MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE SECRETO PARA QUIENES RECIBAN INFORMACIÓN CONDUCENTE A LA UBICACIÓN DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS.

SANTIAGO, junio 20 de 2000

MENSAJE Nº 084342/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

I.UNA DEUDA HISTÓRICA.

La iniciativa que sometemos a vuestra consideración representa un hito en la solución del problema de los detenidos-desaparecidos.

En efecto, el país ha heredado una carga social y política insatisfecha. Esta carga tiene su origen en hechos que ocurrieron en el pasado.

Como se recordará, a partir de la restauración democrática, los esfuerzos de la Concertación y sus Gobiernos estuvieron dedicados con preferencia a la solución de la causa de los detenidos-desaparecidos, el establecimiento de sus responsables, y la averiguación urgente del paradero de los cuerpos.

En efecto, los gobiernos democráticos tienen como deber la remoción de aquellos obstáculos que permitan el total desarrollo de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. Este mandato se deduce del inciso 4º del art. 1º de la propia Constitución de 1980, que pone al Estado al servicio de la persona humana y le expresa que su finalidad es promover el bien común, contribuyendo a la creación de condiciones que aseguren la más plena realización espiritual y material posible. A la vez, el mismo precepto constitucional ordena al Estado amparar a los grupos intermedios, promover la integración armónica de todos los sectores y asegurar a todos los sectores la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Por otro lado, el artículo 5º inciso segundo, señala que la soberanía se encuentra limitada por el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y los artículos 6º y 7º consagran el sometimiento estricto de los órganos del Estado a la Constitución como norma fundamental.

A su vez, el capítulo de los Derechos Fundamentales de la Carta de 1980 contiene muchos de los derechos que fueron conculcados en el pasado, siendo el más importante el de la vida y la seguridad física y psíquica de los chilenos.

La siguiente es una relación de los hitos más importantes efectuados en aras de la reparación de las víctimas por los delitos ocurridos después de 1973.

1.La Comisión Rettig.

Ante la situación reseñada, surgió como imperativo irrenunciable la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que produjo el llamado "Informe Rettig". Esta se creó por el D.S. Nº 355, de Interior, del 9 de mayo de 1990. Se propuso establecer un cuadro lo más completo posible sobre las graves violaciones a los derechos humanos, entendiendo por tales la situación de los detenidos desaparecidos, ejecutados y los torturados con resultado de muerte, en que apareciera comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Entre sus recomendaciones, atingentes al proyecto de ley en comento se encuentran:

a.La necesidad de colaborar en la búsqueda de las víctimas.

En opinión de la Comisión, el Estado no podía abandonar la tarea de tratar de determinar el paradero de las víctimas o facilitar la búsqueda de los familiares, por ser una de las más elementales exigencias que se le formularon, anhelo compartido por amplios sectores del país, y cuya falta de solución haría persistir una grave dificultad para la convivencia y la reconciliación en Chile.

b.Las recopilación de antecedentes y calificación de los mismos.

Como al término de su trabajo, aún se continuaban recibiendo antecedentes de situaciones de violaciones a los derechos humanos, la Comisión señaló, que "existe un número significativo de casos en los cuales no fue posible a esta Comisión formarse convicción respecto de la condición de víctimas de las personas cuya muerte o desaparición nos fue dada a conocer".

La Comisión expresó que había una tarea inconclusa que hacía necesario que una instancia estatal la continuara desarrollando, a fin de efectuar una calificación respecto de la condición de víctima de estas personas una vez que se presenten los antecedentes que por falta de tiempo no lograron reunirse.

2.La labor de la Corporación de Reparación y Reconciliación.

En febrero de 1992, producto de la Ley Nº 19.123, se creó la "Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación", continuadora de la labor desplegada desde 1990 por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

De conformidad con la ley que le dio origen, a la Corporación se le encomendaron diversas tareas:

a.En primer lugar, a la Corporación se le encomendó que estableciera, a través de antecedentes e indagaciones, la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de víctima de la violencia política de los afectados cuando la Comisión Rettig no pudo formarse convicción de ello, no contó antecedentes o no tuvo conocimiento oportuno de ellos.b.En segundo lugar, se estableció que la Corporación fuera la encargada de promover y coadyuvar a las acciones que tendieran a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas o desaparecidas o de aquellas cuyos restos no han sido ubicados.c.En tercer lugar, le correspondió a la Corporación asistir social y legalmente a los familiares de las víctimas para acceder a ciertos beneficios y ayudarles a obtener la reparación moral del daño ocasionado.d.Por otro lado, la Corporación debió formular proposiciones para la consolidación de una "cultura de respeto a los derechos humanos en el país".e.En seguida, la Corporación se planteó la necesidad de elaborar fórmulas que permitiesen a las autoridades de los poderes colegisladores, adecuar y corregir la legislación nacional, desprovista en el reconocimiento de los derechos fundamentales y en la prevención y sanción de los hechos que atentaran de manera más palpable contra ellos, en sus más diversos ámbitos y contra los diferentes sujetos de derecho.

En lo que respecta al primero de los rubros, vale decir, la calificación de las víctimas, la Corporación se abocó a la tarea de individualizar a las víctimas, muertos o detenidos desaparecidos, afectados por los hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, fecha de la asunción del Gobierno del Presidente Aylwin. La Corporación debió averiguar los graves daños causados a las personas durante el período indicado y establecer si en su desaparición forzada, su ejecución o tortura, aparecía comprometida la responsabilidad moral del Estado, por actuaciones de sus agentes o personas a su servicio. También debió establecer si era posible calificar como violaciones a los derechos humanos los secuestros o atentados contra la vida cometidas en el mismo espacio de tiempo, por particulares bajo pretexto político.

En tercer lugar, la Ley Nº 19.123 estableció beneficios reparatorios a favor de los parientes de las víctimas. Estos beneficios son de dos tipos: una pensión de reparación mensual y beneficios educacionales.

En efecto, ciertos parientes de las víctimas como, cónyuge, padre o madre de la víctima, hijos e hijas de la misma tienen derecho a recibir una pensión vitalicia, que se reajusta anualmente. Asimismo, los beneficiarios de esta pensión tienen derecho a que el Estado entere a su costa la cotización del 7% para salud, a ser atendidos en forma gratuita en los establecimientos dependientes o adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud y a gozar de cualquier otro beneficio previsional, cuyo pago alcanzó a la suma de 35 mil millones de pesos.

II.LA PROPUESTA DE LA MESA DE DIALOGO.1.La relevancia de esta propuesta.

Avanzar hacia soluciones en materia de derechos humanos no ha sido breve. Se han formulado otras proposiciones con anterioridad, que se han visto frustradas por diversas razones, por todos conocidas y que no es del caso relatar. Deben mencionarse los proyectos del Presidente Aylwin, enviado en agosto de 1993, y del Presidente Frei, enviado en agosto de 1995.

Sin embargo, hemos aprendido de las experiencias anteriores.

En efecto, la propuesta que emana de la Mesa de Diálogo presenta diferencias sustantivas respecto de las iniciadas durante los dos Gobiernos anteriores.

En primer término, ella no responde a la visión o planteamiento de un gobierno, sino que emana de una instancia que ha sido capaz de concitar el compromiso de instituciones, entidades y personas directamente involucradas en los temas pendientes sobre derechos humanos.

Nos encontramos ya no ante un intento gubernamental, sino ante una proposición de Estado. Esta es una iniciativa consensuada por personas provenientes de distintos sectores e instituciones, que emana de la voluntad de restablecer el diálogo y la confianza dentro de nuestra comunidad nacional y demuestra la férrea convicción de avanzar que impregna al país.

En segundo lugar, en la Mesa de Diálogo se habló con la verdad y se arribó a la conclusión de que hay hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. La Mesa de Diálogo se refirió a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el Gobierno Militar, así como a la violencia política cometida por algunos opositores al Régimen Militar.

Por ello, esta propuesta, a diferencia de todas las anteriores, parte de la base de una verdad compartida.

En tercer lugar, esta iniciativa no se plantea como una solución mágica. Tiene un propósito muy acotado, que busca configurar un camino viable para dar un paso más para establecer el paradero o destino de los detenidos desaparecidos. Ello se hace mediante la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a tal propósito.

2.El contenido de la propuesta de la Mesa de Diálogo.

La mesa de Diálogo expresó que "con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante.".

Con tal propósito, establece compromisos para distintos órganos y personas. Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, el documento señala que "Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtenga, será entregada al Presidente de la República.".

Respecto a las personas pertenecientes a dichas instituciones, que reciban o recaben esta información, el Acuerdo declara que "estarán amparados por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligados a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente.".

La misma propuesta la extiende el documento respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, en los siguientes términos: "Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentarán las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán entregados al Presidente de la República.".

La solicitud que sobre la base del Acuerdo logrado se formula al Poder Ejecutivo, se concreta en los siguientes términos: "Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.".

Asimismo, se solicita al Presidente de la República, como máxima autoridad de la Nación que, "una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses.".

Cabe señalar, por último, que la Mesa de Diálogo declaró que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.

3.El discurso del Presidente de la República.

El día 13 de junio pasado, di a conocer al país el contenido del Acuerdo de la Mesa de Diálogo.

Allí señalé que "este documento se hace cargo de las tareas que están pendientes. Señala cómo hacer para que todos nosotros, la Patria toda, se comprometa para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos en nuestra historia. Y luego, cómo a partir de eso, damos cuenta de las tareas pendientes que, en lo esencial, tienen que ver con cómo abordamos de una forma ecuánime, adecuada, justa, la tarea de encontrar a los que todavía no están.".

Al evaluar el contenido del Acuerdo, precisé que "La Mesa de Diálogo establece un camino para dar con los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Encontrarlos es un deber de los 15 millones de chilenos que tenemos que tener la misma altura de miras que tuvo la Mesa de Diálogo.".

Respecto de la entrega de información, afirmé que: "Ustedes dicen allí, y con razón, que ocultar información es, además de inmoral e ilegal, antipatriótico. Tienen razón. Chile no se detiene. La institucionalidad seguirá funcionando..." y que "No me cabe duda de que vamos a avanzar y vamos a encontrar aquellos desaparecidos. No me cabe duda que llegado el momento se podrá establecer la data precisa de su muerte y no me cabe duda que cuando ello ocurra el Poder Judicial hará lo que corresponde conforme a derecho.".

Respecto a los escenarios futuros expresé que "el Poder Judicial seguirá tramitando las causas, el Congreso Nacional seguirá buscando acuerdo para la reforma de la Constitución y el país seguirá caminando hacia una mejor convivencia de paz y progreso para todos. Confío en que lo vamos a lograr hacer. Confío en que estas herramientas darán su fruto en el plazo que hemos planteado y estaremos en condiciones de decir, en consecuencia, que hemos cerrado una página de nuestra historia, no en lo profundo de nuestros corazones, porque ahí cada uno de los chilenos y chilenas tendrá que ser capaz de reconciliarse con el futuro".

4.Los elementos normativos de la propuesta.

El camino que abre el Acuerdo de la Mesa de Diálogo para canalizar el esfuerzo que se demanda de toda la sociedad nacional, para encontrar a los detenidos desaparecidos o determinar su paradero, pasa por generar un mecanismo legal que viabilice el compromiso asumido por los representantes de las instituciones armadas y entidades religiosas y morales que han concurrido a la suscripción del mismo.

La implementación de dicho mecanismo exige modificaciones legales. Los elementos que lo configuran y que, en consecuencia, son la base del proyecto de ley que se somete a vuestra consideración, han sido delineados en el texto del Acuerdo.

Sobre la base de los términos allí definidos, los elementos normativos de esta propuesta, deben ser los siguientes:

a.El objeto de la modificación: otorgar secreto profesional.

Las modificaciones legales que ha propuesto la Mesa de Diálogo deben tener por objeto "establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos".

b.Los sujetos amparados por el secreto.

El secreto deberá amparar a las personas que reciban o recaben la información.

Dentro de esta descripción genérica, de acuerdo a lo comprometido por la Mesa, la norma debe acotarse a las personas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y a las instituciones religiosas y éticas concurrentes al Acuerdo.

i.Tratándose de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, dado que el compromiso ha sido asumido institucionalmente, corresponderá a sus altos mandos definir internamente a quiénes se extenderá el privilegio y deber de secreto en la actividad de recabar o recibir dicha información.

ii.Tratándose de las instituciones religiosas y éticas, por mandato del Acuerdo, la norma deberá extenderse a aquellas presentes en la Mesa de Diálogo. Asimismo, deberá señalar las categorías de personas que detentarán las prerrogativas del secreto.

c.Extensión del secreto.

Las personas que quedarán amparadas por el secreto profesional, según el texto del Acuerdo, no estarán legalmente obligadas a señalar su fuente, quedando de ese modo en reserva la identidad del informante.

Sobre la base de lo anterior, los parámetros para definir la extensión del secreto son los siguientes:

i.Existirá secreto sólo cuando se haya recibido o recabado información útil o conducente sobre el paradero o destino de los detenidos desaparecidos.

ii.La información conseguida de este modo no queda amparada por el secreto. Este sólo alcanza a la fuente de la información y, por lo mismo, sólo libera de identificar al informante, sea directamente, sea entregando datos que permitan su individualización, así como toda otra información no conducente al propósito indicado.

d.Los efectos jurídicos del secreto.

El Acuerdo de la Mesa no ha señalado o delineado una nueva figura de secreto, ni tampoco lo ha pretendido, sino que busca hacer análoga la prerrogativa y deber del secreto profesional a ciertas personas que actualmente no lo tienen.

De este modo, las personas amparadas por este secreto quedarán liberadas de comunicar o revelar la fuente de la información que obtengan, eximiéndose de las penas asociadas a la obstrucción de justicia y, paralelamente, estarán sujetas a las penas que correspondan por la violación del secreto que se les ha confiado.

e.La duración de la prerrogativa.

Una característica de este secreto profesional ideado por la Mesa de Diálogo, que lo distingue de la normativa vigente, es el plazo durante el cuál lo detentarán las personas a quienes se extiende en virtud de este proyecto de ley.

En este sentido, el Acuerdo considera un plazo de seis meses, prorrogable por otros seis, para que las personas señaladas puedan recabar y recibir información bajo el amparo del secreto. Es decir, sólo libera de declarar respecto de la información indicada que les sea proporcionada durante dicho plazo.

No obstante, debe especificarse que respecto de la información que se entregue durante ese lapso, el deber y prerrogativa del secreto, es permanente. De este modo, la identidad de quienes proporcionen información útil y conducente bajo el amparo y vigencia del secreto, queda resguardada, no obstante el término del plazo señalado y a pesar de que las personas que la reciban pierdan la calidad en cuya virtud se les ha conferido el privilegio.

Según se ha dejado establecido en el Acuerdo, todas las informaciones que mediante este mecanismo se obtengan, serán entregadas al Presidente de la República y éste las pondrá a disposición de los Tribunales de Justicia para la instrucción de los procesos respectivos.

Por otra parte, fuera del ámbito y extensión del secreto que se establece, la no entrega de información que se posea o la entrega de información falsa o tendenciosa, seguirá configurando los delitos que nuestro ordenamiento contempla para tales actuaciones.

III.CONTENIDO DEL PROYECTO.

Sobre la base de dicho marco, el contenido del proyecto que someto a vuestra consideración es el siguiente:

1.El deber de reserva es análogo al secreto profesional.

El proyecto, en primer lugar, establece un "deber de reserva" que pesa sobre ciertas personas.

Se trata del deber de no comunicar cierta información. Se materializa en una carga u obligación legal análoga a la de un secreto profesional.

Sin embargo, la fórmula propuesta tiene diferencias con dicho secreto. Por de pronto, el deber de reserva no se califica por las funciones o cargos que desempeñan quienes reciben la información, sino por la especial y particularizada índole de esta.

Enseguida, la información entregada a quienes se constituirán en sujetos del deber, no se da por una especial relación con estos últimos.

Finalmente, produce efectos cuando la información, particular y específica, cumple con ciertos requisitos, aun cuando el incumplimiento de éstos no sea imputable a los sujetos de reserva.

2.Este deber afecta a determinadas personas.

El deber de reserva se entiende impuesto a las personas que cumplan dos requisitos:

a.Se trate de personas que gocen de ciertas calidades o cargos.

Estas personas son los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas. También los miembros de ciertas instituciones: la Gran Logia de Chile y la B'nai B'rith de Chile. Finalmente, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Tratándose de las iglesias, confesiones o instituciones religiosas, se exige que éstas tengan personalidad jurídica.

b.Se trate de personas que hayan sido determinadas reservadamente por los órganos o personas jurídicas referidas.

La norma no se extiende a todos los que integran las Fuerzas Armadas o alguna institución religiosa o ética, sino sólo a los determinados para recibir o recabar información por las mismas entidades u organismos.

Dichas personas deben ser designadas por cada institución. Las nóminas respectivas las debe llevar un ministro de fe que designen para tal efecto. Con ello, se resguarda la autonomía de estas instituciones y sus particularidades específicas.

La designación obedece a la necesidad de centralizar y cohesionar la información, evitando su excesiva fragmentación.

Se alude en el proyecto de ley, a la necesidad de que estas instituciones, públicas o privadas, "determinen reservadamente" a los receptores de la información sujetos de reserva. Tal determinación reservada y no pública, representa la forma más idónea de cumplir con la conclusión de la Mesa de Diálogo, en orden a lograr la averiguación del paradero y destino de los detenidos-desaparecidos. Una publicidad inadecuada de los receptores de información puede inhibir a los posibles informantes.

Por tal razón la información recibida por estos sujetos, se considerará como información no pública y no será aplicable a su respecto el artículo 11 Bis de la Ley Nº 18.575.

3.El deber de reserva recae sobre hechos puntuales.

La información que constituye el objeto del deber de reserva y que, por ende, el sujeto no puede proporcionar, está constituida por el nombre o los datos que permitan identificar a los informantes.

Hemos señalado anteriormente que no se trata de un "secreto profesional" stricto sensu, debido a que no se extiende a todo cuanto se le confía o conoce, sino exclusivamente al nombre y los datos necesarios para la identificación de sus eventuales informantes.

Una extensión mayor del deber impediría que el núcleo de lo entregado pudiese ser transmitido con éxito.

4.La información que entregue el informante debe reunir ciertos requisitos.

La información que proporcionen aquellos que la posean a los receptores, sujetos del deber, debe ser útil y conducente a la averiguación del paradero y destino de los detenidos-desaparecidos. Cualquier otra información que no cumpla dicha condición, resulta ajena a la norma propuesta.

Ahora bien, ante la inquietud de la Mesa de Diálogo por la entrega de una información que no reúna estas características, que obstaculice el fin perseguido y desvíe la persecución judicial, y por el ocultamiento de información, cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico contempla remedios eficaces para tales conductas. Estos comportamientos, todos de responsabilidad de los poseedores de la información, pueden ser objeto de persecución criminal, por las figuras que la propia mesa de diálogo identificó (obstrucción a la justicia, perjurio, etc.). De ahí que el proyecto no se involucre en esos ilícitos.

5.El proyecto concreta un derecho inalienable.

La iniciativa legal, con el fin de acotar su ámbito, se refiere al artículo 6º de la Ley Nº 19.123, que crea la Corporación de Reparación y Reconciliación. Esta disposición establece el derecho inalienable de los familiares de los detenidosdesaparecidos a ubicar sus cuerpos y establecer su paradero y destino. Esto significa decir que esta propuesta representa una forma de ejercicio del derecho aludido y, paralelamente, un deber para el Estado en la protección de la persona humana y en la salvaguardia de su dignidad esencial.

6.Las sanciones.

Como consecuencia del deber de secreto, se consignan sanciones para la revelación, comunicación o divulgación del nombre y datos de los informantes.

Las sanciones son las del delito de violación de secreto establecido en el artículo 247 del Código Penal. Este señala una pena para el empleado público que revela los secretos de un particular y los descubre con perjuicio de éste, y para el particular que ejerce alguna profesión que requiera título y revele los secretos que en razón de esa profesión le hubieren sido confiados.

7.Se trata de un deber personal.

En el inciso cuarto, se consigna que el deber de reserva sobre el nombre y los datos de los informantes persigue a los receptores, aun cuando hubiesen dejado de tener las calidades de miembro de las instituciones a las que pertenecían cuando recibieron la información. Se trata, por tanto, de un deber de reserva de por vida.

8.No declaran como testigos en juicio criminal y no son sujetos del delito de obstrucción a la justicia.

Con el objeto de garantizar su especial tarea, el proyecto establece que los receptores amparados en esta norma no se encuentran obligados a declarar como testigos en juicio criminal.

Además, no serán sujetos del delito de obstrucción a la justicia, contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal.

Como se sabe, este delito sanciona a quienes se rehusen a proporcionar a los tribunales de justicia antecedentes que conozcan o que obren en su poder y permitan establecer la existencia de un delito o la participación punible en él o que, con posterioridad a su descubrimiento, destruyan, oculten o inutilicen el cuerpo, los efectos o instrumentos del delito. Pero esta norma exime de pena a las personas comprendidas en el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, o sea aquellas que tienen el deber de secreto.

9.Es una ley condicionada por plazos de recepción de información.

Finalmente, esta ley se plantea como una ley temporal, esto es, sólo pueden entenderse comprendida la información recibida en el plazo fijado por la ley: seis meses contado desde la publicación de la ley. Esta es la razón para que no se trate de una modificación permanente. Si dicho plazo necesita ser ampliado por otros seis meses, esta es una decisión que corresponderá adoptar en ese momento.

En todo caso, es una decisión que sólo cabe adoptar al Congreso Nacional, pues no proceden los decretos con fuerza de ley cuando hay derechos involucrados, como es el caso de la iniciativa legal que se propone.

10.Lo que este proyecto de ley no es.a.No es una ley de punto final.

Siguiendo lo señalado por la propia Mesa de Diálogo y por el Presidente de la República, no se trata de una ley que establezca la impunidad o modifique la responsabilidad o situación procesal de quienes hubieren participado en crímenes o simples delitos respecto de los detenidos desaparecidos.

b.No impide actuar a los tribunales.

Por ello, esta iniciativa no puede afectar o entorpecer la labor judicial. Nada en el proyecto puede entenderse como alguna imposibilidad o entorpecimiento para que los jueces cumplan su función en la forma que sea procedente.

c.No es una interpretación de la ley de amnistía.

El decreto Ley Nº 2191, del año 1978, establece una amnistía para todas las personas, que en calidad de autores, cómplices o encubridores, incurrieron en hechos delictivos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Este proyecto no toca ni afecta a dicha ley. La determinación del sentido y alcance de aquella, respecto de la oportunidad procesal en que proceda aplicarla, es algo que corresponde a los tribunales resolver en cada caso concreto. Los jueces, en un Estado de Derecho, son los que interpretan la ley.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B'nai B'rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidosdesaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la Ley Nº 19.123.

La determinación de las personas a que alude el inciso anterior, será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto.

La comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso.

El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso 1º, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.

Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquellos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley.

La información que obtengan los organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.

La información a que se refiere esta ley, no le será aplicable el artículo 11 Bis de la Ley Nº 18.575.".

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS

Ministro del Interior

MARIO FERNÁNDEZ BAEZA

Ministro de Defensa Nacional

ALVARO GARCÍA HURTADO

Ministro

Secretario General de la Presidencia

JOSE ANTONIO GÓMEZ URRUTIA

Ministro de Justicia

?Informe de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sobre el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos. Boletín N° 2520-07.

Honorable Cámara:

Vuestras Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, pasan a informaros sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, para cuyo despacho se ha hecho presente la urgencia en el carácter de “discusión inmediata”. [1]

Ha de hacerse constar que, por acuerdo unánime de los Comités Parlamentarios, adoptado en sesión 5ª ordinaria, en martes 20 de junio de 2000, se acordó que el proyecto fuera enviado únicamente a esta Comisión, otorgándole como plazo para su despacho el día de hoy, con el propósito de verlo en Sala, en sesión especial, el día miércoles 21 del presente, a contar de las 9.30 horas.

Con posterioridad y en virtud de un nuevo acuerdo unánime de los Comités Parlamentarios, adoptado en la misma sesión, se acordó que el proyecto fuera estudiado por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Ha de hacerse constar, asimismo, que por acuerdo de la Comisión, el inciso final del artículo único del proyecto, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, en cuanto establece que a la información a que se refiere esta ley no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que regula los principios de probidad administrativa y de transparencia de la función pública y, respecto de este último, la publicidad de los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y de los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial.

Como se recordará, esta norma fue incorporada en la referida ley por el artículo 1° de la ley N° 19.653, sobre probidad administrativa, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, por sentencia de 19 de noviembre de 1999, que ella es propia de la citada ley orgánica constitucional.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de los Ministros del Interior, don José Miguel Insulza Salinas, Secretario General de la Presidencia, don Alvaro García Hurtado, Secretario General de Gobierno, don Claudio Huepe García, y de Justicia, don José Antonio Gómez Urrutia; de la abogada Pamela Pereira, miembro de la Mesa de Diálogo; de las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señoras Viviana Díaz (Presidenta), Mireya García (Secretaria) y Carmen Vivanco (Tesorera); de la Presidenta del Partido Comunista de Chile, doña Gladys Marín Millie, y de los miembros de la Comisión Política de esa entidad, señores Andrés Lagos y Manuel Hernández.

I. Idea matriz o fundamental del proyecto.

De acuerdo con lo expresado en el mensaje, la idea matriz o fundamental de proyecto es generar un mecanismo legal que viabilice el compromiso asumido por los representantes de las instituciones armadas y entidades religiosas y morales que concurrieron a la suscripción de la Declaración de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, para lo cual el Gobierno propone, tal como se le solicitara en la referida Declaración, establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben esa información.

La Declaración anterior, atendida su importancia, figura anexa al final de este informe.

II. Antecedentes generales.

Para el Gobierno, esta iniciativa representa un hito en la solución del problema de los detenidos desaparecidos, como lo fueran, en su oportunidad, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo N° 355, de Interior, de 9 de mayo de 1990, que produjo el llamado “Informe Rettig”, y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley N° 19.123, de 1992, cuyo objetivo fue la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de esa Comisión, que emitiera su informe final de diciembre de 1996.

Se recuerda que a partir de la restauración democrática, los esfuerzos de la Concertación y sus Gobiernos estuvieron dedicados con preferencia a la solución de la causa de los detenidos desaparecidos, el establecimiento de sus responsables y la averiguación urgente del paradero de los cuerpos.

Se destacan, en primer lugar, las actuaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en el año 1990 bajo el gobierno de don Patricio Aylwin Azócar, con el objeto de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos en los últimos años, para lo cual se le encomendaron cuatro tareas específicas:

—Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias.

— Reunir información que permitiera individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero.

— Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que estimara la justicia, y

— Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos.

De las recomendaciones de su informe, que se ha tenido a la vista, en el mensaje se destacan dos, por su atingencia con el proyecto de ley en comento:

a. Colaboración en la búsqueda de las víctimas.

Esa Comisión, pese al esfuerzo desplegado, no pudo reunir antecedentes que permitieran establecer la suerte o paradero de todas las víctimas, subsistiendo este problema en una magnitud casi sin variaciones en relación con la época en que se dictó el decreto de su creación, en atención a los numerosos casos de personas detenidas desaparecidas, o de aquellas que, no obstante haberse reconocido oficialmente su fallecimiento, aún permanecen ocultos sus restos mortales.

En opinión de dicha Comisión, “el Estado no puede abandonar la tarea de tratar de determinar el paradero de las víctimas o facilitar la búsqueda de los familiares, por ser una de las más elementales exigencias que se le formularon, anhelo compartido por amplios sectores del país, y cuya falta de solución haría persistir una grave dificultad para la convivencia y la reconciliación en Chile”.

“Debería ser, por lo tanto, función de la Fundación que se propone, persistir en esta búsqueda; para ello debe dotársela de facultades para hacerse parte en las investigaciones judiciales que se realicen con este fin, tener acceso al sumario por el solo ministerio de la ley, y estar investida, en general, de las atribuciones que faciliten su labor”.

b. Recopilación de antecedentes y calificación de los mismos.

Como al término de su trabajo, aún se continuaban recibiendo antecedentes de situaciones de violaciones a los derechos humanos, la Comisión señaló que "existe un número significativo de casos en los cuales no fue posible a esta Comisión formarse convicción respecto de la condición de víctimas de las personas cuya muerte o desaparición nos fue dada a conocer".

“Existe, por tanto, en esta materia una tarea inconclusa que hace necesario que una instancia estatal la continúe desarrollando, a fin de efectuar una calificación respecto de la condición de víctima de estas personas una vez que se presenten los antecedentes que por falta de tiempo no lograron reunirse.”

A continuación, se destaca en el mensaje la labor de la Corporación de Reparación y Reconciliación, creada por la ley N° 19.123, de 1992, bajo el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, continuadora de la labor desplegada desde 1990 por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

De conformidad con la ley que le dio origen, a la Corporación se le encomendaron diversas tareas, entre otras, las siguientes:

a. Promover y coadyuvar a las acciones que tendieran a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido ubicados, recopilando, analizando y sistematizando toda información útil a este propósito.

b. Recopilar antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar en aquellos casos que conoció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en que no le fue posible formarse convicción respecto de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de víctima de la violencia política del afectado o respecto de casos de la misma naturaleza, sobre los que no tuvo conocimiento oportuno o, habiéndolo tenido, no se pronunció sobre ellos por falta de antecedentes suficientes.

c. Promover la reparación del daño moral de las víctimas y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios legales.

d. Formular proposiciones para la “consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos en el país".

En ejercicio de sus funciones, la Comisión desarrolló diversos proyectos e iniciativas de investigación, en distintos aspectos del régimen institucional y normativo, para perfeccionar el ordenamiento jurídico en lo relativo a la protección de los derechos humanos en aquellos aspectos en que se apreciaron deficiencias.

Se destacan, por último, los beneficios reparatorios establecidos en la ley N° 19.123, en favor de los parientes de las víctimas, que son de dos tipos: una pensión de reparación mensual y beneficios educacionales.

En efecto, ciertos parientes de las víctimas como, cónyuge, padre o madre de la víctima, hijos e hijas de la misma tienen derecho a recibir una pensión vitalicia, que se reajusta anualmente. Asimismo, los beneficiarios de esta pensión tienen derecho a que el Estado entere a su costa la cotización del 7% para salud, a ser atendidos en forma gratuita en los establecimientos dependientes o adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud y a gozar de cualquier otro beneficio previsional, cuyo pago alcanzó a la suma de 35 mil millones de pesos.

III. La propuesta de la Mesa de Diálogo.

1. La relevancia de esta propuesta.

Avanzar hacia soluciones en materia de derechos humanos no ha sido un trámite breve.

Se han formulado, como se recuerda en el mensaje, otras proposiciones con anterioridad, que se han visto frustradas por diversas razones. Se mencionan, al efecto, los proyectos del Presidente Aylwin (BOL. 1057-07), enviado en agosto de 1993, que autorizaba la designación de Ministros de Cortes de Apelaciones reemplazantes y disponía nombramientos de Ministros en Visita para conocer de los procesos que indica, y del Presidente Frei (BOL. 1681-07-S), enviado en agosto de 1995, que fijaba normas para contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad en torno al destino de los detenidos desaparecidos y otros casos sobre derechos humanos, ambos archivados.

Fruto de las experiencias anteriores, la propuesta que emana de la Mesa de Diálogo presenta diferencias sustantivas respecto de las iniciadas durante los dos Gobiernos anteriores.

En primer término, ella no responde a la visión o planteamiento de un gobierno, sino que emana de una instancia que ha sido capaz de concitar el compromiso de instituciones, entidades y personas directamente involucradas en los temas pendientes sobre derechos humanos. Esta es una proposición de Estado, que emana de la voluntad de restablecer el diálogo y la confianza dentro de nuestra comunidad nacional.

En segundo lugar, como se habló con la verdad, se arribó a la conclusión de que hay hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. La Mesa de Diálogo se refirió a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar, así como a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.

Por ello, esta propuesta, a diferencia de todas las anteriores, parte de la base de una verdad compartida.

En tercer lugar, esta iniciativa tiene un propósito muy acotado, que busca configurar un camino viable para dar un paso más para establecer el paradero o destino de los detenidos desaparecidos.

2. El contenido de la propuesta de la Mesa de Diálogo.

La Mesa de Diálogo — como contenidos principales de un compromiso para ser asumido por el país entero — propuso que "con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, ... se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante", “con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información” sobre su paradero.

Con tal propósito, establece compromisos para distintos órganos y personas.

— A las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, el compromiso solemne — asumido en la propia Declaración — de desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que propone, los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtenga, será entregada al Presidente de la República.

Las personas pertenecientes a dichas instituciones, que reciban o recaben esta información, "estarán amparados por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligadas a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente."

— A las instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, el compromiso de colaborar en esta tarea y de promover mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentarán las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán entregados también al Presidente de la República.

— Al Poder Ejecutivo, para que en el más breve plazo posible, proponga al Congreso Nacional las modificaciones legales necesarias; que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos, y que solicite a la Excma. Corte Suprema la designación de los Ministros en Visita que correspondan, una vez recibida la información pertinente.

— Al Congreso Nacional, para que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional.

— A la Corte Suprema de Justicia, para que designe Ministros en Visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República, sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva información corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitación, ésta deberá remitirse al tribunal correspondiente.

Asimismo, para que instruya a los Ministros en Visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.

— Al Presidente de la República, como máxima autoridad de la Nación para que, "una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses."

Cabe señalar, por último, que la Mesa de Diálogo declaró que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.

3. El discurso del Presidente de la República.

Se consignan en el mensaje algunos párrafos destacados del discurso del Presidente de la República, al dar a conocer al país, el pasado 13 de junio, el contenido del acuerdo de la Mesa de Diálogo, los que se consignan en la medida que permiten precisar mejor su sentido y alcance y resolver algunas de las interrogantes que los señores Diputados presentes en el debate formularan durante la discusión, de todo lo cual hay constancia en actas.

En esa ocasión, el Primer Mandatario señaló que "este documento se hace cargo de las tareas que están pendientes. Señala cómo hacer para que todos nosotros, la Patria toda, se comprometa para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos en nuestra historia. Y luego, cómo a partir de eso, damos cuenta de las tareas pendientes que, en lo esencial, tienen que ver con cómo abordamos de una forma ecuánime, adecuada, justa, la tarea de encontrar a los que todavía no están."

Al evaluar el contenido del Acuerdo, precisó que "La Mesa de Diálogo establece un camino para dar con los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Encontrarlos es un deber de los 15 millones de chilenos que tenemos que tener la misma altura de miras que tuvo la Mesa de Diálogo."

Respecto de la entrega de información, afirmó que: "Ustedes dicen allí, y con razón, que ocultar información es, además de inmoral e ilegal, antipatriótico. Tienen razón. Chile no se detiene. La institucionalidad seguirá funcionando..." y que "No me cabe duda de que vamos a avanzar y vamos a encontrar aquellos desaparecidos. No me cabe duda que llegado el momento se podrá establecer la data precisa de su muerte y no me cabe duda que cuando ello ocurra el Poder Judicial hará lo que corresponde conforme a derecho."

Respecto a los escenarios futuros expresó que "el Poder Judicial seguirá tramitando las causas, el Congreso Nacional seguirá buscando acuerdo para la reforma de la Constitución y el país seguirá caminando hacia una mejor convivencia de paz y progreso para todos. Confío en que lo vamos a lograr hacer. Confío en que estas herramientas darán su fruto en el plazo que hemos planteado y estaremos en condiciones de decir, en consecuencia, que hemos cerrado una página de nuestra historia, no en lo profundo de nuestros corazones, porque ahí cada uno de los chilenos y chilenas tendrá que ser capaz de reconciliarse con el futuro."

Con el mismo fin de precisar el sentido y alcance del proyecto en informe, el mensaje es enfático en señalar que:

—No es una ley de punto final.

—No impide actuar a los tribunales, pues no afecta ni entorpece su labor.

—No es una interpretación de la ley de amnistía.

IV. Contenido del proyecto.

El proyecto aparece estructurado en un artículo único, que consta de seis incisos, en los cuales se abordan las siguientes materias:

1.Deber de reserva.

El proyecto, establece un "deber de reserva" que pesa sobre ciertas personas, que les impide comunicar o dar información respecto del nombre y de los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

La información conseguida de este modo no queda amparada por el secreto. Una extensión mayor del deber impediría que el núcleo de lo entregado o confiado pudiese ser transmitido con éxito.

El deber de reserva se materializa en una carga u obligación legal análoga a la del secreto profesional, con algunas diferencias, como las que se explicitan en el mensaje.

El acuerdo no ha señalado o delineado una nueva figura de secreto, ni tampoco lo ha pretendido. Sólo busca hacer análoga la prerrogativa y deber del secreto profesional a ciertas personas que actualmente no lo tienen.

2. Derecho inalienable.

La iniciativa legal, con el fin de acotar su ámbito, hace una explicita remisión al artículo 6º de la ley Nº 19.123, que crea la Corporación de Reparación y Reconciliación, disposición que establece el derecho inalienable de los familiares de los detenidos desaparecidos a ubicar sus cuerpos y establecer su paradero y destino.

Esto significa decir que esta propuesta representa una forma de ejercicio del derecho aludido y, paralelamente, un deber para el Estado en la protección de la persona humana y en la salvaguardia de su dignidad esencial.

3. Personas afectadas por el deber de reserva.

El deber de reserva se entiende impuesto a las personas que cumplan dos requisitos:

3a. Que gocen de ciertas calidades o cargos.

Estas personas son los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica; los miembros de la Gran Logia de Chile, de la B'nai B'rith de Chile, y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

3b. Que hayan sido determinadas reservadamente por los órganos o personas jurídicas referidas para recibir o recabar la información.

Estas personas deben ser determinadas por cada institución, en forma reservada, y su individualización contenerse en un registro que debe llevar un ministro de fe designado para tal efecto.

Lo anterior, tanto para resguardar la autonomía de estas instituciones y sus particularidades específicas, como la necesidad de centralizar y cohesionar la información, evitando su excesiva fragmentación.

Tal determinación reservada y no pública, representa a juicio del Gobierno la forma más idónea de cumplir con la conclusión de la Mesa de Diálogo, en orden a lograr la averiguación del paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

Dado que una publicidad inadecuada pudiera inhibir a los posibles informantes, la información recibida se considera no pública y, por ende, no le es aplicable a su respecto el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575, que entre otras cosas, establece la publicidad de los actos administrativos de los órganos de la Administración y de los antecedentes que le sirven de sustento o complemento directo y esencial.

4. Requisitos de la información.

La información que se proporcione a los receptores debe ser útil y conducente a la averiguación del paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

Cualquier otra información que no cumpla dicha condición, resulta ajena a la norma propuesta.

La entrega de una información que no reúna estas características, que obstaculice el fin perseguido y desvíe la persecución judicial, o el ocultamiento de información, tienen en nuestro ordenamiento jurídico remedios eficaces.

Estos comportamientos, todos de responsabilidad de los poseedores de la información, pueden ser objeto de persecución criminal, por las figuras que la propia mesa de diálogo identificó en su Declaración, tales como la obstrucción a la justicia, el perjurio, falso testimonio, calumnia o denuncia calumniosa. De ahí que el proyecto no se involucre en esos ilícitos.

5. Sanciones por la violación del deber de reserva.

Atendido el deber de reserva, en los términos ya explicitados, en el proyecto se consignan sanciones para la comunicación, divulgación o revelación del nombre y datos de los informantes.

Las sanciones son las del delito de violación de secreto establecido en el artículo 247 del Código Penal, que señala una pena para el empleado público que revela los secretos de un particular y los descubre con perjuicio de éste, y para el particular que ejerce alguna profesión que requiera título y revele los secretos que en razón de esa profesión le hubieren sido confiados.

Las penas son reclusión menor en sus grados mínimo a medio (61 días a tres años) y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

6. Deber personal.

En el inciso cuarto, se consigna que el deber de reserva sobre el nombre y los datos de los informantes persigue a los receptores, aun cuando hubiesen dejado de tener las calidades de miembro de las instituciones a las que pertenecían cuando recibieron la información. Se trata, por tanto, de un deber de reserva de por vida.

7. Declaración como testigos en juicio criminal.

Con el objeto de garantizar su especial tarea, el proyecto establece que los receptores amparados en esta norma no se encuentran obligados a declarar como testigos en juicio criminal, entendiéndose comprendidas en el número 2° del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, que exime de tal obligación a las personas que por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tienen el deber de guardar el secreto que se les haya confiado, pero únicamente en lo que se refiere a dicho secreto.

Por la razón anterior, no serán sujetos del delito de obstrucción a la justicia, contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal, que sanciona al que se rehusare a proporcionar a los tribunales de justicia antecedentes que conozca o que obren en su poder y que permitan establecer la existencia de un delito o la participación punible en él, o que, con posterioridad a su descubrimiento, destruya, oculte o inutilice el cuerpo, los efectos o instrumentos de un crimen o simple delito, salvo que no esté obligado a declarar.

8. Plazos de recepción de información.

Lo previsto en esta ley sólo es aplicable respecto de la información que se reciba dentro del plazo de seis meses contados desde su publicación.

Se trata, por lo tanto, de una ley temporal.

Si dicho plazo necesita ser ampliado, habrá que dictar una nueva ley que así lo establezca.

9. Entrega de la información.

Todas las informaciones que mediante este mecanismo se obtengan, serán entregadas al Presidente de la República, a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses.

Lo anterior, de acuerdo con la Declaración, para que evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estimare necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos.

V. Discusión general y particular.

Atendida la naturaleza del proyecto en informe y la urgencia solicitada, el proyecto fue discutido por vuestra Comisión en general y particular a la vez.

El señor Ministro del Interior explicó que la Mesa de Diálogo concluyó sus trabajos con un Acuerdo, en el cual, como lo ha señalado el Presidente de la República, se hace cargo de las tareas que están pendientes, en el sentido de señalar el compromiso para que no vuelvan a ocurrir estos hechos y de examinar algunos de los asuntos que han quedado sin solución.

El principal acuerdo obtenido es la búsqueda de un camino para encontrar a los detenidos desaparecidos, lo que el Presidente considera como un deber de quince millones de chilenos que deben tener la misma altura de miras que tuvo la Mesa de Diálogo.

El documento señala que se buscará información sobre esto, que ocultar esa información es inmoral, ilegal y antipatriótico y el Presidente hace fe que ese esfuerzo se va a realizar y se va a encontrar una cantidad importante de verdad.

Cuando se encuentre esa verdad corresponderá a los tribunales de justicia pronunciarse sobre ella y no al Ejecutivo ni al Congreso Nacional.

En este marco, la Mesa de Diálogo solicitó un conjunto de acciones por parte de los Poderes del Estado.

Concurre hoy en día para cumplir uno de esos planteamientos, el principal que se hace al Poder Ejecutivo, al que se le pide dictar la legislación correspondiente y poner los recursos a disposición de las Instituciones que deberán hacer las investigaciones. Este último tema se cumplirá de manera autónoma, salvo que se requiera solicitar autorización de nuevos fondos al Congreso.

Por lo tanto, lo que corresponde es proponer una legislación como lo propuso la Mesa de Diálogo, que cree condiciones similares a las del secreto profesional para las personas que entreguen información útil y conducente para el objetivo de encontrar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

Es muy importante dejar en claro que este es el sentido de la iniciativa legal que hoy presenta el Ejecutivo.

La primera frase del mensaje del Presidente de la República dice que "La iniciativa que sometemos a vuestra consideración representa un hito en la solución del problema de los detenidos desaparecidos".

No tiene este proyecto otra pretensión que esa. Simplemente recuerda la acción de la Comisión Rettig, la labor de la Corporación de Reparación y Reconciliación, para concluir que se ha hecho mucho en el país en busca de la verdad y también de la reparación y que existe un problema pendiente, muy substantivo, y es que no sabemos ni dónde están y qué pasó con una cantidad bastante importante de detenidos desaparecidos, algo superior a mil, si se está a la definición del artículo 6° de la ley N° 19.123 de quienes son detenidos desaparecidos.

Lo que la Mesa de Diálogo compromete es la búsqueda de estos detenidos desaparecidos sobre la base de que las instituciones que en ella participan hagan un esfuerzo por encontrar la verdad, para lo cual se han comprometido solemnemente, y pongan la información a disposición del Presidente de la República y éste ante los tribunales de justicia.

Ante ese compromiso la Mesa de Diálogo solicita del Ejecutivo y del Congreso que legislen para proteger la identidad de las personas que entreguen información que permita llevar a conocer el destino y paradero de los detenidos desaparecidos. Eso es exactamente lo que se está haciendo.

El proyecto de ley señala, en primer lugar, un muy preciso deber, que es el deber del secreto para personas determinadas y respecto de informaciones muy claras y puntuales. Las personas son las que entreguen información útil y conducente respecto al paradero y destino de los detenidos desaparecidos. Lo único que está protegido por el secreto son los nombres o los datos que permitan identificar a las personas que entregaron la información.

El inciso tercero del artículo único del proyecto, sanciona la comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información.

No hay una sanción similar respecto de la lista reservada de las personas que van a llevar adelante esta información, por cuanto ella constará en un registro que llevará un ministro de fe de las Instituciones y por que esos nombres pueden ser conocidos si ellas deben certificar que otras están protegidas por el deber del secreto.

Se trata de la información recabada en los seis meses de vigencia de esta ley, sea que las personas sigan siendo receptores de información o no. La obligación se mantiene aunque la persona deje de ser receptora de información, pero solamente en cuanto a la información recabada en esa virtud y dentro del plazo legal de los seis meses.

Se señala, también, que esta información deberá ser entregada al Presidente de la República al vencimiento del plazo de los seis meses.

Se declara no aplicable a estas personas el artículo 11 Bis de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a las personas que conocen de un delito a dar cuenta de ello dentro del plazo de 48 horas a los Tribunales de Justicia, por el tipo de tareas que están desarrollando.

Se han dicho muchas cosas sobre este proyecto de ley, como que se trata de una ley de punto final.

Ello no es así, nada en el proyecto establece la impunidad o modifica la responsabilidad penal o situación procesal de quienes hubieren participado en crímenes o simples delitos respecto de detenidos desaparecidos. En Sudáfrica, por ejemplo, la auto inculpación y la confesión pública eran resguardadas con la impunidad. En este caso no se está diciendo de manera alguna que las personas quedan cubiertas por la impunidad, todo lo contrario, puede ocurrir, perfectamente, que una persona que entregue información, a los pocos meses, por otras razones, sea citada a los tribunales de justicia y tenga que declarar y ser inculpada.

El Presidente de la República fue de opinión en hacer lo que le pedía la Mesa de Diálogo y que los tribunales de justicia deben hacer lo que la Mesa de Diálogo le pidió a ellos. Por lo tanto, nada puede entenderse como una forma de entorpecer la labor judicial.

Se ha dicho que el proyecto de ley es una interpretación de la ley de amnistía, por que al conocerse el paradero y destino de los detenidos desaparecidos el juez podría aplicar la amnistía.

Ello es una decisión judicial en la que el proyecto no se involucra. Hay jurisprudencia en ambas direcciones. Esta ley no interpreta, no modifica ni promueve la ley de amnistía. Lo único que hace esta ley es poner en un marco más general lo que la Mesa de Diálogo fijó, es un renglón de los acuerdos de la Mesa de Diálogo inserto en un Acuerdo más amplio.

Es poner un elemento para conocer la verdad sobre el paradero y destino de los detenidos desaparecidos. El Ejecutivo no ve como esto puede hacerle mal a alguien, como puede perjudicar algún proceso, como puede poner punto final artificial o como puede abundar en injusticia o daños a las personas.

Es una contribución importante, fundamental para la paz del país, por ello pide que se apruebe el proyecto de ley en la forma en que lo ha planteado el Ejecutivo.

Al término de la exposición del señor Ministro del Interior, la Comisión escuchó la intervención de la abogada Pamela Pereira, y de las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y del Partido Comunista de Chile, las cuales constan en actas.

Las intervenciones de los Diputados miembros de las Comisiones Unidas estuvieron enfocadas a precisar el sentido y alcance tanto de la Declaración de la Mesa de Diálogo como del proyecto de ley en informe.

En particular, sobre si el proyecto satisface los acuerdos adoptados en la Mesa de Diálogo; que se entiende por información útil y conducente y quien la califica; el establecimiento de sanciones penales para quienes teniendo información no la entreguen o lo hagan en forma torcida o inadecuada; el grado de compromiso que asumen los Comandantes en Jefe y las instituciones de la Defensa Nacional; el grado de impunidad que pudiera generar y la forma en que los tribunales deberán actuar con la información que se les entregue; las razones para no haber interpuesto querellas una vez descubiertos un número significativo de restos correspondientes a detenidos desaparecidos; la forma en que se hará entrega de la información que se obtenga; la vinculación de esta ley con determinados preceptos de la ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; la no aplicación de la normativa sobre publicidad de los actos administrativos y sus alcances; la no aplicabilidad de las normas sobre amnistía y prescripción, que en alguna medida pudiera desincentivar la entrega de información para no agravar su situación personal; el involucramiento de terceros en la información que se entregue; el valor de la información que se entregue no obstante el deber de reserva; el grado de desconocimiento de los ejecutores de estos delitos, al no poder disponerse de su identidad; si es o no una ley de punto final; si promociona o no la entrega de información, etc.

Las interrogantes anteriores y las respectivas respuestas, coincidentes por lo general con lo expresado en el mensaje y en la exposición del señor Ministro del Interior, constan en el acta de la sesión.

Antes de declararse cerrado el debate, éste último explicó que el artículo 6° de la ley N° 19.123 tuvo un carácter declarativo y que su propósito fue dejar expresamente establecido que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituían un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena.

Ese era el problema que se deseaba resolver en el año 1992 y ahora, lo que se persigue es precisamente ayudar a cumplir ese propósito.

La idea del Gobierno es que no hubiera soluciones legislativas y que todo quedará en manos de los tribunales de justicia. Pero, como éstas se propusieron, no le ha quedado otra cosa que asumir las que fueran solicitadas por la Mesa de Diálogo.

Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto, fue aprobado por veintitrés votos a favor y una abstención.

Puesto en votación en particular con las indicaciones presentadas, resultó aprobado con la misma votación, en los términos de que da cuenta el texto inserto al final de este informe.

La primera indicación, referida al inciso sexto del artículo único, aclara que la información a que alude debe ser obtenida “por las personas u” organismos a que se refiere el inciso primero.

La segunda, recaída en el inciso final, sólo agrega la preposición “A” en su inicio, para referirse, de esta forma, “A la información a que se refiere esta ley”, a la que no le será aplicable la norma del artículo 11 bis de la ley N° 18.575.

VI. Constancias reglamentarias.

Para los efectos previstos en el artículo 289 del Reglamento, se hace constar:

—Que el inciso final del artículo único tiene el carácter de norma orgánica constitucional.

—Que el artículo único no requiere informe de la Comisión de Hacienda.

—Que el proyecto fue aprobado, tanto en general como en particular, por 23 votos a favor y una abstención.

—Que no hay opiniones disidentes que consignar.

—Que fue rechazada, por mayoría de votos, una indicación destinada a suprimir, en el inciso tercero del artículo único, la expresión “comunicación”.

El resto de las indicaciones fueron retiradas, razón por la cual no se consignan en este informe sino en el acta de la sesión.

VII. Texto del proyecto.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os pueda dar a conocer en su oportunidad la señora Diputada Informante, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B'nai B'rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123.

La determinación de las personas a que alude el inciso anterior, será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto.

La comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso.

El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso 1º, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.

Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquellos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley.

La información que obtengan las personas u organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.

A la información a que se refiere esta ley, no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575.".

Se designó Diputada Informante a la señora Laura Soto González.

Sala de la Comisión, a 20 de junio de 2000.

Tratado y aprobado, conforme se consigna en el acta de las sesión de igual fecha, con asistencia de los Diputados y Diputadas Laura Soto González (Presidenta), Gustavo Alessandri Valdés, Rodrigo Álvarez Zenteno, Gabriel Ascencio Mansilla, Francisco Bartolucci Johnston, Mario Bertolino Rendic, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera, Guillermo Ceroni Fuentes, Juan Antonio Coloma Correa, Aldo Cornejo González, Sergio Elgueta Barrientos, Alberto Espina Otero, Pía Guzmán Mena, Tomás Jocelyn-Holt Letelier, Enrique Krauss Rusque, Zarko Luksic Sandoval, Iván Mesías Lehu, Dario Molina Sanhueza, Jaime Mulet Martínez, Jaime Naranjo Ortíz, Sergio Ojeda Uribe, Andrés Palma Irarrázabal, Aníbal Pérez Lobos, Carlos Recondo Lavanderos e Ignacio Walker Prieto.

Adrián Álvarez Álvarez,

Secretario de la Comisión.

DECLARACION DE LA MESA DE DIALOGO SOBRE DERECHOS HUMANOS

I.REFLEXIONES FUNDAMENTALES

La Mesa de Diálogo fue convocada por el Supremo Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta que el país avance unido hacia el futuro.

Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones.

Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.

En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no resuelta, de los detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de todos un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin.

Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes de las FFAA y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de entidades éticas y personeros de la sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la franqueza.

Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia reciente:

El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.

Reafirmamos que es condición del estado de derecho que el ejercicio legítimo de la fuerza quede entregado exclusivamente a los órganos competentes en un sistema democrático, como también el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas.

Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y en particular el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la Nación.

Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la enseñanza nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

La solución del problema de los detenidos desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu -en alguna medida- a sus familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos trasciende ese deber; también tiene como propósito que el país tome conciencia, de manera concreta, de aquello que no debe repetirse.

II.CONTENIDOS PRINCIPALES DE UN COMPROMISO PARA SER ASUMIDO POR EL PAIS ENTERO

Con el fin de superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos, llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy activamente a las más altas autoridades del país, a las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas, así como a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la información que permita clarificar su destino.

Condiciones generales sobre la información

-Con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante.

La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.

Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile:

-Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posible para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtengan, será entregada al Presidente de la República.

-Las personas que reciban o recaben esta información estarán amparados por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligados a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente.

-La Mesa de Diálogo acoge la afirmación de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa información, pero están dispuestas a colaborar en su obtención.

Respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en esta Mesa de Diálogo:

-Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentan las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán entregados al Presidente de la República.

Respecto de los poderes del Estado, se solicita lo siguiente:

Al Poder Ejecutivo:

-Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

-Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que estén llamados a participar en este Esfuerzo Nacional.

-Que solicite a la Excelentísima Corte Suprema la designación de los Ministros en Visita que correspondan, una vez recibida la información pertinente.

Al Congreso Nacional:

-Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional.

A la Corte Suprema de Justicia:

-Que designe Ministros en Visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República, sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva información corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitación, ésta deberá remitirse al tribunal correspondiente.

-Que instruya a los Ministros en Visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.

Solicitamos al señor Presidente de la República, como máxima autoridad de la Nación, que una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses.

Le solicitamos asimismo, que luego de esa evaluación y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos. Con ese fin, la Mesa de Diálogo pone a su disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiere considerar viables.

III.CONSIDERACIONES FINALES

Con esta declaración se pretende asumir nuestro pasado. Comprendemos que es injusto traspasar a los jóvenes los conflictos y divisiones que han dañado al país.

El espíritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.

La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas se pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional y a profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos.

Santiago, 13 de Junio de 2000.

RESERVA EN INFORMACION SOBRE DETENIDOS DESAPARECIDOS. Primer trámite constitucional.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos.

Diputada informante de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es la señora Laura Soto.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 2520-07, sesión 5ª, en 20 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.

-Informe de las Comisiones Unidas de Constitución y de Derechos Humanos. Documentos de la Cuenta Nº 2 de esta sesión.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra la señora diputada informante.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente, las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía pasan a informar sobre el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos. La iniciativa fue iniciada en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República y para su despacho se hizo presente la urgencia en el carácter de “discusión inmediata”.

Se deja constancia de que por acuerdo unánime de los Comités, adoptado en la sesión 5ª ordinaria, en martes 20 de junio de 2000, se acordó que el proyecto fuera enviado únicamente a la Comisión de Constitución, otorgándole como plazo para su despacho el día de hoy, con el propósito de verlo en la Sala, en sesión especial, a contar de las 9.30 horas.

Con posterioridad y en virtud de un nuevo acuerdo unánime de los Comités, adoptado en la misma sesión, se acordó que el proyecto fuera estudiado por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Cabe hacer presente asimismo que, por acuerdo de la Comisión, el inciso final del artículo único del proyecto tiene el carácter de norma orgánica constitucional, en cuanto establece que a la información a que se refiere esta ley no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, que regula los principios de probidad administrativa y de transparencia de la función pública y, respecto de este último, la publicidad de los actos administrativos de los órganos de la administración del Estado y de los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial.

Como se recordará, esta norma fue incorporada en la referida ley por el artículo 1º de la ley Nº 19.653, sobre probidad administrativa, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, por sentencia de 19 de noviembre de 1999, que ella es propia de la citada ley orgánica constitucional.

Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración continua de los ministros del Interior , don José Miguel Insulza ; secretario general de la Presidencia , don Álvaro García ; secretario general de Gobierno , don Claudio Huepe , y de Justicia, don José Antonio Gómez ; de la abogada Pamela Pereira , miembro de la “Mesa de Diálogo”; de las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señoras Viviana Díaz , presidenta; Mireya García , secretaria, y Carmen Vivanco , tesorera; de la presidenta del Partido Comunista de Chile , doña Gladys Marín , y de los miembros de la comisión política de esa entidad, señores Andrés Lagos y Manuel Hernández.

Idea matriz o fundamental del proyecto.

De acuerdo con lo expresado en el mensaje, la idea matriz o fundamental del proyecto es generar un mecanismo legal que viabilice el compromiso asumido por los representantes de las instituciones armadas y entidades religiosas y morales que concurrieron a la suscripción de la declaración de la “Mesa de Diálogo” sobre derechos humanos, con el objeto de obtener información útil y conducente para determinar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, para lo cual el Gobierno propone, tal como se le solicitara en la referida declaración, establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben esa información.

Dada la importancia de la materia, al final del informe se agrega la declaración de la “Mesa de Diálogo” sobre derechos humanos.

Para el Gobierno, esta iniciativa representa un hito en la solución del problema de los detenidos desaparecidos, como lo fueran, en su oportunidad, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el decreto supremo Nº 355, de Interior, de 9 de mayo de 1990, que dio origen al llamado “Informe Rettig”, y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley Nº 19.123, de 1992, cuyo objetivo fue la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de esa comisión. Su informe final lo emitió en diciembre de 1996.

Se recuerda que a partir de la restauración democrática, los esfuerzos de la Concertación y sus gobiernos estuvieron dedicados con preferencia a la solución de la causa de los detenidos desaparecidos, el establecimiento de sus responsables y la averiguación urgente del paradero de los cuerpos.

Se destacan, en primer lugar, las actuaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1990 durante el gobierno de don Patricio Aylwin Azócar, con el objeto de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos cometidos en los últimos años, para lo cual se encomendaron cuatro tareas específicas: establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias; reunir información que permitiera individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero; recomendar las medidas de reparación y reivindicación que estimara la justicia, y recomendar las medidas legales y administrativas que, a su juicio, debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos.

Pero la verdad es que, pese a los esfuerzos desplegados, esa Comisión no pudo reunir antecedentes que permitieran establecer la suerte o paradero de todas las víctimas, por lo cual subsiste este problema en una magnitud casi sin variaciones en relación con la época en que se dictó el decreto de su creación.

También es importante recalcar la labor de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley Nº 19.123, de 1992, bajo el Gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a la cual se le encomendaron diversas tareas, entre las cuales está la de promover y coadyuvar a las acciones que tendieran a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas cuyos restos, no obstante existir el reconocimiento legal de su deceso, no han sido ubicados, recopilando, analizando y sistematizando toda información útil a este propósito.

Se destacan, por último, los beneficios reparatorios establecidos en la ley Nº 19.123, en favor de los parientes de las víctimas.

Consecuencia de todo lo anterior fue la “Mesa de Diálogo”, alrededor de la cual se reunieron, durante largo tiempo, abogados de los derechos humanos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y personas vinculadas a la materia, quienes llegaron a acuerdos muy importantes que fueron entregados al Presidente de la República y que han derivado en su proposición de ley al Parlamento.

En el mensaje se consignan algunos párrafos destacados del discurso del Presidente de la República al respecto. Uno de los más importantes, dice: “Este documento se hace cargo de las tareas que están pendientes. Señala cómo hacer para que todos nosotros, la Patria toda, se comprometa para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos en nuestra historia. Y luego, cómo a partir de eso, damos cuenta de las tareas pendientes que, en lo esencial, tienen que ver con cómo abordamos de una forma ecuánime, adecuada, justa, la tarea de encontrar a los que todavía no están”.

El proyecto que ha enviado el Presidente de la República es muy acotado. Sólo propone un mecanismo para encontrar los detenidos desaparecidos y establecer, al final, en los tribunales de justicia, la verdad de lo que ocurrió. Claramente, no será una ley de punto final ni impedirá actuar a los tribunales, pues no entorpecerá su labor. Tampoco es una interpretación de la ley de amnistía.

El proyecto establece el deber de reserva, que pesa sobre ciertas personas y que les impide comunicar o dar información respecto del nombre y de los datos que sirvan para identificar a quienes le proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

Las personas afectas a la reserva deberán cumplir dos requisitos: que gocen de ciertas calidades o cargos y que hayan sido determinadas reservadamente por los órganos o personas jurídicas referidas para recibir o recabar la información.

El deber de reserva es para toda la vida, es decir, lo conservarán, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, aun después que dejen de pertenecer a ellas.

El deber de reserva se refiere, única y exclusivamente, al nombre, a la individualización de la persona que entregue información útil y conducente, la que será proporcionada al Presidente de la República , quien, a su vez, la pondrá en manos de la Corte Suprema para que designe ministros en visita que se aboquen a esclarecer los hechos.

El proyecto es acotado en el tiempo, puesto que la ley regirá dentro del término de seis meses, de manera que, si entonces no se cumpliera el objetivo, será necesaria una nueva ley para prorrogar el plazo.

Se ha dicho que la reserva equivale, en cierta medida, al secreto profesional, es decir, el receptor no podrá entregar los datos de la persona que ha proporcionado información. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y de Orden llevarán un registro, con una especie de ministro de fe , de los requirentes o receptores de la información.

Después de un intenso debate en la Comisión, se clarificó, en particular por las intervenciones de la abogada Pamela Pereira y del ministro Insulza , que el proyecto no significa un punto final encubierto ni entorpecerá la labor de los tribunales, que expresamente deberán continuar su labor. Sólo establece un mecanismo útil para conseguir lo que se quiere.

Se expresó que las Fuerzas Armadas y de Orden adquirieron un compromiso. Por lo tanto, ellas serán las responsables de la información que se determine como útil y conducente.

Creo que he hecho entrega de los datos más relevantes del proyecto, pero si hubiera alguna duda estoy dispuesta a absolverla.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor GARCÍA ( Ministro secretario general de la Presidencia ).-

Señor Presidente , tal como señalara la diputada informante , la iniciativa que hoy se somete a consideración de la honorable Cámara tiene un solo fin: obtener información útil y conducente a ubicar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

Estamos respondiendo así a la solicitud hecha hace tan sólo una semana por la “Mesa de Diálogo”, tanto al Ejecutivo como al Parlamento, a fin de que se legisle con premura para establecer las condiciones que ellos estiman necesarias para identificar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

El proyecto se enmarca en un esfuerzo global por saldar una deuda histórica y aliviar la pesada carga moral, social y política que los detenidos desaparecidos han implicado para nuestro país. Resolver este problema, como recién se dio cuenta, ha sido un objetivo permanente de los gobiernos de la Concertación, que, desde el establecimiento de la Comisión Rettig, en 1990, hasta la fecha, han enviado una serie de proyectos y tomado iniciativas directas para encontrar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

De hecho, esta misma Cámara, en 1992, cuando aprobó la ley que creó la Corporación de Reparación y Reconciliación, estimó que ubicar los cuerpos y establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos era un derecho inalienable. Creo que el proyecto aporta a la consecución de este derecho establecido por el Congreso.

Reconozco, sin embargo, que el esfuerzo realizado por la “Mesa de Diálogo” es inédito, primero, porque no constituye la opinión de una parte del Gobierno o de algún partido político, sino el compromiso de instituciones y personas directamente involucradas en los hechos que buscamos resolver.

Luego, porque establece una verdad compartida entre los distintos miembros de la “Mesa de Diálogo”, verdad que señaló que en la violación a los derechos humanos participaron agentes de organizaciones del Estado, como también reconoció la existencia de violencia política.

Es importante, además, porque establece el compromiso de todos aquellos que concurrieron, a que nunca más estos hechos vuelvan a ocurrir en nuestro país, a rechazar toda forma de violencia y a reconocer la democracia como la única forma de acceder al poder legítimo en nuestro país.

La “Mesa de Diálogo”, hace poco más de una semana, hizo una petición muy concreta y acotada tanto al Ejecutivo como al Parlamento: que legisláramos rápidamente para establecer la obligación de secreto para la fuente de información, útil y conducente a determinar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos. Como señalé, este es el único objetivo de este proyecto de ley.

La iniciativa dispone la obligación de mantener la reserva -el deber de reserva- sobre las fuentes de información; los sujetos amparados por este proyecto son miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de las instituciones religiosas y éticas, que establecerán un registro de las personas que pueden obtener información y que, a su vez, son objeto del deber de reserva de sus fuentes.

Cabe señalar que sólo es secreta la fuente de información, el nombre o los datos que permitan identificar a la persona que entregó información, pero no la información en sí misma.

La información debe reunir un requisito: que sea útil y conducente a determinar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, y se reserva la fuente, pero la información propiamente tal debe ser entregada al Presidente de la República , quien posteriormente la hará llegar a los tribunales de justicia. Se establece un período de seis meses para recabar y recibir la información, aunque se señala, como recién manifestó la diputada señora Soto, que el secreto es permanente.

Toda la información que se recoja será entregada al Presidente de la República , quien la pondrá a disposición de los tribunales para instruir los procesos respectivos. Estamos, por lo tanto, haciendo una nueva manifestación de confianza en los tribunales del país como la instancia capaz de establecer la verdad y hacer justicia de acuerdo con la legislación vigente.

Quiero remarcar una vez más que la futura ley de ninguna manera constituirá un punto final. No establece ninguna forma de impunidad ni modifica la responsabilidad que cabe a quienes participaron en los crímenes que aquí se establezcan. Tampoco impide actuar a los tribunales, que seguirán cumpliendo con su función según lo establece la ley.

Por último, no interpreta la ley de amnistía, es decir, los tribunales seguirán resolviendo cada caso de acuerdo a su manera de interpretar la ley. Por lo tanto, el objetivo del proyecto es simple, pero a la vez crucial: obtener la verdad y aportarla a los tribunales para que instruyan las causas respectivas.

Al terminar mi intervención, felicito la dedicación y diligencia con que las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos de esta Corporación operaron ayer, concluyendo con una amplia aprobación al proyecto y, al mismo tiempo, solicitar su aprobación a esta Sala, ojalá unánime, pues no nos cabe duda alguna de que va a facilitar el camino de encuentro en el país, fortalecerá su unidad y ayudará, por la vía de ubicar el destino y paradero de los detenidos desaparecidos, a sanar las heridas aún abiertas por las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

Estoy seguro de que el proyecto contará con una amplia aprobación de la honorable Cámara.

Muchas gracias.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En discusión en general y particular el proyecto.

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, por casi más de diez años los chilenos hemos buscado fórmulas para terminar con el desencuentro que nos divide. Hay visiones distintas al respecto, posiciones encontradas, irreductibles y frontales que han perturbado durante muchos años nuestra convivencia.

Hay un pasado dramático donde los chilenos nos enfrentamos en dos bandos irreconciliables, situación que no quisiéramos repetir y, a veces, ni siquiera recordar. La incapacidad del diálogo, ese desencuentro entre los distintos actores políticos, la tolerancia cero en las ideas, la diversidad borrada absolutamente de la discusión nos lleva a esa profunda división, que termina con un 11 de septiembre, para todos una visión dantesca. Desde luego, en ese clima no hubo una solución distinta y la fuerza se hizo presente en dramáticos hechos que hasta hoy nos dividen, sin poder alcanzar un punto de encuentro. ¡Es un pasado que los chilenos queremos olvidar!

No es posible que un país avance y progrese si su alma, su pueblo, no ha encontrado la paz y la reconciliación. La tarea está pendiente desde hace diez años, aun cuando en el intertanto ha habido varios intentos fallidos. Hablo de los diez últimos años, porque a partir de ellos renace una nueva democracia.

Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres, incluyendo a representantes de las Fuerzas Armadas, de las iglesias, de los distintos credos, abogados e historiadores, hicieron un esfuerzo patriótico por encontrar una solución y presentaron una propuesta para abrir un camino a la justicia y a esta verdad tan esperadas, la que deberá traducirse en una reconciliación y en el cierre de tantas heridas y diferencias. Hoy esa propuesta se debe materializar en un proyecto de ley que, de alguna manera, recoja la iniciativa que estos patriotas chilenos nos han puesto sobre la mesa.

La propuesta nació en el seno de una comisión auténticamente representativa de Chile -yo diría del país real-, donde estaban los distintos pensamientos y credos, personas relevantes, abogados y profesionales. Esa proposición fue ratificada por todas las fuerzas políticas nacionales a través de distintas declaraciones que en los últimos días ha dado a conocer la prensa, y sustentada por el Gobierno democráticamente elegido por todos los chilenos. Sentimos satisfacción porque la inmensa mayoría está representada en esa instancia, de la cual nos sentimos parte.

Desde luego, es imposible que el ciento por ciento de los afectados, directa o indirectamente, quede conforme o esté de acuerdo con esta solución; pero es la hora de la unidad nacional, de la generosidad, del gesto fraternal, del perdón y del propósito de jamás repetir un pasado tan dramático como el del año 73. Debemos crear un país más cálido, donde nadie se sienta discriminado, y, una vez despejado este gran obstáculo que hoy nos divide, profundizar nuestra democracia y acercarnos a ubicar los cuerpos de los detenidos desaparecidos.

En los últimos meses, los tribunales de justicia han hecho una interpretación que ha creado diversas opiniones. Algunos hemos defendido su voluntad de hacer justicia; pero las interpretaciones también nos han dividido.

Debemos pensar en la razón que han tenido los tribunales para actuar en determinada forma. También debemos asumir nuestras propias responsabilidades, ya que no hemos creado los mecanismos ni las condiciones para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos. A través de esta interpretación, los tribunales han hecho un esfuerzo, y aun cuando muchos podemos no estar de acuerdo con ella, es un intento por despejar las dudas.

Tengo fundadas esperanzas de que en los próximos seis meses los tribunales actuarán en la línea correcta, que significa despejar y resolver definitivamente los cientos o miles de casos de personas desaparecidas y de juicios pendientes.

Sólo nos cabe ser dignos representantes de un país al que los miembros de una “Mesa de Diálogo” le ha señalado un camino, el cual hoy se traduce en un proyecto de ley que deberá ser puesto a disposición de Chile y de sus tribunales.

En 1973, la clase política fue incapaz de resolver el inexorable camino de la autodestrucción y hoy aparece exitosa esta instancia, curiosamente sin nuestra participación.

Estimados amigos diputados, en esa “Mesa de Diálogo” no hubo representantes de los partidos políticos. Es curiosa la historia, porque quienes pertenecemos a esa clase política fuimos los causantes del desastre del año 73, que afectó a todo el país. Hoy, los mismos afectados, los representantes del Chile real, son quienes nos dan una solución. Esto nos debe permitir reivindicar nuestra vocación de servicio público y de representantes del pueblo chileno en esta naciente democracia, porque no podemos defraudar nuevamente a Chile.

En esta instancia, rindo homenaje a todos los caídos de ambos bandos, sin excepción; a esos chilenos que, impulsados por sus ideales y valores, defendieron aquello que consideraron justo; a todos los integrantes de la “Mesa de Diálogo”, quienes, guiados por un hondo valor patrio, hicieron un esfuerzo por abrir un camino hacia la reconciliación y la paz social; a las Fuerzas Armadas, por su flexibilidad y alto compromiso con el país, y a los familiares de las víctimas, para que la templanza y la paz llegue a sus corazones.

Por primera vez tenemos una vía cierta hacia la reconciliación, el cierre de la transición y el reencuentro de los chilenos. Debemos asumir un imperativo ético con las generaciones jóvenes, dejando un país reconciliado, después de haber estado divididos durante tanto tiempo.

Sabemos y estamos conscientes de que habrá personas que no estarán conformes. ¡Las entendemos! ¡Estamos con ellas! Pero también ellos tendrán que comprender que este país debe encontrar una paz que ha sido tan mezquina, una paz que significará entregar un legado a las generaciones jóvenes. Hoy, Chile mira muy fijamente a este grupo de diputados y diputadas y de senadores y senadoras que están a la espera de que el proyecto se despache a la brevedad.

Por todas las víctimas, por todas las personas caídas, por todos quienes han hecho un esfuerzo por buscar un camino hacia la paz y la reconciliación, Renovación Nacional dará su aprobación al proyecto.

-Aplausos.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, no cabe duda que durante el último año los chilenos hemos vivido una de las experiencias políticas más impactantes e interesantes de la historia, que se tradujo en la más estrecha elección presidencial, en la cual los historiadores tendrán abundante espacio para sacar conclusiones de cómo un país se divide casi por mitades, pero dentro de un clima de armonía. Hubo dos grandes lecciones que calaron profundo en quienes, de una u otra forma, participamos en esa campaña.

La primera dice relación con la distancia que existía entre lo que para los políticos eran los problemas más importantes y lo que para las personas, los ciudadanos, los electores, constituía lo prioritario. Este encuentro y compromiso marcó profundamente la elección y el debate que tuvo lugar a fines del año pasado y a principios de éste: las personas pidieron que nos preocupáramos de los problemas reales.

La segunda gran lección de esa campaña fue la urgencia angustiosa de la misma sociedad por instar a quienes teníamos responsabilidades públicas a avanzar hacia la paz social. Pocas veces se habló más de la paz social y se la apellidó como en esa elección. Se la definió como mirar hacia adelante, siendo capaces de superar las diferencias del pasado. Esa paz social también marcó a fuego parte importante de esa campaña histórica, de la cual los chilenos fuimos protagonistas.

No es menor el hecho de que, entre la primera y la segunda vuelta, todos los candidatos reconocieran que habían escuchado a la gente y que, precisamente, ese acto involucraba el compromiso de enfocar los esfuerzos que se hicieran a futuro en la perspectiva de avanzar en la solución de los problemas reales y cotidianos de la gente, que tanto impactan, y también el compromiso profundo y duradero en pos del objetivo de lograr la paz social en Chile. Esas fueron las grandes lecciones y compromisos de la elección que, de alguna manera, la ciudadanía pidió a quienes tenemos la responsabilidad de orientar nuestras acciones futuras a partir de esos acontecimientos.

En esta ocasión, siento que estamos frente a un momento histórico, en el cual la voz de la gente nos está pidiendo a los actores políticos que tenemos responsabilidades parlamentarias, que generemos espacios para que esa paz social sea posible. Además, cuando ella se consiga -soy de aquellos optimistas que creen que la lograremos-, también posibilitaremos una mayor preocupación por los problemas reales, dentro de las prioridades tanto del Gobierno como de la Oposición.

Pero sabemos que no es fácil alcanzar la paz social y que han sido muchos los esfuerzos desplegados en tal sentido. A mi entender, recién nos estamos poniendo de acuerdo sobre los elementos o requisitos básicos que la proyectan hacia el futuro. Por lo menos, desde mi perspectiva, la paz social contiene tres elementos que debemos abordar con decisión, como una forma de demostrar que hemos escuchado a la gente y hemos sido capaces de superar el pasado.

En primer lugar, debemos facilitar la solución de los problemas de derechos humanos, desplegando todos los esfuerzos posibles para ubicar los cuerpos o averiguar el destino de los detenidos desaparecidos. Es un esfuerzo común del cual nadie puede sustraerse; tenemos que avanzar para generar la legislación o el clima social que lo posibilite, porque no habrá paz social si no facilitamos la solución de los problemas de derechos humanos en la perspectiva de encontrar los cuerpos o conocer el destino de los detenidos desaparecidos.

Pero la paz social tiene otros elementos que la complementan. No cabe duda que también es necesario establecer certeza jurídica en la aplicación de las normas sustantivas y de procedimiento que rigen los procesos pendientes sobre derechos humanos y que afectan a miembros de las Fuerzas Armadas. Tengo la impresión de que también es un elemento importante, porque la incerteza, para estos efectos, debilita el contenido de la paz que -así lo percibo- todos los chilenos estamos buscando.

Por último -aunque de manera menos significativa, pero también quiero abordarlo-, se requiere el máximo consenso normativo posible en el tema constitucional. Obviamente, en la medida en que seamos capaces de hacer esfuerzos por ponernos de acuerdo en todo lo que sea posible -hay elementos que nos distinguen y continuarán distinguiéndonos, porque tenemos una concepción distinta sobre lo que debe ser un modelo constitucional-, también estaremos apuntando a alcanzar la paz social. Entonces, desde mi punto de vista, al preocuparnos de lograr esa meta no sólo estamos escuchando a la gente, sino que abordando uno de los temas más significativos al facilitar la solución de los problemas de derechos humanos.

Ahora, ¿por qué lo hacemos desde una perspectiva legal? A mi entender, primero, porque, hasta ahora, los procedimientos no han resultado eficaces, materia que considero que debemos colocar sobre la mesa. La labor realizada o el camino seguido en ese sentido no ha sido suficiente para dar con el paradero o el destino de los detenidos desaparecidos. Y eso nos importa a todos, porque no es patrimonio de algunos o una materia que sea insensible para otros, ya que somos parte de un mismo país y, de alguna manera, los problemas que se arrastran por tanto tiempo nos afectan a todos.

Pero también entramos a legislar sobre derechos humanos porque existió una instancia que bien vale la pena valorar: la “Mesa de Diálogo”, la cual no habría nacido si no existiera este tema pendiente. A mi entender, en ella se ha realizado un gran esfuerzo por encontrar visiones sobre la historia de Chile. En esa instancia participaron representantes de las Fuerzas Armadas, de Gobierno, abogados de derechos humanos, personalidades del ámbito religioso y cultural que, en conjunto, hicieron un esfuerzo por llegar a un diagnóstico común respecto de nuestra historia, a fin de encontrar la forma de contribuir a mejorar muchos de los temas que han ido quedando como sedimento.

Por lo tanto, valoramos el trabajo de la “Mesa de Diálogo” como un primer gran esfuerzo por abordar con seriedad, desde una perspectiva de futuro, un problema que arrastramos desde hace casi tres décadas. Asimismo, valoramos el esfuerzo desplegado por sus integrantes, quienes, dejando atrás sus legítimas y arraigadas visiones del pasado, fueron capaces de reflexionar y pensar en el futuro. Valoramos la disposición de superar, mediante el diálogo, posiciones que antes parecían irreconciliables.

A quienes formamos parte de esta bancada nos resulta, en verdad, gratificante comprobar que por muy profundas y dolorosas que sean las diferencias, con tolerancia y franqueza, es posible construir espacios de confianza para superarlas. El país entero ha sido testigo de cómo quienes en un comienzo no eran capaces de estrecharse las manos, han terminado por hacerlo; de cómo quienes durante muchos años no cruzaron una mirada, han concluido en una declaración conjunta que reflexiona sobre un pasado que nos divide, pero que nos debe unir a futuro. Desde esa visión, entiendo que ésta no es una iniciativa que agote un tema, sino que genera un gran paso -un primer paso- para que continúen los esfuerzos en esta perspectiva compleja, difícil y exigente -pero apasionante- que implica la construcción de la paz social.

¿Cuál es el propósito del proyecto en discusión? En primer lugar -el ministro lo señaló-, desde una visión estricta, no corresponde a una proposición de Gobierno, sino que recoge la experiencia de un grupo vinculado a la “Mesa de Diálogo”; nace de una instancia que fue capaz de lograr el compromiso contraído por personas, entidades y organismos representativos, anotando las fallas del pasado, porque es cierto que en otro momento hubo iniciativas legales que fallaron, en la perspectiva de buscar un resultado positivo hacia el fu-turo.

Este proyecto se basa en un documento que explicita una verdad compartida, concepto que no siempre había estado presente en esta Sala, que reconoce -ha sido un gesto importante- violaciones a los derechos humanos. Asimismo reconoce -también es importante- la existencia de la violencia política antes y después de 1973, elemento clave en la situación producida. Una de las conclusiones de la Mesa se refiere a que Chile sufrió una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar, lo que, obviamente, genera un espacio en el cual nadie puede eludir su responsabilidad. No se puede apuntar con el dedo a determinadas personas ni éstas pueden aceptarlo. Eso es parte de la verdad compartida que -así lo pienso- ha galvanizado a la sociedad chilena y la ha hecho encontrar un espacio tremendamente significativo para avanzar.

La iniciativa establece un camino acotado, configura un escenario viable para dar un paso hacia adelante, a fin de establecer el paradero de los detenidos desaparecidos, pero, sobre todo, da pie para un acercamiento a la paz social en Chile y genera la necesidad de crear un clima -para mí es la palabra clave- en el cual los elementos pendientes sean resueltos.

Respecto del contenido del proyecto propiamente tal, pienso que es simple. Sin embargo, a veces, las cosas se complican y lo que parece simple debe ser desmenuzado para entender la exacta dimensión de lo que se busca. La idea del proyecto es establecer por seis meses el secreto profesional para quienes proporcionen o confíen información sobre el paradero y destino de los detenidos desaparecidos. En el fondo, se trata de que las personas queden amparadas por el secreto y, por lo tanto, liberadas de revelar la fuente de la información. Eso es lo que nos pide a los parlamentarios, la “Mesa de Diálogo”, y lo que demanda la búsqueda de la paz social: que seamos capaces de comprometernos en esta tarea. Se sanciona, por lo tanto, a quien rompa el secreto, y se faculta a las personas para que se abstengan de declarar como testigos en juicios criminales, para que no obstruyan la acción de la justicia, lo que ocurriría de no existir esta norma. Es decir, se da un espacio particular, acotado, de seis meses, para que determinadas personas, de sólida formación, representativas de organismos muy arraigados dentro de la historia de Chile, reciban información, para que, a su vez, compaginándola, la entreguen al término o antes de estos seis meses, de manera secreta, al Presidente de la República , a fin de que, de este modo, se avance en el encuentro de los restos de los detenidos desaparecidos o en saber qué pasó exactamente con ellos.

Esa es la idea central, matriz, del proyecto. Eso es lo que la “Mesa de Diálogo” y el país, a mi entender, nos pide y está exigiendo.

Por eso, la bancada de la UDI ha estudiado el proyecto con especial interés -durante los días de la semana pasada en que ha terminado la labor de la “Mesa de Diálogo”-, con el objeto de saber cuál debe ser nuestro deber. Y no ha habido vacilación alguna ni duda en cuanto a entender que nos corresponde aceptar con entusiasmo esta propuesta que la “Mesa de Diálogo” nos plantea, porque está inserta en la paz social que nosotros estamos comprometidos a conseguir. La iniciativa propone una legislación concreta y precisa para ayudar a resolver uno de los problemas más exigentes que hoy se nos impone. Por eso debemos estar presentes, sobre todo porque se trata de empujar para llegar a buen término respecto de otros elementos que exigen el compromiso total del país con la paz social.

Nosotros, en verdad, pensamos que ha llegado la hora de confiar en que los acuerdos alcanzados nos permitirán cerrar la transición. Los acuerdos en sí mismos no valen por su contenido.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Señor diputado, le resta un minuto para cumplir su tiempo.

El señor COLOMA.-

Los acuerdos que se logran dependen mucho más del espíritu con que se viven, se proyectan y se asumen.

En verdad, más allá de lo que podamos votar o no, lo relevante es entender que éste es un paso muy decisivo para alcanzar el objetivo que nos hemos trazado.

Ha llegado la hora de respaldar esta iniciativa, de mirar hacia delante y de no seguir avanzando con la vista puesta en el espejo retrovisor. Como dice el poeta: “Ha llegado, quizás, la hora de cerrar puertas para abrir nuevas ventanas”. De algún modo, eso simboliza el esfuerzo en que coincidimos muchos de los parlamentarios que aquí estamos presentes, de distintas bancadas y de diferentes historias, y también, por cierto, con una fórmula diversa de analizar el pasado, pero asimismo, conscientes de que lo que nos ha dividido no puede seguir proyectándose hacia delante.

En nombre de la UDI, sentimos que hemos contribuido a dar este primer paso para cerrar el pasado; pero que quede claro que de los que nos encontramos aquí y del clima que vive el país, a partir de hoy, dependerá si seremos capaces de dar los pasos siguientes, para que, efectivamente, se cierre esa puerta y se abran nuevas ventanas.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, supuestos familiares de presuntos desaparecidos...

(Manifestaciones en las tribunas).

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Ruego a los asistentes a las tribunas que no realicen manifestaciones porque está prohibido hacerlo. No es problema que estén presentes, pero por Reglamento se debe respetar el funcionamiento de la Cámara para se puedan expresar los parlamentarios.

(Manifestaciones en las tribunas).

Ruego a los asistentes a las tribunas que, por favor, guarden silencio, porque si no, en cumplimiento del Reglamento de la Cámara, me veré obligado a suspender la sesión.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente , en nombre de la bancada socialista, ruego a su Señoría que no haga desalojar las tribunas y que escuchemos las manifestaciones que legítimamente realicen los familiares de los detenidos desaparecidos.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

No es posible, señor diputado. Por Reglamento no se puede aceptar. Eso usted lo sabe.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, estamos haciendo uso de la palabra. Sé cuánto derecho tienen quienes están en las tribunas a manifestarse en este lugar, que se supone es el centro de la soberanía de nuestro país.

Durante muchos años se nos habló de “supuestos familiares”, de “presuntos desaparecidos”. ¡Cuántas semanas, meses, años, amigos y compañeros nuestros fueron a golpear las puertas de los tribunales, a recorrer los desiertos, a buscar en los patios de los cementerios a supuestos familiares de presuntos desaparecidos!

Hoy, nos honran con su presencia en las tribunas chilenos que han luchado toda una vida por la verdad y la justicia.

(Manifestaciones en las tribunas).

Nunca habrá una palabra de un socialista en contradicción con gente que nos provoca tanta admiración y respeto.

Hoy, todo el país y los medios de comunicación concentran la atención en el crimen horroroso de la detención y desaparición de compatriotas nuestros. ¿Quién duda hoy acerca de la existencia de este inmenso crimen cometido durante la dictadura militar? ¡Cuánta distancia moral, jurídica y política nos separa de aquella época en que se hablaba de supuestos familiares y de presuntos desaparecidos, a la vez que se afirmaba que marxistas habían huido al extranjero, y que extremistas se habían exterminado entre ellos! Cierta prensa titulaba en ese entonces: “En Argentina, extremistas se exterminan como ratas”. Repito: ¡Cuánta distancia moral y política nos separa de aquella época!

Lo que explica la conciencia generalizada de la sociedad chilena acerca de este drama no es otra cosa que la lucha tenaz e inclaudicable de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, de los organismos de derechos humanos y de tantos chilenos y chilenas que iniciaron su resistencia el mismo día del cruento golpe militar de 1973. Primero, fue una lucha tímidamente acompañada; luego, progresivamente engrosada por miles de compatriotas en Chile y en el exilio y, por cierto, por muchas conciencias dignas y democráticas del mundo entero.

Esto fue, y no otra cosa, lo que permitió que, a pesar de la ley de autoamnistía, existieran jueces en Chile dispuestos a investigar, incluso a declarar reos a los responsables de estos crímenes.

Esta lucha fue la que ayudó a los dirigentes y autoridades democráticas a tomar la decisión de constituir la Comisión de Verdad y Reconciliación y, por cierto, a la materialización de su vigoroso informe.

Esta lucha y las nobles luchas convergentes en otros lugares del planeta, permitieron hacer avanzar el derecho internacional humanitario, una de cuyas aplicaciones más notables en los últimos tiempos fue la detención de Augusto Pinochet en Londres. Ello ocurrió gracias a que la lucha del pueblo de Chile, de sus agrupaciones, ha convergido con la lucha de otros pueblos y de otras consignas dignas y democráticas de España y de Inglaterra, en este caso.

Hoy estamos aquí discutiendo un proyecto de ley que colabore a encontrar a nuestros detenidos desaparecidos. Porque ha existido esta lucha, el país no discute hoy, colega Coloma , sobre problemas ficticios. El diputado Coloma ha descubierto que el país, en las últimas elecciones, se concentró en los problemas reales. Habría dos suertes de problemas en nuestra patria: los reales y los no reales. Resulta que ahora todo Chile discute sobre un problema no real. Pero lo discute porque ha existido una lucha; porque el más real de los problemas es la barbarie cometida durante 17 años de dictadura militar.

Los socialistas hemos sido parte de esta historia; lo decimos sin ninguna estridencia y sin ninguna exageración. Un número muy importante de los detenidos desaparecidos eran militantes de nuestro partido. Un número importante de los detenidos desaparecidos eran amigos, compañeros y familiares nuestros. Nos aproximamos a este tema desde estas circunstancias, y no lo podemos hacer de otra manera.

La “Mesa de Diálogo” ha propuesto al Presidente de la República el proyecto de ley que hoy debatimos. Lo ha hecho suscribiendo un documento que hace reflexiones fundamentales en torno de la historia de Chile de los últimos 30 años. Con razón se dice allí que, respecto de los hechos que culminaron con el golpe de Estado, existen legítimamente distintas opiniones entre los chilenos. Desde luego, participaremos en ese debate y lo haremos desde una premisa fundamental ya consignada en el informe Rettig. Ninguno de los errores cometidos en el pasado puede justificar el horror del golpe militar, ni mucho menos las atrocidades cometidas inmediatamente después del mismo.

Lo haremos preguntándonos cuánto marcó a nuestra generación ese crimen brutal con que nació la década del 70; ese crimen atroz con que despertamos en ese decenio de los 70: el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider Chereau.

Pero hoy parece haber un consenso básico. Se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado; en especial parece haber un consenso por superar la tragedia de los detenidos desaparecidos. Valoramos enormemente el gesto del Presidente de la República de encabezar los esfuerzos para enfrentar esta tarea, y lo acompañaremos en ella.

Sin embargo, queremos expresar que compartimos buena parte de las preocupaciones y aprensiones expresadas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en su declaración y en su ponencia de ayer en el seno de las Comisiones Unidas sobre este proyecto de ley. Por ello, queremos señalar solemnemente que nuestro voto favorable se funda en los siguientes entendidos:

En primer lugar, para los socialistas chilenos, desde siempre, la paz social que tanto anhela Chile sólo puede alcanzarse con el establecimiento pleno de la verdad y la aplicación total de la justicia. Esa es nuestra premisa y nadie ni nada nos apartará un centímetro de ella.

Estamos frente a crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles e inamnistiables. Desde esta perspectiva, hemos analizado el proyecto de ley. No hay en esta iniciativa ninguna disposición, directa ni indirecta, que limite la acción de los tribunales para hacer justicia adicional a la limitación tremenda que hoy tienen y que se llama ley de amnistía. En este proyecto de ley no hay ni una interpretación de la ley de amnistía que inhiba la acción de los tribunales, ni mucho menos hay un punto final.

Por lo mismo, seguiremos recurriendo a los tribunales hasta que los objetivos de verdad y justicia sean plenamente satisfechos. Más aún, mañana, 24 horas después de que el Partido Socialista participe en este debate en el Congreso Nacional, concurriremos a los tribunales de justicia a presentar una nueva querella contra Augusto Pinochet ; esta vez, por el crimen del ex intendente de Talca, compañero Germán Castro. Consta en el proceso que su ejecución fue ordenada telefónicamente por el propio Augusto Pinochet. Y lo haremos con el patrocinio del abogado Hugo Gutiérrez y del colega y abogado Juan Bustos.

Pero si queremos avanzar en el propósito de la justicia, es necesario remover dos obstáculos: la ley de autoamnistía y la competencia exorbitante de los tribunales militares.

Respecto de lo primero, un grupo de diputados de la Concertación ya en 1991 y un grupo de senadores en 1992, presentamos, en ambas Corporaciones, proyectos de ley para anular los efectos de la amnistía. Estando el proyecto en el Senado -de acuerdo con la Constitución-, pediremos a nuestros senadores que se coloque en Tabla y que se discuta, se debata y se vote en el Congreso Nacional. De una vez por todas, los parlamentarios tienen que decir cuál es su opinión definitiva sobre la ley de autoamnistía.

Respecto de lo segundo, pediremos formalmente al Gobierno que envíe un proyecto de ley que restituya la jurisdicción de los tribunales civiles y restrinja la competencia de la justicia militar en coherencia con los principios básicos de un Estado de derecho democrático.

En segundo lugar, concurrimos a este esfuerzo señalando que nos asisten, al igual que a muchos chilenos, profundas dudas acerca de la afirmación de que las Fuerzas Armadas no tienen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y de que dicha información se encontraría dispersa o fragmentada.

A nuestros familiares, amigos y compañeros, se los llevaron detenidos agentes del Estado, civiles y militares. Los organismos de seguridad estaban al mando de altos oficiales, generales y coroneles. Estos organismos eran altamente jerarquizados. ¿Cómo podría, entonces, estar fragmentada y dispersa la información sobre la acción que ellos realizaron?

Tenemos en nuestro poder un listado -una vez concluida mi intervención, la bancada del Partido Socialista hará entrega formal del documento a la Mesa de la Corporación en la persona de su Presidente - con los nombres de 98 integrantes de los ex servicios de seguridad; entre ellos, oficiales y civiles pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Dina y la CNI señalados como inculpados en todos los procesos que se han seguido en nuestros tribunales por la violación sistemática de los derechos humanos y la desaparición forzada de personas. En este listado se encuentran los nombres de las personas que saben la verdad y lo ocurrido con nuestros detenidos desaparecidos. Por cierto que esta información obra en poder de los actuales mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Está en sus manos entregar, al cabo de seis meses, toda la información que durante tanto tiempo Chile ha buscado sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

Los socialistas concurrimos a este esfuerzo en el entendido de que nadie ni nada puede interpretarlo como una señal, inducción, ni mucho menos presión, a la Corte Suprema en el proceso por desafuero de Augusto Pinochet. Por el contrario, la plena autonomía de los tribunales constituye para nosotros una condición inexcusable para la aplicación de la justicia.

Como señalé al comienzo de mi intervención, lo que Chile ha logrado conquistar en materia de libertad y democracia, lo que hemos conseguido, por poco que fuere, en justicia, ha sido producto de la lucha, de la brega y el esfuerzo de muchos chilenos y chilenas; entre ellos y en primer lugar, de quienes pertenecen a agrupaciones de víctimas de la represión.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha señalado en su declaración lo siguiente: “Es una condición sine qua non que la verdad y la justicia vayan unidas indisolublemente. La sanción penal representa el necesario mecanismo por el cual el Estado democrático hace justicia, revaloriza el derecho a la vida, reafirma el Estado de derecho y fortalece la conciencia nacional en los valores de derechos humanos”. En esta importante sesión, esa declaración la hacemos enteramente nuestra. Si nos guiamos por este principio rector, podremos estar ciertos de contribuir a hacer realidad el propósito que formuló el Presidente de la República de que en Chile nunca más se asesinará ni se hará desaparecer opositores; de que nunca más agentes del Estado ejercerán, de modo sistemático, torturas y asesinatos. En ese Chile del “nunca más” queremos vivir nosotros, nuestros hijos y nietos y las generaciones por venir.

He dicho.

-Aplausos.

-Autorizado por el Presidente de la Mesa , se incluye el siguiente documento:

“Nómina de los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y de Servicios de Seguridad, sometidos a proceso o condenados en procesos por violaciones a los derechos humanos:

Arellano Stark , Sergio, general de Ejército; Forestier Haensgen, Carlos, general de Ejército vicecomandante; Ramírez Rurange, Hernán , general de Ejército; Contreras Sepúlveda , Manuel , general de Ejército; Álvarez Scoglia, Ramsés, general de Ejército; Pinto Pérez, Víctor, brigadier general de Ejército; Salas Wenzel, Hugo, general de Ejército; Iturriaga Neumann, Raúl, general de Ejército; Gordón Rubio, Humberto, general de Ejército; Arredondo González, Sergio, coronel de Ejército; Espinoza Bravo, Pedro, coronel de Ejército; Morén Brito, Marcelo, coronel de Ejército; Díaz Araneda , Patricio , coronel de Ejército; Ceballos Jones, Edgar, coronel de Fuerza Aérea; Cáceres Jorquera , Ramón , oficial Fuerza Aérea; Cardemil Valenzuela, Hugo, coronel de Ejército; Herrera Jiménez , Carlos , coronel de Ejército; Bauer Donoso, Kranz, teniente coronel Ejército; Guzmán Olivares , Pedro, teniente coronel Ejército; Quiroz Ruiz, Iván, teniente coronel Carabineros; Ferrer Lima, Francisco, mayor de Ejército; Cifuentes Martínez, Iván, comandante de Ejército; Corbalán Castilla, Álvaro, mayor de Ejército; Pérez Martínez, Rodrigo, mayor de Ejército; Quiroz Luis, Iván , comandante Carabineros; Sanhueza Ross, Luis, teniente de Ejército; Vargas Bories, Jorge, teniente de Ejército; Hernández Oyarzo, Miguel, capitán de Carabineros; Schmied Zanzi, Roberto, brigadier Ejército; Silva Valdés , Arturo, capitán de Ejército; Sanhueza Ross, Arturo, capitán de Ejército; Díaz Anderson, Héctor , capitán de Carabineros; Fernández Dittus, Pedro, capitán de Ejército; González Betancourt, Guillermo, coronel de Carabineros; Zamora Rodríguez, Patricio, capitán de Carabineros; Muñoz Gamboa, Manuel , mayor de Carabineros; Michea Muñoz, Julio, coronel de Carabineros; Valdés Cid, Fernando, teniente de Carabineros; Rojas, Daniel , ex auditor del Ejército; Acuña Riquelme, Mario, ex fiscal militar; Bello, Franklin , teniente Fuerza Aérea; Descalzi, Raúl, teniente de Ejército; Lira Aravena, Héctor. suboficial Carabineros; Pino Moreno, Luis, suboficial Carabineros; Morales Acevedo, Manuel, Carabineros y C.N.I.; Acuña Luengo , César Luis, suboficial de Ejército; Neira Donoso, Enrique , suboficial de Ejército; Valdovinos Morales, René , suboficial de Ejército; Burgos Díaz, Fernando , suboficial de Ejército; Muñoz Orellana , Víctor, Ejército; Vásquez Villegas, Hernán, suboficial Ejército; Pastenes, Juan , carabinero UAT; Barra, Antonio, ex agente (UAT) CNI; Mass, Gonzalo, ex detective; Vargas Bories, Jorge , civil Ejército, CNI, teniente; Cabrera, Armando, suboficial de Ejército; Campos Collao, Domingo, carabinero; Ponce Orellana, Mario, carabinero; Salazar Herrera, Eduardo, civil; Fuentes Castro Juan, sargento 2º Carabineros; Salazar Fuentes , Claudio, cabo de Carabineros; Sáez Mardones, Alejandro, cabo 1º de Carabineros; Huaiquimilla Coñoepán, Juan, suboficial de Carabineros; Jofré Herrera, Luis , cabo de Carabineros; Herrera Soto , Heriberto, carabinero; Riquelme Canales, Carlos, carabinero; Muñoz Koller, Claudio, carabinero; González Rivera, Juan, carabinero; Torres Zurita, Juan, Ejército; Aguirre Álvarez, Miguel, suboficial de Ejército; Cerda, José, funcionario Gendarmería ; Zapata Reyes, Barclay, suboficial de Ejército; Hidalgo, Luis Humberto, suboficial de Ejército; Toledo Pérez, Diógenes, suboficial de Ejército; Contreras Donaire, Manuel, suboficial de Ejército; Letelier Verdugo, Miguel , suboficial de Ejército; Calderón Luna, Humberto, agente de CNI; Ancavil Hernández, Galvarino, civil; Hernández Franco, Nelson, agente de CNI; Olivares Silva , Julio, civil; Galleguillos Vásquez, Misael , dirigente sindical; Lillo Gutiérrez, Raúl, dirigente sindical; Orrego Salas, Valericio, dirigente sindical; Ramírez Romero, José , agente de CNI; González López, Raúl, agente de CNI; Lobórquez Maturana, Ricardo , agente de CNI; Martínez López, Antonio , agente de CNI; Machuca Fuenzalida, Juan, agente de CNI; Marincovic Palma, Jaime, agente de CNI; Rosas Fernández , Claudio, agente de CNI; Varela Martínez, Juan Carlos, agente de CNI; Osvaldo Romo, civil; Estay Reino, Miguel, civil; Solís Díaz, Juan M., carabinero; Pantoja Hernández, Jerónimo, teniente coronel Dina; Wenderoth Pozo, Rolf, mayor Dina; Fernández Larios, Armando, capitán Dina; Laureani Maturan, Fernando, mayor Dina; Lawrence Meires, Ricardo , mayor Dina”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, ayer expresé en la Comisión que se abocó a la materia que nos ocupa, que la situación de los detenidos desaparecidos era un secreto y que a nosotros, dentro de nuestros valores cristianos, nos mueve a cierta crisis hablar de secretos. Un pasaje del Evangelio de San Lucas señala: “Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas”.

Aquí tenemos un secreto: el secreto de los detenidos desaparecidos. ¿Dónde están? A la manera de la homeopatía, afirmamos que ese secreto se puede romper con otro. Ése es el fondo del proyecto de ley.

Desde muy antiguo y en la historia reciente, distintos proyectos de ley han intentado establecer el secreto profesional respecto de testigos y declarantes. Así, en las leyes antiterrorista, de drogas y de arrepentimiento eficaz, existen incentivos para aquellos testigos y declarantes que, bajo sigilo, digan la verdad.

En la teología católica, el sacramento de la penitencia consta de cuatro fases: la confesión -secreta para quien la recibe; no puede revelarla; incluso eso está en la ley respectiva-; el acto de contrición perfecta, esto es, aquella disposición a no volver a repetir determinadas conductas; la sanción y, por último, el perdón. Ése es el camino que la teología católica nos enseña y el que nuestra historia contemporánea debe recorrer.

Cuando en esta Cámara rendí homenaje al ex Presidente Salvador Allende , pregunté qué hicimos los cristianos para evitar que se desencadenara el 11 de septiembre.

(Manifestaciones en las tribunas).

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas guardar silencio. Al efectuar manifestaciones se impide el normal funcionamiento de la sesión.

Continúa con el uso de la palabra el diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

¿Qué hicimos para que los chilenos no nos entendiéramos? Si bien es cierto que nuestra generación y su clase política perdió la democracia por los desaciertos que cometió, no es menos efectivo que la recuperamos al ganar el plebiscito y, posteriormente, al triunfar la Concertación en las elecciones presidenciales.

Ahora nos enfrentamos a un proyecto que intenta curar un secreto con otro. Así como mencioné algunas iniciativas vinculadas con el secreto profesional, quiero recordar que la propia Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos entregó, en su momento, un proyecto de ley interpretativo del decreto ley Nº 2.191, de 1978, cuyo artículo 9º señalaba que “a los que proporcionaren antecedentes fidedignos y efectivos -hoy se habla de datos útiles y efectivos-, comprobados por el juez acerca del paradero de la víctima, de la circunstancia de la desaparición o muerte de ella,...” y se otorgaba una serie de beneficios de rebaja de pena, llegando, incluso, a la absolución de los encubridores.

En cambio, el proyecto en estudio sólo se limita a la entrega al superior de datos útiles y conducentes para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, manteniendo la reserva y la identidad del informante o de los antecedentes para hacerlo. En caso de violarse la reserva sobre la identidad, se aplican las penas establecidas para el secreto profesional, se trate de un funcionario público o de un particular. En estricta verdad, no hay secreto profesional, sino más bien la aplicación de penas a las personas que violen tal secreto. Luego, el proyecto no toca ningún aspecto judicial ni interfiere en los juicios que se desarrollan en los tribunales, conforme a las leyes generales vigentes. Tampoco podría hacerlo, porque existe el mandato constitucional del artículo 73 de nuestra Carta Fundamental, según el cual los tribunales son los únicos llamados a establecer la verdad en el proceso, la justicia y la condena, si les fuere aplicable a los responsables.

(Manifestaciones en las tribunas).

No es cierto, como ha dicho alguien, que los tribunales actúan conforme al gobierno de turno. La historia ha desmentido esa afirmación. Los jueces han actuado y actúan conforme al entorno imperante, a su individual concepción cultural y a las leyes de turno. Se ha reconocido públicamente por todos los sectores, y también en la propia Comisión, que el papel que corresponde a los tribunales de justicia es establecer quiénes fueron los responsables, los delitos y las penas, si fueren aplicables.

Sí es cierto que durante la dictadura la Corte Suprema compartió las ideas autoritarias y actuó, como lo dijo en su respuesta a la Comisión Rettig, conforme a las condiciones del momento, como son las leyes especiales y ad hoc que se dictaron, entre ellas, la de amnistía. Hoy existe un Poder Judicial distinto, abierto, democrático, que interpreta y aplica las leyes conforme a su conciencia, sin autocensura de ninguna especie. Todos reconocemos este cambio y avance, respetamos al Poder Judicial y acataremos sus fallos, aunque nos disgusten. Esa es nuestra primera y gran confianza. A los tribunales corresponderá apreciar pruebas e interpretar el decreto ley Nº 2.191, de amnistía, de l978. Ese decreto ley existe, aunque no nos guste y el Parlamento no haya intentado su fenecimiento. En este punto, los criterios expresados por los tribunales han sido, por ejemplo, que dicha ley es inaplicable desde el punto de vista constitucional, pues se aplica a delitos. En cambio ahora, a raíz de fallos recientes de la Corte Suprema, se sigue la “doctrina Aylwin” , en el sentido de que, primero, hay que individualizar a los autores, cómplices y encubridores, porque en su letra la ley se aplica a esas personas. Además, en los tribunales se analizan todos los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, entre ellos, los convenios de Ginebra. En consecuencia, nuestra confianza está en el Poder Judicial.

En segundo lugar, a raíz de los acuerdos alcanzados en la “Mesa de Diálogo”, este Parlamento les entrega a las Fuerzas Armadas y Carabineros, en un acto supremo de fe, de confianza tan grande como el privilegio que les dio el pueblo al poner en sus manos las armas en medio de una sociedad desarmada, con la única garantía del honor y la palabra de dichas instituciones...

(Manifestaciones en las tribunas).

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , sé que hay dudas al respecto; pero ésa es la confianza que ha puesto el Presidente de la República y que el Parlamento colocará en manos de las personas que señala el proyecto en debate.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

En el tiempo del Comité del Partido Radical, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.

Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.

El señor PÉREZ (don José).-

Señor Presidente, no resulta fácil referirse a un tema que ha provocado tanto dolor y sufrimiento, como el que hoy nos ocupa: la violación sistemática de los derechos humanos durante muchos años.

En estos últimos diez años, los gobiernos de la Concertación -con los Presidentes señores Aylwin, Frei, y hoy Ricardo Lagos- han hecho ingentes esfuerzos por avanzar en esta materia y dar respuesta a los familiares de los detenidos desaparecidos, quienes, en algunos casos desde hace 26 años, están buscando el lugar donde fueron tirados los restos de sus familiares. Lo peor es que luego esos sitios se removieron, porque se temía que fueran descubiertos y provocaran un escándalo nacional.

Diversas instancias han querido avanzar en la búsqueda de acuerdos para cerrar las heridas del pasado. Muchas de ellas no han tenido éxito, y hemos llegado a una “Mesa de Diálogo”, integrada por personas de alto nivel; por instituciones respetables, de carácter ético-religioso; por abogados de prestigio, la cual, con altibajos, trabajó durante largos meses y fue desahuciada por muchos hace sólo un par de semanas; pero ha logrado un acuerdo que permite avanzar con la esperanza cierta de encontrar el paradero de miles de detenidos desaparecidos.

Existe el compromiso de las Fuerzas Armadas y de Orden de trabajar afanosamente en esta materia y entregar la información que tengan o que puedan recopilar. Por cierto, hay quienes no comparten el acuerdo alcanzado en la “Mesa de Diálogo”, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que ayer escuchamos con detención y cuya posición entendemos y comprendemos, por el dolor que han llevado durante tantos años. Su posición es muy legítima y respetable.

(Manifestaciones en las tribunas).

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Ruego guardar silencio a las personas que se encuentran en tribunas.

El señor PÉREZ (don José ).-

Pero lo que importa al país es cerrar las heridas del pasado,...

(Manifestaciones en las tribunas).

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

El Reglamento obliga al Presidente de la Cámara a desalojar las tribunas en caso de manifestaciones, ya que impiden el desarrollo normal de la sesión; o sea, un hecho de facto no permite su continuación.

(Manifestaciones en las tribunas).

Por eso, les solicito...

(Manifestaciones en las tribunas).

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Quiero expresar a quienes están en las tribunas que tienen derecho a permanecer en ellas y a escuchar las sesiones de la Cámara, pero sobre la base del respeto del trabajo que realizan los señores diputados.

El Reglamento me obliga a suspender la sesión en caso de manifestaciones, porque, como ustedes comprenderán, los parlamentarios no pueden trabajar bajo una presión de este tipo.

(Manifestaciones en las tribunas).

Hemos tenido el máximo de paciencia y comprensión, pero de continuar las manifestaciones, me veré obligado a desalojar las tribunas.

(Manifestaciones en las tribunas).

¡Ordeno desalojar las tribunas!

Se suspende la sesión por diez minutos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Se suspende por 15 minutos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Puede continuar el diputado José Pérez.

El señor PÉREZ (don José) .-

Señor Presidente, decía que hay un compromiso solemne de las instituciones armadas y de Carabineros de Chile para trabajar afanosamente con el fin de entregar la información del paradero de los detenidos desaparecidos.

El cierre de la transición es, ha sido y seguirá siendo una preocupación del país. Mucho hemos hablado al respecto y será posible alcanzarlo o no en la medida en que esas instituciones comprometidas con entregar la información, la reciban en forma abundante, como todos esperamos.

Se requieren gestos para lograr ese objetivo, y ellos deben partir de aquí, del propio Parlamento. Debe haber más respeto entre los distintos sectores que lo conforman, por los gobiernos de turno. Hay gestos grandiosos de algunos hombres que fueron gobernantes. Un presidente, que dejó de serlo hace algunos años, pidió perdón a Chile por los pecados o errores que hubiera cometido. Hay que crear un clima de acercamiento, de entendimiento, para que todos podamos, con sentido de unidad, grandeza, generosidad y fraternidad, abocarnos a las grandes tareas nacionales y a los problemas que preocupan a Chile y a su pueblo a fin de avanzar en su solución.

De ahí la gran importancia de algunos gestos, como el perdón, que se le debe pedir a mucha gente. Es bueno que algunas personas lo soliciten si todavía no lo han hecho, porque así serán más hombres y más respetables.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI .-

Señor Presidente , el Gobierno nos ha propuesto un proyecto de ley que tiene como antecedente el acuerdo de la “Mesa de Diálogo”, de cuyo propósito y sentido participa plenamente la bancada de la UDI.

Se trata de hacer un esfuerzo más -porque éste no es el primero- para poder dar respuesta a los familiares de las personas que fallecieron y encontrar sus restos. Digo que no es el primer intento, porque quienes estamos en la Cámara desde el comienzo de la vuelta a la democracia, hemos sido testigos de que ha fracasado más de un proyecto de ley o una gestión política tendiente crear mecanismos útiles y efectivos para avanzar en ese sentido. Dicho propósito, en el que está comprometido todo el país, también es compartido por nuestra bancada, razón por la cual concurrirá a la aprobación de este proyecto.

El deseo de encontrar los restos de las personas fallecidas y dar respuesta a sus familiares, se inscribe -como muy bien lo expresaba el diputado señor Juan Antonio Coloma - dentro de problemas reales que enfrenta el país, cual es recuperar la paz social, lograr un reencuentro entre los chilenos, dejar atrás aspectos del pasado y mirar el futuro todos juntos, como nación, a fin de construir un mejor destino para todos nuestros compatriotas.

Por eso hemos planteado como objetivo general, pero al mismo tiempo básico dentro de lo que debe hacerse en el presente período, alcanzar la paz social. Como explicaba el diputado señor Coloma , no sólo importa este objetivo, sino también otros, entre los cuales destacaba los juicios pendientes en materia de derechos humanos, la situación constitucional y avanzar en otros temas señalados como fundamentales para cerrar este capítulo y lograr ese gran objetivo, considerado necesario por la UDI, que es alcanzar la paz social.

Para dar cumplimiento al propósito de encontrar los restos de las personas fallecidas y dar respuesta a sus familiares, se nos propone un esfuerzo más: otorgar las facilidades necesarias para que las Fuerzas Armadas hagan el máximo esfuerzo posible para obtener información útil que permita encontrar los restos de las personas, o establecer su destino y entregar esta información al Presidente de la República , a fin de que, luego, esos antecedentes sean puestos en manos de los tribunales de justicia.

Tal vez, esto sea lo más básico: el esfuerzo que las Fuerzas Armadas se comprometen a realizar para obtener información útil. No dudamos de que ellas sabrán establecer las fórmulas y encontrar los caminos que conduzcan, en definitiva, a lograr esa información, la que, con posterioridad, será remitida al Presidente de la República. Este es un compromiso que han contraído las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Por su parte, la “Mesa de Diálogo” ha aceptado que esas instituciones no cuentan en la actualidad con esa información, pero que están dispuestas a esforzarse para conseguirla.

En ese esquema, para que se pueda llevar a cabo dicha labor, se requiere este proyecto de ley que establece el secreto profesional, en los términos explicados por la señora presidenta de la Comisión de Constitución. Entendemos que es así, y porque también queremos ser parte de este gran esfuerzo, aprobaremos la iniciativa, pues, tal como está estructurada la norma jurídica, se requiere establecer ese secreto, más aún si las Fuerzas Armadas, la “Mesa de Diálogo” y el Presidente de la República lo estiman indispensable para el cumplimiento de dicho objetivo. Tenemos interés en que prospere este esfuerzo y para ello, reitero, confiamos en las Fuerzas Armadas y en la fórmula que aplicarán para materializar este intento.

Sin embargo, deseo consignar dos reflexiones al respecto. La primera se refiere al origen; la segunda, a lo que suceda en el futuro. En cuanto al origen, nunca podremos analizar ni conversar el tema sin asumir lo que la “Mesa de Diálogo” ha establecido como antecedente histórico, cual es la espiral de violencia provocada por los actores de la vida política desde la década de los 60 hasta el 11 de septiembre de 1973. Asimismo, que los hechos que nos preocupan se incluyen dentro del método de acción política, ya que después del 11 de septiembre hubo quienes pretendieron, a través de ese sistema, ser la oposición al gobierno de la época mediante la adopción de la violencia como método de acción política. Sólo así podremos entender cabalmente por qué hoy estamos abocados a este problema y a la aprobación de este proyecto de ley.

En cuanto a la reflexión sobre el futuro, es indispensable, para que este proyecto tenga éxito, la actitud que hacia adelante asuman los tribunales de justicia en la recta aplicación de las normas legales vigentes. Sólo con su estricta y correcta aplicación será posible que fluya la información y que se logre el objetivo perseguido: saber qué sucedió y cuál es el destino de las personas que fallecieron.

En ese entendido, y para colaborar con la paz social y con el objetivo loable que compartimos, contribuiremos con nuestro voto favorable. Esperamos que en los próximos seis meses ojalá hayamos avanzado sustantivamente en el tema que hoy día nos preocupa.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, después de haber observado lo que ocurrió en las tribunas de la Corporación, ¿qué duda cabe que ésta es la más grande herida y el más dramático de los problemas pendientes que tiene la sociedad chilena? Precisamente, esa situación no ha dejado avanzar al país al tranco que corresponde a los tiempos, para beneficio de todos sus habitantes.

Sin duda, durante los últimos diez años algo se ha avanzado en esta materia. La creación y el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presidió Raúl Rettig , permitieron una visión global de la verdad acerca de las violaciones ocurridas durante el gobierno militar. Luego, la labor de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación también permitió un avance.

Asimismo, se ha avanzado en procesos judiciales no cubiertos por la ley de amnistía -el caso Letelier- y, particularmente, en la interpretación por parte de los tribunales de justicia en el sentido de no aplicar la amnistía en tanto no se agote la investigación, lo cual ha permitido averiguar y buscar la verdad y la justicia en otros casos.

La iniciativa de crear la “Mesa de Diálogo”, a la que concurrieron representantes de instituciones directamente relacionadas con problemas pendientes en materia de derechos humanos y personas ligadas a entidades morales y religiosas, al ámbito del pensamiento y la cultura, revela la intención de buscar algo más: restablecer el diálogo y la confianza en la comunidad nacional y la voluntad férrea de construir una verdad compartida respecto de lo que sucedió en Chile hace poco más de un cuarto de siglo y demostrar la madurez de un país que avanza hacia una democracia real.

Esta instancia, en un principio -digá-moslo claramente-, fue vista con desconfianza por muchos que no creían que obtendría resultados, sobre todo por tratarse de personas que hace un par de años eran irreconciliables. Por eso, no puede menos que dejarnos satisfechos lo que se avanzó en la “Mesa de Diálogo”.

Pero, como dijeron algunos diputados, además ha surgido una severa autocrítica al mundo político. En diez años no pudo lograrse un acuerdo, y se obtuvo en una instancia en que, justamente, no estuvieron los partidos políticos. Debemos recogerla en beneficio del avance de nuestro país.

Lograr el reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden acerca de la violación de los derechos humanos por agentes del Estado durante su gobierno y, además, el reconocimiento del mundo civil y político del fracaso que tuvimos antes del golpe militar, son dos actos de tremendo valor ciudadano y signos inequívocos de reconciliación entre los chilenos.

Decir nunca más a la violación a los derechos humanos y a la irresponsabilidad política, es un gesto de un tremendo valor moral y, sin duda, un símbolo de cómo deben hacerse las cosas en democracia.

Todo ello más allá de la apreciación que pueda tener cada uno de nosotros sobre los hechos históricos ocurridos en 1973. Por cierto, los diputados de este sector nunca vamos a concordar con la posición de los diputados de enfrente respecto de la apreciación y origen del 11 de septiembre de 1973, y es bueno que así sea, porque ello da cuenta de la diversidad de pensamiento en nuestro país.

Sin embargo, en la declaración de la “Mesa de Diálogo”, aparte de los reconocimientos explícitos, todos los firmantes expresan su voluntad férrea de realizar un esfuerzo serio para encontrar el paradero de los detenidos desaparecidos.

Esa declaración es de extraordinario valor, porque por ese acto las Fuerzas Armadas y de Orden asumen como propia la problemática de los detenidos desaparecidos y se comprometen a ser partes de su solución. La responsabilidad, entonces, recaerá sobre ellas, porque son las que saben dónde están -no nosotros-, y eso es muy importante.

Para lograr este objetivo, al menos en su mayor parte, la “Mesa de Diálogo” solicitó al Presidente de la República el envío al Parlamento de un proyecto de ley que facilite la recopilación de la información acerca de los desaparecidos.

El proyecto remitido por el Ejecutivo con “discusión inmediata”, simplemente propone establecer que quienes reciban de las Fuerzas Armadas y de Orden y de instituciones religiosas y éticas, información confidencial acerca del destino de los detenidos desaparecidos, tendrán la obligación del deber de reserva, algo similar a lo que se conoce como secreto profesional.

No debe confundirse esta iniciativa legal, como han dicho algunos, con una ley de punto final. Muy por el contrario, el proyecto pretende facilitar la entrega de información acerca de los detenidos desaparecidos y en ningún caso modifica la responsabilidad penal de los que hayan participado en la comisión de crímenes en su contra.

Por ello, también resulta falaz la afirmación de que se afectaría el actuar de los tribunales de justicia o de que se estaría reinterpretando la ley de amnistía de 1978. La recolección de información en caso alguno entorpecerá o imposibilitará la acción de los tribunales. Muy por el contrario, toda la información que se obtenga será puesta en manos de los jueces para ayudar al esclarecimiento de las causas que ellos tramitan en la actualidad.

En relación con el proyecto, debo decir que pretende establecer una especie de secreto profesional para aquellas personas que sean designadas por las Fuerzas Armadas o de Orden e instituciones religiosas como receptoras de información que puedan entregar personas que cuenten con antecedentes y que permitan la ubicación de detenidos desaparecidos. De esta manera, los receptores quedarán liberados de revelar la fuente de su información, pero -lo que es muy importante- deberán proporcionar la información misma. Además, si revelan la identidad del informante, quedarán expuestos a las penas asignadas para quien viola el secreto profesional.

La información que se obtenga será entregada al Presidente de la República a fin de que éste la ponga a disposición de los tribunales de justicia para la instrucción de los respectivos procesos.

El proyecto, fundamentalmente, está inspirado en la buena fe de las personas e instituciones que constituyeron la “Mesa de Diálogo”, buena fe que debe hacerse extensiva a nosotros. Por lo tanto, su discusión debe basarse en la buena fe, de manera de arribar a una conclusión que permita cerrar esta herida en la sociedad chilena.

Desde ese punto de vista, los diputados del Partido por la Democracia, pensando en el bien del país y en que es necesario cerrar una herida que afecta al alma nacional, aprobaremos este importante proyecto de ley.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán, en el tiempo de Renovación Nacional.

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

Señor Presidente, la verdad es que no es un gran proyecto el que se debate. Estoy cierta de que muchos de los diputados aquí presentes hubieran querido introducirle enmiendas o avanzar más en determinadas materias. Unos desearían avanzar en la derogación de la ley de amnistía, como se planteó ayer a los señores ministros; otros, por el contrario, querríamos dar certidumbre a una determinada interpretación de ese cuerpo legal. Sin embargo, hoy, unos y otros, sin abandonar nuestras posturas originales, estamos unidos en un proyecto común: dar una respuesta que moralmente debemos a un grupo de personas cuyos familiares fueron detenidos y posteriormente desaparecieron. Ahora nos une un imperativo ético y la común aceptación de un pasado doloroso, difícil de asumir para nosotros, pero que está ahí, situación que no puede seguir pendiente.

Ayer en la noche releía pasajes de un lúcido libro de Ricardo Capponi , denominado “Chile, un duelo pendiente”. Quiero, desde una mirada diferente, como señala el autor -quien sostiene el razonamiento moral de las mujeres-, situar el problema que hoy tratamos de ayudar a resolver.

Efectivamente, después de diez años de democracia tenemos un duelo pendiente. La primera frase del documento emanado de la “Mesa de Diálogo” reconoce que ésta fue convocada por el Gobierno, porque hoy, después de tanto tiempo, subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta el avance de un país unido hacia el futuro. Con posterioridad, el documento de la “Mesa de Diálogo” nos urge a que con grandeza moral concordemos medidas efectivas para lograr ubicar los restos de los detenidos desaparecidos o que se establezca, en todo caso, su destino.

Dar respuesta a los derechos inalienables de los familiares a recuperar los restos mortales de sus hijos, maridos, hermanos y esposos también tiene un segundo objetivo implícito: lograr, en forma concreta, que el país tome conciencia de que las violaciones de los derechos humanos es algo que no debe repetirse.

Son hechos que nos repugnan, que siempre deben violentar la conciencia moral de la sociedad completa. Ayer nos desunieron, nos enfrentaron en trincheras inamovibles de incomprensión y desconfianza; ahora los derechos humanos son patrimonio de los parlamentarios presentes en esta Sala y de todos los chilenos que representamos.

Después de este saludo, los derechos humanos no son sólo un patrimonio, a mi juicio, equivocadamente, de nuestros colegas de enfrente. Hoy, como siempre debió ser y será en el futuro, son un patrimonio moral de toda la sociedad chilena, de los abogados de derechos humanos y de las Fuerzas Armadas, de los familiares de los detenidos desaparecidos y de los familiares de los militares y carabineros caídos en actos terroristas. Los derechos humanos son patrimonio de la sociedad civil y de los políticos y, en fin, de la Izquierda y de la Derecha, si es que aún caben esas calificaciones.

Nuestro primer esfuerzo de unidad es votar hoy en esta Sala un proyecto aparentemente simple. ¿Por qué es tan importante? Porque permitirá a las Fuerzas Armadas desplegar un esfuerzo de recopilación, análisis y sistematización de la información que sus miembros, en retiro o activos, puedan proporcionar sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

Es relevante este proyecto porque en el corto plazo de seis meses deberá entregarse el resultado de esos esfuerzos al Presidente de la República , quien, a su vez, los hará llegar a los tribunales de justicia, los cuales contarán, entonces, con la información requerida para decretar las diligencias que permitan la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causa de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente. El mandato de la “Mesa de Diálogo” deberá quedar como parte de la historia de esta iniciativa de ley y como fuente auténtica de interpretación para los tribunales de justicia.

Este proyecto de ley obliga a todos a entregar la información que posean, en términos de que quien la oculte incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica. Incluso más, se mantendrá en reserva la identidad del que proporcionó la información y la de quien la recopiló, a fin de permitir que la misma fluya con confianza.

Muchos más de los que se piensa pueden entregar información. En primer lugar, existe información pública y notoria en el informe Rettig, aparte de la que poseen los propios abogados de derechos humanos y los familiares de los detenidos desaparecidos. Por lo menos dos ramas de las Fuerzas Armadas -la Fuerza Aérea de Chile y Carabineros-, han recurrido a esos familiares para que los orienten en el cumplimiento de sus compromisos. Además, está la información que se entregó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado el año recién pasado y la que las propias Fuerzas Armadas deben reconstituir.

Ayer algunos escépticos decían que no creían que la información fluyera, por cuanto no existían los incentivos adecuados para que fuera entregada. Soy optimista, primero, porque creo que la actitud con que se enfrentan las tareas difíciles conduce a su éxito o fracaso. Aquí hoy debemos seguir el ejemplo de la “Mesa de Diálogo” y propiciar un ethos social y político de optimismo y confianza, con el objeto de que logremos dar respuesta moral y real a los familiares de los detenidos desaparecidos, y crear, como sociedad, las condiciones para que esto nunca más vuelva a suceder.

Segundo, soy optimista porque ayer la abogada Pamela Pereira sostuvo en las Comisiones Unidas que la fórmula de secreto, propuesta por la “Mesa de Diálogo”, funcionaría porque las Fuerzas Armadas habían comprometido su palabra. Y le creí.

Esta es una diferencia gigantesca con cualquier otro proyecto que se haya estudiado en esta Sala con anterioridad. Aquí existe un compromiso cuyo aval son el honor y el patriotismo de las Fuerzas Armadas. Estos conceptos no son palabras vanas o simple marketing. El cumplimiento de la palabra empeñada, el honor militar y su entrega patriótica por el bien de Chile forman parte del alma de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de su esencia como organización llamada a defender la patria.

Las Fuerzas Armadas chilenas, sin honor y sin patriotismo, simplemente no tienen razón de existir. Por ello, en el documento de la “Mesa de Diálogo”, aprobado con la presencia de los Comandantes en Jefe, quienes asumieron el compromiso personal de entregar información al Presidente de la República en el plazo de seis meses, radican las razones del optimismo de Pamela Pereira. Yo le creo y me sumo a esa esperanza.

Por último, represento una postura de Renovación Nacional que no es nueva. El reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos se encuentra en nuestro origen como partido. Debo recordar a Ricardo Rivadeneira , nuestro primer Presidente , quien fue la persona de nuestro sector que reconoció inicialmente y en forma pública estos hechos, actitud que, debo confesar, motivó mi identificación con Renovación Nacional y la razón de mi militancia temprana en dicha colectividad política.

Hoy soy una orgullosa representante de mi partido, y siento que con la aprobación de este proyecto todos los diputados de Renovación Nacional estamos contribuyendo al cumplimiento de uno de nuestros valores fundacionales.

Para terminar, recomiendo a mis colegas la lectura del libro de Ricardo Capponi : “Chile, un duelo pendiente”. El contenido de sus páginas nos permitirá encontrar las razones más profundas en la psiquis personal, individual y social, que justifican el esfuerzo compartido de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos y entregarlos a sus familiares.

Sólo quiero leer un párrafo del mismo que realmente me motivó:

“Durante los últimos treinta años nuestro país ha estado viviendo un delicado conflicto social. Estamos en medio de un difícil proceso de duelo social. El desenlace de éste va a depender de nuestra capacidad para manejar la agresión destructiva, que nos puede conducir a crecer después de esta dolorosa experiencia o agregar otros fantasmas que nos persigan en el curso de la historia por venir”.

Hoy veo que se alejan esos fantasmas, y la aprobación de este proyecto nos permitirá crecer y dejar atrás un pasado doloroso que nos divide.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, quisiera destacar el origen y el fundamento del proyecto.

A diferencia de otras iniciativas, todas muy meritorias, el proyecto no es el resultado de una proposición del Ejecutivo , sino que emana del esfuerzo, espejo de nuestra sociedad, de una mesa de diálogo integra-da por actores que fueron enemigos, por organizaciones espirituales y religiosas y por personas que representan a los ciudadanos. Es decir, en esta mesa de diálogo estaban todos quienes debían estar; no sobraba nadie. En este sentido, debo hacer un público reconocimiento al ex ministro de Defensa, don Edmundo Pérez Yoma, quien materializó la idea, y al ex Presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , quien la alentó y aceptó.

El objetivo principal del proyecto es sanar en parte la herida -porque quizás nunca será sanada totalmente- de un drama nacional, en cuanto a dar con el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

En este sentido el proyecto es un avance, quizás menor para algunos; pero no me cabe la menor duda de que para los familiares de detenidos desaparecidos será un alivio saber qué pasó con sus deudos, llorarlos y, si es posible, darles religiosa sepultura.

El proyecto puede tener un inconveniente si no se explica bien su espíritu y sentido, ya que puede generar expectativas que desborden su contenido.

Debemos ser claros en señalar que esta iniciativa no elimina la ley de amnistía, no es garante en cuanto a que habrá más justicia; no genera impunidad -como creen algunos- ni es una ley de punto final, y no es un obstáculo a la justicia. Su objetivo es modesto: simplemente, generar mecanismos para alcanzar mayores cuotas de verdad frente a una herida lacerante, destinados a dar alivio a los familiares de detenidos desaparecidos. La verdad absoluta tampoco se va a lograr, quizás nunca; la justicia no es función del Poder Ejecutivo , que presentó el proyecto, ni del Parlamento, que legisla sobre su contenido. Serán los tribunales de justicia los que, con los antecedentes que emanen de la información, seguirán investigando hasta dar con la verdad indubitada en cada caso. Ellos son los que administran justicia, y este proyecto no será un obstáculo en el cumplimiento de su cometido. Sin embargo, es preciso dar otros pasos, aun cuando éste es de gran significado.

Hay que valorar que en la mesa de diálogo, donde había representantes de las Fuerzas Armadas, se haya acordado rechazar y condenar las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar, así como, también, la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.

No me cabe la menor duda de que el reconocimiento de condena a las graves violaciones de derechos humanos hecho por las Fuerzas Armadas es un paso determinante. Vendrán otros pasos. Conocida la verdad, se puede dar el segundo paso: el perdón. El perdón es un acto de la voluntad, capaz de superar los sentimientos más legítimos para lograr la paz interior de cada uno y la paz social tan urgentemente necesaria. Sin embargo, habrá perdón -o al menos un intento sincero y serio- en la medida en que la víctima tenga conocimiento de lo que ocurrió; en eso el proyecto puede ayudar mucho.

Como representantes de los partidos políticos, nosotros también debemos pedir perdón, porque generamos la crisis de la democracia, toleramos la violencia política y sembramos la división de los chilenos; también deben pedir perdón los miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que cometieron violaciones a los derechos humanos. Quizás, ése es el paso que el país espera. Pienso que todos debemos pedir perdón. Sin embargo, éste es un avance que, sin duda, nos abre a la esperanza de vivir en un Chile más reconciliado.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ceroni.

El señor CERONI .-

Señor Presidente, honorable Cámara, han pasado muchos años -quizás demasiados- sin que hayamos sido capaces de resolver, como sociedad, las heridas inferidas por las brutales violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. Nuestro país aún permanece dividido. Esta división no es sólo consecuencia de tales heridas, sino de que no hemos esclarecido la verdad sobre lo ocurrido ni hemos logrado justicia.

En el último tiempo, hemos mirado con esperanza el accionar de los tribunales. Ha renacido la confianza en que, a través de ellos, podremos lograr la verdad y la justicia, necesarias para la verdadera reconciliación de nuestro país.

La gran mayoría de los chilenos siente que para alcanzar una real reconciliación, para construir una sociedad futura basada en valores permanentes, para afianzar la necesidad de respetar los derechos de las personas, es necesario saber la verdad de lo ocurrido y obtener justicia.

Hoy estamos ante un proyecto de ley relacionado con la necesidad de lograr la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. Sin embargo, para dar nuestra aprobación es necesario fijar nuestra posición respecto de él.

Este proyecto de ley -no podemos negarlo- contribuye a la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos y apunta a obtener información sobre su paradero y destino. Es cierto que se establece el secreto para proteger a quienes entreguen información, pero también lo es que este mecanismo no va contra la ética ni contra la justicia que anhelamos, por cuanto no impide que ella actúe. No genera impunidad ni exime a quienes están protegidos por el secreto de las teóricas responsabilidades legales que los tribunales puedan determinar en su contra, en virtud de los mecanismos habituales. No es una ley de punto final, ya que no paraliza ninguna investigación ni cierra el camino a las investigaciones judiciales sobre violaciones a los derechos humanos. No inhibe la acción de los tribunales, porque pueden seguir actuando, y aunque reciban antecedentes por esta vía secreta sobre la suerte de los detenidos desaparecidos, ello no les impide continuar investigando e, incluso, establecer responsabilidades penales. No interpreta ni modifica la ley de amnistía, la cual se aplicará según el criterio de cada tribunal o juez al momento de decidir sobre el respectivo proceso penal. Contribuye a la búsqueda de la verdad sobre los detenidos desaparecidos y a la paz social. Si consideramos todo esto, ¿cómo podríamos oponernos a esta iniciativa? Por supuesto, habríamos preferido que la mesa de diálogo hubiera dado un paso más allá, pero éste es el resultado y no cabe duda de que es positivo.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile han contraído un gran compromiso frente al país: obtener la información necesaria a fin de determinar la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos. Es un compromiso de honor, y dichas instituciones aceptaron ese papel en la mesa de diálogo. Hoy, los representantes del pueblo confiamos en su palabra y les entregamos esa responsabilidad con la fuerza y el imperio de la ley. Este hecho tiene tremenda significación para la convivencia en nuestro país, y anhelamos fervientemente que la responsabilidad adquirida y otorgada tenga un término positivo: la ubicación de los detenidos desaparecidos y, de esa forma, llegar al momento en que, tal como lo hicieron la abogada Pamela Pereira y el general Juan Carlos Salgado , civiles y uniformados nos estrechemos las manos, iniciando así una nueva etapa en nuestro país.

Para lograr una real reconciliación, el papel de los tribunales de justicia es irreemplazable. Ninguna mesa de diálogo puede satisfacer la necesidad de verdad y justicia, lo cual en un estado de derecho sólo se logra adecuadamente mediante los procesos llevados a cabo, con garantías para todos, por el Poder Judicial , que es independiente. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra tarea, hacemos un aporte; pero es ese Poder del Estado el que debe completar la más fundamental de las tareas.

Ayer escuchábamos que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos había iniciado su dura y noble tarea en medio de la soledad y que hoy se encontraba nuevamente sola. No lo creo así. En los últimos años, el país ha sentido su dolor y su búsqueda como propios.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

¿Me permite, señor diputado ? Ha excedido el tiempo de su Comité.

El señor CERONI .-

Termino, señor Presidente.

Ellos representan nuestra alma nacional herida, y hoy día legislamos pensando en ellos.

Damos nuestra aprobación a este proyecto, en el entendido de que puede contribuir a cicatrizar esa herida que es de ellos y nuestra, a conocer la verdad y a lograr la justicia, para así enfrentar el futuro en paz.

He dicho.

-Aplausos.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo del Comité Radical, tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, honorable Cámara, la presencia de los familiares de los detenidos desaparecidos en la comisión que estudió este proyecto, nos transportó con fuerza a la dura época en que la crueldad y el terror se ensañaban con buena parte de la sociedad chilena.

Los muertos de entonces eran presuntos desaparecidos, los verdaderos culpables no eran identificados, y nuestros tribunales fabricaban, con su obsecuencia o pasividad, estadísticas sencillamente vergonzosas. De miles de recursos de amparo presentados, los acogidos se contaban con los dedos de la mano.

Hoy, nuestro país es distinto. La democracia ha vuelto y compartimos la consecución del bien común quienes apoyaban ese régimen y quienes lo combatimos. Parece ser un sino insoslayable que el ser humano, gregario por naturaleza, tiende a juntarse. Hoy día, los presuntos muertos son reales, existen a pesar de estar bajo tierra, traspasados sus cuerpos o sus huesos por las balas. Ya nadie tiene la temeridad irresponsable de negar que fueron padres, hijos o abuelos, ni nadie es capaz de decir -como se lo escuché a un colega- que era probable que estuvieran fuera del país integrando una nueva familia. Hoy día eso no es posible sin sentirse reo de mendacidad.

Pero la sociedad exige saber de ellos, dónde están y quién los mató. Para responder esas interrogantes se constituyó una mesa de diálogo que nos ha entregado un informe, que sirvió de base para elaborar el proyecto en estudio. Pero ¿constituye esto una solución al drama que viven los familiares de los detenidos desaparecidos? Definitivamente, no. Más aún, no creo que pueda concebirse proyecto de ley alguno, con la más nutrida e importante presencia de los más destacados personeros del país, que pueda dar respuesta a esta interrogante.

Por eso, comprendo los temores y las desconfianzas de los familiares, que son quienes me preocupan. En este instante, estoy pensando en Mercedes Sánchez y en Ester Araneda , o recordando a Jorge Barudy o Luz Sobrino, quienes, desde el golpe militar, en Concepción y en toda la región, fueron el alma de esa lucha tan desigual y que, desde la Vicaría o la Comisión de Derechos Humanos, entregaron cada minuto para apoyar a los perseguidos o para saber de sus familiares desaparecidos. A ellos quiero decirles que aun cuando podríamos suponer pobres resultados, hoy comenzamos una etapa diferente, en un clima distinto, mirándonos las caras y reconociendo que todos, de alguna manera, contribuimos a montar el pavoroso tinglado de la gran tragedia de Chile. Quiero decirles que no hay ley de punto final; que, de insinuarse, no la aceptaríamos, y que confiamos en que los tribunales, que no son los de ayer, harán lo que corresponde.

Por eso, votaré que sí, y comparto la opinión de que es necesario despachar este proyecto en forma urgente. Abramos esta nueva ventana y pronto, cuando podemos decir -parafraseando al poeta- que aún nos queda sol debajo de las venas.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.

El señor LEAL.-

Señor Presidente, el acuerdo de la mesa de diálogo representa una oportunidad para que los chilenos construyamos una verdadera reconciliación como nación, dejando atrás las divisiones y enfrentamientos del pasado y asumiendo plenamente el respeto a los derechos humanos, a las libertades y a la democracia, signos universales del siglo XXI.

Pero todo ello será posible si las Fuerzas Armadas cumplen con el compromiso contraído de investigar y encontrar los restos de los detenidos desaparecidos, y si todos los sectores e instituciones confirmamos nuestro apego a los valores que inspiran el acuerdo: el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se perpetraron durante el régimen militar; la firme decisión de que nunca más en Chile se asesinará o se hará desaparecer a opositores políticos y de que la violencia no será jamás utilizada por nadie como instrumento de la política; la reafirmación del respeto colectivo a los principios y a las normas del estado de derecho democrático. Esto me parece un hecho ético de la mayor relevancia.

El acuerdo de la mesa de diálogo crea una comprensión mutua de las diversas interpretaciones que tenemos de los últimos treinta años de la historia de nuestra patria y de los dolores profundos que han cruzado y cruzan aún el alma de los chilenos.

Para todos es vital vivir en un país donde no haya enemigos internos; donde podamos convivir en la diversidad cultural y en el pluralismo; donde podamos construir un país para todos y legar a nuestros hijos una nación sin odios ni rencores. El país crece y se humaniza si instalamos la verdad como el lenguaje común de nuestra convivencia civilizada.

Se refuerza el estado de derecho si con autonomía, independencia, transparencia y dignidad, cada poder ejerce sus prerrogativas establecidas en una Constitución en que todos nos sintamos representados y si hacemos de este el terreno donde podemos colocar nuestras propuestas, visiones y proyectos de sociedad, nuestros acuerdos y diferencias, nuestra colaboración y competencia, respetando recíprocamente el único árbitro con legitimidad para decidir: la ciudadanía y la libre decisión de la soberanía popular.

Ello acontecerá en la medida en que las Fuerzas Armadas comprendan cabalmente que en una democracia el monopolio de las armas conlleva la subordinación al poder constituido, el desalojo de cualquier deliberación política y la convicción de que le pertenecen no a una parte del país, sino al país entero, y de que este debe sentirse orgulloso de ellas como condición de una política de seguridad nacional basada en la confianza, en el consenso y en el apoyo de todos los chilenos.

El acuerdo de la mesa de diálogo no es un punto final ni una vuelta de página; por el contrario, él reafirma el rol insustituible e irreemplazable de los tribunales de justicia. Son ellos los que deben continuar con las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos y los que deben establecer la verdad, las responsabilidades judiciales individuales y la aplicación de la ley vigente.

Personalmente, confío en que la Corte Suprema confirmará el desafuero del general Pinochet, resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, pues este me parece un deber ético y jurídico que los tribunales tienen ante la memoria histórica de los chilenos y ante la comunidad internacional y, sobre todo, es un imperativo para reforzar el principio básico de la justicia, de que nadie está por sobre la ley.

Votaré a favor de este proyecto de ley, que establece el secreto para los informantes. Eso no es ni puede ser entendido como impunidad o inmunidad para nadie, porque el proyecto manda una señal importante para quebrar la lealtad de quienes saben dónde están los desaparecidos durante el régimen militar.

Al terminar, espero que se creen las condiciones de consenso para avanzar en las reformas institucionales, para que no haya nada a cambio de la necesidad de que tengamos una Constitución que nos interprete a todos.

Expreso mi comprensión hacia aquellos familiares de las víctimas o hacia cualquier chileno que siente que su dolor no está representado en este acuerdo. Quiero compartir prevenciones y riesgos. Es un paso difícil para todos; pero puede ser, como hemos dicho, una gran oportunidad para cerrar nuestras heridas, para encontrar a nuestros desaparecidos, para que haya más y no menos justicia, para construir una nueva esperanza y un nuevo camino para todos.

Espero que encontremos a Víctor Díaz , a Carlos Lorca , a Magindo Castillo, a Ricardo García , a Benito Tapia , y a los miles de amigos desaparecidos, porque de este modo todos nosotros seremos más libres y más dignos.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente, en primer lugar, debo expresar que tenemos un profundo respeto hacia las víctimas de violaciones de los derechos humanos y hacia los familiares de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos.

Con este respeto, nos acercamos y nos pronunciamos sobre una iniciativa como la que hoy conocemos, que busca, como lo señala el propio mensaje, “configurar un camino viable para dar un paso más para establecer el paradero o destino de los detenidos desaparecidos”.

Esta iniciativa fija una responsabilidad a través del propio compromiso asumido, responsabilidad que la fija para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Asumir este compromiso es de vital importancia para construir, en nuestro país, un proceso de mayor confianza. Es una obligación y una oportunidad, y eso estuvo presente cuando decidimos votar favorablemente el proyecto en debate.

Además, al votar a favor de este proyecto, tenemos presente la participación, en la mesa de diálogo, de personas que nos dan plena confianza moral, por su testimonio, por su vida, por su compromiso con los derechos humanos. Pero la mesa de diálogo aporta otros aspectos, como es el garantizar que el país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.

En el documento de acuerdo de la mesa de diálogo se agrega que se hace indispensable desterrar y rechazar de manera categórica cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas. Otro aspecto, unido al señalado, es el rechazo y condena, y la voluntad de que nunca más en Chile se repitan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Cuando se señala tal compromiso, no se puede dejar de ubicar el contexto en que se producen las violaciones y se fija su objetivo. El contexto y el objetivo tenidos en cuenta por los agentes del Estado al violar los derechos fundamentales de las personas, no eran otros que infundir el miedo y el terror entre los disidentes.

Reitero, los agentes del Estado, al ejecutar estos propósitos, actuaron abusando de su posición de poder incontrarrestado y cubiertos por un manto de impunidad, como si nunca tuvieran que responder por nada y ante nadie.

Esto constituye un aporte significativo de la mesa de diálogo: el compromiso solemne de que nunca más en Chile ocurra una situación semejante. También seamos claros y enfáticos, como lo señala el mensaje. Es importante separar los acuerdos de la mesa de diálogo y, en particular, el proyecto que hoy conocemos, del accionar de la justicia, que, como se ha manifestado reiteradamente, no puede ser afectado ni entorpecido en su actuar, como tampoco pueden modificarse la responsabilidad procesal y el papel de quienes hubieren participado en crímenes o delitos violatorios de los derechos fundamentales.

Este compromiso solemne también obliga a asumir actitudes en el futuro a quienes somos actores en este hemiciclo. Espero que no tengamos más actitudes contrarias a la aprobación de la Corte Penal Internacional; que no tengamos más parlamentarios que se abstengan o que voten en contra del Convenio interamericano sobre desaparición forzada de personas. Aquí el compromiso es para todos, porque se trata de crear confianza para que en Chile exista, para siempre, la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona.

Muchas gracias.

-El Presidente, señor Jeame Barrueto, hace notar la presencia en tribunas de un grupo de damas de la tercera de edad de Talca, invitadas por el diputado Homero Gutiérrez.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.

El señor ULLOA .-

Señor Presidente, este proyecto, que establece la obligación del secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de personas detenidas desaparecidas y fallecidas, sin ninguna duda es un camino, una fórmula para que la paz social sea una realidad en Chile y no sólo frases.

Este es un tema producto de una consecuencia. La existencia de personas detenidas desaparecidas o personas muertas cuyos cadáveres no aparecen, aun cuando no tiene justificación, sí tiene explicaciones. Parte de ellas están en las reflexiones de la “Mesa de Diálogo” que, para ser justos, debemos reconocer que fue propiciada, y aparece públicamente planteado hace ya largo tiempo atrás, no por civiles -y ese es el valor que tiene-, sino que por las Fuerzas Armadas, a través de la persona del Comandante en Jefe de la Armada , cuando llamó a crear una comisión de hombres buenos. Este es el origen de la “Mesa de Diálogo”, y es bueno recordarlo. Las propias Fuerzas Armadas, con la invitación que nos hicieron a formar esta comisión de hombres buenos, no hacen más que reafirmar la firme voluntad y convicción de querer sanar y cicatrizar heridas producidas hace más de un cuarto de siglo, que afectan profundamente el alma de la sociedad chilena.

Pero decía que aunque no va a tener jamás justificación la desaparición o la muerte de personas cuyos cadáveres no aparecen, sin duda tiene explicación. Y está en las conclusiones de la “Mesa de Diálogo”. Por primera vez se reconoce la existencia de graves fracciones, de graves divisiones impulsadas por un idealismo dogmático que atravesó a nuestra sociedad, que lamentablemente tuvo una certeza de aplicación en partidos políticos que hoy y antaño tuvieron representación nacional.

En ese sentido, cuando la “Mesa de Diálogo” dice en sus conclusiones que a partir de la década de los ’60 comienza una espiral de violencia que los actores, no sólo políticos de entonces, sino que también los sociales, provocaron o no supieron evitar, por primera vez se está señalando con todas sus letras que es inaceptable que haya habido partidos políticos que tuvieron gran convicción democrática y la perdieron, como fue el caso del Partido Socialista en 1967, al asumir la vía violenta para acceder al poder.

Nunca más deben volver a ocurrir estas situaciones. Y comparto el “nunca más”, porque aquí lo importante no es sólo atacar los efectos de un problema que, en definitiva, nos afectó a todos y no sólo a los familiares de víctimas cuyos cadáveres hasta el día de hoy no aparecen. Toda la sociedad chilena quedó sin practicar la democracia por varios años y no porque a las Fuerzas Armadas se les ocurriera.

Al hablar de democracia, seamos razonables y digamos la verdad completa. Se realizó un proceso democrático con la participación de todos y siguiendo la trayectoria que la propia Constitución y las leyes habían establecido. Aquí se dice que la democracia se ganó, pero la verdad es ésta: fue un planteamiento del propio gobierno militar, que se cumplió según la trayectoria fijada por él, que significó, incluso, un plebiscito -fijado con 8 años de antelación- y una elección realizada un año después. De manera que el acceso a un modelo democrático fue conquista del país y no sólo de un sector.

Recién señalaba que lo importante es no sólo atacar los efectos de un problema, sino que el fondo. En ese sentido, comparto absoluta y plenamente las expresiones del informe de la “Mesa de Diálogo”, cuando señala que el país necesita hacer lo humanamente posible para que en nuestra patria nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas.

En la práctica, el uso de la fuerza en un sistema democrático está regulado. Esa regulación debe ser aceptada y asumida por todos los actores, particularmente por los políticos. Finalmente, desde esa perspectiva queremos invitar a que nunca más exista violencia política en el país y nos sometamos a las normas que mandan, prohíben o permiten, que son dictadas conforme a lo prescrito por la Constitución. En tanto las respetemos, nuestro país tendrá un modelo democrático. Si no es así, sin ninguna duda la democracia siempre estará en peligro.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Señor Presidente, tras 12 años de realizado el plebiscito de 1988 y 10 de reinstalada la democracia en Chile, uno tiene derecho a preguntarse por qué el tema de los derechos humanos sigue apareciendo en primera plana y por qué sigue siendo noticia y, por lo tanto, una de las preocupaciones más importantes del país y de la comunidad internacional.

¿Existe una suerte de fijación de la comunidad internacional con los derechos humanos en Chile? ¿Será acaso que en nuestra sociedad hay una suerte de afán masoquista por refocilarse con un tema que ha tenido un efecto traumático en nuestra historia reciente? ¿Será acaso nuestra incapacidad política para asumir el futuro y quedar como fijos en el pasado?

Nada de eso. Si en nuestro país, tras 12 años del plebiscito y 10 de la reinstalación de la democracia, el tema de los derechos humanos continúa siendo fundamental es porque afortunadamente, existe una conciencia ética y jurídica, base de esta democracia que intentamos perfeccionar. Mucho de eso tiene que ver con las luchas impulsadas por los organismos de derechos humanos, el tesón de los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, la acción de las iglesias y la de tantas personas e instituciones con especial autoridad moral para enfrentar este tema.

Me parece justo resaltar que en el meollo de esa conciencia ética y jurídica, que marca con fuego al país, se encuentra lo que sembró la Iglesia Católica durante los 17 años de la dictadura militar. ¡Cómo no recordar la acción del Cardenal Raúl Silva Henríquez , el “último padre de la patria”, quien, desde muy temprano, vislumbró lo que venía en materia de dignidad de las personas! ¡Cómo no recordar el aporte de la Vicaría de la Solidaridad, organismo que ha permitido reconstituir y preservar -todo el mundo sabe cuán importante es mantener la memoria histórica de los pueblos- parte de la historia de nuestro país! Eso que sembró durante tanto tiempo la Iglesia Católica, el Cardenal Silva y la Vicaría, que sufrieron tantas incomprensiones, permeó a quienes hoy formamos la Concertación y al país en general. Para Chile es positivo, importante y sano decir que, transcurrido este tiempo, hay una conciencia ética y jurídica que reclama más en materia de derechos humanos, de verdad, de justicia y de preservación de la memoria histórica, tratando de dotar de dignidad el proceso democrático, más allá de todas sus imperfecciones.

Desde una perspectiva comparativa, es decir, de transiciones a la democracia de regímenes autoritarios de Derecha o Izquierda, tal vez no encontremos un caso como el chileno, donde se haya hecho tanto, aunque siempre insuficiente, en materia de derechos humanos. Se trata de un país en de que, luego de haber vuelto a la democracia, tiene a Manuel Contreras y a Pedro Espinoza en la cárcel por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier ; se trata de un país en que cerca de 70 uniformados, en servicio activo o en retiro, están siendo sometidos a proceso por crímenes atroces -no se trata de que desfilen o no uniformados frente a los tribunales de justicia, sino de investigar y sancionar delitos, de que exista igualdad ante la ley, de que se respeten las normas del estado democrático de derecho-; se trata de un país cuyos tribunales investigan casos no cubiertos y muy posteriores a la ley de amnistía de 1978, como el crimen de Tucapel Jiménez, la “Operación Albania”, los degollados; se trata de un país que, en virtud de la doctrina del Presidente Aylwin , una voz ética y jurídica que marcó al país durante esta década -cuya primera resolución fue constituir la Comisión de Verdad y Reconciliación de la que emanó el informe Rettig, el que en su momento fue desechado por el Ejército y la Armada, pero que sembró la verdad histórica y moral no oficial-, sostiene que la aplicación de la ley de amnistía no impide investigar los hechos; se trata de un país que fue capaz de aprobar leyes relativas a exonerados políticos y retorno de exiliados, etcétera. Comparativamente, habría que decir que en el caso chileno, el tema de los derechos humanos lo hemos tomado en serio.

Finalizo mi intervención señalando que el paso que hoy damos es uno más en esa misma dirección. Todo es poco e insuficiente frente al drama que vivió Chile, pero estos hechos nos hablan de un proceso cualitativamente superior en este contexto. Todo ello, junto al proyecto de ley que establece el deber de reserva, producto de un hecho histórico como fue el acuerdo a que arribó la mesa de diálogo, el que se simbolizó en el apretón de manos entre el general Salgado y la abogada Pamela Pereira , da cuenta de un país donde uno puede sentirse orgulloso de vivir.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo del Partido Por la Democracia tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente, ninguno de quienes asistimos ayer a la Comisión que se abocó al estudio del tema que nos convoca, quedó indiferente frente a la intervención de los familiares de los detenidos desaparecidos. Aunque sosegada y modesta, pero no exenta de fuerza moral para pedir justicia y verdad, ella nos conmovió a todos.

Ese dolor inevitablemente nos retrotrae al pasado. No nos engañemos: no hay fuerza moral ni persona ni entidad capaz de enjugar las lágrimas de quienes están sufriendo. Es una verdad triste y dolorosa y sabemos que el país arrastra ese problema. Como dijo el Presidente , este es un tema de la Patria toda. Debemos decirnos entre todos, cara a cara, que no les vamos a enjugar las lágrimas ni tampoco a consolar. Sin embargo, como dijo el diputado señor Ignacio Walker , estamos dando pasos directos e indirectos para sanar esta herida profunda que dividió tanto a los chilenos, drama que todavía nos acosa y persigue.

Hoy vivimos un clima distinto. Los familiares fueron acompañados por fuerzas morales, por la Iglesia, por monseñor Silva Henríquez , quien, como él mismo dijo en alguna ocasión, fue la voz de los sin voz. Recuerdo con emoción aquella tarde en que el Presidente Aylwin , en nombre de toda la sociedad, pidió perdón por los hechos que ocurrieron en nuestro país.

Quizá hemos avanzado a paso lento, pero la mesa de diálogo -al principio de su gestión, muchos de nosotros tuvimos suspicacias y sospechas frente a su constitución; incluso se la dio por fenecida- ha dado sus frutos. Esos resultados se reflejaron en la respuesta que entregó la abogada Pamela Pereira cuando la Comisión le preguntó si durante los próximos seis meses se arribaría a una verdad, si habría una compilación de información útil y conducente a fin de que los tribunales de justicia efectivamente investiguen, lleguen a la verdad y administren justicia. La profesional respondió que para ella era impensable que no hubiera frutos al término de los seis meses. Si bien se trata de un avance pequeño, ello nos debe conformar. Sin embargo, con esto no mitigaremos el dolor de quienes sufren. Los familiares de los detenidos desaparecidos tienen el derecho de reclamar aquí y ante cualquier corte internacional, pero, pese a todo, seguimos avanzando.

He dicho.

-Aplausos.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Gabriel Ascencio.

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente , debo señalar que entregaré una posición absolutamente diferente de la que he escuchado esta mañana en la Corporación. Se trata fundamentalmente de una posición personal, que no representa la posición oficial del Partido Demócrata Cristiano.

Pero necesito decir por qué me parece que no deberíamos tener que decidir sobre el proyecto que nos ocupa. En verdad, se debe reconocer el gran esfuerzo de juntar en una mesa a personas que piensan distinto, que tienen distintas opiniones y visiones de la vida, que jugaron roles distintos. También se puede valorar el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se hace en dicho documento, bastante relativo, pero reconocimiento al fin y al cabo. Asimismo, es muy trascendente el compromiso de “nunca más violaciones a los derechos humanos en Chile”. Pero hay algunas cosas que no decimos, que callamos o inventamos miles de cuentos para decirlas y pareciera que estamos de acuerdo, en circunstancias que no lo estamos. Ese es nuestro país.

Al final, en forma forzada, se trata de convencernos de algunas ideas que, en el acuerdo de la mesa de diálogo, creo que son incorrectas. Es incorrecto y presuntuoso tratar de explicar, en cinco líneas, lo que pasó en este país en las décadas del 60, 70, 80 y 90.

No sólo eso. Lo tremendo del asunto es cómo se enfrentan las cosas. Se dice que fue particularmente serio que algunos hayan propiciado la violencia como método de acción política. ¿A quiénes se refieren? ¿Por qué no lo dicen derechamente? ¿Por qué aquellos que se sienten objeto de esas afirmaciones no responden a ellas? Se dice que este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre. Un hecho. ¿Un choque de micros? ¿Un temporal? Ese hecho fue un golpe militar, que significó que militares -¡militares!-, en contra de la opinión del pueblo, derrocaran a un gobierno democrático. Eso es lo que aparece calificado como un hecho en ese documento.

Luego, se habla de las graves violaciones a los derechos humanos y homologamos la situación con la reacción legítima de un pueblo en contra de la dictadura. Dejamos que esto ocurra y nos convencemos de lo importante que es, para avanzar en el reencuentro, decirnos mentiras entre nosotros. ¡Qué bueno! ¡Sigamos diciendo mentiras y construyamos este país de mentiras!

¿Cómo se puede decir que los integrantes de la mesa acogen la afirmación de los mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con información? ¡Por Dios! Hemos pasado 26 años pidiéndoles que entreguen parte de la información, pues son los únicos que pueden tenerla. ¿Dónde están los detenidos desaparecidos? Ellos pueden decirlo.

Buena parte de la verdad aparece en el Informe Rettig. Ahí se supo cómo sucedió, casi quiénes fueron, los nombres de cuántos y cómo, en qué lugar, en qué cuartel militar, qué militares, qué civiles adscritos al poder militar participaron, en fin, ahí figuran.

La mesa de diálogo tenía por objeto encontrar a los detenidos desaparecidos. ¿En qué terminó? En el envío de un proyecto al Congreso, por si ahora, aquellos que tienen la información, la entregan. Incluso, se les otorga un plazo de seis meses. ¡Por Dios, si estuvieron nueve meses conversando en la mesa de diálogo y no fueron capaces de entregar un solo dato! Y nosotros tenemos que creerles. Honestamente, no creo. ¿Por qué tengo que creer? Pinochet se comprometió hace mucho tiempo a decir dónde estaban los detenidos desaparecidos; Sergio Díez , actual senador, fue a Naciones Unidas a mentir acerca de los detenidos desaparecidos; Sergio Fernández , hoy senador, se comprometió a entregar respuestas. ¿Dónde están esas respuestas? En ninguna parte.

Tengo la impresión de que más que un gran acuerdo en la mesa de diálogo, hubo un gran fracaso, y no sólo porque no participaron organizaciones como la de Detenidos Desaparecidos. Me pueden decir que no quisieron hacerlo, pero todo el esfuerzo del Estado debió centrarse y tomarse el tiempo suficiente para incorporarlas, porque agrupan a las personas por las cuales queremos legislar y trabajar.

¿Cuál es la paradoja en este tema? Estamos aceptando que instituciones que violaron sistemática y masivamente los derechos humanos se beneficien de su propio dolo. Personas que secuestraron, que asesinaron, que escondieron los restos, aprovechándose de que los tienen escondidos y no quieren decirnos dónde están, negocian una situación favorable para ellas. Eso es aprovecharse de su propio dolo. ¿Cuál era su deber? Entregar los cuerpos de los detenidos desaparecidos en la instancia de la mesa de diálogo.

Es muy importante la señal que demos. Aquí se está entregando una señal incorrecta al Poder Judicial , pues se le está diciendo que mantener los juicios abiertos por violación a los derechos humanos es contradictorio con el espíritu de reconciliación. ¡Falso! La Concertación debe ser más fuerte en este sentido. Aplicar la legislación vigente significa remitirse no sólo a la ley de amnistía, a la prescripción o a la cosa juzgada, sino que también aplicar los tratados internacionales, en los que debemos fortalecernos quienes creemos en la democracia y en los derechos humanos. Los tribunales deben saber que pueden seguir trabajando con la convención contra la tortura, los genocidios, con los convenios de Ginebra y con los pactos internacionales que nos obligan en esta materia.

El señor MORA ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , ha concluido su tiempo.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Le cedo mi tiempo.

El señor MORA ( Vicepresidente ).-

Puede continuar su Señoría en los tres minutos que le corresponden al diputado señor Andrés Palma.

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, además es muy relevante saber cuál es la interpretación correcta, porque apenas se firmó el acuerdo de la mesa de diálogo se dieron diferentes interpretaciones.

El diputado señor Cardemil dijo “por fin se reconoce la validez de la ley de amnistía”; el general Paredes, en retiro, expresó “por fin se termina el desfile de militares ante los tribunales”; otro señaló “por fin llegó el cierre de la transición”.

Para quienes votarán a favor del proyecto resulta muy importante saber que el mensaje a los tribunales es distinto, que esto no debe favorecer a Pinochet, sino que, por el contrario, con la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos o con los datos que se puedan obtener al respecto, como Congreso tenemos la obligación de seguir luchando para que los tribunales determinen no sólo el delito, sino la identidad de los responsables.

¡La paz, amigos míos, no se construye sobre injusticias! ¡La paz no se construye sobre acuerdos forzados! ¡La única posibilidad de reencontrarnos es con actitudes verdaderas! Yo quiero al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea y a Carabineros reconociendo, como instituciones, lo que hicieron y pidiendo perdón a la sociedad por ello. Esa es la única manera de reencontrarnos. Otra forma significará seguir diciendo mentiras; una sociedad injusta, donde hay un espíritu de impunidad que, al final, no conviene a nadie. Por ello, no sueñen con otra forma.

Por eso, seguiré del lado de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -creo en ella-, honestamente, porque tengo la convicción de que, en definitiva, todavía no hemos llegado a la madurez suficiente para entender en toda su magnitud el tema de los derechos humanos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila.

El señor ÁVILA .-

Señor Presidente, para muchos de nosotros este es un trance doloroso. Asistimos a un debate en que, cualquiera sea la conclusión, deja un sabor amargo.

Hoy, nuestras discusiones han estado coronadas por patéticas escenas que hemos presenciado en las tribunas. Allí estaban los familiares de los detenidos desaparecidos, con sus fotos prendidas al pecho, reclamando lo más justo y legítimo a que puede aspirar cualquier ser humano.

Para mí, ese cuadro deja nítidamente establecido algo que es preciso tener en cuenta: mientras haya cadáveres insepultos, habrá almas errantes que golpeen nuestras conciencias. No es posible resolver este drama. Vivimos íntimamente esa colisión terrible entre las razones de Estado y los sentimientos individuales.

Sinceramente, no sé qué es más egoísta: si negar justicia plena como la merecen los familiares de detenidos desaparecidos o impedir a la sociedad chilena liberarse de las cadenas que la atan al pasado. Esa es la enorme disyuntiva que enfrenta este Congreso Nacional.

Sería fácil dejar fluir los sentimientos más recónditos, más profundos, más sinceros y adherir con pasión a una causa justa y legítima; pero, al mismo tiempo, tenemos que tener claro que a la inmensa mayoría de los chilenos le estamos negando la posibilidad de transitar por las “amplias alamedas” que se invocaron un aciago 11 de septiembre.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Terminó su tiempo, señor diputado.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, quiero concluir diciendo que, en lo personal, lejos estoy de liberarme de una preocupación y dejarla fuera. Con lo que hoy vamos a resolver, traslado al seno de mi conciencia un drama colectivo que vivirá conmigo el resto de mis días.

He dicho.

El señor MORA ( Vicepresidente ).-

En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Rodrigo Álvarez.

El señor ÁLVAREZ.-

Señor Presidente, pertenezco a esa generación mayoritaria que conforma el 67 por ciento de la población de nuestro país, la que, a la fecha en que ocurrieron los hechos mencionados, tenía menos de 14 años o no había nacido. Es decir, al momento en que se produjeron los acontecimientos del 11 de septiembre, tenía siete años; cuando se consumó el drama de los detenidos desaparecidos, tenía nueve años de edad; como dice la “Mesa de Diálogo”, cuando algunos incentivaron o defendieron la violencia como instrumento político, y el Partido Socialista asume la violencia en un congreso en Chillán, tenía un año.

Esta es la realidad para la inmensa mayoría de los chilenos, integrada por cerca del 67 por ciento. Es una generación que cada vez tiene mayor relevancia y un rol más importante en la vida política nacional. Acá tenemos diputados que forman parte de esa generación, como Patricio Walker, Antonella Sciaraffia, Eduardo Díaz, Darío Molina, etcétera. Es una generación a la que, sin duda alguna, este debate -lo digo con toda sinceridad- le resulta difícil y, muchas veces, desconcertante, sobre todo porque también engloba a diputados compañeros, amigos, espero, que han sufrido este tipo de problemas. Pero, al mismo tiempo, es ineludible por el futuro y el porvenir de Chile, para que pueda desatarse, como recién lo señaló el honorable diputado Nelson Ávila, de las cadenas del pasado.

Por eso, en mi intervención no analizaré, como pudiera estar tentado profesionalmente a hacerlo, los aspectos jurídicos, sino que trataré de dejar en claro, como generación, las tres preguntas que nos formulamos los que teníamos 14 años o quienes no habían nacido cuando ocurrieron estos tres graves hechos: el uso de la violencia política, el 11 de septiembre de 1973 y el drama tremendo de los detenidos desaparecidos.

¿Qué podemos decirles, como señaló la diputada Laura Soto , a los familiares de detenidos desaparecidos? Personalmente, creo que tengo muy poco que manifestarles, porque el drama y el dolor que han sufrido no sólo es incomprensible para mí, sino que inimaginable. Tampoco puedo expresarles nada a los familiares de militares y policías sobre aquellas personas que fueron víctimas, han fallecido y se encuentran olvidadas. Para ellos tenemos, al menos desde nuestra perspectiva personal, una oración.

Sin embargo, a pesar de que no soy capaz de decirles nada para consolar ese dolor, sí reivindico un derecho de mi generación, y creo que de todos los presentes, de hablar por la verdadera gran víctima de todos estos hechos, que es el alma, el futuro y el porvenir de Chile. En nombre de esa generación, la mía, sí tenemos el derecho y el deber de preguntarnos qué hacer para acabar con este problema y, de una vez por todas, para poder mirar el futuro.

¿Qué hacer? Ante este primer proyecto, podríamos debatir muchísimo: si será bueno, útil, exitoso, si se harán las interpretaciones jurídicas que señaló el honorable diputado señor Gabriel Ascencio , que no comparto, o si se plantearán otras. Pero, al menos, es un primer paso. Eso fue lo que hizo la “Mesa de Diálogo”: dio un primer paso para que distintos sectores se reconocieran, miraran, llegaran a firmar un acuerdo y se dieran un apretón de manos.

Por eso, vamos a votar favorablemente y daremos todo nuestro apoyo a la iniciativa. Y eso lo anunciamos desde el primer momento, porque creemos que este tipo de proyectos sirve para que nunca más vuelvan a ocurrir eventos como los que hemos lamentado, y para que personas como yo, que al 11 de septiembre de 1973 teníamos 6 ó 7 años y que aún recordamos el odio que había en nuestras calles, no tengamos que transmitirlo o traspasarlo a las generaciones del futuro.

Por lo tanto, vamos a aprobar la iniciativa, porque reivindicamos nuestro derecho, como bancada, para hablar en nombre de la gran víctima, que defendió la violencia como un hecho político, o de quienes sufrieron problemas tan tremendos como la situación de los detenidos desaparecidos. Porque hablamos en nombre de Chile, nuestra bancada, y espero que todas las demás, concurrirá con su voto favorable a la aprobación de este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Dentro del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA .-

Señor Presidente, es indudable que el tema de los detenidos desaparecidos sigue pendiente, ya que, pese a todos los esfuerzos realizados, no ha sido posible esclarecer esta materia. Esto provoca en la sociedad chilena, sobre todo en los familiares de los detenidos desaparecidos, un gran dolor y un sentimiento de insatisfacción y de rebeldía por la incapacidad de los organismos del Estado por solucionarlo, y por la falta de voluntad de parte de los victimarios de aceptar y enfrentar esta cruda realidad.

Ha sido difícil lograr un acercamiento entre las distintas posiciones, porque no se ha resuelto este problema. Siempre habrá un dejo de desconfianza que impedirá el reencuentro que todos los chilenos deseamos, y el tema de los detenidos desaparecidos es un asunto que nos separa.

Por ello, valoro el gran esfuerzo realizado por la “Mesa de Diálogo”, que ha posibilitado sentarse a la mesa, darse la mano y mirarse a la cara a personas que representan grupos o entidades prácticamente irreconciliables. Todas las instancias son válidas cuando se dan estos pasos. Grande es en su significación, aunque no será lo último que deba hacerse, pero contribuye a avanzar en esta materia.

Señor Presidente , valoro el reconocimiento que hacen las Fuerzas Armadas en el acuerdo final respecto de las violaciones de los derechos humanos en que incurrieron agentes del Estado durante el gobierno militar, así como es grande y muy honesto el reconocimiento que se hace de la existencia de los detenidos desaparecidos, que muchas veces fue negada, ignorada o rechazada enérgicamente, a veces con ironía. Entonces, todo esto ha hecho concluir que los hechos son graves y que nunca más deben violarse los derechos humanos en el país.

El acuerdo suscrito es claro, como también lo es el objetivo del proyecto: establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y que declara que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena. No se habla de las circunstancias de dicha desaparición o muerte, es decir, pura y simplemente, de ubicar los cuerpos y, como dice el proyecto, establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

Esto me hace fuerza, porque me lleva a considerar que el proyecto no legisla, ni expresa ni tácitamente, en materia de amnistía o de exención de responsabilidad criminal, nada que pueda llevar a la impunidad, sino que sencillamente trata de resolver la tragedia no resuelta de los detenidos desaparecidos, como lo señala el acuerdo. Como él mismo lo indica, es imperativo y urgente contribuir a superar el problema que requiere de parte de todos, de un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para este fin.

Me deja tranquilo esta conclusión, como también me da fuerza que hayan integrado la “Mesa de Diálogo” tanto Pamela Pereira como Héctor Salazar , abogados brillantes en la defensa de los derechos humanos, sobre todo Pamela, cuyo padre integra la larga lista de detenidos desaparecidos.

Seguiremos hablando de verdad y de justicia para llegar al perdón y a la reconciliación definitiva, y no separaremos estas palabras creyendo que ello seguirá dándose en grandes instancias en el futuro. Así se ha venido haciendo, como ya lo demostró el trabajo realizado por la Comisión Rettig, gracias a cuyas conclusiones se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que logró determinar la calidad de los detenidos desaparecidos.

La Comisión Rettig fue un gran paso, sobre todo porque generó e impulsó una cultura de respeto de los derechos humanos. El acuerdo de la “Mesa de Diálogo” también puede serlo: sólo se trata de ubicar a los desaparecidos. Las circunstancias de su muerte las determinarán los tribunales de justicia, función distinta de la nuestra. Nos asiste la convicción de que el proyecto no es una ley de punto final, no implica algún elemento que afecte o entorpezca la labor judicial, no impide actuar a los tribunales, no constituye tampoco interpretación a la ley de amnistía ni la elimina. Nada dice el proyecto al respecto ni de él se deduce nada que no sea la fórmula única y exclusiva de ubicar a los desaparecidos.

El señor MORA ( Vicepresidente ).-

Señor diputado, lamento comunicarle que su tiempo ha concluido.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente , creo que de un pasado que nos dividió, llegaremos, felizmente y debido a grandes esfuerzos, a un futuro que nos unirá definitivamente.

He dicho.

El señor MORA ( Vicepresidente ).-

En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.

El señor CORNEJO (don Aldo).-

Señor Presidente , en junio de 1999 el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, bajo la presidencia del actual diputado Enrique Krauss, aprobó, por unanimidad, que la Democracia Cristiana era partidaria de alimentar un gran diálogo nacional que contemplara y comprometiera claramente la búsqueda de la verdad y el respeto por la justicia, además de crear un ánimo de reconciliación, a partir de gestos de arrepentimiento de los responsables y de la garantía de que los hechos no se repetirán, señalando que estábamos disponibles para plegarnos a ese acuerdo en el marco jurídico de la legislación vigente en el país.

Hago este recuerdo porque lo que hoy conocemos como el acuerdo de la “Mesa de Diálogo” se ajusta, en rigor, al que adoptó el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana en junio de 1999.

También quiero recordar que cuando el entonces Presidente Aylwin envió al Congreso Nacional el proyecto conocido como “Ley Aylwin”, en agosto de 1993, el mensaje señalaba que “saber qué pasó y dónde están los cuerpos de las personas que hayan muerto es una gran inquietud y un objetivo que comparte la mayoría del país, como un factor que necesariamente contribuya a la reconciliación nacional”. Asimismo, decía el ex Presidente Aylwin : “Deseamos que se haga justicia dentro de la legalidad de nuestro estado de derecho”.

Similares palabras repetía el Presidente Frei Ruiz-Tagle , en agosto de 1995, cuando envió al Congreso Nacional un proyecto que también intentó resolver el problema que hoy nos ocupa.

En esa perspectiva, el acuerdo de la “Mesa de Diálogo” constituye un avance muy importante para resolver uno de los problemas más dolorosos que el país enfrenta. Naturalmente, no es una interpretación correcta y rigurosa decir que este acuerdo pone término a los problemas que el país tiene y que probablemente tendrá por muchos años, en materia de derechos humanos. Simplemente, lo que hoy le toca conocer a la Cámara de Diputados es concordante con todo lo que hemos venido sosteniendo en estos diez años: entregar un instrumento jurídico, una herramienta legal que sea funcional al objetivo que mencionaba tanto el proyecto del ex Presidente Aylwin como el del ex Presidente Frei Ruiz Tagle , cual es encontrar los restos -los cuerpos- de los detenidos desaparecidos. No ha cuestionado ni cuestiona, ni es casualidad -si los colegas lo leen con atención- que en el acuerdo no hay mención expresa al tema de la verdad y al de la justicia, porque, si así lo hiciera, todos lo votaríamos en contra. Sin lugar a dudas, todos en el país -y quienes integraron la “Mesa de Diálogo” no constituyen la excepción- entendemos que tanto la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en el país como la aplicación de las sanciones que conforme a la legislación vigente pueden aplicarse en un Estado de derecho -así lo dice reiteradamente el acuerdo-, es tarea exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia. Eso no está en cuestión. Por el contrario, lo que estamos haciendo aquí -lo reitero para no confundirnos ni hacer interpretaciones que no correspondan al texto- es permitir, a través de un instrumento jurídico y de un acto de confianza en las Fuerzas Armadas, solucionar en parte uno de los problemas más angustiantes de la sociedad chilena.

Entonces, no es cierto que el proyecto nos haga renunciar a la verdad y a la justicia, porque ése no es el espíritu ni la letra del acuerdo de la “Mesa de Diálogo” ni tampoco del texto de la iniciativa legal que se somete a nuestra consideración.

Para los efectos de entendernos, a través de un ejemplo práctico quiero señalar cuál es el espíritu del proyecto que nos ocupa. Habría que decir que, una vez aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Presidente de la República , si un funcionario de cualquiera institución armada mañana declara que ha participado en un homicidio y sabe dónde están los cuerpos, esa declaración tendrá que hacerla ante quien la institución determine, probablemente un oficial. Ese oficial, dentro del plazo que establezca la ley, tiene tres deberes inmediatos:

En primer lugar, calificar la utilidad de la información de acuerdo al proyecto de ley.

En segundo lugar, si la considera útil para el objetivo del proyecto, no puede revelar quién se la dio.

En tercer lugar, tiene el deber de traspasar dicha información a quien corresponda.

Ese oficial no está obligado a declarar sobre el nombre y los datos que permitan individualizar al informante, pero tiene el compromiso legal de entregar toda la información que se le proporcione.

Para no engañarnos, lo secreto no es la información, sino la individualización del informante. Y si ese oficial, o la persona que sea, se negare a declarar o a informar sobre un asunto distinto de la identidad del informante, estaría cometiendo el delito de obstrucción a la justicia. Y quien haya dicho que participó o cometió un determinado delito, seguirá siendo responsable de él. El privilegio del secreto del nombre es sólo para él, no para sus cómplices, encubridores u otros autores, y sólo en relación con el oficial que recibió la información.

Entonces, ¿dónde está la limitación que este proyecto, presuntivamente, estaría estableciendo al accionar de los tribunales de justicia en la búsqueda de la verdad y en la sanción que corresponda -si procede-, de acuerdo con la normativa vigente? Para ser rigurosos, sólo estamos -y excúsenme la expresión- haciendo una apuesta de buena fe, leal, a que las Fuerzas Armadas entregarán la información que permita superar un problema que el país no ha sido capaz de resolver en la última década. En consecuencia, no cabe otra actitud que no sea respaldar no sólo el acuerdo de la “Mesa de Diálogo”, sino también la acción y la conducción que en este proceso le ha correspondido -y le corresponderá en el futuro- al Presidente de la República , don Ricardo Lagos.

En los tiempos que vive el país, los temas de la verdad y de la justicia no son patrimonio de la “Mesa de Diálogo”, ni siquiera del Parlamento. La demanda por verdad y justicia, pero también por encontrar a los detenidos desaparecidos, es del país en su conjunto. La riqueza de los acuerdos de los miembros de la “Mesa de Diálogo” es que han sido capaces, desde posiciones distintas, de interpretar un profundo anhelo de la sociedad chilena, que quiere sanar esta herida, mirar hacia el futuro, recuperar la confianza y, sobre todo, entender que nadie quiere repetir los errores que cometimos en el pasado ni estar tampoco disponibles para soportar o tolerar los horrores que también vivimos en ese pasado.

Por estas razones, los diputados de la Democracia Cristiana vamos a respaldar, en el contexto de lo que he señalado, este proyecto de ley. Dios mediante, que se despache, promulgue y produzca los efectos que la inmensa mayoría del país desea.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.

La señora SAA (doña María Antonieta).-

Señor Presidente, durante 17 años no logramos la democracia, a pesar de que desde los años 80 el Comité de los 24 hizo presente diversos hechos ocurridos en el país. Luego, transcurrieron otros diez años, a pesar de lo cual aún no consagramos el principio básico de la democracia, que es la soberanía popular, ni tampoco logramos reformar nuestra Constitución con ese objeto; pero sí ahora se ha producido un hecho relevante, porque una “Mesa de Diálogo”, con actores institucionales, de las Fuerzas Armadas; abogados protagonistas de la lucha por los derechos humanos, representantes de la Iglesia y personeros de la sociedad civil, ha llegado a consensos importantes. Decir que el país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas es algo cuya importancia no radica en que lo dijeran unos u otros, sino, en conjunto, sectores distintos que hasta ahora no lo habían expresado.

También es significativo declarar, en conjunto, que la defensa del Estado de derecho y, en particular, el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la Nación.

Lo trascendente de la “Mesa de Diálogo” es que estas afirmaciones las hayan planteado en conjunto, ante todo el país, actores de tan diferente procedencia e historia, que en el pasado no reconocieron el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos como piedra fundamental de convivencia de un país.

El transcurso de la humanidad ha sido difícil. Hoy llegamos a este momento -diría litúrgico- con un acuerdo muy concreto frente a un punto que a todos nos parece fundamental y que nos duele, cual es saber las circunstancias del desaparecimiento de miles de chilenos.

Hoy ha hablado la razón. Sé que los corazones nos duelen porque todavía tenemos desconfianza y pensamos que esto detendrá el accionar de la justicia, pero tenemos que seguir luchando por la justicia, por cuanto este acuerdo en nada afecta su labor. Lo importante es que hemos dado un paso litúrgico, de acuerdo, y hemos consagrado, en una “Mesa de Diálogo” que nos representa a todos, uno de los pasos fundamentales para seguir avanzando en nuestro camino.

Hoy no me importa si todavía el corazón no acompaña a la razón. Llegará el momento, a lo mejor en generaciones jóvenes, en que tendremos corazones abiertos, sin que haya - ojalá Dios lo quiera- desconfianzas.

Quiero agregar que uno aspiraría, de corazón, a que alguien dijera: “Perdón, nunca más”.

He dicho.

-o-

El Presidente, señor Jeame Barrueto, da la bienvenida a la delegación de la Comisión de Turismo de la Legislatura Argentina, presente en las tribunas, integrada por los parlamentarios Alejandro Balián, Marcelo Luis Dragán, Fernanda Ferrero, María Isabel García de Caño y Guillermo Corfield.

El señor JEAME BARRUETO.-

Tiene la palabra el diputado señor Paya para plantear un punto de Reglamento.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, ¿a qué hora se votará el proyecto?

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Señor diputado , quedan cinco señores diputados por intervenir. Si hacen uso de todo su tiempo, el proyecto podría ser votado alrededor de las 14.15 horas. En caso contrario, podríamos votar antes.

El señor PAYA.-

¿Se podría fijar las 14.15 como hora límite de votación?

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Señor diputado , no puedo restringir los tiempos asignados a los distintos Comités.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, estoy pensando en el evento inverso: en el caso de que terminaran antes las intervenciones. Porque es un proyecto bastante importante y muchos diputados desean participar en su votación.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Debemos respetar los tiempos -eso no se puede modificar-, porque el proyecto debe ir al Senado.

Tiene la palabra el diputado señor Ibáñez para plantear un asunto reglamentario.

El señor IBÁÑEZ .-

Señor Presidente, es para pedir que recabe la autorización de la Sala a fin de insertar los discursos y documentos de quienes no alcancemos a intervenir en esta ocasión.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?

Acordado.

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente , parece que hay un error involuntario, aunque inaceptable, en la Cuenta. El proyecto que figura en su Nº 5 fue estudiado por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Además, no aparece el nombre de su presidente.

Ruego a su Señoría hacer la salvedad del caso.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Se procederá como ha sido solicitado.

Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, solicito consignar mi nombre, pues no aparece en el informe entregado.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

El señor Secretario me informa que ya fueron corregidos los errores del original.

Tiene la palabra el diputado señor Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, en los discursos se han aducido distintos argumentos. Sólo quiero formular una reflexión respecto de este tema tan sensible.

En primer lugar, a diferencia de mi colega Rodrigo Álvarez, jefe de bancada de la UDI, viví el período del gobierno militar. Tenía alrededor de 18 años, y nadie podrá dudar de mi lealtad y adhesión a lo que siempre he sostenido: inocencia en muchas situaciones, en especial en la del general Pinochet. Pero con esa misma valentía, también es justo reconocer que dos diputados de un mismo partido nos formamos en generaciones diferentes. Los años han pasado, y esta democracia nos ha hecho madurar a todos. Nos ha llevado a entender que de enemigos -lo fuimos en el pasado-, ahora somos adversarios. Respetamos las distintas posiciones, a pesar de que muchas veces nos cuesta, quizás porque fuimos formados en disciplinas diferentes.

Pero lo más importante es la generosidad que hoy vemos acá. Yo era escéptico sobre la “Mesa de Diálogo”, no creía que pudiese tener algún grado de éxito; era de los que sostenía que el Gobierno sólo trataba de ganar tiempo. Pero hoy reconozco que ella ha cumplido un objetivo importante: buscar futuro junto al Congreso, y no sólo mirar el futuro, porque éste se construye y cuesta avanzar. Por eso, aunque pueda diferir de lo planteado por la Concertación, reconozco su mérito y acción, pues sé que a unos y a otros se nos hace difícil votar afirmativamente el proyecto. Sin embargo, enfrentamos una disyuntiva: quedarnos en el pasado o avanzar hacia el futuro. Somos protagonistas de la historia y me molesta que sea cambiada. Hoy no podemos pensar respecto de qué justicia estamos hablando: de la de ellos o de la de nosotros. Las nuevas generaciones, tal vez con más prudencia y objetividad, juzgarán esta etapa de nuestra historia. Pero lo importante es tener la capacidad de avanzar.

Votaré favorablemente el proyecto, porque no quiero más odio. Una autoridad religiosa mundial remeció a la humanidad cuando, en un momento determinado, desde este terruño llamado Chile, dijo que “el amor es más fuerte”; pero también existe el odio. Acá hemos visto a un grupo de personas que no quieren avanzar. Es fácil el discurso electoral y manosear los derechos humanos, pues da dividendos políticos; pero qué difícil es avanzar. A pesar de ello, la generosidad de los que piensan distinto de nosotros, hoy nos permite dar un paso adelante juntos.

Por eso, como parlamentario y como ser humano, mi mensaje es que, en esta oportunidad, no dejemos que el odio nos gane.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el proyecto no me gusta. Las Fuerzas Armadas y Carabineros no han dado los pasos necesarios para restablecer la confianza; aún no reconocen la verdad establecida en el “Informe Rettig”. Todavía no puedo confiar en su actitud. Pero puede ser que con este proyecto encontremos el paradero y destino de las personas que, estando detenidas por el gobierno de la época, fueron hechas desaparecer. Ante esa posibilidad, tomo el riesgo.

En el proyecto no hay nada que obstruya el avance de la justicia, principio del que nace la paz social. Es posible que ayude a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros; a los civiles adscritos a los organismos de seguridad; a los políticos que participaron en el gobierno, en especial a los que firmaron o dieron órdenes; a los empresarios agrícolas que buscaron a los líderes campesinos para detenerlos; a los ciudadanos que acusaron a quienes consideraban sus enemigos, a que reconozcan su responsabilidad personal y asuman el gesto patriótico que se ha pedido.

¡Pero hemos sido engañados tantas veces! Si en esta propuesta se oculta un punto final, asumiré mi responsabilidad política. Sé que, una vez más, corro el riesgo de ser engañado. La actitud del Ejecutivo será decisiva para que ello no ocurra. Espero que el Gobierno que contribuí a elegir, detenga ese engaño, si se intenta.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL .-

Señor Presidente, en esta ocasión daré las razones por las cuales Renovación Nacional respaldará los acuerdos de la “Mesa de Diálogo” y se autoimpondrá la obligación, la característica, el signo de garante civil en lo que, modestamente, nos corresponde como partido de Oposición y en una tarea que es de toda la sociedad chilena: de cumplimiento, de concreción y de progreso de estos importantes acuerdos.

Asimismo, plantearé cómo Renovación Nacional, desde 1987, buscó caminos, que ahora está encontrando, que nos llevaran a la paz social en una sola línea de coherencia.

También me propongo señalar, porque ésta es una cámara política, que se está ante el surgimiento de un nuevo y auspicioso escenario político en nuestro país. Por ello, indicaré el rol de Renovación Nacional y de la Alianza por Chile en él y la significación, por ende, del acuerdo.

Me propongo, si queda tiempo, referirme a cómo, cuando concluya la transición política, deberá avanzarse para cerrar las otras transiciones, económica y social, que aún aguardan.

Repito: Renovación Nacional y la Alianza por Chile respaldan los acuerdos de la “mesa de diálogo”.

Por algún motivo, por alguna característica, tal vez por deformación profesional, como abogados y dirigentes políticos, creemos, a veces con demasiada fuerza, que las transiciones -el cambio de un estado a otro, el cambio de un régimen autoritario a uno democrático- son, simplemente, cuestión de leyes, de decretos, de normas. Pero buscando, tanteando, se nos ha afirmado -y esto lo veo muy bien recogido ahora- que las transiciones, más que cambios de leyes o sistemas, son cambios de espíritu, de clima, de ambiente y de disposición espiritual de la ciudadanía para generar un consenso, un ethos, como muy bien dijo la diputada señora María Pía Guzmán ; un ethos de determinadas características que transite a otro ethos, a otras formas, a otra disposición para solucionar los problemas o aproximarse a su solución.

Todos los integrantes de la mesa de diálogo nos han dado una lección de humildad, de trabajo serio, riguroso; de desprendimiento, de capacidad de salir de los propios dramas, de las propias y legítimas formas de entender nuestro pasado y, en función de él, nuestro futuro, para construir, entre todos, un cauce, un camino que mire hacia el mañana.

Es importante recoger la lección que nos han dado todos los integrantes de la “mesa de diálogo”, que representan a sectores que han sufrido mucho, que han estado confrontados por varios años y que han sido capaces de sentarse a conversar, de llegar a consensos y de firmar acuerdos importantes y definitivos para el futuro.

En la Cámara siempre se plantean cosas negativas; pero quiero mencionar un signo positivo para Chile, que deriva de lo que ha pasado en estos días y que debemos recoger. Siempre hemos estado en este ánimo.

Hace muy poco, cuando me correspondió, por mandato de las bases, de los militantes, asumir la presidencia de Renovación Nacional, la mesa que represento envió una carta a todos los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Es importante traer a colación algunas cosas que se dicen en ella. Expresábamos, por ejemplo, que conocer los hechos de la historia de los últimos treinta y cinco años, que nos competen, que nos atormentan, y situarlos en una perspectiva honrada, es un imperativo ético.

Parte importante de la sociedad ha juzgado a unos actores como terroristas y criminales, y a otros, como criminales y torturadores; pero hay seres humanos involucrados en ambos lados, cuya memoria ha sido execrada. Sus familiares cargan con estos estigmas, en tanto que la sociedad, como conjunto, ha permanecido pasiva, sin asumirlos o negando los hechos o postergando la reflexión.

Pero, en la vida misma, a veces en posiciones estereotipadas, hay una enorme extensión entre ambos juicios de condenación, que dice de historias, de formación, de convicción, de ideales, de enconos, de debilidades, de pasiones, de odiosidades, de errores, de ignorancias y de incomprensiones de dilatada data.

Decíamos -lo reafirmamos hoy y nos comprometemos como partido a hacerlo y decirlo claro y fuerte- que los hechos hay que asumirlos. Asumirlos significa reconocer el drama en todos sus contornos. Los intentos de que las cosas se diluyan, como se ha dicho, han sido y serán fallidos. La realidad se nos presentará siempre por delante. Asumirla significa no pensar que este problema, que este drama que vivió Chile, fue sólo una pugna sangrienta entre extremistas y torturadores. Significa, en cambio, pensar que fracasamos como sociedad; que todos -me incluyo- no hicimos lo suficiente para entendernos; que provocamos y seguimos ciega y apasionadamente los errores; que nos deshumanizamos; que de verdad no fue nuestra primera y verdadera preocupación la enorme cantidad de pobres que aún subsisten; que fuimos tras el poder con soberbia y resentimiento, como únicos poseedores de la verdad, y que ahora, evidenciando deseos vengativos y soslayando la historia, corremos -espero que no sea así- el severo riesgo de continuar por ese camino, sin escarmentar.

Pensamos que todos están contestes en que es imperativo construir los caminos que generen la confianza, aquella que nunca se tuvo -digámoslo con claridad- en los últimos sesenta años de nuestra historia. Pero, para ello, hay que tender los puentes, renunciar a nuestros dolores y salir de nuestras “legitimidades”.

Las historias son legítimas y debemos respetarlas. No puedo dejar de decir, en este momento importante y para mí en cierto modo emocionante, que también fui actor del pasado. Como todos saben, me desempeñé como subsecretario del Interior entre 1984 y 1988, es decir, durante una época lejana de la situación tremenda y dramática de los detenidos desaparecidos que vivió el país.

Lo digo con absoluta tranquilidad de conciencia: no conozco más que lo que he leído en la prensa o lo que he escuchado de mis colegas sobre los hechos acaecidos entonces. Sin embargo, obviamente por la posición en que estaba, pude haberme interesado más, haber averiguado más. Quizás en algún grado mayor o menor; pero como todo el resto de la sociedad, de alguna manera, también me siento con un pecado de omisión, con una falla que creo que comparte, en cierto modo, toda la sociedad chilena, en el sentido de no haberse interesado más en un drama evidente, y creo que es bueno decirlo. Esto es salirse de las legitimidades.

Quiero hacer dos reconocimientos de entidades y personas que salieron de sus legitimidades. El primero, a las Fuerzas Armadas y de Orden. Cuando firmaron el acuerdo de la “mesa de diálogo”, se comprometieron a investigar y a reconstruir el pasado. Lo hicieron en respuesta a su honor, a su sentido de la nacionalidad y porque están ciertas y seguras de que este es un nuevo servicio que le deben prestar a Chile, así como honestamente creyeron que se lo prestaban cuando el país estaba en destrucción durante 1973. Con este nuevo aporte se salen de sus legitimidades.

El segundo reconocimiento es a los abogados de los derechos humanos, en especial a Pamela Pereira , una mujer que no conocía, pero que me impresionó ayer por su sencillez, por su lucidez, por su capacidad de salirse de la jaula estrecha del resentimiento a que quizás tenía derecho. Nos ha remecido y nos ha dejado mirando hacia adelante; nos ha sacado del estancamiento espiritual en que este país estaba al no resolver su problema del pasado. Eso es concretar el pensamiento de Renovación Nacional, porque es harto distinto escribir que hacer. Creo que estas personas y estas instituciones han dado un ejemplo, y por eso vamos a aprobar el proyecto.

En segundo lugar, me siento orgulloso de ser presidente de un partido como Renovación Nacional, que ha tenido una sola línea en materia de derechos humanos. Renovación Nacional siempre ha buscado y encontrado caminos para la paz social; siempre ha buscado caminos para el cierre de la transición, y no ha sido por falta de votos nuestros que esos caminos no se hayan encontrado antes, desde su fundación, en 1987. Renovación Nacional así lo expresaba en 27 de noviembre de 1990 en su respuesta a la consulta formulada a los partidos políticos por la Comisión Verdad y Reconciliación.

Mucho se habla de la Comisión Rettig. Nosotros participamos activamente en ella. Decíamos -y lo mantenemos- que Renovación Nacional ha tenido una profunda y permanente preocupación por el daño material y moral sufrido por las muchísimas víctimas de la violencia subversiva y de los excesos represivos durante las últimas décadas; que Renovación Nacional tenía, tiene y tendrá siempre una concepción política centrada en la persona humana, por lo que ha mantenido, a lo largo de su corta trayectoria, una preocupación permanente y preferencial por la plena vigencia de los derechos humanos.

Desde su fundación, en 1987, propuso el término del exilio, y me correspondió, como subsecretario del Interior , dictar todos los decretos que terminaron con esa situación, por lo cual doy gracias a Dios. Condenó con energía los principales atentados contra los derechos de las personas; manifestó su categórico rechazo a todo delito terrorista; exigió una acción efectiva de los tribunales de justicia, y respaldó, como también me correspondió gestionar, el otorgamiento de facilidades a todos los organismos internacionales de derechos humanos, como la Cruz Roja y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Participamos en la Comisión Rettig, apoyamos el proyecto Aylwin y el proyecto Frei -a través de nuestro Senador Miguel Otero le dimos nombre a esa fórmula: Figueroa , Ministro del Interior de la época , Otero -; apoyamos a la Comisión Verdad y Reconciliación, y participamos en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y en la “Mesa de Diálogo”. Con todo, cuando la vimos empantanada, nos movimos políticamente para acortarle los plazos. Veíamos que había problemas y queríamos que se produjera una solución. Teníamos listo un proyecto de ley para presentarlo al Congreso Nacional, que significaba nuestra solución ideal a los temas de los derechos humanos. No lo presentamos por patriotismo, por no crear nuevos frentes, por esperar que con la legitimidad social que había en la “Mesa de Diálogo” se consensuara una solución que fuera en la línea nuestra, a fin de apoyarla en el Congreso, como lo estamos haciendo ahora.

Es importante decir estas cosas, de las cuales legítimamente los diputados presentes y los senadores que recibirán el proyecto en el Senado, así como la directiva de Renovación Nacional y el Presidente que habla, tienen motivos legítimos para sentirse orgullosos.

Abordo el tercer punto. No nos engañemos; adaptémonos, salgamos del anquilosamiento; movilicemos nuestro espíritu. Esto no es menor, no es una leyecita ni un acuerdito. Con este paso se está abriendo el país a la creación de un nuevo escenario político, distinto del que había hasta la suscripción del acuerdo de la “Mesa de Diálogo”.

Digamos las cosas claras. Este acuerdo y este proyecto revisten gran significación. El acuerdo tiene tres elementos centrales y distintos: una declaración histórica muy equilibrada, que da cuenta de que la historia de Chile es muy compleja y de que hay legitimidades respetables, y que no tenemos que decir sólo una parte de la verdad, sino toda ella. Ese elemento histórico de la “Mesa de Diálogo” es central para entender la historia pasada y construir juntos, con un sentido de comunidad, la historia que vendrá; y este proyecto de ley es una figura jurídica para que aparezcan tanto los cuerpos como los datos, y para que los tribunales puedan cumplir con su deber.

La ley es quizás la menos importante de los tres elementos con que cuenta la “Mesa de Diálogo”, pero tiene, sobre todo, un gran peso como acuerdo político. Aquí, las Fuerzas Armadas, que fueron contendientes; los abogados de los derechos humanos, que fueron contendores, y el resto del país, han dicho que debemos seguir mirando hacia adelante y no hacia atrás, y se ha abierto un camino ancho, grande, por donde va la mayoría.

Cuando se construye un camino ancho y grande, siempre queda gente al margen, a un lado o a otro; pero no podemos dejar de caminar oyendo esas voces por respetables que sean. Hoy escuchamos en esta Sala expresiones de duda; está bien, pues la duda es siempre un signo de inteligencia; pero hemos escuchado también palabras agresivas, duras, que no están en el ambiente que creó este acuerdo. Esas voces se van a ir quedando aisladas, porque Chile está mirando hacia adelante y no hacia atrás.

Pienso que éste es el primer fruto de la última elección presidencial y que por eso se está generando el nuevo escenario. En la última elección presidencial hubo prácticamente un empate; pero un empate positivo, de gente que quería reconciliación, paz social, cierre de la transición, mirar hacia adelante. De alguna manera, el acuerdo de la “Mesa de Diálogo” recoge ese empate positivo para Chile, ya que está abriendo puertas a la creación de un nuevo escenario político. No nos equivoquemos con la significación de este acuerdo.

Como partido político, como Renovación Nacional y como Alianza, vamos a ser coherentes con lo que hemos dicho: tratar de que esto funcione y de ser sus garantes civiles. Además, anuncio que avanzaremos seriamente en todas las materias constitucionales que tantas veces hemos planteado y que por diversos motivos nunca se han concretado.

Vamos a presentar en el Senado, luego, en la línea de cerrar la transición -en esta semana casi con seguridad-, las reformas constitucionales que siempre ha planteado Renovación Nacional, lo que significa poner al país definitivamente en la línea de la democracia y del desarrollo, dos grandes palancas que nos permitirán construir juntos el camino del futuro. Seremos extraordinariamente coherentes en impulsar, en afirmar este nuevo escenario político que se nos abre y que apoyamos con entusiasmo. Tal vez, caminando en esta etapa cerremos la transición política.

Esta es una transición propia del siglo XX, porque estamos resolviendo un problema de esa época. Este es el último consenso que falta para saldar nuestras cuentas con el pasado y empezar a mirar hacia adelante. Por supuesto, debemos cerrar esta transición política y lo haremos; pero -repito- estamos solucionando problemas del siglo pasado.

Cerrando esta transición política -reitero que ayudaremos a hacerlo- nos quedan las otras grandes transiciones. Por ello, quiero invitar a todos, al Gobierno, al cual le quedan seis años para gobernar, y a la Oposición, a que seamos constructivos, leales y firmes en nuestro rol.

Las transiciones propias del siglo XXI, las económicas y las sociales -a las que nos vamos a abocar- son las necesarias para avanzar definitivamente y luego de muchas promesas, desde la pobreza hacia la auténtica igualdad de oportunidades.

Las transiciones pendientes son las necesarias para traspasar los umbrales del subdesarrollo e incorporarnos en propiedad al nuevo orden mundial; para no contentarse con rendimientos económicos modestos y generar el dinamismo necesario para mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los chilenos integrados al desarrollo; para terminar con las discriminaciones laborales que afectan a la mujer e incorporarla plenamente al esfuerzo productivo; para transformar una política internacional tímida y concesiva, en una que aumente el papel protagónico de Chile en el concierto internacional; para rescatar a importantes sectores de la juventud, hoy amenazados por la droga y la tentación del delito, ofreciéndoles expectativas concretas de trabajo y esperanzas; para avanzar desde una educación de contenidos obsoletos hacia una realmente sintonizada con el mundo del trabajo; para evitar que el desarrollo económico siga destruyendo el medio ambiente y proyecte una nueva concepción de progreso económico limpio; para modernizar el Estado; para dejar atrás la actual inseguridad ciudadana y garantizar a toda la población, especialmente a los más pobres, una vida segura y libre de amenazas; para avanzar de un país exageradamente centralista a uno que se caracterice por la progresiva descentralización; para avanzar de una política habitacional -cuyas deficiencias han quedado en evidencia con los últimos temporales-, marcada por el deterioro y por soluciones habitacionales insatisfactorias, hacia una que se caracterice por viviendas dignas para las familias; por último, transición pendiente es la necesaria para recuperar una clase media, antes pujante y desde hace años declinante, para transformarla nuevamente en la columna vertebral de la estructura social del país, volcándola no hacia el Estado, sino hacia la pequeña y mediana empresa, constituyéndola en el canal más expedito para una constante y ascendente movilidad social.

Apoyamos los acuerdos de la “mesa de diálogo” y nos preocuparemos de que se concreten. Nos sentimos orgullosos de la actividad desarrollada por el partido, antes, hoy y mañana, en la obtención de la paz social que el país tanto anhela. Sin embargo, debemos reconocer que estamos en un nuevo escenario, pero estamos dispuestos a entrar en él para crear las condiciones de democracia y desarrollo que Chile necesita, en un leal juego entre Gobierno y Oposición.

Por último, no debemos olvidar que, una vez cerrada la transición política, propia del siglo XX, debemos llevar a cabo la gran transición social y económica, que encamine al país por una senda de grandeza, de paz social e integración de todos al esfuerzo común.

He dicho.

-Aplausos.

El señor LETELIER (don Felipe). -

Con justicia.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ .-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, la Cámara de Diputados se prestigia por la forma en que ha llevado el debate de este proyecto, que versa sobre un tema que nos ha ocupado durante tanto tiempo y que nos preocupa profundamente. Aquí se han expresado aspectos éticos, jurídicos y procedimentales, y valoro el aporte hecho por colegas de las diferentes bancadas en ese sentido.

La Democracia Cristiana también ha hecho su aporte, también ha dado su opinión. Sin embargo, es preciso que entiendan que para nosotros es muy difícil construir la ecuación entre lo pragmático y lo valórico. Las expresiones de algunos colegas reflejan la esencia de la Democracia Cristiana. Además, le hace bien al país y a esta Corporación, sincerarse en aspectos de tanta importancia y profundidad.

El origen del proyecto es diferente a una iniciativa común. Emana de una instancia convocada para un objeto, para un efecto final, último: hacer esfuerzos para reconciliar a nuestra sociedad; emana de una “mesa de diálogo” integrada por diferentes actores, quienes muchas veces no se pudieron poner de acuerdo. Por ello valoramos este proyecto y estaremos absolutamente disponibles para apoyar los acuerdos de la “mesa de diálogo”.

Frente a palabras críticas y a expresiones de desconfianza, una sola frase: tenemos una nueva oportunidad que debemos aprovechar. Valoramos los esfuerzos hechos durante los gobiernos de la Concertación para resolver el tema de los detenidos desaparecidos y el atropello a los derechos humanos. Al respecto, una palabra de reconocimiento a los gobiernos de los ex Presidentes Aylwin y Frei ; de la misma forma, valoramos el esfuerzo y el empuje del gobierno del Presidente Lagos, y muy especialmente de su persona, para ayudar a construir la ecuación necesaria entre la razón y la pasión, y el testimonio de Pamela Pereira así lo ha demostrado.

Confiamos en que el proyecto contribuya al objetivo final de construir una nueva ecuación de equilibrio entre la verdad y la justicia, tan necesarias para la reconciliación nacional y para mirar con visión de futuro lo que este país requiere para lograr una sociedad más justa y un país donde nos sintamos satisfechos de ser chilenos.

Los diputados de la Democracia Cristiana apoyamos en forma irrestricta los acuerdos de la “mesa de diálogo” y valoramos el gran aporte que camaradas nuestros, insertos en esa instancia, expresaron y concretaron.

En consecuencia, la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor ministro del Interior , señor José Miguel Insulza.

El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-

Señor Presidente, valoro y respeto el debate que ha tenido lugar esta mañana. Me parece positiva la franqueza y profundidad con que un gran número de diputadas y diputados han planteado sus puntos de vista sobre el proyecto y respecto del documento y los resultados de la “mesa de diálogo”. Por lo tanto, restringiré mis observaciones a sólo dos o tres puntos que me parecen fundamentales.

Más allá de los comentarios sobre el resultado de la “mesa de diálogo”, debo recordar que no es el objeto del proyecto del Gobierno aprobar el documento de la “Mesa de Diálogo”, lo que, sin duda, conduciría a un debate mucho más extenso sobre un conjunto de otros temas.

Antes de referirme a alguno de los puntos acordados por la “mesa de diálogo”, quiero decir que el objetivo de este proyecto es cumplir con una obligación -alguien podría decir que es una obligación de Estado; yo diría, que de nación- ratificada por el Congreso Nacional hace ya más de ocho años, en 1992, cuando con posterioridad al informe de la Comisión Rettig y durante la tramitación del proyecto de ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, junto con una serie de normas orgánicas relacionadas con ella y con una serie de disposiciones específicas relativas a la reparación a las víctimas, el Poder Legislativo estimó necesario hacer sólo una declaración de principios, señalando en su artículo 6º lo siguiente: “Se declara que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena”. Fue un compromiso solemne asumido por el Congreso Nacional en nombre de la nación.

La pregunta que nos hemos formulado durante todos estos años es si efectivamente se ha hecho todo lo posible para cumplir con esa declaración. Es evidente que el persistente drama de los detenidos desaparecidos durante todos estos años demuestra que, más allá de esfuerzos individuales o colectivos llevados a cabo, no hemos estado a la altura de esa declaración. Ése fue el sentido del esfuerzo emprendido por la “mesa de diálogo” y ésa es, ciertamente, nuestra tarea más urgente.

Pues bien, el contenido del proyecto se refiere a esa materia. Se ha hecho una serie de alcances y objeciones a la iniciativa, pero nadie ha encontrado, al leer el mensaje o el texto del proyecto, una sola frase o palabra que valide afirmaciones sobre impunidad, orientación a los tribunales de justicia, punto final u otras cosas que se han afirmado con mucha liviandad durante los días previos a este debate. Por lo general, cuando se critica un proyecto de ley, se hace sobre la base de algo que dice su texto o el respectivo mensaje, de alguna intención explícita o implícita. Aquí, no he escuchado decir a nadie que determinado párrafo del proyecto contiene alguna frase que valide un punto final, que se meta con los tribunales de justicia o que constituya una interpretación de la ley de amnistía. Esta iniciativa sólo tiene por objeto otorgar reserva a las personas que entreguen información útil y conducente para establecer el paradero o destino de los detenidos desaparecidos, noble fin consagrado por el Congreso Nacional en 1992 y validado por la “mesa de diálogo”.

En dicha mesa se contrajo un compromiso solemne que, más allá de confianzas o desconfianzas, me interesa rescatar, porque no se asumen compromisos solemnes ante el país sin tener que enfrentar luego las consecuencias de ello. Quienes los asumen no son los mismos que eran antes de contraerlos; asumen ante el país la obligación de cumplir ese objetivo de Estado, y nosotros esperamos que se cumpla.

Pero, además, validan ese compromiso solemne -por eso debo decir que, tal vez, lo único que me duele en este debate es que se pretenda señalar que estar a favor de este proyecto es estar a favor o en contra de los detenidos desaparecidos- personas a las cuales nosotros no sólo hemos respetado, sino que hemos admirado durante todos estos años. ¿Por qué hace pocos meses el país condecoró a don Jaime Castillo Velasco? ¿Alguien ha olvidado cuando Sergio Valech no quiso entregar una información secreta, a riesgo de convertirse en el primer obispo preso en nuestro país? ¿Hemos olvidado que José Zalaquett fue el primer secretario ejecutivo del Comité pro paz? ¿Hemos olvidado lo que hicieron Roberto Garretón, Héctor Salazar y Pamela Pereira? ¿Acaso ellos no constituyen un testimonio válido para afirmar este compromiso?

Entonces, quienes no confían en unos deben confiar en los otros, porque son los nuestros quienes han llevado adelante este proceso, hecho que respetamos. Dentro de seis meses veremos el resultado de este proyecto de ley, y lo evaluaremos. Pero, transcurrido ese plazo, el país no será el mismo, porque habremos avanzado en la verdad y en la justicia. Por cierto, muchos tendrán cosas que decir al respecto y habrá discusión; pero lo importante es que hoy el Congreso Nacional no se reste -ojalá no se restara a ello ningún parlamentario- al compromiso asumido en 1992.

Muchas gracias, señor Presidente.

-Aplausos.

-En conformidad con un acuerdo anterior, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala:

El señor IBÁÑEZ .-

Señor Presidente, hoy nos reunimos para debatir y pronunciarnos acerca de un proyecto de ley destinado a facilitar la información que permita dar con el paradero de las personas, o de sus restos, que desaparecieron, especialmente en los primeros años del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden por obra, puede presumirse, de miembros de esas instituciones o de otros funcionarios de gobierno.

Este proyecto constituye la respuesta que damos los poderes públicos al acuerdo alcanzado por la denominada “Mesa de Diálogo” en la que participaron miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden junto con abogados que han intervenido en los juicios relativos a esos hechos y representantes de otras instituciones religiosas y de bien público.

Ha sido importante que los representantes de nuestras instituciones castrenses y de orden hayan reconocido que tanto el desaparecimiento como la muerte cierta que afectaron a esas víctimas fueron injustos y que no debieron haber ocurrido. El acuerdo incluye, asimismo, el reconocimiento -primero desde un punto de vista oficial- de que la acción del 11 de septiembre de 1973 no fue un producto exótico en nuestra vida institucional, sino que fue precedido por el quiebre de las instituciones democráticas, por el aumento creciente de la violencia y por la consagración que de ésta hicieron algunos grupos y partidos como medio legítimo para alcanzar el poder.

En esta ocasión, séame permitido rendir un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y de señalar que, sin dudas, ellas harán lo mejor que puedan para cumplir con los compromisos que contrajeron en ese acuerdo. Responderán así a su tradición de servicio a la Patria, como lo hicieron ese 11 de septiembre cuando asumieron el gobierno del país tras las reiteradas peticiones de que fueron objeto por los más distintos sectores de nuestra patria, culminando con la petición que les fuera formulada desde esta corporación en agosto de 1973.

Ese paso constituyó un duro sacrificio para nuestros uniformados que, hasta el final, hicieron lo posible para evitarlo y para mantenerse al margen de la vida política de nuestra patria. Les fue imposible, en definitiva, mantener su prescindencia y debieron asumir la carga del gobierno en la certeza de que, si no lo hacían, el país se encaminaba a la ruina total. Salieron, pues, a la calle, decenas de miles de soldados fuertemente armados a hacer la guerra, adquiriendo cada uno de ellos, por ese solo hecho, un poder absolutamente desmesurado en tiempos normales. Que, en estas circunstancias, se hayan producido excesos y abusos de poder; que haya habido quienes se tomaron venganzas por hechos anteriores, o saldaron viejas cuentas, no puede llamar la atención de nadie. Las cifras que conocemos de las víctimas de estos abusos es, sin duda, alta, pero si las comparamos con las que se han producido en otros países sometidos a traumas semejantes, ellas demuestran cuán grande fue el esfuerzo de las autoridades militares de la época para disminuir esos excesos. Desde luego, son cifras de víctimas infinitamente menores a aquellas que, en otros países, provocaron los regímenes socialistas y marxistas que se hacían del poder.

No tengo la menor duda de que de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden no brotará motivo alguno que permita augurar que se repitan los hechos cuyas dolorosas consecuencias hoy lamentamos y tratamos de mitigar. No podemos decir lo mismo de muchos de los grupos civiles que actúan en política nacional, incluso de algunos representados en este Parlamento. De poco y nada sirve cantar loas a la democracia y a los derechos humanos si, paralelamente, se dejan, como antaño lo hicieron esos sectores cuando fueron poder, sin solución los más acuciantes problemas reales que afectan a los habitantes del país, si se empobrece sistemáticamente y se debilita a la nación hasta el punto de conducirla a una situación de agonía, sólo por las exigencias de un determinado modelo ideológico de organización social. Este es el contexto que hemos de evitar si, de verdad, queremos evitar la repetición de experiencias traumáticas.

Al interior de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden se debe estar desarrollando hoy un profundo proceso de reflexión y mucho temo que sólo ese honor al cual hacía mención y una profunda tradición de servicio a la patria justifican todavía a los ojos de sus miembros actuales el paso que sus mayores dieron el 11 de septiembre de 1973. Cuando ninguna recompensa material pagó el tremendo esfuerzo que sus miembros tuvieron que hacer para gobernar el país junto con mantener la operatividad profesional de las instituciones armadas; cuando de ninguna autoridad brota el menor agradecimiento en respuesta a ese esfuerzo llevado adelante por la inmensa mayoría de los uniformados y cuando, por el contrario, sólo brotan juicios despectivos y de condena por los excesos provocados por una ínfima minoría de entre ellos, debe ser muy grande la tentación de afirmar que, para la próxima, dejarán que los civiles nos despedacemos hasta el final.

Hoy, nuestros uniformados no piden gratitud y, sin embargo, reconocen y asumen como propias, las faltas de unos pocos de entre sus filas. Una nueva lección que a nosotros, políticos civiles que nos creemos impecables e infalibles, nos debe hacer meditar muy profundamente. En resumen, una lección de humildad y de grandeza y una nueva deuda del país para con sus Fuerzas Armadas y de Orden.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Cerrado el debate.

Por lo tanto, corresponde votar el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos.

Informo a los señores diputados que este proyecto requiere quórum de ley orgánica constitucional; es decir, se necesitan 67 votos para su aprobación.

En votación el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Como se ha producido una falla en el sistema electrónico de votación, se va a repetir la votación.

En votación.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

Un señor DIPUTADO.-

Solicito copia de la votación.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Señor diputado, estamos consultando si disponemos de la votación individual de los parlamentarios, si no, tendríamos que repetir la votación. Nos van a confirmar inmediatamente.

Por problemas en el sistema electrónico, se va a repetir la votación.

En votación.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto. Se deja constancia de que se ha contado con el quórum requerido.

Como no ha sido objeto de indicaciones, se da por aprobado en particular con la misma votación.

Despachado el proyecto.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Arratia, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi ( doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez ( don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia ( doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Van Rysselberghe, Vega, Venegas, Vilches, Villouta, Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio).

-Se abstuvieron los diputados señores:

Ascencio, Rozas ( doña María) Jiménez y Soria.

?VALPARAISO, 21 de junio de 2000

Oficio Nº 2901

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B'nai B'rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123.

La determinación de las personas a que alude el inciso anterior, será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto.

La comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso.

El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso primero, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.

Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquéllos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley.

La información que obtengan las personas u organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.

A la información a que se refiere esta ley, no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575.".

Hago presente a V.E. que el inciso final del artículo único del proyecto, fue aprobado en general como en particular, con el voto a favor de 104 señores Diputados, de 117 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.

Dios guarde a V.E.

VICTOR JEAME BARRUETO

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

?Se deja constancia de que el Informe de Comisión Oral tuvo lugar en fecha 21 de junio de 2000.

RESERVA DE IDENTIDAD POR INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde discutir el proyecto de ley, en según trámite constitucional e iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos, con informe verbal de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2520-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 6ª, en 21 de junio de 2000.

Informe de Comisión:

Constitución y Derechos Humanos, unidas,(verbal), sesión 7ª, en 21 de junio de 2000.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Las Comisiones unidas de Constitución y de Derechos Humanos han concluido el examen de la iniciativa, relacionada con el secreto profesional propuesto por la Mesa de Diálogo, por lo que voy a dar la palabra a su Presidente , el Honorable señor Viera-Gallo, para que informe verbalmente a la Sala.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , las Comisiones de Constitución y de Derechos Humanos, unidas, se reunieron para analizar el proyecto enviado por el Presidente de la República -aprobado hoy por la Cámara de Diputados- cuya finalidad es señalar un camino para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos, o determinar las circunstancias que condujeron a su destino.

Las Comisiones escucharon a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la que indicó las razones por las cuales se opone a la iniciativa, las que en síntesis son las siguientes. En primer lugar, considera que el proyecto, al consagrar un secreto profesional extendido, de alguna manera puede determinar una forma que impida a los tribunales llegar a conocer la identidad de los hechores de los crímenes. En segundo término, opina que la iniciativa establece una suerte de desigualdad ante la ley entre los delitos a que ella se refiere y los demás delitos. Y, por último, advierte que más de alguien podría imaginar que la aprobación del proyecto significa una señal para los tribunales de justicia en orden a aplicar la Ley de Amnistía.

A continuación, el señor Ministro del Interior hizo una exposición acerca del contenido del proyecto y de los alcances que le son propios.

Por el poco tiempo de que disponían, las Comisiones no realizaron un debate de la iniciativa, sino que cada señor Senador fundamentó su votación. No me corresponde a mí, en tan pocos minutos, hacer una síntesis de lo que cada uno de ellos señaló, máxime si todos están presentes y pueden repetir aquí, seguramente con mucho mayor precisión que quien habla, los argumentos de su posición.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Es todo lo que puedo informar a la Sala, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ha pedido la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia .

El señor GARCÍA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Gracias, señor Presidente .

Quisiera presentar brevemente la posición que el Ejecutivo tiene en esta materia.

Se trata de un proyecto extraordinariamente simple, pero a nuestro juicio fundamental, que persigue un solo fin: crear o facilitar las condiciones para obtener información útil y conducente a ubicar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos. Ésta es la petición que hace sólo una semana la Mesa de Diálogo hizo al país y, en particular, al Ejecutivo y al Parlamento, y creo que podemos felicitarnos de la agilidad con que hemos dado respuesta a dicha petición.

Hay que reconocer, sin embargo, que este esfuerzo se enmarca en una prolongada tarea por saldar, una deuda histórica por aliviar la pesada carga moral, social y política que el país y particularmente los familiares de los detenidos desaparecidos han tenido durante todos estos años.

Recordemos el esfuerzo que hicieron la Comisión Rettig y la Corporación de Reparación y Reconciliación, y los proyectos de ley que se enviaron a este Parlamento, todos apuntando hacia el mismo objetivo. Deseo rescatar la decisión que este Parlamento tomó, hace ya 8 años, al aprobar la ley que creó la Corporación de Reparación y Reconciliación, donde se estableció el derecho inalienable de las familias de los detenidos desaparecidos, así como el de todos los ciudadanos del país, a ubicar los cuerpos y el paradero de los detenidos desaparecidos.

Este esfuerzo, encabezado por la Mesa de Diálogo y que hoy, espero, está llegando a su fin en el Congreso Nacional, es en mi opinión la respuesta más eficaz al mandato que la nación dio al Parlamento hace 8 años.

Asimismo, quiero reconocer el esfuerzo realizado por la Mesa de Diálogo -a la que felicito-, el cual nos ha permitido discutir hoy un proyecto que no nace del Gobierno, de un partido político o de una posición particular del país, sino que constituye el compromiso de instituciones y de personas directamente involucradas en los hechos y que le da la solvencia moral que ahora permite al Congreso legislar con la unanimidad que estamos constatando.

Es fundamental, también, el hecho de que la Mesa de Diálogo haya constituido lo que autodenominó "una verdad compartida que Chile necesita"; el reconocimiento que hicieron todos los actores de que en nuestro país se violaron los derechos humanos y de que en esas violaciones participaron agentes de organizaciones del Estado, así como también la crítica que merece la violencia política que existió en el período.

Ello condujo a la Mesa de Diálogo, y creo que a todo el país, a comprometerse a que nunca más esos hechos vuelvan a ocurrir en Chile.

La Mesa de Diálogo hizo a este Honorable Congreso y al Gobierno una petición muy concreta y acotada: legislar para instituir la obligación de secreto respecto de las fuentes que entreguen información conducente a establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

Ése, como ya señalé, es el único objeto del proyecto de ley. Éste consagra el deber de reserva y define quiénes son los sujetos amparados por él, los cuales provendrán de las instituciones que participaron en la Mesa de Diálogo y deberán estar debidamente inscritos en un registro que llevará un ministro de fe de cada de esas instituciones.

El secreto se establece exclusivamente para la fuente o persona que otorgue información útil y conducente.

Es indispensable señalar que el secreto no se refiere a la información creada y, por lo tanto, las personas que reciban la información tienen la obligación moral y legal de transferirla al Presidente de la República , quien posteriormente, la enviará a los tribunales, facilitando así no sólo el establecimiento de la verdad, sino también el desarrollo de nuestra justicia, de acuerdo con la legislación vigente.

Por eso, el Gobierno ha establecido con toda claridad que el proyecto de ley que hoy se vota no constituye de ninguna manera un punto final, no establece forma alguna de impunidad ni modifica la responsabilidad que los hechores de los crímenes cometidos pudieran tener y que esperamos sean objeto de aclaración y trato por parte de nuestra justicia. Tampoco interpreta la ley de amnistía. Los tribunales seguirán siendo las únicas instituciones del Estado responsables de interpretar la ley y velar por que ella se cumpla.

Como señalé al principio, el objetivo de la iniciativa en debate es simple, pero crucial: facilitar la obtención de la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y entregarla a los tribunales.

Al concluir estas palabras, quiero felicitar la dedicación y diligencia con que el Congreso en general y las Comisiones unidas de Constitución y de Derechos Humanos del Senado en particular han trabajado, facilitando la aprobación de un proyecto de ley, que espero sea aprobado en un tiempo extraordinariamente breve, y por esa vía lograr el descubrimiento del paradero de los detenidos desaparecidos, que es lo que inspira la acción que todos estamos desarrollando hoy día, lo que sin duda fortalecerá la unidad del país y va a constituir un aporte histórico para sanar las heridas que el pasado nos ha dejado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

De acuerdo al orden de los inscritos, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente:

La transición chilena participa de algunos elementos de otras que han ocurrido en las últimas décadas, especialmente en la española. Pero también tiene sellos muy peculiares en el caso nuestro y, respecto de esta última, dos diferencias fundamentales.

Por un lado, recordemos que el franquismo, muerto Franco, abdica de las trincheras autoritarias, deshaciendo las propias cortes heredadas de Franco, la institucionalidad que éste creía haber dejado atada, y bien atada.

Por distintos factores, que no es del caso analizar, España renunció a discutir su pasado.

En el caso nuestro, el régimen autoritario perpetuó parte de su poder durante estos 10 años de transición por un triple capítulo:

Primero, la inédita perpetuación al frente de las Fuerzas Armadas de personeros importantes del Régimen militar.

Segundo, sectores políticos han hecho difícil modificar ventajas que quedaron del Régimen militar para esos sectores, y en el tema que nos preocupa, Chile ha sido incapaz de superar la lamentable secuela que en materia de derechos humanos nos dejó el pasado. Todos los intentos hechos en ese sentido han resultado infructuosos para cerrar ese triste capítulo.

Finalmente, él se dejó abandonado a lo que pudieran hacer los tribunales, cuyas limitaciones todos conocemos, tanto en materia de eficiencia como de tiempo.

Hubo algunos que pensaron que el tiempo se encargaría de terminar con el problema.

Los hechos ocurridos -el término del larguísimo período del general Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército; su asunción como Senador Vitalicio; su permanente presencia en la política contingente del país, su desafortunado viaje a Inglaterra y todo cuanto sucedió posteriormente; la petición de desafuero; la elección de un gobierno de la tendencia de los partidos que tienen la mayor cantidad de víctimas; el cambio notorio de la composición y, por ende, de los fallos de los tribunales, etcétera- llevaron a que en vez de que el tiempo o los tribunales pudieran resolver el problema, éste permaneciese vigente.

No había duda de que esto no podía mantenerse indefinidamente con las tensiones consiguientes.

Por otra parte, todos quienes han abordado el tema en función del interés nacional más que el propio partidista o de sentimientos personales, reconocen que el punto más sensible y conflictivo es el drama de los detenidos desaparecidos.

La razón es muy simple, quien sabe lo que ocurrió con su ser querido llevará una herida en el alma por toda su vida; pero el hecho mismo ha quedado en el pasado. Para quien tiene un familiar desaparecido, cualesquiera que sean las circunstancias en que ello ocurrió, implica, señores Senadores, una angustia que el tiempo no mejora, sino que agrava.

Los que nos opusimos al Gobierno militar creemos que muchos de los desaparecidos fueron arrojados al mar o en lugares inaccesibles de la cordillera. Ésa fue la convicción que manejó la oposición al Gobierno militar cuando ocurrían los hechos. Pero una cosa es creerlo así y otra muy distinta es que ello quede establecido en forma oficial.

Se dice que es una falsificación jurídica que los tribunales hayan "creado" la figura del secuestro permanente. Unos hablan incluso de "chacota judicial", y otros señalan la presunta contradicción entre sostener que fueron asesinados y pretender que todavía estén vivos y secuestrados en alguna parte, incluso sin consideración hacia el sentimiento de los familiares de las víctimas. La tesis es increíblemente no correcta. Aunque se pudiera dar por establecida la muerte por otros medios de prueba, lo que no se sabe es cuándo ella ocurrió, lo que resulta decisivo para aplicar la amnistía o la prescripción, aparte de la discusión jurídica sobre la primacía de los tratados internacionales que en este tipo de delitos no admite ninguna de las dos figuras.

Frente a lo señalado, nada tiene de raro el empantanamiento que se ha producido en la materia; y por ello es tan importante el acuerdo a que se llegó en la Mesa de Diálogo.

Al margen de los puntos señalados, aquél es de los acuerdos que vale por sí mismo, ya que desentraba dicho empantanamiento y abre un camino para que, por fin, se dejen en el pasado los años de división y separación en bandos irreconciliables de los chilenos, y se trabaje hacia el futuro, sin perjuicio de que cada uno mantenga su propia interpretación histórica.

Comprendemos el rechazo de los familiares de detenidos desaparecidos ante cualquier avance en la materia. Es un sentimiento muy comprensible, después de tantos años de desconfianzas y temores. Pero en este caso, con todo el respeto que nos merecen, creemos que el acuerdo tiene aspectos positivos que vale la pena considerar.

En efecto, debe dejarse en claro que con este acuerdo sólo se da un paso hacia la averiguación del destino que tuvieron los detenidos desaparecidos; pero nada se dice en el sentido jurídico que pueda hacer variar las actuaciones de los tribunales.

Nada más lejano que una ley de punto final que cierra y deja en el pasado el proceso, sin averiguar nada sobre la verdad y sin que se haga justicia.

Aquí se da un paso a favor de la verdad, pero NADA ELIMINA QUE HAYA JUSTICIA, y al revés el conocimiento de la verdad podrá significar precisamente que se pueda hacer justicia.

Quizás si lo que temen los familiares, señores Senadores, es que los tribunales después de sabida la verdad apliquen ya la amnistía y la prescripción. Ello depende de la interpretación de los tribunales; pero sin averiguar lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos, nos mantenemos en esta situación incierta en que los procesos quedarán ahí, sin avanzar ni retroceder, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones de los derechos humanos.

Este temor, además conduciría al equívoco increíble de que para mantener vigentes los juicios, termine siendo necesario que no se sepa finalmente qué ocurrió con los detenidos desaparecidos.

Sin embargo, insistimos que jurídicamente nada se altera, salvo la posibilidad de la averiguación señalada. Ahora, si lo que se teme es el cambio político que se puede producir, debe tenerse presente que así como la situación política que conducía inexorablemente hacia el término del problema sin solución alguna de éste, mañana hechos impredecibles podrían volver a dar vuelta el tema, retornándose a la misma situación.

Para el país nada es más conveniente que el acuerdo producido. Es obvio que él no resuelve las profundas discrepancias sobre los acontecimientos del Gobierno militar, sus causas y acciones.

Es imposible que en el tema lleguemos a una interpretación única, y por ello la redacción cuidadosa del mismo. Pero, sin condonar para nada lo ocurrido, tanto de uno como de otro bando, se produce una especie de cierre de la separación entre las Fuerzas Armadas y la mayoría del país. Con ello puede darse un paso gigantesco, cuya magnitud no estamos en condiciones de asumir hasta que el país vuelva a su normalidad institucional, donde las Fuerzas Armadas no pueden estar colocadas en la situación actual, sino que plenamente sometidas a la civilidad.

Hay un largo camino que recorrer para llegar hasta el punto que implica grandes reformas constitucionales, pero que serían imposibles de alcanzar si no superamos los problemas del pasado.

Específicamente, el acuerdo en materia de detenidos desaparecidos es un acto de confianza que nadie puede traicionar; es un acto de confianza hacia el compromiso de las Fuerzas Armadas para buscar la información que manifiestan no tener orgánica ni institucionalmente. Para ello, la enmienda legal que se nos propone es mínima y asegura solamente el secreto profesional de quien aporta el dato, sin ninguna garantía de impunidad, premio u otro tipo de ventajas para quien proporciona la información.

Ésa es la posición de nuestra bancada.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).-

Señor Presidente , señores Senadores, en primer lugar, deseo hacerme cargo de un argumento que circula y que considero injusto: que la Mesa de Diálogo pudo llegar a acuerdos, porque los políticos no estaban en ella. Desde luego, la creación de la Mesa de Diálogo fue producto de una decisión política tomada en mi Gobierno, y la determinación política de que se llegara a un acuerdo en cierto plazo, fue de la Administración del Presidente Lagos.

En segundo término, la Mesa de Diálogo operó bajo el alero del Ministerio de Defensa Nacional. El ex Secretario de esa Cartera don Edmundo Pérez Yoma , y su actual titular, don Mario Fernández , han sido sus firmes impulsores. Fueron mis cercanos colaboradores. Vaya para ellos mi homenaje y gratitud, porque supieron mantenerse firmes, a pesar de las críticas y de los malos entendidos.

En tercer lugar, la política implica operar con el pluralismo que existe en la sociedad. En ella subsisten distintas visiones sobre lo que la autoridad debe hacer o no hacer. Por lo mismo, la política implica aproximaciones de diversos sectores al bien común. Los acuerdos no son la perversión de la política, sino el instrumento a través del cual ésta se hace viable. Los acuerdos no son transacciones sobre la verdad. Sólo los autoritarismos imponen su verdad y sacrifican la disidencia. La democracia, en cambio, se funda en los acuerdos.

Finalmente, el Congreso Nacional es el espacio natural donde se expresa la pluralidad social. Diariamente, en todos los proyectos de ley llegamos a acuerdos sobre las visiones de una norma. El Parlamento es, entonces, una "mesa de diálogo" permanente.

Con la aprobación de la iniciativa en el Senado, se termina una etapa y comienza otra. En efecto, en lo sustancial, el presente proyecto figuraba en las propuestas que tanto el Gobierno del ex Presidente Aylwin como el mío presentaron al Congreso en su oportunidad. En ambas se buscaba mantener en reserva la identidad de quienes proporcionen información sobre los hechos punibles y sus circunstancias. Sin embargo, en esa ocasión, no hubo voluntad política para avanzar.

Los argumentos a favor y en contra de dichas iniciativas no son sustancialmente distintos de los que se esgrimen en la actualidad. Lo relevante, con todo, es que la oportunidad política es ahora. En el pasado, cada proyecto generó un intenso debate y, luego de meses de trabajo, las iniciativas fueron archivadas o retiradas. Hoy, en cambio, en dos días, prácticamente, el Congreso Nacional aprobará la ley.

Resulta necesario destacar que con la aprobación del proyecto no se termina el compromiso que todos asumimos al apoyar los resultados de la Mesa de Diálogo.

La Mesa de Diálogo dio sus frutos después de diez meses de intenso trabajo. Cuando mi Gobierno decidió crearla, sabíamos que era difícil lograr un consenso; pero el hecho de que se sentaran a conversar quienes representaban posiciones distintas fue, en sí mismo, un gran avance. Durante el período que tomó su labor, la Mesa pasó por muchos momentos de crisis. En varias oportunidades su misión fue desahuciada. Sin embargo, quienes la integraron tenían fe en lo que estaban haciendo.

La iniciativa que aprobamos ahora entrega seis meses para que se pueda recopilar información útil respecto del paradero de los detenidos desaparecidos. Durante ese lapso -es decir, de aquí a diciembre-, será clave mantener nuestra confianza y apoyo en quienes la están recopilando. Tengamos hacia ellos la misma actitud que mostramos con la Mesa de Diálogo: dejémoslos efectuar su trabajo. Ellos saben lo que están haciendo; no los presionemos.

No tenemos derecho a fracasar. Los familiares de las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con ellas. Como legisladores no nos corresponde aplicar justicia. Ésa es una labor de los tribunales, y ellos determinarán las responsabilidades en cada caso.

Dentro de seis meses evaluaremos los resultados y tomaremos la opción de prorrogar o no prorrogar el plazo para juntar la información.

Si es necesario perfeccionar este instrumento con otros, desde ya manifiesto mi disposición favorable. Pero no podemos seguir postergando, una y otra vez, la solución de este problema, sacrificando la opción de futuro por un pasado que no sabemos asumir.

Si bien tengo claro de que no hay leyes ni decretos que por sí solos impongan la reconciliación entre los chilenos, asumir lo sucedido y generar mecanismos para superar sus traumáticas consecuencias es un paso fundamental para dejar atrás una carga histórica de profundas resonancias humanas.

Por lo mismo, debemos perseverar en crear condiciones, promover iniciativas y buscar los caminos que nos permitan desarrollar una poderosa e incontenible corriente a favor de la paz y la reconciliación de los chilenos. Transformar lo que nos dividió en el pasado en una fuente de unidad para enfrentar el futuro es un desafío que el país nos exige acometer, sobre todo, por el bien de las nuevas generaciones.

Por ello, anuncio mi voto favorable al proyecto.

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Pido a las personas que se encuentran en las tribunas guardar silencio.

Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , cuando en el Gobierno del ex Presidente Frei , el Ministro de Defensa de la época, don Edmundo Pérez Yoma , logró juntar a un grupo de personalidades altamente representativas de la comunidad nacional en torno del problema de los detenidos desaparecidos durante el Régimen autoritario, había pocas expectativas de que esa iniciativa pudiera alcanzar un acuerdo tan importante como el dado a conocer recientemente.

A través de los relatos de quienes participaron en esas instancias, hemos conocido su voluntad de lograr relevantes avances y vencer las naturales desconfianzas y los dispares criterios, a fin de conseguir resultados positivos.

El impacto que el acuerdo alcanzado ha tenido en el país, es la mejor demostración de su importancia para recomponer la convivencia nacional. Bastaría comparar la situación existente antes del funcionamiento de la Mesa de Diálogo, con la generada a raíz del acuerdo alcanzado por ésta. Anteriormente, algunos sectores se referían a "presuntos desaparecidos" y ahora el país reconoce, sin distingos, la verdadera situación de los detenidos desaparecidos.

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Reitero mi petición a quienes se hallan en las tribunas de guardar silencio, a fin de seguir el debate. Escuchemos, por el bien de todos.

Puede continuar, Su Señoría.

El señor HAMILTON .-

Ya no se habla de "excesos" para referirse a las violaciones de los derechos humanos, sino que éstas son abiertamente reconocidas y, más aún, unánimemente condenadas.

El documento final distingue entre lo que fue la "espiral de violencia política" anterior al golpe de Estado, el golpe mismo y lo que ocurrió después.

No hay justificación del golpe sobre la base de la violencia previa, aunque sobre eso los chilenos sostienen, legítimamente, distintas posiciones. Pero, aún más importante: no hay justificación a lo que siguió al golpe, y se deja en claro que no se trata de un asunto de opiniones. El citado texto señala que "hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan.".

Lo anterior se complementa con la afirmación de que "El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas". Y luego añade: "Se hace indispensable desterrar o rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas.".

La idea se reafirma en seguida por los firmantes al aseverar que "el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la nación". Incluidas, por cierto, y en primer lugar, las Fuerzas Armadas y Carabineros, que son parte del acuerdo. Se trata de un compromiso escrito, para asegurar el respeto a la democracia. Y, además, hay acuerdo para traducir esas ideas en material de docencia y alimentar la formación cultural de todos los chilenos en ese sentido.

Lo expresado tiene enormes proyecciones para el futuro del país, aunque hasta ahora no se le haya prestado toda la atención que merece por el apuro justificado para analizar las medidas concretas que ha generado el proyecto en discusión.

El acuerdo de la Mesa de Diálogo propone en concreto al Presidente de la República que auspicie "en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos". Y al Congreso Nacional le pide: "Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional.".

Eso lo ha cumplido el Primer Mandatario, y eso es lo que estamos haciendo la Cámara de Diputados y también el Senado.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros y las demás instituciones que integran la Mesa de Diálogo, se han comprometido a buscar y reconstruir la información sobre detenidos desaparecidos, para el solo efecto de entregarla, dentro de seis meses, al Presidente de la República , de manera que éste pueda hacerla llegar a los tribunales de justicia.

Para facilitar esta importante tarea es necesario aprobar el proyecto que está sometido a nuestra consideración.

El contenido de la iniciativa legal contempla, en primer lugar, el "deber de reserva", análogo al secreto profesional, que beneficia a quienes recaben o reciban la información pertinente; ese deber afecta a pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias e instituciones religiosas con personalidad jurídica, a los miembros de la Gran Logia de Chile y la B´Nai B´rith de Chile y a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, designados por las respectivas instituciones para actuar, en forma reservada, como receptores de la información relativa al paradero o destino de detenidos desaparecidos; el secreto que el receptor no puede revelar recae sólo sobre el nombre o datos que permitan identificar a los informantes; la información debe ser útil y conducente para determinar el objetivo de que se trata; la iniciativa hace referencia al artículo 6º de la ley Nº 19.123, que creó la Corporación de Reparación y Reconciliación y que consagra el derecho de los familiares de los detenidos desaparecidos a ubicar los restos de éstos o establecer su destino, por lo que la propuesta constituye una forma paralela de ejercer ese derecho ahora también por parte del Estado; la violación del secreto de la fuente por parte de los receptores autorizados importa la sanción penal que contempla el artículo 247 del Código Penal; el deber de reserva sigue a los receptores aun cuando dejaren de pertenecer a la institución en virtud de la cual recibieron la información; los receptores no serán obligados a declarar como testigos en juicio criminal, ni les será aplicables el delito de obstrucción de la justicia que norma el artículo 269 bis del Código Penal, y este proyecto se plantea, por último, como una norma excepcional y temporal, a regir sólo por seis meses.

También, y frente a interpretaciones equivocadas, el mensaje contempla lo que el proyecto categóricamente no es:

En primer lugar, no es un punto final. No establece impunidad alguna, no modifica la responsabilidad de quienes hayan delinquido ni altera su situación procesal.

Yo celebro que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en la reunión de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, unidas, haya expresado textualmente que, a su juicio, este proyecto no apunta a la impunidad. Sin embargo, lo rechaza porque entiende que hay un mensaje implícito a los tribunales de justicia, que ella no acepta.

En segundo término, tampoco es una interpretación de la Ley de Amnistía del año 1978. El proyecto no se refiere ni afecta en sentido alguno esa normativa, cuya aplicación sigue enteramente entregada a los tribunales de justicia.

Y, en tercer lugar, no altera ni entorpece la labor que en la materia vienen cumpliendo los tribunales. Por el contrario, la información que genere la iniciativa tendrá como destinatario último precisamente a los jueces, quienes deberán resolver conforme a Derecho.

Así como había escepticismo en algunos respecto de la Mesa de Diálogo, ahora también han surgido dudas acerca de la eficacia del procedimiento consensuado para obtener información conducente a saber el paradero o destino de los detenidos desaparecidos. Sólo el tiempo disipará esas dudas...

Pero lo que verdaderamente importa, a mi juicio, en un tema tan complejo y delicado, que afecta a la convivencia entre los chilenos y que por tanto tiempo ha dificultado e impedido la reconciliación, es la inmensa voluntad, la gran capacidad de entendimiento y el coraje demostrado por todos los miembros de la Mesa de Diálogo para sugerir un camino que debe conducir a alcanzar esas metas.

Para mí tiene mucha fuerza el hecho de que las distinguidas personalidades de la Mesa de Diálogo, entre ellas los representantes de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, sostengan que "quien oculta la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica...".

Estoy convencido de que, por encima de las diferencias que tengamos con relación a esta materia, todos concurriremos esta noche a aprobar el proyecto de ley que, por indicación de la Mesa de Diálogo, nos propone el Presidente de la República , conscientes de que con ello estamos contribuyendo a crear en nuestra patria condiciones para alcanzar un destino mejor para las futuras generaciones de chilenos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , cada vez que se ha presentado al Parlamento una iniciativa sobre este tema tan doloroso para la sociedad chilena, surge de inmediato la clara conciencia del lugar en que estamos en el proceso de transición. Y no cabe duda de que si miramos hacia atrás, podemos ver hoy día que después de lo que ha ocurrido en la Mesa de Diálogo, en el reconocimiento de las violaciones ocurridas en el régimen militar, ha habido un avance significativo. Sin embargo, quiero dejar muy en claro cuál es mi posición.

En primer lugar, tengo cierto escepticismo en cuanto a que en el plazo señalado se pueda encontrar la información que todos buscamos. Creo -y ojalá me equivoque- que esa información pudiera no llegar a los tribunales en la forma completa y total como quisiéramos. Pienso que al final se medirá el esfuerzo de la Mesa de Diálogo no sólo por el gesto importante, sino por los resultados que traiga.

Deseo, sí, hacer algunas precisiones respecto del proyecto mismo. En primer lugar, lo que él establece es la reserva del nombre del declarante, no del hechor. Me parece que éste es un punto importante, en el sentido de que si quien declara no es el autor del delito, el juez puede perfectamente llegar a identificar al responsable. Hay que precisar bien este punto, porque una cosa es el anonimato del declarante, y otra, la del hechor.

El segundo punto que considero importante es que la reserva de quien recaba la información, en cualquiera de las instituciones, no empece al juez para conocer su identidad. Debo aclarar que no me refiero a la identidad del declarante, sino que aludo, con precisión, a la de quien recoge la información, que perfectamente puede ser interrogado por el juez, sobre cualquier materia que no sea el nombre de quien prestó la declaración.

El tercer punto -me parece importante recordarlo- es que quien recoja la información tiene la obligación legal de entregarla íntegramente a su superior, al Presidente de la República , y después a los tribunales. No puede haber aquí "filtro": nadie puede decir "esta información la recibí y yo entrego lo que me guste, lo que no me guste, yo lo evalúo", sino que la información entera que se reciba debe llegar a los tribunales.

Y el cuarto punto es que, cualquiera que sea el resultado de este camino, no empece, no impide que pueda operar en plenitud el artículo 6º de la ley Nº 19.123, que consagra el derecho inalienable e imprescriptible de los familiares de detenidos desaparecidos para conocer el destino de éstos y, además, las circunstancias del desaparecimiento y, por tanto, la identidad de los hechores. O sea, una cosa es el mecanismo que ahora estamos implementando, de resultado incierto, que ojalá sea positivo, y otra es el instrumento que establece el artículo 6º de la ley Nº 19.123, que no se ve en absoluto afectado por el proyecto en análisis.

El quinto punto que me parece importante precisar es que subsiste una situación de relativa ambigüedad, al decirse, en el artículo único, inciso primero, que la identidad de quien declara quedará en reserva cuando entregue información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.

¿Quién juzga si la información es útil y conducente? Ése es un punto que no queda claro. Para mí, por lo menos, el único que puede juzgar eso es el tribunal, es decir, el juez respectivo.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Pido tranquilidad. Creo que es interesante para todos los presentes que escuchen los diferentes planteamientos. Pueden gustar o no; pero es importante que los conozcan.

Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Advierto al público presente que, de acuerdo con el Reglamento, no puedo permitir intervenciones desde las tribunas. Deseo evitar tomar la medida de desalojarlas. Por lo tanto, les pido, por favor, que guarden silencio, por el bien de todos. Si alguno de los asistentes a las tribunas tiene algo que decir, puedo escucharlo fuera del Hemiciclo.

Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK .-

Señor Presidente , creo interpretar el sentimiento de una importante mayoría de nuestro país que nos ha planteado con distintas voces, fuerza y en diferentes oportunidades la necesidad de desarrollar el mayor esfuerzo posible para permitirnos superar los conflictos y divisiones del pasado; la necesidad de recuperar la confianza que siempre debe existir entre los diferentes sectores políticos, para que, en conjunto, sin divisiones ni conflictos, podamos dar solución a tantos y tan urgentes problemas que afectan a nuestra gente; la necesidad de terminar con una situación injusta, para evitar que las nuevas generaciones de nuestro país hereden conflictos y divisiones de los cuales no tienen responsabilidad alguna.

En ese sentido, la Alianza por Chile, tanto Renovación como la UDI y nuestro ex candidato presidencial, don Joaquín Lavín , en distintos momentos hemos manifestado, con mucha fuerza, nuestra voluntad y decisión -y hemos trabajado en ello- de construir un acuerdo que nos permita reencontrarnos con una mayor paz social entre los chilenos.

En ese espíritu y con tal propósito valoramos muy especialmente el esfuerzo realizado por la Mesa de Diálogo y el acuerdo suscrito. Lo entendemos como un paso de gran trascendencia histórica y social para avanzar, precisamente, en la solución de los problemas de derechos humanos aún pendientes. Y hoy reafirmamos nuestra confianza en tal sentido, porque esperamos que el acuerdo de la Mesa de Diálogo pueda culminar con pleno éxito, ya que el país así lo necesita. En ello, y ante el Senado, comprometemos nuestra voluntad política de colaborar para que sea realidad.

Respecto de los contenidos del acuerdo de la Mesa de Diálogo, deseo hacer tres reflexiones que se relacionan con tres aspectos distintos que él aborda: una acerca de las visiones del pasado, otra referida a las urgencias del presente, y finalmente, sobre los compromisos que debemos asumir hacia el futuro.

En cuanto a lo primero, creo que la Mesa de Diálogo por medio de su documento hace un aporte de especial relevancia. Es fundamental, si queremos avanzar en la paz social del país, que tengamos, no una visión única de nuestra historia, pues sería absurdo, pero sí la posibilidad de compartir ciertos hechos sustanciales y, más aún, que nos respetemos nuestras distintas visiones con relación a algunos hechos de reciente data.

El documento de la Mesa de Diálogo hace un aporte relevante en este sentido. En primer lugar, se rechaza la espiral de violencia que nuestro país sufrió en la década del 60, agravada, como el propio documento lo señala, por el hecho de que ciertos sectores de la vida política en ese entonces asumieron y utilizaron la violencia como método de acción política. Hay un rechazo expreso -reitero- a la situación de violencia de los años 60 que considero muy importante que sea compartido.

Al mismo tiempo, se reconoce el hecho de que podemos tener diversas pero legítimas apreciaciones de los sucesos del 11 de septiembre de 1973, y que fueron la culminación, precisamente, de la espiral de violencia que se vivió en los momentos previos.

Finalmente, considero de especial importancia que se haya asumido un rechazo común y condenado las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el Gobierno militar, y se haya repudiado la acción violenta que utilizaron algunos opositores contra dicho régimen.

Estos tres elementos que aporta la Mesa de Diálogo, el reconocimiento y rechazo común acerca de nuestro pasado, y el respeto implícito de las divergencias que tengamos en relación con esos hechos, creo que son un paso decisivo en la construcción de un espíritu de reencuentro y no de descalificaciones.

En segundo lugar, hay también una contribución relevante que dice relación a las urgencias de hoy. Todos los sectores hemos venido señalando que la posibilidad de alcanzar un acuerdo que nos permita dar solución a los problemas pendientes de derechos humanos exige y requiere que desarrollemos los mayores esfuerzos posibles para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, si ello fuera imposible, reunir antecedentes que puedan determinar las circunstancias de su muerte.

¿Qué ha pasado? En este esfuerzo, al cual todos hemos comprometido nuestra voluntad política para que pueda materializarse, ha sucedido que los procedimientos ordinarios utilizados hasta el momento por los tribunales de justicia, luego de más de 25 años, no han tenido la eficacia suficiente para dar respuesta a este problema.

Por eso -y así se ha planteado en diversas oportunidades- era necesario generar un mecanismo nuevo, distinto, que abriera un camino más eficaz en el logro de ese objetivo.

La Mesa de Diálogo, a nuestro juicio, establece un procedimiento que tiene un doble valor: primero, uno de inmenso carácter ético, porque el mecanismo diseñado compromete -y así lo han hecho formal y solemnemente- a las Fuerzas Armadas para recopilar antecedentes y hechos que permitan encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o aportar datos sobre las circunstancias de su muerte. Tiene un inmenso valor ético -insisto- el hecho de que las propias Fuerzas Armadas hayan comprometido solemnemente todo su esfuerzo en esta tarea.

Así, señor Presidente...

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Advierto que me veré en la obligación de hacer desalojar las tribunas.

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Les pido, por favor, tranquilidad.

Ustedes, señoras dirigentas, pongan tranquilidad.

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Reitero que me veré obligado...

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

No puedo dialogar con los asistentes a las tribunas.

Tendré que suspender la sesión.

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ordeno desalojar las tribunas.

Se suspende la sesión.

__________________

--Se suspendió a las 19:1.

--Se reanudó a las 19:7.

__________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Para dar cumplimiento al acuerdo sobre término del debate, una vez que concluya el Senador señor Chadwick intervendrá el Honorable señor Núñez , y después, conforme a las normas aplicadas en otras oportunidades, se votará. Cada pronunciamiento será fundamentado según el orden de inscripción, para luego proseguir en la forma reglamentaria.

Retoma el uso de la palabra el Senador señor Chadwick.

El señor CHADWICK .-

Señor Presidente , como expresaba hace un momento, el mecanismo establecido por el acuerdo de la Mesa de Diálogo reviste un doble valor, a mi juicio: por una parte, el de carácter ético derivado del compromiso asumido por las Fuerzas Armadas, y por la otra, el de la eficacia, en la cual confiamos. Porque se ha determinado, a través del proyecto de ley en análisis, un sistema simple, directo, pero indispensable si el objetivo consiste en poder obtener antecedentes: el del secreto profesional. En efecto, la reserva es completa y absoluta en cuanto a la fuente de la información, respecto de cualquier tercero o autoridad (para despejar una duda que se ha señalado aquí durante el debate acerca del alcance de la medida). Esperamos -insisto- que este mecanismo sea eficaz para lograr lo que hasta el momento ha sido imposible a través de los procedimientos ordinarios de la justicia: dar con el paradero de los detenidos desaparecidos.

Asimismo, quiero hacer una reflexión en este instante sobre un tema que no se puede obviar, con relación a los procesos sobre derechos humanos aún pendientes ante los tribunales.

Sin duda alguna -y en ello creo que no cabe ninguna otra interpretación-, la iniciativa que nos ocupa en nada interfiere la acción de los tribunales de justicia. Pero, junto con señalar lo anterior, también me parece importante asumir que esos juicios no gozan hoy de un elemento básico, de un principio fundamental del Estado de Derecho y que todo proceso penal merece: la certeza jurídica. En la actualidad no se sabe a ciencia cierta cuál es la legislación aplicable a los procesos pendientes en la materia. Y ello ha ocurrido por las múltiples y diversas interpretaciones judiciales, contradictorias entre sí, manifestadas en la dictación de resoluciones.

Pienso que lo aseverado por el Primer Mandatario en su discurso a raíz del acuerdo de la Mesa de Diálogo en el sentido de que, una vez obtenida la información, iba a enviarla a los tribunales de justicia y de que esperaba que ellos hicieran lo que correspondía conforme a derecho, implica que esa tarea debe hallarse dotada de certeza jurídica, elemento esencial para todo proceso judicial.

Al inicio de mi intervención, señor Presidente , destaqué que en el documento de la Mesa de Diálogo veía también un importante compromiso respecto del futuro, quizás el más trascendente que ese texto contempla.

Señala el acuerdo -y comencé mis palabras refiriéndome al punto- que no es justo que las nuevas generaciones de chilenos sean víctimas de las divisiones y conflictos del pasado. Ellos no tuvieron responsabilidad alguna en esas situaciones.

Por tal razón, así como se hace un esfuerzo por buscar una historia donde podamos encontrarnos, un mecanismo que permita superar los problemas de derechos humanos y hallar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, insisto en que me parece muy relevante que el documento -y asumimos lo que ello significa- importe un compromiso en cuanto al futuro. Queremos que en el país nunca más, bajo ninguna justificación, se use la violencia como método de acción política y que nunca más, bajo circunstancia alguna, se violen los derechos humanos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

En primer lugar, señor Presidente , lamento muy profundamente que haya sido preciso desalojar las tribunas. El tema de que se trata es extraordinariamente importante. Sin duda, la Mesa no tiene responsabilidad en lo sucedido, como tampoco la tienen los señores Senadores que han emitido sus opiniones. Creo que el hecho mismo demuestra que los chilenos todavía carecemos de capacidad de diálogo y de escucharnos.

Entiendo perfectamente a los familiares de los detenidos desaparecidos. Entre ellos se incluyen numerosas compañeras de mi Partido. Todas esas personas experimentan mucho dolor. Por desgracia, tal sufrimiento, a veces, no nos permite escucharnos. Y me parece que lo que hacemos hoy es un intento por avanzar en el proceso de reentendimiento, que es básico si no queremos seguir hundiéndonos más en la división y el distanciamiento entre todos.

Señor Presidente , el proyecto sometido a la consideración del Senado es, sin duda alguna, de máxima trascendencia para nuestro país. Constituye, como se sabe, el fruto de un largo debate desarrollado en la denominada "Mesa de Diálogo", instalada gracias a la tenacidad del Ministro de Defensa señor Edmundo Pérez Yoma y de su sucesor, señor Mario Fernández , y que contó con el firme respaldo del Presidente Frei , hoy entre nosotros como Senador, y del actual Jefe de Estado , señor Ricardo Lagos .

Digámoslo francamente: no era fácil ni predecible saber con antelación si dicha Mesa de Diálogo iba a llegar efectivamente a un buen resultado. Si ello fue posible -es decir, si aquélla obtuvo un producto concreto, respecto de parte del cual corresponde hoy que el Senado se pronuncie-, se debió básicamente a que en sus integrantes primaron, en lo fundamental, la buena fe y la disposición positiva de no ocultar, por dolorosas que fueran, las diferencias objetivas existentes entre ellos.

Eso es, tal vez, lo más relevante de tal instancia, la cual demostró en la práctica que la buena fe y la confianza no son incompatibles con las legítimas diferencias aún subsistentes en el país para interpretar nuestro pasado, para analizar determinados fenómenos, especialmente aquellos que vivimos durante la década de los 60, como el de la violencia, y para enfrentar los dramas acaecidos en el país luego del 11 de septiembre de 1973.

Al respecto, deseo reiterar ante esta Sala tanto mi respaldo como el del Partido Socialista al documento final que la Mesa de Diálogo entregó al país en días recientes, porque contiene aportes de evidente significación. Gracias al empuje del Presidente Lagos , precisamente en los momentos en que más se requería su apoyo y opinión, el texto final recoge acertadamente cuestiones como la necesidad de erradicar definitivamente la violencia en la práctica política de Chile, de valorar el camino democrático como el único posible para acceder al poder y el acuerdo de impulsar en la enseñanza nacional -incluyendo también a los institutos armados- el estudio tanto de los derechos humanos como del derecho humanitario internacional.

Estos son, indiscutiblemente, aportes muy importantes, desgraciadamente muy poco relevados en estos días en que se ha abierto un intenso debate tanto a propósito de las conclusiones de la Mesa de Diálogo como del proyecto de ley sometido hoy a consideración del Senado, que establece -como todos sabemos- la obligación del secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos.

Siendo en sí positivos estos resultados, deseo resaltar el hecho de que en el documento, por primera vez en este largo período de transición, las Fuerzas Armadas y de Orden han reconocido que durante el Régimen militar se violaron sistemática y masivamente los derechos humanos de un sector mayoritario de chilenos, y que, por la lógica propia de los hechos sucedidos, el Estado de Chile implementó una política de terrorismo, imposible de negar a estas alturas del proceso histórico.

Tal reconocimiento es, sin duda, un paso extraordinariamente positivo que todos valoramos en la medida en que implica no sólo que las Fuerzas Armadas y de Orden asuman una suerte de deuda moral y ética respecto de quienes fueron las víctimas de esa política, sino también, en lo fundamental, por ese reconocimiento, tienen la obligación, ante el país y las instituciones que representan, de responder positivamente al compromiso solemne de reunir todos los antecedentes de aquellos chilenos que aún permanecen detenidos desaparecidos.

Señor Presidente , a propósito de ese documento, hay un tema sobre el cual los socialistas tenemos observaciones de fondo. Me refiero a la frase que habla de la violencia que vivió Chile durante la década de los 60 y que "culminó el 11 de septiembre de 1973". Sobre este asunto, es bueno que de una vez por todas los chilenos sepan todas las verdades y no sólo una, aquella que antojadiza y arbitrariamente se ha intentado establecer como la verdad absoluta y total. Esta absurda pretensión no sólo carece de rigurosidad histórica, sino que además oculta intencionadamente una serie de hechos ocurridos en la década señalada que, tratados con altura de miras, podrían dar una visión más acabada de los orígenes y de las consecuencias de esa violencia política que hoy todos -y no sólo algunos- quieren desterrar de nuestra práctica política.

En relación al proyecto mismo, quiero puntualizar lo siguiente, manifestando, desde ya, mi pleno acuerdo a las observaciones jurídicas formuladas por el Senador señor Viera-Gallo .

Primero, apoyamos la iniciativa legal en discusión, por cuanto la consideramos positiva en la tarea de encontrar a tantos chilenos detenidos desaparecidos.

Segundo, la eficacia del procedimiento que se propone dependerá de la capacidad que muestren las Fuerzas Armadas de dar respuesta positiva -como ya está dicho- al requerimiento de entregar los datos que poseen sobre las circunstancias y destino de tantos compatriotas desaparecidos.

Tercero, desde nuestra perspectiva, este proyecto no es un punto final para el tema de los derechos humanos. No se trata de generar impunidad alguna para aquellos que resulten culpables de delito, según lo establezca la justicia, ni menos busca eximir de responsabilidad a nadie. Sabiendo que el tema reviste discutibles puntos de vista, y sobre el cual existen visiones jurídicas diferentes, nosotros siempre hemos sostenido la idea de que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles, según lo establecen todos los convenios que sobre esta materia ha suscrito Chile en el ámbito internacional. Sé que éste es un asunto difícil, que debe ser discutido y dársele respuesta positiva.

Señor Presidente , al terminar mi intervención, reitero que desde nuestro punto de vista es absolutamente legítimo -y es más: explicable- la oposición a este proyecto de quienes integran la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ellos, como tantos chilenos, tienen derecho a sostener que esta iniciativa legal nos lleva a una suerte de impunidad, afirmación que obviamente no comparto, pero que es posible sustentar por cuanto expresa la desconfianza -también legítima- en relación a la real disposición de las Fuerzas Armadas y de Orden de entregar los antecedentes -que, sin duda, tienen- respecto de los chilenos detenidos desaparecidos.

Tengo fe y tenemos fe en que las Fuerzas Armadas harán un gran esfuerzo patriótico para enfrentar el compromiso que han asumido ante el país.

Señor Presidente , sigo creyendo que la justicia chilena ha de cumplir con el alto poder y autoridad que posee. Confío en que nuestros jueces sabrán responder a la idea de que un país no se reconstruye en la confianza mínima y elemental que deben tener todos sus miembros si ella no se basa en la verdad y la justicia como bienes superiores e indispensables para aspirar a vivir en una sociedad civilizada.

Al dar mi voto favorable, lo hago pensando en tantos compañeros y amigos socialistas, a quienes aún no encontramos, a pesar del esfuerzo que hemos desplegado, particularmente sus propios familiares. Con esta iniciativa legal esperamos hallarlos, no sólo para darles sepultura, sino para seguir luchando por la justicia que ellos merecen.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Conforme a lo acordado, se da por cerrado el debate.

Según el orden de inscripción, los Senadores que aún no han intervenido pueden fundamentar su voto por cinco minutos.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO .-

Señor Presidente , trataré de explicar brevemente mi posición favorable al proyecto.

Creo que tienen mucho de razón los planteamientos que los familiares de los detenidos desaparecidos formularon en la Comisión, como también sus dudas sobre el tema de fondo, es decir, cómo restañar realmente la herida que en la sociedad chilena produjeron las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Régimen militar. Su duda, en cuanto a que este proyecto -aunque no tenga nada que ver- se constituya en una señal para que los tribunales de justicia no sigan investigando ni determinando la responsabilidad de quienes cometieron esos crímenes, es pertinente y razonable. Yo la rescato porque, efectivamente, ella también forma parte del sentimiento mayoritario del país.

Es cierto -como dijo un señor Senador de Derecha - que gran parte de los chilenos quiere superar las divisiones del pasado; pero también es más cierto aún que la inmensa mayoría desea verdad y justicia. Esto es algo que el Senado no puede olvidar en ningún momento. A veces, es fácil decirlo, sobre todo desde las bancas donde tal vez el dolor sea menor -aun cuando existe dolor también-, o desde las bancas donde hubo mucha responsabilidad en la gestión del Gobierno militar.

Me alegro de que hoy se haga una valoración por parte de las bancadas de la Derecha respecto del resultado de la Mesa de Diálogo. La verdad es que aquí deberíamos disponer de mucho más tiempo para discutir los temas políticos de fondo, por cuanto eso significa un cambio importante después de que el propio presidente del principal partido de Oposición diera por fracasada la Mesa de Diálogo, diciendo que no conduciría a nada. Y hoy, como digo, me alegro de que en esta Sala se establezca un compromiso y una voluntad política de apoyo a los resultados de la Mesa de Diálogo y que, a partir de este proyecto, haya un ofrecimiento de colaboración para lograr su objetivo principal, cual es acercarnos a la verdad de lo que sucedió con los detenidos desaparecidos y encontrar, ojalá, sino la totalidad, parte de los cuerpos de las víctimas.

Sin embargo, me parece que hoy no basta esa manifestación de voluntad, ni que las Fuerzas Armadas y de Orden hayan asumido con mucha altura de miras el desafío de reconocer -como dijo el Senador señor Núñez - lo sucedido en nuestro país durante esos años. Además, es necesario adquirir el enorme compromiso frente a la nación de recabar la información y de entregarla. Porque también tienen razón los familiares de los detenidos desaparecidos al sostener que evidentemente la información la tienen los militares y los miembros de las Fuerzas de Orden. ¿Quién más podría tenerla? ¡Sólo ellos! Y la pregunta obvia es por qué no la han proporcionado antes. Instancias han existido; oportunidades ha habido.

Por eso, es bueno destacar el hecho político de que esa voluntad se manifiesta hoy a través de un compromiso ante el país y, además, con la implementación de la presente iniciativa, que permitirá que esa información la recaben quienes actualmente dirigen las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Sin embargo, nosotros no podemos evadir el tema de fondo. Me alegro de que el asunto se haya planteado en los términos que hemos conocido. Y el hecho de que el proyecto contribuya a acercarnos a esa verdad nos induce a considerarlo en forma positiva y votarlo a favor. Pero, indiscutiblemente, el objetivo de fondo de nuestra sociedad no puede ser otro que establecer la verdad y hacer justicia.

Al respecto, es importante que el Senado deje constancia en el debate de que la justicia efectivamente la aplican los tribunales. Y los tribunales deben entender -al contrario de lo afirmado por los familiares de los detenidos desaparecidos, que estiman que el texto en estudio es una señal negativa para que aquéllos sigan investigando- que existe una voluntad ciudadana muy mayoritaria que busca la verdad y quiere que en democracia ellos cumplan su papel a cabalidad, y no como lo hicieron en el pasado, cuando no estuvieron a la altura para defender la vida de muchos seres humanos.

Voto a favor.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , lo relevante del proyecto, a diferencia de todas las iniciativas anteriores, es que esta vez son las Fuerzas Armadas y de Orden las que a través de sus Comandantes en Jefe han comprometido su honor frente al país y al Estado de Derecho, representado por el Presidente de la República , en poner todo su esfuerzo en la obtención de esa verdad.

No es fácil para nosotros hacer este voto de confianza. Tenemos a nuestras espaldas 27 años de desconfianzas. Siento, sin embargo, que con este acuerdo estamos iniciando un nuevo camino. De ahí la importancia de que las confianzas que hoy día renacen no sean defraudadas.

Fundamentaré mi voto favorable a la iniciativa derivada de la Mesa de Diálogo en la plena convicción de que todos sus interlocutores, venciendo muchos obstáculos e incomprensiones, trabajaron arduamente en este proceso guiados por los intereses superiores del país.

Cabe reconocer muy especialmente -porque me parece que se lo merece- el aporte y sacrificio de la abogada señora Pamela Pereira , Vicepresidenta del Partido Socialista e hija de un detenido desaparecido. Para ninguno de los interlocutores de la Mesa de Diálogo fue fácil concurrir a la cita del Ministro de Defensa , pero creo que para Pamela Pereira fue particularmente difícil.

Con todo respeto, mucha comprensión y solidaridad para con aquellos familiares de detenidos desaparecidos que rechazan el acuerdo, yo les pediría ponerse por un momento en el lugar de Pamela Pereira, quien comparte idéntico dolor y la tragedia que durante más de un cuarto de siglo han vivido las madres, los hijos, las esposas de más de un millar de detenidos desaparecidos, que han luchado incansablemente por la verdad y la justicia.

Es cierto que el tema es muy complejo, pero estoy convencido de que hay fundamentos profundamente éticos y morales en este esfuerzo por conocer la verdad y clarificar el destino final de las víctimas de ese método de represión tan inhumano.

Con buenas razones es factible impugnar la Ley de Amnistía autodictada por el Régimen militar. Con toda legitimidad, los familiares de detenidos desaparecidos pueden y deben mantener su demanda de justicia. Pero al final hay un hecho indesmentible: durante 25 años hemos buscado vanamente la verdad por distintas vías y mecanismos. Los familiares han recurrido a los tribunales de justicia para demandar castigo a los culpables; han denunciado la situación en todos los foros internacionales; han movilizado a la inmensa mayoría del país en apoyo a sus demandas. Sin embargo, pese a todos esos enormes sacrificios y esfuerzos, sólo hemos alcanzado una mínima parte de la verdad.

El proyecto que ahora discutimos es, sin duda, limitado. Reconozcámoslo derechamente. Apunta a saber la verdad y clarificar el destino final de los detenidos desaparecidos. Yo comprendo y comparto la frustración de los familiares al sentir que alcanzar la verdad pudiera alejar la justicia que demandan. Pero estoy seguro de que esa verdad, por dura y dolorosa que sea, es el inicio de un camino que traerá certeza y consuelo para muchos.

En mi opinión, la presente iniciativa no será una ley de punto final. No se cerrará con ella uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. No obstante, en algún momento, con un paso más avanzado, sabiendo y asumiendo esa dura verdad, deberemos realizar una discusión mucho más trascendente y de fondo que la de hoy, para determinar con sabiduría, mirando el interés superior del país, cómo superar definitivamente los traumas que aún pesan sobre nuestra convivencia. Considero que todavía no es el momento para adoptar esa dramática decisión. Y no lo será mientras no sepamos la verdad. Toda la verdad.

Señor Presidente , deseo expresar también nuestro reconocimiento a los abogados de derechos humanos que asumieron esa pesada responsabilidad; a las altas autoridades morales y religiosas que se involucraron; al Ministro de Defensa anterior señor Edmundo Pérez Yoma , y al actual, señor Mario Fernández ; en fin, a todos los interlocutores que participaron de la Mesa de Diálogo.

Voy a detenerme un momento en esta parte porque me parece importante hacer explícito el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de Orden, que, con entereza y con la vista puesta en el bien común de la patria, vencieron resistencias internas y externas para dialogar y construir un acuerdo que las compromete con quienes, erróneamente, alguna vez consideraron como enemigos. Comprendo perfectamente el esfuerzo realizado por sus representantes, quienes, superando poderosos obstáculos, mantuvieron el diálogo y expresaron su voluntad de llegar a un acuerdo que los involucra muy solemnemente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , sólo necesito dos minutos para terminar la fundamentación de mi voto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Sólo un minuto más, señor Senador.

El señor OMINAMI.-

Desgraciadamente, no puedo concluir esta intervención sin hacer presente mi preocupación por lo que creo puede convertirse en una grave injusticia histórica al centrar todas las responsabilidades en las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile.

De alguna manera, soy parte de la que se ha dado en llamar "la familia militar" y, desde esa sensibilidad, me parece fundamental que todos asumamos nuestras responsabilidades.

Pienso que ésta no es una historia que involucra solamente a militares y a izquierdistas. Desde la Izquierda, muchos hemos realizado una crítica particularmente severa de nuestras actitudes. Pero con cierta tristeza advierto que hay sectores que no han sido capaces de revisar críticamente sus propias actuaciones. Me refiero a aquellos que inspiraron el golpe de Estado; a quienes tempranamente golpearon los cuarteles; a quienes les tiraron trigo a los oficiales de las Fuerzas Armadas y clamaron por la intervención militar. Me refiero, en suma, a los sectores que constituyeron la base civil de apoyo al Régimen militar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Señor Senador ,...

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , permítame sólo un minuto más, para terminar.

El señor MARTÍNEZ .-

Yo le cedo un minuto de mi tiempo, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ruego a Su Señoría redondear su intervención.

Puede continuar hasta por un minuto.

El señor OMINAMI.-

Me refiero, señor Presidente , a los sectores que constituyeron la base civil de apoyo al régimen militar y que guardaron silencio cómplice frente a las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, convencidos de que ése era el costo que había que asumir para imponer un determinado modelo económico.

Un general norteamericano -y con esto termino- hizo una amarga reflexión acerca de la guerra de Corea, concluyendo que había luchado, finalmente, para defender los intereses de algunas transnacionales. No creo que los militares chilenos hayan dado el golpe de Estado para favorecer determinados intereses empresariales, pero debo decir que, luego del resultado del plebiscito que dio el triunfo a las fuerzas del "No", a la Derecha le preocupó principalmente blanquear los procesos de privatizaciones y mantener los enclaves autoritarios. Los derechos humanos y los problemas judiciales que pudieran enfrentar las Fuerzas Armadas no estuvieron en su campo de preocupaciones.

Espero que a partir de este acuerdo, todos, señor Presidente, todos podamos hacer nuestra contribución a la reconciliación nacional.

Voto favorablemente.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , aprovecharé estos minutos sólo para subrayar ciertos aspectos que algunos de los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, particularmente el Honorable señor Chadwick , ya mencionaron, interpretando de un modo claro lo que sentimos frente a lo que estamos decidiendo.

En primer lugar, valoro el significado que para el país ha tenido la Mesa de Diálogo. Probablemente, ante el escepticismo de muchos, al final el hecho de haber sentado a representantes de las Fuerzas Armadas junto a abogados de los derechos humanos, rodeados de otros personeros de distintas agrupaciones que se han confrontado entre sí, que han tenido desencuentros profundos y sustanciales durante muchos años, constituye un hecho sobresaliente. Debemos agradecer a todos el que hayan tenido la generosidad, incluso la humildad, para dar un paso que seguramente los obligó a vencer muchas resistencias, públicas y privadas.

Sin embargo, es en torno de los acuerdos donde más debemos mostrar nuestra valoración. Primero, porque en ellos se expresa el reconocimiento de una realidad que envenenó el alma chilena durante décadas; que se inició en los años 60, cuando empezó a propiciarse la violencia política como método de acción legítimo, aceptado y reconocido por muchos. Esa realidad terminó posteriormente en lo que puede esperarse cuando se ventilan tales ideas: aplicando la violencia en uno y otro sentido.

Creo que el valor de lo logrado por esa Mesa de Diálogo radica en haber dado cuenta de los hechos que nos condujeron al 11 de septiembre, de los problemas que lo antecedieron y de los que lo sucedieron. Ese solo reconocimiento es digno de destacar, más todavía cuando en sus recomendaciones hay un compromiso para que, junto con repudiar y rechazar el uso de la violencia, nos comprometamos a nunca más utilizarla, bajo ningún concepto.

Sin embargo, en el ámbito de los reconocimientos, lo que me llama poderosamente la atención es el hecho de que, en el análisis practicado por la Mesa, a diferencia de lo que corrientemente ocurre en estas instancias, más que seguir el camino habitual de afirmar "Tú eres el culpable", lo que sólo encuentra como réplica el mismo raciocinio: "No, el culpable eres tú", que no conduce a lugar alguno y que por el contrario contribuye a mantener tensiones y a perseverar en la división entre los chilenos, lo que el documento expresa es que todos de alguna manera fuimos culpables.

En nuestro país, todos tenemos un juicio acerca de lo que ocurrió, el que puede ser legítimo y quizá necesario; juicio de carácter político, ético y de toda índole. Pero si queremos realmente alcanzar la reconciliación, la unidad, el seguir caminando como un país de hermanos, no es conveniente entregarse al juego de asignar responsabilidades. Dejemos que la historia realice ese juicio, aparte del que nosotros tenemos.

Éste es un hecho que quiero subrayar especialmente, porque contiene la lógica que permite el avance: no seguir imputando responsabilidades, sino que más bien reconociendo las propias en los hechos del pasado; en lo que hicimos o en lo que dejamos de hacer. En mayor o menor grado, todos tenemos responsabilidades, y el criterio propuesto por la Mesa de Diálogo mediante el presente acuerdo es especialmente valioso.

Respecto de la solución misma, quizá comparta también cierto escepticismo. En verdad, después de 25 años en que no hemos dado con la respuesta, a pesar de haberse ensayado formas y caminos para ello, ¿por qué pensar que hoy, con una solución mágica vamos a encontrarla? Tal vez no. O acaso más tarde tengamos que reconocer que pudo idearse una fórmula mejor. Pero ahora hay una fórmula, y su fuerza radica no tanto en sus contenidos específicos, sino más bien en la base que la sustenta. Por eso no hemos querido introducirle cambios, ni precisiones ni modificaciones, puesto que podrían llegar a tergiversar la voluntad que dio origen a esa fórmula.

Pienso que nuestra contribución, junto con hacernos partícipes de este reconocimiento, el que a mi juicio ha hecho posible alcanzar el acuerdo, consiste en apoyar la fórmula tal cual está propuesta por la Mesa de Diálogo, en la esperanza de que pueda entregar resultados. No lo digo para que el día de mañana, si no resulta exitosa, podamos afirmar "Bueno, lo insinuamos, lo anticipamos". No. Lo digo simplemente porque creo que si en tanto tiempo no hemos logrado resolver estas inquietudes, tal vez en estos seis meses seremos capaces de dar un paso sustancial, aunque no sea definitivo; un paso que sirva para el reencuentro entre los chilenos mediante un logro que es clave: el de ubicar el paradero de los desaparecidos. Mientras no lo hagamos, habrá una herida abierta en el alma chilena. Pienso que todos, uniformados y civiles, por la responsabilidad que tenemos, debemos contribuir a que eso ocurra, ojalá al más breve plazo posible.

Por estas consideraciones, voto que sí.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , sin dejar de reconocer las buenas intenciones y la sinceridad que tanto el ex Presidente Frei como el Presidente Lagos han puesto en este intento, creo que un proyecto tan importante, que toca heridas tan profundas, no puede ser discutido y aprobado sólo en un día, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. Un procedimiento así desvirtúa la ecuanimidad necesaria.

En segundo lugar, opino que la forma en que se está aprobando, tal como ha sido presentada, no va a cumplir su propósito del modo que la gran mayoría de los chilenos quisiera. Personalmente, me pareció más práctica y eficaz la discusión que estábamos sosteniendo en la Comisión de Derechos Humanos, bajo la presidencia del Senador señor Silva .

Por último, no sólo me asaltan dudas acerca de la transparencia y la eficacia del acuerdo, sino que, más importante, tengo problemas de conciencia para aprobarlo. Muchas personas lucharon conmigo en el PRODEN (Proyecto de Desarrollo Nacional) y en el diario " Fortín Mapocho ", y desaparecieron sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

En consecuencia, sin efectuar un análisis más profundo, como me hubiese gustado hacerlo, para no seguir polemizando más sobre un asunto tan delicado, prefiero manifestar mi posición contraria al proyecto. ¡Dios quiera que yo esté equivocado!

Voto que no.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , no voy a entrar a la cuestión de fondo sobre derechos humanos. He dejado claramente expuesta mi posición desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, deseo hacer una pregunta al señor Ministro de Justicia .

Señor Presidente , tenemos tribunales que, a pesar del principio pro reo, no aplican ni la Ley de Amnistía ni las prescripciones. Tenemos tribunales que inventan la figura de "secuestro permanente". En fin, tenemos tribunales que, por la interpretación que dan a la ley, terminan por no respetar ni su sentido ni su espíritu.

Por eso, señor Presidente , no me queda claro qué interpretación darán los tribunales a este proyecto que estamos aprobando. De hecho, un señor Senador ha expresado que entiende que las personas que reciban la información sólo deben guardar la reserva ante terceros, pero no ante el juez. Asimismo, un señor Senador ha sostenido que la reserva únicamente debe mantenerse cuando quien entrega la información no es el hechor. En ese caso, alguien tendría que determinar si el que proporcionó la información es o no el hechor y, luego de investigar esto último, ver si efectivamente hay que mantener o no la reserva.

Señor Presidente , antes de votar, quiero pedir al señor Ministro de Justicia que diga cuál es, a su entender, el alcance de la normativa, con el objeto de que su opinión quede registrada en la historia fidedigna de la ley.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Vamos a hacer una interpretación extensiva del Reglamento, específicamente de su artículo 169, inciso final, relativo a la interpelación a los Secretarios de Estado, con el fin de que el señor Ministro de Justicia pueda responder a la Honorable señora Matthei .

¿Estaría disponible el señor Ministro para dar esa respuesta?

El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-

Siempre voy a estar disponible, señor Presidente .

Respecto de la interpretación de la ley, es a los tribunales de justicia a los que corresponde hacerla. Y puede haber distintas interpretaciones porque en Chile, a diferencia de Estados Unidos y otros países donde impera el sistema angloamericano, existe jurisprudencia permanente. Ése es el procedimiento que siempre se ha aplicado en nuestro país. Los tribunales nacionales interpretan la legislación de la manera que ellos consideran más adecuada y todos nosotros tenemos la obligación de aceptar esa interpretación. Y si no nos gusta, debemos tratar de modificarla vía los recursos que la propia ley establece.

En cuanto a la consulta de la Senadora señora Matthei , lo que el proyecto establece claramente es la obligación de reserva respecto del nombre o identificación de la fuente que entregue antecedentes. Para esos efectos, se dispone que deberán ser las instituciones pertinentes las que designen de entre sus miembros a los que estarán destinados a recibir la información, quienes tendrán la obligación, de acuerdo con la ley, de mantener de por vida la reserva de la persona que les proporcione los antecedentes, de forma tal que no sea posible su identificación. Esto regirá sólo respecto de las personas que entreguen información, pero no en cuanto a los hechos, los cuales deberán ser comunicados al Presidente de la República para que éste, a su vez, los ponga a disposición de los tribunales de justicia con el fin de que puedan realizar su trabajo.

Ése es el sentido de la reserva que establece el proyecto en lo tocante a quienes hagan entrega de información.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Recupera la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Queda claro, entonces, que respecto de los hechos no habrá reserva. Y, según la interpretación del señor Ministro de Justicia , quienes reciban la información deberán guardar reserva de por vida acerca de los nombres de las personas que se la proporcionen.

Me gustaría, señor Presidente , que la interpretación del señor Ministro quedara registrada en la historia fidedigna de la ley, porque en estos momentos considero necesario dejar en claro no sólo su letra, sino también su espíritu, lo que, a mi juicio, en general no se está cumpliendo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Hago presente a Su Señoría que se ha tomado debida nota de lo señalado en la Versión Taquigráfica del Senado.

La señora MATTHEI.-

Muy bien, señor Presidente.

Entonces, voy a votar a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En votación el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor BOENINGER.-

Señor Presidente , el proyecto abre por primera vez la potencialidad de que un procedimiento como el que él establece permita obtener información efectiva respecto del destino de los detenidos desaparecidos.

Segundo: el acuerdo de la Mesa de Diálogo ha sido posible, en primer lugar, por la voluntad política que condujo a su instalación. De ahí mi reconocimiento al Presidente Frei y a su Ministro Pérez Yoma . Y, en segundo término, porque la confrontación cara a cara de los actores directamente involucrados permitió establecer las confianzas necesarias para concordar el texto que hoy conocemos, al que la clase política no pudo arribar por sí sola debido a las extremas desconfianzas entre los sectores que cada uno creía o debía interpretar.

Tercero: está claro que el proyecto no afecta en ningún aspecto la labor de los tribunales ni toca en modo alguno ni en ninguna de sus partes la legalidad vigente. No hay mensaje a los tribunales, como algunos sospechan, ni paso alguno en un sentido de impunidad.

Desde mi perspectiva, resulta fundamental el reconocimiento, institucionalmente consagrado por las Fuerzas Armadas a través de sus representantes en la Mesa, de las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes y organizaciones del Estado durante el Gobierno militar. Por cierto, también es valiosa la condena a la violencia política, pero creo que todos ya la habíamos hecho.

Comprendo, ciertamente, el dolor y la pasión en la actitud que han tenido los familiares de los detenidos desaparecidos, que les ha impedido, a veces, calibrar el profundo valor del solemne compromiso asumido por las Fuerzas Armadas ante el país.

Entiendo que este paso no ha resultado fácil para las instituciones castrenses. Por algo tuvieron que pasar 10 años de democracia para que ocurriera. Por eso, lo valoro en todo su significado, pero, naturalmente, el movimiento se prueba andando y el resultado final sólo se va a dar si efectivamente se logra la información requerida.

Me sumo al especial reconocimiento a la abogada Pamela Pereira , pues sus circunstancias personales le hacían particularmente difícil asumir el rol tremendamente positivo que en definitiva desempeñó.

Por último, quiero decir que cada día tiene su afán, y sólo si el proceso que hoy se inicia tiene el éxito suficiente podremos empezar a pensar en el desarrollo de futuras iniciativas en este tema.

Voto que sí.

El señor CANESSA.-

Señor Presidente , este proyecto, cuyo origen viene de los acuerdos adoptados en la denominada Mesa de Diálogo, tiene por objeto dar forma legislativa a una de sus principales aspiraciones, cual es la de recabar toda la información posible y necesaria para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos.

Antes de abordar la iniciativa misma, me referiré a la denominada Mesa de Diálogo.

Una de las principales aspiraciones de cualquier sociedad civilizada es la de contar en su interior con la unidad necesaria que la guíe e ilumine en su camino, de manera de avanzar y enfrentar adecuadamente los distintos objetivos que ella misma se ha trazado.

Para nadie es un misterio que en nuestro país esa unidad dista mucho de ser realidad, y, más allá de factores temporales y hechos puntuales que cohesionan a los distintos integrantes de la sociedad bajo la apariencia de una unidad nacional, esta última no se ha logrado en plenitud en torno de un objetivo común.

Para algunos, ello se debe a una transición inconclusa, idea que no comparto; para otros, a la existencia de visiones contrapuestas e irreconciliables de lo ocurrido en nuestro país a contar de la década de los sesenta.

Uno de los efectos de la Mesa de Diálogo -tal vez el más importante- es el de haber logrado aunar criterios en personas con pensamientos esencialmente distintos y visiones muy contrapuestas sobre los acontecimientos ocurridos en nuestro país en las últimas cuatro décadas.

Ese acuerdo, si bien por sí solo no da solución a los profundos problemas que afectan a nuestro país, sirve como punto de partida para entregar un mensaje directo a la ciudadanía, y especialmente a los distintos actores políticos, de que la unidad nacional no sólo es necesaria, sino también posible, y de que se puede acceder a ella en la medida en que dejemos de lado nuestras legítimas pretensiones, en pos de un objetivo común que nos lleve a encarar con vigor y altura de miras los desafíos que el presente siglo nos depara, haciendo prevalecer los intereses superiores de la Nación, por sobre los egoísmos y las rencillas particulares.

En este orden de cosas, el presente proyecto de ley pretende facilitar la obtención de la información necesaria para determinar el paradero de los cuerpos de detenidos desaparecidos, regulando con ese objetivo lo que se conoce como el deber de reserva, institución similar, en alguna medida, a lo que actualmente en nuestra legislación se consagra como el secreto profesional.

Ahora bien, este deber de reserva no sólo se aplica a representantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, sino también a los representantes de las otras instituciones que en este proyecto se señalan, quedando de manifiesto que ésta es una responsabilidad que recae sobre la sociedad en su conjunto, lo cual refuerza la idea de unidad a que he hecho referencia anteriormente.

Si con este proyecto se pueden comenzar a cerrar las heridas de un pasado que nos entrampa y no nos permite ver con optimismo el futuro de nuestra Nación, votaré favorablemente su aprobación.

Señor Presidente, señores Senadores:

No quiero culminar esta intervención sin antes llamar a todos mis compatriotas a que reflexionemos acerca de este importante momento que vive nuestro país, que es el momento de la generosidad, la humildad y el perdón mutuo.

En ese mismo sentido, quiero aprovechar esta ocasión para rendir un homenaje sincero a todos los caídos, sin importar en qué sector estaban cuando ocurrieron los hechos que hoy el país pretende superar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente , esperanzador es el ambiente que se observa en el país. Pareciera que corren nuevos vientos. Pareciera que hay un renacer de un espíritu de convergencia, de búsqueda de la unidad.

Me parece importante el establecimiento de esta Mesa de Diálogo. En primer lugar, porque se observa una voluntad real para superar los traumas, los dolores y las heridas del pasado. Aparece un compromiso político de crear el ambiente, de catalizar situaciones para desencadenar ciertos procesos. Lo hemos visto en la Sala del Senado.

Hay un ambiente nuevo en el país. Cada cual empieza a asumir sus propias responsabilidades por los hechos equivocados del pasado y hace su propio esfuerzo para intentar reconstruir una armonía, una unidad nacional, para que todos los chilenos nos podamos mirar a la cara y buscar construir nuevas confianzas.

Me alegro por este acuerdo de la Mesa de Diálogo. Creo que efectivamente el país empieza a reencontrar una senda que le abre una expectativa insospechada, en mi opinión.

Hay un espíritu realmente muy novedoso. Esperamos que surja el fruto de la verdad, que la información fluya con rapidez y que en los próximos seis meses se conozca el destino de aquellos detenidos desaparecidos que vieron atropellados sus derechos humanos.

Me parece también importante -y quiero destacarlo- el hecho de que el Gobierno -el anterior, el del Presidente Frei, y el actual del Presidente Ricardo Lagos- se comprometa seria y responsablemente a la búsqueda de esta convergencia.

Tengo la impresión de que fue muy difícil crear ese ambiente en otras épocas. Y hoy se empieza a construir un clima distinto.

Yo me alegro mucho de esta reflexión que está haciendo el mundo político -también creo yo con responsabilidad y con un espíritu elevado, con gran sentido de patriotismo- en la búsqueda de hermanar y de construir unidad.

Y, por sobre todo, me parece importante que se avance en el ámbito religioso, en sus distintas expresiones, en cuanto a crear el ambiente que tanto necesita Chile. También me alegra el que al fin los líderes en el ámbito espiritual, más allá de las corrientes particulares, empiecen a asumir un rol protagónico en la búsqueda de la verdad y de este entendimiento.

Ojalá que los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestro país hagan su aporte y contribuyan a lograr el objetivo propuesto por la Mesa de Diálogo.

Saludo y felicito a la gente que actuó en la Mesa Diálogo, cuyos integrantes, con pensamientos tan distintos o disímiles, fueron capaces de sobreponerse a sus particulares puntos de vista, a sus dolores, a sus ansias y a sus temores.

Ver, por ejemplo, la actitud de la gente que estuvo abocada por años al tema de los derechos humanos, en la búsqueda de puntos de consenso con altos oficiales de las Fuerzas Armadas, me parece realmente un ejemplo esperanzador.

Por todo esto, señor Presidente, voto a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.

El señor CORDERO.-

Señor Presidente , las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile han asumido ante el país una responsabilidad inmensa, que es la de recopilar información acerca del paradero de los restos de los detenidos desaparecidos.

Quiero dejar testimonio en la Sala del Senado que, en mi opinión, para que ese objetivo se cumpla en su finalidad última -traer la paz y el reencuentro entre los chilenos- es indispensable que todos los actores políticos y sociales del país actuemos con generosidad y buena fe.

Nada sería más ajeno al espíritu con el que participaron las instituciones uniformadas en la Mesa de Diálogo y con el que se han comprometido a recabar tal información, que pretender poner en duda su honestidad, cualquiera sea el resultado final; o, peor aún, pretender mañana estigmatizarlas, si es que efectivamente, como todos deseamos, se tiene éxito en la misión que se emprende.

El amplio respaldo que ha despertado el acuerdo de la Mesa de Diálogo se sostiene sobre esta premisa: nadie podrá buscar nunca dividendos políticos, ni podrá imponer una descrédito moral sobre las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, por haber enfrentado valientemente las heridas de un pasado triste y doloroso en el que toda la sociedad chilena tiene grados importantes de responsabilidad.

Quiero resaltar en este sentido las palabras del Presidente de la República en el mensaje con que inicia este proyecto de ley, en cuanto a que el trabajo de la Mesa de Diálogo presenta diferencias sustantivas con otras iniciativas emprendidas por Gobierno anteriores. Aquí no hay una visión o planteamiento unilateral, ni una visión parcial de un Gobierno o de un sector, sino que es una iniciativa consensuada por personas provenientes de distintos sectores e instituciones. No estamos frente al intento de construir una verdad oficial; allí radica su mayor mérito y la razón de su buen éxito.

Por último, señor Presidente, quiero hacer un par de comentarios para la historia fidedigna de la ley.

En primer término, resaltar que me parece indispensable que la calificación acerca de la utilidad de la información recibida debe quedar entregada a quien la recibe. En caso contrario, podría darse el caso que alguien que entrega de buena fe información, si ella es errónea por cualquier causa, quede expuesto a ser develada su identidad ante una orden judicial o administrativa.

Asimismo, y especialmente en el caso de las instituciones uniformadas, no puede quedar duda alguna de que el titular de la obligación de guardar secreto es la persona y no la institución, de manera que en ningún caso será posible que incluso sus propios mandos puedan traspasar el deber de silencio que esta norma impone.

Señor Presidente , por todas estas consideraciones, en la seguridad de que estamos colaborando para la reconciliación de todos los chilenos y para que podamos mirar hacia el futuro de una vez, como país en paz, recordando a tantos carabineros asesinados, cuyos autores materiales e intelectuales aún no son detenidos -sus familias no tienen esperanza alguna de saber quién y por qué fueron muertos sus seres queridos- y no obstante que tal problema no se incluyó en el proyecto que nos ocupa, voto que sí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , por las razones expuestas por el Honorable señor Chadwick en nombre de la Alianza por Chile, voto que sí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , aprovecho la fundamentación de mi voto para hacer un alcance sobre la pregunta formulada por una señora Senadora , quien, lamentablemente, no se encuentra presente en la Sala en este momento.

El artículo 73 de la Constitución Política dispone: "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.".

Por su parte, el inciso segundo del artículo 3º del Código Civil -que rige desde 1855- establece lo siguiente: "Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren.".

Lo anterior significa que la materia que preocupa a la señora Senadora es de la competencia exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia y que las sentencias dictadas por ellos sólo valen respecto de las causas particulares en que se dicten.

Voto a favor del proyecto.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , en primer lugar, deseo hacer -como ya se ha realizado con anterioridad aquí- un reconocimiento al trabajo y al acuerdo logrado por la Mesa de Diálogo, y situar este dramático problema en su justo contexto histórico.

Estoy convencido de que la justicia se produce también en una dimensión que trasciende lo social. Se trata del castigo que pesa sobre la conciencia de las personas y de quienes permitieron, fomentaron o actuaron, desde distintas épocas o lugares, en las violaciones de los derechos humanos y en la entronización de la violencia en Chile.

Tal aseveración, por cierto, no obvia la sanción social. Por ello, este acuerdo permite evitar, por un lado, las divisiones entre chilenos que no queremos legar hacia el futuro; y, por otra, valora y permite una oportunidad para que quienes tienen esta carga de conciencia, al menos, puedan aliviarla.

Por lo tanto, valoro en toda su dimensión, el trabajo de todos los que posibilitaron y participaron en el acuerdo de la Mesa de Diálogo y en el proyecto que hoy aprobamos.

Voto a favor.

El señor MARTÍNEZ .-

Señor Presidente , quiero dejar en claro que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, como instituciones, nada tienen que ver con los hechos que se recogen en la Mesa de Diálogo.

Los hechos son de personas y no obedecen a doctrinas de las instituciones, como majaderamente algunos pretenden hacer creer.

Tampoco estoy de acuerdo en que se diga que todos somos culpables. No todos lo somos. Algunos sí, pero el resto no. En definitiva, esto lo decidirá la historia.

Mi formación cristiana católica me lleva a votar favorablemente el proyecto, en el ánimo de que ello contribuya a cerrar heridas personales y a avanzar en la unidad nacional que, según las últimas encuestas, más de 54 por ciento de los chilenos desea y propugna.

Por esta razón, reservaré para otras oportunidades mis comentarios sobre ciertas aseveraciones contenidas en la declaración de la Mesa de Diálogo que sirve de base al proyecto.

Lamento profundamente que, por ser el Congreso Nacional el lugar natural donde está radicada la discusión última de esta desunión entre los chilenos, la iniciativa se discuta en forma apresurada y diría -doy excusas, pero es mi opinión- hasta ligera. Pienso que esto no es bueno ni lleva a alcanzar una mejor solución en lo que en realidad nos divide.

Hago presente todo lo anterior en aras de ayudar al reencuentro entre todos.

Por esta razón, voto a favor.

El señor PARRA.-

Señor Presidente, quiero enfatizar dos cosas.

En primer término, el proyecto que nos ocupa es una oportunidad, acaso la última, para que quienes tienen información y porfiadamente la han ocultado durante muchos años, la entreguen y contribuyan así al desarrollo futuro del país.

Como bien estableció la Mesa de Diálogo, el ocultamiento de información es ilegal, inmoral y antipatriótica. Por eso, el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República hace bien al dejar constancia de que la ilegalidad de esa actitud tiene asignada severas penas en nuestra legislación.

Si esas personas no contribuyen al desarrollo del país y mantienen su actitud negativa, expondrán no sólo la tranquilidad y paz de sus conciencias, sino que, naturalmente, ellas mismas quedan sujetas a las sanciones penales que el mensaje presidencial señala.

En segundo lugar, adhiero a todo cuanto se ha sostenido respecto de la actitud de quienes forjaron la Mesa de Diálogo y participaron en ella, haciendo posible llegar hasta este punto.

Reconozco, de manera especial, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas. El depósito de confianza que esta noche, a través nuestro les entrega el país, deberá ser honrado en la actividad que se despliegue en los próximos meses.

En ese sentido, no puedo dejar de destacar, con la esperanza de que sea imitada, la actitud del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, señor Patricio Ríos, quien ha manifestado públicamente que la trascendencia de la tarea lo compromete de manera personal y que, en lo que dice relación a la Fuerza Aérea, asumirá del mismo modo la responsabilidad de abrir los espacios para que la información fluya hacia el Presidente de la República y, luego, a los tribunales de justicia.

En los meses pasados, el trabajo responsable de un juez ejemplar nos ha permitido conocer la verdad respecto del destino de unos pocos detenidos desaparecidos. Sus cadáveres fueron desenterrados del lugar donde se les pretendió ocultar, y nos hemos encontrado con sus rostros interrogándonos a todos, desde el fondo de sus cuencas vacías, acerca del porqué de sus sacrificios, e interpelándonos también para que con generosidad podamos construir un camino de paz que excluya permanentemente la violencia y afirme la construcción del futuro por las vías de la democracia.

Voto que sí.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , no obstante considerar que el proyecto en debate no es una panacea sobre la materia y que probablemente tiene algunas imperfecciones de redacción, votaré a favor, porque representa la expresión de la Mesa de Diálogo.

Indudablemente, la Mesa Diálogo constituye una etapa muy importante en la vida nacional, toda vez que, por primera vez se sentaron a conversar representantes de la extrema Izquierda y de las Fuerzas Armadas, en presencia de personeros morales muy trascendentes de nuestra patria. Ahí se han llegado a establecer cosas que nunca antes se habían podido hacer, a fijar verdades que, no obstante ser conocidas, unos y otros las ocultábamos, pero, fundamentalmente, a contraer un compromiso moral en cuanto a realizar un esfuerzo nacional para solucionar el problema de los detenidos desaparecidos. Eso solo justifica la aprobación de este proyecto, a la que contribuyo gustoso.

Quiero, sin embargo, aprovechar para insistir en que, de acuerdo con el claro texto del proyecto, es evidente que el secreto que resguarda las acciones de las personas a las que las Fuerzas Armadas encomienden para solicitar y recibir información, como asimismo el de las muchas personas que puedan proporcionar antecedentes a ellos, está debidamente resguardado.

En general, el proyecto hay que leerlo con el mensaje porque aquél en sí es muy breve, pero éste es muy amplio, y está claramente establecido que el concepto de que el secreto reza no sólo para quienes "proporcionen o confíen información útil y conducente", sino que va más allá, porque su inciso tercero expresa que "El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso primero, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan". Y agrega que "Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal", que implica precisamente que determinadas personas que tienen secretos profesionales que resguardar, no están obligadas a declarar como testigos.

En consecuencia, podemos tener la certeza -confío en que así será interpretado- de que esta reserva ha de facilitar el cumplimiento del gran objetivo: obtener mayores antecedentes para ubicar los restos de los detenidos desaparecidos.

Por último, quiero dejar constancia de que la Mesa de Diálogo, de alguna manera, encontró abierto su camino por la acción del Senado en su Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que preparó el ambiente y elaboró un proyecto muy completo que, probablemente, pueda ser útil el día de mañana, si las circunstancias lo requieren.

Creo que no podemos olvidar la acción realizada tanto por la Comisión de Derechos Humanos, como por el Senado mismo, que aprobó un proyecto que tiende al mismo propósito que éste sobre el cual nos estamos pronunciando.

Estoy seguro de que Chile ha dado un importante paso hacia delante y de que, por consiguiente, todos debemos contribuir a que sea exitoso, con la máxima buena fe y como una esperanza cierta de esa reconciliación que anhelamos y de ese deseo de brindar a las nuevas generaciones una mejor posibilidad de realizarse en un país unido y sin las divisiones del pasado.

Voto que sí.

El señor VALDÉS .-

Señor Presidente , el acuerdo que hoy día ratifica en un sentido político esta Corporación, constituye a mi juicio un hecho de una trascendencia moral, social y jurídica de gran relevancia histórica.

En nuestra lenta transición han sobrevivido visiones muy distintas de los hechos a los cuales este acuerdo se refiere. Tal vez estas divisiones van a mantenerse por mucho tiempo, quizás para siempre, porque la historia no está sustentada sobre bases científicas, sino que está preñada de subjetividad, que se exalta cuando ella está construida por pasiones, cuya legitimidad siempre será discutida. Sé de gente que en Francia se viste de luto todos los 14 de julio, porque no aceptan la revolución, en la que sus antepasados fueron castigados.

Por eso, existen vías especiales para pasar adelante de esa historia sin que entorpezcan el desenvolvimiento de los pueblos, que tienen instinto de vida, como sucedió después de las guerras crueles del siglo pasado, y como, por lo demás, ha ocurrido siempre.

El acuerdo propone un camino inteligente para aquello que es real, actual y que duele a todos en Chile. El sistema sugerido es práctico y compromete el honor de quienes lo aprobaron. Creo que el voto que estamos dando compromete también el honor de los Senadores y, a través de nosotros, el honor de todo el país.

Hay detalles que a mí no me preocupan mucho. Por lo contrario, me hacen pensar en que este acuerdo se logra como una expresión moral de la sociedad, porque hace 27 años ocurrieron hechos que hoy se lamentan. Quienes supieron del destino de los desaparecidos, y que fueron autores, encubridores o cómplices, no han dicho nunca una palabra, pudiendo haberlo hecho. No creo que hoy día estén dispuestos a proporcionar los antecedentes porque haya secreto al respecto. Siempre se habló de secretos. Hicimos gestiones, propuestas, hace años. Pienso que si hoy día se acepta de parte de las Fuerzas Armadas el dar a conocer antecedentes es porque aquí están ellas formando parte de este compromiso, como todos nosotros, y como lo está también Pamela Pereira , que ha sido una mujer magnífica en la historia de Chile, y porque aquí hay implícito un valor moral que exige poner término a esta situación. Nadie exige que la justicia apure, pero los hechos morales se imponen a las personas y las instituciones. No hay institución en Chile, no hay persona, no hay jerarquía que esté por encima de la voluntad moral de un país que dice "esto no puede seguir". Aquí hay gente que sufre, que sigue sufriendo, y sobre este sufrimiento no se construye una patria.

Estimo que aquí se ha expresado el alma del país. En esta notable organización de una Mesa cuya formación fue tan original, y que ha tenido tanta repercusión en Chile. Considero que el valor de ella es de carácter moral. Lo jurídico tiene importancia, porque es un país donde el Derecho posee una jerarquía y construye la arquitectura de la sociedad. Pero el valor moral que implica el que se hayan encontrado estas personas, cara a cara, ha conmovido el alma nacional. Y es eso lo que quiero recalcar, porque al final los pueblos advierten que hay valores superiores al Derecho, a la propia justicia que se exige, como son los del sentimiento de culpa compartida, y de búsqueda de aquello que corresponde al dolor de la gente.

Voto que sí con entusiasmo, felicitando a los Presidentes que han participado, a los Ministros, a las autoridades militares, a los dirigentes sociales, porque han dado un ejemplo que nosotros deberíamos seguir. No concluye aquí el proceso de transición. Nunca he aceptado que la transición terminó por un decreto, sino que termina como lo hace la ola que se agota en la arena, cuando ya ha perdido la energía que creaba las divisiones. Aquí hay un camino de importancia para generar -como lo he expresado en alguna oportunidad-, al final de este proceso y no antes, un gran acuerdo político, un gran debate, para que organicemos la vida jurídica y política en función del mandato moral que hemos recibido.

Me siento con plena legitimidad para decir lo que estoy señalando, porque también he escuchado a la gente. He estado dos semanas en el sur, la he visto sufriendo y la he acompañado. Le oigo decir: ¡Qué hacen ustedes, los políticos, que no se ponen de acuerdo! Este país necesita trabajo, libertad, dignidad, construcciones, algo que realmente haga eficiente la democracia.

Creo que para llegar a este acuerdo se ha escuchado a la gente. Y pienso que por este camino podemos construir una patria unida, que es esencial en el mundo globalizado.

Voto que sí.

El señor VEGA.-

Señor Presidente, no cabe duda de que estamos ante un proyecto muy complejo, porque es un hito que marca la historia del país y cambia el rumbo hacia nuevos y superiores destinos.

Bien sabemos que el poder del Estado -esta iniciativa involucra una decisión de Estado- es la fuerza que proporciona los instrumentos y fundamentos para hacer lo que un Estado desea: avanzar en la satisfacción de los objetivos nacionales y garantizar la supervivencia de su pueblo.

Nuestro país radica ese poder de Estado y su nacionalismo, en su historia, soberanía y autodeterminación. En efecto, en su historia, que lamentablemente incluye extremos quebrantamientos políticos -así sucede en el devenir de los pueblos-, como lo fue el del 11 de septiembre de 1973, en el cual tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en un pronunciamiento que es ajeno a su vocación y profesionalismo, en un escenario (como se reconoció en la Mesa de Diálogo) hostil, complejo, inestable para el país y la sociedad toda, cuya recuperación generó consecuencias complejas, muy dolorosas para todos, difíciles de resolver y de evaluar, máxime en un pasado que para la gran mayoría ya es historia.

Por lo tanto, el presente nos demanda alternativas prácticas que en alguna forma hagan posible nuestra necesaria reconciliación. Las pérdidas de vidas serán siempre dramáticas y dolorosas, sobre todo en un pueblo de hermanos. Sin embargo, el destino de los pueblos continúa siempre y sólo hacia el futuro. Por consiguiente, es de nuestra responsabilidad reconocer orígenes y consecuencias para no repetirlas y no provocar nuevas angustias.

Democracia sólida y estable no es posible sin la paz social. Estoy cierto de que constituye una solución eficiente para la reconciliación, el diálogo y una normal transición que siempre estará presente, porque los países transitan hacia un mejor futuro. Pero esto requiere necesariamente la contribución de cada chileno y, sobre todo, el aporte y el esfuerzo de la autoridad del Estado, por cuanto una democracia estable y sólida se construye en el tiempo, bajo sus políticas y decisiones.

El Estado, como bien sabemos, es aquella parte de la sociedad política especializada en los intereses del todo. Por consiguiente, es la institución rectora del bien común, lo que necesariamente implica diálogo, libertad, justicia y paz, entre otros factores.

La Mesa de Diálogo se genera en este concepto del bien común, en un presente en que nuestro país necesita un acuerdo nacional para transitar hacia niveles superiores de desarrollo. Como se ha dicho, es un hito exclusivo de nuestra historia, y nos otorga un gran comienzo, que dependerá de todos desarrollar y materializar, y debemos entenderlo en su real significado para nuestro destino.

El proyecto que se nos presenta a nuestra consideración es una conclusión muy trascendental de sus integrantes, bajo la presidencia y dirección del señor Ministro de Defensa Nacional . El profundo y versado diálogo de estos nueve meses nos indica el flexible y patriótico esfuerzo de sus diversos miembros. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en particular, como instituciones permanentes y fundamentales del poder del Estado, como siempre, han mirado hacia delante, con su característico aporte de vocación y patriotismo.

Estoy muy consciente de que la seguridad, la defensa y estas instituciones permanentes son el alter ego, el reverso de la medalla de la estructura jurídica en que descansa y se fortalece la democracia. Una fuerza sin estructura jurídica ni compromisos jerárquicos, como bien sabemos, es anarquía, y un Estado sin estructura jurídica ni fuerza que le otorgue su poder es una nación sin destino.

Naturalmente, la iniciativa en análisis, como conclusión de un profundo diálogo, no es lo que cada cual quisiera; pero así son las grandes conclusiones de la historia, que generan nuevas etapas hacia destinos superiores. Ella representa el sentir de la gran mayoría nacional y, por lo tanto, debemos respetarla y apoyarla en beneficio del presente y futuro de las nuevas generaciones de chilenos.

Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Si Sus Señorías me lo permiten, deseo intervenir brevemente, ante todo, para sumarme a las felicitaciones a quienes han sido los grandes actores de la Mesa de Diálogo: sus propios componentes, los dos Ministros de Defensa que la presidieron y los Presidentes de la República señores Frei y Lagos.

Voto absolutamente tranquilo con mi conciencia de que lo que estamos haciendo no es una ley de punto final, tampoco estamos creando ningún manto de impunidad para nadie, ni eliminando la responsabilidad penal de los autores, cómplices o encubridores de los hechos de que se trata. Lo único que estamos haciendo es tratar de avanzar en la verdad y lograr justicia. Mediante la ley en proyecto nadie está limitando lo que le corresponde hacer a la justicia en el próximo tiempo, o lo que ha hecho o ha podido hacer hasta el momento.

No obstante, quiero recoger algo de lo señalado por el Honorable señor Valdés , en cuanto a que esto no es sólo un voto o una expresión de confianza; tampoco la solución, sino una iniciativa que abre caminos de esperanza en la búsqueda de una solución. Y no es sólo eso. Por supuesto, constituye un voto de confianza en las Fuerzas Armadas y en los líderes religiosos que puedan recibir información. Pero también nos exige confianza en nosotros mismos como sociedad y en quienes representamos la voluntad de ella.

En ese sentido -y formulo un llamado al Gobierno- deseo expresar algo que, por lo demás, se señaló durante los debates dentro de la propia Mesa de Diálogo, creo que debiera iniciarse desde el día de hoy una gran campaña de motivación pública hacia todos y cada uno de los sectores para que asumamos esta tarea en conjunto, para que quienes tengan información sean motivados por la propia presión que la sociedad ejerza sobre ellos. Es una labor que debemos asumir en plenitud, utilizando todos los medios de comunicación y cada capacidad de expresión que esté a nuestro alcance. Ésta es una tarea de país. Y lo digo por creer que nos estamos jugando algo que en seis meses más, cuando debamos hacer el balance, puede prestigiarnos ante el mundo la forma de lograr una solución a nuestros problemas, o significar una gran desesperanza y desmotivación. Y, a lo mejor, debamos retomar los mismos caminos que hemos transitado durante todo este tiempo.

Por esa razón, voto conscientemente lo que estoy haciendo, porque creo que es bueno para Chile buscar la solución de estos problemas, entendiendo la actitud de los familiares de los detenidos desaparecidos, a quienes muchas veces les cuesta entender lo que hacemos, e incluso, la confianza que podamos tener.

Creo sinceramente que lo que estamos realizando es lo mejor para el país. Sin embargo, pido al Gobierno y a todos que provoquemos una gran cruzada para lograr el resultado que Chile requiere y espera.

Voto que sí.

El señor Lagos ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general y particular el proyecto (43 votos a favor y uno en contra).

Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei ( doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votó por la negativa el señor Lavandero.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia .

El señor GARCÍA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , sólo quiero agradecer la diligencia e intensidad con que ha trabajado el Parlamento en su conjunto -en esta ocasión, el Senado de la República-, que en 34 horas aprobó un proyecto de ley clave para el desarrollo del país, el cual abre una oportunidad para cerrar heridas, muestra la capacidad de Chile para ponerse de acuerdo en los temas importantes para la convivencia nacional y hace recaer la responsabilidad de seguir avanzando en aquellos que hoy tienen la información.

Comparto sus palabras, señor Presidente , en el sentido de que todo el país -y el Gobierno en particular- debe llevar adelante una campaña que facilite y promueva la recolección de información. Pero apelo hoy día a la conciencia de quienes disponen de ella para que la entreguen y hagan realidad la esperanza que la iniciativa abre a la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

La tiene, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , dado el tema tratado, que sin duda es casi histórico, consulto si reglamentariamente puede publicarse este debate en toda su extensión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Para tal efecto necesitamos acuerdo unánime de Comités, señor Senador.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Podríamos plantearlo en la próxima sesión?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En la próxima reunión de Comités, Su Señoría.

?Valparaíso, 21 de junio de 2000.

Nº 16.314

A S.E. El Honorable Senado:

Tengo a honra comunicar a V. E. que el Senado, en sesión de 21 de junio del año en curso, ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa H. Cámara, el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos. (Boletín Nº 2.520-07).

Lo que comunico a V. E. en respuesta a su oficio Nº 2901, de 21 de junio del año en curso.

Hago presente a V.E. que el inciso final del artículo único del proyecto ha sido aprobado, en general y en particular con el voto favorable de 42 señores Senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

ANDRES ZALDIVAR LARRAIN

Presidente del Senado

JOSE LUIS LAGOS LOPEZ

Secretario del Senado

?INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO Y DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE SECRETO PARA QUIENES RECIBAN INFORMACIÓN CONDUCENTE A LA UBICACIÓN DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS.BOLETIN Nº 2520-07

A S.E. EL Presidente del H. Senado / A S.E. El Honorable Senado

HONORABLE SENADO:

Sin perjuicio del informe oral que vuestras Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía os rendimos el 21 de junio pasado sobre el proyecto de ley de la referencia, hemos estimado conveniente complementarlo, en los términos que pasamos a exponer.

En la fecha mencionada nos reunimos de 16:45 a 18:00 horas, para discutir en general y en particular esta iniciativa de ley.

Concurrieron, especialmente invitados, los señores Ministros del Interior, don José Miguel Insulza Salinas, Secretario General de la Presidencia, don Alvaro García Hurtado, Secretario General de Gobierno, don Claudio Huepe García, y de Justicia, don José Antonio Gómez Urrutia; y el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, don Francisco Maldonado; los asesores del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, abogados señores Jorge Kelissag y Rodrigo Medina; y las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señoras Viviana Díaz (Presidenta), Mireya García (Secretaria) y Carmen Vivanco (Tesorera).

Asistieron, también, los HH. Senadores señores Edgardo Boeninger Kausel, Jaime Gazmuri Mujica y Jorge Pizarro Soto.

ANTECEDENTES

El proyecto de ley en informe se inició por Mensaje Presidencial, y tiene por objeto dar aplicación a una de las conclusiones a las cuales llegó recientemente la “Mesa de Diálogo”, según consta de su informe de fecha 16 de junio recién pasado, en el sentido de que, "con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante.".

Con tal propósito, establece compromisos para distintos órganos y personas. Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, el documento señala que "Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtenga, será entregada al Presidente de la República.".

Respecto a las personas pertenecientes a dichas instituciones, que reciban o recaben esta información, el Acuerdo declara que "estarán amparados por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligados a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente.".

La misma propuesta la extiende el documento respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, en los siguientes términos: "Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentarán las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán entregados al Presidente de la República.".

Sobre la base del Acuerdo logrado, se formulan al Poder Ejecutivo, y al Congreso Nacional sendas peticiones. Al primero, se le pide: "Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.".

Por su parte, al Congreso Nacional se le solicita “que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional”.

DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR

El H. Senador señor Viera-Gallo (Presidente) declara abierta la sesión. Manifiesta que, como todos los presentes saben, el objetivo de la sesión es tratar, y ojalá poder despachar, el proyecto de ley.

Hace presente que ha solicitado ser escuchada por las Comisiones Unidas la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y que se encuentran presente también los señores Ministros que nos honran con su presencia.

Excusa la inasistencia del Senador señor Sergio Díez, quien debería presidir la sesión, pero está informando otro proyecto muy importante en la Sala.

A continuación, ofrece la palabra a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La Presidenta señora Viviana Díaz agradece la posibilidad de poder dirigirnos a ustedes y exponer la preocupación que tiene la Agrupación frente al proyecto que ha sido aprobado esta mañana en la Cámara de Diputados y que ahora ustedes seguramente van a aprobar, por el hecho de que nos preocupa enormemente que se apruebe una ley en donde se está resguardando la identidad a las personas que cometieron delitos tan graves como los que ocurrieron en nuestro país durante la dictadura.

Hace saber que nosotros hemos buscado incansablemente la verdad acerca de lo ocurrido con nuestros familiares, pero también hemos buscado la justicia, una justicia denegada por muchos años por el Poder Judicial de nuestro país, que tiene una enorme responsabilidad en lo que pasó también respecto a la situación de nuestros familiares y, por esa razón, no estamos conforme con este acuerdo adoptado por la Mesa de Diálogo, en donde vemos nosotros, y lo queremos señalar con franqueza, que a cambio de unas cuotas de verdad se está dejando de lado algo tan importante para los familiares de detenidos desaparecidos, como es la justicia.

Afirma que, para nosotros, ambas cosas están representadas y unidas estrechamente. Quienes hemos buscado incansablemente a nuestros familiares queremos que se les haga justicia, ya que mientras ellos estuvieron vivos en los recintos secretos de detención, no tuvieron derecho a un juicio justo o a un debido proceso. Sentimos que, al paso de 26 años, en donde se nos ha mantenido en la incertidumbre de no saber que ha pasado, hoy día se busque una salida al problema pensando más en quienes violaron los derechos humanos en nuestro país, que en quienes hemos buscado incansablemente esta verdad y esta justicia.

Declara que ese es el planteamiento de la Agrupación. Creemos que es innecesario configurar el secreto profesional y darle seis meses a las Fuerzas Armadas para recabar información, cuando todos sabemos que esa información existe, y que, si hubiera una disposición de parte de quienes violaron los derechos humanos en nuestro país, concretamente las Fuerzas Armadas, de contribuir para poder llegar a la reconciliación que todos anhelamos, bastaría que esa información se pusiera a disposición de los tribunales de justicia, directamente, sin tener que seguir esperando seis meses más para que sea entregada al Presidente de la República y el Presidente la ponga a disposición de los Ministros de la Corte Suprema. Eso es lo fundamental que del porqué nosotros rechazamos esta iniciativa.

La señora Mireya García agradece la posibilidad que se les da para exponer nuestro pensamiento y nuestra posición al respecto. Quiere agregar que el tema no tiene que ver con la existencia o no de canales, de mecanismos o de vías para entregar la información, porque de hecho han existido y existieron incluso durante la dictadura. Durante todo el período en que funcionó la Vicaria de la Solidaridad, siempre estuvo abierta la posibilidad de que se entregara información bajo secreto de confesión. Posteriormente, cuando funcionó la Comisión Retting, existió la misma posibilidad; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación mantuvo esta posibilidad e incluso hizo una campaña especial para recabar información, se habilitó un número telefónico 800, donde la gente podía gratuitamente llamar para entregar la información, pero la información no ha llegado. La información no ha llegado por otra razón. No por la inexistencia de mecanismos o de canales para entregarla, sino porque existe una política del silencio, y aquí lo que hay que pedirle a las Fuerzas Armadas es que rompan la política del silencio, y no entregar mecanismos que en definitiva significan ocultamiento, que significan encubrimiento, porque el secreto profesional para las Fuerzas Armadas es encubrimiento, y no hay otro término para calificarlo.

Sostiene que han hecho una gran apuesta en este país, una larga apuesta que dura 26 años, y tiene que ver con los tribunales de justicia. Creemos que este esfuerzo gubernamental debió estar dirigido en ese sentido. Hoy día el proyecto ha sido aprobado y seguramente va a ser ratificado esta tarde en el Senado. Por lo tanto, creo que el gran compromiso de los poderes del Estado tiene que ser hoy día por la justicia y por no provocar ninguna situación que signifique inhibir la acción de la justicia. Este país no se va a reconciliar, no se va a reencontrar, no se va a pacificar como todos queremos, solamente encontrando algunos restos de detenidos desaparecidos. Es una condición previa para lo que todos anhelamos, que efectivamente quienes cometieron violaciones a los derechos humanos, que son no solamente dolorosas, sino que inaceptables para cualquier sociedad civilizada, tengan que concurrir ante los tribunales y los jueces determinarán si son o no culpables y si tienen que ser sancionados o no penalmente. En definitiva, los jueces existen para eso, existen para investigar, para determinar responsabilidades y para solucionar estos casos. No existen para otra cosa, porque, sino, resolveríamos todo por estas vías. Yo no me imagino a esta sociedad resolviendo miles de delitos que se cometen diariamente por vías alternativas de los tribunales de justicia. ¡Para qué tenemos Poder Judicial entonces! Nuestra apuesta es hacia el Poder Judicial, a pesar de lo adverso que ha sido con nosotros, porque tampoco crean ustedes que nosotros tenemos una enorme confianza en el Poder Judicial. Efectivamente, en estos últimos tiempos, ha habido una actitud distinta respecto a los procesos de violaciones a los derechos humanos, pero tenemos una historia de omisión y premeditación bastante larga. Esa apuesta debiera ser entendida como un gran aporte a este país, como un gran aporte cívico a la sociedad chilena. Yo creo que existen pocas organizaciones en el mundo que hayan mantenido una conducta invariable como la nuestra, dirigida a los tribunales de justicia, y por eso es que nuestra lucha no tiene nada que ver con venganzas, como también se hace aparecer especialmente en estos días, en que aparentemente el espíritu reconciliatorio está en todos. Nuestra lucha tiene que ver con algo muy superior a eso, tiene que ver con lograr la verdad completa con lo que pasó con nuestros seres queridos, no solamente con encontrar sus restos, queremos conocer la historia asociada a ellos desde el momento en que los detuvieron hasta el momento en que los encuentren y queremos que sea ese poder del Estado, que en algunos momentos nos gusta, que en otros momentos criticamos, que en otros momentos saludamos, el que defina y el que resuelva esto de acuerdo al derecho nacional e internacional.

Acota que también todos tenemos que recordar de que a este país le hace falta empezar a respetar lo que es el derecho internacional, a lo que este Estado se obliga al suscribir pactos, tratados y convenios, y como hoy día tenemos este proyecto y como el acuerdo de la Mesa de Diálogo ha sido acogido y suscrito por amplios sectores de la sociedad, creo que lo que hoy día corresponde, y al Poder Legislativo le corresponde una gran tarea, es facilitar todos los mecanismos necesarios para que la justicia pueda revisar su labor sin obstáculos. Me estoy refiriendo a la existencia de la ley de amnistía, me estoy refiriendo a la limitada competencia de la justicia militar, me estoy refiriendo a la necesidad de ratificar, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Creo que esa es una responsabilidad que nos corresponde a todos. Nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto, no estamos de acuerdo con la propuesta de la Mesa de Diálogo, pero a pesar de lo que está pasando hoy día, queremos creer de que aquí no vamos a renunciar como país a la justicia, queremos creer de que de hoy día en adelante va a ser un compromiso de todos los sectores, que sean los tribunales de justicia los que sancionen este drama de Chile, porque de lo contrario nos vamos a estar mintiendo a nosotros mismos, porque este país no se va a reencontrar en la impunidad, y creo que hay ejemplos de sobra en el mundo que así lo indican.

Manifiesta que en Uruguay se refrendó una ley de punto final. Sin embargo, hoy día los tribunales de justicia tienen la obligación de empezar a investigar algunos casos. A pesar de que fue refrendada por el pueblo la ley de punto final, los tribunales de justicia están obligados a iniciar la investigación sobre casos de detenidos desaparecidos. Esa es una muestra muy cercana y muy clara de cómo la justicia es una necesidad para una sociedad donde los derechos humanos se violaron de forma tan brutal como pasó en nuestro país, y creo que también tenemos la obligación que, a partir de la acción de la justicia, empecemos a construir una cultura donde el respeto a la vida y al ser humano esté por sobre cualquier diferencia ideológica o política, en donde todos tengamos consciente la seguridad de que nunca más en este país habrán detenidos desaparecidos, ejecutados, exiliados o torturados, porque este país ya ha sufrido mucho, y creo que como sufrió mucho y como las heridas están todavía muy abiertas, es necesario buscar las soluciones que realmente satisfagan lo que son los intereses y las demandas históricas de los familiares de las víctimas. En definitiva, aquí estamos hablando de los detenidos desaparecidos, de nuestros seres queridos arrebatados de nuestro lado en un momento por instituciones del Estado, y creo que este compromiso tiene que ser de toda la nación. Aquí no se puede seguir renunciando a la justicia, porque este país jamás se va reecontrar en la impunidad, y creo que después de 26 años queda claro que no es posible el reencuentro sin la acción de la justicia.

La señora Carmen Vivanco señala que le parece que esta mesa debe recapacitar, porque realmente siempre se ha presentado el problema de los detenidos desaparecidos. Y no solamente los detenidos desaparecidos, aquí hay ejecutados políticos. Creo que, si no se recapacita sobre esta ley que van a aceptar y van apoyar ahora, nosotros vamos a seguir persistiendo en que debe aclararse el problema de los familiares de detenidos desaparecidos. No queremos que nos entreguen tres cuerpos y con eso quedar conforme. No podemos quedar conforme. Aquí hay responsables, y responsables de todos los sectores, y especialmente las Fuerzas Armadas. Ellas tienen en su poder todas las listas de los detenidos desaparecidos, porque cuando a los tribunales de justicia se les pasó las querellas de nuestros familiares y los recursos de amparo, fueron a parar a la justicia militar, y ahí quedaron. Cuando ellos dicen de que no tienen conocimiento, cómo es que no tienen conocimiento, si ellos durante 17 años estuvieron gobernando; por lo tanto, tienen conocimiento de donde están nuestros familiares, quienes lo asesinaron, donde los tiraron al mar y quienes los tiraron al mar. Eso es lo que queremos, y así está nuestra Agrupación en ese sentido, por eso yo también les agradezco que ustedes me escuchen, pero que también vean que, si nuestras palabras no son las convenientes para esta mesa, que nos digan.

El H. Senador señor Viera-Gallo (Presidente) hace notar que aquí hay personas de distintos partidos políticos, de distintos puntos de vista, pero, independientemente de nuestras diferencias, todos las hemos escuchado con mucho respeto y con mucho interés. Aprovecho de decirle que la Comisión de Derechos Humanos del Senado acaba de despachar por unanimidad la Convención a la cual ustedes se referían, la que se enviará ahora a la Comisión de Relaciones Exteriores, y, una vez que esa Comisión haga otro tanto, la Sala del Senado estará en condiciones de aprobar también, como hizo la Cámara de Diputados, la Convención.

El H. Senador señor Pizarro indica que quisiera preguntar, más allá del acuerdo o no acuerdo que se tenga con el proyecto, o si es suficiente o no, o si responde a la expectativa, porqué se plantea que este proyecto va a significar impedir la acción de la justicia o lo que están haciendo los tribunales ahora.

La señora Díaz afirma que la razón por la cual llegamos a esa conclusión es por la experiencia que hemos tenido nosotros durante 26 años con los tribunales de justicia. Durante 17 años luchamos en contra de la aplicación del decreto ley 2.191, de amnistía, y cada vez que tuvimos reuniones con los Presidentes de la Corte Suprema, entre ellos con el ex- Presidente de la Corte Suprema don Marcos Aburto, nos decían “nosotros no somos responsables de las leyes que se adoptan, nosotros somos los encargados de aplicarlas, y aquí lo único que nos cabe es aplicar lo que existe, el decreto ley 2.191 de amnistía”. Y como en el acuerdo de la Mesa de Diálogo se señala lo que se busca: localizar, exhumar, determinar la fecha de muerte y entregar esos restos a la familia, para que se aplique la legislación vigente, ¿qué se le está diciendo al Poder Judicial?: aplique la amnistía, y al aplicar la amnistía estamos nosotros desconociendo quiénes fueron las personas que fueron capaces de tomar la decisión, no sólo de mandar a detener a nuestros familiares, sino que de torturarlos hasta la muerte y más encima tomar la decisión de eliminarlos físicamente, porque aquí hubo un método de exterminio, la desaparición forzada de personas.

Declara que, por eso, la lectura que hacemos de este proyecto es que, en sí mismo, nosotros no podríamos decir que apunta a la impunidad, pero sí la señal que se manda a la Corte Suprema es que, una vez que esa información se reciba, se cumplan estos cuatro pasos que se señalan, se aplique la legislación vigente, y para nosotros es esa ley de amnistía. A ustedes les consta que en el Senado hubo por parte de la bancada de senadores socialistas el año 1992 un proyecto de ley interpretativo para anular los efectos de la ley de amnistía. Posteriormente en el año 1995, como Agrupación, hicimos al país una propuesta para la paz y la reconciliación que llevaba consigo un proyecto de ley para resolver el problema como corresponde, investigándose el delito, determinándose responsables y aplicando las sanciones correspondientes, porque aquí se cometió un crimen, un crimen que hoy día de acuerdo al derecho internacional, es un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, por lo tanto, no puede prescribir, ni puede ser amnistiado. Y esa es la lectura que nosotros hacemos y nos preocupa, porque es la respuesta que hemos recibido durante todos estos años de parte de los miembros del Poder Judicial, de que ellos simplemente aplican la ley, no son los que la hacen y que por lo tanto, el reclamo tiene que estar dirigido al Parlamento y no hacia el Poder Judicial. Esa es la razón por la cual nosotros vemos que aquí se ha pensado en resolver las demandas de los militares, que muchas veces se ha señalado que no aceptan la teoría del secuestro permanente, que mientras la persona no aparezca, no se puede cerrar el proceso. En la medida que nosotros no conozcamos la verdad de lo ocurrido con cada uno de los casos de los detenidos desaparecidos, vamos a seguir exigiendo la verdad plena. No queremos cuotas de verdad a cambio de algo tan importante como es el derecho a la justicia y nosotros no podemos renunciar a ella, no solamente porque somos sus familiares, sino porque somos ciudadanos de este país, y un país que no construye sobre bases sólidas su democracia, está lejos de poder alcanzar lo que una nación necesita. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos esa lectura de este proyecto de ley.

La señora García apunta que quisiera agregar dos fundamentos en relación al proyecto. Yo creo que, cuando se otorga secreto profesional a las instituciones que son responsables de las violaciones a los derechos humanos, se está creando una situación de desigualdad ante la ley. Porque no toda la gente que comete delito en este país tiene la posibilidad de confesar en secreto su delito, y por lo tanto, es objetivamente una situación que crea desigualdad ante la ley. Se supone que todos los chilenos somos iguales ante la ley; por lo tanto, las Fuerzas Armadas también debieran entregar la información donde corresponde, y no a través de un mecanismo llamado secreto profesional, porque eso es incorrecto, o sea, si la Constitución dice que todos los chilenos somos iguales ante la ley y se crea este mecanismo de privilegio para los miembros de las fuerzas armadas, quiere decir que no todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, aquí hay un problema que tiene que ver incluso con la Constitución misma, y segundo, del punto de vista ético, nos parece absolutamente inaceptable que se cree una figura del secreto profesional, precisamente para quienes son responsables.

El H. Senador señor Viera-Gallo (Presidente) estima que no corresponde abrir un debate, que podría hacerse sobre muchos temas. Le faltó decir a la Presidenta que la propuesta de ustedes la hicieron suya los Senadores señores Ruiz-Esquide y Ruiz De Giorgio.

La señora Díaz observa que nunca contó con la urgencia de parte del Ejecutivo. Nos hubiese gustado que, con la misma premura con que será aprobado este proyecto de ley, se hubiese puesto alguna vez a uno de esos proyectos urgencia, y se hubiera producido por lo menos la discusión en el Senado.

El H. Senador señor Aburto hace notar que la representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha formulado unos cargos del pasado al Poder Judicial, especialmente a la Corte Suprema. Muchas veces yo he explicado la situación: no podíamos los jueces dejar de aplicar un decreto ley, porque tradicionalmente se ha reconocido valor a los decretos ley como leyes dictadas por el Poder Ejecutivo, asumiendo las funciones del Poder Legislativo. Dentro de esos decretos leyes, algunos preceptos limitaron la acción de los tribunales, especialmente respecto de los recursos de amparo, pero la Corte Suprema siempre investigó los hechos que se representaban en los recursos de amparo que se interponían. El recurso de amparo, por su naturaleza, como todos sabemos, tienen por objeto exclusivo reclamar de una detención arbitraria. Entonces, el tribunal trata de pedir la información, de buscar las pruebas y hacer indagaciones para buscar a la persona que está arbitrariamente detenida. Cuando nosotros, en la Corte Suprema, nos dábamos cuenta de que esa persona estaba desaparecida, no podíamos pronunciarnos sobre el recurso de amparo, porque ya variaba el objetivo de esta investigación. Encontrar una persona desaparecida no se puede hacer a través de un recurso de amparo; entonces el tribunal llegaba a un callejón sin salida, y mandaba estos recursos de amparo a los jueces del crimen para que investigaran la situación, caratulando estas investigaciones como presunta desgracia, para tratar de ubicar al desaparecido. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Esos procesos para ubicar a estas personas, para encontrar a estos desaparecidos, tenían que contar con la colaboración de la policía, y ¿de quién dependía la policía? Ahí está la respuesta porqué no se podía avanzar más. Incluso se designó un ministro especial de la Corte de Apelaciones de Santiago para hacerse cargo de todos estos procesos para que avanzaran, y terminaron en nada; al final no se encontraron los desaparecidos. Por esa razón, les digo que es fundamental de quién dependía la policía, y la respuesta es obvia.

La señora García acota que estaban vivos en ese momento y pudieron haber contribuido a salvar por lo menos algunas vidas, y esa es la enorme responsabilidad que tiene el Poder Judicial de este país, de no haber administrado justicia. Lamento que no hubiese presidido la reunión el Senador señor Sergio Díez, porque podríamos haberle preguntado a él, que cuando fue el representante de la Junta de Gobierno ante las Naciones Unidas, mintió ante la Comunidad Internacional diciendo que muchos detenidos desaparecidos no tenían existencia legal o se habían ido fuera del país, en circunstancias que habían antecedentes en poder de los tribunales de justicia, que nuestros familiares habían sido secuestrados de nuestros hogares o de sus lugares de trabajo. Por esa razón, nosotros podemos sentirnos con la autoridad para dirigirnos a ustedes en relación a la búsqueda de parte de la justicia, porque a pesar de que esos tribunales fueron tan adversos en el pasado, aun creemos que en un estado de derecho es posible lograr la justicia, pero vemos que cada día se nos cercena más esa posibilidad, porque aquí se adopta un gran acuerdo, se piensa más en quienes violaron los derechos humanos, que en el sufrimiento de miles de familias chilenas, que seguramente no vamos a encontrar nunca a nuestros familiares, porque si efectivamente fueron lanzados al mar, nunca vamos a recuperar sus restos. Eso es lo que nosotros hemos señalado muchas veces, pero no siempre existe la posibilidad, como tenemos hoy ante ustedes, de exponer lo que nosotros hemos realizado en esta búsqueda con la verdad y con la justicia.

El H. Senador Viera-Gallo (Presidente) agradece la participación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Señala que desgraciadamente las Comisiones Unidas no tienen mucho tiempo como para poder hacer un intercambio de ideas, como hizo la Comisión de Derechos Humanos durante más de un año, hecho que a ustedes les consta, porque las recibimos dos veces.

Se retiran de la Sala las señoras representantes de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos.

El Ministro del Interior, don José Miguel Insulza, asevera que el Acuerdo de la Mesa de Diálogo que fue citado por la Agrupación de Familiares por lo menos una vez que recuerde, corresponde a un texto que yo no tengo, porque en ninguna parte se dice que después que se de esta información se va a ir a inhumar, a identificar, a entregar, etc. No está eso. Este no es un proyecto que tenga que ver ni con alguna forma de concluir los procesos judiciales pendientes, no es un proyecto ciertamente de punto final, ni modifica la ley de amnistía, ni la interpreta y no señala ninguna palabra que pueda interpretarse como alguna forma de cambiar la jurisprudencia de los tribunales de justicia.

Manifiesta que, si miramos este proyecto con atención tiene un origen bastante más antiguo que la Mesa de Diálogo. A comienzos del año 1992, con fecha de publicación del 8 de febrero, este Congreso Nacional aprobó, después del informe Rettig, una ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y que estableció pensión de reparación y otorgó otros beneficios a favor de ciertas personas. La verdad es que era una ley básicamente orgánica, porque organiza un servicio que se llama la Corporación Nacional, sus atribuciones, su consejo, su planta, etc., y al mismo tiempo establece reparación para las víctimas. Sin embargo, este proyecto de ley, por algún motivo, y yo no tengo la historia como para saber si fue propuesto por el Ejecutivo o lo consideró necesario el Congreso, pero en todo caso, el Poder Legislativo de este país consideró necesario hacer una declaración de principios, y dijo en su artículo 6º: “Se declara que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena”. Y esa declaración solemne, ese compromiso de la nación, está pendiente y no se ha podido cumplir. La verdad es que, como nosotros queremos evitar polémica más allá de lo que le corresponde al proyecto mismo, se ha omitido en el Mensaje muchas partes históricas de los intentos que ha habido por cumplirlo. Se ha mencionado el Informe Rettig ciertamente y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, pero se han pasado por alto los informes del gobierno del Presidente Aylwin, los intentos del gobierno del Presidente Frei, y más recientemente el importante trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos de este Senado, en orden a cumplir este objetivo de ubicar los restos de los detenidos desaparecidos.

Añade que, en el marco de esos tres esfuerzos a lo que me he referido, que son los más importantes, se formó la Mesa de Diálogo, y la Mesa de Diálogo asumió un conjunto de compromisos muy importantes. Ciertamente el proyecto de ley que hoy día presentamos a ustedes no cubre todo, solamente una parte de la Mesa de Diálogo, pero ahí se adquirió un compromiso solemne que es fundamental, que es el compromiso de las fuerzas armadas y de orden chilenas, de hacer todo lo que estuviera de su parte para conocer e informar sobre el paradero y destino de los detenidos y por razón útil y conducente. Y sólo nos pidió una cosa: que el nombre de las personas que entregaran información pudieran ser mantenido en reserva, y eso es todo el proyecto de ley. En realidad el proyecto de ley, para ser más claro, contempla dos tipos de reserva. Primero, las personas que entreguen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos tienen derecho a que sus nombres o datos que permitan identificarlos sean guardados en reserva, este es el único secreto. Sólo se pide que se reserve el nombre para obtener la verdad. Al mismo tiempo, básicamente por la razón de manejo propiamente institucional y no crear excesiva discusión y problemas dentro de las instituciones que van a llevar adelante esto, se pide que los nombres de las personas que van a buscar esta información consten en una lista reservada que están en manos de los ministros de fe dentro de la misma institución. Esa es la única forma que, si una persona eventualmente quiere declarar, pueda ampararse en el secreto.

Indica que hay un conjunto de consideraciones en el Mensaje respecto de que esto se asemeja o se vincula al llamado secreto profesional. Lo estamos vinculando ciertamente a las sanciones que reciben las personas que violan el secreto profesional, y le estamos dando los mismos derechos que las personas que tienen el secreto profesional. Además, los estamos eximiendo de la obligación de informar que tienen los funcionarios públicos, que tienen un plazo de 48 horas después de tener la información, y les estamos dando un plazo de 6 meses a contar de la publicación de la ley.

Destaca que, después de largos debates en la Cámara, primero en los días previos, luego en las Comisiones Unidas de la Cámara, nadie ha podido entregar un solo argumento con base al texto, una sola frase de la cual pudiera desprenderse implícitamente alguna forma de punto final, alguna forma de interpretar la ley de amnistía. La información que se reciba será entregada al Presidente de la República y el Presidente ciertamente se verá obligado ponerla a disposición de la justicia. Nos hemos atenido estrictamente a la solicitud de la Mesa de Diálogo, con una sola salvedad, cual es que la Mesa solicitó que el Presidente de la República pudiera prorrogar este encargo hasta seis meses más, pero la verdad es que no es de aquellas facultades que el Congreso Nacional pueda delegar.

Considera que ha habido planteamientos en estos días en todas direcciones. Nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer con la Mesa de Diálogo es que cada uno responda por aquello que le fue solicitado. Por eso este proyecto es tan simple, y no fue objeto de grandes modificaciones en la Cámara. En realidad, son dos modificaciones solamente, una de carácter semántico, que en lugar de decir “la información” debe decir “a la información”, y en el inciso anterior a ése la Cámara de Diputados estimó necesario cambiar “la información que obtengan los organismos” por “La información que obtengan las personas u organismos”, lo que a nosotros nos parece que no es nada perjudicial.

Concluye expresando que vemos este proyecto muy simple, pero no es simple lo que ha ocurrido. Creo que todos hemos contribuido a ello. Hay una declaración, hoy día, de la Conferencia Episcopal, que es muy notable respecto a la Mesa de Diálogo, un llamado muy fuerte a colaborar con diligencia en el proceso, en que la Iglesia señala ciertamente que espera que el país cuente con las normas legales que favorezcan a una información confidencial, y luego se pone a disposición para recibirla. Creo que es una actitud de todos, y creo que es la actitud que corresponde guardar.

El H. Senador señor Viera-Gallo (Presidente) hace notar que, en principio, las Comisiones Unidas deberán informar a la Sala a las 18 horas. En consecuencia, habrían dos métodos posibles: abrir un debate o simplemente, como cada Senador tiene una opinión más o menos fundada, podría comenzarse a votar fundamentando el voto.

Se acuerda esta última modalidad.

El H. Senador señor Silva Cimma declara que vota favorablemente el proyecto. El fondo del proyecto no es más que uno: facilitar de alguna manera la obligación que cada persona tiene en conciencia de entregar los antecedentes que conoce, de modo que sea obligación guardar secreto respecto de las informaciones por parte de quienes reciban los antecedentes que se van a proporcionar. Yo creo que, desde ese punto de vista, la intención del proyecto queda reflejada claramente en lo que el señor Ministro ha dicho, y en todo caso, pensaría que, para los efectos más que nada de la historia de la ley, pudiese quedar constancia de dos o tres cosas que concurren a esta finalidad y que pretende el proyecto de ley que se somete a nuestra consideración.

Señala que se quiere referir específicamente al inciso primero de ese proyecto, en cuanto menciona personas y además organismos, de ahí que me explique el cambio introducido por la Cámara y que fue aprobado por parte del Ejecutivo. El proyecto habla de los pastores, sacerdotes o ministros, que son personas que representan un determinado culto, etc., pero en seguida habla de “miembros” de la Gran Logia de Chile y de la B’nai B’rith de Chile y de “integrantes” para referirse a las Fuerzas Armadas. A mi manera de ver, tiene importancia precisar estas expresiones “miembros” e “integrantes”, porque la frase que sigue, cuando dice: “que dichas instituciones determinen”, debe quedar perfectamente claro que se refiere tanto a las entidades o corporaciones privadas que se han mencionado, como también a las Fuerzas Armadas, aun cuando en un caso se hable de integrantes y en el otro de miembros. Y esto tiene importancia, porque, por ejemplo, la Gran Logia de Chile denomina tanto a la entidad que está diseminada a lo largo de todo el país, como a la entidad que dirige a la Gran Logia de Chile, que tiene ese nombre también. A nuestro juicio, el proyecto se quiere referir a ese sentido genérico y más amplio, y tiene importancia aclarar esto, porque cuando después se dice quienes están obligados a mantener reserva, se refiere evidentemente a aquellas personas que esas instituciones o corporaciones públicas o privadas, van a nominar como las encargadas de recibir esta documentación.

Añade que tiene importancia, también, dejar constancia de lo que -cuando el proyecto de ley se refiere más adelante a la reserva-, la expresión “reserva” significa, en cuanto a señalar quienes son los que están obligados a mantenerla. Quiero aclarar esto, porque también en los fundamentos del proyecto se habla que estas instituciones llevarán todo este asunto con reserva, hasta tal punto que no se nominará, o no se dará a conocer con publicidad, quienes son las personas que van a recibir esta información. Allí puede quedar una situación que, si no queda clara en la historia de la ley por esta fundamentación que ella tiene, pudiera dar origen a una duda, y es cómo van a saber las personas que se sienten obligadas a dar esta información ante quién van a tener que acudir. Voy a poner un ejemplo: naturalmente, no van a saber quiénes son los representantes que han nominado B’nai B’rith o la Gran Logia de Chile, pero alguien tendrá que ser el que diga, “mire, yo le voy a indicar a esas personas que lo van a llamar aquí, le voy a indicar a quien va a tener que recurrir”. Me parece que, como esa nómina va a figurar en un registro, de alguna manera esas entidades, tanto públicas como privadas, darán a conocer la persona que va a encargarse de coordinar la recepción de la información.

El H. Senador señor Viera-Gallo (Presidente) declara que entiende que, como habrá un ministro de fe, que llevará un registro de esas personas anónimas, uno se dirigirá a ese ministro de fe.

El H. Senador señor Silva Cimma apunta que no lo van a conocer a menos que se publicite. De manera que, en definitiva, a mí me parece que es perfectamente posible que estas materias queden aclaradas por la vía de que se deje constancia de ella en el informe que las Comisiones Unidas van a emitir, y dentro de esos parámetros, naturalmente que los dos votos de que dispongo, en mi calidad de integrante de ambas Comisiones, son favorables.

El H. Senador señor Ríos expone que el Ministro del Interior recordaba el artículo 6º de la ley 19.123, que es exactamente el mismo artículo que la Comisión de Derechos Humanos del Senado recogió como una proposición para ir avanzando en uno de los aspectos más importantes de todo el tema de los derechos humanos, que era el encuentro de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. En esto, yo quiero expresar lo mismo que expresaba la Comisión de Derechos Humanos con respecto a este tema, y recordar un poco lo que decía la representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Aquí nosotros estamos frente a dos hechos que son distintos: uno es posible orientar y el otro pertenece un poco a lo que es la conciencia de cada individuo y de la sociedad en su conjunto. Lo que nosotros podemos orientar efectivamente es avanzar por el camino que permita encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, que es el afán primario de este proyecto de ley, y el del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos que fue firmado por cinco Senadores de colectividades políticas distintas, que conoció el Ministro Pérez Yoma, y que fue la base en definitiva para avanzar en la creación de la Mesa de Diálogo. En eso, sin duda alguna que el proyecto avanza y entrega alternativas que son atractivas, porque hay campos de confianza para poder actuar. Y el segundo es el tema político, en que se confunde lo que es el afán público nacional e internacional en materia de derechos humanos, con distintas interpretaciones y distintas opiniones, pero todo básicamente establecido dentro de un ámbito puramente político. En esto, sin duda alguna, nosotros no podemos avanzar a través de un decreto ni de una ley, sino que su debate y su análisis será permanente. Quienes estuvimos en el colegio hace 30 y más años atrás tuvimos una discusión permanente entre O’Higgins y Carrera, como una cosa que los chilenos mantenemos como tradición. Yo creo que el tema de los derechos humanos y el gobierno militar va a ser un debate de largo tiempo, y ese debate no lo va a detener ninguna ley, ni ningún proyecto, ni siquiera eventuales sanciones a eventuales responsables que se conozcan por parte de los tribunales de justicia. Así es que no puede sostenerse que este proyecto no sirve. La verdad es que, en uno de los ámbitos sí sirve, y sirve mucho, porque nos permite a nosotros tener caminos más abiertos y más amplios para avanzar.

Pone de relieve que, en lo que se refiere a la reserva de la información, para los católicos hay una expresión muy sacramental, que es la confesión; para los evangélicos está la confiabilidad y lo mismo ocurre para las Logias y los otros organismos. Son dos elementos que pasan a formar parte de lo que es el patrimonio hoy día de este afán de unidad de Chile, que deben considerarse y tenerse muy presente, porque en definitiva, los valores terminan siendo más trascendentes que las propias normas legales.

Señala, manifestando su voto favorable al proyecto, a propósito de lo que decía también la dirigenta, en el sentido de que existe una cantidad enorme de disposiciones que regulan institucionalmente a los países, que Chile también tiene Parlamento, tiene partidos políticos, tiene todo; sin embargo, en honor a la verdad, no ha funcionado el sistema institucional chileno. No funcionó, funcionó un mecanismo paralelo creado por el Ejecutivo, que se ha desarrollado bien, y que no solamente ha tenido éxito en cuanto a encontrar un camino, sino que ha despertado la admiración del resto de los chilenos y del país. Ha sido una crítica muy grande a los partidos políticos, porque en un hecho tan político como éste, no fueron capaces de resolver y abrir caminos a una situación tan interesante como es la que estamos viendo en esta ocasión.

Termina expresando que se siente muy contento de participar en este momento y en esta ocasión, recordando el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que tiene objetivos en definitiva muy comunes, muy iguales, con este proyecto de ley, y el mismo artículo que el Ministro del Interior recuerda como un hecho político de gran importancia, y que refleja, en definitiva, que la institucionalidad chilena sí puede encauzar al país en estas soluciones que todos nosotros esperamos.

El H. Senador señor Urenda advierte que, compartiendo absolutamente los propósitos de este proyecto, que derivan a su vez de los resultados de la Mesa de Diálogo, está convencido de que este proyecto no es la panacea ni va por sí solo a solucionar el problema derivado de los detenidos desaparecidos y de la reconciliación nacional. No obstante ello, creo que, por lo que él refleja, no tenemos otro camino que aprobarlo. Quiero hacer unas pequeñas precisiones. Me habría gustado una redacción más acabada, que hubiera evitado el problema que planteaba el Senador Silva Cimma, y que deja ciertas dudas. Creo que al proyecto le faltó cierto orden, debió partir por decir “tales y cuales instituciones asumen tal función, y designan a tales personas”, “tales organizaciones y tales derechos”. Pero aquí hemos partido estableciendo la obligación de reserva de pastores, sacerdotes o ministros de culto, entonces queda un poco la confusión de que podría entenderse que todos los pastores, sacerdotes o ministros de culto estarían comprendidos, en circunstancias que se quiere que en cada iglesia o institución religiosa o en cada una de las instituciones y de las Fuerzas Armadas se designen a ciertas personas específicas para que asuman esta responsabilidad de recoger y recabar esta información y se les da, en consecuencia, la reserva absoluta, que implica además, y es bueno tenerlo presente, la liberación de la obligación de declarar como testigo, que es lo que se deriva del hecho de que estas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2, del artículo 201, del Código de Procedimiento Penal, el que establece que no están obligados a declarar.

Reitera que le habría gustado más precisión, porque obviamente podríamos llegar al extremo de entender que ninguna de todas estas personas, que pertenecen a las Fuerzas Armadas, que pertenecen a una iglesia, a una Logia, podría estar obligada a deponer como testigo, y no es ése el propósito. Sería bueno dejar constancia, para los fines de evitar equívocos en el futuro, que no se trata de cualquier persona que integre estos organismos, o de cualquier persona que se designare nada más porque sí está en esta situación especial, sino aquellos que se designan por quienes de alguna manera dirigen estas instituciones para cumplir este fin específico, que es el de recoger información para, en su oportunidad, darla a conocer al Presidente de la República.

Indica que pretender cambiar la redacción traería otro tipo de complicaciones y probablemente retardaría el despacho del proyecto, contrariando un punto fundamental de este proyecto, que es, yo diría en término vulgar, aprovechar la llegada de este nuevo ambiente que se ha creado por el éxito de la Mesa de Diálogo, por este espíritu de cooperación, en que por fin han terminado dándose la mano representantes de las Fuerzas Armadas, abogados defensores de detenidos desaparecidos y representantes de diversas iglesias. Entonces, yo creo que tenemos la obligación moral de aprovechar esta coyuntura, este espíritu, para resolver las cosas. Quiero señalar que en el proyecto de la Comisión de Derechos Humanos nosotros reforzamos ese concepto, derivado de la ley que creó el organismo de reparación, al establecer que siempre quede abierto el camino para poder hacer un trámite encaminado a ubicar restos de desaparecidos. Este proyecto es más reducido en esta materia, se refiere a un camino determinado, con un plazo determinado y con un procedimiento que es sui generis. No quiero referirme a los riesgos de que pudieran haber inconstitucionalidades en este proyecto, en el sentido de que otorga por ley, al Presidente de la República, una facultad que parece bastante propia de los tribunales de justicia, porque entiendo que de lo que se trata es que se da un camino al jefe del Estado, que recoge esta información, para que a su vez lo de a conocer por los canales que corresponda a la justicia para seguir adelante. Eso no está precisado en el proyecto de ley mismo, sino que está esbozado en los acuerdos de la Mesa de Diálogo.

Considera que es bueno el concepto de cuáles son las personas a que se refiere el inciso primero, que están protegidas y obligadas por el secreto, protegidas en un sentido, y que están liberadas de la obligación de ser testigos, para evitar este equívoco. Lo que se está haciendo es facilitar un actuar del país entero en la solución del problema que hasta ahora se ha mostrado muy huraño y difícil, como una manera de poder contribuir a una reconciliación nacional, y dejar constancia de que puede ser útil tener presente, para una reconciliación posterior, con el tiempo, que este proyecto puede ser complementado eficazmente con alguna de las normas que genéricamente aprobó el Senado. Esa es la esperanza que tenemos todos, de que en los seis meses que se señalan acá, este mecanismo que se ha creado efectivamente contribuya a un avance tan sustancial, que de alguna manera signifique un paso casi definitivo a la solución del problema al menos de los detenidos desaparecidos. Reafirmo también, y en eso coincido con el proyecto del Senado, que este proyecto no se refiere a la amnistía ni a las demás normas que tendrán que ser aplicadas por los tribunales de acuerdo con su criterio, para ayudar a la solución, porque evidentemente no hay aquí nada que pudiera entenderse negativo, como señalaba la señora representante de los detenidos desaparecidos. Yo creo que es un paso que pudiera ser incompleto e imperfecto, pero que avanza en una dirección adecuada, que no pretende ni ser punto final, ni por sí mismo alterar la legislación que actualmente rige y que debe ser aplicada por los tribunales. Voto favorablemente al proyecto.

El señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Alvaro García, plantea que quisiera aclarar que el proyecto sí define quienes son las personas que obtienen el beneficio planteado por la ley. En su inciso primero, señala que serán las instituciones respectivas las que van a determinar quiénes son objeto de este beneficio, y en el inciso segundo señala que ese listado de personas van a estar en un registro reservado a cargo de un ministro de fe de cada una de las instituciones; por lo tanto, ese es el mecanismo a través del cual se establece el listado. Lo segundo, respecto de que la ley no contempla la obligación legal que tiene el Presidente de la República de hacer llegar a los tribunales esta información, no nos pareció necesario, porque el Presidente no adquiere ningún beneficio con esta ley, y tiene como cualquier ciudadano la obligación legal de aportar todos los antecedentes que tenga a los tribunales de justicia, además de haber hecho explícito en el Mensaje del proyecto la disposición del Presidente.

El H. Senador señor Boeninger recuerda que participó en otros intentos que fracasaron, fundamentalmente porque se produjo simultáneamente el temor de unos de que esto ocultaba una ley de punto final, y el de otros que efectivamente no se limitara a encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, lo que, en consecuencia, esterilizó las iniciativas y motivaron su rechazo por todos. Creo que lo que hizo la Mesa de Diálogo, que se ha recogido en este proyecto, es mucho más fino, más simple que los intentos anteriores, y creo además que el tema a que se avocó es de tal naturaleza que los únicos actores que podían tener legitimidad para llegar a un acuerdo que fuera concretado por otros, eran quienes participaron en la Mesa de Diálogo y desgraciadamente no los actores políticos. Segundo, creo que el compromiso solemne que asumieron las Fuerzas Armadas ante el país y el Presidente de la República de hacer todo lo posible por recoger y entregar la información, y además el haberse reconocido explícitamente de que, en definitiva, agentes del Estado incurrieron en violaciones de los derechos humanos dentro del gobierno militar, es algo absolutamente nuevo, extremadamente importante como un paso dentro del lentísimo proceso. Todo eso es una cosa que es una promesa de seis meses, de manera que me parece muy fundamental en ese sentido.

Por último, la aprensión de las dirigentes de los familiares de los detenidos desaparecidos no apunta al proyecto. Como lo ha dicho todo el mundo, acá no se interfiere ni con los tribunales, ni con nada. Creo que el único temor expresado por las dirigentes, que podría venir una base de racionalidad efectiva, es el que se refiere a la reserva, e incurre en una confusión, porque la reserva se refiere a la identidad de quienes obtengan o entreguen información, y no tiene nada que ver con la investigación posterior que puedan hacer los tribunales con los antecedentes que reciban, o sea, la identificación y eventual castigo o no castigo de culpables. Es un asunto de los tribunales, que nada tiene que ver con la reserva que alude este proyecto de ley, y en esa confusión puede estar en parte uno de los reparos formulado por los familiares.

El señor Ministro de Defensa Nacional, don Mario Fernández, asevera, sólo para abonar la historia fidedigna de la ley, que disiente de la opinión del Senador señor Ríos respecto de la participación de los partidos políticos en la Mesa. La verdad es que, más de la mitad de los miembros de la Mesa somos militantes de partidos políticos, aún más, en varios casos, militantes muy activos de partidos políticos. Yo mismo, con mi ejemplo, quiero señalar que siempre mi conducta durante la Mesa de Diálogo, respondió a mis convicciones políticas. Por lo tanto, creo que aquí hay que hacer alguna distinción: lo que no estuvo presente, y no podía estarlo tampoco, es una participación partidaria en el sentido más estricto de la expresión, dado que habían dos limitaciones. Una, de un cuidado de costos, digámoslo así, de los partidos, de participar en una iniciativa de este tipo, lo que es legítimo -no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo-, dado además los fracasos anteriores en la misma dirección, y en segundo lugar, algo que está vinculado a la participación de las Fuerzas Armadas. En verdad, la Mesa de Diálogo fue una anomalía jurídica, porque fue un espacio que el propio encargado de la jerarquía de las Fuerzas Armadas entregaba a ellas para deliberar, en el sentido más estricto de la expresión, o sea, en ese lugar las Fuerzas Armadas tenían un debate de par a par, digamos, con su propio jefe, que es el Ministro de Defensa, y además, con los otros miembros de la Mesa. Por lo tanto, esta anomalía, entre comillas, que se fabricó para este fin, permitió que se pudiese producir ese diálogo entre políticos que no actuaban como partido y las Fuerzas Armadas. Esto, dicho en un análisis de más perspectiva de lo que fue la Mesa, pero creo que allí consistió -con el tiempo, no en su origen-, en una característica beneficiosa neta, que permitió el acuerdo. En tercer lugar, yo quisiera agregar que la estructura reservada de quienes reciben la información por parte de las instituciones, especialmente las Fuerzas Armadas, responde también a una prevención que se hizo durante el debate, consistente en reconocer el peligro que podría constituir el hecho de establecer dentro de las Fuerzas Armadas un sistema de poder equivalente a lo que fue en su momento los organismos de seguridad. Esto es, decir a priori en la propuesta de la Mesa o la ley, quiénes recibirán la información, podía conducir a una estructura que le diera a determinados personeros más poder dentro de la institución que aquellos que están por encima de ellos en la jerarquía, así como un mayor de la DINA era mucho más poderoso que un general que no era de la DINA. Si se establecía un sistema de recabar información dentro de las instituciones armadas en la ley, o en la Mesa, se estaba alterando el principio de verticalidad y jerarquía. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas pidieron, como quedó establecido en nuestras sugerencias, que fueran ellas mismas, incluso, ni siquiera que fuera un sistema igual en las tres o en las cuatro instituciones, sino que cada una de ellas estableciera su propio sistema de recabar información, basado en este cuidado.

Destaca que lo que ha señalado el H. Senador señor Boeninger como punto fundamental del acuerdo, justamente dio lugar al párrafo que tomó más tiempo durante el debate en la Mesa, y lo dice en una forma muy positiva. En ese párrafo se ve, creo yo, el esfuerzo de la Mesa. Ese es el fruto de la Mesa desde el punto de vista de su parte declarativa, no en lo operativo, allí está el vector que unió las voluntades de todo el debate, y ese texto resultó después de múltiples modificaciones, cambios de palabras, comas, pero finalmente se llegó a eso.

Expresa, por último, que no quisiera dejar pasar la oportunidad, como Ministro de Defensa, de dar un respaldo muy explícito a la conducta de las Fuerzas Armadas, no sólo de sus miembros en la Mesa de Diálogo, sino también a los Comandantes en Jefe y al Director General de Carabineros, quienes, en la parte final de nuestro debate, a la hora de llegar al acuerdo, me manifestaron de manera muy explícita su fe en los acuerdos de la Mesa y en lo que aparece como un compromiso solemne. No es un texto solamente, sino el punto que cuenta es el compromiso que ellos me hicieron saber de manera muy explícita al suscribir el documento. Por lo tanto, en esa condición, no estando ellos presente, quisiera dar testimonio de ese compromiso solemne de las Fuerzas Armadas.

El H. Senador señor Sabag declara que vota favorablemente, porque cree que todos los caminos que puedan conducir a un reencuentro de los espíritus, son beneficiosos. Entiendo a los familiares de los detenidos desaparecidos, que lo ven de otra manera, pero nosotros sabemos lo que estamos aprobando aquí, y creo que esto interpreta a todo el Senado. Hace tiempo atrás nosotros tomamos un acuerdo por unanimidad, encomendándole a la Comisión de Derechos Humanos que se preocupara justamente de buscar a los detenidos desaparecidos o los caminos que pudieran conducir a esto, y trabajaron durante mucho tiempo. Yo soy miembro titular hoy día de la Comisión, y aunque en ese tiempo no pertenecía a ella, reconozco que hicieron un trabajo intenso de muchos meses, y que, como consecuencia de ese trabajo de la Comisión, cuando le tocó el turno de venir al Ministro de Defensa al Senado, de aquí salió con la idea de la formación de la Mesa de Diálogo. Todo nació de aquí, fundamentalmente, de la Comisión de Derechos Humanos que presidía el Senador señor Enrique Silva y que integraban los Senadores señores José Antonio Viera-Gallo, Mario Ríos, Beltrán Urenda y Jorge Lavandero. Yo creo que es un paso importante y esperamos que tenga el éxito que todo Chile está deseando, porque la inmensa mayoría del país -salvo los más afectados, los familiares de los detenidos desaparecidos, que a lo mejor pueden tener una posición distinta-, yo diría que 15 millones de chilenos, estamos por buscar un rápido reencuentro de los chilenos, y ojalá restañar las heridas que causó ese momento tan difícil que vivió nuestro país.

El H. Senador señor Chadwick manifiesta que vota favorable al proyecto. Yo creo que este proyecto de ley no necesariamente merece un análisis desde la perspectiva de la técnica legislativa, sino que obviamente hay que entenderlo dentro de lo que es el acuerdo de la Mesa de Diálogo, y quiero aprovechar esta oportunidad para valorar enormemente el esfuerzo realizado por ella. Durante algún tiempo quizás existieron dudas, en la medida que precisamente transcurría el tiempo, pero no con el ánimo ni con el espíritu de que la Mesa de Diálogo pudiese fracasar, sino, por el contrario, con el ímpetu de la necesidad de encontrar un acuerdo que nos permitiera superar los problemas del pasado. Ese esfuerzo, transcurrido un tiempo, ha estado muy bien logrado, y el contenido del acuerdo de la Mesa de Diálogo a muchos sectores, dentro de los cuales yo me encuentro, nos deja ampliamente satisfechos. Se ha logrado iniciar un camino que va a permitir -en eso tenemos que comprometernos todos, para que tenga éxito-, solucionar y superar los problemas pendientes de los derechos humanos. En esa perspectiva, creo que el aporte que ha hecho la Mesa de Diálogo, que en parte se refleja a través del proyecto de ley, tiene un valor inmenso, porque, sin duda, que cualquier solución al tema de los derechos humanos pasa por algo que todos, de distintos sectores, hemos señalado y hemos contribuido en distintas instancias a ver si es posible, cual es desarrollar los máximos esfuerzos para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o al menos las circunstancias y antecedentes de su muerte.

Añade que, en esa perspectiva, la Mesa de Diálogo hace algo que es completamente distinto a todos los esfuerzos que se habían visto antes. Yo creo que tiene un doble mérito muy importante, porque ha diseñado un camino que tiene, en primer lugar, un inmenso valor ético, al poderse comprometer las Fuerzas Armadas a recopilar información que permita ser eficaz en la posibilidad de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos. Hasta este momento, nunca se había podido lograr un camino que partiera de este elemento de colaboración de las Fuerzas Armadas, que se merece un reconocimiento político y social muy amplio, y que al mismo tiempo, a mi juicio, encierra un valor moral muy fuerte, muy importante. Al mismo tiempo, ese esfuerzo se materializa también es un compromiso con la nación, en un proyecto de ley que me parece que es obvio, es elemental, para darle eficacia a la tarea de poder encontrar antecedentes o el paradero de los detenidos desaparecidos, como es brindar la mínima protección para que una persona pueda verse motivada e incentivada a entregar información. Nadie entrega información, o es muy difícil que alguien entregue información, que le vaya a significar necesariamente una responsabilidad penal. Mientras no reconociéramos eso, la posibilidad de poder encontrar este objetivo iba a ser cada vez más infructuosa. Por eso este proyecto de ley establece, a mi modo de ver, en forma simple, directa y espero que muy eficaz, este secreto profesional que en nada interfiere la acción de los tribunales de justicia, pero que sí brinda el mínimo ambiente y circunstancias para que las personas que cuentan con ese antecedente estén dispuestas a poder responder. Así que, en esta perspectiva, con un aporte que yo quiero destacar y resaltar de la Mesa de Diálogo en la forma como ha diseñado la posibilidad de poder lograr este objetivo, la que esperamos que abra camino para poder dar solución definitiva a los problemas del pasado, voy a votar favorablemente.

El H. Senador señor Hamilton observa que, como el informe se rendirá a la Sala en forma oral, hará saber en ella sus fundamentos, y vota también a favor del proyecto de ley.

El H. Senador señor Aburto coincide en que ya se ha dicho todo prácticamente, por lo que no le queda más que agregar sus felicitaciones a los integrantes de la Mesa de Diálogo. Vota favorablemente.

El H. Senador señor Viera-Gallo (Presidente) hace saber que también concurre favorablemente a la aprobación de esta iniciativa. Creo que es un hecho muy importante, si bien concurre con un cierto grado natural de escepticismo, porque obras son amores y no buenas razones. Algunas razones son muy importantes, pero en definitiva lo importante son los hechos, y ojalá que se logre la información. Quisiera dejar constancia de cuatro puntos. En primer lugar, que la reserva del nombre del declarante no es la reserva del nombre del hechor: puede ser que el declarante sea el hechor, pero si no lo es, la reserva no amparará al hechor, sino que a quien declara. En segundo lugar, que la reserva de quien recibe la información no opera respecto del juez, sino que respecto de terceros. El juez que reciba la información podría pedirle mañana al Ministro de Fe que quisiera interrogar a quien recibió la información. Por lo menos, esa es mi interpretación. Mi interpretación es que esa reserva del nombre de quien recoge la información, el secreto profesional rige respecto de quien declara, lo otro es una reserva, y esa reserva no rige respecto de un juez. O sea, si mañana un juez dice a la institución Gran Logia de Chile “quiero que usted me indique qué persona fue la que recibió la información”, a mi juicio, la Logia de Chile tiene que decirle quien es esa persona. Puedo estar equivocado.

El H. Senador señor Hamilton repara en que, a esta altura del debate, no puede aceptarse para la historia fidedigna de la ley una interpretación que claramente se sale del tenor del proyecto. El que recauda, recibe o recoge la información, es el que goza del secreto de la reserva y está obligado a omitir el nombre y las circunstancias que puedan determinar quien es el que dio la información, en cualquier evento. Lo cual es distinto a que si el juez, por cualquier otro medio, descubre o conoce las circunstancias del hecho y llega a descubrir quien es el responsable, ese responsable sea procesado, y condenado seguramente. Pero no puede sostenerse que el juez tenga el derecho de pedirle a quien está obligado a mantener la reserva, que le diga quien le entregó la información.

El H. Senador Viera-Gallo apunta que lo que ha dicho es que el juez puede conocer quien recibió la información. Una vez que conoce eso, puede interrogar a esa persona, pero esa persona tiene derecho a guardar secreto respecto de quien se la proporcionó. Pero no quiere decir que el juez no pueda conocer quien recopiló la información y pueda, además, interrogarlo sobre otras circunstancias. El tercer punto, es que esa persona que recoge la información tiene obligación legal de entregarla entera, o sea, no puede ponderar qué información entrega y qué información no entrega. Esa persona, igual que el Comandante en Jefe, igual que el Presidente de la República, aun cuando aparece anónima en un primer momento, tiene la misma obligación legal de entregar la información completa. Y el cuarto punto es que, todo esto es sin perjuicio del derecho que establece el artículo 6º de la ley Nº 19.123 a conocer incluso los nombres de los culpables. O sea, cerrado eventualmente un proceso, por ejemplo, porque el juez, como temen las dirigentas de la Agrupación, aplique la ley de amnistía, eso no les impide a esas personas recurrir por este artículo 6º a un proceso civil para conocer quienes fueron los hechores. No se trata de que los hechores queden eventualmente para siempre en el anonimato, suponiendo que ellos fueren quienes declaren. Con estas cuatro precisiones, voto a favor.

El H. Senador señor Boeninger observa que, al concluir su intervención, señaló algo similar, mirado desde otro punto de vista. Es decir, el hecho de la reserva del declarante no implica que el juez pueda identificar al culpable, que puede o no ser declarante, aunque no por la vía de la pérdida de la reserva.

El señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Alvaro García, apunta que está de acuerdo con lo que señala el Senador señor Boeninger, en el sentido de que el juez puede investigar y obtener toda la información que está en secreto, pero no puede obligar a declarar a quien es objeto del beneficio. Por lo tanto, aunque supiera por otras vías quien está en este registro reservado no lo puede obligar a declarar. Ese es el beneficio que obtiene de esta ley.

El H. Senador señor Hamilton declara que quisiera hacer una proposición concreta. Como esta ha sido una sesión realizada contra el tiempo, con participación de personas ajenas a las Comisiones Unidas, sin el debate habitual, piensa que sería bueno que hiciéramos una nueva reunión con posterioridad, para revisar el informe escrito que se evacuará a la Sala, porque me parece que es realmente grave que se diga que el secreto no ampara el nombre del que dio la información.

Así se acuerda. Se levanta la sesión.

En virtud de las consideraciones precedentes, como manifestamos en nuestro informe oral, vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad acordamos recomendar la aprobación del proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, en sus mismos términos.

Acordado en sesión celebrada el día 21 de junio de 2000, con asistencia de los HH. Senadores señores José Antonio Viera-Gallo (Presidente), Marcos Aburto Ochoa, Andrés Chadwick Piñera, Juan Hamilton Depassier, Hosain Sabag Castillo, Enrique Silva Cimma (integrante de ambas Comisiones), Mario Ríos Santander y Beltrán Urenda Zegers.

Sala de las Comisiones Unidas, a 4 de julio de 2000.

JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA

Secretario

Oficio Nº 2906

VALPARAISO, 21 de junio de 2000

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos.

Sin embargo, y teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, la Cámara de Diputados, por ser Cámara de origen, precisa saber si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 70 de la Constitución Política de la República.

En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le ruego comunicarlo, antes de su promulgación, a esta Corporación, devolviendo el presente oficio, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 82 de la Carta Fundamental, en relación con el Nº 1º de ese mismo precepto.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B'nai B'rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123.

La determinación de las personas a que alude el inciso anterior, será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto.

La comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso.

El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso primero, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.

Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquéllos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley.

La información que obtengan las personas u organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.

A la información a que se refiere esta ley, no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575.".

Dios guarde a V.E.

VICTOR JEAME BARRUETO

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

?VALPARAISO, 22 de junio de 2000

Oficio Nº 2910

A S. E. EL PRESIDENTE DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra comunicar transcribir a V.E. el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B'nai B'rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123.

La determinación de las personas a que alude el inciso anterior, será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto.

La comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso.

El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso primero, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.

Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquéllos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley.

La información que obtengan las personas u organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.

A la información a que se refiere esta ley, no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575.".

El proyecto de ley antes transcrito fue comunicado a S.E. el Presidente de la República, quien por oficio N° 90-342, recibido en el día de hoy, manifestó a esta Corporación que había resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 82 de la Constitución Política de la República corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto del inciso final del artículo único del proyecto.

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el artículo único del proyecto, en general y en particular, con el voto a favor de 104 señores Diputados, de 117 en ejercicio.

El H. Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó en los mismos términos propuestos el citado artículo, en general y en particular, con el voto favorable de 43 señores Senadores, de 48 en ejercicio.

Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan las actas respectivas por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

VICTOR JEAME BARRUETO

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

Santiago, junio 23 de 2000

Oficio Nº 1510

Excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados:

Tengo el honor de remitir a vuestra Excelencia copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal, en los autos rol Nº 307, relativos al proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos, remitido a este Tribunal para su control de constitucionalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): OSVALDO FAÚNDEZ VALLEJOS, Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ, Secretario”.

“Santiago, veintitrés de junio de dos mil.

Vistos y considerando:

1º Que, por oficio Nº 2910, de 22 de junio de 2000, recibido en este Tribunal en el día de hoy, la honorable Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que establece la obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto del inciso final de su artículo único;

2º Que, el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”;

3º Que, el inciso primero del artículo 38 de la Constitución Política de la República señala:

“Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.”;

4º Que, el artículo único del proyecto establece:

“Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B’nai B’rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123.

La determinación de las personas a que alude el inciso anterior, será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fe destinado para tal efecto.

La comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso.

El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso primero, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.

Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquéllos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley.

La información que obtengan las personas u organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.

A la información a que se refiere esta ley, no le será aplicable al artículo 11 bis de la ley Nº 18.575.”;

5º Que de acuerdo al considerando segundo, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

6º Que, el inciso final del artículo único del proyecto sometido a conocimiento de este Tribunal, es propio de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 38, de la Carta Fundamental;

7º Que, no obstante que la Cámara de Origen ha sometido a control, sólo el inciso final del artículo único del proyecto remitido, dicha disposición configura con los demás del mismo precepto, un todo armónico e indivisible que por su propia naturaleza no es posible separar, razón que lleva inevitablemente a concluir que la totalidad de los incisos del artículo único en análisis tienen el carácter de orgánicos constitucionales;

8º Que, en atención a lo expuesto, este Tribunal, de la misma forma en que lo ha manifestado en oportunidades anteriores, como es el caso de su sentencia de 22 de noviembre de 1993, rol Nº 176, para cumplir cabalmente la función que le confiere el artículo 82, Nº 1º, de la Carta Fundamental, debe ejercer el control de constitucionalidad sobre todas las disposiciones del artículo único en estudio y no sólo sobre su inciso final;

9º Que, consta de autos, que las normas a que se ha hecho referencia han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República;

10º Que, las normas del artículo único del proyecto no son contrarias a la Constitución Política de la República.

Y, visto, lo prescrito en los artículos 38, 63, y 82, Nº 1º e inciso tercero de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en los artículos 34 al 37 de la ley Nº 17.997, de 19 de mayo de 1981.

Se declara: Que el artículo único del proyecto remitido es constitucional.

Devuélvase el proyecto a la honorable Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese.

Rol Nº 307.

Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, don Osvaldo Faúndez Vallejos, y los ministros señores Eugenio Valenzuela Somarriva, Servando Jordán López, Juan Colombo Campbell, Mario Verdugo Marinkovic y Hernán Álvarez García. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larraín Cruz.

Conforme con su original.

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DON VÍCTOR JEAME BARRUETO

PRESENTE

?VALPARAISO, 27 de junio de 2000

Oficio Nº 2912

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio Nº 2910, de 22 de junio del año en curso, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el texto del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional y al cual V.E. no formulara observaciones, que establece la obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos, en atención a que el inciso final del artículo único del proyecto contiene normas de carácter orgánico constitucional.

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, por oficio Nº 1510, ha remitido la sentencia recaída en la materia, en la cual declara que el artículo único del proyecto, es constitucional.

En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el artículo 82, Nº 1, de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente

PROYECTO DE LEY

"Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B'nai B'rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123.

La determinación de las personas a que alude el inciso anterior, será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto.

La comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso.

El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso primero, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.

Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquéllos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley.

La información que obtengan las personas u organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.

A la información a que se refiere esta ley, no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575.".

Acompaño a V.E. copia de la sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional.

Dios guarde a V.E.

VICTOR JEAME BARRUETO

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados