves que no siendo de su pabellón, cumplan con las medidas de conservación y ordenamiento pesquero que le son aplicables.

El Acuerdo establece en sus disposiciones que estas medidas deben ser consideradas como “medidas mínimas”, entendiendo que en el ejercicio de su soberanía sobre los puertos situados en su territorio los Estados pueden adoptar medidas más estrictas, de conformidad al Derecho Internacional.

Por último, el Mensaje señala que se trata, en consecuencia, de que estas medidas ofrezcan una base de regulación que constituya un estándar internacional aplicable por los denominados “Estados rectores del puerto”.

III.- CONTENIDO DEL ACUERDO

El Acuerdo se encuentra estructurado sobre la base de un Preámbulo, en el cual las Partes consignan los motivos que los determinaron a adoptarlo, 37 artículos, y 5 Anexos (A, B, C, D y E).

El artículo 1, establece ciertas definiciones relativas a los términos empleados en él para la aplicación del mismo, entre ello lo que ha de entenderse por: “medidas de conservación y ordenación”, “peces” o “pescado”, “pesca”, “actividades relacionadas con la pesca”, “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, “Parte”, “puerto”, “organización regional de integración económica”, “organización regional de ordenación pesquera”, y “buque”.

El Acuerdo, como ya se ha señalado, tiene como objetivo combatir la pesca INDNR, concepto cuyo alcance se consigna en el artículo 1, letra e), del mismo, haciéndose referencia a las actividades mencionadas en el párrafo 3 del Plan de acción internacional (PAI) de la FAO del año 2001, para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR. Por lo tanto, la definición precisa del concepto de pesca INDNR, que está contenida en el PAI de la FAO, es la siguiente:

“3.1 Por pesca ilegal se entiende las actividades pesqueras:

3.1.1 realizadas por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo sus leyes y reglamentos;

3.1.2 realizadas por embarcaciones que enarbolan el pabellón de Estados que son partes de una organización regional de ordenación pesquera competente, pero faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados, o las disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable; o

3.1.3 en violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales, inclusive las contraídas por los Estados cooperantes con respecto a una organización regional de ordenación pesquera competente.

3.2 Por pesca no declarada se entiende las actividades pesqueras:

3.2.1 que no han sido declaradas, o han sido declaradas de modo inexacto, a la autoridad nacional competente, en contravención de leyes y reglamentos nacionales; o

3.2.2 llevadas a cabo en la zona de competencia de una organización regional de ordenación pesquera competente, que no han sido declaradas o han sido declaradas de modo inexacto, en contravención de los procedimientos de declaración de dicha organización.

3.3 Por pesca no reglamentada se entiende las actividades pesqueras:

3.3.1 en la zona de aplicación de una organización regional de ordenación pesquera competente que son realizadas por embarcaciones sin nacionalidad, o por embarcaciones que enarbolan el pabellón de un Estado que no es parte de esa organización, o por una entidad pesquera, de una manera que no está en consonancia con las medidas de conservación y ordenación de dicha organización, o que las contraviene; o

3.3.2 en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben al Estado en virtud del derecho internacional.”.

Al considerar esta definición, en la que se hace referencia explícita a los 3 tipos de actividades que deben ser combatidas como son la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Acuerdo está contribuyendo a reforzar un concepto que ha recibido amplio respaldo de la comunidad internacional pero que igualmente necesita seguir reafirmándose. Cabe hacer presente que este es un tema altamente complejo y llegar a un consenso sobre su definición demandó años de negociaciones que culminaron con la adopción del PAI-INDNR el año 2001.

Por otra parte, en cuanto al ámbito de aplicación, este Acuerdo regula a buques pesqueros y a aquellas embarcaciones que prestan apoyo a tales actividades para lo cual se ha definido el concepto de “actividades relacionadas con la pesca” las cuáles quedan incluidas en la definición de “buque”. Esta definición se alinea con la tendencia observada en las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero en las cuáles se han estado adoptando regulaciones que también consideran a embarcaciones que prestan servicios a las naves pesqueras, todo esto con la finalidad de dar mayor eficacia a las medidas de conservación y ordenamiento pesquero. En ese sentido el Acuerdo recoge y refuerza esta tendencia lo que constituye un aporte del mismo.

Un tercer elemento relevante es que el Acuerdo debe ser aplicado por los Estados Puerto a todo barco que entre a sus puertos que no sean de su pabellón, estableciéndose 2 excepciones: a) buques de países limítrofes que realicen pesca artesanal de subsistencia, siempre que haya cooperación entre ambos Estados para que dichos buques no incurran en pesca INDNR ni con actividades que la apoyen, y b) buques porta contenedores que no transporten pescado o que aún cuando lo lleven éste se haya desembarcado en forma previa, siempre que no existan motivos fundados para sospechar que dichas naves han apoyado actividades de pesca INDNR.

Al respecto, el Acuerdo al dejar expresamente señaladas las excepciones respecto a su aplicación, despeja las dudas que podrían debilitar su eficacia. Finalmente, en este punto debe destacarse que por ser este Acuerdo uno de carácter mundial aplicable a todos los puertos, se llama a otras entidades a manifestar su compromiso de actuar de manera consistente con sus disposiciones.

El artículo 2 señala el objetivo, cual es prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos.

Luego, el artículo 3 regula la forma en que cada Estado Parte aplicará el Convenio.

El artículo 4 establece que este Acuerdo no afecta la soberanía de las Partes sobre sus aguas jurisdiccionales ni el ejercicio de soberanía sobre sus puertos, incluida la denegatoria de entrada o el adoptar medidas más estrictas que las del Acuerdo.

Además, en el artículo 5 se hace mención a que las medidas del Acuerdo deben ser coordinadas con un sistema más amplio de controles y con otras medidas destinadas a combatir la pesca INDNR teniendo en cuenta el PAI 2001. Dispone, además, que se deben adoptar medidas para el intercambio de información entre organismos nacionales competentes y para la coordinación de actividades, al ejecutar el Acuerdo. En el mismo sentido, el artículo 6 señala la obligación de intercambiar información entre los Estados, con FAO y con otras organizaciones internacionales y organizaciones regionales de ordenación pesquera en relación con el objetivo del Acuerdo.

A su vez, el artículo 7 regula la designación de puertos.

Los artículos 8, 9, 10 y 11 contienen las disposiciones específicas asociadas a la entrada y al uso de los puertos. En ellos se establece un conjunto de obligaciones de los Estados para que éstos ejerzan su rol fiscalizador del cumplimiento de las medidas de conservación y ordenamiento que les son aplicables a las naves de pabellón extranjero que desean recalar a sus puertos para utilizar sus servicios e instalaciones portuarias.

Para cumplir con tal propósito, los Estados deben designar y dar publicidad a los puertos que quedarán habilitados para la entrada de buques, los que en la mayor medida posible, deberán contar con capacidad suficiente para realizar las inspecciones, en virtud del presente Acuerdo.

Las obligaciones para los Estados del puerto se dan en dos etapas, antes de que la nave recale a sus puertos y luego cuando ya se encuentra en sus puertos. En ambas etapas el Estado Rector del puerto debe cumplir las disposiciones contenidas en el Acuerdo, siendo las principales de ellas las siguientes:

a. Antes de la recalada debe existir una solicitud de entrada a puerto. Para estos efectos, cada buque debe solicitar autorización previa para entrar a los puertos habilitados entregando con antelación, al menos, la información consignada en el anexo A del acuerdo, el cual contiene un listado de información relativa a:

- Identificación de la nave, fechas previstas de entrada y lugar (puerto);

- Identificación de armador y capitán o patrón del buque;

- Detalles de las autorizaciones de pesca pertinentes;

- Detalles de las autorizaciones pertinentes de transbordo y de operaciones; y

- Capturas a bordo y a desembarcar.

Cada Parte, una vez recibida la información pertinente decidirá si autoriza o deniega la entrada a puerto en función de si el buque que solicita la entrada ha incurrido o no en actividades de pesca INDNR.

En caso de denegarse el acceso, debe ser comunicado al Estado del Pabellón y en la medida de lo posible a Estados ribereños interesados, organizaciones regionales de ordenación pesquera y otras organizaciones internacionales. No se autorizará la entrada a puerto a buques cuando su nombre figure en las listas de aquellos que han incurrido en actividades INDNR elaboradas por una organización regional de ordenamiento pesquero de conformidad al Derecho Internacional.

Con todo, las naves pueden ser autorizadas a ingresar a puertos sólo para efectos de inspeccionarlas y para adoptar medidas apropiadas de conformidad al Derecho Internacional, tan eficaces como la denegación de entrada a puerto.

Si uno de esos buques entra a puerto, se debe denegar el uso de instalaciones portuarias a efecto de desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de pescado, así como otros servicios incluidos, el repostaje, reabastecimiento, mantenimiento y entrada a dique seco.

En el artículo 8 se salvaguarda la entrada a puerto en caso de fuerza mayor o dificultad grave y se deja constancia que no se podrá impedir la entrada a puerto a un buque exclusivamente con la finalidad de prestar auxilio a personas, embarcaciones o aeronaves en situación de peligro o dificultad grave.

Estas disposiciones son compatibles con los procedimientos actualmente utilizados en nuestro país respecto a la pesca no regulada que se desarrolla en alta mar sobre especies transzonales y altamente migratorias, y que se derivan de la aplicación de la política de uso de puertos por naves pesqueras extranjeras que pescan en el alta mar adyacente a nuestro país (DS. Nº 123, del año 2004).

b. Una vez en puerto. El Acuerdo establece en su artículo 11 que cuando un buque haya entrado en uno de sus puertos, la Parte denegará a dicho buque, el uso del puerto para el desembarque, transbordo, empaquetado o procesamiento de pescado que no haya sido desembarcado previamente así como otros servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique seco, cuando se dan algunas de las condiciones señaladas en el artículo 9, entre las que destacan las siguientes:

- El buque no cuenta con la autorización válida y pertinente;

- Se reciban evidencias fundadas que el pescado que se encuentra a bordo ha sido capturado contraviniendo los requisitos que le son aplicables;

- El Estado del pabellón no confirme dentro de un plazo razonable, a petición del Estado rector del puerto, que el pescado que se encuentra a bordo se ha capturado de conformidad con los requisitos aplicables;

- Existan motivos razonables para considerar que el buque ha incurrido de algún modo actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.

Las denegatorias deberán informarse y también pueden revocarse cuando haya evidencia que los motivos que la fundaron fueron erróneos, inadecuados o ya no existen.

Queda salvaguardado el caso de fuerza mayor, pues no se denegará el uso de los servicios portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para la seguridad del buque, siempre que dichas necesidades estén debidamente probadas o, para el desguace del buque.

A continuación, los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 conforman la Parte 4 del Acuerdo, que tratan las inspecciones y acciones de seguimiento.

a. Las inspecciones. El artículo 12 establece el compromiso de los Estados a ejecutar un número de inspecciones en puerto que permitan alcanzar el objetivo del Acuerdo y fija criterios para priorizar naves que deberán inspeccionarse. Por su parte, el artículo 13 prevé un conjunto de normas a las que deben atenerse las inspecciones con el objetivo de garantizar que éstas se desarrollen de manera que no constituyan un obstáculo arbitrario. Al respecto el Anexo B contiene los elementos esenciales del procedimiento de inspección del Estado Rector del Puerto. Finalmente, los artículos 14 y 15 señalan la obligación de generar un informe de las inspecciones y de difundirlo entre un conjunto de interesados, destacando siempre el Estado del Pabellón de la nave inspeccionada. Para estos efectos, el Anexo C contiene un formato del informe de inspección que deberá elaborarse.

b. Los inspectores. El artículo 17 precisa que los Estados deben velar por que sus inspectores estén debidamente capacitados, para lo cual el Anexo E contiene las directrices a considerar en los programas de capacitación, entre los que se incluyen materias como ética; aspectos de salud, protección y seguridad; normativa nacional aplicable, ámbitos de competencia y medidas de conservación y gestión de las OROP pertinentes, así como el Derecho Internacional aplicable; recopilación, evaluación y conservación de pruebas; procedimientos generales de inspección, como la redacción de informes y las técnicas de entrevista; embarque e inspección de buques, en particular las inspecciones de carga y el cálculo de los volúmenes de carga del buque; y medidas que deben tomarse después de una inspección, entre otras.

c. Intercambio de información. El artículo 16 establece la obligación de las Partes de contar con un mecanismo de comunicaciones, para el intercambio electrónico directo de información relativa a la aplicación de este Acuerdo. Esta disposición es fundamental pues la eficacia de muchas inspecciones en puerto depende de contar oportunamente con información. Para estos efectos, cada Parte debe designar un “punto de contacto” que debe ser notificado a FAO, y se obliga a los Estados a que sus “sistemas de información sobre medidas del Estado rector del puerto” consideren los criterios contenidos en el Anexo D, relativos principalmente al uso del sistema internacional de codificación.

d. Medidas tras la inspección. El artículo 18 dispone que en aquellos casos en que, tras realizar una inspección, existan motivos fundados para considerar que un buque ha incurrido en actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, la Parte que realiza la inspección denegará el uso de su puerto al buque con fines de desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de pescado que no haya sido desembarcado previamente, así como para los otros servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique seco. Esta medida deberá informarla a distintos interesados destacando el Estado del Pabellón del buque al que se le ha denegado uso de puertos.

Se salvaguarda el uso de los servicios portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para la seguridad del buque y además se señala que ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a una Parte que adopte medidas que sean conformes con el Derecho internacional, además de las referidas en el artículo 18.

En general las disposiciones de esta Parte 4 del Acuerdo, dejan claramente establecido que la sanción que deben aplicar los Estados Rectores del Puerto se relaciona con la denegatoria ya sea de entrada a su puerto o de uso de sus puertos cuando existan motivos fundados para considerar que un buque ha incurrido en actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.

e. Recursos en contra de los Estados Rectores del Puerto. Se establece la obligación de que cada Parte mantenga a disposición del público y proporcione al propietario, operador, capitán, patrón o representante de un buque, que lo soliciten por escrito, la información pertinente sobre los distintos recursos a los que ellos pueden recurrir cuando se adopten decisiones que ellos consideren que les ha causado daños y perjuicios con relación a la aplicación de los artículos 9, 11, 13 y 18 del Acuerdo, incluyendo la información sobre los servicios públicos o instituciones judiciales disponibles para ese fin, así como sobre si existe derecho a solicitar indemnización, de conformidad con su leyes y reglamentos nacionales.

El artículo 20 dispone que los Estados del Pabellón deben exigir a los buques que enarbolen su pabellón a que cooperen con el Estado Rector del Puerto en las inspecciones que se llevan a cargo según este Acuerdo y los alentará a que desembarquen, transborden, empaqueten y procesen pescado y utilicen otros servicios portuarios, en los puertos de Estados que actúen de manera conforme a este Acuerdo o compatible con él.

Complementariamente, los Estados del Pabellón cuando tengan motivos para suponer que uno de sus buques ha incurrido en pesca INDNR o en actividades de apoyo a pesca INDNR, debe solicitar al Estado Rector del Puerto que lo inspeccione. Asimismo, si el Estado del Pabellón recibe un informe tras una inspección, en el que se indique la existencia de motivos para considerar que un buque de su pabellón ha incurrido en actividades de pesca INDNR o en actividades de apoyo a pesca INDNR, debe iniciar una investigación completa sin demora y cuando tenga evidencias suficiente, debe aplicar medidas coercitivas según su legislación interna. Las acciones adoptadas, que debieran ser efectivas, serán informadas a los Estados rectores del puerto que corresponda y, según proceda, a otros Estados y organizaciones regionales de ordenación pesquera que corresponda, así como a la FAO.

Estas disposiciones son necesarias toda vez que la efectividad de las medidas del presente Acuerdo no sólo se relaciona con no dar acceso o uso de puertos sino también con la aplicación de sanciones cuando se han detectado incumplimientos, las que de acuerdo al Derecho Internacional, deben ser aplicadas por los Estados del Pabellón.

El artículo 21 contiene disposiciones orientadas a incrementar las capacidades de los países en desarrollo para que puedan aplicar las medidas que les corresponda como Estado Rector del Puerto. Este artículo tiene un completo desarrollo para darle la eficacia que requiere.

Estas disposiciones del Acuerdo son necesarias toda vez que la pesca INDNR utiliza frecuentemente áreas geográficas en las que las probabilidades de detectarlos son escasas y esas condiciones suelen darse en Estados con bajas capacidades para aplicar las medidas que propone este Acuerdo.

El Acuerdo contempla en el artículo 22, las instancias y normas a las que deben someterse las Partes en caso de controversias acerca de su interpretación o aplicación.

Las reglas que se contemplan tienden a impedir, una vez que se hayan agotado las consultas previas entre las Partes en conflicto y las instancias judiciales de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el arbitraje, que una controversia quede sin solución, porque en el supuesto indicado, las Partes deberán siempre continuar sus consultas y cooperar a fin de llegar a solucionar la controversia de conformidad con los principios que informan el Derecho Internacional, relativo a la conservación de los recursos marinos vivos.

Por su parte, el artículo 23 regula a los Terceros presentes al Acuerdo, tanto para que adhieran al Acuerdo como para desalentarlos a realizar actividades que lo contravengan.

El artículo 24 establece que debe haber una evaluación regular y sistemática de la aplicación del Acuerdo y se fija una reunión con este propósito luego de transcurridos cuatro años de su entrada en vigor.

Finalmente, los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 tratan de la firma; ratificación, aceptación o aprobación; adhesión; participación de las organizaciones regionales de integración económica; entrada en vigor; reservas y excepciones; declaraciones; aplicación provisional; enmiendas; anexos; denuncia; depositario, y textos auténticos, respectivamente.

IV.- DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y DECISIÓN ADOPTADA.

En el estudio de este Proyecto de Acuerdo la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Alfredo Moreno Charme, del señor José Aníbal Fernández, Subdirector de la Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos, y del señor Alvaro Espinoza, Jefe del Departamento OMC, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores, además de refrendar los fundamentos del Mensaje que le da origen, explicó que este Acuerdo fue aprobado por la Conferencia de la FAO en su 36° período de sesiones, el 22 de noviembre de 2009, luego de cuatro reuniones de una Consulta Técnica en la que Chile tuvo una activa participación e influencia en la redacción de su articulado.

Asimismo, señaló que el sector pesquero es de gran relevancia para la economía chilena y que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) representa una de las principales amenazas a la sustentabilidad de los recursos vivos marinos. A la vez, afirmó que este tipo de actividad puede darse tanto dentro como fuera de las aguas jurisdiccionales, pero es más difícil de controlar en alta mar, donde la responsabilidad principal es del Estado del pabellón, el que no siempre ejerce o está en condiciones de ejercer efectivamente su jurisdicción.

En este contexto, manifestó, el Acuerdo busca contribuir a enfrentar la pesca INDNR, a través de medidas adoptadas por los Estados del puerto, las cuales son del todo coherentes con aquellas que Chile aplica actualmente, en especial con la Política Nacional de Acceso a Puertos para Naves Pesqueras de Bandera Extranjera (D.S. 123/2004 revisado por el D.S. 329/2009), que incluye a las naves que prestan apoyo logístico a los barcos de la pesca.

El señor Canciller explicó que el Acuerdo es positivo para los intereses de nuestro país como Estado del Puerto y como Estado Ribereño, principalmente debido a que reconoce la soberanía del Estado sobre sus terminales portuarias, validando las políticas que éste determine para el acceso de las naves de bandera extranjera a sus puertos, y no impidiendo la aplicación de medidas más estrictas; mejora la aplicación de las medidas de fiscalización como una acción fundamental para la conservación de los recursos pesqueros; establece un estándar mínimo internacional a ser aplicado por las Partes en sus respectivos puertos a fin de reducir los terminales que sirvan de apoyo a la pesca INDNR, lo cual es particularmente importante, por ejemplo, para la industria del jurel, por cuanto es una especie que cuenta con alta movilidad, y promueve la cooperación regional con el objeto de evitar la disponibilidad de puertos de conveniencia relativamente cercanos que representen una alternativa para eludir una fiscalización rigurosa.

A modo de conclusión, el señor Canciller señaló que el acuerdo está en línea con la regulación chilena en la materia y destaca que su aprobación contribuirá al resguardo de los intereses de nuestro país como Estado del Puerto y como Estado ribereño.

Por su parte, la señora Diputada y señores Diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este Proyecto de Acuerdo, que viene a ratificar el objetivo estratégico del país que tiene entre sus finalidades promover la cooperación regional para evitar la disponibilidad de puertos de conveniencia que representen una alternativa para eludir una fiscalización rigurosa en la explotación de los recursos pesqueros, lo que es particularmente relevante en el caso de los recursos transzonales y los altamente migratorios.

Por ello, por 8 votos a favor, ningún voto en contra y cero abstención prestaron su aprobación al Proyecto de Acuerdo en informe, la Diputada señora Molina, doña Andrea, y los señores Bauer, don Eugenio; Edwards, don José Manuel; Jarpa, don Carlos Abel; Moreira, don Iván; Nuñez, don Marco Antonio, Tarud, don Jorge, y Teillier, don Guillermo.

V.- MENCIONES REGLAMENTARIAS.

En conformidad con lo preceptuado por el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que vuestra Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en Proyecto de Acuerdo en informe. Sin embargo, ella determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener, eventualmente, incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del Acuerdo en trámite, la Comisión decidió por la unanimidad antes señalada recomendar a la H. Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del Proyecto de Acuerdo, cuyo texto es el siguiente:

“PROYECTO DE ACUERDO

"ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36° período de sesiones.”.”.

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Discutido y despachado en sesión de fechas 30 de agosto de 2011, celebradas bajo la presidencia del H. Diputado don Carlos Abel Jarpa Wevar, y con la asistencia de la Diputada señora Molina, doña Andrea, y los Diputados señores Bauer, don Eugenio; Cerda, don Eduardo; Díaz, don Marcelo; Edwards, don José Manuel; Moreira, don Iván; Nuñez, don Marco Antonio; Saffirio, don René; Tarud, don Jorge, y Teillier, don Guillermo.

Se designó Diputado Informante al señor Nuñez, don Marco Antonio.

SALA DE LA COMISIÓN, a 30 de agosto de 2011.

Pedro N. Muga Ramírez,

Abogado, Secretario de la Comisión.

PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO DESTINADAS A PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA. Segundo trámite constitucional.

El señor MELERO ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su 36° período de sesiones.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Marco Antonio Núñez.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, boletín N° 7160-10, sesión 64ª, en 3 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 78ª, en 6 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor MELERO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores , me corresponde relatar el proyecto que aprueba el Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El proyecto se somete a consideración de la Honorable Cámara, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”.

El mensaje tiene por objeto establecer un conjunto mínimo de medidas que deben aplicar los Estados en sus puertos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, reconociendo que tales medidas ofrecen medios eficaces y rentables para contribuir a este fin.

Debo hacer presente que el Mensaje fue el resultado de un proceso que se realizó sobre la base de un plan de acción internacional para prevenir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada de 2001, así como el modelo de sistema diseñado por la FAO para este mismo fin.

Quiero añadir que se generarán, de aprobarse el proyecto, los incentivos necesarios para que los Estados compartan un estándar internacional con medidas mínimas en pos de asegurar que las actividades que se desarrollen en sus puertos por parte de naves extranjeras no socaven las medidas de conservación y ordenamiento que se hayan adoptado conforme con las prácticas recomendadas por la comunidad internacional y, en particular, con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del Acuerdo de las Naciones Unidas relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios y del Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación.

En el análisis del proyecto contamos con la asistencia y colaboración del ministro de Relaciones Exteriores , señor Alfredo Moreno , del señor José Aníbal Fernández , subdirector de la Dirección del Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos, y del señor Álvaro Espinoza , jefe del Departamento OMC , Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

El canciller refrendó los fundamentos del mensaje que le da origen y explicó que este acuerdo fue aprobado por la Conferencia de la FAO en su 36° Período de Sesiones, el 22 de noviembre de 2009, luego de cuatro reuniones de una consulta técnica, en la que Chile tuvo una activa participación e influencia en la redacción de su articulado.

Asimismo, señaló que el sector pesquero es de gran relevancia para la economía chilena, y que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (Pesca Indnr) representa una de las principales amenazas a la sustentabilidad de los recursos vivos marinos. A la vez, afirmó que este tipo de actividad puede darse tanto dentro como fuera de las aguas jurisdiccionales, pero es más difícil de controlar en alta mar, donde la responsabilidad principal es del Estado del pabellón, el que no siempre ejerce o está en condiciones de ejercer efectivamente su jurisdicción.

En este contexto, manifestó que el acuerdo busca contribuir a enfrentar la pesca ilegal y no reglamentada a través de medidas adoptadas por los estados del puerto, las cuales son del todo coherentes con aquellas que Chile aplica actualmente, en especial con la política nacional de acceso a puertos para naves pesqueras de bandera extranjera.

El canciller explicó que el acuerdo es positivo para los intereses de nuestro país como estado del puerto y como estado ribereño, principalmente debido a que reconoce la soberanía del Estado sobre sus terminales portuarias, validando las políticas que éste determine para el acceso de las naves de bandera extranjera a sus puertos, y no impidiendo la aplicación de medidas más estrictas; mejora la aplicación de las medidas de fiscalización como una acción fundamental para la conservación de los recursos pesqueros; establece un estándar mínimo internacional a ser aplicado por las partes en sus respectivos puertos a fin de reducir los terminales que sirvan de apoyo a la pesca ilegal no declarada o no reglamentada, lo cual es particularmente importante, por ejemplo, para la industria del jurel, por cuanto es una especie que cuenta con alta movilidad, y promueve la cooperación regional con el objeto de evitar la disponibilidad de puertos de conveniencia relativamente cercanos que representen una alternativa para eludir una fiscalización rigurosa.

En conclusión, el canciller señaló que el acuerdo está en línea con la regulación chilena en la materia y destaca que su aprobación contribuirá al resguardo de los intereses de nuestro país como estado del puerto y como estado ribereño.

Por su parte, la señora diputada y señores diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación del proyecto de acuerdo que viene a ratificar el objetivo estratégico del país que tiene entre sus finalidades promover la cooperación regional para evitar la disponibilidad de puertos de conveniencia que representen una alternativa para eludir una fiscalización rigurosa en la explotación de los recursos pesqueros, lo que es particularmente relevante en el caso de los recursos transzonales y los altamente migratorios.

Por ello, por ocho votos a favor (no hubo votos en contra ni abstenciones), los diputados miembros de la Comisión prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo en informe.

Por último, me permito hacer presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener, eventualmente, incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra porque el tema de la pesca es muy sensible para nuestro país.

Sin duda, el hecho de suscribir el convenio internacional que nos ocupa es favorable para Chile. La Región de Atacama, que represento en la Cámara, ha sido declarada abierta para la pesca, a diferencia de otras, que tienen cerrada su autorización. Esta medida ha permitido un auge para la pesca, pero ha generado, también, situaciones complejas referidas a las cuotas que se fijan para los pescadores artesanales y para que los armadores industriales cuenten con autorización para pescar.

Es sabido que, más allá de las doscientas millas, son las potencias mundiales las que pescan en forma indiscriminada.

El acuerdo que Chile se apresta a suscribir va a permitir contar con voz en los tribunales que corresponda, a fin de alegar respecto de inequidades sobre la materia.

Por lo tanto, anuncio que votaré favorablemente el proyecto. Pido que la Sala lo apruebe, porque va a permitir que Chile inicie una etapa distinta sobre el tema.

Nuestro interés pasa por conservar los recursos pesqueros. Si procedemos conforme con los avances tecnológicos y científicos, podremos protegerlos para las próximas generaciones. Una mala administración podría ocasionar la extinción de ellos en muchas regiones.

Por lo tanto, reitero, voy a apoyar el proyecto.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor MELERO ( Presidente ).-

En votación el proyecto aprobatorio del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36º período de sesiones.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán

Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.

El señor MELERO (Presidente).-

Despachado el proyecto.

VALPARAÍSO, 7 de septiembre de 2011

Oficio Nº 9700

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación, en los mismos términos en que lo hiciera ese H. Senado, al Proyecto de “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36° período de sesiones”. Boletín N° 7160-10.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1003/SEC/11, de 2 de agosto de 2011.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA

Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General (S) de la Cámara de Diputados

Valparaíso, 13 de septiembre de 2011.

Nº 1188/SEC/11

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36º período de sesiones”.”.

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Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN PABLO LETELIER MOREL

Presidente (E) del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado